Individual Case (CAS) - Discussion: 2017, Publication: 106th ILC session (2017)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 2001)



Un representante gubernamental declaró que el Gobierno reconoce la presencia de niños en ciertas explotaciones mineras artesanales y, más concretamente, en las provincias de Katanga, Kivu Septentrional y Kivu Meridional. Sin embargo, recordó que la República Democrática del Congo (RDC) es un país que sale de una situación de conflicto y que ha experimentado guerras y conflictos armados durante más de dos decenios, los cuales han destruido su estructura económica, dando lugar así a la supresión de numerosos empleos, al aumento del número de trabajadores pobres, al desplazamiento de la población y a numerosos casos de abandono escolar. No obstante, desde 2001, el Gobierno viene realizando esfuerzos para eliminar las peores formas de trabajo infantil. Estos esfuerzos se traducen en particular en la adopción de las siguientes medidas legislativas y reglamentarias: i) el aumento de la capacidad para contratar a los 18 años de edad, en lugar de a los 16 años (artículo 6 del Código del Trabajo, en su forma enmendada en 2016); ii) la supresión de la emancipación automática de los menores a través del matrimonio (artículo 352 del Código de la Familia, en su forma enmendada en 2016); iii) una campaña de sensibilización en las escuelas contra el matrimonio precoz; iv) la adopción, en 2014, de una ley marco sobre la enseñanza nacional que prevé el carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica; v) la adopción, en 2016, de una ley que establece las normas relativas al régimen general de seguridad social, y vi) el nombramiento de una Asesora Especial del Jefe de Estado encargada de la lucha contra la violencia sexual y contra el reclutamiento de niños en las fuerzas armadas. Tras el diálogo mantenido con las Naciones Unidas, el Gobierno firmó, el 4 de octubre de 2012, el Plan de acción para la lucha contra el reclutamiento y la utilización de niños y contra las demás violaciones graves de los derechos de los niños por las fuerzas armadas y los servicios de seguridad. El Gobierno ha constituido asimismo una comisión interministerial encargada de la cuestión del trabajo infantil en las minas y en las explotaciones mineras. El mandato de esta comisión es asesorar a los ministerios y servicios competentes, coordinar las diferentes iniciativas emprendidas a este respecto, y realizar una labor de promoción ante organizaciones como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) o incluso la OIT. La comisión interministerial también ha elaborado un plan de acción trienal para el período comprendido entre 2017 y 2020, cuyo objetivo general es coordinar las medidas adoptadas en el terreno para poner fin a la presencia de niños en las actividades de explotación minera. El Plan de acción establece asimismo los cinco objetivos concretos siguientes: i) realizar un seguimiento y una evaluación de las iniciativas de lucha contra el trabajo infantil en las minas y en las explotaciones mineras; ii) controlar la presencia de niños en las minas y explotaciones mineras; iii) reforzar la aplicación de las medidas encaminadas a alejar a los niños de las cadenas de suministro de minerales; iv) adoptar las medidas correctivas propuestas en el terreno por los ministerios y servicios competentes, y v) elaborar una estrategia de comunicación. El orador solicitó la movilización de la comunidad internacional en torno a la cuestión del reclutamiento y la utilización de niños en los grupos armados, así como en las minas y en las explotaciones mineras, a fin de determinar las responsabilidades y de prever la adopción de sanciones contra los instigadores de esta explotación cuyas causas son, fundamentalmente, exógenas.

