Individual Case (CAS) - Discussion: 2016, Publication: 105th ILC session (2016)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Guatemala (Ratification: 1952)



El Gobierno ha comunicado por escrito las siguientes informaciones:

Avances relativos al cumplimiento de la Hoja de ruta, derivada de la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT por incumplimiento del Convenio núm. 87. Investigaciones de homicidios y sentencias emitidas a la fecha. El Gobierno de Guatemala manifiesta su preocupación por estos hechos y continúa, a través del Ministerio Público, Unidad Fiscal Especial de Delitos contra Sindicalistas, investigando hasta lograr la condena de los autores de los hechos delictivos. En el mes de marzo de 2016 se informó a la 326.ª  reunión del Consejo de Administración sobre 14 sentencias. No obstante, sí se han registrado avances en las investigaciones. La unidad especializada del Ministerio Público, avanzó en las diligencias realizadas en el caso del Sr. Bruno Ernesto Figueroa, afiliado a la subfilial del Sistema de Integración de Atención en Salud del SNTSG (caso núm. 2609 ante el Comité de Libertad Sindical) siendo éstas las siguientes: a) el día 14 de abril de 2016, se presentó formal acusación y solicitud de apertura a juicio en contra de cuatro personas por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita; b) el 16 de mayo de 2016, en el Juzgado Décimo de Primera Instancia Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, se admitió la acusación y se abrió a juicio penal, y c) para el 29 de agosto del 2016, se tiene programada la audiencia de inicio del juicio oral y público en contra de una persona más, acusada por los delitos de encubrimiento y asociación ilícita dentro del mismo caso.

Avances del convenio de colaboración entre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra Sindicalistas, del Ministerio Público. Derivado del Convenio de colaboración, entre ambas entidades, se han reunido en cuatro oportunidades para dar seguimiento a las investigaciones y esclarecer los hechos delictivos. En las reuniones se hicieron observaciones y recomendaciones y se aplicaron en varios casos, obteniendo sentencia condenatoria de cinco años para el Sr. Gerardo Aníbal López (condenado) en el caso del Sr. Marlon Dagoberto Vásquez (agraviado) y extinción de la persecución penal en el caso del Sr. Jorge Ricardo Barrera Barco (agraviado) por la muerte del sindicado Sr. Rómulo Emanuel Mejía Peña. Recientemente, el Ministerio de Trabajo sostuvo reuniones con las autoridades del Ministerio Público y la CICIG para dar seguimiento a las investigaciones del Ministerio Público y se solicitó la cooperación de dicha Comisión para agilizar y priorizar la investigación de dichos procesos; el Comisionado y la Fiscal General manifestaron su total apoyo para continuar el esclarecimiento de los casos.

Cumplimiento de la instrucción 1-2015 del Ministerio Público para mejorar la eficacia de las investigaciones sobre los asesinatos de dirigentes sindicales y sindicalistas. Caso del Sr. Mynor Rolando Castillo Ramos. A partir de la vigencia de la instrucción 1-2015, la Unidad Fiscal Especial de Delitos contra Sindicalistas ha cumplido con los procedimientos de investigaciones señalados en dicha instrucción, prueba de ello, es la investigación que se realizó en el caso de la muerte del Sr. Mynor Rolando Castillo Ramos, afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Jalapa, hecho ocurrido, en 2015 en la que se practicaron ágilmente las diligencias de investigación que han permitido que el Ministerio Público presente acusación formal y apertura a juicio en contra del autor material del hecho delictivo. El 18 de mayo de 2016, el Juzgado de Primera Instancia Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Jalapa, admitió acusación y abrió a juicio penal contra una persona, por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa, quien previamente estuvo bajo análisis psiquiátrico.

Estudios de riesgo a dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados y asignación de medidas de protección. Primer Trimestre 2016. El Ministerio de Gobernación informó que en el primer trimestre de 2016, recibió 14 denuncias/solicitudes de medidas de seguridad, a la cuales, el departamento de análisis de riesgo de la división de protección de personas y seguridad de la policía nacional civil, analizó el riesgo según la normativa, determinando un nivel de riesgo bajo, por lo cual no fueron otorgadas las medidas.

Solicitudes de aplicación del mecanismo de seguridad preventiva según el protocolo de implementación de medidas de seguridad inmediatas y preventivas en favor de las y los defensores de derechos humanos solicitadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público, por medio de la unidad especializada ha solicitado al Ministerio de Gobernación, durante el primer trimestre de 2016, siete medidas de seguridad preventivas de carácter personal, a favor de dirigentes sindicales y sindicalistas. Adicionalmente fueron solicitadas a la policía nacional civil, ocho medidas de seguridad perimetral.

Teléfono gratuito 1543 para denuncias de violencia o amenazas contra defensores de derechos humanos. El número de emergencias, brinda atención las 24 horas del día, con personal especializado, para coordinar apoyo inmediato a través de la policía nacional civil y la activación del protocolo de implementación de medidas de seguridad inmediata y preventiva a favor de la víctima, mientras se realiza el estudio de análisis de riesgo. Como resultado de llamadas al 1543 en el primer trimestre del año 2016 se presentaron dos denuncias ante el Ministerio Público, las cuales se encuentran en fase de investigación por la Unidad Fiscal de Delitos contra Sindicalistas y la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas.

Capacitación sobre libertad sindical con encargados de atender el teléfono gratuito 1543. El 29 de marzo de 2016, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con asistencia técnica de la OIT, llevó a cabo una capacitación referente al derecho de la libertad sindical, derecho de sindicación y negociación colectiva, dirigida a los agentes de la línea 1543 del Ministerio de Gobernación, así como a los asesores del Call Center del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y agentes de la policía nacional civil; se contó con un total de 50 personas, con el objeto de brindarles herramientas para aplicar los mecanismos necesarios para que se garantice la seguridad de las personas asociadas a los sindicatos en Guatemala.

Avances en el Protocolo de implementación de medidas de seguridad, inmediatas y preventivas a favor de trabajadores y trabajadoras sindicalizados, dirigentes, directivos, militantes, lideresas y líderes sindicales, personas relacionadas con la defensa de derechos laborales, así como espacios físicos para realizar sus actividades. Los días 23 de febrero, 16 de marzo y 17 de mayo, se han realizado reuniones de la mesa técnica sindical, incluyendo a las instituciones involucradas y al sector sindical, para revisar el protocolo para protección de sindicalistas; con fecha 23 de febrero se acordó esperar observaciones del sector sindical para continuar con la redacción del mismo, las cuales fueron enviadas el día 1.º de marzo. En el caso de la reunión del 17 de mayo de 2016, se realizó sesión de la mesa técnica sindical, con el objeto de presentar, revisar y discutir la propuesta de protocolo del Ministerio de Gobernación. Habiéndose acordado en la misma, que las centrales sindicales presentarán sus comentarios y observaciones el 24 de mayo del presente, con el fin de alcanzar un acuerdo y firmar el protocolo. Sin embargo, con fecha 23 de mayo el Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y Sindicatos Globales Guatemala enviaron nota indicando que el protocolo fue impuesto y que no se han tomado en consideración las peticiones sindicales, y que en cuanto sean incluidas en el instrumento estarán en condiciones de estudiarlo y realizar su posible validación. Por lo anteriormente mencionado, el Gobierno abre nuevamente el espacio para que el sector sindical emita sus comentarios y pronunciamientos y que dicho protocolo pueda ser consensuado y aprobado; manteniendo el diálogo y los procesos, con la importancia de aclarar que no se ha impuesto un protocolo sin validación de dicho sector, siempre considerando las posibilidades de sostenibilidad y funcionamiento del mismo desde el Ministerio de Gobernación.

Creación de una partida presupuestaria que garantice los gastos de agentes de la policía nacional civil (PNC) asignados a protección de personas. Es importante resaltar que ninguna persona a la cual le fue asignado un esquema de seguridad tiene la obligación de cubrir gastos de alimentación, hospedaje u otro tipo de gasto económico a los agentes asignados. Por el momento se analiza el mecanismo a utilizar para mejorar las condiciones económicas de las personas asignadas a la división de protección de personas, debido a que el presupuesto de la policía nacional civil y Ministerio de Gobernación es insuficiente para cubrir ese gasto. Se analiza brindar un bono de especialidad al personal.

Reformas legislativas. Ha sido contratado el consultor para redactar el anteproyecto de reformas al Código del Trabajo en materia de libertad sindical y negociación colectiva, para su adecuación al Convenio núm. 87 de la OIT; se tiene previsto presentar el proyecto de reformas al Congreso de la República previa consulta con los sectores trabajador y empleador, a finales de septiembre del presente año. Se han realizado acercamientos con la Comisión de Trabajo del Congreso de la República para la adecuación legislativa con las normas internacionales del trabajo, iniciando con la sensibilización sobre la importancia de las reformas del Código del Trabajo, habiendo generado comunicación y análisis conjunto entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y dicha comisión. Al respecto, también se ha redactado un anteproyecto de iniciativa de ley para reformar el Código del Trabajo relativa a la aplicación de sanciones administrativas por infracciones a normas laborales a cargo de la Inspección General de Trabajo, el cual será sometido consulta tripartita a la brevedad posible, antes de su sometimiento al Congreso de la República.

En relación al registro sindical. El Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, recibe las solicitudes para inscripción de sindicatos y reconocimiento de personalidad jurídica; al respecto se ha dado un aumento significativo en la inscripción de organizaciones sindicales, el último trimestre de 2015 se inscribieron 52 organizaciones y para el primer trimestre de 2016 se han inscrito 61 organizaciones.

Tratamiento y resolución de conflictos por la Comisión de Resolución de Conflictos en materia de la libertad sindical y negociación colectiva. La Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT en materia de libertad sindical y negociación colectiva, funciona desde el 2014, tiene dieciocho casos en tratamiento, nueve con queja ante el Comité de Libertad Sindical y nueve de quejas planteadas a la comisión, que han sido analizados y estudiados por el Mediador y la Secretaria Técnica para identificar aquellos con posibilidades de resolución a través de la Comisión. Se informará de los resultados obtenidos.

Campaña de sensibilización sobre la libertad sindical y la negociación colectiva. Se inició la divulgación, promoción y difusión de la campaña de sensibilización, traducidos en idiomas mayas, kaqchikel y kiche, con transmisión en radios comunitarias a nivel nacional, alcanzando una audiencia de más de 8 millones de personas, así como otras acciones en materia de promoción de los derechos de libertad sindical y negociación colectiva. Esta campaña se enfoca en los sectores que cuentan con un reducido número de sindicatos, tales como el sector de maquila. Actualmente se está divulgando en la página web y redes sociales de 14 instituciones gubernamentales, siendo éstas las siguientes: 1) Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia; 2) Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional; 3) Secretaría de la Paz; 4) Aeronáutica Civil; 5) Ministerio de Cultura y Deportes; 6) Ministerio de Economía; 7) Ministerio de Agricultura y Ganadería; 8) Ministerio de Desarrollo Social; 9) Ministerio de Comunicaciones; 10) Ministerio de Finanzas; 11) Ministerio de Gobernación; 12) Ministerio de Relaciones Exteriores; 13) TGW Radio; y 14) Canal de Gobierno. Finalmente es importante mencionar que, aunado a estos esfuerzos, desde el Gobierno central se gestionó ante el Congreso de la República una modificación a la ley que aprueba el presupuesto anual, fortaleciendo y aumentando el financiamiento del Organismo Judicial, a efectos de atender las demandas y avances en la resolución de casos pendientes, reducir la impunidad y eficientar el acceso a la justicia en Guatemala. Este esfuerzo forma parte de un proceso de cambios estructurales que el país ha determinado en el inmediato, mediano y largo plazo; en ese sentido en mayo del año en curso, se lanza el Diálogo nacional: hacia la reforma de la justicia en Guatemala; liderado por los presidentes de los tres altos organismos, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la impunidad en el país.

Además, ante la Comisión, una representante gubernamental manifestó el compromiso de su país en el cumplimiento de las obligaciones previstas en los convenios ratificados. Ello se manifestó ya en la carta dirigida al Director General de la OIT en marzo de 2016 por el Presidente de Guatemala en la que también señaló su compromiso en el cumplimiento del Memorándum de Entendimiento y la Hoja de ruta para resolver las cuestiones relacionadas con el Convenio núm. 87 contenidas en la queja presentada en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT. En su 326.ª reunión, el Consejo de Administración valoró esta comunicación así como el informe presentado por el Gobierno compartiendo los avances que se registraron en las primeras semanas de gobierno. Se refirió a las acciones realizadas desde marzo hasta junio de 2016, las cuales continuarán siendo implementadas con miras al informe que nuevamente se presentará al Consejo de Administración en noviembre de 2016. Consciente del rol de los tres poderes del Estado, manifestó que estaba acompañada por una delegación del Congreso de la República, encabezada por el presidente de la Comisión de Trabajo, y con quienes se ha iniciado un proceso intenso de coordinación y cooperación para promover la adecuación de la legislación con las normas internacionales del trabajo, proceso que contará con la participación de trabajadores y empleadores. Las estrategias fijadas por el nuevo Gobierno para el período 2016-2020 son las siguientes: 1) combatir la corrupción, y modernizar el Estado, fortaleciendo la inspección del trabajo, haciéndola más transparente y eficaz; 2) garantizar la seguridad alimentaria, la salud integral y la educación, en particular mediante el fortalecimiento del sistema de salud y seguridad ocupacional, con acciones y estrategias de carácter preventivas y de protección al trabajador. Se prevé asimismo combatir y erradicar el trabajo infantil, mediante el mecanismo de gestión, de la «Hoja de ruta para hacer de Guatemala un país libre de trabajo infantil»; 3) fomento del Trabajo Decente, partiendo de la actualización y definición de la Política Nacional de Empleo, como el marco general para el desarrollo de acciones, planes y programas encaminados a reducir el déficit de trabajo decente en el país, disminuyendo la informalidad y aumentando la competitividad y el desarrollo económico en general; 4) combatir la pobreza y la pobreza extrema, y 5) seguridad nacional con la creación de mecanismos que generen oportunidades de trabajo decente en el país para prevenir el delito y evitar la migración. Estas estrategias se basan en principios fundamentales, tales como el diálogo, el consenso y la inclusión de los interlocutores, la legalidad e integralidad y visión holística de la política pública, dando prioridad a la población más vulnerable, entre los que se cuentan las mujeres, los pueblos indígenas, los migrantes, la niñez, la adolescencia y la juventud. En relación en particular con la aplicación del Convenio, la oradora manifestó que en tanto Ministra se ha reunido en las oficinas de las centrales sindicales y el Presidente ha recibido a líderes sindicales en varias ocasiones. Esto demuestra el compromiso del Gobierno en generar confianza, promover el diálogo y buscar una agenda en común. Asimismo, se ha procedido al registro de 61 sindicatos en los primeros meses del año. El Gobierno reconoce los retos presentados por la situación de violencia histórica existente en el país que afecta también la vida de los sindicalistas cuyo tratamiento requiere cambios profundos y estructurales. Con ese fin, se ha lanzado el Diálogo nacional: hacia la reforma de la justicia en Guatemala, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la impunidad en el país.

