Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - British Virgin Islands

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

Artículo 2 del Convenio. Inserción de cláusulas de trabajo en los contratos públicos. La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha podido aún informar sobre progresos sustanciales vinculados con la adopción de la legislación que da efecto a las disposiciones del Convenio. Al tomar nota de la indicación del Gobierno, según la cual está en revisión el anteproyecto de ley que enmienda la Orden del Código del Trabajo, capítulo 293, y que deberá volver a someterse al Consejo Legislativo, la Comisión recuerda que el Gobierno ha venido declarando a lo largo de los últimos 28 años que se encuentra en consideración la promulgación de la legislación adecuada para la inserción de cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas.

La Comisión desea destacar que la principal obligación de un gobierno derivada de la ratificación de un convenio internacional del trabajo es la adopción de las medidas que sean necesarias para hacer efectivas las disposiciones del Convenio ratificado y seguir garantizando su aplicación hasta tanto no decida denunciarlo. Por consiguiente, la Comisión propone con firmeza que debería adoptarse sin más dilaciones la nueva legislación concebida para aplicar el Convenio y solicita al Gobierno que mantenga informada a la Oficina de toda evolución al respecto.

Además, la Comisión se refiere al Estudio General de 2008, Cláusulas de trabajo en los contratos celebrados por las autoridades públicas, en el que se presenta un panorama general de la legislación y la práctica en la materia de los Estados Miembros, así como una evaluación general de las repercusiones y pertinencia actual del Convenio núm. 94. Se refiere igualmente a la guía práctica, elaborada por la Oficina, que está basada principalmente en el Estudio General antes mencionado y que ayuda a entender los requisitos del Convenio y su aplicación en la legislación y en la práctica.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.