Los miembros empleadores expresaron su conmoción y tristeza ante el sufrimiento de las personas vulnerables, en particular los niños, en el país. Los niños trabajan en minas en condiciones análogas a la esclavitud para personas o empresas establecidas en las provincias de Katanga, Kasai Oriental y Kivu Septentrional. Pusieron de relieve un caso concreto en el que, según el informe de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), de enero de 2011, el comandante de uno de los batallones de las fuerzas armadas de la RDC (FARDC, por sus siglas en francés), utilizó en beneficio propio el trabajo forzoso de niños en las minas de Kivu Septentrional. A pesar de la adopción de la ley núm. 09/001, de 10 de enero de 2009, cuyo artículo 187 prevé una sanción de pena de prisión que oscila entre diez y veinte años por el reclutamiento o la utilización de menores de 18 años de edad en las fuerzas y grupos armados y en la policía, no ha quedado claro si las autoridades penalizaron, detuvieron o se ocuparon de otra forma de dicho comandante. Esta persona posiblemente siga en el ejército beneficiándose de los privilegios correspondientes, mientras que el Gobierno tendría que haber dado ejemplo hace mucho tiempo en este caso concreto. Los miembros empleadores subrayaron que la adopción de la ley mencionada anteriormente es insuficiente, y que es necesario actuar de conformidad con la ley adoptada con el fin de lograr progresos reales. El Comité de los Derechos del Niño, en sus observaciones finales de 10 de febrero de 2009, expresó su preocupación porque las leyes promulgadas no siempre van seguidas de la emisión de decretos de aplicación apropiados, porque los mecanismos encargados de hacer cumplir la ley son débiles y porque no se han realizado actividades para crear conciencia acerca de estas leyes que, como consecuencia, no se aplican. Los miembros empleadores instaron al Gobierno a que haga cumplir efectivamente las leyes existentes en relación con el trabajo infantil. Al tiempo que reconocen la compleja situación del conflicto armado que prevalece en el país desde hace más de un decenio, los miembros empleadores no consideran que la comunidad internacional esté presentando solicitudes excesivas al Gobierno. Según un informe de 2011 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre la trata de personas, las niñas congolesas son víctimas de prostitución forzosa en burdeles improvisados y en campamentos, así como en las proximidades de minas y mercados. Además, 50 000 niños trabajan en minas, y los grupos armados secuestran con frecuencia a personas vulnerables, especialmente a niños, y las someten a la trata. Indicaron que, tal como se indica en el informe de 2010 del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y el conflicto armado en la República Democrática del Congo, entre octubre de 2008 y diciembre de 2009 se notificaron 1 593 casos de reclutamiento de niños, incluidos 1 235 en 2009. Los miembros empleadores denunciaron que, según la misma fuente, el 42 por ciento del número total de casos de reclutamiento notificados se atribuyen a las FARDC. Las pruebas disponibles muestran que las FARDC y la policía nacional congolesa son el epicentro del problema, y el Gobierno debería actuar con carácter urgente y de manera decisiva a este respecto. Los miembros empleadores instaron al Gobierno a que promulgue leyes que contemplen medidas efectivas contra el trabajo infantil. El Gobierno debería rehabilitar y tratar a los niños del país como si fuesen sus propios hijos.

