Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Peru (Ratification: 1967)

En relación con la observación de 2009, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en la memoria recibida en septiembre de 2010. La Comisión toma también nota de los comentarios conjuntos de fecha 27 de agosto de 2010 de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Central de Trabajadores del Perú (CTP), la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP); de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), de fecha 28 de agosto de 2010, y de la CGTP de fecha 31 de agosto de 2010.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación de una política activa del empleo. El Gobierno indica que, en julio de 2009, mediante resolución ministerial núm. 160-2009-TR1, se aprobaron los Lineamientos de Política Socio Laboral 2009-2011. Dicha resolución contiene las bases para la elaboración y ejecución del Plan Sectorial de Acción para la Promoción del Empleo Juvenil 2009-II-2012-I, el diseño de las Políticas Nacionales del Empleo, la creación de la Dirección de Migración Laboral y del Servicio Nacional del Empleo, así como la creación del Programa Revalora Perú, la reestructuración del Programa PROJOVEN y el fortalecimiento del Programa Construyendo Perú. Las organizaciones sindicales expresan nuevamente su preocupación por la falta de un Plan Nacional de Empleo sin el cual resulta muy difícil aplicar los lineamientos adoptados en julio de 2009 y alcanzar sus objetivos. Además, las organizaciones sindicales consideran que las políticas diseñadas para la promoción del empleo no contribuyen a la conformación de una estrategia global e integrada en favor del trabajo decente y tienden a la precarización de las condiciones de trabajo. La Comisión toma nota de los datos transmitidos por el Gobierno en la memoria, que reflejan una recuperación de la actividad económica en el primer trimestre de 2010, la cual tuvo un impacto positivo en los indicadores laborales en comparación con los de igual período de 2009. Según los datos publicados por la OIT en Panorama Laboral 2010, la tasa de desempleo se situó en un 8,1 por ciento y la tasa de subempleo por insuficiencia de horas se situó en casi un 16 por ciento. El Gobierno indica que el impacto de la crisis financiera internacional se tradujo en una fuerte caída de la demanda externa durante 2009. Con el objeto de mitigar sus efectos, se implementaron medidas orientadas a sostener la demanda interna y, a partir del tercer trimestre de 2009, la actividad económica comenzó a recuperarse. El Programa Revalora Perú promueve el empleo y mejora la empleabilidad de los desempleados y de los trabajadores que se encuentran en riesgo de serlo a consecuencia de la crisis internacional o por efecto de procesos de cambios en los sectores económicos del país. El programa además pretende incrementar la competitividad empresarial a través de los servicios de capacitación, asesoría, asistencia técnica y vinculación empresarial. Según los datos transmitidos por el Gobierno, hasta abril de 2010 el programa había capacitado a 28.474 personas, de las cuales el 39 por ciento eran mujeres y el 61 por ciento hombres. La CGTP señala que la inversión en infraestructuras, colegios y centros de salud y la inversión en gasto social podrían generar muchos empleos temporales en aquellas zonas donde se perdieron masivamente empleos debido a la crisis. La Comisión recuerda que el Convenio invita a los Estados Miembros a tomar medidas para aplicar políticas activas de empleo y revisar las medidas adoptadas en un marco claramente definido y establecido. El Convenio pide a los gobiernos y a los interlocutores sociales que se revisen de manera periódica las medidas sobre el mercado del trabajo y se evalúe su efectividad para alcanzar el pleno empleo (párrafos 785 y 786 del Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo). La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria indique concretamente si se adoptó un plan nacional de empleo y de qué manera se garantiza que los interlocutores sociales participan en la revisión y evaluación de la efectividad de las medidas adoptadas para alcanzar el pleno empleo. La Comisión invita al Gobierno a que se agreguen a la memoria datos sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo, tanto en los sectores urbanos como en las zonas rurales del país.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de políticas de empleo. El Gobierno indica que el proceso de elaboración de las políticas nacionales de empleo ha sido público y participativo, contando con los aportes y comentarios de gremios empresariales, trabajadores y ciudadanía en general a la búsqueda de la creación de empleo decente, diferenciando las características y necesidades de mujeres y hombres, en especial, de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Las organizaciones sindicales expresan que no hubo voluntad del Gobierno de someter las políticas de empleo al diálogo social y que la Comisión Técnica de Empleo del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) no se reunió desde octubre del 2007. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria identifique la manera en que se asegura que los puntos de vista de los representantes de los interlocutores sociales (incluidos los representantes de los trabajadores del sector rural y de la economía informal) se tienen plenamente en cuenta al formular políticas de empleo y obtener el apoyo necesario para su ejecución.

Precarización y economía informal. La Comisión observa que el empleo informal sigue afectando en gran medida a la población y casi siete de cada diez trabajadores no agrícolas se ocupan en un empleo informal en sus distintas modalidades. En el primer semestre de 2010, se constituyeron 4.426 empresas y 17 oficinas de formalización y ventanillas de atención a la MYPE ofrecen servicios de asistencia, asesoría y formación a las pequeñas y medianas empresas. El Ministerio de la Producción a través del programa CRECEMYPE pone a disposición de los usuarios folletos informativos y materiales de difusión para que conozcan los trámites que deben seguir para formalizar sus negocios y sus beneficios. Los sectores prioritarios son los de la madera y carpintería, confección textil, artesanía, turismo, gastronomía, cuero, calzado y agroindustria. Las centrales sindicales manifestaron reiteradamente su preocupación y han expresado que las medidas de promoción de las MYPES pueden generar más empleo precario y tener un impacto negativo sobre los derechos de los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas (párrafo 394 del Estudio General de 2010). Las centrales sindicales reiteran su preocupación por las observaciones recibidas en agosto de 2010 en relación con la falta de consulta para definir y resolver los problemas sociales que se plantean en las micro, pequeñas y medianas empresas y en la economía informal. La CCL estima que el dispositivo legislativo existente puede facilitar la formalización de las PYMES. La Comisión recuerda que, en las conclusiones relativas a la promoción de empresas sostenibles (96.ª reunión, junio de 2007), la Conferencia instó a todas las empresas, sin importar su tamaño, a aplicar prácticas en el lugar de trabajo basadas en el pleno respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo y las normas internacionales del trabajo. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria incluya informaciones que permitan examinar que al fomentar la creación de empleos productivos y sostenibles en las empresas más pequeñas se garantice también que los derechos contenidos en convenios ratificados son aplicados a los trabajadores de dichas empresas.

