Observation (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Social Policy (Basic Aims and Standards) Convention, 1962 (No. 117) - Nicaragua (Ratification: 1981)

Partes I y II del Convenio. Mejoramiento del nivel de vida. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre los resultados alcanzados por el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2012-2016) y las otras iniciativas adoptadas con miras a asegurar el mejoramiento del nivel de vida de la población. A este respecto, la Comisión toma nota de la aprobación en febrero de 2018 de la Estrategia de Alianza con el País (EAP) de Nicaragua para 2018-2022 con el Banco Mundial, con la finalidad de reducir la pobreza y promover la prosperidad para más nicaragüenses. La EAP tiene entre sus objetivos fundamentales invertir en las personas, especialmente en relación con grupos en situación de vulnerabilidad (mujeres, jóvenes, pequeños productores que practican agricultura de subsistencia y comunidades indígenas y afrodescendientes en territorios rurales como el Corredor Seco y las regiones del Caribe, donde se encuentran la mayoría de las personas que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema), fomentar la inversión privada para la creación de empleos y mejorar las instituciones. Asimismo, de acuerdo al documento que recoge la citada estrategia, dado que el 80 por ciento de la población es vulnerable o pobre y que la fuerza de trabajo continuará expandiéndose en las próximas dos décadas, el CPF también contempla invertir en actividades que están focalizadas hacia la economía en su conjunto, mejorando su funcionamiento, apuntando a un crecimiento más rápido y ayudando a crear más y mejores empleos. La Comisión observa, sin embargo, que el Gobierno no proporciona información en su memoria sobre los resultados alcanzados por el PNDH 2012-2016, así como sobre todas aquellas medidas adoptadas con miras a mejorar el nivel de vida de la población.

La Comisión toma nota con profunda preocupación de la grave situación en el país provocada por la crisis política y social originada tras las protestas que se iniciaron el 18 de abril de 2018 y que ha perjudicado seriamente las condiciones de vida de la población. En este sentido, la Comisión toma nota de la información incluida en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) «Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, del 18 de abril al 18 de agosto de 2018», en el que se expresa preocupación en relación con las violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua. La Comisión toma nota de que en el citado informe se destaca que la independiente Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) estimó que, desde el inicio de la crisis, 215 000 personas habían perdido su trabajo y 131 000 habían caído bajo la línea de pobreza desde el 28 de junio de 2018. El informe señala que la crisis también ha estado marcada por una ola de ocupaciones ilegales de tierras privadas sin precedentes por parte de grupos progubernamentales. Según estimaciones de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC), al 31 de julio de 2018, alrededor de 4 000 hectáreas habían sido ilegalmente ocupadas en los siete departamentos del Pacífico y del centro del país. El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) ha denunciado otras violaciones de derechos, incluyendo ataques contra empresas y retrasos injustificados en la liberación de mercancía importada. Igualmente, el disfrute del derecho a la salud se ha visto significativamente afectado por la crisis, estimándose en 2 000 el número de personas heridas durante las protestas. Al respecto, el 25 de mayo de 2018, la Asociación Médica Nicaragüense denunció públicamente la manipulación del sistema público de salud con el fin de negar atención médica a las personas heridas durante las protestas, incluyendo el cierre de hospitales o su acordonamiento por parte de las autoridades, la policía, y/o elementos armados progubernamentales. Además, médicos y otros profesionales de la salud, entre otros, enfermeras y personal administrativo, han sufrido despidos por atender a personas heridas durante las protestas o por supuesto involucramiento en las mismas, al igual que aquellos maestros y profesores que apoyaron las protestas. La Comisión toma nota igualmente de que el informe señala que en este contexto, el 14 de agosto de 2018, la Asamblea Nacional aprobó una ley que recortó el gasto público en casi 185 millones de dólares DE LOS Estados Unidos (recortando así aproximadamente el 7 por ciento del presupuesto anual). De acuerdo al informe, estas medidas afectarán los proyectos gubernamentales de los sectores de salud, vivienda, justicia y educación, entre otros, y podrían poner en peligro el disfrute del derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la alimentación de la mayoría de la población, que ya ha estado experimentando los impactos negativos de los últimos meses debido a la crisis. Por otro lado, la Comisión observa que, según información publicada en octubre de 2018 por el Banco Mundial y disponible en su sitio web, después de alcanzar un crecimiento récord de 5,1 por ciento en 2011, la economía desaceleró del 4,7 por ciento en 2016 al 4,5 por ciento en 2017, y se prevé una contracción en 2018 de un 3,8 por ciento adicional. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada, incluyendo estadísticas desagregadas por sexo y edad, sobre los resultados alcanzados por el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH 2012-2016), la Estrategia de Alianza con el País (EAP) de Nicaragua para 2018-2022, así como sobre todas aquellas medidas destinadas a asegurar el mejoramiento del nivel de vida de la población nicaragüense (artículo 2), especialmente en relación con grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, pequeños productores que practican agricultura de subsistencia, y comunidades indígenas y afrodescendientes. Al tiempo que toma nota del detrimento de las condiciones de vida de la población como consecuencia de la crisis política y social en el país, la Comisión solicita al Gobierno que tome las acciones necesarias para que tales medidas tengan en cuenta las necesidades familiares de los trabajadores, de carácter esencial, tales como los alimentos y su valor nutritivo, la vivienda, el vestido, la asistencia médica y la educación en tales medidas (artículo 5, párrafo 2). Solicita además al Gobierno que envíe información sobre todas las medidas tomadas al respecto y el resultado de éstas. En este contexto, la Comisión recuerda al Gobierno la posibilidad de solicitar la asistencia técnica de la OIT.

Parte III. Trabajadores migrantes. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno informa que, en el marco del acuerdo celebrado con Costa Rica, 28 452 trabajadores nicaragüenses han emigrado de forma regulada y ordenada a Costa Rica en los diferentes ciclos agrícolas desde 2006 hasta 2018. El Gobierno indica que la mayoría de los trabajadores emigrantes son hombres que trabajan en el sector agrícola en los rubros de caña de azúcar, melones y piña. La Comisión toma nota de que en sus observaciones finales de 11 de octubre de 2016, el Comité de las Naciones Unidas de Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) observó el considerable número de trabajadores fronterizos y de temporada que se dirigen, en particular, a Costa Rica y, en el número cada vez mayor, a Honduras, El Salvador y Panamá. Asimismo, el CMW observó con preocupación que la migración procedente del Estado parte se debe principalmente a la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, lo que puede poner a los trabajadores migratorios nicaragüenses y sus familiares en situaciones de precariedad o inseguridad (véase documento CMW/C/NIC/CO/1, párrafos 51 y 65). La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información actualizada y detallada sobre las medidas adoptadas para que las condiciones de trabajo de los trabajadores migrantes obligados a vivir fuera de sus hogares tengan en cuenta sus necesidades familiares. La Comisión solicita además al Gobierno que envíe información estadística, desagregada por sexo y edad, sobre el número de trabajadores migrantes obligados a vivir fuera de sus hogares.

Artículo 13. Ahorro voluntario. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviase información sobre la manera en que las cooperativas de ahorro y crédito han contribuido a estimular las formas de ahorro voluntario de los trabajadores y de los productores independientes. El Gobierno informa de que el Ministro de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), registra 277 cooperativas de ahorro y crédito, en las que participan 107 615 trabajadores y productores. La Comisión toma nota, no obstante, de que en sus observaciones finales de 11 de octubre de 2016, el CMW observó con preocupación la falta de medidas para apoyar el acceso a las instituciones financieras y promover mayores conocimientos financieros de los receptores, en particular de las mujeres (documento CMW/C/NIC/CO/1, párrafo 49). La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas para estimular a los asalariados y a los productores independientes que practiquen alguna de las formas de ahorro voluntario contempladas por el Convenio. Solicita también al Gobierno que indique las medidas adoptadas para proteger a los mismos contra la usura, en particular, que especifique las medidas tomadas con miras a reducir los tipos de interés de los préstamos mediante el control de las operaciones de los prestamista y mediante el aumento de facilidades para obtener préstamos para fines apropiados por intermedio de organizaciones cooperativas de crédito o de instituciones sujetas al control de la autoridad competente. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que proporcione información sobre aquellas medidas adoptadas al respecto que estén especialmente dirigidas a las mujeres.

[Se pide al Gobierno que transmita información completa en la 108.ª reunión de la Conferencia y que responda de forma completa a los presentes comentarios en 2019.]