Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Peru (Ratification: 1967)

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Formulación de una política activa del empleo. En respuesta a la observación de 2007, el Gobierno indica en la memoria correspondiente al período que termina en mayo de 2008, que si bien no se encuentra vigente el Plan Nacional de Empleo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha desarrollado los Lineamientos de Política Sociolaboral 2007-2011. Dichos lineamientos constituyen un documento de gestión orientado a mejorar el desempeño de la Administración de Trabajo, así como la promoción del empleo y de la micro y pequeña empresa. Según los Lineamientos, el rol del Ministerio es desarrollar capacidades para liderar la implementación de políticas y programas de generación de empleo productivo y fomentar la creación y/o formalización de las micro y pequeñas empresas, facilitando el acceso a la información comercial y otros servicios de desarrollo empresarial y financiero, contribuir a la mejora de la empleabilidad y/o inserción laboral especialmente de grupos vulnerables de la población y contribuir a mejorar la producción, la calidad y difusión de la información sociolaboral. Según la opinión de la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) que se incluyó en la memoria del Gobierno, al no encontrarse elaborado el Plan Nacional de Empleo, es muy difícil que se cumplan los Lineamientos de Política Sociolaboral 2007-2011. La Comisión se remite al artículo 1, párrafo 1, del Convenio, el cual requiere que se formule y lleve a cabo una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Además, según el artículo 3 del Convenio, se debe lograr la plena cooperación de los interlocutores sociales al momento de formular la citada política y obtener el apoyo necesario para su ejecución. La Comisión espera que al examinar la próxima memoria se encontrarán informaciones que permitan conocer la manera en que la ejecución de los Lineamientos de Política Sociolaboral 2007-2011 ha contribuido a alcanzar los objetivos del Convenio. La Comisión espera también que en la próxima memoria se incluirán los textos que hayan definido, con la participación de los interlocutores sociales, una política activa del empleo, como lo requieren las disposiciones del Convenio.

Tendencias del mercado del trabajo. La Comisión observa que durante 2008, la persistencia de altas tasas de crecimiento económico estimuló la expansión de la demanda laboral. El empleo en el área urbana registró una variación positiva de 8,7 puntos porcentuales entre enero y octubre de 2008 respecto al mismo período en 2007. Por otra parte, la Encuesta de Hogares de Lima Metropolitana muestra que la tasa de desempleo cayó de 8,8 por ciento a 8,6 por ciento en los tres primeros trimestres de 2007 y 2008 respectivamente, con una reducción de 0,4 puntos porcentuales de la tasa de ocupación. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (datos publicados en mayo de 2008), los índices de pobreza han disminuido desde 2004. Según la Encuesta Nacional de Hogares, en 2007, el 39,3 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza, encontrándose el 64,6 por ciento en áreas rurales y el 25,7 por ciento en áreas urbanas. La Comisión toma nota con interés de que estas cifras suponen un descenso de los índices de pobreza de 5,2 puntos porcentuales al compararse los datos de 2008 y 2006. Además, los niveles de pobreza extrema también han disminuido. Mientras que en 2006 un 16,1 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza extrema, en 2007 la cifra se redujo a un 13,7 por ciento. La Comisión toma nota de que entre las estrategias señaladas en los Lineamientos de Política Sociolaboral 2007-2011, se encuentran el promover el desarrollo de programas generadores de empleo para los grupos más vulnerables de la población. Según el Gobierno, se ha ampliado la cobertura de atención del Programa Red CIL ProEmpleo, a nivel nacional, mediante alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas comprometidas con la promoción del empleo tanto en el ámbito urbano como rural. El Gobierno también informa acerca del trabajo realizado para el fortalecimiento de las estrategias de intervención rural, con énfasis en el autoempleo, que les permitirá a los pobladores rurales, mejorar su calidad de vida e ingresar al mercado de trabajo de manera independiente. La CATP considera que el avance no ha sido suficiente en términos de calidad de los empleos, tal como lo indica la alta tasa de empleo en el sector informal. La CATP indica que hay brechas por género y por grupo de edad, siendo los jóvenes uno de los grupos más vulnerables.

La Comisión se remite a las informaciones recibidas en septiembre 2009 en la memoria para el Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88). El Gobierno indica que en enero de 2009, se aprobaron 15 lineamientos consensuados en una Comisión Técnica Anticrisis para contrarrestar los efectos de la crisis internacional en la economía, la productividad y el mercado de trabajo. La Comisión toma nota con interés de que entre las propuestas consensuadas se ha incluido la ejecución de un programa dirigido a trabajadores cesados por efecto de la crisis y orientado a su readaptación y colocación en nuevos puestos de trabajo. La Comisión invita al Gobierno a incluir informaciones en su próxima memoria sobre la implementación de las propuestas para contrarrestar los efectos de la crisis internacional en el mercado de trabajo.

En este sentido, la Comisión toma nota de que se ha procedido a identificar las necesidades de información de grupos vulnerables (adultos mayores y discapacitados) y los mecanismos de transferencia, con la finalidad de proveerlos de información relevante para la toma de decisiones adecuadas que les permita su acceso al mercado de trabajo. El Programa RED CIL ProEmpleo ha desarrollado y ejecutado acciones de intermediación focalizada en las regiones de Ica, La Libertad, Piura y Lambayeque para atender las necesidades del sector agroindustrial empleando población sin calificación profesional, brindando talleres para mejorar su empleabilidad y facilitar su acceso a puestos de trabajo ofrecidos. Se ha trabajado en el fortalecimiento de las estrategias de intervención rural, con énfasis en el autoempleo, que les permitirá a los pobladores rurales, mejorar su calidad de vida e ingresar al mercado de trabajo de manera independiente. Sin embargo, según el documento agregado a la memoria por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), el Plan Operativo del Sector Agropecuario no ha sido revisado en un marco tripartito. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria ofrezca información sobre las medidas adoptadas y los resultados alcanzados para que los grupos vulnerables obtengan empleo productivo, sobre todo en las áreas rurales donde los índices de pobreza siguen siendo muy acusados. Al respecto, la memoria debería contar con informaciones sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo, no sólo en los sectores urbanos sino también en las zonas rurales del país.

Políticas de formación y promoción del empleo. El Gobierno señala que dado un nivel de subempleo que afecta al 52,7 por ciento de la población, se requiere generar condiciones propicias para una adecuada capacitación y formación laboral, capaces de satisfacer la demanda de empleo. La Comisión observa que entre las estrategias enumeradas en los Lineamientos de Política Sociolaboral 2007-2011, se señala el mejorar los niveles de ajuste ocupacional entre la oferta y la demanda de calificaciones. Se tiene como objetivo el de desarrollar mecanismos de observación permanente y difundir la información sobre necesidades de formación profesional. En julio de 2006, se habían aprobado lineamientos nacionales de política de formación profesional que implican el diseño de políticas regionales y de un plan regional de formación profesional en cada región del país. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria facilite información acerca de los avances en los diseños de las políticas y planes regionales para favorecer la coordinación de las políticas de enseñanza y formación profesional con las perspectivas de empleo. La Comisión toma nota de las propuestas y diagnósticos realizados por la Comisión Técnica de Formación Profesional y de las propuestas de política de sistematización de los programas de formación profesional que ha elaborado con el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción de Empleo. Por su parte, la Dirección Nacional de Empleo ha realizado estudios sobre la calificación cuantitativa y cualitativa de los recursos humanos en el sector textil, plástico, farmacéutico, turismo, agroindustria y actividades marítimas y portuarias. En 2008, se inició el estudio sobre el sector manufacturero. La Comisión espera que en la próxima memoria figuren informaciones sobre la coordinación que se ha asegurado entre las distintas iniciativas mencionadas de manera de atender las necesidades de formación identificadas para elevar las competencias de los trabajadores en dichos sectores. Según la CATP, los empresarios no capacitan a sus trabajadores porque no se les permite deducir los impuestos por este rubro, a pesar que se han presentado proyectos para modificar la norma tributaria. La CATP sugiere también que el Estado no invierte en mejorar la educación de sus ciudadanos ni prepara a los jóvenes para el mundo del trabajo. La Comisión espera que la próxima memoria también incluya indicaciones sobre el apoyo que se haya logrado en esta materia de los interlocutores sociales. En este sentido, la Comisión se remite a la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195), en cuyas disposiciones se ha invitado a los Miembros a «definir, con la participación de los interlocutores sociales, una estrategia nacional de educación y de formación, y crear un marco de referencia para las políticas de formación en los planos nacional, regional y local, así como en los planos sectorial y de la empresa» (párrafo 5, a) de la Recomendación núm. 195).

Economía informal. La Comisión toma nota de que según datos de la OIT publicados en Panorama Laboral 2008, entre 2006 y 2007 se redujo la economía informal en el Perú más que en otros países de la región. Esta reducción se debe al crecimiento de establecimientos financieros y a la industria manufacturera, sectores en donde hay un elevado registro de trabajadores. El Gobierno informa en su memoria que, en junio de 2007, se creó una comisión especial de composición tripartita para abordar la problemática de la economía informal en el Perú. Dicha comisión, elaboró criterios para definir la economía y empleo informal y analizó información estadística que permitió caracterizar a los trabajadores informales. Se desprende de los estudios realizados por dicha comisión que una de las causas de la elevada informalidad en el sector de las microempresas son los costos excesivos para acceder a la formalidad. Muchas de las microempresas informales rurales cuentan con trabajadores con bajos niveles de capacitación y casi nula capacidad de gestión y encuentran poco sentido en pagar impuestos y aportes laborales por servicios formales a los que no tienen acceso. En el caso de las microempresas urbanas, también se encuentra un alto grado de informalidad ya que optan por no entrar en el sector formal por los altos costos de formalización. Según el Gobierno, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de 2006, el 53 por ciento de la población ocupada se encuentra trabajando en la micro y pequeña empresa y el escaso acceso a la formación y capacitación laboral es uno de los problemas más importantes que afectan actualmente al sector, ya que un 89 por ciento de los trabajadores sólo cuenta con educación secundaria. La Comisión toma nota de que el Plan Nacional de Promoción y Formalización para la Competitividad y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 2005-2009 sólo se ha implementado de manera parcial. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre los avances logrados en la creación y formalización de las micro y pequeñas empresas, facilitando el acceso a la información comercial, asesoría y otros servicios de desarrollo empresarial y financiero que favorezcan su expansión en un entorno propicio, así como la ejecución de políticas y programas que contribuyan a mejorar su productividad y competitividad.

Cooperativas. La Comisión toma nota de que en abril de 2008 se ha elaborado un anteproyecto para una nueva ley general de cooperativas. La Comisión se remite a la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193), cuyas disposiciones alientan a los gobiernos a que adopten «medidas apropiadas de apoyo a las actividades de las cooperativas que respondan a determinados objetivos de política social y pública, como la promoción del empleo o el desarrollo de actividades en beneficio de los grupos o regiones desfavorecidos». La Comisión espera que en la próxima memoria se incluyan informaciones sobre la manera en que las cooperativas han contribuido a la promoción del empleo productivo en el Perú.