Categorías vulnerables de trabajadores. El Gobierno indica que las mujeres, los jóvenes, las personas con alguna discapacidad y, en general, todos aquellos grupos donde predominan bajos niveles de calificación tienden a incorporarse al mercado laboral de forma precaria. El Programa Construyendo Perú tiene el objetivo de generar empleos temporales y desarrollar capacidades para la población desempleada de las áreas urbanas y rurales en situación de pobreza y pobreza extrema. Entre los beneficiarios del programa, hay un número significativo de mujeres al igual que de jóvenes en riesgo, madres solteras, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Según las informaciones dadas por el Gobierno en su memoria, desde julio de 2006 se generaron 296.277 empleos temporales en 10.522 proyectos, y se capacitaron a 224.058 personas para desarrollar competencias básicas y técnico productivas para su empleabilidad. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria incluya informaciones actualizadas sobre el impacto de las medidas adoptadas para que las categorías más vulnerables de trabajadores obtengan empleo productivo y de calidad.

Empleo juvenil. El Gobierno indica que el desempleo juvenil se sitúa en el 18,8 por ciento. La Comisión toma nota de que se pretende ofrecer incentivos laborales y de seguridad social a empleadores en los sectores intensivos en mano de obra para la contratación de jóvenes en puestos de trabajo o en modalidades formativas laborales. Además, se quiere fortalecer el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional hacia los jóvenes, considerando sus necesidades y capacidades y los requerimientos del mercado de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, agregue informaciones actualizadas sobre el impacto de las medidas adoptadas para estimular el empleo juvenil, la formación profesional y el desarrollo empresarial de los jóvenes emprendedores. Además, la Comisión invita al Gobierno a agregar datos sobre la incorporación de la política de promoción del empleo juvenil en las instancias de consulta tripartita.

Coordinación de las políticas de formación y del empleo. El Gobierno indica que se están implementando los Lineamentos Nacionales de Política de Formación Profesional (LNPFP) para vincular con mayor eficiencia la formación profesional con las exigencias del mercado laboral, y teniendo como objetivo principal elevar la calidad de la formación profesional y los niveles de adecuación laboral. En 18 regiones se han establecido políticas de formación profesional, de las cuales seis cuentan con un plan regional de formación profesional. La Comisión toma nota de que la elaboración de distintos estudios sobre la calificación de trabajadores en distintos sectores sirvió para desarrollar perfiles ocupacionales en la agroindustria y en la actividad portuaria y actualizar los perfiles ocupacionales vinculados al turismo y al sector textil. También se han diseñado políticas para promover la formación ocupacional, técnica y profesional, e incrementar el acceso a la capacitación técnica de calidad, la readaptación profesional y las reconversiones laborales así como el desarrollo de la capacidad emprendedora de la fuerza laboral y a reforzar sus empresas. Las centrales sindicales consideran que el nivel de la inversión en educación es anormalmente bajo. La Comisión solicita al Gobierno que, en su próxima memoria, facilite información acerca del impacto que han tenido las políticas y planes regionales en la promoción de las políticas de enseñanza y formación profesional. La Comisión invita también al Gobierno a incluir información sobre la coordinación de las políticas de educación y de formación profesional con las políticas de empleo y, específicamente, sobre cómo la oferta de capacitación se coordina con la demanda de conocimientos y aptitudes y las necesidades del mercado de trabajo.

7. Cooperativas. El Gobierno recuerda que el Ministerio de la Producción formula políticas y programas para impulsar la generación de cooperativas, su formalización y el incremento de su competitividad. La Comisión toma nota de que el Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo conducirá, a medio plazo, a una mayor contribución de las cooperativas al empleo productivo en el país. Según el IV Censo Nacional Económico de 2008, las cooperativas urbanas han generado 8.120 puestos de trabajo aunque no se dispone de información sobre las cooperativas de servicios rurales. Las centrales sindicales reiteran su preocupación sobre la ley núm. 27626 que regula las cooperativas de trabajo temporal, que a su juicio contribuye a eludir la aplicación de la legislación laboral. La Comisión destaca nuevamente la importancia de asegurar la aplicación de la legislación laboral para evitar la aparición de «pseudocooperativas», cuyo único propósito es beneficiarse de ventajas fiscales y de seguridad social inherentes al estatuto de las cooperativas, eludiendo al mismo tiempo la aplicación de la legislación laboral (párrafo 465 del Estudio General de 2010). La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria indique las medidas tomadas para combatir y erradicar las prácticas de las «pseudocooperativas». La Comisión remite a la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193) e invita al Gobierno a que incluya información sobre la manera en que las cooperativas contribuyen a la promoción del empleo productivo.