El Comisionado de la CICIG y la Fiscal General manifestaron su total apoyo para lograr la condena de los autores de los hechos delictivos, registrando hasta la fecha 14 sentencias. También ha habido avances en algunas investigaciones pendientes que son objeto de examen por parte del Comité de Libertad Sindical. Asimismo se refirió a avances en el tratamiento de casos por parte de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT en materia de libertad sindical y negociación colectiva. Por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Masagua, Escuintla, se ha podido elaborar las bases de un convenio de pago por 7 millones de quetzales a 41 trabajadores por salarios incumplidos que pondrá fin al conflicto de cuatro años. Todos estos logros demuestran el compromiso presidencial y del Gobierno, si bien con limitaciones teniendo en cuenta el contexto general del país. La Ministra valoró la aceptación de la invitación por parte de la Directora del Departamento de Normas Internacionales de Trabajo a visitar el país en julio de 2016. Concluyó reiterando la preocupación de su Gobierno por la utilización simultánea de mecanismos de control para tratar las mismas alegaciones relativas a un país, en contra del cual existe una queja ante el Consejo de Administración. Consideró que se trata de una duplicación de los mecanismos y por ende debilita el funcionamiento y la credibilidad de los órganos de control de la OIT.

Los miembros trabajadores destacaron que el caso de Guatemala ha sido objeto de 22 discusiones de la Comisión de Aplicación de Normas en los últimos 25 años, en la medida en que se ha negado sistemáticamente a efectuar un seguimiento sobre las graves observaciones y conclusiones formuladas por los órganos de control de la OIT. Además, sigue habiendo asesinatos de sindicalistas con una impunidad casi total. En septiembre de 2015, el Sr. Mynor Rolando, un militante del sindicato de empleados municipales de Jalapa injustamente despedido y que había obtenido una orden de reintegración del Tribunal del Trabajo, fue asesinado de un disparo, así como otros nueve militantes antes que él, cuando esperaba que el alcalde de la ciudad cumpliera la resolución judicial y abonara los salarios atrasados a los empleados despedidos de forma ilegal. En lugar de ello, pasó a estar en el punto de mira y fue acosado debido a sus actividades sindicales y a la denuncia que presentó en 2013 ante el Comité de Libertad Sindical, el cual había exhortado al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los sindicalistas amenazados. El Gobierno no ha informado sobre las medidas adoptadas cuando la cuestión de la violencia y la impunidad a la que se enfrentan los sindicalistas en el país es muy bien conocida por los órganos de control de la OIT. En su informe, la Comisión de Expertos señala la «grave» ausencia de progresos en estas cuestiones, un término apropiado para calificar el hecho de que casi todos los autores e instigadores de los 74 asesinatos de dirigentes sindicales y sindicalistas gozan de su libertad con total impunidad. Y más preocupante aún es, por una parte, el hecho de que la Fiscalía ha cuestionado la motivación antisindical de estos asesinatos, al tiempo que reconoció que no se habían seguido los procedimientos de investigación apropiados, y, por otra, el fracaso del Gobierno a la hora de proteger a los sindicalistas acosados y amenazados. En efecto los dirigentes sindicales que gozan de protección tienen que pagar los gastos de comida y alojamiento de su guardaespaldas y a veces renuncian a esta protección debido a su costo. A pesar de que se ha habilitado una línea telefónica para denunciar estos actos de violencia, queda claro que no se han evaluado bien todos los riesgos, y que muchas amenazas contra dirigentes sindicales y sindicalistas no han dado lugar a ningún procedimiento por parte de la Fiscalía. Además, el Gobierno ha ignorado las repetidas solicitudes para obtener que los sindicatos participen en la elaboración del protocolo de aplicación de las medidas de seguridad. Por el contrario, los representantes de los trabajadores sólo se han encontrado con hechos consumados, puesto que se les ha convocado con plazos muy cortos para que firmen proyectos sobre los que nunca han sido consultados.

Tampoco ha habido ningún progreso en el desarrollo de muchos otros elementos clave de la Hoja de ruta acordada con la OIT. Hace veinticinco años que se insta a Guatemala a modificar ciertas disposiciones del Código del Trabajo por ser contrarias al derecho fundamental a la libertad sindical, pero el Gobierno actual parece haber elegido el mismo camino que sus predecesores puesto que no ha modificado las siguientes disposiciones del Código del Trabajo: el artículo 215, c) que exige la necesidad de contar con la mayoría absoluta de los trabajadores de la actividad de que se trate para constituir sindicatos de industria; los artículos 220 y 223 que prevén la necesidad de ser guatemalteco de origen y de ser trabajador de la empresa o actividad económica correspondiente para ser elegido dirigente sindical; el artículo 241 que prevé que para que una huelga sea lícita, debe ser declarada no por la mayoría de los votantes sino por la mayoría de los trabajadores; y al no brindar a las diferentes categorías de trabajadores del sector público las garantías previstas en el Convenio. Las propuestas formuladas por los sindicatos nacionales, aunque conformes a las observaciones de la Comisión de Expertos, también han sido ignoradas y cabría esperar que las organizaciones de empleadores también desempeñen un papel más constructivo a favor del cumplimiento de este objetivo común. Ciertos signos alentadores incitan, sin embargo, al optimismo como el abandono del decreto sobre los salarios mínimos diferenciados que tenía el objetivo de fijar un salario inferior para los trabajadores de las municipalidades más pobres del país. Asimismo, el Ministerio de Trabajo ha comenzado a tratar las solicitudes de registro de sindicatos. Los miembros trabajadores saludaron también el registro de los sindicatos y la campaña de sensibilización sobre la libertad sindical a pesar de que la misma tiene un alcance modesto ya que ningún medio de comunicación de gran alcance ha sido utilizado para llegar al conjunto de la sociedad. Sin embargo, en los hechos, al tiempo que promueve la libertad sindical, el Gobierno estigmatiza el derecho a la negociación colectiva para los sindicatos del sector público y ha publicado una lista de convenios colectivos celebrados con distintas instituciones estatales pretendidamente perjudiciales para el presupuesto del Estado. Resulta inaceptable que se pretenda que los trabajadores y los convenios colectivos carguen con la responsabilidad de varias décadas de mala gestión financiera y de la corrupción. Concluyeron subrayando que a pesar de los importantes esfuerzos alcanzados, la situación sigue siendo extremadamente grave y todos los actores deben redoblar sus esfuerzos para garantizar una implementación de la Hoja de ruta sin demora.

Los miembros empleadores señalaron que se trata del caso que ha sido examinado el mayor número de veces en la historia de la Comisión. Al respecto, manifestaron su preocupación ante el examen simultáneo del caso por distintos órganos de control y cuestionaron el modo de articular estos mecanismos. El Gobierno ha proporcionado información sobre las medidas tomadas en seguimiento de la Hoja de ruta establecida con los interlocutores sociales. Se observa una mayor fluidez en el diálogo social, así como avances desde el examen que realizó la Comisión de Expertos. Debe destacarse el diálogo entre el Presidente y la Ministra del Trabajo con los trabajadores, así como el diálogo de la CICIG con la Fiscal General y el Ministerio Público para aclarar los hechos de violencia. Sin embargo, es de lamentar que no se hayan esclarecido más casos todavía. Deben tomarse medidas al respecto, así como para garantizar una mayor protección de los sindicalistas amenazados. No es posible que los mismos deban solventar su propia protección. En efecto, deben asignarse recursos para ello. En lo que respecta a las cuestiones legislativas, en particular el requisito de ser guatemalteco para ser dirigente sindical, debe existir un equilibrio entre los derechos sindicales y la soberanía del Estado. Destacaron por otra parte el aumento del registro de sindicatos. Asimismo, la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales parece avanzar en sus trabajos y los empleadores y los trabajadores han presentado sendos proyectos de reforma del Código del Trabajo al Congreso. La Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT constituye un excelente mecanismo, pero deben obtenerse mejores resultados. En este sentido, debería darse prioridad al diálogo al interior del país. Los miembros empleadores rechazaron que se examine la aplicación del Convenio desde un punto de vista sectorial, en particular en las maquilas, ya que esto no está previsto en el Convenio. Por otra parte, pusieron de relieve el proyecto de cooperación firmado con la Unión Europea, pero señalaron que el Gobierno debe informar si dicho proyecto financiará la permanencia del representante del Director General de la OIT en el país.

El miembro trabajador de Guatemala destacó que, a pesar de los esfuerzos de la OIT, las autoridades no atienden los compromisos asumidos y persiste la violación sistemática del Convenio. Los sindicalistas siguen siendo objeto de coacción, amenazas, persecución, intimidación, discriminación y despidos masivos injustificados. La situación es una de las más graves del mundo, como refleja el «Informe Global de Derechos Sindicales 2016» de la Confederación Sindical Internacional (CSI), y las organizaciones sindicales han denunciado el asesinato de 74 dirigentes sindicales, 18 de los cuales desde enero de 2013. El recurso al despido antisindical también es una práctica habitual. El Estado no realiza las investigaciones, no aclara los hechos, no condena a los culpables y ni siquiera obliga a las empresas a reintegrar a los sindicalistas cuando hay sentencias firmes que así lo requieren. La gravedad de la situación ha sido reiterada por los órganos de control de la OIT y, en el marco del acuerdo de libre comercio CAFTA-DR, el Gobierno de los Estados Unidos solicitó la conformación de un panel arbitral por reiteradas violaciones a los derechos laborales, destacando la situación de la libertad sindical y la negociación colectiva. Las mesas técnicas y la comisión de tratamiento de conflictos ante la OIT no han dado los resultados esperados. Aunque, como aspecto importante, se cuenta con la Oficina del Representante del Director General de la OIT en Guatemala, no se demuestran avances en los compromisos del Estado en el marco de la Hoja de ruta. Mientras que la campaña de sensibilización se ha puesto en marcha mínimamente, existe al mismo tiempo una campaña abierta en contra de la negociación colectiva por parte del Gobierno y la Procuradora General de la Nación, siendo cuestionados numerosos pactos colectivos y demandados trabajadores que hacen las negociaciones. Las medidas tomadas y omitidas por parte del Gobierno demuestran su falta de interés por dar solución a la grave situación. El Gobierno tiene la oportunidad histórica de implementar de forma real la Hoja de ruta y los sindicatos, al tiempo que ofrecieron su apoyo para concretar sus compromisos, indicaron que si esta situación de falta de cumplimiento persiste insistirán en la necesidad de designar una comisión de encuesta.

El miembro empleador de Guatemala llamó la atención de la Comisión sobre la utilización simultánea de mecanismos de control. En efecto, los hechos a que se refiere el presente caso forman parte de una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT que está siendo examinada por el Consejo de Administración. Por otra parte, destacó los avances que se han venido dando en el país en relación con las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos desde hace varios años. En relación con los asesinatos de dirigentes sindicales y sindicalistas que se han sucedido desde hace varios años, reiteró su indignación por tales hechos y exigió la aclaración de los mismos y el castigo de los culpables. Al mismo tiempo, expresó su satisfacción por el fortalecimiento institucional, tanto del Ministerio Público — órgano encargado de la persecución penal — con el apoyo de la CICIG, así como del Poder Judicial. Ya hay sentencias recientes en algunos de los casos denunciados, si bien son escasas aún. Las líneas de investigación no deben limitarse a causas antisindicales ya que Guatemala es un país con altos índices de violencia. Negó, sin embargo, que exista un clima de violencia antisindical. Asimismo, lamentó que los trabajadores se hayan negado a la incorporación de los empleadores en la mesa de coordinación interinstitucional que trata esta temática, lo cual daría acceso a la información y permitiría contribuir en la búsqueda de soluciones a tan compleja temática. Manifestó su apoyo a todo esfuerzo por fortalecer la institucionalidad del país con miras a resolver los casos con la colaboración entre el Ministerio Público y la CICIG, así como a la creación de tribunales especiales para tratar en forma expedita los delitos cometidos en contra de sindicalistas y a la adopción de las medidas de protección necesarias a favor de sindicalistas y dirigentes sindicales que se sientan amenazados por el ejercicio de su función. En cuanto a la falta de conformidad de algunas disposiciones del Código del Trabajo y de la Constitución Política con el Convenio, informó que el proceso de consultas para la reforma sugerida se inició a finales de 2015 con los comentarios que los empleadores presentaron a los trabajadores, los cuales a su vez presentaron un proyecto muy completo que recoge su propuesta. Se espera que el Gobierno, con el apoyo de un experto independiente auspiciado por la OIT, logre en breve someter a la Comisión Tripartita un documento final que pueda, luego de la deliberación correspondiente, llegar al Congreso. Por otro lado, destacó la campaña de sensibilización en materia de libertad sindical acordada en forma tripartita así como el trabajo de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT. Los empleadores participan de dicha comisión que consideran el mejor método para resolver las diferencias. Sería deseable contar con el mismo compromiso y participación de los trabajadores en este y otros foros bipartitos y tripartitos. Concluyó dejando constancia del reconocimiento de los empleadores de Guatemala a la labor de la Oficina en el país, particularmente la del representante del Director General.

El miembro gubernamental de los Países Bajos, hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, así como de la ex República Yugoslava de Macedonia, la República de Moldova, y Noruega, reafirmó el compromiso de los mencionados Estados en la promoción de la ratificación universal y la aplicación efectiva de los convenios fundamentales de la OIT. Estos Estados asignan una gran importancia a todos los derechos humanos, incluida la libertad sindical, y reconocen el relevante papel que desempeña la OIT en el desarrollo, la promoción y el control de las normas internacionales del trabajo. La UE y sus Estados miembros siguieron de cerca las discusiones y expresaron sus opiniones sobre el caso de Guatemala en el Consejo de Administración respecto de la aplicación de la Hoja de ruta de 2013 y de sus indicadores. Acogió con satisfacción el firme compromiso del nuevo Gobierno de Guatemala en la adopción de las medidas necesarias para que se permita la plena aplicación del Convenio y las medidas positivas recientemente adoptadas en este sentido. También acogió con satisfacción la creciente cooperación con la OIT, invitó al Gobierno a redoblar sus esfuerzos, con la asistencia de la OIT y en consulta con los interlocutores sociales, en las siguientes áreas prioritarias. En primer lugar, existe una necesidad de protección y de que se combata la impunidad y la violencia contra los representantes sindicales. A pesar de algunas medidas adoptadas por el Gobierno en este terreno, persiste la impunidad. En consecuencia, es determinante garantizar un adecuado seguimiento de los casos de asesinatos de dirigentes y afiliados sindicales, así como las condenas y los juicios oportunos de los autores. También es determinante y urgente garantizar una mayor protección de los representantes sindicales en situación de riesgo. En segundo término, deberían acometerse reformas legislativas, a efectos de armonizar la legislación con el Convenio, con la asistencia de la OIT. Por último, al tiempo que expresó su satisfacción ante el significativo incremento del número de sindicatos registrados en el segundo trimestre de 2015, instó al Gobierno a que siga adoptando nuevas medidas para permitir el registro sin trabas de las organizaciones sindicales. La UE y sus Estados miembros expresaron su disposición a continuar con el apoyo a Guatemala en sus esfuerzos por dar cumplimiento al Convenio.

El miembro gubernamental de México hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC) reconoció la voluntad política del nuevo Gobierno manifestada en los primeros meses de gobierno. Asimismo, ha dado señales de compromiso para garantizar los derechos laborales incluyendo el de sindicalización y para impulsar la generación de trabajo decente en el país, en coordinación con la OIT. Dicho compromiso quedó manifestado en la carta de fecha 9 de marzo de 2016, que dirigió el Presidente al Director General de la OIT, la cual fue puesta a consideración del Consejo de Administración en marzo de 2016. Alentó al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para esclarecer los hechos ocurridos en contra de dirigentes sindicales y para brindar las garantías necesarias que aseguran la libertad sindical. Asimismo, tomó nota de las acciones que ha realizado el nuevo Gobierno para avanzar en la implementación de la Hoja de ruta y del cronograma, presentadas durante la 326.ª reunión del Consejo de Administración en marzo de 2016. En dicha ocasión el Consejo de Administración instó nuevamente al Gobierno a que tome de manera inmediata todas las medidas necesarias para dar plena aplicación a los indicadores claves y a la Hoja de ruta, con inclusión de los puntos prioritarios que aún requieren acciones adicionales y urgentes; aplazó hasta su 328.ª reunión de noviembre de 2016 la decisión de considerar el nombramiento de una comisión de encuesta; y por último, invitó a la comunidad internacional a facilitar los recursos necesarios para que la Oficina del Representante del Director General de la OIT en Guatemala fortaleciera su apoyo a los mandantes tripartitos en la aplicación del Memorándum de Entendimiento y de la Hoja de ruta. Llamó a todos los sectores a continuar trabajando de forma conjunta en la implementación de las medidas adoptadas y otras futuras que se acuerden tripartitamente, con vistas a lograr soluciones duraderas y la plena aplicación del Convenio en el país. El respeto de los derechos fundamentales en el trabajo, en especial la libertad sindical y la negociación colectiva, es un componente esencial para la realización del trabajo decente; por ello apoyó la labor y asistencia técnica del Representante del Director General de la OIT en Guatemala dirigida a ese fin y solicitó que la misma siga siendo brindada para la plena implementación de la Hoja de ruta en Guatemala. Concluyó reiterando su preocupación por la utilización simultánea de mecanismos de control para tratar las mismas alegaciones relativas a un país que ya están siendo consideradas por el Consejo de Administración. Esta duplicación de mecanismos podría debilitar el funcionamiento de los órganos de control de la OIT.

El miembro gubernamental de Panamá manifestó su reconocimiento a los esfuerzos realizados por el Gobierno en relación con el tratamiento de los casos penales y el apoyo brindado a la «Comisión de Tratamientos de Conflictos ante la OIT» así como el compromiso de avanzar en la implementación de la Hoja de ruta y del cronograma, tal como se informara en la 326.ª reunión del Consejo de Administración de marzo 2016. Asimismo, destacó la valiosa asistencia técnica que brinda la OIT en relación con las reformas legislativas recomendadas. Por otra parte, manifestó su preocupación por la duplicación en el examen de la situación por diversos órganos de control. Además, el Gobierno de Panamá, en su condición de Presidente Protempore del Consejo de Ministros de Centroamérica y República Dominicana, reiteró su preocupación, por la inclusión de Guatemala, y de dos países más de la región, es decir Honduras y El Salvador, en la lista de casos individuales a ser examinados por la presente Comisión. No existen criterios objetivos y transparentes de selección. Pareciera que la Comisión no valora todo el apoyo que brinda la OIT a los países de la región.

Un observador representante de la Internacional de los Servicios Públicos se refirió a las amenazas de muerte que sufren muchos dirigentes sindicales y a las medidas de protección de las que son beneficiarios. Esta protección es el resultado del accionar de los sindicalistas y de la solidaridad internacional. Sin embargo, esa protección es al mismo tiempo una carga económica ya que los sindicalistas deben costear la alimentación y el transporte de las personas encargadas de brindar la protección. Ello obliga en algunos casos a los sindicalistas a renunciar a la protección. Esto demuestra la existencia de un problema estructural que impide el ejercicio de la libertad sindical. En cuanto al sector público, la gravedad de la situación planteada por la Comisión de Expertos persiste. En particular, no hay avances en las investigaciones por amenazas de muerte; y se ha instaurado una campaña deliberada para abolir la negociación colectiva en el sector público. Por ejemplo, se están renegociando 19 convenios colectivos. En otros casos se alega la inconstitucionalidad de algunos convenios colectivos. Además se utilizan los medios de comunicación en contra de la libertad sindical. Se ataca a los sindicatos que cuentan con convenios colectivos firmados. Se siguen produciendo despidos antisindicales, y denegando el registro de sindicatos y se ha detenido a un dirigente sindical. Por otra parte, señaló desconocer la iniciativa para reformar el Código del Trabajo en materia de libertad sindical. Desde hace años se propone la constitución de una mesa de diálogo bipartita para el sector público, para resolver éstos y otros problemas sin resultados. Manifestó la apertura de los trabajadores al diálogo con acompañamiento internacional para poner fin a los ataques al sindicalismo en el sector público y a los servicios públicos. Debe darse tratamiento urgente a la corrupción, la inversión pública y su financiamiento, al trabajo decente y a la restitución de la legitimidad social del sindicalismo en el sector público.

El miembro trabajador de Colombia señaló que el hecho de que el presente caso se examine desde hace años evidencia la existencia de una de las más claras, persistentes y sistemáticas violaciones a la libertad sindical. En sus comentarios, la Comisión de Expertos se refirió a: 1) la necesidad de investigar y condenar las violaciones a la vida e integridad de los dirigentes sindicales y sindicalistas; 2) la protección a los dirigentes sindicales y sindicalistas con medidas reales y efectivas, y 3) la expedición de una legislación acorde con las disposiciones del Convenio que promuevan y garanticen la existencia y permanencia de las organizaciones sindicales sin injerencias indebidas por parte de los empleadores y el Estado. Añadió que el caso es similar al de su país. Se trata de violaciones continuas de la libertad sindical. No son hechos aislados, las violaciones hacen parte de una estructura legal e institucional para contener el crecimiento y la existencia de las organizaciones sindicales. Se requiere de un ambicioso plan para garantizar la libertad sindical que tenga un verdadero impacto en la realidad, que reduzca el sinnúmero de violaciones a la libertad sindical; que promueva el derecho de sindicación que termine con la impunidad de los crímenes cometidos contra sindicalistas. Según las organizaciones sindicales de Guatemala, no hay avances sustantivos en las investigaciones de los actos de violencia contra sindicalistas. Las medidas de protección que el Gobierno manifiesta haber tomado no son eficaces. Concluyó expresando la esperanza de que la Comisión fije plazos y elementos precisos para superar los problemas identificados.

El miembro empleador de México lamentó la violencia de que son víctima los sindicalistas, pero señaló que la misma se inscribe en la situación de violencia del país. Consideró que se deben apoyar las acciones encaminadas a dar solución a los problemas. Lamentó, sin embargo, que se duplique el examen de las mismas situaciones ante diferentes órganos de control y consideró que ello no contribuye a la solución de los problemas.

La miembro gubernamental del Canadá se refirió a algunas de las cuestiones planteadas en las observaciones de la Comisión de Expertos y al proceso del artículo 26 y, en particular, a las medidas acordadas que figuran en la Hoja de ruta. Expresó su firme apoyo a la finalización de la Hoja de ruta e instó al Gobierno de Guatemala a que no escatime esfuerzos en conseguir logros verificables para la reforma de la legislación. Asimismo, manifestó la preocupación de su Gobierno por las acusaciones adicionales de actos de violencia graves perpetrados contra dirigentes sindicales, según consta en el informe de la Comisión de Expertos. Solicitó que se adopten sin demora medidas adecuadas de investigación, enjuiciamiento y protección para garantizar el libre ejercicio de los derechos laborales. Reafirmó el compromiso de su Gobierno con el respeto de los derechos humanos mediante la plena aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluido el Convenio núm. 87, e instó al Gobierno de Guatemala a que transforme en acciones su compromiso de aplicar y respetar estas normas.

El miembro trabajador de España, hablando en nombre de las organizaciones sindicales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), consideró que Guatemala es el más claro ejemplo de violación sistemática de los derechos fundamentales y de no respeto del principio de buena fe que debe regir la aplicación de los tratados internacionales. Lamentó la ausencia de progreso respecto de un caso examinado en 18 ocasiones por la Comisión en los últimos veinticinco años. Junto a las formas más extremas de violencia contra el movimiento sindical y la impunidad, subsisten numerosas otras violaciones a la libertad sindical, tal como la criminalización de la actividad sindical, la ineficacia del sistema judicial y de inspección del trabajo y la desprotección ante los actos de intimidación, de injerencia o de discriminación antisindical. Mientras por un lado se lleva a cabo una tibia campaña de sensibilización sobre la libertad sindical, por el otro se siguen produciendo actuaciones reprobables para desincentivar la afiliación sindical mediante amenazas, intimidación, persecución y despidos de sindicalistas. El derecho a la negociación colectiva también se ve conculcado al actuar penalmente la Procuraduría General contra convenios colectivos negociados con instituciones del Estado y el sector municipal. En este contexto, invitó al Gobierno a poner término a: las restricciones a la constitución de organizaciones y al derecho a la libre elección de dirigentes sindicales; las restricciones al derecho de las organizaciones de ejercer libremente sus actividades, como por ejemplo la posibilidad de la autoridad de imponer arbitraje obligatorio en el transporte público, de imponer sanciones, incluso penales, en caso de huelga de los funcionarios públicos o de trabajadores de determinadas empresas y de otros actos de protesta sindical; la negación, en la práctica, de derechos sindicales a los numerosos trabajadores del sector público contratados en virtud del renglón 029 del Presupuesto; las restricciones al derecho de huelga; la demora premeditada en el reintegro de sindicalistas despedidos; y las restricciones a la negociación colectiva en el sector público y en el sector de la maquila.

El miembro empleador de Panamá declaró que la OIT incurre en una contradicción respecto a países que intentan resolver sus conflictos a través del diálogo social tripartito. Por una parte, desde hace más diez años la OIT promueve la creación de mesas de diálogo tripartitas en los Estados Miembros con el fin de tratar y resolver a nivel nacional las diferencias existentes, a través del diálogo y la negociación entre los interlocutores sociales. Enfatizó que ha quedado demostrado que esta metodología constituye el camino adecuado para la solución de los conflictos, de lo que dan fe las experiencias de las mesas de diálogo tripartitas de Colombia y Panamá. El Gobierno, con el apoyo de la OIT, decidió transitar por este camino a través de la constitución de una mesa de diálogo tripartito y del diseño de una Hoja de ruta encaminada a resolver los conflictos y quejas presentados ante esta Organización. Por otra parte, incluir en la lista de casos a ser discutidos ante la Comisión de Aplicación de Normas a los países que emprenden este camino, además de ser decepcionante es un mensaje de que no vale la pena hacer los esfuerzos necesarios para consolidar las mesas de diálogo tripartitas. Enfatizó que, por el contario, la OIT debería redoblar sus esfuerzos a través de la asistencia técnica para lograr el éxito necesario de las mesas de diálogo tripartitas en los países que las constituyen.

El miembro trabajador de los Estados Unidos señaló que, a pesar de que hay cada vez más acuerdos comerciales ratificados por Estados Miembros de la OIT que obligan a las partes a cumplir los convenios y las declaraciones de la OIT, le preocupan la reticencia e ineficacia de los gobiernos a la hora de emplear dichos convenios para proteger los derechos de los trabajadores en el marco del comercio internacional. Guatemala y los Estados Unidos son dos ejemplos de estos gobiernos. El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA-DR) entró en vigor entre los Estados Unidos y Guatemala en 2006. El Tratado obliga a las partes a reconocer y proteger la libertad sindical y otros derechos consagrados en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998. Los Estados Unidos no han ratificado la mayoría de los convenios fundamentales que constituyen la base de la Declaración lo cual es un problema en sí mismo; Guatemala, por su parte, ha ratificado el Convenio objeto de examen pero lo ha incumplido sistemáticamente y, a pesar de ello sigue recibiendo los beneficios comerciales dimanantes del CAFTA-DR. El año pasado, se presentó información ante esta Comisión sobre el arduo sendero que transitaron los trabajadores guatemaltecos durante siete largos años para iniciar el proceso de resolución de controversias del CAFTA-DR. Los argumentos que se expusieron ante el panel arbitral el año anterior afectaban prácticamente a la totalidad del Convenio. Desde que comenzó el arbitraje, los trabajadores guatemaltecos experimentaron nuevas demoras. Ahora se espera que el informe inicial del panel sobre la resolución de la controversia se publique a finales de este mes, más de ocho años después de que el Gobierno de los Estados Unidos recibiera la demanda de los trabajadores. Los trabajadores de Guatemala documentaron numerosas violaciones al Convenio, entre las que cuentan intentos de sobornos a dirigentes sindicales para que renuncien a su trabajo y convenzan a los trabajadores de que no se afilien al sindicato; despidos de trabajadores por afiliarse a un sindicato o por no desmantelar sindicatos; el incumplimiento de leyes importantes; y la falta de investigaciones, enjuiciamientos y condenas contra los autores de violaciones a la libertad de asociación. Se siguieron produciendo violaciones mientras se examinaba la demanda. Durante los ocho años que duró la sustanciación de la demanda, se asesinó a 61 afiliados y dirigentes sindicales. La gran mayoría de los autores y todos los instigadores de los homicidios de afiliados y dirigentes sindicales siguen en libertad. La OIT señaló con claridad en numerosas ocasiones la relación entre la violencia contra los sindicatos y la posibilidad de ejercer la libertad de asociación. A diferencia del personal del Representante de los Estados Unidos para Asuntos Comerciales, que manifestó a dirigentes del movimiento obrero de los Estados Unidos que asesinar sindicalistas o cometer actos de violencia contra éstos no iba en contra de las normas laborales del acuerdo con Guatemala, la OIT ha sido clara desde hace mucho tiempo: la violencia contra los sindicatos constituye una violación del Convenio.

