Interim Report - Report No 299, June 1995

Case No 1595 (Guatemala) - Complaint date: 05-JUL-91 - Closed

1. 398. En su 295.o informe (noviembre de 1994, aprobado por el Consejo de Administración en su 261.a reunión), el Comité pidió al Gobierno que aceptara una misión de contactos directos en relación con los casos núms. 1512, 1539, 1595, 1778 y 1786 para obtener las informaciones necesarias y poder examinar los alegatos con pleno conocimiento de causa (véase 295.o informe, párrafo 12). Asimismo, el Comité dirigió un llamamiento urgente al Gobierno instándole a que transmitiera sus observaciones sobre el caso núm. 1740 con toda urgencia (véase 295.o informe, párrafo 13); lógicamente, la obtención de informaciones sobre este caso sería también uno de los objetivos de la mencionada misión de contactos directos.
2. 399. El Gobierno de Guatemala aceptó la misión de contactos directos por comunicación de 9 de diciembre de 1994. La misión tuvo lugar del 13 al 17 de febrero de 1995 y fue llevada a cabo por el Sr. Enrique Marín Quijada, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Central de Venezuela (véase en anexo el informe de misión).
3. 400. Guatemala ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, (núm. 98).

A. A. Alegatos de los querellantes

1. 401. Dado que en el informe de la misión de contactos directos
   • figura un
   • resumen de los alegatos de los seis casos, de las respuestas del
   • Gobierno
   • sobre algunos de ellos y de las conclusiones del Comité en
   • exámenes anteriores
   • de los casos núms. 1512, 1539 y 1595, el Comité puede
   • proceder directamente a
   • la formulación de sus conclusiones, si bien en su examen de los
   • casos no ha
   • podido tener en cuenta una extensa y reciente comunicación
   • del Gobierno de
   • fecha 16 de mayo de 1995, en la que envía informaciones
   • sobre los alegados
   • actos de violencia contra sindicalistas (existencia o no de
   • denuncias, casos
   • en que se requieren precisiones suplementarias, casos en que
   • se han abierto
   • investigaciones, etc.).

B. B. Conclusiones del Comité

• Conclusiones del Comité
  402. 402 El Comité toma nota del informe del profesor Enrique Marín sobre la misión de contactos directos que llevó a cabo en Guatemala del 13 al 17 de febrero de 1995 y desea agradecerle su informe. El Comité observa con interés que la misión fue recibida "por representantes del Gobierno, altas autoridades no gubernamentales y representantes de organizaciones profesionales y que de todos recibió amplia colaboración para el buen desarrollo de sus trabajos, pudiendo sostener un amplio intercambio de puntos de vista y obtener valiosas informaciones". En este sentido, el Comité observa que la misión se entrevistó con representantes del Gobierno y de los interlocutores sociales al más alto nivel. Concretamente, la misión se entrevistó con el Excmo. Sr. Ramiro de León Carpio, Presidente de la República, el Excmo. Sr. Acisclo Valladares, Procurador General de la Nación, el Excmo. Sr. Jorge Mario García Laguardia, Procurador de los Derechos Humanos, la Excma. Sra. Gladys Annabella Morfín, Ministra de Trabajo y Previsión Social, el Excmo. Sr. Vicente Arranz Sanz, Presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el Excmo. Sr. Oscar Barrios Castillo, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Excmo. Sr. Ramses Cuestas Gómez, Fiscal General de la República, así como con diversas autoridades y funcionarios ministeriales. También se reunió con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y con representantes de las siguientes organizaciones sindicales: Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), la Central de Trabajadores del Campo (CTC), la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG), la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), y la Federación de Empleados Bancarios y de Seguros (FESEBS). Por último, la misión se entrevistó con el jefe de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) y funcionarios de la misma.
  403. 403 El Comité observa que las quejas se refieren fundamentalmente: 1) al asesinato, desaparición, secuestro, agresiones, detención o amenaza de muerte de un número muy elevado de dirigentes sindicales y sindicalistas; 2) a trabas a la constitución de organizaciones sindicales; 3) a numerosos actos de discriminación antisindical; y 4) a violaciones al derecho de negociación colectiva.
• Muerte violenta, desaparición, secuestro, agresiones, detención y amenazas de muerte contra sindicalistas
  404. 404 El Comité toma nota de que el informe de misión destaca "la situación tan compleja que vive Guatemala, entre la guerra y los esfuerzos para alcanzar la paz; con importantes realizaciones en la búsqueda de una organización estatal más completa, en medio de un régimen de transición y un ambiente de pobreza; siguiendo una política de promoción de los derechos humanos, que no llega a impedir numerosas y graves violaciones, muchas de las cuales permanecen impunes". En otra parte del informe de misión se indica que "las altas autoridades del Estado, responsables de la vigilancia de los derechos humanos, muestran gran preocupación por la frecuencia y gravedad de las violaciones, las cuales tienen lugar a pesar de sus esfuerzos por evitarlas y consideran que la evolución respecto de diez años atrás ha sido favorable, sólo que los avances actuales se van haciendo lentos y difíciles. (...) el número de denuncias ante dicha Procuraduría (de los Derechos Humanos) aumentó considerablemente en 1994, lo cual indica mayor conocimiento de este recurso y tal vez mayor confianza de la población, aunque algunas de ellas (1.806, sobre un total de 13.431) no eran de la competencia de la Procuraduría; además, han proliferado las instancias que reciben denuncias de violaciones a los derechos humanos". En este contexto general, en que se sitúa el ejercicio de los derechos sindicales, el Comité observa que según se desprende de las informaciones contenidas en el informe de misión, la situación de los derechos humanos en el mundo sindical no pareciera haber evolucionado en forma desfavorable últimamente en lo que respecta a las muertes violentas y desapariciones aunque sí en lo que respecta a las amenazas de muerte. El Comité considera que la acción estatal en el campo de los derechos humanos debe reforzarse.
  405. 405 El Comité toma nota asimismo de "la situación de impunidad de la gran mayoría de crímenes contra sindicalistas" y "de la poca capacidad del Estado para investigar los hechos punibles". El Comité observa en este sentido que el Gobierno ha comunicado un número reducido de informaciones sobre los alegatos de asesinatos y demás actos de violencia contra sindicalistas y que las autoridades entrevistadas indican: 1) que la mayoría de ellos son muy anteriores al actual período de Gobierno (aunque se reconoce que se han producido violaciones de los derechos humanos y sindicales también durante el actual período de Gobierno; 2) que ciertos alegatos no contienen las precisiones necesarias para poder ser respondidos; 3) que por el momento no han obtenido resultados positivos de las organizaciones sindicales denunciantes al requerirles complementos de información (nombres, fechas localidades, etc.); 4) que en el país ha prevalecido la cultura del miedo cuando se trata de prestar testimonio y 5) que existía una deficiente organización judicial hasta julio de 1994, donde la información sobre los procesos no estaba centralizada (sólo se hallaba en cada juzgado o tribunal). El Comité toma nota con interés del compromiso del Fiscal General de la República de abrir investigaciones sobre todas las denuncias en instancia ante el Comité en caso de que no estén abiertas, así como de que "como consecuencia de la misión de contactos directos y por voluntad del Presidente de la República, se había creado una comisión de enlace creada por la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH) para asuntos laborales en materia de derechos humanos, que incluía lógicamente las cuestiones sindicales; el objetivo de la misma era darle seguimiento a todos los casos que se someten al Comité de Libertad Sindical, coordinando la acción del Ministerio de Trabajo, la Fiscalía y la policía nacional; de esta manera la Sra. Ministra del Trabajo podrá pasar automáticamente las quejas que se reciban a la comisión de enlace".
  406. 406 El Comité deplora profundamente las numerosas muertes violentas de dirigentes sindicales y sindicalistas, así como las desapariciones, secuestros, detenciones arbitrarias, agresiones y amenazas de muerte que se han producido desde la presentación de las quejas (1990), expresa su seria preocupación ante la situación de impunidad (sólo en uno de los asesinatos a los que se refiere el Gobierno parece haberse identificado a los autores) e insiste en la absoluta necesidad de abrir investigaciones judiciales sobre todos los casos planteados ante el Comité con objeto de esclarecer los hechos y sancionar a los culpables. En este sentido, el Comité recuerda el compromiso del Fiscal General de la República de abrir investigaciones sobre todos los casos sometidos al Comité y pide al Gobierno que le informe al respecto.
  407. 407 Aunque es consciente de la difícil situación por la que atraviesa Guatemala y de la política del Gobierno de promoción de los derechos humanos, el Comité recuerda que "los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, e incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio" (véanse 291.er informe, caso núm. 1700 (Nicaragua), párrafo 310, y 294.o informe, caso núm. 1761 (Colombia), párrafo 726). Además, cuando se han producido ataques a la integridad física o moral (amenazas de muerte), el Comité ha considerado que "la realización de una investigación judicial independiente debería efectuarse sin dilación, ya que constituye un método especialmente apropiado para esclarecer plenamente los hechos, determinar las responsabilidades, sancionar a los culpables y prevenir la repetición de tales actos" (véase 268.o informe, caso núm. 1341 (Paraguay), párrafo 378, e)). Cuando las investigaciones judiciales sobre asesinatos y desapariciones de sindicalistas han tenido éxito, el Comité estimó imprescindible identificar, procesar y condenar a los culpables y señaló que una situación así da lugar a la impunidad de hecho de los culpables, agravando el clima de violencia y de inseguridad, lo cual es extremadamente perjudicial para el ejercicio de las actividades sindicales (véanse 283.er informe, casos núms. 1434 y 1477 (Colombia), párrafo 246, a); 283.er informe, casos núms. 1478 y 1484 (Perú), párrafo 72; 284.o informe, caso núm. 1538 (Honduras), párrafo 743; 284.o informe, caso núm. 1572 (Filipinas), párrafo 832, y 284.o informe, caso núm. 1598 (Perú), párrafo 968). El Comité considera también que "la demora en la aplicación de la justicia equivale a la denegación de esta última" (véase 265.o informe, casos núms. 988 y 1003 (Sri Lanka), párrafo 14 y 284.o informe, caso núm. 1508 (Sudán), párrafo 427).
  408. 408 De manera más concreta, y sin tener en cuenta la comunicación del Gobierno de 16 de mayo de 1995, recientemente recibida, el Comité observa que el Gobierno sólo ha informado sobre cierto número de alegatos, indicando que:
       • - se ha abierto investigación judicial o del Ministerio Público sobre los asesinatos de los sindicalistas Carlos Enrique Cárdenas Sagastume, Dinora Gossep Pérez Valdez, Oscar Oswaldo Luna Aceituno, Federico Tay Osorio, Federico Tay Vicente, Germán Alfredo de León Parajón, Manuel de Jesús Alonso, René Cabrera Estrada (sólo sobre este último asesinato se ha podido atribuir la autoría del crimen, que - según el Gobierno y la CIOSL - obedecería a problemas personales);
       • - el sindicalista Mauricio Raxcaco Enríquez fue golpeado y amenazado; abandonó el país en 1991;
       • - los sindicalistas Amílcar Méndez y José Gil fueron amenazados de muerte y de su caso conoce COPREDEH;
       • - el sindicalista Armando Sánchez no compareció a presentar denuncia a pesar de haber sido invitado por la Fiscalía;
       • - Débora Guzmán fue detenida, agredida y amenazada el 6 de octubre de 1994; COPREDEH recibió la denuncia y procedió a coordinar las investigaciones con la Fiscalía General de la República y la Dirección General de la Policía Nacional.
  409. Por otra parte, el Gobierno había informado al Comité (véase 284.o informe, párrafo 720) sobre los procesos judiciales relativos a los asesinatos de José Orlando Pantaleón, José León Segura de la Cruz y Carlos Humberto Rivera, declarando que la justicia había decretado sobreseimientos provisionales por no encontrar pruebas suficientes para acusar a determinadas personas. Asimismo, el Comité toma nota de que, según el informe de misión, MINUGUA y COPREDEH han creado una unidad de protección a las personas amenazadas, la cual ya había realizado algunas acciones importantes.
  409. 409 En estas condiciones, el Comité deplora que no se haya recibido la totalidad de las informaciones solicitadas del Gobierno sobre las muertes violentas y demás actos de violencia alegados y le insta a que responda con toda urgencia a la lista de alegatos que figura en el anexo I y a que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los sindicalistas amenazados de muerte en la actualidad y dar con el paradero de los desaparecidos.
• Trabas a la constitución de organizaciones sindicales
  410. 410 El Comité toma nota con interés de que, según el informe de misión, "los alegatos relativos a trabas en la constitución y funcionamiento de sindicatos, fueron respondidos en su totalidad y en la mayoría de los casos la respuesta fue positiva. Además, la misión encontró que había habido esfuerzos importantes en el Ministerio de Trabajo para acelerar el trámite de reconocimiento de personalidad sindical e inscripción de sindicatos en el registro correspondiente - con apreciaciones divergentes en cuanto a los resultados obtenidos -, sobre la base de una nueva reglamentación cuyas normas deberán ser analizadas". El Comité observa que desde 1993 se han simplificado los trámites de reconocimiento de personalidad jurídica, aprobación de estatutos e inscripción de organizaciones sindicales, que el promedio del trámite ha pasado de 400 a 55 días y que el número de organizaciones registradas en 1993-1994 alcanza a 116. El Comité toma nota de que "la misión tiene elementos suficientes como para pensar que, efectivamente, el Ministerio de Trabajo ha tratado de reducir los pasos y el tiempo del trámite para la constitución de sindicatos". No obstante, el Comité comparte el punto de vista expresado por la misión en el sentido de que "la reducción de pasos en el trámite de constitución de sindicatos era positiva, pero que convendría avanzar más en ese sentido, teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio núm. 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación". El Comité pide al Gobierno que tome medidas en este sentido en el marco de la política de promoción de organizaciones sindicales que sigue el actual Gobierno, con objeto de garantizar a los trabajadores el derecho de organizarse libremente.
  411. 411 De manera más particular, el Comité toma nota con interés de que se ha reconocido la personalidad jurídica de los siguientes sindicatos cuya constitución era, según los alegatos, objeto de trabas: Sindicato Frente Nacional de Vendedores Ambulantes, Sindicato Gremial de Trabajadores de Custodias y Aduanas, Sindicato de Trabajadores de la Empresa Estatal de Puerto Quetzal, Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de Bosques y Vida Silvestre, Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora "La Mariposa S.A.". Por otra parte, el Comité observa en relación con el alegato relativo a la constitución del Sindicato de Trabajadores de la Cruz Roja Guatemalteca que esta cuestión ya no se plantea toda vez que la Cruz Roja Guatemalteca dejó de existir por motivos financieros. El Comité observa asimismo que, según informa el Gobierno, en relación con las empresas Manufacturera Integridad S.A., Koram S.A., Bocco & Cía. Ltda., Diseños Panamericanos S.A., Confecciones Isabel S.A., Transporte Urbano Unión, Bolívar, EGA, La Fe y la Morena no se ha formulado ninguna solicitud de inscripción de sindicatos.
  412. 412 Por otra parte, el Comité toma nota de que, según informaron las autoridades a la misión, el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Gobernación se encuentra en la última fase de su reconocimiento y que el Ministerio de Gobernación "consideraba sana la constitución de este sindicato si su acción se mantiene dentro de la ley y de sus estatutos".
  413. 413 Por último, en su reunión de noviembre de 1992 (véase 294.o informe, caso núm. 1595, párrafo 585 f)), el Comité tomó nota de que el Gobierno manifestaba que los miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato del Hotel Ritz Continental presentaron un acta de disolución en 1990, al haber renunciado 22 trabajadores afiliados al sindicato, y pidió a los querellantes que brinden precisiones sobre las razones y circunstancias en que se produjo dicha renuncia, así como copia del acta de disolución. A este respecto, el Comité observa que, según las informaciones del Gobierno la disolución no se llegó a producir al no haberse presentado los representantes del sindicato ante las autoridades administrativas.
• Actos de discriminación antisindical
  414. 414 Antes de abordar los alegatos, el Comité desea referirse a las disposiciones del Código de Trabajo en materia de discriminación antisindical, que se reproducen a continuación:
• "Artículo 209. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato, debiendo gozar de este derecho de inamovilidad a partir del momento en que se den aviso a la Inspección General de Trabajo de que están formando un sindicato y gozarán de esta protección hasta sesenta días después de la publicación de sus estatutos en el Diario Oficial.
• Si se incumpliere con lo establecido en este artículo, el o los trabajadores afectados deberán ser reinstalados en 24 horas y el responsable será sancionado con multa de 1.000 quetzales (5,63 quetzales = 1 US $); debiéndose además, pagar los salarios dejados de percibir por los trabajadores afectados. (...)"
• "Artículo 379. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que ninguna de las partes pueda tomar la menor represalia contra la otra, ni impedirle el ejercicio de sus derechos. El que infrinja esta disposición será sancionado con multa de 1.000 a 5.000 quetzales y con arresto de 15 a 30 días, según la importancia de las represalias tomadas y el número de las personas afectadas por éstas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado sin que esto lo exonere de las responsabilidades penales en que haya podido incurrir."(...)
• "Artículo 380. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido el procedimientos establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado el o los trabajadores despedidos y en caso de desobediencia a acatar su disposición duplicará la sanción. Si aun así persistiere la desobediencia, ordenará la detención del responsable para que se cumpla con el arresto a que se refiere el artículo anterior, sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar en su trabajo a los trabajadores afectados. (...)"
  415. 415 El Comité considera que el sistema legal de protección contra la discriminación antisindical está en conformidad con las exigencias del Convenio núm. 98 y observa que en 1994 la Comisión de Expertos consideró esta legislación como un caso de progreso. No obstante, según se desprende del informe de misión, en la práctica se producen con frecuencia actos de discriminación antisindical, no respetándose la legislación en numerosos casos. Sobre los motivos de esta situación, en las conclusiones del informe se indica lo siguiente:
• "Los alegatos sobre actos de discriminación antisindical han contribuido a poner de manifiesto la existencia de problemas complejos, en torno al despido ilegal y la negativa de reinstalación del trabajador despedido. A partir de estos hechos, de carácter laboral, se suelen generar problemas sindicales, de orden público y de carácter civil y penal, que llegan a constituir motivo de preocupación nacional. El despido ilegal, y con frecuencia colectivo, puede dar lugar a un largo y desgastante proceso judicial, o bien a ocupaciones de empresas, con o sin intervención de la fuerza pública, o bien a ambas situaciones.
• Las medidas sugeridas para superar esta situación son de naturaleza legislativa y administrativa.
• Desde el punto de vista legislativo, se dijo a la misión que hacía falta dotar de poder sancionador al Inspector de Trabajo, sin esperar la intervención del juez; y que de todas maneras hacía falta reformar el procedimiento judicial para hacerlo más expedito en caso de despido, de modo que la reinstalación inmediata del trabajador, o la aplicación de sanciones, según lo previsto en el artículo 380 del Código de Trabajo, sea efectiva; o en caso de emplazamiento del empleador. Algunas personas consultadas consideran, sin embargo, que la legislación es clara, pero que ha sido desvirtuada por interpretaciones judiciales. (...)
• Desde el punto de vista administrativo, todos los sectores coincidieron en la necesidad de que sea aumentado el número de tribunales de trabajo y previsión social y sean constituidos en forma permanente en ellos los tribunales de conciliación y arbitraje, como lo ordena el artículo 294 del Código de Trabajo; por otra parte, los representantes de las organizaciones de trabajadores y funcionarios de la Procuraduría de Derechos Humanos señalaron que cabría esperar una acción más efectiva de la Inspección de Trabajo, aun dentro del marco legal actual."
  416. 416 En estas condiciones, y a la vista de los numerosos alegatos de despidos masivos por actividades sindicales, el Comité concluye que con miras a garantizar la protección legal existente contra los actos de discriminación antisindical se debe modificar el procedimiento judicial para hacerlo más expedito y eficaz; y se debe aumentar el número de tribunales de trabajo y previsión social y el de tribunales de conciliación y arbitraje. El Comité pide al Gobierno que tome medidas para modificar la legislación y la práctica en este sentido.
  417. 417 En lo que respecta a los alegatos concretos de discriminación antisindical, el Comité toma nota de las informaciones comunicadas por el Gobierno a la misión y en particular de que: los trabajadores despedidos en la finca La Torre fueron reintegrados en su puesto de trabajo con el pago de los salarios caídos; los trabajadores de la finca La Abundancia llegaron a una transacción extrajudicial con la empresa; la intervención de la inspección de trabajo permitió solucionar los conflictos en la Municipalidad de Santa Cruz Verapaz; el traslado de la empresa Este Oeste S.A., estaba permitido por la legislación y se hicieron efectivas las prestaciones a los trabajadores en la forma prevista por el convenio de pago suscrito; los despidos masivos en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural se debieron a la supresión del Ministerio por razones presupuestarias, pagándose a los trabajadores las prestaciones legales; los despidos en la Municipalidad de Palín fueron autorizados por vía judicial; la empresa ESDEE cerró sus operaciones en 1994, pagándose las prestaciones legales a los trabajadores.
  418. 418 Por otra parte, el Comité observa que sobre un número importante de alegatos de despidos antisindicales el Gobierno se limita a declarar que no existen denuncias. A este respecto, el Comité observa que el hecho de no presentar denuncias no significa necesariamente que no se hayan producido actos de discriminación antisindical, y se revela incapaz de prestar la protección necesaria así como que la justicia funciona con mucha lentitud. No obstante, dado que es consciente que en la práctica las posibilidades de reintegro de sindicalistas despedidos ilegítimamente son casi inexistentes cuando se trata de despidos ocurridos hace cierto número de años, el Comité se limitará a examinar los alegatos relativos a hechos que se produjeron a partir del 1.o de enero de 1993.
