ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2017, published 107th ILC session (2018)

Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115) - Japan (Ratification: 1973)

Other comments on C115

Observation
  1. 2017
  2. 2015
  3. 2005
Direct Request
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2001
  4. 1995
  5. 1992

Display in: English - FrenchView all

Observación general de 2015. La Comisión quisiera señalar a la atención del Gobierno su observación general de 2015 en relación con el Convenio y, en particular, la solicitud de información contenida en el párrafo 30 de la misma.
La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO), comunicadas con la memoria del Gobierno.
Artículos 2, 12 y 13 del Convenio. Aplicación del Convenio a todas las actividades que entrañan la exposición de los trabajadores a radiaciones ionizantes en el curso de su trabajo y supervisión médica. 1. Trabajadores que intervienen en una situación de emergencia. La Comisión tomó nota anteriormente de que, debido al accidente en la central nuclear de Fukushima tras el terremoto de 2011, se dictó una orden ministerial sobre medidas especiales, que entró en vigor entre marzo y diciembre de 2011, que aumentó la dosis máxima permitida de exposición a las radiaciones en situaciones de emergencia a 250 mSv. Una vez que se estabilizaron los reactores nucleares, el límite de dosis de exposición a las radiaciones ionizantes se volvió a fijar en 100 mSv. No obstante, la ordenanza sobre la prevención de los riesgos por radiaciones ionizantes (núm. 41) fue enmendada en 2015 a fin de establecer que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar pueda fijar un límite especial a la dosis de exposición que no supere los 250 mSv en situaciones en las que sea difícil ajustarse a una dosis máxima de exposición de 100 mSv durante las tareas excepcionales en situaciones de emergencia.
La Comisión toma nota de que el Gobierno afirma, en respuesta a su solicitud anterior, que solamente podrán participar en las tareas excepcionales de emergencia los trabajadores que hayan dado su consentimiento por anticipado, recibido la formación necesaria y hayan sido designados por los empresarios como personal de prevención en catástrofes nucleares. El Gobierno afirma además que el artículo 7, 3), de la ordenanza núm. 41 desautoriza a cualquier otro tipo de personal que no sea el de prevención de catástrofes nucleares (tal como se expone en el artículo 8 de la Ley sobre Medidas Especiales relativas a Preparativos para Situaciones de Emergencia Nuclear (ley núm. 156 de 1999)) para que tomen parte en las tareas excepcionales en situaciones de emergencia; y establece que cuando los empresarios nombren personal para prevención de catástrofes nucleares, sólo podrán firmarse contratos laborales tras haberse indicado inequívocamente las condiciones de trabajo, incluida su participación en las tareas excepcionales de las situaciones de emergencia. El Gobierno afirma que, si tuvieran que contratarse trabajadores para labores de emergencia en el futuro, deberán considerarse sus deseos en la medida de lo posible para la asignación de las tareas correspondientes. El Gobierno señala que, de acuerdo con la ordenanza núm. 41 y la norma especial de formación para tareas excepcionales en situaciones de emergencia (notificación núm. 361 de 2015, del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar), deberán impartirse a los trabajadores que participen en labores de emergencia como mínimo 12,5 horas de formación relativa a los efectos de las radiaciones ionizantes en la salud y los métodos obligatorios de trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que se ha creado una base de datos de trabajadores contratados en tareas de emergencia, así como una base de datos para la gestión de la salud a largo plazo de estos trabajadores, que se utiliza para aplicar métodos de detección del cáncer.
La Comisión se refiere una vez más al párrafo 37 de su observación general de 2015, en el que afirma que, en situaciones de emergencia los niveles de referencia deberían situarse en una banda de entre 20 y 100 mSv, o en lo posible, por debajo de la misma. Deben adoptarse medidas para garantizar que ningún trabajador que intervenga en una situación de emergencia sea sometido a una exposición que exceda los 50 mSv. Tal como se señala en el párrafo 22 de esta observación general, las organizaciones de respuesta (como se define en la nota 19 de la observación general, «Una organización de respuesta es una organización designada o reconocida de otra manera por el Estado como el responsable de la gestión o de la aplicación de cualquier aspecto de una respuesta de emergencia.») y los empleadores deberían velar por que el personal de emergencia que en situaciones excepcionales ejecute acciones en el curso de las cuales las dosis recibidas excedan los 50 mSv lo haga voluntariamente y hayan sido previamente informados de manera clara y exhaustiva de los riesgos que de ello se derivan para su salud, así como de las medidas de protección y de seguridad disponibles; y que, en la medida de lo posible, hayan sido entrenados en las acciones que están obligados a ejecutar. La Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas adicionales para garantizar que la protección prevista en el Convenio se aplique a los trabajadores que intervienen en situaciones de emergencia. En particular, tomando nota de la indicación del Gobierno relativa a la formación e información que debe suministrarse a los trabajadores que intervienen en situaciones de emergencia, así como la indicación de que deberán considerarse los deseos de los trabajadores en la medida de lo posible para la asignación de sus tareas de emergencia, la Comisión pide al Gobierno que adopte medidas para garantizar que los trabajadores que puedan verse expuestos a dosis excepcionales en situaciones de emergencia lo hagan voluntariamente. Recordando que el artículo 6 del Convenio establece que las dosis máximas admisibles de radiaciones ionizantes deberán ser objeto de constante revisión, basándose en los nuevos conocimientos, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas para revisar las dosis máximas admisibles para esta categoría de trabajadores. Además, y tomando debida nota de la información comunicada por el Gobierno, la Comisión pide también al Gobierno que siga proporcionando información detallada sobre las medidas adoptadas a largo plazo para hacer el seguimiento de aquellos trabajadores que se vean expuestos a dosis mayores de radiación ionizante tras el terremoto de 2011.
