Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142) - Nicaragua (Ratification: 1977)

Artículos 1 a 5 del Convenio. Aplicación de políticas y programas de orientación y formación profesionales. Colaboración con los interlocutores sociales. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto a los diversos programas de formación profesionales implementados por el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) en 43 centros con presencia en las diferentes regiones del país, con miras a promover el acceso al mercado laboral o el emprendimiento en sectores tales como el comercio, servicios, agropecuario y forestal, industria o construcción. El Gobierno se refiere, entre otros, al programa «Usura Cero», el cual tiene como objetivo capacitar a mujeres trabajadoras de la economía informal para la buena administración de sus emprendimientos. El Gobierno añade que entre 2014 y 2017, se capacitaron 438 723 mujeres en el marco de dicho programa. Asimismo, se ha ejecutado un programa de capacitación para personas con discapacidad, adultos mayores y personas privadas de libertad con la finalidad de garantizar su inclusión laboral y promover el emprendimiento entre los mismos. El Gobierno se refiere también a la implementación del programa «Amor», destinado a brindar cursos de formación profesional a jóvenes en situación de riesgo, adolescentes desempleados, madres solteras y jefas de familia; y del programa «Hambre Cero», que otorga formación a las mujeres beneficiarias del bono productivo alimentario (entrega de animales y materiales necesarios para construir una granja) en el ámbito rural con el objetivo de que conviertan la unidad de producción en una granja integral autosuficiente. El Gobierno informa de la adopción en 2016 del programa «Pequeños negocios productivos familiares» que proporciona cursos de formación para empresarios de pequeñas y medianas empresas (pymes) para mejorar la calidad de sus productos y sus procesos de comercialización. La Comisión toma nota además de la información estadística proporcionada por el Gobierno respecto al número de hombres y mujeres matriculados y egresados en los distintos programas de formación entre 2012 y 2017. En relación con el impacto de tales programas en el acceso al mercado de trabajo de los participantes, el Gobierno indica que el INATEC no cuenta con datos estadísticos sobre el número de egresados que acceden al mercado laboral, ya que el seguimiento de la inserción laboral de los participantes en dichos programas no se encuentra entre las competencias atribuidas a dicha institución. Al respecto, la Comisión recuerda que el párrafo 16 de la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195) prevé que «los Miembros deberían evaluar el impacto que tienen sus políticas en materia de educación, formación y aprendizaje permanente en sus avances en pos de la consecución de los principales objetivos de desarrollo humano, tales como la creación de empleos decentes y la erradicación de la pobreza». La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a garantizar el acceso a la formación y orientación profesionales de grupos de trabajadores en situaciones de vulnerabilidad, tales como mujeres, personas con discapacidad, indígenas, personas en las zonas rurales, y personas que trabajan en la economía informal. La Comisión solicita también al Gobierno que continúe proporcionando información actualizada, incluyendo estadísticas desglosadas por edad y sexo, sobre el impacto de las políticas y los programas aplicados en relación a la orientación y formación profesionales. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas con miras a obtener información estadística sobre los resultados obtenidos en términos de inserción laboral de quienes participan en las actividades de formación profesional. Por último, la Comisión solicita al Gobierno de que envíe información específica y detallada sobre la manera en la que se han consultado a los interlocutores sociales y representantes del sector privado en relación con la formulación, la aplicación y seguimiento de las políticas y programas de orientación y de formación profesional.