Los miembros trabajadores subrayaron que la Comisión ha examinado este caso en reiteradas ocasiones y que, año tras año, la RDC es el escenario de todo tipo de atrocidades cometidas contra niños inocentes. Por lo tanto, es necesario exhortar de nuevo al Gobierno, como ya ocurrió en 2009, a que tome urgentemente medidas inmediatas y eficaces para eliminar el trabajo forzoso o peligroso de los niños menores de 18 años. Las disposiciones legislativas que ha adoptado — entre otras la ley núm. 09/001 de 2009 o el decreto-ley núm. 066 de 2000, sobre la desmovilización y la reinserción de los grupos vulnerables presentes en las fuerzas armadas — han resultado inadecuadas para garantizar que ningún niño sea reclutado como niño soldado. Según un informe del UNICEF de 2015, aproximadamente 80 niños perdieron la vida en actos de violencia relacionados con los conflictos armados, 60 fueron mutilados, 195 secuestrados y 487 reclutados en las filas de grupos armados. Entre enero de 2012 y agosto de 2013, la MONUSCO documentó el reclutamiento de 996 niños en las filas de grupos armados en el país. En sus observaciones finales de 2009, el Comité de los Derechos del Niño concluyó que el Estado tiene una responsabilidad directa en las violaciones de los derechos de los niños, a través de sus fuerzas armadas, y que no ha protegido a los niños ni ha impedido estas violaciones. Además de los grupos armados, las FARDC también son responsables del alistamiento sistemático en sus filas de niños (el 42 por ciento de los reclutamientos de niños, según un informe de 2009 del Secretario General de las Naciones Unidas). Las acciones del Gobierno son contradictorias ya que, por una parte, emprende reformas para impedir nuevos reclutamientos, y sancionar las infracciones y, por otra, permite a la policía y a las fuerzas armadas no sólo reclutar a niños soldados, sino también cometer actos de violencia física y sexual contra ellos, permitiendo que los autores de estos delitos queden impunes. Las FARDC son responsables de la mitad de los asesinatos de niños ocurridos en 2010, de numerosas mutilaciones de niños y de 67 casos de violencia sexual en el mismo período. A pesar del marco legislativo existente, no ha habido ningún procesamiento penal al respecto, garantizándose de este modo una impunidad total a los autores de estas atrocidades e indicándose por tanto que pueden seguir cometiéndolas. Los nombres de los culpables, como el de un antiguo coronel de las FARDC, se conocen públicamente. Las Naciones Unidas han recogido numerosos testimonios sobre asesinatos de niños reclutados, actos análogos a la tortura, y tratos inhumanos y degradantes. El Gobierno dispone de suficiente información para iniciar investigaciones y procesar a los presuntos autores de estas atrocidades. Los niños también están expuestos a las peores formas de trabajo en las minas de Katanga y Kasai Oriental, donde trabajan unos 40 000 niños para extraer minerales bajo el yugo de unidades militares. Trabajan en las minas hasta 12 horas al día, a cambio de uno o dos dólares, bajo temperaturas caniculares, sin la más mínima protección y en contacto con fuertes concentraciones de cobalto. La legislación nacional prohíbe el trabajo forzoso, pero lo que plantea problemas es la falta de aplicación de estas disposiciones, entre otras cosas debido a la ineficacia y la incompetencia de la inspección del trabajo. El Plan de Acción Nacional para la eliminación del trabajo infantil hasta 2020 (PAN), suscrito por el Gobierno en 2015, no ha permitido realizar progresos en términos de mejora de las actividades de inspección del trabajo y del número de niños sometidos a prácticas de trabajo forzoso. Las penas aplicables en casos de recurso al trabajo forzoso u obligatorio siguen siendo insuficientes y no tienen ningún efecto disuasorio. Además, continúan planteándose numerosos problemas estructurales, tales como la descentralización, la falta de recursos y una coordinación deficiente. La Ley de 2009 sobre la Protección de los Niños prevé, sin embargo, el derecho a una educación gratuita y obligatoria para todos los niños, pero, por falta de financiación pública, la mayoría de las escuelas que no se han cerrado o destruido siguen reclamando gastos de escolarización. Algunos niños son reclutados por la fuerza en sus escuelas, y otros son víctimas de violencia sexual cuando van de camino a la escuela. También hay cerca de 30 000 niños de la calle en el país, la mayoría de ellos en Kinshasa, sin techo ni protección. Según el UNICEF, muchas jóvenes, a veces menores de 10 años, se prostituyen. Miles de futuros adultos quedan así marcados de por vida y se les priva de cualquier perspectiva de poder realizarse física y psicológicamente, porque el Gobierno se ha mostrado incapaz «de impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil (…), de librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegurar su rehabilitación e inserción social» (artículo 7, 2), del Convenio). A pesar de ciertas mejoras, muchos niños siguen siendo reclutados y las FARDC prohíben sistemáticamente el acceso a sus campos a los investigadores de las diferentes organizaciones y misiones internacionales. Por esta razón, en las 50 tentativas de verificación realizadas por la MONUSCO para desmovilizar a los niños menores de 18 años, sólo se ha podido desmovilizar a cinco niños. Además, el «nuevo reclutamiento» de niños que han sido previamente desmovilizados es una práctica habitual. No se podrá obtener ningún resultado concreto y duradero mientras los miembros de las FARDC sigan gozando de tal autonomía e impunidad. Por consiguiente, es primordial que el Gobierno no escatime esfuerzos, no sólo para aplicar los programas encaminados a erradicar el trabajo infantil y desmovilizar a los niños, sino también para garantizar que su propio ejército no cometa las atrocidades que oficialmente se supone debe combatir. El Gobierno ha de tomar urgentemente medidas para desmovilizar de manera inmediata y completa a todos los niños alistados en las filas de las FARDC, y poner fin al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años en los grupos armados. Recordando la resolución núm. 1998, del 12 de julio de 2011, del Consejo de Seguridad, los miembros trabajadores instaron al Gobierno a que tome medidas eficaces para garantizar que se lleven a cabo investigaciones en profundidad y que se llegue hasta el final de los procesamientos judiciales, imponiéndose unas sanciones suficientemente disuasorias, incluso contra los oficiales de las fuerzas armadas regulares.

El miembro empleador de la República Democrática del Congo recordó que el sector empresarial congolés siempre ha respetado los instrumentos de la OIT y ha velado por su aplicación. La presencia de niños en las minas es, fundamentalmente, la obra de traficantes y de explotadores mineros del sector informal, los cuales son combatidos por los esfuerzos del Gobierno. El reclutamiento forzoso de niños en las fuerzas armadas ya no es un secreto para nadie, y ha sido ampliamente documentado por la MONUSCO. Al preguntarse por las razones de la presencia masiva de esos niños en las minas, es preciso comprender que lo que ellos producen, especialmente el coltán, se utiliza en la industria de las nuevas tecnologías de la información. Quienes los explotan pertenecen a grupos armados que se aprovechan de la guerra, y no las empresas del país. Tampoco es posible controlar las empresas multinacionales que vienen del exterior.

El miembro trabajador de la República Democrática del Congo se refirió a la crisis política que atraviesa el país, debido a los conflictos armados que enfrentan a las fuerzas leales con las de la rebelión, así como a la inestabilidad y a las violaciones de los derechos humanos derivadas de esta situación. El auge de la explotación minera artesanal en Katanga ha proporcionado un medio de subsistencia a un gran número de personas, especialmente tras el desplome de la sociedad minera pública más grande. Los niños recuperan el cobalto rechazado por un gran número de minas industriales implantadas en la provincia, la mayoría de las veces sin permiso de las empresas, y a continuación, el material se limpia, tamiza y clasifica en los cursos de agua y en los lagos. El orador se refirió asimismo a la investigación realizada por Amnistía Internacional y el Observatorio Africano de Recursos Naturales en cinco explotaciones mineras de Katanga. Entre los riesgos sanitarios mencionados figura una enfermedad pulmonar mortal, conocida con el nombre de «fibrosis pulmonar por metales duros», así como una sensibilización de las vías respiratorias, crisis asmáticas, dificultad respiratoria y un debilitamiento de las funciones pulmonares. Ahora bien, la mayoría de los mineros trabajan largas jornadas en contacto con el cobalto y no disponen de los equipos de protección más elementales. Además, el marco jurídico vigente no prevé ninguna directiva en materia de protección de la salud para los mineros artesanales. En 2014, el UNICEF estimó que 40 000 niños trabajan en todas las minas en el sur del país. Su trabajo es especialmente agotador en el plano físico. Por un salario diario que oscila entre uno y dos dólares, trabajan hasta doce horas al día y transportan pesadas cargas bajo temperaturas elevadas o bajo la lluvia. A veces son golpeados. Si bien la ley prevé el derecho a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos los niños, la mayoría de las escuelas siguen exigiendo una contribución, ante la ausencia de una financiación adecuada por parte del Estado. Además, la inspección del trabajo no dispone de las competencias necesarias. El Gobierno debería procurar establecer un sistema adecuado con el fin de erradicar las peores formas de trabajo infantil y de hacer de la escolarización en el nivel primario una prioridad. El PAN no ha sido adoptado oficialmente, ni validado por el Gobierno. En lo que atañe a los niños soldados, no obstante la existencia de disposiciones jurídicas que reglamentan su desmovilización, los mecanismos de seguimiento plantean muchos problemas por falta de un presupuesto adecuado.

El miembro gubernamental de Malta, hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, así como de Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Noruega, reafirmó el compromiso con la promoción de la ratificación y la aplicación universales de los ocho convenios fundamentales como parte del Marco estratégico de la UE sobre derechos humanos y democracia, y para la erradicación del trabajo infantil, en particular sus peores formas. Recordando el compromiso contraído por la RDC en virtud del Acuerdo de Cotonú — el marco de colaboración con la UE — de respetar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos, que comprende la abolición del trabajo infantil y el cumplimiento del Convenio, lamenta que el Gobierno no haya presentado la memoria a tiempo para su examen por la Comisión de Expertos, que se ha visto obligada a reiterar los comentarios formulados desde 2011.

El orador saludó los esfuerzos realizados por el Gobierno, como la adopción del Plan de Acción de 2012, mostrando de esa forma su empeño por poner fin al reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados. Cabe mencionar que, en 2015, el Mecanismo de Vigilancia y Presentación de Informes de las Naciones Unidas no documentó ningún caso de reclutamiento de niños por parte de las FARDC, y que, para prevenir nuevos casos de reclutamiento, el Gobierno aprobó en 2016 un nuevo procedimiento que exige la verificación de la edad de los miembros de las FARDC. Es crucial que el comportamiento de las fuerzas armadas nacionales sea ejemplar en esta cuestión. No obstante, prosigue el reclutamiento de niños por los grupos armados, lo que pone en peligro el futuro de los niños, en especial de las jóvenes. Señaló también con profunda preocupación el fenómeno persistente del trabajo infantil en las minas y la utilización de niños por grupos armados para la extracción de minerales, en ocasiones bajo la supervisión de las FARDC, según se ha informado. A la luz de lo manifestado, el orador hizo un llamamiento al Gobierno para que: i) impida el reclutamiento de niños en las fuerzas regulares o los grupos armados, y el trabajo infantil forzoso o peligroso en minas, incluso a través de medidas como crear conciencia y asegurar la educación básica para todos; ii) garantice la desmovilización de los niños reclutados en grupos armados; iii) vele por que se investigue y se encause a las personas que reclutan a niños para su integración en grupos armados o para trabajar en las minas, y iv) garantice la reinserción social y rehabilitación de esos niños y, en particular, de los niños soldados, prestando al mismo tiempo particular atención a las niñas. Por último, reafirmó el compromiso constante de cooperar y colaborar con la RDC.

La miembro trabajadora del Canadá definió el trabajo infantil en las minas de la RDC como una realidad terrible. Según estimaciones de 2014 elaboradas por el UNICEF, se utiliza 40 000 niños para realizar actividades mineras peligrosas, y unidades militares reclutaban a niños para trabajos forzosos, en especial para la extracción de recursos naturales, principalmente el cobalto. El país representa al menos el 50 por ciento de la producción mundial del cobalto utilizado en las baterías de litio-ion. Además, las condiciones de trabajo en las explotaciones mineras son atroces. Los niños trabajan en condiciones peligrosas e insalubres que les exponen a lesiones y enfermedades mortales, sin tomar descansos, y a cambio de una remuneración que oscila entre 1 y 2 dólares de los Estados Unidos al día. En este contexto, la oradora considera escandaloso que la Comisión de Expertos se vea obligada a reiterar sus solicitudes de información cada año, también en lo que atañe a las estadísticas de inspección. Una medida esencial para la observancia de la legislación laboral es la existencia de una inspección del trabajo independiente y fuerte para garantizar el cumplimiento de la legislación en el lugar de trabajo, como la que define la edad mínima y el trabajo peligroso. Debe capacitarse y remunerarse debidamente a los inspectores del trabajo con el fin de evitar prácticas ilegales que fomentan la corrupción. Ésta es una labor fundamental que los gobiernos pueden llevar a cabo para cumplir con su compromiso de luchar contra las peores formas de trabajo infantil. Aunque la legislación nacional pueda estar en consonancia con el Convenio, la oradora destacó la necesidad de que haya voluntad política, una buena gobernanza y el compromiso de hacer cumplir la ley. No se puede probar la voluntad política del Gobierno sin informes de inspección del trabajo, datos y estadísticas, transparencia y respuestas a los comentarios de la Comisión de Expertos. Instó al Gobierno a que encuentre la voluntad política para hacer cumplir la legislación nacional y poner así fin a las peores formas de trabajo infantil.

La miembro gubernamental de Suiza manifestó su apoyo a la declaración de la Unión Europea. El trabajo infantil y, más concretamente, la utilización de niños en los conflictos armados son fenómenos preocupantes. La oradora expresó la esperanza de que el Gobierno facilite información a la mayor brevedad acerca de las actividades iniciadas con el objeto de velar por la protección de los niños y el cumplimiento del Convenio. Alentó al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos destinados a perseguir penalmente a quienes hayan participado en violaciones graves de los derechos de los niños y a que intensifique su acción para librar a los niños del trabajo en las minas. El Gobierno también debería tomar las medidas necesarias para garantizar la desmovilización de los niños alistados en las filas de las FARDC y el cese de todo reclutamiento, y facilitar su readaptación y reinserción social.

El miembro trabajador de Nigeria, haciendo uso de la palabra en nombre del Consejo de Coordinación Sindical de África Austral (SATUCC), señaló que la observación de la Comisión de Expertos de que el conflicto armado restringe el acceso a la educación en el este de la RDC ha sido confirmada por niños que han denunciado secuestros, reclutamientos forzados, palizas y violaciones en la escuela. El Gobierno no ha brindado protección a esos niños y sigue sin hacerlo. Además, sólo el 29 por ciento de los niños de las zonas rurales y el 24 por ciento de los niños de zonas urbanas son inscritos al nacer. Al no poder demostrar su nacionalidad, los niños que no están inscritos tienen dificultades para acceder a los servicios, tales como la educación, por lo que son más vulnerables al reclutamiento para un conflicto armado. Además, es necesario que el Gobierno adopte medidas urgentes y efectivas con miras a encarar la difícil situación de los desplazados internos, especialmente en el este del país, donde casi la mitad de la población es menor de 18 años. Los niños desplazados en el país experimentan dificultades para acceder a la educación, por lo que corren un mayor riesgo de ser sometidos al trabajo infantil. Recordando que el acceso a la educación no sólo es un derecho, sino también una herramienta eficaz para acabar con el trabajo infantil y sus peores formas, solicitó al Gobierno que aumente el acceso a la educación inscribiendo a los niños al nacer, estableciendo programas de asistencia para los niños desplazados en el país, y velando por que las escuelas sean lugares seguros y aptos para los niños.

La miembro gubernamental del Canadá manifestó su profunda preocupación por la situación de la RDC y solicitó al Gobierno que adopte las medidas apropiadas para desmovilizar a todos los niños de las filas de las FARDC y acabe de manera definitiva con el reclutamiento de niños por los grupos armados. El Gobierno también debe adoptar las medidas necesarias para eliminar el trabajo forzoso o el trabajo peligroso de los niños en las minas, y velar por su readaptación y reinserción social, prestando especial atención a las niñas. En aplicación de la legislación nacional, los autores de los delitos deben ser llevados ante la justicia y cumplir sus condenas, aun cuando provengan de las fuerzas del orden. Asimismo, es menester que el Gobierno facilite la información solicitada por la Comisión de Expertos sobre las siguientes cuestiones: las investigaciones efectuadas, los procesamientos emprendidos y las condenas impuestas; las estadísticas en materia de aplicación de la legislación; el número de niños soldados rescatados y reintegrados, y las medidas destinadas a fortalecer la capacidad de la inspección del trabajo previstas por el PAN. Por último, el Gobierno debería mejorar la cooperación con la MONUSCO para acabar con el reclutamiento de niños en el ejército y permitir su desmovilización e inserción social.

La miembro trabajadora de la República de Corea expresó su acuerdo con las declaraciones formuladas por los miembros trabajadores de Nigeria y el Canadá. En relación con las observaciones de la Comisión de Expertos relativas a la persistencia del trabajo infantil, especialmente en las minas, la oradora destacó que hay unos 250 000 niños de la calle en el país, 70 000 de los cuales viven en Kinsasa. Es incluso más inquietante la situación de las niñas pequeñas, muchas de las cuales comienzan a prostituirse a los 12 años. A pesar de la firma del PAN en 2015, no se han observado mejoras cuantificables en términos del fortalecimiento de la inspección del trabajo por parte del Estado y de la disminución del número de niños sometidos al trabajo forzoso. La oradora instó al Gobierno a que aplique con prontitud el PAN y, en particular, a que garantice el acceso gratuito a la educación básica para todos los niños y adopte medidas específicas para proteger a las niñas pequeñas. Por último, la oradora manifestó todo su apoyo a las recomendaciones en las que se insta al Gobierno a que tome medidas para eliminar el trabajo forzoso y las formas peligrosas de trabajo infantil.

