Individual Case (CAS) - Discussion: 2014, Publication: 103rd ILC session (2014)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Belarus (Ratification: 1956)



El Gobierno comunicó la información escrita que figura a continuación.

Respecto de las medidas adoptadas por el Gobierno de Belarús para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta en relación con el registro de sindicatos, al 1.º de enero de 2014, eran 37 los sindicatos que se habían registrado en la República de Belarús, entre los cuales, 33 sindicatos nacionales, un sindicato local y tres organizaciones sindicales de empresa. Se registraron (inscribieron) 23 193 sindicatos de base. En los últimos años, han sido escasos los casos en los que se ha denegado el registro de un sindicato. En el período 2010-2013, sólo se denegaron cuatro registros. En varias ocasiones, el Gobierno de la República de Belarús ha contemplado la posibilidad de mejorar la legislación sobre el registro de sindicatos. En colaboración con los interlocutores sociales, el Gobierno seguirá velando por garantizar el derecho de los ciudadanos a sindicarse libremente.

Asimismo, en el ámbito del desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo y la cooperación tripartita, al 1.º de enero de 2014, había 556 convenios en vigor en la República (un convenio general, 46 convenios salariales sectoriales y 509 convenios locales) y 18 119 convenios colectivos. La legislación de la República de Belarús no restringe el derecho de los sindicatos (independientemente del número de miembros que los compongan) a tomar parte en negociaciones colectivas. Así, en nuestro país hay grandes empresas, como «Belaruskalii» o la «Mozirsky Oil Refinery», de cuyos convenios colectivos son parte tanto sindicatos que pertenecen a la Federación de Sindicatos de Belarús (FPB) como otros que forman parte del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (CSDB). Uno de los elementos más importantes de la cooperación dentro del sistema de concertación social es la elaboración conjunta de convenios generales entre el Gobierno de la República de Belarús, las asociaciones de empleadores nacionales y los sindicatos. Un convenio general regula los aspectos más relevantes de la política económica y social: los criterios relativos al nivel de vida de los trabajadores y sus familias, y la política relativa a los salarios, el empleo, las pensiones y las prestaciones. Además, un acuerdo general contiene disposiciones destinadas a desarrollar la concertación social y favorecer el proceso de negociación colectiva. En el convenio general que se concluyó para el período 2006-2008, se especifica que dicho convenio se aplica a todos los empleadores (y asociaciones de empleadores), sindicatos (y sus federaciones) y trabajadores de la República de Belarús. Por consiguiente, ambas federaciones de sindicatos (la FPB y el CSDB), independientemente de cual sea su representatividad, pueden gozar de las garantías que contempla el convenio general. Conforme a una decisión adoptada por el Consejo Nacional de Asuntos Laborales y Sociales (NCLSI), en la segunda mitad de 2013 se desplegaron esfuerzos en Belarús para redactar un nuevo convenio general para 2014-2015. Todas las federaciones de sindicatos y las asociaciones de empleadores participaron en la redacción del mismo. El convenio general entre el Gobierno de la República de Belarús, las asociaciones de empleadores nacionales y las federaciones de sindicatos para el período 2014-2015 se firmó el 30 de diciembre de 2013.

Además, en lo que respecta a la aplicación de la ley relativa a la recepción de ayuda extranjera, las disposiciones relativas a la recepción y utilización de ayuda extranjera en la República de Belarús se recogían en el decreto presidencial núm. 24, relativo a la recepción y utilización de ayuda extranjera, de 28 de noviembre de 2003. El decreto no prohíbe que los sindicatos se beneficien de ayuda extranjera, incluso de la otorgada por organizaciones sindicales internacionales. Esa normativa define las condiciones (objetivos) para la utilización de dicha ayuda y establece la prescripción y las modalidades de registro de la ayuda. No obstante, el procedimiento de registro de la ayuda extranjera otorgada gratuitamente es sencillo y rápido. De 2010 hasta el final del primer semestre de 2013, la recepción de ayuda extranjera se registraba en el Departamento de Asuntos Humanitarios de la Oficina del Presidente de la República. Cabe destacar que durante el período de vigencia del decreto núm. 24 no se ha registrado ningún caso en el que se haya denegado a un sindicato el registro de la ayuda extranjera recibida.

Tras el examen del caso de Belarús en junio de 2013, durante la 102.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, la Comisión de Aplicación de Normas propuso al Gobierno de la República de Belarús que aceptara la visita de una misión de contactos directos «con objeto de obtener un panorama completo de la situación relativa a los derechos sindicales en el país y para asistir al Gobierno en la rápida y efectiva aplicación de todas las recomendaciones pendientes que formulara la Comisión de Encuesta». El Gobierno de la República de Belarús aceptó la propuesta de la Comisión y adoptó las medidas necesarias para asegurar que la misión de contactos directos pudiera desempeñar plenamente sus funciones. La misión de contactos directos visitó la República de Belarús del 27 al 31 de enero de 2014. Los integrantes de la misión se reunieron con representantes del Consejo de Ministros de la República de Belarús, del Gobierno del Presidente de la República, de la Oficina del Fiscal General de la República y de los Ministerios de Trabajo y Protección Social, Justicia y Asuntos Exteriores. Las opiniones manifestadas por el Gobierno fueron avaladas por los interlocutores sociales, que también se mostraron sumamente interesados y celebraron, por su parte, constructivas y fecundas reuniones con los miembros de la misión. La misión de contactos directos otorgó una atención especial a la labor del Consejo tripartito para la mejora de la legislación en el ámbito social y laboral. En la reunión que la misión mantuvo con los miembros del Consejo, todas las partes representadas resaltaron la importancia del Consejo como foro indispensable para ofrecer a todos los interesados la posibilidad de expresar su opinión y formular propuestas para resolver los problemas actuales. Ninguno de los miembros del Consejo puso en duda la utilidad o la necesidad de ese órgano tripartito. Como conclusión de la labor realizada en Minsk, la misión de contactos directos propuso una serie de posibilidades para el futuro que, a su juicio, permitirían la aplicación efectiva de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. El Gobierno de la República de Belarús, conjuntamente con los interlocutores sociales, ha entablado un diálogo activo con la Oficina Internacional del Trabajo sobre la adopción de medidas que permitan poner en práctica las propuestas de la misión. Se ha acordado ahora celebrar un seminario los días 10 y 11 de julio de 2014 para examinar las experiencias sobre la labor de los órganos tripartitos que existen a nivel internacional, con miras a aumentar la capacidad del Consejo de mejorar la legislación en el ámbito social y laboral. Además, la Oficina Internacional del Trabajo ha elaborado una «hoja de ruta» para el cumplimiento en 2014 de las medidas restantes: sobre la negociación colectiva; sobre la resolución de conflictos y la mediación; y sobre la formación de los magistrados, fiscales y abogados en la aplicación de normas internacionales del trabajo. Todas las medidas se llevarán a cabo de forma tripartita, con la participación de todos los interesados.

