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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Costa Rica (RATIFICATION: 2001)

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Observation
  1. 2021
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La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), recibidas el 31 de agosto de 2021.
Artículo 3 a) y b) del Convenio. Peores formas de trabajo infantil. Venta y trata de niños con fines de explotación sexual comercial; utilización, reclutamiento u oferta de niños con fines de prostitución. La Comisión había pedido anteriormente al Gobierno que redoblara sus esfuerzos para garantizar que se realizan investigaciones en profundidad y enjuiciamientos firmes de las personas que cometen estos delitos, velando por que en todos estos casos se garantice la prestación de asistencia a los niños. También pidió al Gobierno que indicara las medidas adoptadas para aplicar las disposiciones de la Ley núm. 9095 relativa a los Niños Víctimas de Trata, así como el número de investigaciones y enjuiciamientos realizados, y de condenas y sanciones impuestas a este respecto.
La Comisión observa que, según la CTRN, a pesar de los progresos realizados en la lucha contra la trata de niños y adolescentes, los esfuerzos realizados por el Gobierno son insuficientes, dado el escaso número de condenas pronunciadas en casos de trata de niños con fines de explotación sexual comercial.
La Comisión toma nota de que en la memoria del Gobierno se señalan diversas reformas del del Código Penal relativas a los niños víctimas de trata a través de: i) la reforma de la Ley núm. 9 685, de 21 de mayo de 2019, para ampliar el plazo de prescripción de la acción penal en casos de delitos sexuales contra menores de edad; ii) la reforma de los artículos 172 y 189 bis de la Ley núm. 4 573, con el fin de aumentar la duración de la pena de prisión si hay delito de trata de niños, y iii) la reforma del artículo 5 de la Ley núm. 9 095, relativa a la definición de los tipos de trata a los que son sometidos los niños.
La Comisión señala asimismo que, en 2018, la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes mejoró la respuesta institucional a nivel local, al establecer «fiscales de enlace» en los 23 territorios de Costa Rica más afectados por la trata de niños. También se han creado equipos locales e interinstitucionales de lucha contra la trata, integrados por el Ministerio Público, la Policía de Investigación, la Oficina de Atención y Protección a las Víctimas del Delito, la Policía Administrativa, la Policía de Fronteras y la Policía de Migración, en algunas zonas prioritarias. La Comisión toma nota de que el Ministerio de Educación Pública (MEP), como miembro activo de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), ha desarrollado un programa denominado: «Estrategia de Formación de la Comunidad Docente y Estudiantil para la Protección contra el Trabajo Infantil y sus Peores Formas, la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes». En 2019, 553 personas fueron capacitadas en estos temas a través de la realización de 20 talleres en siete regiones de Costa Rica. La CONATT también sensibilizó a 500 funcionarios judiciales locales y representantes de la sociedad civil mediante la elaboración de un manual de formación sobre los delitos de trata de personas con fines de explotación laboral.
La Comisión toma nota de las diversas fuentes de datos estadísticos, entre 2017 y 2019, en relación con la trata de niños con fines de explotación sexual comercial: i) en 2017, la Dirección de Planificación del Poder Judicial registró un número total de 137 denuncias presentadas ante el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial. Se pronunciaron un número total de 23 condenas y tres absoluciones; ii) el Informe sobre la Trata de Personas, de 2019, indica que el Equipo de Respuesta Inmediata de la CONATT registró dos niñas entre un total de 14 víctimas de trata con fines de explotación sexual; iii) las estadísticas de 2019 del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial que figuran en el informe de la CTRN indican un total de 32 víctimas de trata de personas (28 niñas y cuatro niños), 48 víctimas de proxenetismo (36 niñas y 12 niños), entre los que hay 9 casos de proxenetismo agravado, y otros 58 casos de relaciones sexuales remuneradas con menores (44 niñas y 14 niños), y iv) el Informe de Trata de Personas 2019 de la Dirección General de Migración y Extranjería, que el Gobierno adjunta a su memoria, indica que de las 62 víctimas de trata, dos niñas fueron víctimas de explotación sexual y otras dos niñas de servidumbre doméstica. La Comisión saluda los esfuerzos del Gobierno para combatir la trata y la explotación sexual comercial de los niños. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información detallada sobre el número de investigaciones y procesamientos realizados y de condenas pronunciadas a este respecto.
Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y c). Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil y garantizar el acceso a la educación básica gratuita a todos los niños que hayan sido librados de estas peores formas de trabajo infantil. La Comisión solicitó anteriormente al Gobierno que redoblara sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema educativo a través de los programas «Avancemos» y «Yo me apunto» y para incrementar las tasas de asistencia escolar y de finalización de los estudios. También pidió al Gobierno que indicara los resultados obtenidos a través de estos dos programas y del Fondo Nacional de Becas (FONABE), incluida información sobre el número de niños que han sido librados de las peores formas de trabajo infantil y reinsertados en el sistema educativo a través de estos programas, desglosada por edad y género.
La Comisión observa que, según la memoria del Gobierno, el número de trabajadores menores de edad de entre 5 y 17 años ha disminuido gracias al efecto combinado de varias medidas como: i) la Estrategia Nacional denominada «Puente al Desarrollo 11»; ii) la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo a través de becas y transferencias monetarias condicionadas; iii) un acuerdo de colaboración entre el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y iv) el programa «Yo me apunto» del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El Gobierno también informa de un descenso de la tasa de empleo infantil, que coincide además con un aumento de la integración de los menores de 18 años en el sistema educativo en comparación con 2011.
La Comisión también señala que, de acuerdo con los datos del IMAS para 2019, los fondos destinados a becas y los depósitos de quienes hayan recibido becas para los centros de preescolar y primaria del FONABE son transferidos al IMAS para el programa de transferencias monetarias condicionadas conocido como «Crecemos», creado en 2019. Un total de 188 960 niños menores de 12 años y un total de 19 216 niños de 13 a 18 años se beneficiaron de este programa. Del mismo modo, toma nota de las estadísticas del programa «Avancemos»: un total de 60 niños menores de 12 años en 2017, 88 niños menores de 12 años en 2018 y 68 niños menores de 12 años en 2019, se beneficiaron del mismo; en cuanto a los niños de 13 a 18 años, se beneficiaron del programa en 2017 un total de 153 839 niños, en 2018 un total de 151 028 niños, y en 2019 un total de 148 696 niños. En 2020, la cifra total de niños que también se han beneficiado del programa es de 157 (48 niñas y 109 niños). Al tiempo que saluda los esfuerzos del Gobierno para mejorar el acceso a la educación básica gratuita de los niños más vulnerables para que no caigan en las peores formas de trabajo infantil, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las tasas de matriculación, asistencia y finalización de los estudios de educación primaria y secundaria, así como las tasas de abandono de los niños, incluidos los más vulnerables. También pide al Gobierno que comunique información, desglosada por edad y género, sobre el número de niños que han sido librados de las peores formas de trabajo infantil y reinsertados en el sistema educativo a través de estos programas.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
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