Observation (CEACR) - adopted 2015, published 105th ILC session (2016)

Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - Guinea (Ratification: 1978)

Artículo 1 del Convenio. Elaboración y aplicación de las políticas de educación y de formación. En su memoria, el Gobierno se refiere a las estrategias aplicadas para reforzar la relación entre la formación y el empleo con miras a reducir la pobreza. Además, el Gobierno indica que se han creado centros de formación posterior a la primaria (CFPP) a fin de ofrecer formación profesional a los jóvenes que no hayan superado los niveles educativos primario y secundario (escuela secundaria elemental). Asimismo, el Gobierno se refiere a las iniciativas llevadas a cabo por el Ministerio de la Juventud y el Empleo de los Jóvenes, como, por ejemplo, la creación de centros de escucha, asesoramiento y orientación de los jóvenes, y la implementación del programa «Vivir para aprender». La Comisión se refiere a sus comentarios en relación con el Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122), y pide al Gobierno que transmita información detallada sobre la forma en la que garantiza una coordinación eficaz entre las políticas y los programas de orientación y formación profesionales y las políticas y programas de empleo. Asimismo, pide al Gobierno que transmita información sobre medidas para asegurar la coordinación de los diferentes organismos competentes con miras a desarrollar políticas y programas completos y concertados de orientación y formación profesionales. Además, la Comisión solicita al Gobierno que transmita información sobre los niveles de instrucción, las calificaciones y las actividades de formación que permiten apreciar la aplicación de todas las disposiciones del Convenio en la práctica.

Artículo 5. Cooperación con los interlocutores sociales. La Comisión señala de nuevo a la atención del Gobierno la importancia del diálogo social para elaborar, aplicar y reexaminar una política nacional de desarrollo de los recursos humanos, y de la educación y la formación. La Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada sobre la participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas y programas de orientación y formación profesionales.