Direct Request (CEACR) - adopted 2018, published 108th ILC session (2019)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Panama (Ratification: 1970)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Nacional de Unidad Independiente (CONUSI), que fueron recibidas el 31 de agosto de 2018. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

Artículo 1 del Convenio. Aplicación de una política activa de empleo. Medidas para promover el pleno empleo. Desarrollo de la infraestructura. Política comercial. En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica que, según el Boletín Perspectiva Laboral de 2017 denominado «Visión de Corto Plazo y Desafíos de Empleo Juvenil», en 2017 se produjo un aparente repunte del crecimiento de la economía en su conjunto, la cual había mostrado signos de desaceleración en años previos. Por su parte, la CONUSI sostiene que, si bien, la economía continúa creciendo, lo hace a un menor ritmo que el impulsado por la ejecución de proyectos de infraestructuras en años anteriores, como muestra el aumento de la tasa de desempleo de un 4,4 por ciento en el período 2011-2014 al 6 por ciento en 2016. El Gobierno informa que las obras de ampliación del Canal de Panamá generaron 41 168 puestos de trabajo (28 870 fueron ocupados por hombres y 2 298 por mujeres). El Gobierno añade que se prevé la creación de más empleos como resultado de la ejecución de nuevos proyectos de desarrollo de infraestructuras, tales como la construcción de diversas líneas de metro (se prevé la contratación directa e indirecta de 31 670 personas) y del cuarto Puente sobre el Canal de Panamá. Además, el Gobierno indica que actualmente hay 180 empresas en el área económica especial Panamá Pacífico, en las que trabajan 3 972 hombres y 2 624 mujeres. Por otro lado, el Gobierno informa de la celebración del acuerdo comercial con China, que potenciará a Panamá como puerta de entrada a América para grandes empresas chinas. La Comisión toma nota de la detallada información estadística proporcionada por el Gobierno sobre los empleos generados en las distintas regiones por las 53 empresas inscritas en el Registro de la Industria Nacional (RIN). La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información actualizada sobre la creación de empleos resultantes de la ejecución de proyectos de desarrollo de la infraestructura así como de la política comercial.

Promoción del empleo para personas en situación de pobreza extrema. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno se refiere a la implementación de diversas actividades para mejorar la empleabilidad de las personas en situación de pobreza extrema en el marco de, entre otros programas, el Programa red de oportunidades, que tiene como objetivo reducir la pobreza extrema a través del pago de incentivos a hogares, condicionado al cumplimiento por parte de los miembros adultos de dichos hogares de las corresponsabilidades en materia de salud y educación de sus hijos e hijas. La Comisión observa que el número de participantes en dicho programa disminuyó considerablemente de 72 831 en 2014 a 49 115 en 2018. El Gobierno informa también de la implementación, en cooperación con la Unión Europea (UE), del Proyecto Fortalecimiento de la Cohesión Social (COHESAL), entre cuyos principales logros, se encuentra el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas de grupos en situación de vulnerabilidad a través de la generación de ingresos, para lo cual se llevaron a cabo actividades tales como: programas de capacitación para el empleo, acciones de producción y comercialización agrícola; y acciones de producción y comercialización de artesanía. En relación con las comunidades indígenas, el Gobierno informa que, según el informe «Actualizaciones de las líneas de pobreza» del Ministerio de Economía y Finanzas de marzo de 2015, mientras que la pobreza en el país era del 23 por ciento, en las comunidades indígenas ésta era del 84,6 por ciento. El Gobierno indica que se han adoptado medidas con miras a adaptar los diversos programas del Ministerio de Trabajo a las necesidades de las comunidades indígenas a través de la consulta a las mismas. Por último, el Gobierno indica que entre 2010 y 2016, la pobreza general se redujo del 29,8 por ciento al 22 por ciento, mientras que la pobreza extrema se redujo del 12,26 por ciento al 9,9 por ciento. Sin embargo, la CONUSI sostiene que no es posible asegurar que los niveles de pobreza en el país hayan disminuido, ya que no se ha aplicado la misma metodología para su medición y además ésta no es continua. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a mejorar la empleabilidad de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, incluidas las comunidades indígenas. La Comisión solicita también al Gobierno que envíe información estadística comparable, desagregada por sexo, sobre los resultados obtenidos por dichas medidas para lograr la inserción durable en el mercado del trabajo de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema.