2. Trabajadores dedicados a labores de descontaminación y desmantelamiento de instalaciones. La Comisión tomó nota anteriormente de las observaciones de la JTUC-RENGO, según las cuales son necesarias medidas adicionales de protección para los trabajadores dedicados al desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima Daiichi. La Comisión tomó nota de que la ordenanza sobre prevención de riesgos derivados de radiaciones ionizantes en las labores de descontaminación y tareas afines (núm. 152) exigía a los empleadores que participaban en tareas de descontaminación que aplicaran los siguientes protocolos: control de las dosis; medidas de reducción de la exposición, incluido un estudio preliminar de la zona de obra; medidas para el aislamiento de la contaminación, incluidos métodos de detección en superficie de radiaciones en el equipo y en el personal; formación de los trabajadores, y gestión de los cuidados de salud.
La Comisión toma nota de la declaración de la JTUC-RENGO, en la que reclama una ampliación de las iniciativas de gestión a largo plazo en materia de salud para los trabajadores que se han visto expuestos a un límite máximo de dosis radioactiva, aunque no hayan participado directamente en las tareas de emergencia, y a que se amplíe la cobertura de exposición a radiaciones para todos los trabajadores que participan en el desmantelamiento de la central nuclear de Fukushima Daiichi, incluso después de su separación del servicio. La Comisión toma nota de que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar formuló en 2015 las directrices sobre gestión de la seguridad y la salud en el trabajo en la central nuclear de Fukushima Daiichi, en las que se obliga al contratista a aplicar medidas de gestión de salud para los trabajadores. En este sentido, el contratista ha establecido un sistema para garantizar que se hagan reconocimientos médicos a los trabajadores de los contratistas principales y de sus subcontratistas y que, sobre la base de los resultados de los mismos, se tomen medidas en consecuencia. Además, el Ministerio ha creado un sistema de consultas telefónicas médicas, disponible a diario, para los empresarios sobre métodos de gestión de la salud, así como puntos de contacto dentro de los recintos de la central nuclear de Fukushima para consultas presenciales una vez por semana. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, a fin de gestionar la dosis de exposición a las radiaciones ionizantes de los trabajadores que realizan tareas de descontaminación, con arreglo al mismo marco que el resto de trabajadores de plantas nucleares, la Asociación para la prevención de los efectos de las radiaciones ha establecido un sistema de registro de dosis de exposición a las radiaciones para los trabajadores que realizan tareas de descontaminación, y ha solicitado a los empresarios que hacen este tipo de trabajo que participen en dicho sistema. El Gobierno señala que ha adoptado una serie de medidas para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección contra la radiación por parte de los empresarios que realizan trabajos de descontaminación. En relación con el control de las condiciones de trabajo de los trabajadores que realizan tareas de desmantelamiento y descontaminación, la Comisión se refiere a sus comentarios en virtud del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81). La Comisión insta firmemente al Gobierno a que prosiga sus iniciativas para garantizar que la protección brindada por el Convenio se aplica a los trabajadores que participan en labores de descontaminación y desmantelamiento, y pide al Gobierno que siga comunicando información sobre las medidas que está adoptando a este respecto. En este sentido, pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas de gestión de la salud a largo plazo con respecto a esta categoría de trabajadores, y que indique si la participación en el sistema de registro de dosis de exposición a la radiación para los trabajadores que realizan labores de descontaminación es obligatoria para los empresarios a quienes se les han adjudicado estas tareas.
Artículo 7. Exposición de los trabajadores menores de 18 años. La Comisión tomó nota anteriormente de las observaciones de la JTUC-RENGO de que se había informado a la comisión de infracciones de las disposiciones legales relativas a menores de 18 años que realizan tareas de descontaminación.
La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno, en respuesta a su petición anterior, de que en julio de 2013 y febrero de 2015, fueron arrestados algunos empleadores por infracción del artículo 62 de la Ley sobre Normativa Laboral (que prohíbe a los menores de 18 años realizar trabajos peligrosos) por incluir a trabajadores menores de 18 años en tareas de descontaminación. El Gobierno señala además que las oficinas de normativa laboral han distribuido folletos para concienciar a los empresarios que está prohibido contratar a menores de 18 años para realizar este tipo de trabajos, y sobre las medidas que deben adoptarse con respecto a la verificación de la edad. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas que está adoptando para garantizar la aplicación de las disposiciones legislativas nacionales relativas a la exposición profesional a radiaciones para los menores de 18 años, incluidas las sanciones específicas aplicadas en los casos de infracciones del artículo 62 de la Ley sobre Normativa Laboral relativo a tareas de descontaminación, y sobre las medidas relacionadas que se adoptaron para proteger a los trabajadores menores de 18 años que han sido contratados ilegalmente.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer