Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Republic of Moldova (Ratification: 1996)

La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en respuesta a sus comentarios anteriores.

En relación con el pago de los salarios en especie, la Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, se habían producido, en la primera mitad de 2003, progresos significativos en la reducción de la cuantía de los salarios pagados en forma de bienes y servicios. El Gobierno indica que, mientras que en 2002 se habían pagado 253 millones de lei en bienes y servicios, en lugar de salarios en metálico, o el 5,1 por ciento de los costos salariales anuales, en el primer semestre de 2003, el pago de los salarios en especie representaba 52,9 millones de lei o el 1,89 por ciento de los costos salariales anuales. El Gobierno añade que, mientras que el pago de los salarios en especie es prácticamente inexistente en el sector presupuestario y se mantiene en niveles muy bajos en las empresas comerciales, en los transportes y las comunicaciones, en los hoteles y en los restaurantes, y en el sector financiero, sigue estando muy extendido en las empresas agrícolas, al tiempo que los salarios en metálico se sustituyen con frecuencia por cereales, aceite vegetal, forraje y otros productos agrícolas esenciales para la familia del trabajador. Se sabe, por ejemplo, que las cooperativas agrícolas a menudo distribuyen a sus trabajadores la parte no vendida de su producto, en lugar de los salarios en efectivo. Al tomar nota de que el sector agrícola representa casi el 60 por ciento, o 31,4 millones de lei, de la suma total que representaban los pagos en especie en la primera mitad de 2003, la Comisión solicita al Gobierno que aclare, en su próxima memoria, si esa práctica extendida atañe sólo a los casos del pago parcial de salarios en especie y, de ser así, que especifique el porcentaje medio de los salarios de los trabajadores que se pagan en especie.

Además, el Gobierno declara que en 2002 y en la primera mitad de 2003, los servicios de inspección del trabajo no habían informado de ningún caso de pagos de salarios en forma de bebidas alcohólicas, sustancias narcóticas o tabaco, ni los sindicatos, ni los propios trabajadores habían denunciado ese tipo de casos. La Comisión expresa su satisfacción por el hecho de que, según la información estadística comunicada por el Gobierno, la situación mejora claramente, pero considera que es elevado hasta extremos preocupantes el porcentaje de las empresas inspeccionadas, actualmente estimado en el 15 por ciento, en que sigue practicándose el pago de los salarios en especie, vulnerándose el artículo 29, 3), de la Ley de Salarios de 2002. En relación con esto, la Comisión da su beneplácito al anuncio del Gobierno, según el cual se había iniciado una reforma legislativa para fortalecer el sistema de sanciones por infracción de la legislación laboral y, por consiguiente, ampliar las facultades de la inspección del trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que ejerza un estrecho control de la evolución de la situación y que la mantenga informada de todo nuevo progreso realizado al respecto.

En relación con las deudas salariales acumuladas, la Comisión toma nota de que, el 1.º de julio de 2003, la suma total de los salarios atrasados, se situaba en 152,5 millones de lei, comparada con los 217,1 millones de lei de junio de 2002, lo que representa una caída del 58,7 por ciento. El Gobierno indica que, si bien no se habían producido más atrasos salariales en el sector público, los pagos diferidos de los salarios seguían afectando especialmente a determinadas ramas de la actividad económica como la agricultura (64,4 millones de lei), la manufactura (36,4 millones de lei), la construcción (14,5 millones de lei) y el transporte y las comunicaciones (10,3 millones de lei). El Gobierno añade que el retraso promedio del pago de los salarios se había reducido de 1,1 meses a 0,3 meses, aunque algunos casos, como en la industria pesquera, los trabajadores seguían sufriendo retrasos de más de tres meses. El Gobierno se refiere también a las actividades de los servicios de inspección del trabajo y a los resultados obtenidos en el período comprendido entre enero y julio de 2003. Concretamente, se habían llevado a cabo 2.304 visitas de inspección, se comprobaron 15.506 violaciones, se sancionaron a 1.997 personas que ejercían puestos de responsabilidad y se impusieron multas por un valor de 172,8 mil lei. Además, se había sancionado a cada uno de los administradores de cinco grandes compañías con una multa igual a 150 salarios mínimos, en virtud del artículo 41 del Código de Delitos Administrativos revisado, por incumplimiento de la periodicidad de los pagos de los salarios.

La Comisión toma nota de la evolución positiva producida en relación con la liquidación de los salarios atrasados y alienta al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos encaminados a resolver la persistente crisis salarial. La Comisión entiende que la eliminación del fenómeno de los salarios atrasados constituye un proceso largo y difícil, especialmente en las condiciones de la transición y en una coyuntura económica desfavorable, pero quiere destacar, como subrayara en el párrafo 412 de su Estudio general sobre la protección del salario, de 2003, que ninguna de las razones normalmente presentadas como excusas, como la aplicación de ajustes estructurales o de planes de «racionalización», la disminución de los márgenes de ganancia o la inestabilidad de la situación económica, pueden ser aceptadas como pretextos válidos para la falta del pago puntual de la totalidad de los salarios ganados por los trabajadores por trabajos realizados o servicios prestados, de acuerdo con las exigencias del artículo 12 del Convenio. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que siga informando pormenorizadamente acerca de cualquier medida elaborada para romper la espiral viciosa de los atrasos salariales, las transacciones desvalorizadas y el deterioro de las normas laborales y del nivel de vida.

Se envía al Gobierno una solicitud directa sobre otros puntos.