Empleo juvenil. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviase información sobre el impacto de los programas y proyectos destinados a promover el empleo juvenil. El Gobierno informa que la tasa de desempleo de los jóvenes entre 19 y 24 años ha aumentado, siendo mucho más alta entre las mujeres que entre los hombres. El Gobierno añade que, entre las causas del desempleo juvenil, se encuentra el déficit de cualificaciones y competencias exigidas por el mercado de trabajo; la búsqueda continua por parte de los jóvenes de un trabajo acorde con sus expectativas laborales y salariales; y la falta de experiencia. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre la implementación de diversos programas con miras a promocionar la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, tales como el Programa de apoyo a la inserción laboral (PAIL), el Programa de orientación vocacional y empleo (POVE), el programa «Mi primera oportunidad» y el proyecto «Panamá pro joven». El Gobierno indica que entre noviembre de 2016 y octubre de 2017, 471 mujeres y 269 hombres se beneficiaron del PAIL. El Gobierno añade que, tras la evaluación del programa Mi Primera Oportunidad, se decidió no darle continuidad al mismo, ya que el PAIL y el Programa pro joven cumplen los mismos objetivos. La Comisión toma nota, no obstante, que en sus observaciones la CONUSI afirma que no existe información estadística sobre el impacto que han tenido en el empleo los señalados programas. Por otro lado, el Gobierno indica que el 8 de mayo de 2016 se presentó el proyecto de ley núm. 149, que fomenta el trabajo decente para los jóvenes, así como los ejes y líneas de acción del Plan estratégico interinstitucional de la juventud en relación con el empleo juvenil. Además, en 2017 se adoptó el programa «Jóvenes emprendedores», que está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad y cuyo objetivo es capacitar a nuevos emprendedores de microempresas de forma personalizada con miras a promover el desarrollo de sus ideas de negocio y que éstas resulten en el establecimiento de empresas que sean sostenibles, productivas y generadoras de empleo. El Gobierno informa que desde su implementación en 2017, 250 personas han participado en el programa. La Comisión solicita al Gobierno que continúe informando sobre el impacto que hayan tenido los programas y proyectos destinados a promover el empleo juvenil, particularmente el empleo de mujeres jóvenes. La Comisión solicita también al Gobierno que comunique información sobre la situación en la que se encuentra la adopción del proyecto de ley núm. 149, que fomenta el trabajo decente para los jóvenes, y el plan estratégico interinstitucional de la juventud, y que proporcione una copia de los mismos una vez que éstos sean adoptados.

Personas con discapacidad. El Gobierno indica que, en cumplimiento de la ley núm. 42 para la inclusión de las personas con discapacidad, se cubrieron el 100 por ciento del costo de las becas de las personas con discapacidad en el marco del PAIL, en el que participaron 31 personas con discapacidad (diez mujeres y 21 hombres) entre noviembre de 2016 y octubre de 2017. Además, a través del Programa mejoramiento de la empleabilidad para las personas con discapacidad, se han insertado en el mercado laboral 729 personas con discapacidad. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información actualizada y detallada sobre el impacto de las medidas de empleo, incluidas las medidas de ajustes razonables, que se han adoptado para ayudar a las personas con discapacidad a conseguir empleos sostenibles en el mercado regular de empleo.

Coordinación de las políticas de formación con las políticas de empleo. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de las numerosas medidas adoptadas con la participación de los interlocutores sociales y las empresas, con miras a adaptar la oferta de formación a las demandas del mercado de trabajo. El Gobierno se refiere, entre otras medidas, a la celebración de sesiones de mesas de empleo y formación técnica del Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE) en diversos sectores, como foros público-privados permanentes de diálogo, intercambio, actualización, monitoreo, seguimiento y evaluación en los que participan empleadores y formadores con el fin de mejorar constantemente la pertinencia de los contenidos de formación técnica en función de las competencias requeridas por el sector empleador. Asimismo, en el marco del Consejo consultivo permanente en ocupaciones técnicas y profesionales (CCP), se han creado diversas comisiones con los objetivos de: i) articular el sistema de formación profesional con las necesidades del sector productivo, así como con las políticas económicas y educativas del país; ii) generar y divulgar información del mercado laboral, y iii) promover la valoración social de las carreras técnicas. Al respecto, la Comisión toma nota de las diversas medidas realizadas en el seno de las señaladas comisiones con miras a conectar la formación profesional con el mercado laboral. Además, han elaborado diversos estudios con la finalidad de identificar la demanda de conocimientos, aptitudes y necesidades del mercado de trabajo. El Gobierno añade que el número de egresados aumentó de 56 111 personas en 2013 a 75 028 en 2017. La Comisión toma nota de que la CONUSI afirma que los señalados programas de formación técnica y profesional no parecen estar incidiendo en las contrataciones de técnicos, ya que el sector privado demanda un mayor dinamismo. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre el impacto de las medidas tomadas para promover las políticas de enseñanza y formación profesional. Asimismo, solicita al Gobierno que continúe enviando información sobre la coordinación de las políticas de educación y de formación profesional con las políticas de empleo y, específicamente, sobre cómo la oferta de capacitación se coordina con los cambios en la demanda de conocimientos y aptitudes y las necesidades del mercado de trabajo.

Micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que se han llevado a cabo esfuerzos con miras a incluir el emprendimiento en la agenda nacional de desarrollo, a través de la firma en 2016 del Pacto nacional por el emprendimiento y la aprobación en 2017 de la Política nacional de emprendimiento denominada «Panamá Emprende y Crece». El Gobierno se refiere también a la constitución del Consejo Nacional de Emprendimiento en noviembre de 2017, como órgano responsable de la coordinación, dirección, seguimiento y evaluación de las acciones realizadas en el marco del señalado pacto y del que forman parte organizaciones de trabajadores y de empleadores, tales como la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Panamá (AJOEM). También se creó el Monitor Global de Emprendimiento en Panamá como instrumento para medir la actividad emprendedora en el país. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información estadística, desagregada por sexo, sobre el número y tipo de empresas creadas y el número de puestos de trabajado generados por las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME).