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Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Netherlands (RATIFICATION: 1988)

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Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2011

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La Comisión toma nota de las observaciones conjuntas de la Federación Nacional de Sindicatos Cristianos (CNV) y la Confederación Sindical de los Países Bajos (FNV), recibidas el 30 de junio de 2022 y el 30 de agosto de 2023 respectivamente, y después comunicadas por Gobierno.
Artículo 4 del Convenio. Derechos de licencia para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares. La Comisión saluda que, en su memoria, el Gobierno indique que se han adoptado diversas medidas para mejorar las licencias a fin de facilitar una mejor reconciliación entre las responsabilidades laborales y las responsabilidades familiares, a saber: 1) en enero de 2020, a la licencia de una semana por nacimiento de un hijo que se remuneraba al 100 por cien se añadieron cinco semanas de licencia parcialmente remunerada a razón del 70 por ciento del salario diario; 2) desde agosto de 2022, los padres tienen derecho a nueve semanas de licencia parental parcialmente remunerada, a razón del 70 por ciento de su salario diario; 3) se han llevado a cabo diversas actividades para dar a conocer estas nuevas disposiciones, que se espera que lleven a un número considerablemente mayor de hombres a pedir la licencia, y 4) aún no se dispone de cifras sobre los efectos iniciales de estas medidas en la distribución de las responsabilidades de cuidado, pero en 2025 se llevará a cabo una evaluación de los derechos de licencia de los trabajadores con responsabilidades familiares. Asimismo, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones conjuntas, la CNV y la FNV reiteran su preocupación por: 1) la falta de licencias remuneradas por cuidados de larga duración a otros miembros de la familia, y 2) la falta de licencias por nacimiento de un hijo y de licencias parentales totalmente remuneradas, lo que se traduce en un mayor porcentaje de mujeres empleadas a tiempo parcial y repercute negativamente en la igualdad de género en el trabajo. Los sindicatos también expresan su preocupación por el acceso a las licencias de los padres pertenecientes a los grupos con ingresos más bajos, ya que para ellos el 70 por ciento del salario diario puede suponer un nivel inferior al salario mínimo o incluso a la prestación social. Una evaluación reciente de la licencia adicional por nacimiento de un hijo mostró que el 35 por ciento de las parejas con ingresos más bajos no se acogen a esta licencia (en comparación con solo el 16 por ciento de las parejas del grupo con ingresos más altos). La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno se ha encargado una investigación para comprender mejor esta situación. El Gobierno añade que el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo está examinando la posibilidad de simplificar el sistema de licencias. En este contexto, se tendrán en cuenta las recomendaciones del Consejo Económico y Social y se invitará a los interlocutores sociales a participar en un diálogo sobre la igualdad de género en el mercado de trabajo, cuyo inicio está previsto para finales de 2023. A este repecto, la Comisión quiere señalar a la atención del Gobierno su Estudio General de 2023, Alcanzar la igualdad de género en el trabajo (capítulo 7, «Conciliar el trabajo con las responsabilidades familiares» y, respecto de la existencia de licencias de paternidad establecidas en la legislación, véase el párrafo 701). A la luz de los estereotipos de género persistentes en relación con el reparto de las responsabilidades familiares, la Comisión insta al Gobierno a tomar medidas para animar a más hombres a hacer uso de las licencias por motivos familiares.Pide al Gobierno que proporcione información sobre: i) todas las actividades de sensibilización llevadas a cabo para promover el ejercicio compartido de las responsabilidades parentales y de cuidado de los hijos y de otros miembros de la familia inmediata, así como sobre el impacto de tales medidas; ii) cualquier evaluación realizada, en colaboración con los interlocutores sociales, sobre la eficacia de las actuales licencias por motivos familiares, en particular sobre las razones por las que las parejas no hacen uso de la licencia adicional por nacimiento de hijos o de la licencia parental, y iii) el número de trabajadores y de trabajadoras que hacen uso de las licencias por motivos familiares, tanto en el sector público como en el privado. La Comisión pide asimismo al Gobierno que proporcione información sobre toda iniciativa o resultado en la negogiación colectiva relativa a las licencias y otras ventajas relativas al equilibro entre la vida familiar y laboral.
Artículo 5. Servicios y medios de asistencia a la infancia y de asistencia familiar. La Comisión saluda que el Gobierno indique que, a raíz de las recomendaciones realizadas por el Consejo Económico y Social en 2016, se han aplicado diversas medidas para mejorar la calidad de los servicios de cuidado de niños, en particular mediante el aumento de las oportunidades de formación y la mejora de las competencias profesionales de los trabajadores que se ocupan de este ámbito. El Gobierno añade que: 1) hasta la fecha, la prestación por cuidado de hijos depende de los ingresos de los padres trabajadores y cubre hasta el 96 por ciento de los gastos del grupo con ingresos más bajos y el 30 por ciento de los gastos del grupo con ingresos más altos; 2) en 2021, solo el 37 por ciento de los hijos de padres pertenecientes al grupo con ingresos más bajos acudieron a guarderías (frente al 25 por ciento en 2015); 3) por lo que respecta a los cuidados informales, el Ministro de Asuntos Sociales y Empleo ha acordado colaborar con los interlocutores sociales para informar a los empleadores sobre este tema; 4) además, se ha encomendado a los ayuntamientos la tarea de apoyar a los cuidadores informales, sobre la base de la Ley de Apoyo Social, y 5) está previsto que, en 2027, se introduzcan medidas para reorganizar el cuidado de los niños. A este respecto, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones conjuntas, la CNV y la FNV subrayan la importancia de una atención a la infancia universal, de alta calidad y asequible, al tiempo que destacan que, a pesar de la promesa hecha de garantizar una atención a la infancia casi gratuita para todos los padres que trabajan, dicha medida se ha pospuesto y el presupuesto correspondiente se ha reducido para los dos próximos años. Los sindicatos indican que los padres del grupo con ingresos más bajos tendrán que asumir el 5 por ciento de los gastos de cuidado de los hijos (frente al 4 por ciento actual), lo que significa que pagarán 400 euros más al año, mientras que los grupos con ingresos más altos tendrán que pagar menos que antes. La CNV y la FNV también destacan la escasez de personal y la baja calidad de las instalaciones existentes, con puericultores poco cualificados que aún están en formación, lo que significa que el acceso a los servicios de guardería no está garantizado para los padres que trabajan. Además, debido a la falta de personas que quieran trabajar cuidando niños, en parte debido a los bajos salarios, muchos padres jóvenes no pueden encontrar ningún sitio en el que cuiden a su bebé, lo que conduce a un aumento de las desigualdades, ya que son sobre todo las mujeres las que se quedan en casa para cuidar a sus hijos. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas para garantizar de manera efectiva unos servicios e instalaciones de guardería adecuados, asequibles y accesibles, con miras a ayudar a los trabajadores y trabajadoras a conciliar las responsabilidades laborales y las responsabilidades familiares, y abordar los problemas planteados por la CNV y la FNV. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre: i) las medidas adoptadas para profesionalizar el trabajo de cuidados y mejorar la educación y la formación de los cuidadores, y su impacto; ii) la cantidad de servicios de guardería y de familiares disponibles para los trabajadores y las trabajadoras con responsabilidades familiares, y ii) el número de trabajadores con responsabilidades familiares que recurren a los servicios e instalaciones de guardería y a sus familiares.
La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.
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