Además, ante la Comisión una representante gubernamental recordó que la misión de contactos directos había tenido un efecto positivo en el fortalecimiento de las relaciones constructivas entre el Gobierno y los interlocutores sociales y había facilitado varias medidas para aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta hechas en 2004. El Gobierno está firmemente convencido de que el desarrollo del diálogo social, el tripartismo y el derecho de libertad sindical y de negociación colectiva sólo pueden concretarse con interacciones conjuntas y constructivas entre el Gobierno y las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La aplicación de muchas recomendaciones requiere un enfoque complejo y supone una labor durante un período más largo. A tal fin, es necesario tener en cuenta las opiniones de todas las partes interesadas, por lo cual el Gobierno propuso establecer el Consejo tripartito (NCLSI), que los interlocutores sociales, a nivel nacional e internacional, y la OIT había respaldado. El Consejo está integrado por los representantes sindicales tanto de la FPB como del CSDB y ofrece un foro básico para poner en práctica medidas y recomendaciones mutuamente acordadas. En el Consejo se han analizado cuestiones relativas a la inscripción, los despidos, la negociación colectiva y de otra índole. Cada parte tiene su propia visión de los problemas y sus soluciones. En consecuencia, no todas las decisiones adoptadas han sido consideradas soluciones óptimas por todos. Pese a algunas críticas, los sindicatos nunca han puesto en tela de juicio la existencia del Consejo, del que tienen una opinión muy positiva. El Consejo ha propiciado mejores interacciones entre las partes interesadas y su participación activa en las discusiones, con un espíritu de diálogo social. Se analizan los problemas y los participantes suelen adoptar decisiones por mutuo acuerdo. Ello promueve también la cooperación constructiva entre las partes en otras esferas, por ejemplo la preparación de documentos fundamentales, y la conclusión de acuerdos generales entre el Gobierno y los sindicatos sobre problemas importantes, entre ellos el nivel de vida, los salarios, las pensiones y otras prestaciones. El 30 de diciembre de 2013 se concluyó un nuevo acuerdo general correspondiente a 2014-2015 con la participación del FPB y el CSDB, aplicable a todos los trabajadores y empleadores. Tanto la FPB como el CSDB, independientemente de su nivel de representación, se benefician de ese acuerdo general. El Consejo tripartito ha de cumplir un papel especial en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Durante la misión de contactos directos que tuvo lugar en enero, los expertos de la OIT también mantuvieron reuniones con los miembros del Consejo. Se celebraron discusiones sobre la mejora de las actividades del Consejo. El Consejo tiene una gran importancia, en la medida en que concede a todas las partes interesadas la posibilidad de expresar sus opiniones y resolver los problemas. Su utilidad nunca se ha puesto en entredicho. La buena relación entre el Gobierno y los interlocutores sociales es una consecuencia directa de la coherencia de la política para el fomento del pluralismo sindical. Como resultado de la labor de la misión de contactos directos, se han formulado propuestas sobre algunas salidas prometedoras para el futuro, con miras a la ulterior aplicación de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta, en particular para la mejora de la legislación y de los procesos de negociación colectiva mediante el aumento de la capacidad de los interlocutores sociales y de la formación de los jueces, los fiscales y otros representantes de los poderes públicos en materia de libertad sindical. Las propuestas se formularon en el trascurso de la misión de contactos directos, en el Consejo tripartito, y fueron apoyadas por el Gobierno y por los representantes de los interlocutores sociales. Todos los sindicatos y los empleadores han manifestado su interés y su voluntad con respecto a la aplicación de las propuestas al Ministerio de Trabajo. El Gobierno mantiene un diálogo eficaz con la OIT para organizar eventos encaminados a perfeccionar y a ejecutar estas propuestas, entre otras cosas para aumentar la capacidad del Consejo en el futuro. El Gobierno respeta plenamente los principios de la OIT y agradece la cooperación que mantiene con la Organización, en particular la labor de la misión de contactos directos que se llevó a cabo en enero para mejorar la situación y aplicar las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. El Gobierno conoce el interés de la OIT en brindar apoyo tanto al Gobierno como a los interlocutores sociales para propiciar una solución y favorecer el desarrollo ulterior del diálogo social y el tripartismo. La aplicación de las propuestas formuladas durante la misión de contactos directos allanará indudablemente el camino para lograr nuevos avances.

Los miembros trabajadores indicaron que el caso, examinado a raíz de una doble nota a pie de página de la Comisión de Expertos, sigue refiriéndose a las violaciones de los derechos fundamentales de los trabajadores a sindicarse y de los sindicatos a desarrollar sus actividades. Persisten los obstáculos jurídicos a la creación de nuevas organizaciones. Se trata de disposiciones relativas al domicilio legal y al umbral mínimo necesario del 10 por ciento del efectivo de las empresas. El Gobierno hizo referencia a una modificación de estas disposiciones el año pasado, pero aún no se ha hecho nada al respecto. Por el contrario, ya no se considera prioritaria esta modificación. Al mismo tiempo, el Gobierno multiplica las limitaciones al registro de sindicatos de manera que las organizaciones nuevas desisten y ya no solicitan su registro. No sólo los sindicatos que no están afiliados a la federación sindical oficial siguen encontrando dificultades, sino que últimamente la instauración de un sistema generalizado de recurso a contratos de duración determinada permite presionar a los miembros de sindicatos independientes amenazándolos con no renovar sus contratos. Por otra parte, los sindicatos independientes ven cómo se les deniegan sistemáticamente sus derechos de manifestación y reunión pacíficas para la defensa de sus intereses profesionales. La ayuda gratuita a una organización internacional de trabajadores o de empleadores no sólo se somete a una autorización previa, sino que su uso también está especialmente restringido. Desde hace varios años, el Gobierno no suministra información a la Comisión de Expertos sobre la modificación de los textos relativos al registro de sindicatos, la ayuda gratuita del extranjero, las actividades de masas y también el derecho de los sindicatos a organizar libremente sus actividades. Tampoco proporciona información sobre los casos de denegación de registro o de autorización para manifestarse. No se ha puesto en práctica el plan de trabajo establecido en 2009 con la participación de la OIT y los interlocutores sociales, y el Consejo para la mejora de la legislación no tiene una verdadera función. La Comisión de Expertos también ha tenido que rendirse a la evidencia de la ausencia de progreso.