El miembro gubernamental del Chad señaló con satisfacción la adopción de la ley núm. 09/001, de 10 de enero de 2009, que sanciona el enrolamiento o la utilización de niños menores de 18 años en las fuerzas y grupos armados y en la policía. La adopción de esta ley y de otras medidas legislativas y reglamentarias confirma la voluntad del Gobierno de luchar de manera efectiva contra el reclutamiento de niños soldados en su territorio, y de brindarles la protección necesaria. Además, el Gobierno se ha comprometido a fortalecer las capacidades de la inspección del trabajo en el marco de la aplicación del PAN. Es preciso estimular y apoyar este compromiso y los esfuerzos para llevarlo a cabo.

El miembro gubernamental de Argelia señaló la existencia de la firme voluntad política del Gobierno de luchar contra el flagelo de las peores formas de trabajo infantil, y destacó la adopción por el Gobierno de un enfoque intersectorial que permite aunar los esfuerzos y los recursos, así como la adopción de medidas legislativas y reglamentarias, en particular desde 2001. La Comisión debería alentar al país a proseguir sus esfuerzos, continuando con el seguimiento y el apoyo prestado, a fin de permitir la erradicación de las peores formas de trabajo infantil a muy corto plazo.

Otra representante gubernamental declaró que el Gobierno ha escuchado las firmes exhortaciones de los miembros de la Comisión, pero también las expresiones de aliento para que redoble sus esfuerzos en la lucha contra las peores formas de trabajo infantil. El Gobierno, consciente de sus responsabilidades, respondió a todos los comentarios de la Comisión de Expertos en un informe que se someterá al Director General de la OIT el lunes 12 de junio. Algunas informaciones recogidas durante la discusión provienen del informe anterior. El nuevo informe contiene datos nuevos. Por lo referente a las minas, desde que la RDC se enfrenta a la guerra y a la proliferación de grupos armados y desde que sufre las influencias del exterior, los niños se han transformado en víctimas de trabajo forzoso. Las guerras recurrentes en Kivu Septentrional y Kivu Meridional han frenado el desarrollo económico, y han generado desempleo, pobreza, desescolarización masiva de los niños y reclutamientos forzosos. Estos problemas existen en las estructuras que alimentan el contrabando, y no en las empresas que explotan legalmente las minas, como pudo constatar el entonces Ministro del Trabajo al visitar el lugar en 2013, tras la publicación de un informe del UNICEF. El Gobierno no escatima esfuerzos pero, tras dos decenios de guerra, es difícil brindar una protección adecuada a los niños que se encuentran en una situación tan compleja. La oradora instó a la comunidad internacional a que reflexione ampliamente sobre la cuestión de la trazabilidad del mineral. Además, consciente de las debilidades del sistema de inspección del trabajo y de la insuficiencia de sus efectivos, la oradora solicitó la asistencia técnica de la OIT para reforzar la inspección del trabajo y garantizar así un mejor control de la aplicación de las leyes. Actualmente está en curso un proyecto de reclutamiento de 1 000 inspectores del trabajo, que comprende una etapa de formación en cooperación con la OIT y el Centro Regional Africano de Administración del Trabajo, y debería recibir financiamiento este año.

Los miembros trabajadores expresaron una vez más su profunda preocupación por las peores formas de trabajo infantil a las que se somete a los niños de la RDC desde hace varias generaciones. Las medidas legislativas no han sido suficientes para erradicar este flagelo y el Gobierno debe dar una respuesta clara y coherente en la práctica. Es necesario adoptar medidas urgentes para enjuiciar a los reclutadores de niños soldados y a otros autores de abusos y de actos de violencia, y para desmovilizar y readaptar a los niños reclutados y reinsertarlos en la sociedad. Asimismo, conviene asegurarse de que se prevengan los abusos en todos los ámbitos en los que causan estragos las peores formas de trabajo infantil, incluido el sector minero, en el que más de 50 000 niños son víctimas de trabajo forzoso, o en lo que respecta a los niños de la calle. Un país que es incapaz de proteger a sus niños es un país sin futuro. Los miembros trabajadores lamentaron que el Gobierno no haya presentado una memoria sobre esas cuestiones y le instaron a que proporcione información relativa a las medidas concretas que se hayan adoptado para erradicar eficazmente las peores formas de trabajo infantil a la mayor brevedad. Cabe recordar que los terribles abusos cometidos contra los niños en la RDC incumben a todo el mundo, dado que el mineral proveniente de esas minas está presente en todo tipo de aparatos electrónicos cuyo uso es muy común. Los miembros trabajadores pidieron al Gobierno que: i) aleje a los niños de las peores formas de trabajo infantil y asegure su readaptación e inserción social; ii) ponga fin al «nuevo reclutamiento» de los niños que fueron desmovilizados anteriormente; iii) lleve a cabo el programa de desarme, desmovilización y reinserción de los niños; iv) acabe con la impunidad de las FARDC y decrete sanciones disuasorias contra éstas; v) emprenda investigaciones exhaustivas y enjuicie a las personas que reclutan a niños en un conflicto armado, incluidos los oficiales de las fuerzas armadas, y vi) responda sin dilación a los comentarios de la Comisión de Expertos.

Los miembros empleadores destacaron que la Comisión considera insuficiente la presentación por el Gobierno de la memoria, en virtud del artículo 22 de la Constitución de la OIT, durante la Conferencia en el mes de junio de 2017, cuando en realidad debía haberla sometido en septiembre de 2016. Los gobiernos deberían presentar las memorias a tiempo para que la Comisión de Expertos pueda examinar el cumplimiento del convenio pertinente. Esperan que en lo sucesivo el Gobierno cumpla su obligación de presentación de memorias. Los miembros empleadores reiteraron su llamamiento al Gobierno para que se apliquen las leyes promulgadas. Con respecto a la declaración del Gobierno, según la cual sólo hay dos inspectores en las provincias cuya extensión equivale a la de un país mediano, los miembros empleadores creen que, si los recursos humanos para la aplicación de la ley son escasos, los ingresos provenientes de aquellas provincias y de la minería deberían invertirse en la contratación necesaria por el bien del país y de los niños. Si bien reconocen las consecuencias del prolongado conflicto armado, consideran necesario realizar esfuerzos para establecer un proceso similar al Proceso Kimberley, con miras a garantizar que se registren los minerales y, posteriormente, se marquen si llegan al comercio, a fin de detectar cualquier procedencia del trabajo infantil. Por último, los miembros empleadores hicieron un llamamiento al Gobierno para que tome conciencia del sufrimiento de los niños y les ayude a superar sus traumas, con miras a romper finalmente el ciclo y a asegurar el futuro de la RDC a través de sus niños.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de las declaraciones orales formuladas por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión tomó nota de las graves cuestiones relativas a este Convenio fundamental, que se refieren en particular al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años en las fuerzas armadas y a la falta de acceso adecuado a la educación. La Comisión también expresó su decepción por el incumplimiento por parte del Gobierno, durante varios años, de sus obligaciones de presentación de memorias.

Teniendo en cuenta la discusión, la Comisión instó al Gobierno de la República Democrática del Congo, a que:

- vele por la desmovilización total e inmediata de todos los niños alistados en las filas de las FARDC y ponga fin al reclutamiento forzoso de niños en grupos armados, prestando particular atención a la desmovilización de las niñas;

- intensifique sus esfuerzos para impedir que los niños trabajen en minas y en otros sectores peligrosos, y preste la asistencia directa necesaria y apropiada para que sean retirados de estas peores formas de trabajo infantil;

- vele por que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y se emprendan acciones judiciales contra los culpables y que se les impongan sanciones suficientemente efectivas y disuasorias;

- redoble sus esfuerzos para adoptar medidas eficaces y en un plazo determinado para retirar a los niños de los grupos armados y de otras peores formas de trabajo infantil, y para velar por su rehabilitación y su reinserción social, y

- proporcione información sobre el número de niños soldados que han sido retirados de los grupos armados y reintegrados en la sociedad.

La Comisión recomendó al Gobierno de la República Democrática del Congo que recurra a la asistencia técnica con el fin de erradicar las peores formas de trabajo infantil y que notifique a la Comisión de Expertos, antes de su reunión de noviembre de 2017, los progresos realizados en relación con las recomendaciones anteriores.

La Comisión exhortó a la OIT, a la comunidad internacional y a las organizaciones de empleadores y de trabajadores a que concierten esfuerzos con el fin de eliminar sin demora todas las formas de trabajo infantil en el país, incluidas sus peores formas.