La miembro gubernamental de Los Estados Unidos, en referencia a la información comunicada por el Gobierno ante la Comisión, saludó la nueva intención y el compromiso del Gobierno de abordar las cuestiones de este caso que tanto tiempo llevan abiertas. Confió en que el Gobierno proporcione al Ministerio del Trabajo los medios y las herramientas adecuados para aplicar las medidas necesarias con vistas a proteger a los trabajadores contra cualquier forma de discriminación antisindical y garantizar remedios en virtud de la ley cuando ocurren tales violaciones. Las graves cuestiones planteadas en este caso por la Comisión están bien documentadas y han sido debatidas desde hace varios años. Se toma nota de que el Gobierno ha establecido nuevos procedimientos para mejorar la investigación de los asesinatos de sindicalistas. El establecimiento de estos procedimientos constituye un paso importante, pero manifestó que continúa con profunda preocupación por el alto nivel de impunidad que aún persiste. Se alienta al Gobierno a que refuerce la aplicación de estos procedimientos, prosiga y aumente la colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y aporte más medios para la investigación y persecución de la violencia y las amenazas contra sindicalistas. Agradeció los recientes esfuerzos del Ministerio del Trabajo para reducir los retrasos de los registros de organizaciones sindicales pendientes y esperó con interés que la institucionalización de estos esfuerzos provoque un cambio sistémico que agilice los registros de organizaciones sindicales y convenios colectivos de cara al futuro. Sin embargo, se mostró particularmente preocupada por la muy baja tasa de registros de organizaciones sindicales y convenios colectivos en el sector de las maquilas y los recientes desafíos en el sector público. El hecho de que el Gobierno haya solicitado el apoyo de la OIT para formar mejor a los miembros del Poder Judicial en materia de normas internacionales del trabajo constituye un paso positivo. Hasta ahora, sin embargo, la formación no se ha traducido en un crecimiento del cumplimiento de las decisiones de los tribunales del trabajo para las víctimas de despidos antisindicales. Instó al Gobierno a que se ocupe inmediatamente de esta cuestión y tome todas las medidas necesarias, incluso procesamientos penales, para obligar al cumplimiento de las órdenes de los tribunales del trabajo, en particular las órdenes de reintegro, en los plazos establecidos por la legislación. Asimismo, saludó la reciente solicitud de ayuda técnica de la OIT por parte de Guatemala para desarrollar una legislación que aborde las recomendaciones de los órganos de control de la OIT. Esperó una rápida introducción en la legislación de las propuestas legislativas que abordan las cuestiones específicas de incumplimiento señaladas por la Comisión de Expertos, así como una propuesta para devolver al Ministerio del Trabajo su autoridad para imponer sanciones directamente. Instó al Gobierno para que aproveche plenamente la asistencia técnica de la OIT, y la oportunidad que se le ofrece para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores en Guatemala desarrollando más instrumentos jurídicos e introduciendo mejoras tangibles en la aplicación de la legislación laboral, para lo cual deberá aportar medios necesarios.

La miembro trabajadora de Italia, recordando que la Comisión ha examinado este caso en repetidas ocasiones y que el Comité de Libertad Sindical ha estudiado un elevado número de casos relativos a Guatemala, indicó que deben tomarse medidas reales y eficaces con urgencia. Las cifras relativas a los asesinatos y actos violentos contra sindicalistas ilustran un panorama terrible que ni siquiera refleja la realidad a la que los trabajadores de Guatemala llevan más de veinticinco años enfrentándose día a día. En este ambiente de violencia, el Gobierno permanece inmóvil y pasivo, lo que empeora la situación tanto respecto de las infracciones del derecho laboral como de los delitos, que nunca llegan a ser objeto de una condena, mientras que los infractores se sienten respaldados por la impunidad y la falta de un Estado de derecho. Es preciso que la comunidad internacional actúe ya que hace más de dos decenios que se vienen negando a diario los derechos consagrados en el Convenio. A modo de conclusión, pidió: la designación de una comisión de encuesta sin más demora; la elaboración por parte del Ministerio Público de una política de investigación integrada que permita modernizar las técnicas de investigación que se aplican a los actos de violencia antisindical; una mayor cooperación entre el Ministerio Público y la CICIG para castigar los actos de violencia contra sindicalistas; y un plan de protección para los trabajadores víctimas de estos actos con el fin de salvaguardar su integridad física frente a sus atacantes.

La miembro gubernamental de la República Dominicana declaró que su Gobierno adhiere a lo declarado por el GRULAC y por el Gobierno de Panamá. Expresó su apoyo a la Ministra de Trabajo y reconoció la voluntad y esfuerzos del Gobierno centrados en el logro del empleo decente, el diálogo social y el respeto de la libertad sindical, de acuerdo con los compromisos asumidos a través de los Convenios de la OIT. Solicitó que la OIT apoye el trabajo de la Comisión de Tratamiento de Conflictos para que la misma pueda dar resultados positivos.

La representante gubernamental reiteró que el Ministerio Público presentó acusación formal y apertura a juicio en contra del autor del homicidio del Sr. Mynor Rolando y que las autoridades públicas continuarán firmes en el esclarecimiento de éste y de los demás casos de homicidio de miembros del movimiento sindical. Indicó que, junto con las organizaciones sindicales, se están buscando alternativas presupuestarias que permitan garantizar los gastos de los agentes de la Policía Nacional Civil asignados a la protección de personas. En relación con los convenios colectivos en el sector público, reconoció que el Gobierno debe afrontar una serie de retos pero que esta misma actitud debería ser asumida también por los interlocutores sociales de manera que se pueda trazar una estrategia conjunta para superarlos. Afirmó que la corrupción en Guatemala ha alcanzado también a las organizaciones sindicales, aunque no es correcto que los actos de algunos dañen al conjunto del movimiento sindical. Invitó por lo tanto a los interlocutores sociales a que, basándose en el reconocimiento de la realidad, puedan contribuir a encontrar de manera conjunta la ruta adecuada para el bien del país. Compartió las preocupaciones expresadas por el miembro sindical de Guatemala acerca del muy alto nivel de violencia que afecta al país. Se trata, sin embargo, de un tema histórico que no puede ser cambiado de la noche a la mañana y que requiere el involucramiento de todos y todas. En este sentido, reiteró el total compromiso del Gobierno en la lucha contra la impunidad. En relación con el protocolo de protección de sindicalistas, la representante gubernamental manifestó que las organizaciones sindicales saben muy bien que se ha conformado una mesa técnica con el Ministerio de Gobernación en el seno de la cual se llevan meses de discusión sobre el contenido de dicho protocolo. Si bien, por falta de madurez y objetividad no se ha podido llegar a un consenso, el Gobierno, a pesar de ciertas expresiones y actitudes poco respetuosas de los trabajadores, ha decidido tener abierto el espacio para seguir esperando las contribuciones del sector trabajador. Se refirió a continuación a la decisión del Gobierno de descentralizar las gestiones administrativas relacionadas con el registro de organizaciones sindicales, facilitándose así los trámites a los usuarios y evitándose la intervención de terceras personas que efectuarían los trámites a cambio de cobros innecesarios. Expresó adicionalmente que su gestión es respetuosa de la ley en todo momento, lo cual supone que la ley sea aplicable a todos por igual. En este sentido, el proceso de despido del sindicalista Sr. Erick Colmenares, iniciado en 2014 bajo un Gobierno anterior, dio lugar al cumplimiento de todo el proceso judicial correspondiente, concluyéndose en la autorización del despido por el máximo órgano judicial de Guatemala. Con base en lo anterior, pidió a las organizaciones sindicales que apoyaran el cumplimiento de las leyes. En relación con las reformas legislativas solicitadas, volvió a reiterar que el nombramiento de un experto para empezar la preparación de una propuesta de ley se enmarca en la asistencia técnica brindada por la OIT. A continuación, después de haber mencionado que algunas iniciativas están ya bajo el conocimiento de la Comisión Tripartita de Asuntos Internacionales del Trabajo, dio el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso de Guatemala. Éste manifestó que existe en el Congreso la voluntad política de reformar la legislación laboral del país y que su Comisión está plenamente dispuesta a colaborar con la Comisión Tripartita y con la OIT.

