Observation (CEACR) - adopted 2022, published 111st ILC session (2023)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Central African Republic (Ratification: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), recibidas el 1.º de septiembre de 2021. Toma nota asimismo de la discusión detallada celebrada en la 110.ª reunión de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia (Comisión de la Conferencia), en junio de 2022, relativa a la aplicación del Convenio por la República Centroafricana, así como de la memoria del Gobierno.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 110ª reunión, mayo-junio de 2022)

Artículo 3, a) del Convenio. Todas las formas de esclavitud o prácticas análogas. Reclutamiento forzoso de niños para su utilización en conflictos armados. La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia, si bien es consciente de la complejidad de la situación que predomina en el país, lamentó profundamente la situación en la que los niños son reclutados y utilizados por las fuerzas armadas y los grupos armados como combatientes y en funciones de apoyo. La Comisión de la Conferencia pidió encarecidamente al Gobierno que adoptara, en consulta con los interlocutores sociales, todas las medidas necesarias a fin de lograr la desmovilización completa a inmediata de todos los niños y de poner fin, tanto en la legislación como en la práctica, al reclutamiento forzoso de niños en las fuerzas armadas y los grupos armados. En relación con esto, instó firmemente al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para que se emprendan investigaciones exhaustivas y procedimientos judiciales firmes contra los autores de tales violaciones, incluidos los miembros de las fuerzas armadas y de los grupos armados, y para que se impongan sanciones suficientemente eficaces y disuasorias tanto en la legislación como en la práctica. La Comisión toma nota asimismo de que, en sus observaciones, la CSI apoya las Conclusiones de la Comisión de la Conferencia y recuerda en particular que el informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los niños y los conflictos armados identificó, en mayo de 2021, 580 casos de niños reclutados y utilizados por los grupos armados y las fuerzas armadas, lo cual constituye una agravación alarmante de este fenómeno.

La Comisión toma nota de que, según el Informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, de 23 de junio de 2022, la Organización de Naciones Unidas confirmó que 329 niños (262 niños y 67 niñas), algunos de los cuales tenían apenas 7 años de edad, habían sido reclutados y utilizados por grupos armados (293), también para su utilización como combatientes (843 niños). En total, 36 niños habían sido utilizados por los miembros del personal de seguridad (28), las fuerzas armadas centroafricanas (5), las fuerzas armadas centroafricanas/fuerzas de seguridad interna (2) y las fuerzas armadas centroafricanas/los miembros del personal de seguridad (1) para obtener información, como guardias en los puestos de control, y para realizar diversas tareas. La mayoría de las violaciones (189) se produjeron en la prefectura de Haute-Kotto. Además, 8 niños fueron detenidos por las autoridades nacionales debido a su presunta asociación con grupos armados. Dos de ellos permanecen detenidos y la Organización de las Naciones Unidas continúa realizando esfuerzos para lograr su puesta en libertad. La Comisión toma nota asimismo de la información detallada contenida en este informe relativa a los cientos de casos de muertes, violaciones y otros actos de violencia sexual y secuestros cometidos contra niños, así como de los ataques perpetrados contra escuelas y hospitales (A/7/871-S/2022/493, párrafos 26-34).

La Comisión toma nota asimismo de que, según indica el Gobierno en su memoria, siguen desplegándose esfuerzos a través del Comité estratégico de desarme, desmovilización, reintegración y repatriación; reforma del sector de la seguridad, y reconciliación nacional (DDRR/RSS/RN), presidido por el Presidente de la República, y de la Estrategia Nacional de Reforma del Sector de la Defensa y de la Seguridad 2017-2021, que ha permitido fortalecer la capacidad técnica de las fuerzas de defensa. La Comisión toma nota además de que, según la información escrita comunicada por el Gobierno a la Comisión de la Conferencia, y la información contenida en el informe del Experto Independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana, de 22 de agosto de 2022, se han adoptado medidas en lo que respecta al enjuiciamiento de los autores de los delitos de violación de los derechos humanos, incluidas las peores formas de trabajo infantil. Estos esfuerzos no solo comprenden la celebración de audiencias penales regulares desde finales de 2015, sino también la puesta en marcha del Tribunal Penal Especial, que comenzó su primer juicio en abril de 2022 en un caso de enjuiciamiento por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra miembros de grupos rebeldes (A/HRC/51/59, párrafos 65 y siguientes). No obstante, según este informe, si bien la lucha contra la impunidad es una de las prioridades gubernamentales, muchos incidentes no han sido objeto de investigaciones por el Estado; el Experto Independiente declara que la voluntad política en este ámbito debería traducirse en acciones eficaces (A/HRC/51/59, párrafos 83 y 84).

Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, y reconociendo la difícil situación que predomina en el país, la Comisión se ve obligada a deplorar una vez más el reclutamiento y la utilización persistentes de niños en el conflicto armado en la República Centroafricana, que entrañan además otras violaciones graves de los derechos del niño, tales como secuestros, asesinatos, actos de violencia sexual, y ataques a escuelas y hospitales. Por consiguiente, la Comisión insta enérgicamente al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para poner fin, en la práctica, al reclutamiento forzoso de niños menores de 18 años de edad por las fuerzas armadas y los grupos armados en el país. Además, la Comisión pide al Gobierno que continúe adoptando medidas inmediatas y eficaces para que todas las personas, incluidos los miembros de las fuerzas armadas regulares, que reclutan a niños menores de 18 años para su utilización en conflictos armados, sean objeto de investigaciones exhaustivas y de procedimientos judiciales firmes, y que se les impongan sanciones suficientemente eficaces y disuasorias en la práctica, especialmente en el marco de las jurisdicciones nacionales y del Tribunal Penal Especial. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre el número de investigaciones llevadas a cabo, de procedimientos judiciales iniciados y de condenas impuestas a los autores de dichos delitos. La Comisión pide asimismo al Gobierno que proporcione una copia del Código de Protección de la Infancia.

Artículo 7, 2).Medidas eficaces y en un plazo determinado.Apartado a).Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil.Acceso a la enseñanza básica gratuita. La Comisión toma nota de que la Comisión de la Conferencia tomó nota con gran preocupación de la situación de los niños, en particular de las niñas, a quienes se priva de educación debido al impacto de la crisis política y de seguridad que predomina en el país. La Comisión de la Conferencia instó enérgicamente al Gobierno a intensificar sus esfuerzos a fin de mejorar el funcionamiento del sistema de enseñanza y de facilitar el acceso a una educación básica de calidad y gratuita para todos los niños, especialmente las niñas, y en las zonas afectadas por el conflicto.

La Comisión toma nota además de que, en sus observaciones, la CSI toma nota asimismo con profunda preocupación del impacto de la crisis política y de seguridad en la situación de los niños, en particular de las niñas, a las que se priva de educación. La CSI recuerda que la tasa de escolarización sigue siendo sumamente baja en el país, y que la tasa de abandono escolar en la enseñanza primaria y secundaria es muy alta. Esta situación obedece en particular al cierre parcial o total de varias escuelas a raíz del conflicto armado, especialmente en el interior del país, ya que los grupos armados saquean, atacan y ocupan establecimientos escolares en el marco del conflicto. Por consiguiente, la CSI estima que la República Centroafricana debe redoblar sus esfuerzos para cumplir las obligaciones dimanantes del artículo 7, a) y c), del Convenio, encaminadas a garantizar el acceso a la educación básica gratuita para todos los niños.

En relación con esto, el Gobierno indica en su memoria que el derecho a la educación para todos figura entre sus prioridades y que se están realizando esfuerzos para rehabilitar las infraestructuras escolares, incluso en las zonas más afectadas por el conflicto, y para fortalecer las capacidades del personal docente. El Gobierno indica que, en mayo de 2020, validó el Plan Sectorial de Educación para el periodo 20202029, que pone de relieve la situación en lo que respecta al acceso a la educación, el impacto de los conflictos recientes en el acceso a la educación, la reforma de la gobernanza y la financiación del sistema educativo.

Al tiempo que toma nota con profunda preocupación del gran número de niños privados de educación debido al clima de inseguridad que predomina en el país, la Comisión recuerda que la educación desempeña un papel esencial para impedir que los niños estén ocupados en las peores formas de trabajo infantil, incluido su reclutamiento en los conflictos armados. Por consiguiente, la Comisión insta enérgicamente al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento del sistema educativo en el país y facilitar el acceso a la educación básica gratuita para todos los niños, incluidas las niñas, y en las zonas afectadas por el conflicto. En relación con esto, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el impacto de las medidas concretas adoptadas en este ámbito, en el marco del Plan Sectorial de Educación para periodo 2020-2029 o de cualquier otro proyecto, y sobre las tasas de escolarización, de finalización y de abandono en los niveles primario y secundario de la enseñanza.

Apartado b).Ayuda directa para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil y garantizar su rehabilitación e integración social.Niños reclutados por la fuerza para su utilización en conflictos armados. La Comisión de la Conferencia instó enérgicamente al Gobierno a redoblar sus esfuerzos con miras a la prevención, la liberación, la rehabilitación y la inserción social de los niños reclutados para su utilización en un conflicto armado, en particular a través de programas de sensibilización y de integración.

En relación con esto, la CSI toma nota con preocupación, en sus observaciones, de que los niños que han sido reclutados por la fuerza son por segunda vez víctimas de la crisis política y de seguridad que predomina en el país, debido a la insuficiencia de los medios asignados a su rehabilitación y reintegración en la sociedad. La CSI subraya que los programas de reintegración deben fortalecerse con objeto de garantizar una desmovilización efectiva y duradera de los niños, y que la rehabilitación de los antiguos niños soldados constituye un importante reto en el país. La CSI observa que, si bien los compromisos políticos existen desde hace mucho tiempo en la República Centroafricana, el plazo para poner en práctica dichos compromisos ha vencido hace mucho tiempo, y siguen planteándose muchos problema en la práctica en lo que respecta a la rehabilitación e integración social de los antiguos niños soldados.

A este respecto, la Comisión toma nota de que, según indica el Gobierno, varias personas, incluidos niños pertenecientes a grupos armados, han sido desmovilizadas y reintegradas en el círculo económico y social. El Gobierno subraya que, desde 2014 y con el apoyo del UNICEF y de otros asociados, se ha liberado a más de 15 500 niños, el 30 por ciento de los cuales son niñas y algunos de los cuales han recibido formación en el Alto Comisionado para la Juventud Pionera. Además, la Comisión toma nota de que, según la información contenida en el Informe del Secretario General sobre los niños y los conflictos armados, de 23 de junio de 2022, se han elaborado planes interministeriales para apoyar la aplicación del Código de Protección de la Infancia en los Hospitales (A/7/871-S/2022/493, párrafo 35). Según el UNICEF, la aplicación de este Código permite garantizar la protección efectiva de los niños, también contra las graves violaciones de sus derechos, reforzar el mecanismo de seguimiento y propiciar la liberación y la reintegración de los niños pertenecientes a fuerzas y grupos armados, y proporcionar atención médica y psicosocial a los niños afectados por los conflictos.

En efecto, el Gobierno indica que, en colaboración con el UNICEF, está buscando medios para garantizar que los 2 000 niños afectados por la violencia, la explotación y los abusos que fueron liberados por los grupos armados en 2021 sean reintegrados en sus familias/comunidades o remitidos a servicios alternativos. En relación con esto, la Comisión toma nota de que, según el informe del Experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en la República Centroafricana, de 22 de agosto de 2022, a pesar de la financiación de proyectos relacionados con la reintegración socioeconómica de las personas, incluidos los niños, que han abandonado los grupos armados, este problema sigue sin resolverse (A/HRC/51/59, párrafo 10). Por consiguiente, la Comisión insta enérgicamente al Gobierno una vez más a que redoble sus esfuerzos con miras a garantizar la liberación de todos los niños reclutados para su utilización en el conflicto armado, así como su rehabilitación y su inserción social. Pide asimismo al Gobierno que adopte todas las medidas necesarias para que los niños liberados de los grupos armados y las fuerzas armadas se beneficien de programas de reinserción, también en el marco de la cooperación con el UNICEF. Pide al Gobierno que continúe proporcionando información a este respecto, inclusive sobre el número de niños que se han beneficiado de rehabilitación e inserción social.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud que dirige directamente al Gobierno.