La Comisión, que ya ha examinado en ocho ocasiones las medidas tomadas por el Gobierno en respuesta a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, observó por sí misma el año pasado que no se había progresado en absoluto y decidió citar a Belarús en un párrafo especial de su informe. Según el informe de la misión de contactos directos de enero de 2014, el Gobierno declara ser consciente de sus obligaciones internacionales, pero añade que deberían tenerse en cuenta los intereses de su país y que algunas recomendaciones de la Comisión de Encuesta ya no son pertinentes. La misión indicó que se han seguido algunas recomendaciones, pero que los problemas principales subyacentes no se han resuelto diez años después: no pueden llevarse a cabo actividades sindicales libres e independientes a todos los niveles, y los trabajadores no pueden afiliarse a sindicatos independientes sin temor a perder su empleo. Por consiguiente, la misión de contactos directos ha llegado a la conclusión inequívoca de que la situación de los derechos sindicales ha evolucionado, pero que no ha habido ningún cambio fundamental ni avance notable en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Según los miembros trabajadores, la situación está incluso empeorando. Así, la secretaria general de la organización regional del BITU de Soligorsk fue detenida y sancionada con una multa por violación de la Ley sobre Actividades de Masas, cuando simplemente se había encontrado con unas trabajadoras de camino al trabajo cerca de la empresa. Los sindicatos independientes siguen sufriendo discriminaciones. En una fábrica de tractores de Bobruisk, la dirección ha expulsado al Sindicato Libre de Belarús (BFTU) de sus locales en la empresa a pesar de la negativa del Tribunal económico de la región de acceder a la solicitud. Se negó al líder sindical el acceso a la empresa, aun cuando en un fallo del Tribunal se considera que esta prohibición es una discriminación antisindical. En la actualidad, tiene que ir acompañado de dos guardias para entrar en la empresa, pero su sindicato ya no tiene derecho a participar en la negociación colectiva y se amenaza a los afiliados con el despido. En este contexto, cinco trabajadores han iniciado una huelga de hambre. Por último, los miembros trabajadores indicaron que no pueden evitar hacerse preguntas cuando el Presidente de Belarús anuncia un proyecto que prohíbe a los trabajadores agrícolas abandonar su puesto de trabajo sin permiso de las autoridades, ello podría transformarse en un recurso generalizado al trabajo forzoso.

Los miembros empleadores agradecieron el talante positivo y constructivo de la intervención del Gobierno. Se congratularon de la aceptación del Gobierno de la misión de contactos directos y de la explicación del representante gubernamental en relación con algunos de los resultados de la misión de contactos directos y las medidas de seguimiento previstas. Los miembros empleadores señalaron que no han tenido aún la oportunidad de evaluar la información de la misión de contactos directos, pero esperan con interés la evaluación de la Comisión de Expertos. Observaron que la mayor parte de la información suministrada por el Gobierno se relaciona con el Consejo tripartito. Les complació oír que, según el Gobierno, a raíz de la creación del Consejo, la colaboración entre el Gobierno y los interlocutores sociales ha mejorado. Asimismo, tomaron nota de los compromisos adquiridos en el marco de la misión de contactos directos de proseguir con la aplicación de las recomendaciones de 2004, relacionadas con la legislación, los procesos legislativos y la formación de los jueces sobre los principios de la libertad sindical. El Convenio núm. 87 es un Convenio fundamental y fue ratificado por el Gobierno en 1956. La condición de doble nota a pie de página pone de manifiesto la importancia que la Comisión de Expertos otorga a este caso. Los miembros empleadores consideraron que es pertinente señalar que la queja presentada en 2003 en virtud del artículo 26 de la Constitución dio lugar a las 11 recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta de 2004, que pedían que los sindicatos libres e independientes pudieran desempeñar el papel que les corresponde en el desarrollo social y económico del país. En 2013, casi diez años después, la Comisión de Expertos señaló con pesar que no se había recibido ninguna información nueva en relación con la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. En 2013, el Gobierno declaró ante la Comisión de la Conferencia que, en 2012, no se había denegado ninguna solicitud de registro y que ningún sindicato había sido condenado por infracciones penales o administrativas. El Gobierno confirmó su compromiso de poner su legislación en conformidad con el Convenio y su compromiso con el diálogo social. Asimismo, hizo hincapié en la función positiva que desempeña el Consejo tripartito desde su creación en 2009 como foro en el que se debaten cuestiones como los derechos de libertad sindical. Según el Gobierno, el Consejo tripartito es el foro más apto para progresar sobre cuestiones legislativas y se comprometió a enmendar el decreto presidencial núm. 2, como parte de las reformas necesarias.

En los debates de la Comisión de la Conferencia de 2013, los miembros empleadores acogieron con agrado la indicación del Gobierno de que el Consejo tripartito está funcionando desde 2009, las relaciones entre el Gobierno y los interlocutores sociales se han estabilizado y se han concluido varios convenios colectivos. Sin embargo, los miembros empleadores solicitaron al Gobierno que intensificase su cooperación con los interlocutores sociales y que recurriese al asesoramiento y la asistencia especializados de la OIT y apoyaron la petición de los miembros trabajadores de que el Gobierno aceptase una misión de contactos directos. En 2013, esto dio lugar a un párrafo especial del informe de la Comisión. En sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que tomase inmediatamente todas las medidas necesarias para garantizar que los empleadores y los trabajadores pudiesen ejercer plenamente sus derechos de libertad de expresión y asociación. La Comisión de la Conferencia quedó a la espera de recibir información detallada sobre la enmienda propuesta a la Comisión de Expertos y confió en que la Comisión de Expertos podría tomar nota de un progreso considerable en 2014. Las observaciones de la Comisión de Expertos de 2013 dieron seguimiento a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia. En su última observación, la Comisión de Expertos instó al Gobierno a que modificase el decreto presidencial núm. 2 y abordase la cuestión del registro de sindicatos en la práctica. La Comisión de Expertos lamentó tener que tomar nota de que no se ha progresado en la ejecución de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta ni en la aplicación del Convenio en la práctica. El caso se viene examinando casi todos los años desde 2001. Los miembros empleadores observaron avances a partir de 2007 y valoraron los esfuerzos desplegados por el Gobierno desde entonces. Los miembros empleadores señalaron que el Gobierno, aunque ha tenido la oportunidad de hacerlo, no ha proporcionado información sobre la enmienda del decreto presidencial núm. 2, ni abordó el requisito de registro; asimismo, no se ha proporcionado información acerca de la Ley sobre Actividades de Masas, y su relación con la libertad sindical, entre otras cuestiones, ni tampoco información sobre las medidas relativas a la enmienda del artículo de Código del Trabajo. Pusieron de relieve que incumbe al Gobierno proporcionar información adicional a la Comisión de Expertos sobre estas cuestiones. En vista de las conclusiones formuladas en 2013 y de la observación de la Comisión de Expertos, cabe señalar que se deberían haber alcanzado mayores avances llegado este punto. Instaron al Gobierno a que se comprometa a aplicar plenamente y de manera eficaz, y sin mayor dilación, las recomendaciones formuladas en 2004 por la Comisión de Encuesta, contemplando la plena participación de los interlocutores sociales. Asimismo, aprovecharon la oportunidad para señalar que lamentarían que no se realicen progresos a corto plazo.

El miembro trabajador de Belarús hizo hincapié en que las recomendaciones adoptadas hace diez años por la Comisión de Encuesta han ayudado mucho a la promoción del movimiento sindical y han favorecido la cooperación social en Belarús. Agradeció la misión de contactos directos de enero de 2014 que se reunió con todas las partes y en especial, con los sindicatos, sin obstáculos. Todas las recomendaciones formuladas en 2013 por la Comisión de la Conferencia se han seguido poniendo en práctica, algunas de ellas con la asistencia de la OIT. En relación con las disposiciones legislativas relativas al umbral mínimo de 10 por ciento de los efectivos recordó que la regla se aplica a todos los sindicatos sin exclusión. Sin embargo, la FPB está dispuesta a aceptar su supresión, incluso si esta regla no presenta una dificultad real para Belarús. En cuanto a la recomendación relativa a la ayuda financiera exterior, la FTUB se opone a ella porque considera que puede causar problemas a los trabajadores del país. La misión de contactos directos de enero de 2014 señaló que cinco recomendaciones han sido puestas en práctica y no obstante no se han realizado comentarios al respecto en las discusiones de la Comisión. La FPB organizó una gran manifestación el 1.º de mayo y todos los sindicatos participaron en la preparación del acuerdo general con el Gobierno, lo que prueba que los sindicatos pueden actuar libremente en Belarús. Sin duda ha habido progresos. Por último en lo que se refiere a las alegaciones del recurso al derecho de servidumbre por deudas, señaló que deberían ser probadas por las partes concernidas.

El miembro empleador de Belarús señaló que las medidas adoptadas por el Gobierno para dar efecto a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta han contribuido a disminuir la gravedad de los problemas planteados. En lo que se refiere al respeto de los derechos sindicales la situación ha evolucionado en forma positiva, lo que ha sido señalado por la misión de contactos directos de enero de 2014. La plataforma de diálogo social ha sido ampliada, el CSDB así como la FPB participan en la puesta en práctica del acuerdo general con el Gobierno y en las negociaciones colectivas en las empresas. Los empleadores de Belarús se sienten muy ligados al principio de igualdad de trato de todos los sindicatos. Los casos de despidos son tratados en un marco legal definido. Con mucha frecuencia las alegaciones de despido antisindical no son consideradas o los casos son presentados ante la OIT argumentando que las decisiones pronunciadas son injustas. Los empleadores de Belarús son favorables a una discusión sobre los problemas y sobre las soluciones mutuamente ventajosas pero consideran que se debe actuar en conformidad con criterios objetivos en lo que se refiere a la admisibilidad de las quejas, y también se recuerda la propuesta hecha al respecto por el Vicepresidente empleador con ocasión de la reunión de la Comisión de Expertos de noviembre 2013. El desarrollo del diálogo social depende de todas las partes y no se puede negar que las autoridades de Belarús, como los empleadores y los sindicatos han actuado para hacer efectivos los principios contenidos en la Constitución de la OIT, como la garantía de un salario, las condiciones de vida satisfactorias y las condiciones propicias al trabajo y la lucha contra el desempleo. Los encuentros que se han realizado con la misión de contactos directos han propiciado un diálogo constructivo. Los empleadores de Belarús son favorables a la organización, con la asistencia de la OIT, de un seminario que permita recoger la experiencia de otros países en lo que se refiere a la negociación colectiva y al pluralismo sindical. Por último, habría que considerar los indicadores objetivos que permiten mostrar la dinámica positiva en el desarrollo de las relaciones profesionales y del trabajo en Belarús y las decisiones deberían tomarse en interés de los trabajadores y de los empleadores.

Un representante de la Unión Europea, hablando en representación de la Unión Europea (UE) y de los Gobiernos de Albania, ex República Yugoslava de Macedonia, Islandia, Montenegro, Noruega, Serbia y Ucrania, afirmó que la UE atribuye una gran importancia a las relaciones con Belarús y sigue estando profundamente preocupada por la falta de respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho. Acogió con agrado el hecho de que la misión de contactos directos de la OIT haya podido visitar Minsk y reunirse con las partes interesadas tanto gubernamentales como no gubernamentales, pero sigue estando sumamente preocupado porque la misión constató que no se han producido cambios fundamentales ni progresos significativos en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de 2004. En este contexto, recordó que la falta de implementación por Belarús de las recomendaciones condujo, en 2007, a la suspensión del Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea. Afirmó que el desarrollo de relaciones bilaterales bajo la asociación oriental fue condicionado a los progresos de Belarús en el respeto de los principios de derechos humanos, democracia y Estado de derecho, e indicó su disposición para ayudar a Belarús a cumplir con sus obligaciones al respecto y afirmó que iban a seguir supervisando estrechamente la situación en el país. Llamó a las autoridades de Belarús a eliminar las barreras al registro de sindicatos, lo cual obstaculiza el establecimiento y funcionamiento de sindicatos en la práctica, particularmente los requisitos impuestos por el decreto núm. 2 de enero de 1999 sobre el domicilio legal y la exigencia del mínimo del 10 por ciento de los trabajadores para formar un sindicato. También instó al Gobierno a proporcionar las informaciones requeridas por la Comisión de Expertos, y en particular las que se refieren a la negativa de autorización de manifestaciones y las restricciones impuestas por la Ley sobre Actividades de Masas, y a modificar el decreto presidencial núm. 24 relativo al uso de ayuda extranjera gratuita, la cual es esencial para que las organizaciones de empleadores y de trabajadores puedan recibir asistencia internacional. Urgió al Gobierno a intensificar sus esfuerzos para implementar la recomendación de la Comisión de Encuesta de 2004, en cooperación con todos los interlocutores sociales interesados. También instó al Gobierno a solicitar la asistencia técnica de la OIT.

Un observador representando a la Confederación Sindical Internacional (CSI) (presidente del Congreso de Sindicatos Democráticos de Belarús (CSDB)), afirmó que en los diez años transcurridos desde que la Comisión de Encuesta formuló sus recomendaciones, Belarús se ha transformado en uno de los peores lugares del mundo para los derechos de los trabajadores y de los interlocutores sociales, concretamente debido a los despidos y represalias. El decreto núm. 2 hizo imposible el desarrollo de los sindicatos, los activistas sindicales fueron despedidos inmediatamente y los trabajadores amenazados de despido si no volvían a los sindicatos controlados por el Estado. Subrayó que el Estado dispone de enormes recursos legales y administrativos que no dejan posibilidades de lograr la protección efectiva de los derechos de los trabajadores y de los sindicatos y que se les ha venido privando del derecho a participar en las manifestaciones del 1.º de mayo desde hace muchos años. Afirmó que el decreto presidencial creó un sistema de esclavitud moderna y que la misión de contactos directos pudo constatar que los esfuerzos del Estado se habían utilizado a esos fines. Dado que el Gobierno ignoró las recomendaciones de la OIT, es esencial que la OIT le envíe un mensaje claro para garantizar que se recuperen los derechos sindicales y que se ponga fin a la discriminación y al trabajo forzoso.

El miembro gubernamental del Canadá recordó que, en 2013, el Canadá expresó grave preocupación por la situación global de los derechos humanos en Belarús, incluyendo los derechos laborales. Afirmó que su Gobierno seguía recibiendo de manera constante informes sobre las numerosas violaciones al Convenio, incluyendo sobre la interferencia en las actividades de los sindicatos y las repetidas barreras puestas al registro de sindicatos independientes. El Canadá reconoce que, al facilitar la misión de contactos directos, el Gobierno de Belarús mejoró su nivel de cooperación con los órganos de control de la OIT. Sin embargo, aunque el informe de la misión se presentó al Consejo de Administración de marzo de 2014, dicha misión no pudo informar sobre progresos significativos en el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de 2004, así como tampoco pudo constatar progresos el informe de la Comisión de Expertos. Por consiguiente, su Gobierno instó al Gobierno de Belarús a adoptar las medidas necesarias para dar respuesta a estas graves alegaciones y a realizar un verdadero esfuerzo para eliminar las violaciones a los derechos sindicales incluyendo el derecho de los trabajadores de participar en protestas pacíficas para defender sus intereses laborales. También solicitó al Gobierno que diera seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de 2004 y a cooperar plenamente con la OIT, al tiempo que respeta sus obligaciones establecidas por el Convenio.

El miembro trabajador de la Federación de Rusia indicó que es consejero ante su Gobierno y participa de los esfuerzos para formar una unión aduanera de los Urales. Citó como ejemplo de esto al acuerdo entre el Gobierno de Kazajstán y el de Rusia y que en ese esfuerzo también están interesados los trabajadores. En la Federación de Rusia hay dos centrales sindicales representadas en la Conferencia Internacional del Trabajo, diferentes en historia y en efectivos, entre otros, pero las dos comparten la visión sobre lo que ocurre en Belarús. Lamentó la falta de progresos y constató que se están reduciendo las posibilidades de los trabajadores de avanzar en lo que respecta a la libertad sindical. En la conferencia tripartita celebrada recientemente bajo los auspicios de la OIT y con la participación de la CSI y de la OIE, se generaron expectativas de progreso que han quedado en letra muerta. Recordó que el caso fue tratado en 2013 en la CIT. Se refirió al espacio común de trabajadores de los Urales para crear una base común en cuanto a legislación, derechos de los trabajadores, etc. Recordó que desde ese espacio se dirigieron al Gobierno de Belarús para pedirle que pusiera fin a las violaciones de los derechos de los trabajadores, y que como resultado de la misión de contactos directos se adoptaron algunas medidas, pero no se progresó más. Consideró que la asistencia de la OIT debe estar condicionada a los pasos dados por Belarús y solicitó que la Comisión de la Conferencia tuviera en cuenta ese criterio. Para terminar, se refirió a una reciente declaración del Presidente de Belarús, en la que expresó que se piensa reintroducir el derecho de servidumbre en la agricultura.

El miembro gubernamental de China tomó nota del fortalecimiento de la cooperación entre el Gobierno y la OIT desde junio de 2011, gracias a la cual se han realizado avances en la aplicación de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta. En particular, cabe destacar la reducción de los requisitos mínimos en materia de derechos sindicales, la firma de acuerdos tripartitos y de convenios salariales y la realización de una misión de contactos directos. Los Estados Miembros que han ratificado los convenios de la OIT tienen la obligación de aplicarlos y es necesario tomar en consideración las medidas adoptadas por el Gobierno para aplicar el Convenio. En este contexto, la cooperación con la OIT debe continuar.

La miembro trabajadora de Finlandia, hablando en nombre de los miembros trabajadores de los países nórdicos, recordó que en estos países hay pluralismo sindical y que los sindicatos representan a 9 millones de trabajadores. Asimismo se refirió a la alianza estratégica entre el CSDB y la Red de Sindicatos del Mar Báltico (BASTUN), que existe desde 2006. Esa red consta de varios representantes de 22 confederaciones sindicales democráticas de la región del Mar Báltico. El Gobierno sólo ha aplicado parcialmente las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta en 2004, sin lograr ningún avance significativo. Los trabajadores de Belarús tropiezan con obstáculos a la inscripción de sindicatos, y son víctimas de intimidación y presión cuando desean afiliarse a éstos. Los trabajadores temen perder sus contratos de plazo fijo si proceden a dicha afiliación. La otra legislación represiva en vigor está compuesta por la Ley sobre Actividades de Masas y la legislación sobre ayuda extranjera gratuita. Estos textos legislativos no están de conformidad con el Convenio y pueden utilizarse contra las actividades sindicales independientes. La ayuda extranjera para los sindicatos está sujeta a normas estrictas que no son compatibles con el Convenio. El orador instó al Gobierno a que aplique todas las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, dado que el derecho de sindicación es indisociable de la democracia y la libertad.

La miembro gubernamental de la República Bolivariana de Venezuela indicó que las medidas tomadas por el Gobierno significan mayores progresos con respecto a las discusiones que tuvieron lugar anteriormente en el seno de la Comisión. Está convencida de que se seguirá fortaleciendo el diálogo que ha dado como resultado el pleno reconocimiento de los derechos sindicales, el avance en el registro de organizaciones sindicales y la elaboración de convenios colectivos y acuerdos generales, en particular el Acuerdo General para 2014-2015, el cual está destinado a favorecer la negociación colectiva y la concertación. La aceptación de la visita de la misión de contactos directos demuestra la buena voluntad del Gobierno y se ha iniciado un diálogo con los interlocutores sociales en relación con las conclusiones de la misión. Las conclusiones de la Comisión tienen que destacar los progresos y los compromisos del Gobierno en relación con el cumplimiento del Convenio.

El miembro trabajador del Sudán recordó las distintas discusiones sobre Belarús mantenidas en el seno de la Comisión en los últimos años y señaló las distintas actividades que los interlocutores sociales del país han realizado recientemente. Se está incrementando el número de sindicatos, los cuales cuentan con más de 4 millones de miembros. La existencia de centrales sindicales con diferentes puntos de vista, capaces de colaborar a través del diálogo, pone de relieve el pluralismo sindical. Se han examinado determinados elementos de la legislación laboral, en particular en lo relativo al salario mínimo. Las iniciativas adoptadas por el Gobierno resultan alentadoras y merecen recibir apoyo en el futuro.

El miembro gubernamental de la Federación de Rusia tomó nota de los progresos significativos realizados hacia el pleno cumplimiento del Convenio, debido a las medidas adoptadas por el Gobierno, así como de la opinión de la FPB en cuanto al efecto dado a la mayoría de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta. La misión de contactos directos de la OIT, que tuvo lugar en enero de 2014, dio lugar a consultas con órganos prominentes, tales como el Consejo de Ministros, la Presidencia y la Fiscalía, lo que refleja claramente la voluntad del Gobierno de Belarús de colaborar con la OIT, y se llevaron a cabo discusiones sustanciales para resolver cuestiones pendientes. Se crearon las condiciones necesarias para promover la libertad sindical y el diálogo social, lo que se ha confirmado en la discusión en el seno de la Comisión. El Consejo tripartito participó plenamente en la mejora de la legislación laboral. Todas las organizaciones que representan a los trabajadores y los empleadores de Belarús han participado en la elaboración del acuerdo general entre el Gobierno y los interlocutores sociales para el período 2014-2015. Por lo tanto, el tono durante la discusión es artificialmente exagerado ya que varias de las acusaciones contra el Gobierno son infundadas u obsoletas. Ahora hay que tomar en cuenta las propuestas constructivas. La OIT debería seguir proporcionando asistencia técnica para resolver las cuestiones pendientes en relación con la aplicación del Convenio.

Una observadora representando a la Federación Sindical Mundial (FSM) subrayó las conquistas alcanzadas por los trabajadores del país con la intervención firme y decisiva de la FPB. Igualmente, hay que destacar que, si bien en las grandes potencias europeas se realizan manifestaciones unitarias contra los ajustes impuestos por la Unión Europea, Belarús mantiene el crecimiento y garantiza la salud pública, la seguridad social y una tasa de desempleo de apenas el 1 por ciento. Ese ejemplo demuestra la supremacía de una economía planeada donde el Estado asume su rol e impone reglas y límites a los monopolios. Es por esta razón que la Unión Europea y los Estados Unidos quieren condenar a Belarús y el examen del presente caso es un mero pretexto. Es inadmisible que en la OIT no se reconozca el esfuerzo y los cambios positivos logrados y se condene a un país que debería servir de ejemplo. Mientras tanto no se habla de los acontecimientos en Ucrania donde un atentado antisindical causó 200 heridos graves. Reafirmó su total confianza en que Belarús impedirá toda agresión como ocurrió en Ucrania, sobre todo ahora que el país ha firmado el acuerdo de creación de la Unión Económica Euroasiática con la Federación de Rusia y Kazajstán, lo que reforzará la integración de estos países.

La miembro gubernamental de Estados Unidos recordó el mensaje que los órganos de control de la OIT no han cesado de repetir en la última década al Gobierno de que intensifique sus esfuerzos para asegurar la aplicación del Convenio en la ley y en la práctica y para cumplir de forma inmediata y plenamente con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de 2004. Manifestó su satisfacción de que el Gobierno haya aceptado la misión de contactos directos de enero de 2014, pero señaló que sus conclusiones han sido decepcionantes. Si bien la situación sindical ha evolucionado y se han puesto en práctica algunas de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, muchas cuestiones subyacentes siguen sin resolverse. Han surgido nuevos problemas y la misión de contactos directos concluyó que no ha habido cambios fundamentales o progresos importantes. Los trabajadores de Belarús continúan encontrando dificultades importantes cuando tratan de organizarse al margen de la estructura sindical existente y no disponen de una protección efectiva en contra de la discriminación antisindical y la injerencia, lo que hace imposible la existencia de un auténtico pluralismo sindical. La oradora repitió su llamamiento formulado ante el Consejo de Administración en marzo de 2014 para que el Gobierno se comprometa a una cooperación significativa y constante con la OIT, destinada específicamente a la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Instó al Gobierno a que cumpla el compromiso con el pluralismo sindical y el diálogo social y a la aplicación de las sugerencias de la misión de contactos directos.

La miembro gubernamental de Cuba consideró positivo que el Gobierno haya aceptado la visita de una misión de contactos directos y la asistencia de la OIT con miras a la aplicación eficaz de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Hay que reconocer los avances para fortalecer el diálogo social, el mejoramiento de los indicadores relacionados con el registro de organizaciones sindicales, el desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo y la cooperación tripartita, en particular la participación de los interlocutores sociales en la elaboración del Acuerdo general para 2014-2015, firmado a finales de 2013. Los esfuerzos realizados deben complementarse con una mayor asistencia técnica de la OIT y el apoyo de los otros países en condiciones y capacidad de ayudar, todo ello desde un enfoque de cooperación y diálogo respetuoso que sirva para promover una genuina cooperación internacional. Por otra parte, si se quiere que los mecanismos de control contribuyan a aumentar la cultura de cumplimiento de los convenios, debe prestarse especial atención a la necesidad de tomar medidas para evitar que consideraciones no directamente vinculadas a los retos identificados impidan la cooperación y el intercambio que debe primar en el seno de la Comisión.

El miembro trabajador de la República Bolivariana de Venezuela manifestó su preocupación e interés en la situación de los trabajadores y trabajadoras de Belarús. Ambos países mantienen intercambios productivos mediante la instalación de fábricas bielorrusas en territorio venezolano y la formación de trabajadores venezolanos en el manejo de tecnología en Belarús. En estas circunstancias, se apoya la posición de los trabajadores de la FPB y de otros miembros de la Comisión acerca de los cambios positivos logrados por parte del Gobierno en relación con la aplicación del Convenio. La participación de los interlocutores sociales en el diálogo a nivel nacional y con la OIT es una satisfacción y es de esperar que la situación seguirá mejorando.

La miembro trabajadora de Polonia recordó las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta hace diez años y la esperanza suscitada por la aceptación por el Gobierno de la misión de contactos directos realizada en enero de 2014. Se mostró decepcionada al enterarse mediante el informe de dicha misión de que el Gobierno no tiene la intención de modificar las leyes y los decretos de importancia crucial, lo cual sigue impidiendo la inscripción de nuevas organizaciones de trabajadores. Las declaraciones del Gobierno en que indica que las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta son obsoletas y deberían reconsiderarse a la luz de la realidad de los países, muestran la falta de voluntad del Gobierno de aplicar cualquier recomendación. Desde que se realizó la misión de contactos directos, la realidad del país empeoró. Se esperaba que el Gobierno cumpliera sus obligaciones pendientes si deseaba que se le tomara en serio y se le respetara. En las condiciones actuales, las solicitudes permanentes del Gobierno de recibir asistencia técnica de la OIT sin un compromiso simultáneo de producir resultados son inapropiadas y no se justifican y, por tanto, el Gobierno debería dejar de beneficiarse de dicha asistencia si no garantiza la aplicación plena e inmediata de todas las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta. En caso contrario, la Comisión podría considerar la posibilidad de aplicar otras disposiciones de la Constitución de la OIT. Asimismo, la oradora opinó sobre una declaración del miembro empleador de Belarús que reclamó la igualdad de trato entre los sindicatos de Belarús. De hecho, si los empleadores negocian con todos los sindicatos, los convenios colectivos son, en última instancia, sólo firmados por el sindicato más representativo, por lo cual en la mayor parte de los casos sólo se aplica a sus miembros. Este es un ejemplo claro de discriminación antisindical, lejos de la supuesta igualdad de trato entre los sindicatos.

El representante gubernamental pidió que la Comisión tenga en cuenta con especial interés los debates sobre este caso y que sus miembros demuestren una mayor objetividad en lo relativo a la situación de su país. En este sentido, la afirmación de que el respeto de los derechos sindicales no deja de degradarse carece de todo fundamento y, de hecho, la misión de contactos directos ha señalado que la situación a este respecto está mejorando. Además, si bien existen divergencias entre las partes interesadas en cuanto al número de recomendaciones de la Comisión de Encuesta que se han aplicado, nadie ha puesto en duda que algunas sí se han puesto en práctica. En todo sistema de relaciones laborales es natural que surjan dificultades en algunas empresas y, en este caso, Belarús no es una excepción. No obstante, el Gobierno no constituye en absoluto la causa de estos conflictos y, en particular, las acusaciones de injerencia son infundadas. Del mismo modo, aunque se produzcan despidos, como en todos los países, los despidos antisindicales son casos aislados y dan derecho a presentar denuncias ante los tribunales y ante el Ministerio de Trabajo. A este respecto, también es conveniente que los interlocutores sociales examinen los casos de litigio ante el Consejo tripartito. Por otra parte, conviene tomar nota de que las conclusiones de la misión de contactos directos llevada a cabo del 27 al 31 de diciembre de 2014 por reconocidos especialistas en relaciones laborales han contado con el apoyo de todos los interlocutores sociales. De hecho, el Gobierno y los interlocutores sociales se han puesto manos a la obra, en especial mediante seminarios que pueden facilitar la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. Así, respecto de las recomendaciones 5 y 7 de la Comisión de Encuesta, los seminarios relativos a la solución tripartita de los conflictos contribuirán a que el funcionamiento del Consejo tripartito sea más eficaz; los seminarios destinados a jueces y funcionarios del Ministerio Público facilitarán la aplicación de las recomendaciones 4 y 8, y las actividades relativas a la negociación colectiva en el seno de las empresas permitirán regular mejor las relaciones entre los interlocutores sociales y contribuirá a la aplicación de las recomendaciones 6 y 11. No obstante, la aplicación de las conclusiones de la misión de contactos directos sólo será plenamente efectiva si participan todos los interlocutores sociales. En este sentido, el CSDB se ha mostrado inconsecuente al ser el único en oponerse a la celebración de un seminario tripartito internacional sobre el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo. Por último, el Gobierno pidió a la Comisión que apoye la colaboración iniciada con los interlocutores sociales en su totalidad y la OIT, y reafirmó la relevancia que otorga a los principios fundamentales de la OIT, para cuya aplicación tomará todas las medidas necesarias.

Los miembros trabajadores expresaron gran preocupación ante este caso y compartieron las preocupaciones manifestadas por el CSDB relativas a los siguientes puntos: de las 12 recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta hace diez años sólo se han cumplido tres (una de ellas de carácter menos significativo); el hostigamiento que sufren los sindicatos independientes no ha cesado y ha adoptado formas más sofisticadas; la política estatal sigue reprimiendo el pluralismo sindical, y se margina a los sindicatos independientes. No se registran nuevas organizaciones y la generalización del recurso a los contratos de duración determinada, que permiten privar de su empleo a los miembros efectivos o potenciales de los sindicatos independientes, obstaculiza la afiliación sindical. Del mismo modo, la federación sindical oficial se encuentra instrumentalizada para impedir la participación de los sindicatos independientes en el diálogo social y en la negociación colectiva. Por su parte, el Gobierno asegura que las recomendaciones de la Comisión de Encuesta han dejado de ser pertinentes. Cabría solicitar a la Comisión de Encuesta su opinión a este respecto; no obstante, ello refleja ante todo la falta de voluntad del Gobierno con respecto al cumplimiento de las recomendaciones. Ante tal actitud, los miembros trabajadores instan a la OIT a mantener estas recomendaciones integralmente y solicitan al Gobierno que adopte las siguientes medidas para su cumplimiento: la adaptación de la legislación y de la normativa en vigor, en particular en lo relativo al decreto sobre el registro de los sindicatos, al decreto sobre donaciones del exterior, a la Ley sobre Actividades de Masas y a los artículos del Código del Trabajo relacionados con el derecho de los sindicatos a organizar sus actividades libremente; la atribución de responsabilidades reales al Consejo tripartito, que además debería tener competencias para tratar casos de discriminación antisindical y de registro de los sindicatos; y el fomento del diálogo social en el plano nacional y de la negociación colectiva contando con la plena participación de los sindicatos independientes. En este contexto es necesario que el Gobierno presente a la Comisión de Expertos una memoria detallada y exhaustiva sobre la evolución de la situación en su próxima reunión de 2014. Por último, el grado de preocupación expresado anteriormente requiere que este año las conclusiones sobre el presente caso se recojan de nuevo en un párrafo especial del informe de la Comisión.

Los miembros empleadores agradecieron al Gobierno sus observaciones. Tomaron nota de los diferentes puntos de vista y reafirmaron la gravedad del caso en lo que se refiere a la aplicación del Convenio en Belarús. En 2013 los miembros empleadores se sentían optimistas acerca de los progresos que se habían producido desde 2007, y por el deseo manifestado por el Gobierno de avanzar en las recomendaciones formuladas por la Comisión de Encuesta en 2004. Los miembros empleadores desean mantenerse optimistas luego de la aceptación por parte del Gobierno de la misión de contactos directos que tuvo lugar en 2014. Señalaron los progresos relacionados con las recomendaciones de la Comisión de Encuesta, aunque han sido muy lentos a pesar de las conclusiones formuladas en 2013 por la Comisión pidiendo progresos en la legislación y en la práctica. Solicitaron al Gobierno que aproveche las oportunidades después de la misión de contactos directos y que acelere sus esfuerzos para lograr un pleno cumplimiento con las disposiciones del Convenio. Recordaron el papel esencial desempeñado por el diálogo social, que debería continuar en el marco del Consejo tripartito basado en la legislación actualizada. Debe complementarse la plena conformidad legislativa con el Convenio mediante la intensificación de los contactos tripartitos y la plena participación de los interlocutores sociales, así como la asistencia técnica de la OIT. Los miembros empleadores esperan que el Gobierno realice esfuerzos para resolver las cuestiones planteadas por la Comisión de Encuesta, pero manifiestan que no se oponen a la propuesta de los miembros trabajadores de insertar las conclusiones en un párrafo especial del informe de la Comisión.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de las informaciones escritas y orales proporcionadas por el representante gubernamental y de la discusión que siguió.

La Comisión tomó nota de los comentarios de la Comisión de Expertos y del informe transmitido al Consejo de Administración en marzo de 2014, de la misión de contactos directos que visitó el país en enero de 2014, con objeto de obtener un panorama completo de la situación de los derechos sindicales en el país y asistir al Gobierno para la aplicación rápida y efectiva de todas las recomendaciones pendientes de la Comisión de Encuesta.

La Comisión señaló, a la luz de las conclusiones y propuestas concretas formuladas por la misión de contactos directos, que el Gobierno había aceptado la asistencia técnica de la OIT para llevar a cabo una serie de actividades tendientes a mejorar el diálogo social y la cooperación entre los mandantes tripartitos en todos los niveles, así como potenciar el conocimiento y una mayor conciencia de los derechos relativos a la libertad de asociación. La Comisión tomó nota de la declaración del Gobierno de que dichas actividades contribuirían a la aplicación efectiva de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta. El Gobierno consideró, en particular, que un seminario dirigido al Consejo para la Mejora de la Legislación en las Esferas Laborales y Sociales, que es un órgano tripartito, mejoraría su efectividad, ayudando así a dar curso a las recomendaciones núms. 5 y 7; una formación para jueces, fiscales y abogados ayudaría a aplicar las recomendaciones núms. 4 y 8; y una actividad sobre negociación colectiva permitiría la elaboración de una serie de directrices en materia de negociación colectiva para garantizar que el pluralismo sindical se respete en la práctica, dando curso así a las recomendaciones núms. 6 y 12.

Al tiempo que tomó nota del compromiso expresado por el Gobierno en favor del diálogo social y de la cooperación con la OIT, la Comisión expresó la esperanza de que estas actividades den lugar a resultados concretos. La Comisión espera, en particular, que el Consejo tripartito evolucionará para pasar a ser un foro en el que puedan encontrarse soluciones a nivel nacional, incluso en lo que respecta a los casos de discriminación sindical y a las cuestiones relativas al registro de organizaciones sindicales. La Comisión expresó la firme esperanza que se realicen enmiendas al decreto presidencial núm. 2, relativo al registro de las organizaciones sindicales, al decreto núm. 24 relativo al uso de ayuda extranjera gratuita, a la Ley sobre Actividades de Masas y al Código del Trabajo, y que dichas enmiendas se realicen en el sentido de las disposiciones del Convenio. La Comisión invitó al Gobierno a que prosiga su compromiso con la OIT, a efectos de intensificar su cooperación con todos los interlocutores sociales del país y hacer mayores esfuerzos para lograr una aplicación rápida y efectiva de las recomendaciones pendientes de la Comisión de Encuesta.

La Comisión invitó al Gobierno a que comunique para la reunión de la Comisión de Expertos de este año informaciones detalladas sobre los resultados de las actividades mencionadas y sobre cualquier otra medida adoptada para aplicar las recomendaciones pendientes formuladas por los órganos de control de la OIT y confía en que en su próxima reunión esté en condiciones de tomar nota de progresos significativos en relación con todas las cuestiones pendientes.

La Comisión decidió incluir sus conclusiones en un párrafo especial de su informe.