Los miembros trabajadores subrayaron que el nuevo examen del caso de Guatemala se deriva de la persistente falta de aplicación por el Gobierno de las conclusiones formuladas por la Comisión y por otros órganos de control de la Organización. Guatemala sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los sindicalistas. El Consejo de Administración ha procurado entablar un diálogo constructivo con el Gobierno a fin de hallar soluciones prácticas a violaciones sumamente graves. No obstante, lo cierto es que las violaciones graves continúan sin interrupción, creando una situación de impunidad casi total. La Comisión de Expertos ha puesto de manifiesto en sus comentarios la gravedad de la situación y califica de «trágica» la ausencia de avances. Los miembros trabajadores no cejarán en el empeño de adoptar todas las medidas posibles, en la OIT o en otras instancias, con miras a poner fin a la violencia y la impunidad. Los miembros trabajadores han tomado nota de las indicaciones del Gobierno relativas a un pequeño número de sentencias dictadas, que han conducido a condenas o a absoluciones. Sin embargo, es inaceptable que todos los autores, tanto materiales como intelectuales, de los 74 asesinatos de sindicalistas, sigan estando en libertad gozando de impunidad total. Además, suscita particular inquietud saber que se ha puesto en duda la motivación antisindical de estos asesinatos. Al afirmar que estos delitos se deben al clima general de violencia y de criminalidad en el país, el Gobierno evita su propia responsabilidad y contribuye así a perpetuar la impunidad. Los miembros trabajadores subrayaron a continuación que, una vez más, el Gobierno no ha adoptado las medidas necesarias para enmendar la legislación nacional con el fin de ponerla de conformidad con los Convenios núms. 87 y 98, dando curso a los comentarios de la Comisión de Expertos. A este respecto, las organizaciones sindicales de Guatemala han presentado una serie de propuestas de enmienda a la legislación que siguen estrictamente las recomendaciones formuladas por la Comisión de Expertos, pero estas propuestas se han ignorado. Los miembros trabajadores indicaron entonces que si bien se felicitan por que algunos sindicatos se hayan registrado finalmente, es de lamentar que apenas se hayan realizado progresos con objeto de superar los obstáculos para su registro. También han deplorado los intentos evidentes de estigmatizar los convenios colectivos en el sector público, consistentes en hacer responsables a los trabajadores del sector público del lamentable estado de la economía y de la mala gestión financiera del presupuesto nacional. Por último, los miembros trabajadores exhortaron al Gobierno a: proporcionar una protección rápida y eficaz a todos los dirigentes y miembros sindicales que se encuentran en situación de riesgo, aumentando el presupuesto asignado a los programas de protección a favor de los miembros del movimiento sindical, para que éstos no tengan que financiar personalmente los costos asociados a su protección; presentar al Congreso un proyecto de ley, a más tardar en septiembre de 2016, basado en los comentarios de la Comisión de Expertos, asegurando así la conformidad de la legislación nacional con los Convenios núms. 87 y 98; acabar con los diferentes obstáculos legislativos a la libertad de constituir sindicatos; y en consulta con los interlocutores sociales y con el apoyo del representante especial del Director General de la OIT en Guatemala, revisar el procedimiento de tramitación de las solicitudes de registro de los sindicatos; difundir ampliamente en los medios de comunicación la campaña de sensibilización sobre la libertad sindical; y cesar inmediatamente de estigmatizar y denigrar, a través de estos mismos medios, los convenios colectivos vigentes en el sector público.

Los miembros empleadores destacaron los avances significativos alcanzados en relación con este caso, entre los que mencionaron el apoyo de la OIT al Gobierno para implementar acciones positivas en cuanto a la resolución de conflictos y las inscripciones de nuevas organizaciones sindicales. Sin embargo, quedan algunos aspectos por resolver, tales como la investigación, esclarecimiento y condena de los homicidios contra activistas sindicales, los estudios de riesgo para la protección de sindicalistas y la adopción de reformas legislativas. Con respecto a este último tema, emitieron dos reservas a lo que plantea la Comisión de Expertos. La primera se refiere al alcance que se le da al Convenio en relación con la huelga. Recordando que la posición de los empleadores sobre este punto no ha cambiado, indicaron que no apoyan la solicitud de reformas legislativas en este sentido. La segunda reserva se refiere a la solicitud de la Comisión de Expertos de eliminar la prohibición de que los extranjeros o personas que no sean guatemaltecos de origen puedan formar parte de las juntas directivas de las organizaciones sindicales. Según los miembros empleadores, el Gobierno debe tener plena soberanía para otorgar o no este derecho. Por otra parte, señalaron que desean ver avances en la coordinación de la Comisión de Tratamiento de Conflictos, a través de la designación de una persona que goce de la confianza y el reconocimiento de las partes y pueda resolver los problemas. Tomaron nota con interés de la campaña masiva de sensibilización sobre la libertad sindical y la negociación colectiva. Recordaron que la aplicación del Convenio será objeto de análisis por el Consejo de Administración en noviembre de 2016, por lo que existen enormes expectativas de avance, y destacaron su interés en que el representante Especial del Director General en Guatemala pueda desplegar su accionar de manera amplia, con el fin de que el diálogo social sea más profundo. Declararon que, sobre la base de lo anteriormente expresado, las conclusiones de este caso deberían recoger los siguientes elementos: destacar la necesidad de un mayor involucramiento del Ministerio Público en los casos de asesinatos de sindicalistas; alentar al Congreso a adoptar las reformas legislativas pertinentes, con las reservas antes enunciadas; tomar nota de la campaña pública de sensibilización e instar a que la misma se desarrolle más fluidamente; alentar a que la Comisión de Tratamiento de Conflictos obtenga resultados positivos; y poner énfasis en la necesidad de que las medidas de la Hoja de ruta sean implementadas con éxito.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la información facilitada por la representante gubernamental, en presencia de los representantes del Congreso, y de la discusión que tuvo lugar a continuación sobre las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos.

La Comisión tomó nota con interés de la campaña nacional de sensibilización en materia de libertad sindical que está siendo apoyada por el Representante Especial del Director General.

Teniendo en cuenta la discusión sobre el caso, la Comisión urgió al Gobierno a que:

• - investigue, con el involucramiento del Ministerio Público, todos los actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas, con el objetivo de deslindar las responsabilidades y sancionar a los culpables, tomando plenamente en consideración en las investigaciones, como una de las hipótesis, las actividades sindicales de las víctimas;
• - brinde una protección rápida y eficaz a todos los dirigentes sindicales y sindicalistas que han recibido amenazas, aumentando el presupuesto dedicado a los esquemas de protección a favor de sindicalistas de manera que las personas protegidas no deban sufragar personalmente ningún gasto derivado de los mismos;
• - presente al Congreso, antes de septiembre de 2016, un proyecto de ley relacionado con el número de trabajadores necesario para constituir un sindicato y las categorías de trabajadores del sector público, para garantizar la conformidad de la legislación nacional con el Convenio núm. 87;
• - elimine los varios obstáculos legislativos a la libre constitución de organizaciones sindicales y, en consulta con los interlocutores sociales y con el apoyo del Representante Especial del Director General, revise el tratamiento de las solicitudes de inscripción;
• - difunda en los medios de comunicación masivos del país la campaña de libertad sindical y negociación colectiva con el apoyo del Representante Especial del Director General y asegure que no exista estigmatización alguna de los convenios colectivos existentes en el sector público;
• - continúe apoyando los trabajos de la Comisión de Tratamiento de Conflictos ante la OIT en materia de Libertad Sindical y Negociación Colectiva;
• - continúe tomando las medidas necesarias para dar plena aplicación a la Hoja de ruta adoptada el 17 de octubre de 2013, en consulta con los actores sociales.

La representante gubernamental tomó nota de las conclusiones de la Comisión y reiteró la responsabilidad y el compromiso de su Gobierno para cumplir con el marco normativo de la OIT. Es importante trabajar y coordinar con los actores sociales, con objetividad y madurez, para avanzar al respecto.