Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Peru (Ratification: 1967)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en septiembre de 2000, en la que se evoca brevemente las cuestiones planteadas en la observación de 1999.

1. Artículos 1 y 2 del Convenio. La Comisión advierte que, durante un período particular de inestabilidad política, se mantuvo una tasa de desempleo abierto en Lima metropolitana del 9,2 por ciento (en 1999); 8,5 por ciento (en 2000) - mientras que el sector informal sigue ocupando un 54 por ciento del empleo urbano. El crecimiento económico (de un 3,1 por ciento) que se observó en 2000 no fue suficiente como para mejorar la situación laboral. En su memoria, el Gobierno enumera los programas de empleo que se han dispuesto: el Programa Femenino de Consolidación del Empleo (PROFECE), que ha logrado dar un total de 11.060 empleos temporales (entre agosto de 1999 a julio de 2000), el Programa de Autoempleo y Microempresa (PRODAME) que fomenta la constitución de pequeñas y microempresas para que tengan acceso a los recursos económicos y financieros del sistema formal y la red nacional de PROEMPLEO y centros CIL. Como ya lo había solicitado en su observación de 1998, la Comisión agradecería al Gobierno que comunique, en su próxima memoria, indicaciones sobre el impacto de las medidas tomadas en el marco de los distintos programas de empleo ofrecidos, incluyendo informaciones detalladas sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo, no sólo en los sectores urbanos, sino también en las zonas rurales del país. Sírvase, en particular, precisar las relaciones que se han establecido entre los objetivos de la política del empleo y los demás objetivos económicos y sociales.

2. La Comisión se remite al punto 4 de su observación de 1998 y agradecería al Gobierno que precise la manera en que los programas ejecutados contribuyen efectivamente a la creación de nuevos empleos duraderos, en particular a favor de los jóvenes que desean ingresar en el mercado del trabajo velando por que las medidas tomadas para la formación profesional de los jóvenes no se desvíen de su objetivo de inserción efectiva y duradera de los interesados en un empleo conveniente.

3. Artículo 3. El Gobierno indica en su memoria que se ha solicitado a la Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) la información referida a la manera en que el impacto sobre el empleo fue tomado en consideración al privatizarse y reestructurase el sector de las telecomunicaciones. La Comisión espera recibir dichas informaciones y reitera la importancia de que los interlocutores sociales sean consultados sobre las medidas a adoptar para promover el empleo. La Comisión pone nuevamente en relieve la importancia de las consultas que requiere el artículo 3 del Convenio que dispone la consulta de los representantes del conjunto de los interesados en relación con la política del empleo «con el objeto de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones, y además de lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución». Considerando que la mayoría de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal y rural, las consultas sobre política del empleo deberían involucrar necesariamente a representantes de dichos sectores. La Comisión espera que, en su próxima memoria, el Gobierno estará en condiciones de incluir informaciones sobre los progresos alcanzados en relación con las consultas que requiere esta disposición del Convenio, tanto en lo que concierne al sector formal como al sector informal del mercado del trabajo.

4. La Comisión confía en que el Gobierno presentará en 2002 una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio que contenga todas las informaciones que se solicitan en el formulario de memoria para cada una de las disposiciones del Convenio, incluyendo indicaciones sobre las cuestiones evocadas en esta solicitud directa y, en general, sobre la manera en que el Gobierno ha tenido en cuenta la necesidad de promover el trabajo decente.