  419. 419 El Comité observa que a partir de la mencionada fecha una serie de casos de alegada discriminación han sido sometidos a los tribunales (a veces por iniciativa de la inspección de trabajo a efectos de que se impongan sanciones penales) o han concluido el trámite de conciliación administrativa y está expedita la vía judicial. Se trata de los casos siguientes: despidos en Corporación Textil Internacional S.A., despidos y otros actos de discriminación antisindical en M.J. S.A., y L&L S.A., Unicasa S.A., y Welly S.A., Finca Nueva California, Finca El Salto, Finca Bolivia, Finca Medellín, Municipalidad de El Estor, Embotelladora "La Mariposa". Asimismo, el Comité observa que el Gobierno requiere precisiones de los querellantes sobre los despidos en Diseños y Maquilas S.A., e indica que no existen denuncias sobre los despidos de sindicalistas en la Municipalidad de Coban y en la finca "La Argentina". Además, el Gobierno confirma que la empresa COCAPSA no respetó la orden judicial de reinstalación de los trabajadores despedidos y no se refiere a la reinstalación de los trabajadores de Agropecuaria Los Angeles S.A., que había sido ordenada por la autoridad judicial. El Comité observa también que el Gobierno no ha enviado observaciones sobre las recomendaciones formuladas sobre el caso núm. 1595 (véase 294.o informe, párrafo 585) que quedaron pendientes y que se reproducen a continuación:
• "tomando nota con interés de que el Gobierno manifiesta que el Sindicato de Trabajadores Campesinos de la Finca La Patria y la empresa han llegado a un acuerdo que incluye el reintegro de los trabajadores despedidos en sus puestos de trabajo, el Comité pide al Gobierno que envíe copia de dicho acuerdo y que le informe sobre si efectivamente se ha producido el reintegro de los trabajadores en sus puestos de trabajo;
• el Comité pide al Gobierno que realice una investigación sobre los despidos antisindicales alegados en las Fincas El Trapichito y El Naranjo y si se verifica que los mismos se debieron a actividades sindicales legítimas se reintegre a los interesados en sus puestos de trabajo; asimismo pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto;
• el Comité pide una vez más al Gobierno que le mantenga informado de las decisiones que se adopten en el proceso judicial relativo al despido de varios dirigentes del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios y en los procedimientos administrativos sobre el despido del secretario general del Sindicato de Panificadores de Chiquimula, al despido de 20 afiliados del Sindicato de Trabajadores Navieros de Santo Tomás de Castilla."
  420. 420 Sobre todos los alegatos mencionados en el párrafo anterior, el Comité constata que en la mayor parte de los casos se trata de despidos de carácter masivo, así como que están vinculados con motivos sindicales como la constitución de sindicatos, la afiliación sindical o la realización de actividades sindicales. El Comité observa que en algunos de estos casos la propia inspección del trabajo ha abierto juicios punitivos contra las empresas, así como que las fechas de algunos hechos alegados se sitúan en 1993 y 1994, corroborándose así en muchos casos la falta de rapidez y de eficacia en la protección de los sindicalistas contra los actos de discriminación en razón de la afiliación o actividades sindicales. Por consiguiente, el Comité pide al Gobierno que informe sobre los despidos mencionados y su evolución en las instancias nacionales y que en todos los casos en que se han constatado despidos antisindicales, haya habido o no acciones judiciales, tome con rapidez las medidas necesarias para permitir que los dirigentes sindicales y afiliados que han sido despedidos por sus actividades sindicales legítimas puedan obtener el reintegro en sus puestos de trabajo y se apliquen a las empresas las sanciones legales correspondientes. El Comité señala a la atención del Gobierno el principio de que nadie debería ser despedido por su afiliación o actividades sindicales, así como la importancia de que se reparen todos los actos de discriminación antisindical.
  421. 421 Asimismo, el Comité pide a los querellantes que faciliten precisiones solicitadas por el Gobierno en relación con los despidos en "Diseños y Maquilas S.A".
  422. 422 Por último, el Comité observa que el Gobierno informa, en relación con la alegada vigilancia del local de la UITA por individuos desconocidos el 23 de agosto de 1993, que ha solicitado una investigación a la Fiscalía General de la Nación. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto.
• Negociación colectiva
  423. 423 En lo que respecta a los alegatos de incumplimiento de lo previsto en convenciones colectivas, el Comité toma nota de que según el Gobierno, en el Hotel El Dorado la empresa ha dejado sin efecto el cambio de horas contrario a la convención colectiva criticado por los querellantes, así como de que el empleador de la empresa Agroport efectivamente abandonó el país, por lo que es imposible proseguir acciones para aplicar el convenio colectivo concluido. El Comité observa por otra parte que, según el Gobierno, en la empresa Productos Alimenticios Imperial S.A., la parte empleadora y la parte trabajadora manifestaron a la inspección de trabajo que el pacto colectivo no había dado lugar a violaciones y que habían resuelto sus problemas por vía directa.
  424. 424 El Comité toma nota por otra parte de que, en relación con la empresa Embotelladora "La Mariposa", el Gobierno informa que el pacto colectivo con el comité ad hoc es anterior a la obtención de la personalidad jurídica por el sindicato y que se acordó negociar un pacto con este sindicato - constituido en septiembre de 1993 - a partir de septiembre de 1994; sobre el alegado favoritismo a los miembros del comité ad hoc (según los querellantes se habría concretado en aumentos de salario exclusivamente para tales miembros), el Gobierno declara que dicho pacto no menoscabó los derechos de los trabajadores. Ante la contradicción entre los alegatos y la respuesta del Gobierno, el Comité recuerda que "la Recomendación sobre los contratos colectivos, 1951 (núm. 91), da preeminencia, en cuanto a una de las partes de la negociación colectiva, a las organizaciones de trabajadores, refiriéndose a los representantes de los trabajadores no organizados solamente en el caso de ausencia de tales organizaciones. En estas circunstancias, la negociación directa entre la empresa y sus trabajadores, por encima de las organizaciones representativas cuando las mismas existen, puede en ciertos casos ir en detrimento del principio por el cual se debe estimular y fomentar la negociación colectiva entre empleadores y organizaciones de trabajadores" (véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, tercera edición, 1985, párrafo 608).
  425. 425 El Comité toma nota asimismo de que los alegatos relativos a la Patronal Prociegos y Sordomudos de Guatemala y a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala se hallan ante la autoridad judicial; por consiguiente, el Comité pide al Gobierno que le comunique los resultados de estas acciones judiciales.
  426. 426 Por último, el Comité propone al Gobierno y a los interlocutores sociales que constituyan una comisión tripartita nacional sobre cuya utilidad existe consenso aunque se tengan que concretar las modalidades en lo que respecta a su funcionamiento. El Comité alienta también las iniciativas tomadas con motivo de la misión para solucionar los problemas de comunicación entre las autoridades nacionales y poder responder de manera satisfactoria a los alegatos en materia de libertad sindical. El Comité recuerda que la asistencia técnica de la OIT está a disposición del Gobierno en todos estos temas.

Recomendación del Comité

1. 427. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
   • a) el Comité toma nota del informe del profesor Enrique Marín sobre la misión de contactos directos que llevó a cabo en Guatemala del 13 al 17 de febrero de 1995 y desea agradecerle el informe, así como agradecer a las autoridades y a los interlocutores sociales su gran colaboración;
   • b) el Comité deplora profundamente las numerosas muertes violentas de dirigentes sindicales y sindicalistas, así como las desapariciones, secuestros, detenciones arbitrarias, agresiones y amenazas de muerte que se han producido desde la presentación de las quejas (1990), expresa su seria preocupación ante la situación de impunidad (sólo en uno de los asesinatos a los que se refiere el Gobierno parece haberse identificado a los autores) e insiste en la absoluta necesidad de abrir investigaciones judiciales sobre todos los casos planteados ante el Comité con objeto de esclarecer los hechos y sancionar a los culpables. En este sentido, el Comité recuerda el compromiso del Fiscal General de la República de abrir investigaciones sobre todos los casos sometidos al Comité y pide al Gobierno que le informe al respecto;
   • c) deplorando que no se hayan recibido informaciones completas del Gobierno sobre las muertes y demás actos de violencia alegados, el Comité le insta a que responda con toda urgencia a la lista de alegatos que figura en el anexo I y a que tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los sindicalistas amenazados de muerte en la actualidad y dar con el paradero de los desaparecidos. El Comité se propone examinar en su próxima reunión la comunicación del Gobierno de fecha 16 de mayo de 1995, que contiene informaciones adicionales sobre los actos de violencia alegados.
   • d) aunque toma nota de que "la misión tiene elementos suficientes como para pensar que, efectivamente, el Ministerio de Trabajo ha tratado de reducir los pasos y el tiempo del trámite para la constitución de sindicatos", el Comité considera que convendría avanzar más en ese sentido y pide al Gobierno que tome medidas para ello en el marco de la política de promoción de organizaciones sindicales que sigue el actual Gobierno;
   • e) considerando que se debe modificar el procedimiento judicial para hacerlo más expedito y eficaz y se debe aumentar el número de tribunales de trabajo y previsión social y el de tribunales de conciliación y arbitraje, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para modificar la legislación en este sentido;
   • f) el Comité pide al Gobierno que informe sobre los despidos y demás actos de discriminación antisindical (indicando en su caso la evolución que se ha producido en las instancias nacionales) en las siguientes empresas o instituciones: Corporación Textil Internacional S.A., M.J. S.A., L&L S.A., Unicasa S.A., Welly S.A., Finca Nueva California, Finca El Salto, Finca Bolivia, Finca Medellín, Municipalidad de El Estor, Embotelladora "La Mariposa", Municipalidad de Coban, finca "La Argentina", COCAPSA, y Agropecuaria Los Angeles S.A.;
   • g) el Comité reitera sus anteriores recomendaciones sobre ciertos despidos: "tomando nota con interés de que el Gobierno manifiesta que el Sindicato de Trabajadores Campesinos de la Finca La Patria y la empresa han llegado a un acuerdo que incluye el reintegro de los trabajadores despedidos en sus puestos de trabajo, el Comité pide al Gobierno que envíe copia de dicho acuerdo y que le informe sobre si efectivamente se ha producido el reintegro de los trabajadores en sus puestos de trabajo; el Comité pide al Gobierno que realice una investigación sobre los despidos antisindicales alegados en las Fincas El Trapichito y El Naranjo y si se verifica que los mismos se debieron a actividades sindicales legítimas se reintegre a los interesados en sus puestos de trabajo; asimismo pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto; el Comité pide una vez más al Gobierno que le mantenga informado de las decisiones que se adopten en el proceso judicial relativo al despido de varios dirigentes del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios y en los procedimientos administrativos sobre el despido del secretario general del Sindicato de Panificadores de Chiquimula, al despido de 20 afiliados del Sindicato de Trabajadores Navieros de Santo Tomás de Castilla";
   • h) el Comité pide al Gobierno que, en todos los casos en que se han constatado despidos antisindicales, haya habido o no acciones judiciales, tome con rapidez las medidas necesarias para permitir que los dirigentes sindicales y afiliados que han sido despedidos por sus actividades sindicales legítimas puedan obtener el reintegro en sus puestos de trabajo y se apliquen a las empresas las sanciones legales correspondientes;
   • i) el Comité pide a los querellantes que faciliten precisiones solicitadas por el Gobierno en relación con los despidos en "Diseños y Maquilas S.A";
   • j) observando que el Gobierno informa, en relación con la alegada vigilancia del local de la UITA por individuos desconocidos el 23 de agosto de 1993, que ha solicitado una investigación a la Fiscalía General de la Nación, el Comité pide al Gobierno que le informe al respecto;
   • k) observando que los alegatos en materia de negociación colectiva relativos a la Patronal Prociegos y Sordomudos de Guatemala y a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala se hallan ante la autoridad judicial, el Comité pide al Gobierno que le comunique los resultados de estas acciones judiciales;
   • l) el Comité propone al Gobierno y a los interlocutores sociales que constituyan una comisión tripartita nacional. El Comité alienta también las iniciativas tomadas en particular para poder responder de manera satisfactoria a los alegatos en materia de libertad sindical;
   • m) el Comité insta al Gobierno a que se dé cumplimiento a todos los compromisos de las autoridades durante la misión, y
   • n) el Comité recuerda que la asistencia técnica de la OIT está a disposición del Gobierno en todos estos temas.

ANEXO I

1. Alegatos pendientes relativos a actos de violencia contra
2. sindicalistas
3. Asesinatos de sindicalistas
4. - Tyron Francisco Segastume, Sindicato de Trabajadores de la
5. Empresa
6. Embotelladora de Coca Cola (STECSA), en febrero de 1990;
7. - Néstor René Osorio Sandoval, Sindicato de Trabajadores de la
8. Electricidad
9. (STINDE), en marzo de 1990;
10. - Juan Tarax, militante sindical en la Empresa Azucarera de El
11. Pilar
12. (Retalhuen), en abril de 1990;
13. - José María Ixcuyat, activista campesino, en mayo de 1990;
14. - Petronilo Hernández Vasilio, secretario organizador del
15. Sindicato de
16. Trabajadores Agrícolas Independientes de la Reformita
17. (Moyuta, Jutiapa), en
18. julio de 1990;
19. - Lilian Elizabeth Juárez Escobar, miembro del comité especial
20. de huelga del
21. Sindicato de Trabajadores del Instituto de la Seguridad Social
22. (STIGSS), en
23. abril de 1991;
24. - Camilo Ajqui Gimon, miembro del Consejo de Comunidades
25. Etnicas;
26. - Rujunel Junam (CERJ), el 14 de abril de 1991;
27. - Julio César Pérez (trabajador rural), el 13 de julio de 1991;
28. - Pedro Genovevo Escobar (trabajador rural), el 20 de julio de
29. 1991;
30. - Edwin Giovanni Hidalgo Jerez (miembro del STINDE), en
31. agosto de 1991;
32. - Adrián Miranda López, miembro del Sindicato de Hacienda
33. San Gregorio,
34. asesinado el 6 de mayo de 1993;
35. - Velizario López Rojas, Sindicato de Trabajadores de la
36. Hacienda San
37. Gregorio, el 30 de octubre de 1993;
38. - en su reunión de noviembre de 1992, refiriéndose al asesinato
39. de un
40. trabajador el 5 de agosto de 1989 durante un conflicto colectivo
41. en la finca
42. La Patria, el Comité pidió que sin demora se inicie una
43. investigación
44. judicial, a efectos de esclarecer los hechos y sancionar a los
45. culpables, y
46. que se le mantenga informado de la evolución de la misma;
47. Desapariciones, secuestros, agresiones y detenciones de
48. sindicalistas
49. - el ataque con granada al domicilio y posterior detención de
50. Edgar Sánchez
51. Velásquez (trabajador rural), el 21 de abril de 1990;
52. - el intento de secuestro de Filiberto Ramírez (miembro del
53. Sindicato de
54. Trabajadores de la Empresa TIPIC S.A.), el 28 de mayo de
55. 1990;
56. - la represión policial a los huelguistas del Instituto de la
57. Seguridad
58. Social, STIGSS, el 11 de febrero de 1991;
59. - la agresión física y amenazas de muerte contra Ramón
60. Jácome Pinto
61. (secretario general del STIGSS), el 6 de febrero de 1991;
62. - el secuestro y agresión física de Aura Violeta Flores Acevedo,
63. miembro del
64. Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Cultura y Deportes
65. (SITRACUDE), el
66. 21 de marzo de 1991;
67. - el atentado con armas de fuego contra Fernando Lucero y Luis
68. Ramírez
69. (activistas del SITRACUDE), el 20 de marzo de 1991;
70. - la detención de 50 líderes de la huelga del STIGSS en abril de
71. 1991;
72. - el arresto, agresión física y procesamiento por delitos penales
73. de Otto Iván
74. Rodríguez Vanegas (antiguo secretario general de STINDE), el
75. 5 de abril de
76. 1991;
77. - el atentado armado en el que resultara herido de gravedad
78. Víctor Alfredo
79. Chacoj (miembro del Sindicato de Transportes por Carretera), en
80. abril de 1991;
81. - el secuestro y posterior detención de José Vidal Pamal Tuchán
82. (secretario
83. general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Psiquiátrico),
84. el 30 de
85. mayo de 1991;
86. - el intento de secuestro y amenazas de muerte que obligaron al
87. exilio de Dora
88. Arriaza, líder de la Federación Sindical de Empleados Públicos,
89. (FENASTEG), el
90. 14 de mayo de 1991;
91. - el intento de secuestro de Yolanda Figueroa (dirigente del
92. Sindicato de
93. Funcionarios de Aduanas) y de sus dos hijas, el 21 de junio de
94. 1991;
95. - el secuestro, amenazas de muerte y agresión física de Wosveli
96. Castro,
97. secretario general de la Federación de Sindicatos de la
98. Industrias Mecánicas,
99. (FETRAMEGUA), el 16 de mayo de 1991;
100. - las amenazas de muerte y agresión física de Rosendo de León
101. Dubón, dirigente
102. del Sindicato de la Prensa Nacional (STN);
103. - las detenciones de Silvio Pastor, Pablo Itzel Hernández,
104. Teodoro Pastor
105. Itzep, Rolando Pastor Hernández y Francisco Pastor Hernández
106. (miembros de la
107. CERJ), los días 24 y 26 de mayo de 1991;
108. - el secuestro y posterior desaparición de Felipe López Mendoza
109. (miembro de la
110. CERJ), en junio de 1991;
111. - la agresión física de un miembro de FESINTROP, el 14 de
112. febrero de 1991;
113. - el secuestro del Sr. Edi Antonio Conde Lu, secretario general
114. del Sindicato
115. de Trabajadores de Luz y Fuerza y secretario de organización
116. de la
117. Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) el 8
118. de septiembre de
119. 1994; posteriormente fue golpeado brutalmente y amenazado de
120. muerte por lo que
121. tuvo que abandonar el país;
122. - la desaparición del sindicalista Gustavo Rosalio Vásquez
123. López, en febrero
124. de 1992;
125. - la detención de miembros del sindicato de empresa Malher y
126. Sucesoras por más
127. de seis horas, en el interior de la fábrica, sometiéndoles a
128. presiones e
129. intimidaciones para firmar documentos y a hostigamiento
130. (seguimiento fuera de
131. la empresa);
132. - el secuestro del Sr. Ernesto Bol, secretario de actas del
133. Sindicato de la
134. Municipalidad de Coban (Municipio de Alta Verapaz) el 15 de
135. julio de 1993.
136. Posteriormente fue liberado, amenazado e intimidado;
137. - el Sr. Werner Coc Ramírez, directivo del Sindicato de
138. Panificadores, quien
139. fue salvajemente golpeado en Ciudad Peronia (Municipio de
140. Villa Nueva), por
141. individuos que le interceptaron e increparon sobre su actividad
142. sindical (15
143. de julio de 1993);
144. - el Sr. Walter Manuel Nájera Molina, miembro del Sindicato de
145. Trabajadores de
146. Embotelladora Central (Coca-Cola) fue secuestrado, sometido a
147. torturas e
148. interrogatorios y liberado posteriormente (11 de julio de 1993);
149. - en la empresa maquiladora ESDEE Guatemala, ha habido
150. amenazas de muerte y
151. secuestros de miembros del sindicato con participación de la
152. policía militar
153. ambulante;
154. - el intento de secuestro del Sr. Pablo Mazariegos (sindicalista
155. de SITRAEMSA)
156. el 3 de diciembre de 1993;
157. - el Sr. Eligio Quej Morán, miembro del comité ad hoc de los
158. trabajadores de
159. la policía nacional fue capturado el 31 de mayo de 1994, siendo
160. torturado. El
161. 25 de marzo de 1993, la Federación Nacional de Servidores
162. Públicos (FENASEP)
163. inició el proceso de organización de los trabajadores de la
164. policía nacional;
165. los miembros del comité ad hoc creado fueron desde esa fecha
166. perseguidos y
167. amenazados de muerte por el escuadrón de la muerte "Jaguar
168. Justiciero";
169. - encarcelamiento del Sr. Rubén Terry Amézquita, secretario
170. general del
171. Sindicato de Trabajadores de la Empresa Estatal del Puerto de
172. Quetzal.
173. Anexo II
174. Informe sobre la misión de contactos directos efectuada en
175. Guatemala del 13 al
176. 17 de febrero de 1995 por el Sr. Enrique Marín Quijada,
177. Profesor de Derecho
178. del Trabajo de la Universidad Central de Venezuela
179. Indice
180. Introducción
181. I. Alegatos de los querellantes, respuestas recibidas del
182. Gobierno y conclusiones del Comité de Libertad Sindical
183. - Casos núms. 1512 y 1539
184. - Caso núm. 1595
185. - Caso núm. 1740
186. - Caso núm. 1778
187. - Caso núm. 1786
188. II. Agenda de las actividades cumplidas
189. III. Informaciones sobre los alegatos obtenidas durante la misión
190. IV. Conclusiones y reflexiones personales
191. Anexo: Lista de personas entrevistadas
192. Introducción
193. En su 295.o informe (noviembre de 1994, aprobado por el
194. Consejo de
195. Administración en su 261.a reunión), el Comité de Libertad
196. Sindical adoptó las
197. siguientes decisiones en relación con los casos en instancia
198. contra el
199. Gobierno de Guatemala, presentados por organizaciones
200. nacionales e
201. internacionales de trabajadores:
202. En relación con los casos núms. 1512 y 1539, 1595, 1778 y
203. 1786 (Guatemala),
204. que contienen un gran número de alegatos relativos en
205. particular a asesinatos,
206. atentados, amenazas de muerte y detenciones de sindicalistas,
207. el Comité
208. expresa su preocupación ante la gravedad de las cuestiones
209. planteadas y
210. considera que una misión de contactos directos sería muy útil
211. para obtener las
212. informaciones necesarias y poder examinar los alegatos con
213. pleno conocimiento
214. de causa. El Comité pide al Gobierno que acepte esta misión y
215. se propone
216. examinar estos casos sobre la base del informe de misión.
217. Llamamiento urgente
218. En lo que respecta al caso núm. 1740 (Guatemala), el Comité
219. observa que, a
220. pesar del tiempo transcurrido desde que se presentaron las
221. quejas, no se han
222. recibido las informaciones que se solicitaron del Gobierno. El
223. Comité señala a
224. la atención del Gobierno que, de conformidad con el
225. procedimiento establecido
226. en el párrafo 17 de su 127.o informe, aprobado por el Consejo
227. de
228. Administración, presentará en su próxima reunión un informe
229. sobre el fondo de
230. este caso, incluso si las informaciones u observaciones
231. solicitadas no se
232. hubiesen recibido en tiempo oportuno. Por consiguiente, le insta
233. a que
234. transmita sus observaciones o informaciones con toda urgencia.
235. (Véase 295.o
236. informe, párrafos 12 y 13.)
237. El Gobierno de Guatemala aceptó la misión de contactos
238. directos por
239. comunicación de 9 de diciembre de 1994.
240. El Director General de la OIT me nombró como representante
241. suyo para realizar
242. esta misión de contactos directos, la cual tuvo lugar en
243. Guatemala del 13 al
244. 17 de febrero de 1995. Me acompañaron los Sres. Alberto
245. Odero, funcionario del
246. Servicio de Libertad Sindical y Germán López Morales,
247. Especialista en Normas
248. Internacionales del Trabajo del Equipo Multidisciplinario de San
249. José. Del 23
250. al 25 de enero de 1995, el Sr. López Morales realizó una misión
251. preparatoria
252. con objeto de preparar el programa de la misión y entregar a las
253. autoridades
254. un documento sobre el estado de las respuestas del Gobierno
255. acerca de los
256. alegatos en instancia ante el Comité, de manera que el
257. Gobierno conociera con
258. exactitud las informaciones que debía obtener la misión de
259. contactos directos.
260. El Sr. Ian Chambers, Director de la Oficina de la OIT para
261. América Central y
262. Panamá, acompañó a la misión en la audiencia que le fuera
263. concedida por el Sr.
264. Presidente de la República.
265. La misión tenía por mandato solicitar información sobre un gran
266. volumen de
267. alegatos, referidos a hechos ocurridos entre 1990 y 1994, de
268. naturaleza
269. diversa y compleja, correspondientes a seis quejas. Los
270. alegatos versan sobre
271. violaciones a derechos humanos fundamentales de dirigentes y
272. militantes
273. sindicales y a violaciones más específicas de la libertad sindical.
274. La misión fue amablemente recibida por representantes del
275. Gobierno, altas
276. autoridades no gubernamentales y representantes de
277. organizaciones
278. profesionales. De todos recibió amplia colaboración para el
279. buen desarrollo de
280. sus trabajos, con las limitaciones que confronta actualmente la
281. Administración
282. y que habrán de ser reflejadas en las páginas siguientes. A
283. todos deseo
284. expresar mi profunda gratitud.
285. Concretamente, la misión se entrevistó con el Excmo. Sr. Ramiro
286. de León
287. Carpio, Presidente de la República, el Excmo. Sr. Acisclo
288. Valladares,
289. Procurador General de la Nación, el Excmo. Sr. Jorge Mario
290. García Laguardia,
291. Procurador de los Derechos Humanos, la Excma. Sra. Gladys
292. Annabella Morfín,
293. Ministra de Trabajo y Previsión Social, el Excmo. Sr. Vicente
294. Arranz Sanz,
295. Presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos,
296. el Excmo. Sr.
297. Oscar Barrios Castillo, Presidente de la Corte Suprema de
298. Justicia, el Excmo.
299. Sr. Ramsés Cuestas Gómez, Fiscal General de la República, así
300. como con
301. diversas autoridades y funcionarios ministeriales. También se
302. reunió con el
303. Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
304. Industriales y
305. Financieras (CACIF) y con representantes de la siguientes
306. organizaciones
307. sindicales: Central General de Trabajadores de Guatemala
308. (CGTG), la Central de
309. Trabajadores del Campo (CTC), la Confederación de Unidad
310. Sindical de Guatemala
311. (CUSG), la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala
312. (UNSITRAGUA), y la
313. Federación de Empleados Bancarios y de Seguros (FESEBS).
314. Por último, la misión
315. se entrevistó con el jefe de la Misión de Naciones Unidas para
316. Guatemala
317. (MINUGUA) y funcionarios de la misma. (En anexo figura la lista
318. completa de
319. personas, instituciones y organizaciones entrevistadas.)
320. A los fines de facilitar la comunicación de las informaciones
321. obtenidas por la
322. misión y de que las mismas puedan ser apreciadas de acuerdo
323. con la situación
324. que vive Guatemala actualmente, el informe estará dividido en
325. tres partes: la
326. primera recogerá un resumen de los alegatos de los querellantes
327. y de las
328. respuestas del Gobierno y - cuando las hubiese - de las
329. conclusiones y
330. recomendaciones del Comité sobre los casos; la segunda
331. recogerá una relación
332. de las actividades cumplidas, y la tercera un análisis de los
333. aspectos a los
334. cuales se refieren las quejas.
335. I. Alegatos de los querellantes, respuestas recibidas del
336. Gobierno y
337. conclusiones del Comité de Libertad Sindical
338. Casos núms. 1512 y 1539
339. Estos casos fueron presentados por la Confederación
340. Internacional de
341. Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la Confederación
342. Mundial de
343. Organizaciones de Profesionales de la Enseñanza (CMOPE) y la
344. Central
345. Latinoamericana de Trabajadores (CLAT).
346. El Comité ha examinado estos casos en varias oportunidades,
347. habiendo sido la
348. última en su reunión de noviembre de 1992, en la que presentó
349. un informe
350. provisional al Consejo de Administración (véase 284.o informe
351. del Comité,
352. párrafos 706 a 720, aprobado por el Consejo de Administración
353. en su 254.a
354. reunión (noviembre de 1992)). Por comunicaciones del 26 de
355. abril de 1993, 16
356. de enero y 27 de marzo de 1995 la Central Latinoamericana de
357. Trabajadores
358. (CLAT) presentó nuevos alegatos. Por comunicaciones de 23
359. de septiembre y 20
360. de diciembre de 1993 y de 9 de junio, 7 y 28 de septiembre, 31
361. de octubre y 29
362. de noviembre de 1994 y 13 de marzo de 1995, la Confederación
363. Internacional de
364. Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), presentó nuevos
365. alegatos e
366. informaciones complementarias. El Gobierno envió ciertas
367. observaciones en sus
368. comunicaciones de 5 de noviembre de 1993, y de 14 de julio, 7
369. de septiembre y
370. 6 de octubre de 1994.
371. A. Ultimo examen de los casos
372. En relación con los alegatos de los querellantes que quedaron
373. pendientes, el
374. Comité solicitó informaciones sobre ciertos asesinatos,
375. agresiones físicas,
376. secuestros, detenciones y amenazas de muerte, así como sobre
377. la aplicación de
378. prácticas de discriminación antisindical.
379. En su reunión de noviembre de 1992, el Consejo de
380. Administración aprobó las
381. siguientes recomendaciones del Comité (véase 284.o informe
382. del Comité, párrafo
383. 720):
384. - "el Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado sobre
385. el resultado de
386. los procesos judiciales relativos a los asesinatos de José
387. Orlando Pantaleón,
388. José León Segura de la Cruz y Carlos Humberto Rivera" (el
389. Gobierno había
390. declarado que la justicia había decretado sobreseimientos
391. provisionales por no
392. encontrar pruebas suficientes para acusar a determinadas
393. personas);
394. - "el Comité pide una vez más al Gobierno que le indique si los
395. docentes
396. destituidos han sido efectivamente reintegrados en sus puestos
397. de trabajo" (se
398. trataba de docentes destituidos por el Gobierno anterior y que
399. habían
400. participado en una huelga de mayo a agosto de 1989);
401. - "el Comité pide al Gobierno que le informe si los trabajadores
402. del sector de
403. la educación tienen la posibilidad de concluir convenios
404. colectivos";
405. - "el Comité expresa su preocupación ante la gravedad de los
406. nuevos alegatos
407. presentados por la CIOSL y la CLAT y pide al Gobierno que
408. responda a los
409. mismos lo antes posible, indicando si se han llevado a cabo
410. investigaciones
411. judiciales, con objeto de esclarecer los asesinatos, secuestros,
412. detenciones y
413. agresiones físicas a dirigentes y militantes sindicales, deslindar
414. responsabilidades y sancionar a los culpables".
415. Estos últimos alegatos de la CIOSL y la CLAT se hallaban
416. contenidos en el
417. anexo al último examen de los casos núms. 1512 y 1539 por el
418. Comité y se
419. reproducen a continuación.
420. Dirigentes y militantes sindicales asesinados:
421. 1. Carlos Enrique Segastume, y
422. 2. Tyron Francisco Segastume (Sindicato de Trabajadores de la
423. Empresa
424. Embotelladora de Coca Cola, STECSA), en febrero de 1990;
425. 3. Néstor René Osorio Sandoval (Sindicato de Trabajadores de
426. la Electricidad,
427. STINDE), en marzo de 1990;
428. 4. Juan Tarax (militante sindical en la Empresa Azucarera de El
429. Pilar
430. Retalhuen), en abril de 1990;
431. 5. Petronilo Hernández Vasilio (secretario organizador del
432. Sindicato de
433. Trabajadores Agrícolas Independientes de la Reformita,
434. Moyuta, Jutiapa), en
435. julio de 1990;
436. 6. Lilian Elizabeth Juárez Escobar (miembro del comité especial
437. de huelga del
438. Sindicato de Trabajadores del Instituto de la Seguridad Social,
439. STIGSS), en
440. abril de 1991;
441. 7. Dinora José Pérez Valdez (activista sindical de la banca), en
442. abril de
443. 1991;
444. 8. Oscar Oswaldo Luna Aceituno (miembro del Sindicato de
445. Trabajadores de la
446. Universidad de San Carlos), en junio de 1991;
447. 9. Edwin Giovanni Hidalgo Jerez (miembro del STINDE), en
448. agosto de 1991;
449. 10. José María Ixcuyat (activista campesino), en mayo de 1990;
450. 11. Camilo Ajqui Gimon (miembro del Consejo de Comunidades
451. Etnicas Rujunel
452. Junam, CERJ), el 14 de abril de 1991;
453. 12. Federico Tay Osorio; y
454. 13. Diego Tay Vicente (trabajadores rurales), el 6 de julio de
455. 1991;
456. 14. Julio César Pérez (trabajador rural), el 13 de julio de 1991;
457. 15. Pedro Genovevo Escobar (trabajador rural), el 20 de julio de
458. 1991.
459. Agresiones, secuestros y detenciones de sindicalistas:
460. 1. el ataque con granada al domicilio y posterior detención de
461. Edgar Sánchez
462. Velásquez (trabajador rural), el 21 de abril de 1990;
463. 2. el intento de secuestro de Filiberto Ramírez (miembro del
464. Sindicato de
465. Trabajadores de la Empresa TIPIC S.A.), el 28 de mayo de
466. 1990;
467. 3. la represión policial a los huelguistas del Instituto de la
468. Seguridad
469. Social, STIGSS, el 11 de febrero de 1991;
470. 4. la agresión física y amenazas de muerte contra Ramón
471. Jacome Pinto
472. (secretario general del STIGSS), el 6 de febrero de 1991;
473. 5. la detención de 50 líderes de la huelga del STIGSS en abril
474. de 1991;
475. 6. el secuestro y agresión física de Aura Violeta Flores Acevedo
476. (miembro del
477. Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Cultura y Deportes,
478. SITRACUDE), el
479. 21 de marzo de 1991;
480. 7. el atentado con armas de fuego contra Fernando Lucero y
481. Luis Ramírez
482. (activistas del SITRACUDE), el 20 de marzo de 1991;
483. 8. el arresto, agresión física y procesamiento por delitos penales
484. de Otto
485. Iván Rodríguez Vanegas (antiguo secretario general de
486. STINDE), el 5 de abril
487. de 1991;
488. 9. el atentado armado en el que resultara herido de gravedad
489. Víctor Alfredo
490. Chacoj (miembro del Sindicato de Transportes por Carretera), en
491. abril de 1991;
492. 10. el secuestro y posterior detención de José Vidal Pamal
493. Tuchan (secretario
494. general del Sindicato de Trabajadores del Hospital Psiquiátrico),
495. el 30 de
496. mayo de 1991;
497. 11. el intento de secuestro y amenazas de muerte que obligaron
498. al exilio de
499. Dora Arriaza (líder de la Federación Sindical de Empleados
500. Públicos,
501. FENASTEG), el 14 de mayo de 1991;
502. 12. el intento de secuestro de Yolanda Figueroa (dirigente del
503. Sindicato de
504. Funcionarios de Aduanas) y de sus dos hijas, el 21 de junio de
505. 1991;
506. 13. el secuestro, amenazas de muerte y agresión física de
507. Wosveli Castro
508. (secretario general de la Federación de Sindicatos de la
509. Industrias Mecánicas,
510. FETRAMEGUA), el 16 de mayo de 1991;
511. 14. las amenazas de muerte y agresión física de Rosendo de
512. León Dubón e
513. intento de secuestro de Mauricio Raxcacó Henríquez
514. (dirigentes del Sindicato
515. de la Prensa Nacional, STN);
516. 15. las detenciones de Silvio Pastor, Pablo Itzel Hernández,
517. Teodoro Pastor
518. Itzep, Rolando Pastor Hernández y Francisco Pastor Hernández
519. (miembros de la
520. CERJ), los días 24 y 26 de mayo de 1991;
521. 16. el secuestro y posterior desaparición de Felipe López
522. Mendoza (miembro de
523. la CERJ), en junio de 1991;
524. 17. agresión física contra un miembro de la FESINTROP, el 14
525. de febrero de
526. 1991.
527. Amenazas de muerte contra sindicalistas:
528. 1. Luis Fernando Juárez Girón, Francisco Alberto Ortíz y Juan
529. José Ortíz
530. Aguirre (secretario general, secretario de relaciones
531. intersindicales y
532. secretario tesorero de FESINTROP) en febrero y marzo de
533. 1991;
534. 2. la totalidad de la mesa ejecutiva de FENASTEG, el 6 de
535. mayo de 1991;
536. 3. Byron Morales y Sergio Guzmán (dirigentes de la Unión
537. Sindical de
538. Trabajadores de Guatemala, UNISTRAGUA), el 17 de mayo de
539. 1991;
540. 4. Juan Francisco Alfaro Mijangos (secretario general de la
541. Confederación de
542. la Unidad Sindical de Guatemala);
543. 5. Clemente Morales Chávez y David Noé Morales de la Cruz
544. (secretario general
545. y secretario de actas del Sindicato de Trabajadores de Obras
546. Públicas de
547. Escuintla), en mayo de 1991;
548. 6. Sonia Argueta Sis (Sindicato de Vendedores Callejeros), en
549. mayo de 1991;
550. 7. Carlos Molina Ochaeta (Sindicato de Trabajadores de la
551. Aviación Civil en
552. Petén), en mayo de 1991;
553. 8. Irene Dieguez y Eva Judith Gálvez (Asociación de
554. Representantes de Venta),
555. en mayo de 1991;
556. 9. Amilcar Méndez Urizar (dirigente de la CERJ), en agosto de
557. 1991;
558. 10. Crisanto García, en agosto de 1991.
559. Actos de discriminación antisindical:
560. 1. el despido de 29 trabajadores de la finca La Torre, con el
561. objeto de
562. desarticular su sindicato;
563. 2. el despido de 60 trabajadores miembros del sindicato, del
564. Banco
565. Metropolitano, en febrero de 1991;
566. 3. la violenta represión por parte de la policía contra los
567. trabajadores en
568. huelga de la fábrica de vidrio CAVISA, el 3 de julio de 1990;
569. 4. la negativa de reconocimiento legal del sindicato de
570. trabajadores de la
571. empresa estatal del puerto de Quetzal, y el encarcelamiento y
572. posterior
573. negativa de reintegro del secretario general del sindicato, Sr.
574. Rubén Terry
575. Amézquita;
576. 5. la creación de asociaciones solidaristas en desmedro de los
577. sindicatos de
578. trabajadores de las empresas Distribuidora de Sur Occidente y
579. Compañía de
580. Productos Duralita;
581. 6. la negativa de reconocimiento legal del Sindicato de
582. Trabajadores de la
583. Dirección General de Montes y Silvicultura, y posterior despido
584. de 21
585. trabajadores, el 27 de julio de 1990;
586. 7. la campaña de intimidación contra los trabajadores miembros
587. del Sindicato
588. del Municipio de Cuyotenango, Suchitepéquez;
589. 8. el despido de 30 empleados del Municipio de Malactan, el 15
590. de enero de
591. 1991;
592. 9. el despido de 30 empleados del Municipio de Esquipulas, que
593. habían
594. intentado constituir un sindicato, el 23 de enero de 1991;
595. 10. los despidos en los Municipios de San Martín
596. (Quetzaltenango), San Andrés
597. Xecul (Totonicapan), Chiquimulilla (Santa Rosa), Santa Catarina
598. Ixatahuacán
599. (Sololá), Rabinal (Baja Verapaz), San Mateo (Quetzaltenango),
600. Coatepeque
601. (Quetzaltenango), San Andrés Villa Seca (Retalhuleu), San
602. Pedro Carcha (Alta
603. Verapaz), Cuyotenango (Suchitepéquez), San José El Idolo
604. (Suchitepéquez), San
605. Antonio (Suchitepéquez) y Salcaja (Quetzaltenango);
606. 11. la persecución de los trabajadores miembros de las
607. organizaciones
608. sindicales en varias fincas del sur del país;
609. 12. el despido antisindical de 29 trabajadores en la finca La
610. Abundancia,
611. propiedad de la Corporación de Inversiones Metropolitanas S.A.;
612. 13. el despido de 65 trabajadores de la Municipalidad de Palín
613. afiliados al
614. Sindicato de Trabajadores de la misma, pese a la existencia de
615. una orden
616. judicial de reintegro.
617. B. Nuevos alegatos e informaciones de los querellantes
618. En su comunicación del 26 de abril de 1993, la CLAT denuncia
619. varias
620. situaciones de violación de derechos sindicales a saber:
621. - Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Gobernación:
622. desde enero de 1991
623. se iniciaron los trámites de reconocimiento de la personalidad
624. jurídica y
625. aprobación de los estatutos del sindicato de trabajadores del
626. Ministerio de
627. Gobernación. No obstante el tiempo transcurrido, el Ministerio
628. de Trabajo no
629. ha tomado ninguna decisión por el hecho de que el Comité
630. Ejecutivo Provisional
631. del referido sindicato no avaló el contenido del dictamen de
632. fecha 26 de
633. febrero de 1991, que excluye del derecho de sindicación a los
634. 22 secretarios
635. de igual número de gobernaciones departamentales, al
636. calificarlos como
637. empleados de confianza por refrendar la firma del Gobernador;
638. - Sindicato Frente Nacional de Vendedores Ambulantes: desde
639. 1988 está en
640. trámite el reconocimiento de la personalidad jurídica y la
641. aprobación de sus
642. estatutos sin que se haya tomado ninguna decisión;
643. - Sindicato Gremial de Trabajadores de Custodios y Aduanas:
644. desde 1988 no
645. obtiene su registro;
646. - Sindicato de Trabajadores de la Cruz Roja Guatemalteca: fue
647. abolido en forma
648. arbitraria por la empresa, tras declararse en quiebra sin haber
649. agotado los
650. procedimientos judiciales;
651. - Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Bienestar
652. Social: a pesar de
653. la legalidad de las elecciones de dirigentes sindicales, realizadas
654. ante la
655. presencia de inspectores del trabajo, el Ministerio de Trabajo
656. aceptó la
657. impugnación hecha por la planilla perdedora, ordenando realizar
658. otra asamblea
659. general extraordinaria, anulándola posteriormente;
660. - Sindicato de Panificadores: despido del secretario general del
661. gremio por
662. actividades sindicales y negativa de la autoridad del trabajo de
663. notificar a
664. la empresa el fuero sindical de que goza;
665. - Sindicato de Trabajadores Navieros: el 19 de febrero de 1992
666. se presentó al
667. Ministerio de Trabajo la documentación referida a la constitución
668. del
669. sindicato, motivo por el cual el comité ejecutivo y más de 20
670. trabajadores
671. fueron despedidos por las compañías navieras. Al haberse
672. planteado las
673. demandas respectivas a los empleadores, éstos alegaron la
674. prescripción de
675. derechos, circunstancia originada en la lentitud con que actúa
676. la autoridad
677. del trabajo;
678. - Sindicato de la Confederación Deportiva Autónoma de
679. Guatemala: negativa de
680. la autoridad del trabajo a aprobar un convenio colectivo
681. alegando que se había
682. presentado fuera del término señalado por la ley (dentro de las
683. 24 horas
684. después de haber sido suscrito), hecho ajeno a la voluntad de
685. los
686. trabajadores, y solicitando a las partes suscribir un nuevo
687. convenio en un
688. momento en que las relaciones entre ambas no son muy
689. favorables;
690. - Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios:
691. varios de sus
692. miembros fueron despedidos, y no obstante que la Viceministra
693. de Salud Pública
694. aceptó reinstalarlos en sus puestos de trabajo, el Director del
695. Hospital se ha
696. negado a acatar tal decisión, a menos que los trabajadores
697. despedidos acepten
698. cumplir con una sanción consistente en una suspensión de
699. labores de 30 días
700. sin goce de sueldo, y ser trasladados a otros centros de
701. asistencia del
702. interior del país;
703. - Sindicato de Trabajadores de Productos Alimenticios Imperial
704. S.A.:
705. incumplimiento del convenio colectivo de trabajo y despido de
706. varios
707. trabajadores por participar en la creación del Sindicato.
708. Por comunicaciones de 23 de septiembre, de 20 de diciembre
709. de 1993, y de 9 de
710. junio y 7 de septiembre de 1994, la Confederación Internacional
711. de
712. Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) manifiesta que el 19
713. de agosto de
714. 1993, trabajadores de la planta presentaron copia del acta de
715. constitución del
716. Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora "La Mariposa"
717. S.A. (SITRAEMSA),
718. de acuerdo al Código Laboral. Ese mismo día presentaron un
719. documento legal
720. pidiendo respeto para la dignidad de los trabajadores, libertad de
721. asociación
722. y relaciones laborales estables. Como consecuencia de lo
723. anterior la
724. administración de la empresa está llevando a cabo una violenta
725. campaña de
726. represión contra dirigentes sindicales y sindicalistas. La CIOSL
727. alega también
728. a) el asesinato de Germán Alfredo de León Parajón, miembro
729. fundador de la
730. Unión de Trabajadores de Quetzaltenango (UTQ); b) numerosas
731. amenazas de muerte
732. (Raúl Rodríguez, miembro del comité ejecutivo, en agosto de
733. 1993; Crisanto
734. García, en agosto de 1991; José Antonio Alvarez, en diciembre
735. de 1993; Nery
736. Barrios y a los demás miembros de la Unión de Trabajadores de
737. Quetzaltenango;
738. Armando Sánchez, dirigente de la Federación Nacional de
739. Sindicatos de
740. Trabajadores del Estado de Guatemala (FENASTEG); Dick
741. Fletcher, Humberto
742. Sánchez y Dante Monerroso, miembros de la Unidad de Acción
743. Sindical y Popular
744. (UASP); José Pinzón, Conrado Alberto Solís, Tránsito de Jesús
745. López, Carlos
746. Enrique Solís Ramos y Félix Hernández (de la Federación
747. Nacional de Servidores
748. Públicos este último); todos los miembros del comité ejecutivo
749. del Sindicato
750. de Luz y Fuerza; los afiliados Roberto Rosales y Carlos López
751. de este
752. sindicato han recibido además amenazas de muerte en su
753. domicilio); nueve
754. secretarios generales de la Confederación General de
755. Trabajadores de Guatemala
756. (CGTG), y siete miembros del Sindicato de Trabajadores de la
757. Embotelladora
758. Coca-Cola (en agosto de 1994); y c) varios actos de
759. discriminación
760. antisindical: la vigilancia al local de la UITA por individuos
761. desconocidos,
762. el 23 de agosto de 1993; el acoso y la persecución de activistas
763. sindicalistas; presiones para obligar a renunciar a tres miembros
764. del comité
765. ejecutivo del SITRAEMSA, el 24 y 31 de agosto y el 9 de
766. septiembre de 1993; la
767. negativa a negociar colectivamente con el sindicato y simular la
768. firma de un
769. convenio colectivo con un comité ad hoc creado por la
770. empresa, registrando el
771. acuerdo el Ministerio de Trabajo el 16 de septiembre de 1993;
772. los dirigentes
773. del comité ad hoc tienen toda libertad en la fábrica para atacar
774. al sindicato,
775. mientras que las actividades de los dirigentes sindicales están
776. estrechamente
777. vigiladas; aumentos de salarios solamente a los miembros del
778. llamado comité ad
779. hoc, e intento de secuestro de Pablo Mazariegos, el 3 de
780. diciembre de 1993.
781. Por comunicación de 7 de septiembre de 1994 la CIOSL alega
782. que el 31 de agosto
783. de 1994, después de una manifestación de la Unidad de Acción
784. Sindical y
785. Popular (UASP) en protesta por la muerte de tres campesinos
786. durante el
787. desalojo de una finca en el occidente del país, el secretario de
788. finanzas del
789. Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora Coca-Cola de
790. Guatemala, Sr. René
791. Estrada, fue víctima de un atentado por desconocidos que
792. portaban armas
793. blancas y de fuego. El Sr. René Estrada, quien ya había sido
794. objeto de
795. amenazas de muerte junto con los demás miembros del
796. sindicato (7), se
797. encuentra hospitalizado y en estado de gravedad.
798. En su comunicación de 28 de septiembre de 1994, la
799. Confederación Internacional
800. de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) informa sobre el
801. secuestro del Sr.
802. Edi Antonio Conde Lu, secretario general del Sindicato de
803. Trabajadores de Luz
804. y Fuerza y secretario de organización de la Confederación de
805. Unidad Sindical
806. de Guatemala (CUSG) el 8 de septiembre de 1994 por la noche.
807. Al día siguiente,
808. aproximadamente a las seis de la mañana fue liberado; sus
809. secuestradores
810. fueron cuatro individuos con uniforme de la policía nacional que
811. iban en una
812. radio patrulla 405. Durante la noche fue brutalmente golpeado a
813. consecuencia
814. de lo cual se fracturó el hombro derecho y tiene problemas
815. cerebrales
816. motivados por los golpes que le propinaron en la cabeza. Su
817. estado es muy
818. delicado. Los secuestradores lo amenazaron con asesinarlo si
819. no abandonaba el
820. país inmediatamente y las amenazas continuaron los días 10 y
821. 11 de septiembre,
822. dejándole notas en sus casa en donde insistían en matarlo si
823. permanecía en el
824. país. Por las razones mencionadas, el Sr. Conde, su esposa y
825. sus dos pequeños
826. hijos tuvieron que abandonar el país, pudiendo hacerlo gracias
827. a la
828. solidaridad sindical internacional.
829. En su comunicación de 31 de octubre de 1994, la CIOSL alega
830. que desde el 27 de
831. mayo de 1994 y ante el inminente cierre de la fábrica "Lunafil",
832. 41
833. trabajadores pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la
834. Fábrica
835. "Lunafil", afiliado a la Unión Sindical de Trabajadores de
836. Guatemala
837. (UNSITRAGUA), se encontraban frente a sus instalaciones en
838. protesta por el
839. cierre ilegal de la misma. Desde entonces, los trabajadores
840. habían sido
841. víctimas de diferentes formas de intimidación como
842. provocaciones, amenazas e
843. insultos de parte de los policías privados de El Ebano, quienes
844. habían llegado
845. incluso a tomar fotografías de todos y cada uno de los
846. dirigentes sindicales y
847. miembros de base. Asimismo, en el mes de mayo, hombres
848. armados y desconocidos
849. se presentaron varias veces en la casa del sindicalista Sr. José
850. Gil para
851. amenazarlo. La CIOSL añade que el 6 de octubre de 1994, a
852. las 19 h. 30, en una
853. de las calles de Amatitlán, un grupo de hombres con los rostros
854. cubiertos y
855. usando guantes detuvieron por la fuerza a la Sra. Débora
856. Guzmán, esposa del
857. Sr. Félix González y González, secretario de conflictos del
858. sindicato, la
859. agredieron e indicaron en tono amenazante que si su
860. compañero y otro directivo
861. sindical, Julio Coj, secretario fiscal, no renunciaban al sindicato,
862. ella
863. sería asesinada, dándole 48 horas para que los convenciera.
864. Asimismo, el 7 de
865. octubre de 1994, se recibieron varias llamadas anónimas en las
866. oficinas de
867. UNSITRAGUA (el sindicato de Lunafil y UNSITRAGUA tienen
868. sus oficinas en el
869. mismo edificio). En una de ellas amenazaban que si los del
870. sindicato no
871. cejaban en su lucha, iban a matar a Débora Guzmán, esposa
872. del sindicalista
873. Félix González, y en la última llamada se decía que la tenían en
874. su poder y
875. que se le dijera a Félix González que de él dependía que ella
876. regresara con
877. vida. De inmediato los dirigentes del sindicato y miembros de
878. UNSITRAGUA se
879. movilizaron para cerciorarse si lo indicado por esas personas era
880. cierto,
881. comprobando que afortunadamente no lo era. El 8 de octubre
882. de 1994 por la
883. noche, personas desconocidas introdujeron en la casa del Sr.
884. Félix González un
885. mensaje anónimo con el texto siguiente: "Señora, esperamos
886. que haya cumplido
887. lo que se le dijo. Sabemos que está en su casa y no vamos a
888. retroceder a lo
889. que dijimos. Cumpliremos lo dicho. Aténgase, no es ninguna
890. broma, como lo
891. quisiera tomar; no se esconda de nosotros, la encontraremos.
892. Anónimo". Cabe
893. anotar que el sindicato sospecha casi con seguridad que las
894. agresiones y los
895. acosos vienen de parte de la empresa "Lunafil".
896. En su comunicación de 29 de noviembre de 1994, la CIOSL
897. indica en relación con
898. el atentado de que fue víctima el Sr. René Cabrera Estrada,
899. dirigente del
900. Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora Coca-Cola que,
901. según la Unión
902. Internacional de Trabajadores de la Alimentación, dicho
903. atentado tenía un
904. origen puramente familiar, que nada tenía que ver con sus
905. actividades
906. sindicales y sociales. El mencionado hecho se prestó a
907. confusión al producirse
908. tan pronto como finalizó una manifestación popular.
909. En su comunicación de 16 de enero de 1995, la CLAT alega
910. amenazas de muerte
911. contra los dirigentes sindicales José E. Pinzón (CGTG) y Félix
912. Hernández
913. (FENASEP), el asesinato del dirigente sindical Manuel de Jesús
914. Alonso (CGTG) y
915. el secuestro del sindicalista Mateo Santos Cuom Xom (sindicato
916. en formación de
917. la Municipalidad de Esquipulas-Chiquimula), que fue liberado
918. posteriormente.
919. En su comunicación de 13 de marzo de 1995, la CIOSL expresa
920. su más profunda
921. inquietud por el secuestro del que fue víctima la Sra. Débora
922. Guzmán Chupen,
923. secretaria de finanzas del sindicato de trabajadores de la
924. Empresa Maquiladora
925. MJ y L&L Modas, ubicada en Atitlán, y compañera de hogar del
926. Sr. Félix
927. González, secretario de conflictos del sindicato de trabajadores
928. de la fábrica
929. "Lunafil", quien junto a un numeroso grupo de sindicalistas se
930. encuentra
931. demandando la reapertura de la fábrica que ilegalmente cerró
932. operaciones en
933. mayo de 1994. Debido a la actitud de confrontación de los
934. propietarios de la
935. empresa maquiladora MJ y L&L Modas (propiedad de
936. ciudadanos coreanos) y a las
937. constantes violaciones a las leyes laborales, los trabajadores
938. han ocupado
939. pacíficamente sus instalaciones. En el mes de enero, uno de los
940. propietarios
941. de la empresa agredió brutalmente a otra dirigente del sindicato,
942. lo que se
943. podría señalar como el conflicto más reciente.
944. La CIOSL añade que en octubre de 1994 se presentaron los
945. primeros actos
946. intimidatorios contra Débora Guzmán, quien fue finalmente
947. secuestrada el 28 de
948. febrero de 1995, hacia las 9 h. 30, cuando se dirigía al mercado
949. de Amatitlán.
950. Se le acercaron dos hombres fuertemente armados. Le
951. indicaron que los
952. acompañara y que de no hacerlo utilizarían sus armas. Después
953. le inyectaron
954. una droga. Despertó el 1.o de marzo a las 8 horas en un cuarto
955. grande. La
956. amenazaron con golpearla y le exigieron que llamara a
957. UNSITRAGUA y dijera
958. "tiene que exigirle a la persona que conteste que su marido se
959. salga del
960. sindicato de Lunafil porque si no usted no regresará con él".
961. Efectivamente
962. llamaron por teléfono y fue comunicada con el sindicalista Hugo
963. Morales,
964. coordinador de UNSITRAGUA a quien le transmitió las
965. exigencias de los
966. secuestradores y le respondió parcialmente algunas preguntas
967. pues uno de éstos
968. intervino y cortó la comunicación. Después de esto fue
969. golpeada nuevamente y
970. volvió a ser amenazada. La subieron de nuevo al vehículo y
971. tras un viaje de
972. dos horas (11 h. 45 más o menos) aún con las manos atadas y
973. los ojos vendados
974. la tiraron en la localidad de 4 Caminos, Totonicapán (a 224 km
975. de Ciudad de
976. Guatemala). Allí fue auxiliada. Fue sometida a un chequeo
977. médico en el
978. hospital de Totonicapán y tras la presencia de delegados de
979. UNSITRAGUA fue
980. trasladada de inmediato a la capital. En el trayecto fue presa de
981. fuertes
982. crisis nerviosas.
983. La CIOSL alega igualmente que el 5 de marzo de 1995 a las 18
984. h. 30,
985. desconocidos introdujeron un nuevo anónimo amenazante en el
986. hogar de Félix
987. Hernández y Débora Guzmán que literalmente (incluye errores
988. ortográficos)
989. dice: "... Señorah lla sabe lo que es estar secuestrada. le
990. pedimos que exija
991. a su marido la renuncia solo le dejamos setenta y dos horas más
992. sino
993. cumpliremos con la que le dijimos sabemos que no tiene miedo
994. pero aremos para
995. demostrarle que podemos..." Ese mismo día, hombres
996. fuertemente armados,
997. detuvieron una camioneta pick up en la que se dirigieron hacia
998. la fábrica
999. "Lunafil" donde hicieron disparos al aire.
1000. En su comunicación de 27 de marzo de 1995, la CLAT alega
1001. que los dirigentes
1002. sindicales de la Federación Campesina y Popular de Guatemala
1003. (FEDECAMPO),
1004. Sres. Manuel Pablo Quino y José Morales Tecún han sido
1005. amenazados de muerte
1006. tras la publicación de un boletín de información de
1007. FEDECAMPO, de fecha 21 de
1008. marzo de 1995, anunciando la disolución de las patrullas de
1009. autodefensa civil
1010. en el Cantón Lacamá I; estas patrullas constituyen un desgaste
1011. humano
1012. innecesario para los agricultores de la región. La CLAT añade
1013. que el dirigente
1014. de FENASEP, Sr. Félix Hernández, que ha sido amenazado de
1015. muerte, sigue siendo
1016. víctima de acosos permanentes; el último de ellos tuvo lugar
1017. después de que
1018. participara en un programa radiofónico, siendo intimidado por
1019. dos vehículos
1020. que le obligaron a refugiarse en la sede de la emisora de radio.
1021. La CLAT
1022. concluye señalando que las investigaciones sobre el asesinato
1023. del dirigente
1024. sindical Manuel de Jesús Alonso siguen sin dar ningún
1025. resultado.
1026. C. Respuesta del Gobierno
1027. En relación a los alegatos que quedaron pendientes de
1028. respuesta desde
1029. noviembre de 1992, relativos a medidas de discriminación
1030. antisindical, en su
1031. comunicación del 7 de septiembre de 1994 el Gobierno informa
1032. lo siguiente: 1)
1033. En cuanto al despido de 29 trabajadores de la finca La Torre
1034. éstos fueron
1035. reinstalados y se les hizo el pago de salarios caídos; 2) en
1036. relación al
1037. despido de 60 trabajadores miembros del sindicato del Banco
1038. Metropolitano,
1039. conforme a los registros de la Inspección del Trabajo, no ha
1040. existido denuncia
1041. alguna; además por el tiempo transcurrido ya prescribió el
1042. derecho para
1043. cualquier reclamación; 3) en cuanto a la violenta represión por
1044. parte de la
1045. policía contra los trabajadores en huelga de la fábrica de vidrio
1046. CAVISA, el
1047. Tribunal de Trabajo declaró ilegal la huelga, y conforme al
1048. artículo 244 del
1049. Código de Trabajo los trabajadores fueron despedidos e
1050. indemnizados
1051. oportunamente; 4) por lo que respecta a la negativa de
1052. reconocimiento legal
1053. del sindicato de trabajadores de la empresa portuaria Quetzal,
1054. éste obtuvo su
1055. reconocimiento en 1990 según acuerdo gubernativo núm
1056. 879-90, y el Sr. Rubén
1057. Terry Amézquita fue su secretario general provisional. En cuanto
1058. al
1059. encarcelamiento y posterior negativa de reinstalación del Sr.
1060. Terry Amézquita
1061. no existe denuncia alguna ni en el expediente ni en la
1062. Inspección General de
1063. Trabajo; 5) en relación con la creación de asociaciones
1064. solidaristas en
1065. desmedro de los sindicatos de trabajadores de las empresas
1066. Distribuidora del
1067. Sur Occidente y Compañía de Productos Duralita, por una parte
1068. no existe ningún
1069. sindicato en la empresa Distribuidora de Sur, y por otra se
1070. solicita que los
1071. querellantes precisen los hechos que constituyen "el desmedro"
1072. que alegan; 6)
1073. en cuanto a la negativa de reconocimiento legal del Sindicato
1074. de Trabajadores
1075. de la Dirección General de Montes y Silvicultura, y posterior
1076. despido de 21
1077. trabajadores el 27 de julio de 1990, por una parte no existe
1078. ningún sindicato
1079. que haya solicitado el reconocimiento de su personalidad
1080. jurídica con ese
1081. nombre, en cambio sí existe el Sindicato de la Dirección
1082. General de Bosques y
1083. Vida Silvestre cuya personalidad jurídica fue reconocida desde
1084. el 20 de junio
1085. de 1992; por otra parte en los expedientes del Ministerio de
1086. Trabajo no existe
1087. ninguna denuncia relacionada con tales despidos; por lo que
1088. respecta a los
1089. alegatos relativos a campañas de intimidación y despidos de
1090. trabajadores de
1091. varios municipios (numerales 7, 8, 9 y 10 de la lista del final del
1092. anexo del
1093. examen anterior de los casos), en vista de que es necesario
1094. recabar la
1095. información en el interior del país se enviará la información en
1096. noviembre
1097. próximo; 11) en cuanto a la persecución de trabajadores
1098. miembros de sindicatos
1099. en varias fincas del sur del país, a fin de enviar las
1100. observaciones
1101. correspondientes se solicita a los querellantes que precisen el
1102. nombre y lugar
1103. de las fincas, la fecha y los nombres de los trabajadores
1104. afectados; 12) en
1105. relación a los 29 trabajadores despedidos en la finca La
1106. Abundancia, se les
1107. dio en propiedad tierra a cambio de una indemnización
1108. pecuniaria, hecho con el
1109. que estuvieron de acuerdo; 13) en relación con el despido de
1110. 65 trabajadores
1111. de la municipalidad de Palín, en diálogos efectuados el alcalde
1112. les ofreció el
1113. pago de salarios retenidos pero los trabajadores optaron por la
1114. vía judicial;
1115. se informará en noviembre próximo sobre el resultado del juicio;
1116. 14) en cuanto
1117. a la vigilancia al local de la UITA por individuos desconocidos,
1118. el 23 de
1119. agosto de 1993, se solicitó a la Fiscalía General de la Nación
1120. investigar al
1121. respecto; 15) en relación al acoso y persecución de activistas
1122. sindicalistas,
1123. se solicita a los querellantes información relativa a la fecha,
1124. lugar, nombres
1125. de las empresas y de los trabajadores; 16) con respecto al
1126. alegato relativo a
1127. las presiones para obligar a renunciar a tres miembros del comité
1128. ejecutivo
1129. del SITRAEMSA (Embotelladora "La Mariposa"), no hubo
1130. despedidos; en cuanto a
1131. la negativa a negociar colectivamente con el sindicato y simular
1132. la firma de
1133. un convenio colectivo con un comité ad hoc creado por la
1134. empresa, el pacto
1135. colectivo de condiciones de trabajo que se suscribió con el
1136. comité ad hoc fue
1137. aprobado el 16 de septiembre de 1993 y el SITRAEMSA obtuvo
1138. su personalidad
1139. jurídica posteriormente, el 28 de septiembre de 1993. Además
1140. se acordó
1141. negociar un nuevo pacto colectivo con el sindicato a partir de
1142. septiembre de
1143. 1994; en cuanto a los alegatos de los numerales 19 y 20
1144. relativos a los actos
1145. de discriminación antisindical para favorecer a los miembros del
1146. comité ad
1147. hoc, la Inspección General del Trabajo ya ha hecho las
1148. prevenciones
1149. correspondientes y se informará de sus resultados en noviembre
1150. próximo. En
1151. relación al intento de secuestro de Pablo Mazariegos, el 3 de
1152. diciembre de
1153. 1993, se ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación que
1154. investigue al
1155. respecto.
1156. Por lo que respecta a las recomendaciones adoptadas por el
1157. Comité en noviembre
1158. de 1992, en su comunicación del 7 de septiembre de 1994 el
1159. Gobierno informa lo
1160. siguiente. En cuanto a los alegatos relativos a los docentes
1161. despedidos en
1162. 1990, éstos fueron reinstalados en sus puestos de trabajo
1163. posteriormente,
1164. habiéndoseles pagado los salarios retenidos; por lo que
1165. respecta a la
1166. posibilidad de los docentes de concluir convenios colectivos,
1167. éstos pueden
1168. hacerlo ya que no existe ninguna disposición que lo prohíba.
1169. En relación con los nuevos alegatos presentados por la CLAT,
1170. relativos a
1171. varias situaciones de violación de derechos sindicales, en sus
1172. comunicaciones
1173. del 5 de noviembre de 1993 y 7 de septiembre de 1994, el
1174. Gobierno manifiesta
1175. lo siguiente. En cuanto al Sindicato de Trabajadores del
1176. Ministerio de
1177. Gobernación, el Ministerio de Trabajo no ha podido otorgar su
1178. reconocimiento
1179. por existir limitaciones legales, ya que el sindicato en formación
1180. pretende
1181. incluir a categorías de empleados que son considerados de
1182. confianza, tales
1183. como los Secretarios Generales de las Gobernaciones
1184. Departamentales, los
1185. Viceministros de Gobernación, y los miembros de la Policía
1186. Nacional y de
1187. Hacienda; por lo que respecta al Sindicato Frente Nacional de
1188. Vendedores
1189. Ambulantes, en resolución del Ministerio de Trabajo y Previsión
1190. Social, del 12
1191. de agosto de 1993, se reconoció su personalidad jurídica y se
1192. aprobaron sus
1193. estatutos; en relación con el Sindicato Gremial de Trabajadores
1194. de Custodios y
1195. Aduanas por resolución núm. 1146, del 5 de agosto de 1993,
1196. del Ministerio de
1197. Trabajo, se reconoció su personalidad jurídica y se aprobaron
1198. sus estatutos;
1199. en cuanto al Sindicato de Trabajadores de la Cruz Roja
1200. Guatemalteca, por
1201. motivos financieros el 31 de octubre de 1992 la institución cerró
1202. sus
1203. servicios al público y dejó de existir como tal; en cuanto al
1204. Sindicato de
1205. Trabajadores de la Secretaría de Bienestar Social, en dictamen
1206. de la autoridad
1207. del trabajo del 21 de diciembre de 1992 se declararon viciadas
1208. las elecciones,
1209. dictamen que fue aprobado por el Ministerio Público; por lo que
1210. respecta al
1211. Sindicato de Panificadores, la solicitud inicial de reinstalación se
1212. presentó
1213. en noviembre de 1992, encontrándose el expediente en su
1214. última fase de
1215. aprobación; en relación al Sindicato de Trabajadores Navieros,
1216. la solicitud no
1217. llenaba los requisitos legales por lo que en resolución del
1218. Ministerio de
1219. Trabajo, del 16 de agosto de 1993, se solicitó al sindicato que
1220. se pronunciara
1221. en relación a algunas observaciones sin que hasta la fecha se
1222. haya recibido
1223. respuesta; en cuanto al Sindicato de la Confederación
1224. Deportiva Autónoma de
1225. Guatemala, el convenio colectivo fue suscrito en abril de 1993 y
1226. se presentó a
1227. la autoridad del trabajo hasta el mes de junio, motivo por el cual
1228. se sugirió
1229. a las partes que presentasen un convenio suscrito con fecha
1230. actualizada; en
1231. relación al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de
1232. Palín las
1233. acciones han trascendido el ámbito jurisdiccional, por lo que
1234. serán los
1235. tribunales privativos del orden laboral los que resuelvan en
1236. definitiva; en
1237. cuanto al Sindicato de Trabajadores de Productos Alimenticios
1238. Imperial S.A.,
1239. la autoridad del trabajo citó al representante de la empresa,
1240. quien estuvo
1241. anuente a efectuar el pago correspondiente, sin embargo,
1242. habiéndose citado a
1243. los trabajadores concernidos, éstos no comparecieron.
1244. En relación con los nuevos alegatos de la CIOSL (del 23 de
1245. septiembre, 20 de
1246. diciembre de 1993, y 9 de junio de 1994), por comunicación del
1247. 14 de julio de
1248. 1994 el Gobierno declara que el convenio colectivo suscrito en
1249. la compañía "La
1250. Mariposa" S.A., el 14 de septiembre de 1993, no viola ni
1251. menoscaba los
1252. derechos que garantizan las leyes laborales a los trabajadores.
1253. Asimismo,
1254. señala el Gobierno que el 28 de septiembre de 1993 la
1255. autoridad de trabajo
1256. emitió la resolución núm. 1906 por la que otorga personalidad
1257. jurídica al
1258. Sindicato de Trabajadores de la Empresa Embotelladora "La
1259. Mariposa" S.A. En
1260. cuanto a las denuncias de actos de discriminación antisindical y
1261. represalias
1262. por parte de la empresa, el Gobierno señala que el 14 de
1263. diciembre de 1993, el
1264. inspector del trabajo se estableció en la empresa con el fin de
1265. que las partes
1266. en conflicto llegaran a un acuerdo directo en relación con los
1267. casos concretos
1268. denunciados, para lo cual se formularon varias
1269. recomendaciones, habiéndoseles
1270. establecido un plazo de quince (15) días para llegar a un
1271. arreglo. Después de
1272. varias visitas a la empresa, investigaciones y diligencias, la
1273. autoridad del
1274. trabajo pudo constatar que la empresa efectivamente llevaba a
1275. cabo actos de
1276. discriminación antisindical en contra de los trabajadores
1277. sindicalizados, por
1278. lo que se le formularon las prevenciones respectivas por cada
1279. caso concreto
1280. denunciado, y se le dio un plazo de 48 horas para su
1281. cumplimiento. El 18 de
1282. abril de 1994 se constató que la empresa no había cumplido
1283. con las
1284. prevenciones formuladas, motivo por el cual el 17 de mayo del
1285. mismo año se
1286. presentó ante el Juzgado Sexto de Trabajo el juicio punitivo
1287. para que se
1288. establecieran las sanciones correspondientes conforme a la ley,
1289. de cuyo
1290. resultado se informará posteriormente.
1291. En su comunicación de 6 de octubre de 1994, el Gobierno
1292. envía una carta de la
1293. Fiscalía General de la República al Ministerio de Trabajo con el
1294. siguiente
1295. texto:
1296. Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de hacer de
1297. su
1298. conocimiento que según petición de su Departamento sobre la
1299. lista de
1300. violaciones de derechos humanos, la Fiscalía General de la
1301. República ha
1302. iniciado las siguientes acciones:
1303. 1. Localización de los expedientes que en el anexo de su oficio
1304. se menciona
1305. para establecer qué fiscales los tienen a su cargo y qué
1306. desarrollo han tenido
1307. a la fecha.
1308. 2. Localización de los familiares de las víctimas de violación de
1309. derechos
1310. humanos, para entrevistarlas y poder investigar si han iniciado
1311. proceso
1312. jurisdiccional para establecer los extremos de los asesinatos,
1313. amenazas e
1314. intimidaciones de sus familiares.
1315. 3. Coordinar acciones con los fiscales departamentales para
1316. iniciar las
1317. investigaciones relacionadas a las violaciones de derechos
1318. humanos que en su
1319. anexo se menciona y se hagan cargo especial de los mismos,
1320. para darles un
1321. trámite acelerado.
1322. 4. Como consecuencia de los numerales anteriores, empezar las
1323. pesquisas
1324. correspondientes para deducir responsabilidades a las personas
1325. que se
1326. encuentren como sindicados de dichas violaciones a los
1327. derechos humanos o en
1328. su caso establecer si han sido simplemente delitos comunes.
1329. De lo expuesto con anterioridad, el Ministerio Público, a través
1330. de la Unidad
1331. de Derechos Humanos, estará remitiendo los resultados de las
1332. primeras
1333. averiguaciones y entrevistas con las víctimas, asimismo los
1334. informes del
1335. estado de los procesos que ya se encuentren en los tribunales
1336. jurisdiccionales.
1337. Caso núm. 1595
1338. Ultimo examen del caso
1339. Este caso fue presentado por la Central General de
1340. Trabajadores de Guatemala
1341. (CGTG) y examinado por el Comité en tres oportunidades, la
1342. última de las
1343. cuales en su reunión de junio de 1994, en la que presentó
1344. conclusiones
1345. provisionales (véase 294.o informe del Comité, párrafos 572 a
1346. 585, aprobado
1347. por el Consejo de Administración en su 260.a reunión (junio de
1348. 1994)).
1349. Los alegatos pendientes se refieren al asesinato de un
1350. trabajador en el curso
1351. de un conflicto colectivo, a la disolución o no reconocimiento de
1352. la
1353. personalidad jurídica de varios sindicatos, a trabas a la
1354. constitución de
1355. organizaciones sindicales y a actos de discriminación
1356. antisindical. En su
1357. último examen del caso, el Comité formuló las siguientes
1358. conclusiones y
1359. recomendaciones (véase 294.o informe, párrafos 578 a 585):
1360. En primer lugar, el Comité deplora una vez más que el Gobierno
1361. no haya
1362. comunicado sus observaciones en relación con el asesinato de
1363. un trabajador el
1364. 5 de agosto de 1989 durante un conflicto colectivo entre la
1365. Finca La Patria y
1366. el sindicato, y pide que sin demora se inicie una investigación
1367. judicial, a
1368. efectos de esclarecer los hechos y sancionar a los culpables, y
1369. que le
1370. mantenga informado de la evolución de la misma.
1371. En lo que respecta a algunos de los alegatos sobre los cuales el
1372. Comité
1373. solicitó al Gobierno que le mantuviera informado de la evolución
1374. de los
1375. recursos presentados, el Comité toma nota con interés de que el
1376. Gobierno
1377. manifiesta que el Sindicato de Trabajadores Campesinos de la
1378. Finca La Patria y
1379. la empresa han llegado a un acuerdo que incluye el reintegro de
1380. los
1381. trabajadores despedidos en sus puestos de trabajo. El Comité
1382. pide al Gobierno
1383. que envíe copia de dicho acuerdo y que le informe sobre si
1384. efectivamente se ha
1385. producido el reintegro de los trabajadores en sus puestos de
1386. trabajo.
1387. Asimismo, el Comité toma nota de que el Sindicato de
1388. Trabajadores de la
1389. Muncipalidad de Villa Nueva no fue disuelto, contrariamente a lo
1390. señalado por
1391. los querellantes.
1392. En cuanto a los alegatos relativos a acciones para impedir la
1393. formación de
1394. sindicatos en las empresas maquiladoras Manufacturera
1395. Integridad S.A., Koram
1396. S.A., Bocco & Cía. Ltda., Diseños Panamericanos S.A.,
1397. Confecciones Isabel
1398. S.A., y "Sam Agliano y Don San", el Comité toma nota de que el
1399. Gobierno
1400. manifiesta que la empresa Sam Agliano y Don San ha cerrado y
1401. que en las otras
1402. empresas no existen sindicatos, ni se han iniciado trámites de
1403. reconocimiento
1404. de sindicatos y que el Ministerio ha organizado una campaña de
1405. concientización
1406. por parte de los empleadores, habiendo celebrado un seminario
1407. para el
1408. conocimiento de sus derechos y obligaciones. Asimismo, el
1409. Comité lamenta
1410. observar que en cuanto a los alegatos relativos a los intentos de
1411. impedir la
1412. creación de organizaciones sindicales en las empresas
1413. Transporte Urbano Unión,
1414. Bolívar, EGA, La Fe y Morena, el Gobierno no ha comunicado
1415. observaciones. En
1416. estas condiciones, el Comité subraya la importancia que atribuye
1417. a que los
1418. trabajadores puedan de manera efectiva constituir con plena
1419. libertad
1420. organizaciones de su elección y afiliarse libremente a ellas
1421. (véase
1422. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad
1423. Sindical,
1424. tercera edición, 1985, párrafo 222), y pide al Gobierno que tome
1425. las medidas
1426. necesarias para garantizar que en la práctica, los trabajadores
1427. de las 10
1428. empresas mencionadas por los querellantes puedan constituir
1429. sindicatos y
1430. ejercer libremente sus derechos sindicales. El Comité pide al
1431. Gobierno que le
1432. mantenga informado de la evolución de la situación en estas
1433. empresas.
1434. En relación al proceso relativo al despido de varios dirigentes
1435. del comité
1436. ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan
1437. de Dios y a los
1438. procedimientos administrativos sobre el despido del secretario
1439. general del
1440. Sindicato de Panificadores de Chiquimula, el despido de 20
1441. afiliados del
1442. Sindicato de Trabajadores Navieros de Santo Tomás de
1443. Castilla, y el
1444. reconocimiento de la personalidad jurídica del Sindicato de
1445. Trabajadores del
1446. Ministerio de la Gobernación, el Comité, como hiciera en su
1447. anterior examen
1448. del caso, pide al Gobierno que le mantenga informado de las
1449. decisiones que se
1450. adopten.
1451. En lo que respecta a los alegatos de despidos en la Fábrica
1452. Pundú S.A., el
1453. Comité toma nota de que, según el Gobierno, la empresa ha
1454. cerrado, por lo que
1455. ya no se plantea la cuestión del reintegro. En cuanto al despido
1456. de la
1457. totalidad de los afiliados al Sindicato de Trabajadores de la
1458. Finca El
1459. Trapichito y el despido de 55 afiliados al Sindicato de
1460. Trabajadores de la
1461. Finca El Naranjo, el Comité toma nota de que el Gobierno
1462. manifiesta que no
1463. existen antecedentes sobre los hechos alegados. Lamentando
1464. que el Gobierno no
1465. haya brindado informaciones que permitan determinar si los
1466. despidos en
1467. cuestión han tenido carácter antisindical, el Comité señala a la
1468. atención del
1469. Gobierno que nadie debería ser objeto de actos de
1470. discriminación antisindical
1471. por la realización de actividades sindicales legítimas y que "la
1472. protección
1473. contra los actos de discriminación antisindical debe abarcar no
1474. sólo la
1475. contratación y el despido, sino también cualquier medida
1476. discriminatoria que
1477. se adopte durante el empleo y, en particular, las medidas que
1478. comporten
1479. traslados, postergación u otros actos perjudiciales" (véase
1480. Recopilación, op.
1481. cit., párrafo 544). En estas condiciones, el Comité pide al
1482. Gobierno que
1483. realice una investigación sobre los despidos antisindicales
1484. alegados y que si
1485. se verifica que los mismos se debieron a actividades sindicales
1486. legítimas se
1487. reintegre a los interesados en sus puesto de trabajo; asimismo,
1488. pide que le
1489. mantenga informado al respecto.
1490. En lo que respecta a la alegada solicitud de disolución del
1491. Sindicato de
1492. Trabajadores de la Municipalidad de San Antonio
1493. Suchitepequez, el Comité toma
1494. nota de que el Gobierno informa que se ha reconocido la
1495. personería jurídica
1496. del sindicato en agosto de 1988. Asimismo, en cuanto a la
1497. petición de
1498. revocación de la personalidad jurídica del Sindicato de
1499. Trabajadores de la
1500. Compañía Centroamericana Administradora de Hoteles y
1501. Turismo S.A. (Hotel Ritz
1502. Continental), el Comité toma nota de que el Gobierno manifiesta
1503. que los
1504. miembros del comité ejecutivo del sindicato presentaron un acta
1505. de disolución
1506. en 1990, al haber renunciado 22 trabajadores afiliados al
1507. sindicato. El Comité
1508. pide a los querellantes que brinden precisiones sobre las
1509. razones y
1510. circunstancias en que se produjo dicha renuncia, así como que
1511. envíe copia del
1512. acta de disolución.
1513. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el
1514. Comité invita al
1515. Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones
1516. siguientes:
1517. a) deplorando el asesinato de un trabajador el 5 de agosto de
1518. 1989 durante un
1519. conflicto colectivo en la Finca La Patria, el Comité pide
1520. nuevamente que sin
1521. demora se inicie una investigación judicial, a efectos de
1522. esclarecer los
1523. hechos y sancionar a los culpables, y que le mantenga
1524. informado de la
1525. evolución de la misma;
1526. b) tomando nota con interés de que el Gobierno manifiesta que
1527. el Sindicato de
1528. Trabajadores Campesinos de la Finca La Patria y la empresa
1529. han llegado a un
1530. acuerdo que incluye el reintegro de los trabajadores despedidos
1531. en sus puestos
1532. de trabajo, el Comité pide al Gobierno que envíe copia de dicho
1533. acuerdo y que
1534. le informe sobre si efectivamente se ha producido el reintegro de
1535. los
1536. trabajadores en sus puestos de trabajo;
1537. c) subrayando la importancia de que los trabajadores puedan de
1538. manera efectiva
1539. constituir con plena libertad organizaciones de su elección y
1540. afiliarse
1541. libremente a ellas, el Comité pide al Gobierno que tome las
1542. medidas necesarias
1543. para garantizar que, en la práctica, los trabajadores de las
1544. empresas
1545. Manufacturera Integridad S.A., Koram S.A., Bocco & Cía. Ltda.,
1546. Diseños
1547. Panamericanos S.A., Confecciones Isabel S.A., Transporte
1548. Urbano Unión,
1549. Bolívar, EGA, La Fe y la Morena puedan constituir sindicatos y
1550. ejercer
1551. libremente sus derechos sindicales. El Comité pide al Gobierno
1552. que le mantenga
1553. informado de la evolución de la situación en estas empresas;
1554. d) el Comité pide al Gobierno que realice una investigación
1555. sobre los despidos
1556. antisindicales alegados en las Fincas El Trapichito y El Naranjo
1557. y si se
1558. verifica que los mismos se debieron a actividades sindicales
1559. legítimas se
1560. reintegre a los interesados en sus puestos de trabajo; asimismo
1561. pide al
1562. Gobierno que le mantenga informado al respecto;
1563. e) el Comité pide una vez más al Gobierno que le mantenga
1564. informado de las
1565. decisiones que se adopten en el proceso judicial relativo al
1566. despido de varios
1567. dirigentes del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del
1568. Hospital San
1569. Juan de Dios y en los procedimientos administrativos sobre el
1570. despido del
1571. secretario general del Sindicato de Panificadores de Chiquimula,
1572. al despido de
1573. 20 afiliados del Sindicato de Trabajadores Navieros de Santo
1574. Tomás de
1575. Castilla, y el reconocimiento de la personalidad jurídica del
1576. Sindicato de
1577. Trabajadores del Ministerio de la Gobernación, y
1578. f) tomando nota de que el Gobierno manifiesta que los miembros
1579. del Comité
1580. Ejecutivo del Sindicato del Hotel Ritz Continental presentaron
1581. un acta de
1582. disolución en 1990, al haber renunciado 22 trabajadores
1583. afiliados al
1584. sindicato, el Comité pide a los querellantes que brinden
1585. precisiones sobre las
1586. razones y circunstancias en que se produjo dicha renuncia, así
1587. como copia del
1588. acta de disolución.
1589. Caso núm. 1740
1590. La queja figura en una comunicación de la Unión Sindical de
1591. Trabajadores de
1592. Guatemala (UNSITRAGUA) de fecha 26 de octubre de 1993.
1593. Esta organización
1594. presentó informaciones complementarias y nuevos alegatos por
1595. comunicación de
1596. 18 de diciembre de 1993.
1597. En lo que respecta al caso núm. 1740, en su reunión de
1598. noviembre de 1994
1599. (véase 295.o informe, párrafo 13), el Comité observó que, a
1600. pesar del tiempo
1601. transcurrido desde que se presentaron las quejas, no se han
1602. recibido las
1603. informaciones que se solicitaron del Gobierno. El Comité señaló
1604. a la atención
1605. del Gobierno que, de conformidad con el procedimiento
1606. establecido en el
1607. párrafo 17 de su 127.o informe, aprobado por el Consejo de
1608. Administración,
1609. presentará en su próxima reunión un informe sobre el fondo de
1610. estos casos,
1611. incluso si las informaciones u observaciones solicitadas no se
1612. hubiesen
1613. recibido en tiempo oportuno. Por consiguiente, le instó a que
1614. transmita sus
1615. observaciones o informaciones con toda urgencia.
1616. A. Alegatos del querellante
1617. UNSITRAGUA alega las siguientes violaciones a los derechos
1618. sindicales:
1619. - Sindicato de Trabajadores de Corporación Textil Internacional
1620. S.A. (CORTEX),
1621. organizado el 16 de marzo de 1993, emplaza a la empresa en
1622. los tribunales de
1623. trabajo. La respuesta patronal son despidos, amenazas de
1624. muerte (existen
1625. denuncias al respecto).
1626. - Sindicato de ESDEE Guatemala Sociedad Anónima
1627. (SINTEGSA). Se organizó el 29
1628. de abril de 1993. La respuesta de la empresa ha sido despidos,
1629. amenazas de
1630. muerte, incidentes de terminación de contratos, conformación
1631. de grupos de
1632. choque, falsificación de firmas.
1633. - Sindicato de Trabajadores de Diseños y Maquilas Sociedad
1634. Anónima
1635. (SINTRADIMASA (MARISA)). Este sindicato se constituyó el 24
1636. de julio de 1993;
1637. se encuentra emplazada la empresa en los tribunales de trabajo.
1638. Ha habido
1639. despidos ilegales, actos de agresión física contra trabajadores
1640. que motivaron
1641. el inicio de una querella por agresión y amenazas de muerte, y la
1642. instrumentalización de trabajadores para formar un sindicato afín
1643. a la parte
1644. patronal.
1645. - Sindicato de Trabajadores Municipales de Coban,
1646. Departamento de Alta Verapaz
1647. (SITRAMCO). Se constituyó el día 10 de marzo de 1993; la
1648. respuesta patronal
1649. han sido los despidos pronunciados por el alcalde y la
1650. corporación municipal.
1651. Asimismo, el secretario general del sindicato fue secuestrado y
1652. liberado horas
1653. más tarde.
1654. - Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Santa Cruz
1655. Verapaz. Fue
1656. constituido el 3 de julio de 1993; la Municipalidad despidió a la
1657. mayoría de
1658. los directivos del sindicato y se niega a cumplir las órdenes de
1659. reinstalación
1660. dadas por el Tribunal de Trabajo respectivo.
1661. - En marzo de 1993, mediante mensaje anónimo, es amenazado
1662. de muerte el
1663. sindicalista Byron Morales, por parte de un escuadrón
1664. paramilitar, siendo
1665. conminado a abandonar el país. Esta amenaza es acompañada
1666. de múltiples actos
1667. de control e intentos de intimidación.
1668. - El 20 de marzo de 1993, también del presente año,
1669. desapareció el
1670. sindicalista Gustavo Rosalio Vasquez López, después de una
1671. actividad de
1672. protesta en exigencia de la solución del conflicto laboral de
1673. hacienda San
1674. Gregorio donde el sindicato completo fue despedido desde
1675. febrero de 1992. La
1676. desaparición de este sindicalista no ha sido esclarecida.
1677. - El 6 de mayo de 1993 fue asesinado el Sr. Adrián Miranda
1678. López, miembro del
1679. Sindicato de Hacienda San Gregorio, después de haber sido
1680. interrogado sobre su
1681. actividad sindical. Posteriormente varios afiliados al sindicato
1682. fueron
1683. amenazados de muerte también.
1684. - El 30 de octubre de 1993 fue asesinado el Sr. Velizario López
1685. Rojas, del
1686. Sindicato de Trabajadores de Hacienda San Gregorio, estando
1687. vigente el
1688. conflicto laboral. Es de resaltar que la empresa mantiene vigente
1689. el despido
1690. de 310 trabajadores a pesar de existir órdenes de reinstalación.
1691. - Miembros del sindicato de empresa Malher y Sucesoras fueron
1692. detenidos por
1693. más de seis horas (8), en el interior de la fábrica y sometidos a
1694. presiones e
1695. intimidaciones para firmar documentos y hacerlos desistir del
1696. ejercicio de sus
1697. derechos, asimismo fueron sometidos a un proceso sistemático
1698. de hostigamiento
1699. y control que llegaron a constituirse en seguimiento fuera de la
1700. empresa.
1701. - El 15 de julio de 1993, a las 21 horas, fue secuestrado el Sr.
1702. Ernesto Bol,
1703. secretario de actas del Sindicato de la Municipalidad de Coban,
1704. Municipio de
1705. Alta Verapaz. Posteriormente fue liberado, amenazado e
1706. intimidado.
1707. - El 15 de julio de 1993, en Ciudad Peronia, Municipio de Villa
1708. Nueva, fue
1709. interceptado el Sr. Werner Coc Ramírez, directivo del Sindicato
1710. de
1711. Panificadores, quien fue salvajemente golpeado por individuos
1712. que le
1713. increparon sobre su actividad sindical.
1714. - El 11 de julio, a las 18 horas, cuatro hombres fuertemente
1715. armados que iban
1716. en un vehículo color amarillo secuestraron al Sr. Walter Manuel
1717. Nájera Molina,
1718. miembro del Sindicato de Trabajadores de Embotelladora
1719. Central (Coca-Cola);
1720. fue sometido a torturas e interrogatorios y liberado
1721. posteriormente.
1722. - En la empresa maquiladora Esdee Guatemala se golpea
1723. salvajemente a los
1724. trabajadores y se hacen despidos con participación de la policía
1725. nacional. Ha
1726. habido amenaza de muerte y secuestro de miembros del
1727. sindicato con
1728. participación de la policía militar ambulante.
1729. - Dirigentes del Sindicato de Maquila M.J. Modas reciben
1730. nuevas amenazas de
1731. muerte extensivas a sus familias e hijos. Se trata de las
1732. amenazas contra las
1733. Sras. Natividad Salazar Barrera, María del Carmen Cruz Fuentes
1734. y Dicky
1735. Marroquín. El sindicato libra un fuerte conflicto con la parte
1736. patronal.
1737. - El 5 de octubre un grupo paramilitar amenazó de muerte
1738. nuevamente a un grupo
1739. de guatemaltecos. Dentro del listado de amenazados están
1740. dirigentes de la
1741. Unidad de Acción Sindical y Popular, de la que es parte la
1742. Unión Sindical de
1743. Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA). Uno de sus
1744. dirigentes amenazados es el
1745. Sr. Byron Morales, miembro del Sindicato de Trabajadores del
1746. Comité Nacional
1747. Prociegos y Sordomudos y Coordinador de la Comisión
1748. Organización de
1749. UNSITRAGUA.
1750. - El 12 de febrero de 1992 la empresa COCAPSA despidió de
1751. manera ilegal,
1752. injusta y masivamente, a 310 trabajadores, en la hacienda San
1753. Gregorio Piedra
1754. Parada, en el Municipio de Coatepeque, Quezaltenango,
1755. encontrándose emplazada
1756. la Compañía Agrónomo Pecuaria S.A. (Hacienda San Gregorio
1757. Piedra Parada) y
1758. vigente una resolución del juzgado segundo de primera
1759. instancia y de trabajo
1760. de Coatepeque, donde se prohíbe a la empresa dar por
1761. terminados cualquier
1762. contrato de trabajo sin autorización del juez de trabajo. Con
1763. fecha 17 de
1764. agosto de 1992, la Sala Primera de la Corte de Apelación de
1765. Trabajo y
1766. Previsión Social declaró con lugar las diligencias de
1767. reinstalación promovidas
1768. por los trabajadores. Sin embargo, hasta la fecha no se ha
1769. hecho efectiva la
1770. reinstalación de los trabajadores despedidos. Es de resaltar que
1771. el despido
1772. ilegal y masivo que violentó los derechos de los trabajadores de
1773. hacienda San
1774. Gregorio se hizo efectivo con la intención de violar y truncar el
1775. proceso
1776. organizativo de los trabajadores, lo que constituye una grave
1777. violación al
1778. Convenio núm. 87 por parte de la Compañía Agrónomo
1779. Pecuaria S.A., y del Estado
1780. Guatemala, donde no se cumplen las leyes laborales ni se
1781. respetan los derechos
1782. de los trabajadores.
1783. - El 22 de marzo de 1993 se suscribió un convenio entre el
1784. Sindicato de la
1785. Empresa Agroport, Sociedad Anónima - Empresa de Maquila y la
1786. patronal, donde
1787. la empresa se compromete fundamentalmente: a cumplir con las
1788. leyes laborales;
1789. a pagarles a los trabajadores un ajuste de transporte por el
1790. traslado que se
1791. haría de la empresa a otra planta; a reiniciar labores - porque
1792. estaban
1793. suspendidas - y a no tomar represalias, este convenio fue
1794. aprobado el 30 de
1795. marzo por las autoridades de trabajo. El 12 de abril se cerró la
1796. planta sin
1797. haber cumplido nada de lo convenido y el principal accionista o
1798. propietario,
1799. William Johosep Hulsizer, de nacionalidad estadounidense,
1800. huyó a los EE.UU.
1801. - Las trabajadoras de la Empresa M.J., Sociedad Anónima, y
1802. L&L, Sociedad
1803. Anónima, vienen siendo objeto de múltiples atropellos, cambios
1804. de condiciones
1805. de trabajo, vejámenes morales y físicos como represalia por su
1806. participación
1807. en el sindicato, así como de numerosos despidos ilegales. Se
1808. trata de actos
1809. desestabilizadores de la parte empleadora para destruir la
1810. organización
1811. sindical. El 16 de diciembre de 1993 fueron encerrados varios
1812. dirigentes de
1813. manera arbitraria e ilegal en el interior de la empresa.
1814. - En la Empresa Esdee de Guatemala, tras la constitución de un
1815. sindicato y su
1816. posterior solicitud de inscripción, se han tomado represalias en
1817. contra de los
1818. dirigentes sindicales y sindicalistas de dicha organización,
1819. habiéndose
1820. finalmente decidido cerrar la empresa de manera ilegal.
1821. Concretamente, la
1822. organización querellante alega que la parte patronal cometió los
1823. siguientes
1824. actos antisindicales: 1) se negó a negociar con el sindicato y
1825. decidió
1826. constituir una organización paralela con personal de confianza;
1827. 2) negó la
1828. entrada a la empresa de la dirigente sindical Pilar Cifuentes
1829. Aguilar, en
1830. abril de 1993, y despidió a la secretaria general del sindicato en
1831. julio del
1832. mismo año; 3) despidió en forma alternada entre julio y octubre
1833. de 1993 a
1834. distintos sindicalistas y, finalmente, despidió a la totalidad de los
1835. trabajadores, y 4) se agredió físicamente a una sindicalista el 20
1836. de
1837. septiembre de 1993, en momentos en que los trabajadores
1838. protestaban contra el
1839. cierre de la empresa.
1840. - La patronal del Comité Nacional Prociegos y Sordomudos de
1841. Guatemala
1842. (SINTRACNPS) se niega rotundamente a negociar el Pacto
1843. Colectivo con la
1844. organización sindical representativa y más bien ha utilizado
1845. todas sus
1846. influencias para dilatar al máximo este proceso, el cual tiene
1847. exactamente 19
1848. meses de su tramitación ante el Ministerio de Trabajo y el
1849. Juzgado IV de
1850. Trabajo y Previsión Social.
1851. B. Respuesta del Gobierno
1852. En su comunicación de 5 de enero de 1994, el Gobierno
1853. declara que con fecha 16
1854. de marzo de 1993, se recibió en la Dirección General de
1855. Trabajo de este
1856. Ministerio la solicitud de reconocimiento de la personalidad
1857. jurídica del
1858. "Sindicato de Trabajadores de Corporación Textil Internacional
1859. Sociedad
1860. Anónima" a la cual se le dio el trámite previsto en la ley. Sin
1861. embargo, la
1862. Asesoría Jurídica de dicha dependencia opinó que había
1863. omisión de requisitos
1864. legales, opinión que se hizo saber a los interesados.
1865. Subsanadas las omisiones
1866. señaladas y cumplidos los demás trámites legales, el día 21 de
1867. octubre de 1993
1868. la Dirección General de Trabajo emite dictamen favorable y
1869. remite el
1870. expediente a este despacho. El día 27 del mismo mes de
1871. octubre, el Ministerio
1872. de Trabajo y Previsión Social, mediante resolución núm. 2176,
1873. reconoce la
1874. personalidad jurídica del sindicato en mención, aprueba sus
1875. estatutos y lo
1876. autoriza para iniciar sus actividades. Finalmente, el 12 de
1877. noviembre recién
1878. pasado se publica dicha resolución ministerial en el Diario de
1879. Centroamérica,
1880. con lo cual la tramitación quedó concluida.
1881. El Gobierno precisa que en el Ministerio de Trabajo no se ha
1882. presentado
1883. ninguna denuncia sobre maniobras, despidos, amenazas y
1884. conformación de grupos
1885. de choque organizados por la parte empleadora, por lo que, de
1886. existir o
1887. haberse dado con anterioridad, debe sugerirse a los ofendidos
1888. formular las
1889. denuncias respectivas ante las autoridades.
1890. Caso núm. 1778
1891. Las quejas figuran en una comunicación de la Central
1892. Latinoamericana de
1893. Trabajadores (CLAT) de 1.o de junio de 1994. La CLAT envió
1894. informaciones
1895. complementarias y nuevos alegatos por comunicaciones de 6
1896. de junio y 1.o de
1897. noviembre de 1994.
1898. Alegatos del querellante
1899. La CLAT indica que ha recibido informaciones según las cuales
1900. el día 31 de
1901. mayo de 1994 fue capturado el Sr. Eligio Quej Morán, miembro
1902. del comité ad hoc
1903. de los trabajadores de la policía nacional. Esas mismas
1904. informaciones indican
1905. que fue torturado y que sus raptores le inyectaron alguna droga
1906. que le provocó
1907. hemorragias. Su vida se encuentra en peligro y aparentemente
1908. esa persona
1909. habría perdido la vista. La CLAT precisa que el 25 de marzo de
1910. 1993, la
1911. Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) inició
1912. el proceso de
1913. organización de los trabajadores de la policía nacional. Desde
1914. esa fecha
1915. fueron perseguidos y amenazados de muerte por el escuadrón
1916. de la muerte
1917. "Jaguar Justiciero" miembros del comité ad hoc creado en dicha
1918. fecha, por
1919. haber ejercido conforme a la ley su derecho a organizarse y
1920. plantear
1921. reivindicaciones legítimas. Este último hecho compromete
1922. gravemente la
1923. integridad física de todos los trabajadores de ese comité y
1924. demuestra el clima
1925. creciente de violencia en contra de los trabajadores. Según la
1926. CLAT, el
1927. Ministro de Gobernación anterior reconoció y empezó a respetar
1928. los derechos
1929. humanos, económicos y sociales de los trabajadores al servicio
1930. de la policía
1931. nacional; sin embargo, ahora se retrocede en los derechos
1932. adquiridos en la
1933. administración anterior.
1934. La CLAT envía una carta de la Central General de Trabajadores
1935. de Guatemala
1936. dirigida al Director General de la Policía Nacional donde
1937. expresa su
1938. preocupación por el traslado a otras localidades de tres
1939. integrantes del
1940. comité ad hoc que califica de represalia, Sres. Felipe de Jesús
1941. Cirín Aguilar,
1942. Arnoldo Farján Enríquez y Roberto Eligio Quej Morán.
1943. Por último, la CLAT alega que otros miembros de organizaciones
1944. de trabajadores
1945. han seguido recibiendo mensajes anónimos con amenazas de
1946. muerte provenientes
1947. del grupo "Jaguar Justiciero".
1948. El 24 de octubre de 1994, a las 11 de la noche, fue baleado el
1949. Sr. Manuel de
1950. Jesús Alonso, secretario general del Sindicato de Trabajadores
1951. de la
1952. Municipalidad de Puerto Barrios (Departamento de Izabal) y
1953. coordinador de la
1954. CGTG del norte del país. Estos hechos ocurrieron cuando esta
1955. persona se
1956. encontraba frente a la puerta de su domicilio en Puerto Barrios.
1957. Los autores
1958. de este acto no fueron identificados. El 29 de octubre falleció
1959. luego de
1960. varios días de sufrimiento. El sindicato que dirigía esta persona
1961. está
1962. afiliado a la Federación Nacional de Servidores Públicos
1963. (FENASEP) y a la
1964. CGTG. Es preciso señalar que la CGTG - Regional del Norte -
1965. había sido el
1966. blanco de las amenazas del mencionado grupo en los últimos
1967. meses. El dirigente
1968. sindical Sr. Manuel de Jesús Alonso se había solidarizado con
1969. los habitantes
1970. del Estor y había denunciado algunos abusos del alcalde de
1971. esta localidad.
1972. Había además puesto al conocimiento de la opinión pública
1973. varios actos
1974. ilícitos de funcionarios de la Municipalidad de Puerto Barrios y
1975. de la
1976. Gobernación de Izabal.
1977. Caso núm. 1786
1978. Las quejas correspondientes a este caso figuran en
1979. comunicaciones de la
1980. Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) y la
1981. Confederación Mundial
1982. del Trabajo (CMT) de fechas 18 y 24 de junio de 1994,
1983. respectivamente.
1984. Alegatos de los querellantes
1985. Las organizaciones sindicales alegan las siguientes violaciones
1986. a los derechos
1987. sindicales en el sector privado:
1988. - La empresa Operadora de Empresa, Sociedad Anónima,
1989. propietaria del Hotel El
1990. Dorado, suscribió Pacto Colectivo de condiciones de trabajo
1991. con el Sindicato
1992. de Trabajadores del Hotel El Dorado y demás actividades que
1993. conforman una
1994. misma unidad económica, instrumento normativo que viene
1995. siendo violado por la
1996. parte patronal, particularmente en lo atinente a las jornadas de
1997. trabajo.
1998. Existen tres jornadas de trabajo: diurna, nocturna y mixta,
1999. debidamente
2000. negociadas entre las partes, sin embargo, la parte patronal ha
2001. dispuesto
2002. fraccionar las jornadas de trabajo según su conveniencia y no
2003. según el Pacto
2004. suscrito entre sindicato y empleadores. Por ejemplo, una jornada
2005. diurna de
2006. ocho horas continuas, diariamente es fraccionada por un primer
2007. período de tres
2008. o cuatro horas, suspenden al trabajador para regresar a
2009. complementar su
2010. jornada dentro de cuatro o cinco horas. Ese intervalo sin laborar
2011. no es
2012. remunerado pese a que el trabajador está siempre disponible a
2013. las órdenes del
2014. patrono, es totalmente una violación a la negociación colectiva.
2015. - La empresa J & R Ropa Deportiva de Centroamérica,
2016. Sociedad Anónima, que
2017. funciona en la Zona de Libre Industria y Comercio de Santo
2018. Tomás de Castilla
2019. Puerto Barrios, departamento de Izabal - empresa maquiladora -
2020. el pasado mes
2021. de abril de 1994 desarticuló la Seccional del Sindicato de
2022. Trabajadores de la
2023. Industria de la Confección (STIC) mediante las represalias,
2024. intimidaciones,
2025. despidos masivos, sanciones injustas contra trabajadores,
2026. privilegios para no
2027. sindicalizados y represalias para los sindicalizados, hasta
2028. diezmar totalmente
2029. las bases sindicales, contribuyendo para ello las amenazas de
2030. muerte contra
2031. dirigentes sindicales de Puerto Barrios proferidas por la
2032. ultraderecha y
2033. escuadrón de la muerte denominada "Jaguar Justiciero"; hoy no
2034. hay sindicato en
2035. dicha empresa. La negligencia del Juez Segundo de Primera
2036. Instancia y de
2037. Trabajo contribuyó enormemente en la desarticulación de dicha
2038. organización
2039. sindical.
2040. - Este Oeste, S.A., empresa maquiladora que funcionaba en la
2041. ciudad capital,
2042. también destruyó la seccional del Sindicato de Trabajadores de
2043. la Industria de
2044. la Confección (STIC) mediante el despido masivo de los
2045. trabajadores, la
2046. empresa con tal de destruir la organización sindical cerró
2047. operaciones en la
2048. ciudad capital para luego trasladarse a la ciudad de Villa Nueva,
2049. Municipio de
2050. Guatemala, a veinte kilómetros de la ciudad capital y dio por
2051. terminados los
2052. contratos de trabajo, otorgándoles a los trabajadores
2053. únicamente el 50 por
2054. ciento de sus prestaciones laborales; pero además para lograr
2055. dichas
2056. prestaciones, los trabajadores se vieron en la necesidad de
2057. ocupar
2058. pacíficamente la Embajada de Corea, provocar la intervención
2059. del Cónsul de la
2060. misma, tomar las instalaciones de la empresa Este Oeste, S.A., y
2061. la seccional
2062. del referido sindicato quedó totalmente aniquilada. Se suscribió
2063. un convenio
2064. de pago, convenio que también viene siendo violado por los
2065. empleadores, pues
2066. giran los cheques de pago, pero sin fondos en los bancos.
2067. - Unicasa, Sociedad Anónima, y Welly, Sociedad Anónima,
2068. ambas empresas que
2069. funcionan en la ciudad capital y dedicadas a la maquila, se han
2070. dedicado a
2071. tomar diversidad de represalias en contra de los trabajadores,
2072. mediante
2073. suspensiones de trabajo innecesarias, despidos, mayores metas
2074. de trabajo,
2075. pésimas condiciones de trabajo, con el único objeto de
2076. desarticular las bases
2077. sindicales del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la
2078. Confección.
2079. La situación laboral de los trabajadores en las empresas
2080. maquiladoras son
2081. infrahumanas, los trabajadores reducidos a verdaderos
2082. esclavos, no tienen
2083. permisos para acudir a consultas médicas del Instituto
2084. Guatemalteco de
2085. Seguridad Social (IGSS). Cuando se detecta a una trabajadora
2086. en estado de
2087. gravidez es despedida de su trabajo, las metas de trabajo son
2088. humanamente
2089. excesivas, constituyendo verdaderas explotaciones
2090. inmisericordes, no tienen
2091. permiso los trabajadores a ir a hacer sus necesidades
2092. fisiológicas, los
2093. servicios sanitarios - dos o tres - son abiertos por media hora
2094. para
2095. cuatrocientos o seiscientos trabajadores por dos veces al día,
2096. las jornadas de
2097. trabajo extraordinarias no son remuneradas como tales, el
2098. promedio de horas de
2099. trabajo en las empresas maquiladoras es de doce horas diarias
2100. de lunes a
2101. sábado, igual a setenta y dos horas a la semana y la Ley
2102. Constitucional
2103. establece cuarenta y cuatro horas a la semana.
2104. - Finca Santa Anita, propiedad de Agropecuaria Santa Anita,
2105. Sociedad Anónima,
2106. situada en el Municipio de San Miguel Pochuta, departamento
2107. de Chimaltenango,
2108. se despidió a cuarenta y dos afiliados del sindicato de
2109. trabajadores de dicha
2110. finca; en este caso, la parte patronal se valió de maniobras con
2111. los
2112. funcionarios del Juzgado Segundo de Primera Instancia de
2113. Chimaltenango, para
2114. lograr el levantamiento de las prevenciones dictadas por el
2115. mismo tribunal
2116. (por haber sido planteado un conflicto colectivo de carácter
2117. económico social
2118. y al amparo del Código de Trabajo, quedaba prevenida la
2119. empleadora de que toda
2120. terminación de contrato de trabajo (despido) tenía que ser
2121. autorizada por
2122. dicho tribunal). A petición de la empresa se levantaron las
2123. prevenciones y la
2124. notificación de la resolución que adversa los derechos e
2125. intereses de la clase
2126. trabajadora, tiene fecha con cuatro días de antelación a la
2127. fecha que
2128. efectivamente fue entregada dicha notificación, lo cual impidió
2129. que los
2130. trabajadores apelaran dicho auto, o sea, se les vedó el derecho
2131. de la defensa.
2132. El mismo día en que se efectuó la notificación fueron
2133. despedidos todos los
2134. socios del sindicato, se planteó la demanda de reinstalación
2135. pero el tribunal
2136. la declaró sin lugar.
2137. - Finca Nueva California, propiedad de Agropecuaria Inmobiliaria
2138. Miramar,
2139. Sociedad Anónima, ubicada en el Municipio de San Miguel
2140. Pochuta del
2141. departamento de Chimaltenango, mantiene despedidos a
2142. cuarenta trabajadores
2143. miembros del sindicato de trabajadores de la Finca Nueva
2144. California. Hasta la
2145. fecha aún no ha sido efectiva su reinstalación en el trabajo,
2146. pese a los
2147. grandes esfuerzos que la dirigencia hace a todos los niveles. El
2148. emplazamiento
2149. tendiente a obtener una negociación colectiva sobre
2150. condiciones de trabajo ha
2151. resultado infructuoso.
2152. - Finca El Salto, propiedad de Plantación San Carlos, Sociedad
2153. Anónima,
2154. también en el Municipio de San Miguel Pochuta, departamento
2155. de Chimaltenango:
2156. mantiene despedidos a ochenta trabajadores fundadores del
2157. sindicato de
2158. trabajadores de las fincas San Carlos y El Salto, pese a la
2159. existencia en el
2160. artículo 209 del Código de Trabajo en el sentido que "los
2161. trabajadores no
2162. pueden ser despedidos de su trabajo por participar en la
2163. formación de un
2164. sindicato" y a que cuando se tiene planteado un conflicto
2165. colectivo de
2166. carácter económico social que persigue la negociación
2167. colectiva de condiciones
2168. de trabajo, toda terminación de contrato de trabajo debe ser
2169. autorizada por el
2170. juez que conoce del conflicto, sin embargo, tales normas son
2171. letra muerta para
2172. los patronos. En estos momentos se han planteado gestiones
2173. tendientes a
2174. obtener la reinstalación de dichos trabajadores.
2175. - Finca Bolivia, propiedad de Agropecuaria Bolivia, Sociedad
2176. Anónima, ubicada
2177. en el Municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez,
2178. en estos momentos
2179. mantiene despedidos a ciento dos trabajadores fundadores del
2180. sindicato de
2181. trabajadores de dicha finca, fueron despedidos aun existiendo la
2182. prohibición a
2183. que se refiere el artículo 209 del Código de Trabajo y las
2184. inamovilidades
2185. decretadas por la Inspección General de Trabajo. Se mantiene
2186. la reclamación de
2187. la reinstalación pero los patronos han manifestado
2188. categóricamente que no
2189. reinstalarán a nadie.
2190. - Finca Los Angeles, propiedad de Agropecuaria Los Angeles,
2191. Sociedad Anónima,
2192. mantiene el despido de veintiséis trabajadores pese a la
2193. existencia de una
2194. orden judicial para su reinstalación. El representante legal de
2195. dicha empresa
2196. ha dicho que no los reinstalará; además, las represalias han sido
2197. tan duras
2198. que ha llegado con la reducción de salarios hasta en un
2199. cincuenta por ciento
2200. equivalente a $1,03 y un incremento de las tareas, retenciones
2201. de salarios, no
2202. pago de otras prestaciones laborales. Todo ello con el objeto de
2203. generar
2204. desesperación en los trabajadores, que abandonen las fincas,
2205. negando así el
2206. derecho de libre sindicalización y negociación colectiva.
2207. - Finca La Argentina, propiedad de don Juan Diedrich Oltmann
2208. Niemann Enge,
2209. ubicada en el Municipio de Chicacao, departamento de
2210. Suchitepéquez, incumple
2211. con el pago de las prestaciones laborales de los trabajadores y
2212. recientemente
2213. pretendió despedir a veintiocho trabajadores. Luego de veinte
2214. días de intensas
2215. gestiones, se accedió a reinstalarlos a cambio de no reclamar
2216. los salarios
2217. caídos (dejados de percibir por el despido).
2218. - Finca Medellín, propiedad de Agropecuaria Abal, Sociedad
2219. Anónima, ubicada en
2220. el Municipio de Chicacao, departamento de Suchitepéquez.
2221. Mediante maniobras
2222. ilegales y componendas con una mujer que hacía prácticas en
2223. las oficinas de la
2224. Auxiliatura de los Derechos Humanos (lugar señalado por los
2225. trabajadores para
2226. recibir notificaciones). Según el expediente se hizo la
2227. notificación que
2228. levantaba las prevenciones de no despedir trabajadores y se
2229. sospecha que la
2230. mujer en cuestión (pariente del patrono) ocultó la notificación.
2231. Luego se
2232. procedió a la destitución masiva de todos los sindicalistas
2233. (sesenta en
2234. total). En estos momentos los trabajadores han introducido
2235. juicio. El
2236. sindicato está totalmente destruido.
2237. Por otra parte, los querellantes alegan que la situación de los
2238. trabajadores
2239. del campo es cada vez más difícil. Los empleadores hacen
2240. circular nóminas de
2241. trabajadores sindicalizados a las demás fincas del área de la
2242. costa sur del
2243. país, a efecto de que no se les dé trabajo y tengan que emigrar
2244. muy lejos de
2245. la región. Los trabajadores del campo, sus hijos y sus familias
2246. están viviendo
2247. una verdadera tribulación, tan sólo por ejercer el derecho de
2248. sindicalización
2249. y de negociación colectiva.
2250. Por último, los querellantes alegan las siguientes violaciones de
2251. los derechos
2252. sindicales en el sector público:
2253. - El Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural contaba con un
2254. número de
2255. ochocientos ochenta afiliados, hoy reducido a treinta, pues
2256. fueron despedidos
2257. los demás trabajadores. El despido masivo en el Ministerio de
2258. Desarrollo
2259. Urbano y Rural se genera en el marco del programa de ajuste
2260. estructural que
2261. recomiendan los máximos exponentes del proyecto neoliberal.
2262. En este caso no
2263. importó a las autoridades de gobierno el derecho de libre
2264. organización de los
2265. trabajadores, ni las prevenciones del juez de trabajo que
2266. conoce de un
2267. conflicto colectivo de carácter económico social como
2268. consecuencia del cual,
2269. dicho Ministerio se encontraba emplazado y prevenido de no
2270. despedir a ningún
2271. trabajador sin autorización del referido juez. Tales prevenciones
2272. constituyeron letra muerta para el Gobierno.
2273. - Municipalidad de El Estor, departamento de Izabal. Los
2274. trabajadores de la
2275. misma se encontraban formando un sindicato; sin embargo,
2276. veinte de sus
2277. principales fundadores se encuentran despedidos, llevan más
2278. de seis meses sin
2279. ser reinstalados. Una sala de apelaciones viene conociendo el
2280. caso pero
2281. existen dudas en que se haga la recta aplicación de la ley en
2282. virtud de las
2283. nuevas orientaciones de los juzgados de ir suprimiendo
2284. principios básicos que
2285. informan el derecho del trabajo.
2286. II. Agenda de las actividades cumplidas
2287. De acuerdo con el procedimiento habitual de los contactos
2288. directos, la misión
2289. entró en comunicación con representantes del Gobierno, de
2290. una organización de
2291. empleadores y de las organizaciones de trabajadores. De igual
2292. modo, pudo
2293. entrevistarse con altas autoridades no gubernamentales,
2294. competentes en
2295. materias tratadas en las quejas.
2296. Presidente de la República. La misión, acompañada por el
2297. Director de la
2298. Oficina de la OIT para América Central y Panamá, fue recibida
2299. por el Excmo.
2300. Sr. Presidente de la República, Licenciado Ramiro de León
2301. Carpio, durante una
2302. audiencia en la cual estuvo presente la Sra. Ministra de Trabajo.
2303. Después de
2304. hacer referencia a los graves problemas que existen hoy en
2305. todas partes y en
2306. las propias organizaciones internacionales, el Sr. Presidente
2307. manifestó su
2308. profunda convicción democrática y sostuvo que la política
2309. represiva imperante
2310. en su país durante mucho tiempo había sido sustituida por una
2311. política de
2312. promoción de los derechos humanos, aunque sin embargo
2313. continuaban
2314. produciéndose hechos lamentables y subsistía en buena parte
2315. un ambiente de
2316. impunidad y de temor. Puso de manifiesto los enormes progresos
2317. alcanzados en
2318. su país en el área de los derechos individuales y, al mismo
2319. tiempo, las
2320. considerables dificultades de todo orden que estaban
2321. confrontando,
2322. especialmente en cuanto a los derechos sociales, económicos y
2323. culturales.
2324. Expresó serias preocupaciones por la situación actual y la que
2325. habrá de
2326. presentarse cuando termine el conflicto armado y se alcance la
2327. paz, en lo que
2328. anuncia como el "estallido de la paz", porque entonces se
2329. harán más notorios
2330. los problemas sociales y la carencia de estructuras de carácter
2331. social, lo
2332. cual plantea la necesidad de una acción urgente en tales
2333. campos, y un frontal
2334. combate a la pobreza, toda vez que sin justicia social el proceso
2335. de paz se
2336. vería demorado. Desde ese punto de vista, ha tratado de poner
2337. en práctica una
2338. política de fortalecimiento del movimiento sindical y de facilitar la
2339. creación
2340. de organizaciones sindicales para lo cual ha dado instrucciones
2341. precisas a la
2342. Sra. Ministra de Trabajo, y manifestó su interés en hacer lo que
2343. esté a su
2344. alcance para contribuir a hacer de ese objetivo una realidad.
2345. El Sr. Presidente expresó su reconocimiento a la OIT y saludó la
2346. presencia de
2347. la misión y le ofreció todo su apoyo. Por su diaria labor en la
2348. presidencia de
2349. la República y su amplia experiencia anterior, como Procurador
2350. de los Derechos
2351. Humanos, el Sr. Presidente dijo entender en todo su sentido la
2352. naturaleza y
2353. gravedad de las cuestiones en instancia ante el Comité de
2354. Libertad Sindical y
2355. se mostró dispuesto a tomar medidas para que esas cuestiones
2356. complejas puedan
2357. ir siendo superadas progresivamente, inclusive mediante
2358. experiencias de
2359. carácter tripartito.
2360. El Director de la Oficina de la OIT para América Central y
2361. Panamá destacó la
2362. importancia de la misión, en sí misma y en el contexto del
2363. proceso de paz que
2364. tiene lugar actualmente y en el cual la OIT está tomando parte
2365. en forma
2366. directa. Al propio tiempo, ofreció al Gobierno la cooperación de
2367. la OIT para
2368. contribuir a superar los problemas actuales en materia de
2369. libertad sindical,
2370. como también en otras materias, gesto que el Sr. Presidente
2371. agradeció.
2372. Ministra de Trabajo. La misión examinó detenidamente con la
2373. Sra. Ministra del
2374. Trabajo las cuestiones pendientes; las principales dificultades
2375. para dar
2376. respuesta a los alegatos de las organizaciones querellantes,
2377. tanto de fondo
2378. como en razón de la situación estructural y las circunstancias
2379. que confronta
2380. su país, así como de las características de algunos alegatos; y
2381. los esfuerzos
2382. que habían sido realizados en ese sentido. La Sra. Ministra está
2383. convencida de
2384. que los progresos que puedan ser alcanzados en el área del
2385. trabajo serán una
2386. contribución importante para el proceso de paz.
2387. De igual modo, hubo un provechoso intercambio de ideas en
2388. cuanto al programa
2389. que cumpliría la misión y la clase de resultados que ésta podía
2390. esperar, de
2391. acuerdo con las exigencias del procedimiento de quejas ante el
2392. Comité de
2393. Libertad Sindical. La Sra. Ministra se mostró ampliamente
2394. dispuesta a prestar
2395. su cooperación y a estudiar las medidas que fuese necesario
2396. adoptar. En el
2397. mismo sentido, se declaró dispuesta a reunirse con
2398. representantes de las
2399. organizaciones de empleadores y de trabajadores para examinar
2400. en un marco
2401. tripartito las cuestiones pendientes y las posibles acciones a
2402. emprender.
2403. Posteriormente, la misión se reunió de nuevo con la Sra. Ministra
2404. para darle a
2405. conocer en forma provisional los resultados que se estaban
2406. obteniendo.
2407. En términos generales, la Sra. Ministra de Trabajo dijo lo
2408. siguiente acerca de
2409. las materias de las quejas:
2410. a) respecto de los alegatos de violaciones a los derechos
2411. humanos, la mayoría
2412. de ellos muy anteriores al actual período de Gobierno, informó
2413. que antes de la
2414. llegada de la misión había solicitado la cooperación del
2415. Ministerio Público
2416. para conocer el resultado de las investigaciones realizadas o
2417. para realizar
2418. nuevas investigaciones;
2419. b) respecto del retardo en la constitución de sindicatos, la Sra.
2420. Ministra
2421. informó a la misión que algunos de los casos denunciados
2422. estaban resueltos y
2423. habló de los progresos alcanzados mediante una reforma del
2424. trámite
2425. administrativo correspondiente, de forma que ahora era posible
2426. esperar
2427. concluirlo en los 55 días que establece la ley y los resultados
2428. obtenidos
2429. hasta el presente eran satisfactorios, como lo indicaban las
2430. estadísticas del
2431. Ministerio;
2432. c) respecto del problema de los despidos ilegales de
2433. trabajadores amparados
2434. por inamovilidad y la resistencia patronal a la reinstalación, haría
2435. falta una
2436. reforma legislativa para dotar al Inspector del Trabajo de un
2437. poder
2438. sancionatorio efectivo y para acelerar el procedimiento, en lo
2439. cual trabajará
2440. una comisión de legislación del Ministerio; junto con medidas
2441. administrativas
2442. destinadas a aumentar el número de tribunales de conciliación y
2443. arbitraje y a
2444. asegurar su constitución con carácter permanente, materia que
2445. forma parte de
2446. la competencia del Organismo Judicial, presidido por el
2447. Presidente de la Corte
2448. Suprema de Justicia. Estas cuestiones serían abordadas más
2449. en detalle en el
2450. curso de la misión;
2451. d) era de lamentar que muchos de los alegatos presentados
2452. ante el Comité
2453. carecieran de las precisiones necesarias para poder ser
2454. respondidos.
2455. La Sra. Ministra vio con simpatía la idea de crear una instancia
2456. o un
2457. mecanismo tripartito para depurar y hacer más efectivo el
2458. examen de las
2459. denuncias presentadas por las organizaciones sindicales, y para
2460. el tratamiento
2461. de otras cuestiones vinculadas a la libertad sindical, en el marco
2462. del
2463. Convenio núm. 144, sobre la consulta tripartita (normas
2464. internacionales del
2465. trabajo), de 1976, el cual está ratificado por Guatemala. La
2466. práctica del
2467. tripartismo no le resultaba ajena, dijo, pues había habido varias
2468. experiencias
2469. recientes de este tipo, sobre la fijación del salario mínimo, el
2470. estudio - en
2471. curso - de un sistema de formación profesional, la productividad,
2472. el menor
2473. trabajador y un análisis crítico de la labor del Ministerio de
2474. Trabajo, entre
2475. otros. Por lo demás, como parte de la modernización del
2476. Ministerio, que tanto
2477. le interesa, ha sido aumentado el número de inspectores de
2478. trabajo y
2479. reorganizado su método de trabajo. Por otra parte, la Sra.
2480. Ministra se mostró
2481. favorable a crear cauces y mecanismos de comunicación entre
2482. los órganos del
2483. Estado para superar el problema de la falta de respuesta a la
2484. mayoría de los
2485. alegatos ante el Comité.
2486. En comunicación escrita, la Sra. Ministra declara que el
2487. Gobierno se organiza
2488. para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es el
2489. bien común.
2490. El Estado debe garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la
2491. justicia,
2492. la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Esos
2493. objetivos
2494. constan en normas constitucionales, pero además han dado
2495. lugar a políticas y
2496. acciones puestas en marcha por el Gobierno, no sólo para
2497. preservar el Estado
2498. de Derecho, sino también para promover la protección de los
2499. derechos humanos y
2500. de los derechos laborales. Entre esas medidas mencionó la
2501. puesta en vigor del
2502. nuevo Código Procesal Penal y la ley orgánica del Ministerio
2503. Público, adoptada
2504. por decreto núm. 40-94. Respecto de la protección de los
2505. derechos humanos
2506. laborales, indicó que se habían creado nuevos juzgados de
2507. trabajo; fueron
2508. creadas, asimismo, las Unidades de Protección a la Mujer
2509. Trabajadora, al Menor
2510. Trabajador y de Inserción al Trabajo de Personas con
2511. Discapacidad; y se habían
2512. promulgado los siguientes instrumentos para mejorar y agilizar el
2513. ejercicio
2514. del derecho a la libre sindicación y a la negociación colectiva: el
2515. reglamento
2516. para el reconocimiento de la personalidad jurídica, aprobación
2517. de estatutos e
2518. inscripción de las organizaciones sindicales, contenido en el
2519. acuerdo
2520. gubernativo núm. 639-93, del 2 de noviembre de 1993; y el
2521. reglamento para el
2522. trámite de negociación, homologación y denuncia de los pactos
2523. colectivos de
2524. condiciones de trabajo de empresa o centro de producción
2525. determinado,
2526. contenido en acuerdo gubernativo núm. 22-94, de 13 de mayo
2527. de 1994. Menciona,
2528. igualmente, una serie de textos relativos a la política de salarios
2529. mínimos
2530. acordada por unanimidad por la Comisión Nacional del Salario,
2531. de carácter
2532. tripartito (Nota 1).
2533. En su comunicación, la Sra. Ministra destaca los esfuerzos
2534. realizados para
2535. modernizar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con la
2536. cooperación de
2537. la OIT, incluyendo la compra de equipos de cómputo y
2538. programas, proyectos y
2539. cursos y seminarios en diversas áreas, entre las cuales
2540. mencionó el
2541. mejoramiento de las relaciones laborales y la negociación
2542. colectiva (Nota 2).
2543. En este contexto citó, igualmente, la creación de una instancia
2544. multisectorial
2545. para el impulso de la capacitación multipartita en el país; a tal
2546. efecto fue
2547. suscrita una Carta de Entendimiento con representantes de las
2548. siguientes
2549. organizaciones: CACIF, ANACAFE, AGA, FEPYME,
2550. CONFECOOP, CUSG, CGTG,
2551. UNSITRAGUA, CTC, FESEBS, FENASTEG Y FENASEP (Nota
2552. 3).
2553. Dirección del Trabajo. Con el ánimo de abordar el tema de la
2554. constitución de
2555. sindicatos, planteado en diversos alegatos, la misión sostuvo
2556. una reunión con
2557. un asesor de la Sra. Ministra y funcionarios de la Dirección
2558. General del
2559. Trabajo; de la Unidad del Menor Trabajador y de la Unidad de
2560. Protección a la
2561. Mujer, dependientes de la Dirección de Previsión Social; así
2562. como del
2563. Departamento de Estadísticas.
2564. En esa reunión fue explicado en detalle a la misión el trámite
2565. para el
2566. reconocimiento de personalidad jurídica, la aprobación de
2567. estatutos y la
2568. inscripción de organizaciones sindicales; dicho trámite incluía
2569. un gran número
2570. de pasos innecesarios, o repetidos, que lo hacían
2571. excesivamente largo. Por
2572. exigencias propias del Ministerio de Trabajo, fue emprendida
2573. una labor de
2574. análisis que condujo a adoptar el acuerdo gubernativo núm.
2575. 639-93, de 2 de
2576. noviembre de 1993, el cual establece el reglamento con el
2577. procedimiento a
2578. seguir a este respecto, procedimiento que ha sido simplificado y
2579. que no
2580. debería exceder los 55 días previstos por la ley (Nota 4). El
2581. Ministerio
2582. observa, a este respecto, que las siguientes cifras de
2583. constitución de
2584. sindicatos y del número de días que toma el trámite de
2585. inscripción de
2586. sindicatos y de directivas muestran progresos de un año a otro:
2587. Registro de organizaciones sindicales(1)
2588. __________________________________________________
2589. _______________
2590. Año Solicitudes Inscripciones Días (promedio)
2591. __________________________________________________
2592. _______________
2593. 1993 61 52 400
2594. 1994 57 64 55
2595. __________________________________________________
2596. _______________
2597. Personerías inscritas (inscripción de directivos)(1)
2598. __________________________________________________
2599. _______________
2600. Año Inscripciones
2601. __________________________________________________
2602. _______________
2603. 1993 164
2604. 1994 225
2605. (1) Fuente: Subdirección General del Trabajo, 14 de febrero de
2606. 1995.
2607. __________________________________________________
2608. _______________
2609. No obstante, a pesar de las reformas realizadas, todavía puede
2610. haber retrasos,
2611. sobre todo por razones no imputables al Ministerio, o en todo
2612. caso a la
2613. Dirección. Por cierto, desafortunadamente no fue posible entrar
2614. en
2615. comunicación con funcionarios de la Inspección General del
2616. Trabajo, a la cual
2617. está atribuida una parte de la competencia en el referido
2618. procedimiento; esto
2619. es tanto más lamentable, cuanto que parte de las críticas que
2620. luego oiría la
2621. misión, de organizaciones sindicales, se refieren, precisamente,
2622. a la fase
2623. cumplida ante la Inspección y los criterios que sostiene esa
2624. dependencia.
2625. Entre los factores externos que todavía pueden retrasar la
2626. constitución del
2627. sindicato estarían el desconocimiento del trámite por los
2628. trabajadores, la
2629. escasa asesoría legal, la presentación de estatutos defectuosos
2630. o de
2631. documentos sin las firmas suficientes y los problemas de
2632. comunicación cuando
2633. hace falta notificar a los interesados, bien por defectos del
2634. correo, o por
2635. cambios de direcciones e inclusive por la escasez de recursos
2636. de los
2637. interesados para trasladarse al Ministerio a realizar gestiones.
2638. Pero los
2639. defectos y demoras consiguientes ocurren sólo en una minoría
2640. de casos, de
2641. aproximadamente un 30 por ciento del total, correspondientes
2642. sobre todo a
2643. trabajadores no vinculados a alguna central que pueda
2644. asesorarlos. Los
2645. funcionarios del Ministerio consideraron útil la posibilidad de
2646. elaborar
2647. estatutos-tipo (no obligatorios, por supuesto), o de que cada
2648. central sindical
2649. hiciera el suyo, con el visto bueno del Ministerio, para hacer más
2650. expedito y
2651. seguro el trámite, aunque entendían que ya los había en las
2652. distintas
2653. centrales. La misión, por su parte, señaló que la reducción de
2654. pasos en el
2655. trámite de constitución de sindicatos era positiva, pero que
2656. convendría
2657. avanzar más en ese sentido, teniendo en cuenta las
2658. disposiciones del Convenio
2659. núm. 87, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
2660. sindicación.
2661. A propósito del punto relativo a la constitución de sindicatos, los
2662. funcionarios ministeriales quisieron informar a la misión el número
2663. total de
2664. sindicatos registrados en país y la tasa de afiliación, con la
2665. advertencia de
2666. que las estadísticas ministeriales son defectuosas en razón del
2667. propio sistema
2668. y del incumplimiento de los sindicatos de la obligación de remitir
2669. periódicamente sus padrones.
2670. Desde diciembre de 1943 hasta mayo de 1994 habían sido
2671. constituidos 995
2672. sindicatos en el país, incluidas 38 federaciones y 5
2673. confederaciones, de los
2674. cuales 833 en el sector privado y 162 en el sector público (Nota
2675. 5), pero, por
2676. diversas razones, no hay manera de saber cuántos de estos
2677. sindicatos han
2678. dejado de existir y, por tanto, cuántos sindicatos existen
2679. efectivamente. Con
2680. la misma reserva, el número total de afiliados según los registros
2681. ministeriales sería de 86.752 trabajadores, de los cuales 78.901
2682. son hombres y
2683. 7.851 mujeres. La distribución regional del total de sindicatos
2684. constituidos
2685. (Nota 6) es la siguiente:
2686. Sindicatos constituidos: distribución regional
2687. Región Organizaciones
2688. sindicales inscritas
2689. Metropolitana 380
2690. Norte 5
2691. Nororiental 60
2692. Suroriental 85
2693. Central 144
2694. Suroccidental 271
2695. Noroccidental 48
2696. Petén 2
2697. Total 995
2698. __________________________________________________
2699. ____
2700. La tasa de sindicación para 1993, de acuerdo con las cifras
2701. ministeriales,
2702. sería de un 3 por ciento de la población económicamente
2703. activa ocupada, con
2704. muy pocas variaciones desde 1980, según puede observarse
2705. en el cuadro
2706. siguiente (Nota 7). Pero en opinión del Ministerio la tasa efectiva
2707. sería por
2708. lo menos del 6 por ciento, pues la falta de envío regular de
2709. padrones
2710. sindicales al Ministerio da lugar a cifras que están muy por
2711. debajo de la
2712. realidad.
2713. Población económicamente activa ocupada, número de
2714. sindicatos inscritos,
2715. número de afiliados sindicales y porcentajes de sindicación
2716. Año PEAO Sindicatos Afiliados % de
2717. inscritos afiliación
2718. (1) (2) (3) (4)
2719. 1980 2.135.835 619 62.752 2,9
2720. 1993 2.954.226 995 86.752 3,0
2721. (1) Estimaciones de SEGEPLAN. (2) Inscripción acumulada.
2722. (3) Según cifras indicadas en acta constitutiva de sindicatos,
2723. muy inferiores
2724. a las reales por la no actualización anual de padrones
2725. sindicales.
2726. (4) Relaciones entre número de afiliados y PEAO.
2727. __________________________________________________
2728. _______________
2729. La misión tiene elementos suficientes como para pensar que,
2730. efectivamente, el
2731. Ministerio de Trabajo ha tratado de reducir los pasos y el tiempo
2732. del trámite
2733. para la constitución de sindicatos. Sin embargo, de parte de
2734. alguna central
2735. sindical oyó la crítica de que el progreso no alcanza por igual a
2736. todos los
2737. sindicatos en formación y que todavía se producen retrasos. En
2738. este sentido,
2739. la misión tuvo oportunidad también de hablar con directivos de
2740. un sindicato,
2741. quienes se lamentaban de que llevan mucho tiempo
2742. gestionando el reconocimiento
2743. de su personalidad jurídica y su inscripción en el registro en el
2744. Ministerio y
2745. una y otra vez debían de haber hecho frente a
2746. cuestionamientos formales que
2747. para ellos significan claramente una actitud de rechazo.
2748. Ministerio de Gobernación. La misión fue recibida por el
2749. Viceministro de
2750. Seguridad, quien llevaba pocas semanas en funciones. Dos
2751. asuntos fueron
2752. tratados en esta oportunidad: la investigación de denuncias de
2753. violaciones a
2754. los derechos humanos de sindicalistas y la situación del
2755. Sindicato de
2756. Empleados de ese Ministerio.
2757. El Viceministro de Seguridad expresó a la misión que el actual
2758. equipo
2759. directivo del Ministerio tiene un gran interés en llevar adelante
2760. una política
2761. de respeto efectivo de los derechos humanos y una actuación
2762. más decidida de la
2763. policía nacional a este respecto. Recordó a la misión que el
2764. Ministro es un
2765. profesional del derecho de reconocido prestigio en el país:
2766. profesor
2767. universitario, fue Presidente del Colegio de Abogados y Miembro
2768. de la Corte
2769. Constitucional.
2770. Respecto del Sindicato de Empleados del Ministerio de
2771. Gobernación, mejor
2772. conocido internamente como el "Sindicato de policías" (en
2773. formación), el
2774. Viceministro no estaba enterado del alegato formulado ante el
2775. Comité de
2776. Libertad Sindical, pero dijo que al menos en la actualidad los
2777. directivos de
2778. ese Sindicato recibían un buen trato de parte de las autoridades
2779. y ejercían
2780. sus funciones gremiales sin problemas. Indicó que consideraba
2781. sana la
2782. constitución de este sindicato si su acción se mantiene dentro
2783. de la ley y de
2784. sus estatutos.
2785. Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH). La
2786. Comisión "es una
2787. institución del Gobierno creada por acuerdo gubernativo núm.
2788. 486-91, de fecha
2789. 12 de julio de 1992", según indica un documento oficial recibido
2790. por la
2791. misión. Su creación fue recomendada por el profesor Christian
2792. Tomuschat,
2793. experto independiente de Naciones Unidas para Guatemala.
2794. Está integrada a alto
2795. nivel por un representante personal del Presidente de la
2796. República, quien la
2797. preside, y los Ministros de Relaciones Exteriores, Gobernación,
2798. Defensa
2799. Nacional, Jefe del Ministerio Público y el Coordinador de la
2800. Comisión de la
2801. Paz.
2802. Los principales objetivos de la COPREDEH son: coordinar las
2803. acciones de los
2804. ministerios e instituciones del organismo ejecutivo, para hacer
2805. efectiva la
2806. vigencia y protección de los derechos humanos y garantizar la
2807. comunicación y
2808. cooperación del Presidente de la República con el Organismo
2809. Judicial y la
2810. Procuraduría de los Derechos Humanos, en lo que corresponde
2811. a tales derechos;
2812. centralizar la información sobre denuncias de violaciones a los
2813. derechos
2814. humanos, y promover su investigación a través del Ministerio
2815. Público y el
2816. Ministerio de Gobernación; establecer un mecanismo de
2817. constante seguimiento a
2818. las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y
2819. a los procesos
2820. judiciales, a efecto de informar a la comunidad internacional
2821. sobre la
2822. situación de los mismos, a través del Ministerio de Relaciones
2823. Exteriores;
2824. estudiar y proponer al Presidente de la República proyectos o
2825. iniciativas de
2826. ley en materia de derechos humanos; y promover a través del
2827. Ministerio de
2828. Relaciones Exteriores la cooperación y asistencia técnica y
2829. financiera
2830. internacional así como vínculos de cooperación e intercambio
2831. de información
2832. con los distintos organismos internacionales.
2833. En tal virtud, COPREDEH es una institución de primer orden
2834. para la formulación
2835. y puesta en marcha de la política presidencial de derechos
2836. humanos. Por esa
2837. razón, durante la misión preparatoria se pidió al Presidente de
2838. COPREDEH que
2839. facilitara informaciones sobre los alegatos ante el Comité de las
2840. denuncias
2841. pendientes, con la solicitud de que realizara las indagaciones
2842. necesarias. El
2843. Presidente de la Comisión, quien llevaba muy pocos días en
2844. ejercicio del
2845. cargo, mostró un gran interés por las cuestiones que habían
2846. dado lugar a los
2847. contactos directos y la mayor disposición por atenderlas, para lo
2848. cual tenía
2849. instrucciones formales del Presidente de la República. Después
2850. de haber oído a
2851. la misión y de confirmarle que las indagaciones efectuadas
2852. habían dado escasos
2853. resultados, señaló que como consecuencia de la misión de
2854. contactos directos y
2855. por voluntad del Presidente de la República, COPREDE
2856. acababa de crear una
2857. comisión de enlace para asuntos laborales en materia de
2858. derechos humanos, que
2859. incluía lógicamente las cuestiones sindicales. El objetivo de la
2860. misma era
2861. darle seguimiento a todos los casos que se someten al Comité
2862. de Libertad
2863. Sindical, coordinando la acción del Ministerio de Trabajo, la
2864. Fiscalía y la
2865. policía nacional. De esta manera la Sra. Ministra del Trabajo
2866. podrá pasar
2867. automáticamente las quejas que se reciban a la comisión de
2868. enlace.
2869. Altas autoridades no gubernamentales. Dada la naturaleza de
2870. las cuestiones
2871. planteadas ante el Comité de Libertad Sindical, las cuales tienen
2872. que ver con
2873. el funcionamiento de la administración de justicia y las normas
2874. que la rigen y
2875. con la actividad que compete al Ministerio Público, la
2876. Procuraduría General de
2877. la Nación y el Procurador de los Derechos Humanos, la misión
2878. se interesó por
2879. entrar en comunicación con esas altas autoridades y con el
2880. Presidente de la
2881. Corte Suprema de Justicia y Presidente del Organismo Judicial.
2882. Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial. La misión
2883. dispensó una visita
2884. de cortesía al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y
2885. Presidente del
2886. Organismo Judicial, quien la recibió acompañado de tres
2887. magistrados de dicha
2888. Corte. La misión les explicó los alcances de su cometido y los
2889. planteamientos
2890. que los interlocutores sociales le habían formulado acerca de
2891. las
2892. insuficiencias de la jurisdicción del trabajo, la actitud de los
2893. jueces y la
2894. legislación procesal del trabajo. El Presidente y sus colegas
2895. magistrados,
2896. después de señalar que apenas tenían cuatro meses en
2897. funciones, las cuales
2898. deben durar cinco años, afirmaron que había serias limitaciones
2899. presupuestarias para crear tribunales, aun cuando estaban
2900. haciendo un estudio
2901. para integrar más tribunales de conciliación y arbitraje - los
2902. cuales tienen
2903. una composición tripartita - mediante un sistema de
2904. remuneración a destajo, el
2905. cual disminuiría sensiblemente sus costos. Respecto de la
2906. actitud de los
2907. jueces en casos concretos nada podían hacer, pues ellos son
2908. autónomos y la
2909. inspección de tribunales - bastante eficiente - garantiza que
2910. adelanten los
2911. juicios conforme a la ley.
2912. Fiscal General de la República. El Ministerio Público, a cargo del
2913. Fiscal
2914. General de la República, es una institución autónoma cuyos
2915. fines principales
2916. son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país (Nota
2917. 8). La
2918. conversación con el Fiscal General estuvo centrada en el
2919. problema de las
2920. denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y a la
2921. libertad sindical y
2922. la forma como las mismas son tratadas por el Ministerio Público.
2923. La misión fue
2924. informada de que hasta julio de 1994 las investigaciones
2925. estaban bajo la
2926. responsabilidad de los jueces, por lo que el Ministerio Público no
2927. podría
2928. emitir un pronunciamiento sobre lo ocurrido hasta entonces.
2929. Ahora el nuevo
2930. Código Procesal Penal le confiere la responsabilidad directa de
2931. la
2932. investigación criminal por denuncia, querella, o de oficio.
2933. Anteriormente la
2934. información sobre los procesos no estaba centralizada; sólo se
2935. hallaba en cada
2936. juzgado o tribunal. De ahí la dificultad de responder a los
2937. alegatos ante el
2938. Comité de Libertad Sindical anteriores a la reforma.
2939. Para la recepción de denuncias existe una Oficina de Atención
2940. Permanente. Allí
2941. se abre expediente por cada denuncia y se asigna el caso a un
2942. fiscal
2943. determinado, según la zona. Se cita a los familiares ofendidos,
2944. para que
2945. suministren declaraciones; se ordena la realización de
2946. investigaciones, a
2947. personal de la policía nacional y de la Fiscalía y con sus
2948. informes se inicia
2949. el procedimiento judicial, según distribución de expedientes que
2950. hace la Corte
2951. Suprema de Justicia entre los diferentes tribunales penales.
2952. Luego el Fiscal
2953. pide el procesamiento penal y éste es acordado o no por el
2954. Juez.
2955. Acerca de los alegatos contenidos en las quejas presentadas
2956. ante el Comité de
2957. Libertad Sindical, el Fiscal señaló que había poca información
2958. en las
2959. denuncias, o al menos en los datos que el Ministerio del Trabajo
2960. le había
2961. comunicado. Ello también puede explicarse en parte por la
2962. "cultura del miedo"
2963. que ha prevalecido en el país cuando se trata de prestar
2964. testimonio, y que
2965. está relacionada con las características del período de los años
2966. ochenta. A
2967. raíz de la solicitud del Ministerio de Trabajo, con ocasión de la
2968. misión de
2969. contactos directos, algunos fiscales fueron a tribunales y a la
2970. policía, como
2971. también a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, pero
2972. tuvieron serias
2973. dificultades para encontrar resultados de las investigaciones
2974. realizadas,
2975. salvo en unos pocos casos. De igual modo, se dirigieron por
2976. escrito a las
2977. organizaciones denunciantes para obtener un complemento de
2978. información
2979. (nombres, fechas, localidades, oficinas donde hubiesen
2980. acudido) sin resultados
2981. positivos por el momento. Hasta 1995 la Fiscalía estaba
2982. imposibilitada de
2983. asumir efectivamente las nuevas funciones que le asigna la ley,
2984. por una
2985. rigurosa limitación presupuestaria. Ahora la situación ha
2986. cambiado y el Fiscal
2987. se comprometió a abrir investigaciones sobre todas las
2988. denuncias en instancia
2989. ante el Comité de Libertad Sindical en caso de que no estén ya
2990. abiertas. En el
2991. mismo sentido, el Fiscal convino en reunirse con representantes
2992. de las
2993. organizaciones sindicales, aprovechando la presencia de la
2994. misión, con el
2995. objeto de lograr una mayor precisión en las denuncias, una
2996. mayor eficacia
2997. respecto de las que sean presentadas en el futuro y superar la
2998. "cultura del
2999. miedo" y la desconfianza; y a esa reunión sería invitada también
3000. una
3001. representación de la Procuraduría de Derechos Humanos y otra
3002. de la Misión de
3003. Verificación de Naciones Unidas (MINUGUA).
3004. Reunión Ministerio Público - MINUGUA - CGTG. La reunión que
3005. había sido
3006. prevista entre el Fiscal General de la República y sus inmediatos
3007. colaboradores, y las organizaciones sindicales, tuvo lugar,
3008. efectivamente,
3009. aunque por la premura de la convocatoria sólo pudo asistir una
3010. representación
3011. de la CGTG. También estuvo presente la Sra. Leila Lima, quien
3012. dirige la
3013. Oficina Regional de MINUGUA para la Zona Central. El
3014. encuentro fue muy
3015. positivo y enriquecedor, como medio de establecer canales que
3016. permitan a las
3017. organizaciones sindicales un mejor acceso a la Fiscalía y a ésta
3018. una
3019. intervención eficaz en caso de denuncia y la corrección de las
3020. denuncias que
3021. sean defectuosas. El Fiscal General recordó que su mandato
3022. duraba unos cuatro
3023. años más y eso le permitía ejercer una actividad de largo
3024. alcance, durante la
3025. cual esperaba cooperar con las organizaciones sindicales, a
3026. quienes
3027. recomendaba que tuviesen muy presente su Despacho cada
3028. vez que se viesen
3029. obligados a presentar una denuncia por violación de derechos
3030. humanos.
3031. El personal de la Fiscalía expresó que hasta ahora la búsqueda
3032. de información
3033. sobre las denuncias contenidas en los casos en instancia ante
3034. el Comité de
3035. Libertad Sindical había dado muy pocos resultados. La Unidad
3036. de Derechos
3037. Humanos de la Fiscalía hizo indagaciones en COPREDEH, la
3038. Procuraduría de
3039. Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo. Además remitió
3040. comunicaciones a
3041. las organizaciones denunciantes para que precisaran o
3042. completaran ciertos
3043. datos, pero todavía no ha recibido respuestas. Señalaron que
3044. muchas veces es
3045. imposible llevar adelante las investigaciones de ley, por defectos
3046. de la
3047. denuncia; otras veces la Fiscalía no puede actuar, porque la
3048. materia en debate
3049. puede ser puramente laboral, como, por ejemplo, cuando se
3050. reclama que un
3051. empleador ha despedido y desalojado a uno o varios
3052. trabajadores. Recordaron,
3053. además, que la multiplicación de instancias habilitadas para
3054. consignar
3055. denuncias había aumentado las posibilidades de acción del
3056. ciudadano, pero que
3057. ahora se notaba una cierta atomización y falta de coordinación
3058. de los
3059. servicios existentes.
3060. El Fiscal General propuso organizar talleres, o un grupo de
3061. trabajo, con
3062. representantes de las organizaciones sindicales, y con
3063. participación de
3064. MINUGUA, para examinar casos concretos y mejorar la
3065. actuación de la Fiscalía
3066. cuando se le presenten denuncias.
3067. Por su parte los representantes sindicales afirmaron que la
3068. denuncia bien
3069. formulada no siempre es garantía de investigación seria y
3070. castigo de los
3071. culpables, y citaron ejemplos de denuncias precisas de
3072. atentados graves que
3073. han quedado impunes, a pesar de que han sido presentadas
3074. con indicación de
3075. nombres y apellidos de las víctimas, lugares y fechas en que
3076. ocurrieron los
3077. hechos, y hasta posibles autores o sospechosos. Señalaron que
3078. a nivel local la
3079. acción de la Fiscalía es todavía más débil, por las influencia
3080. que tienen a
3081. ese nivel ciertas personas.
3082. Los representantes sindicales expresaron su deseo de que los
3083. problemas
3084. nacionales se vayan superando. Por ahora, el trabajador, el
3085. campesino, está
3086. desprotegido y aislado por muchas razones, incluido el
3087. analfabetismo. De la
3088. reunión celebrada, les parece importante saber que el Ministerio
3089. Público
3090. cuenta con una Unidad de Defensa de Derechos Humanos.
3091. Esperan que su acción
3092. pueda llegar hasta las localidades y, en general, que las
3093. fiscalías puedan ser
3094. mejor dotadas. Reconocen, por otra parte, que la Fiscalía ha
3095. cumplido en otros
3096. casos. Agradecieron la invitación del Fiscal General y
3097. expresaron su agrado
3098. por la creación de una especie de instancia de diálogo y de
3099. capacitación.
3100. La representante de MINUGUA saludó la buena disposición del
3101. Fiscal General
3102. para contribuir a mejorar la aplicación de la justicia. Anunció la
3103. inminente
3104. firma de un convenio de cooperación mutua con ese
3105. Despacho, institución del
3106. Estado a cuyo fortalecimiento le da gran prioridad. MINUGUA
3107. está a la búsqueda
3108. de mecanismos de coordinación con la Fiscalía, y con su
3109. Unidad de Defensa de
3110. los Derechos Humanos, para ir superando el descrédito y la
3111. desconfianza que
3112. existe hacia las instituciones nacionales. En tal sentido, le
3113. parece útil
3114. discutir experiencias negativas concretas, para sacar
3115. enseñanzas y mostró toda
3116. su disposición de formar parte del grupo de trabajo propuesto
3117. por el Fiscal,
3118. el cual coincidía perfectamente con los planes de trabajo que
3119. tenía esa
3120. misión. En segundo lugar, conociendo el interés del Comité de
3121. Libertad
3122. Sindical por la protección a militantes o directivos sindicales bajo
3123. amenaza,
3124. informó que MINUGUA y COPREDEH habían creado,
3125. precisamente, una Unidad de
3126. Protección a las Personas Amenazadas, la cual ya había
3127. realizado algunas
3128. acciones importantes.
3129. Como resultado del intercambio de ideas, y aprovechando la
3130. presencia de la
3131. misión de contactos directos para establecer compromisos
3132. concretos, el Fiscal
3133. General decidió convocar, para una primera reunión de un
3134. grupo de trabajo
3135. coordinado por la Unidad de Defensa de Derechos Humanos,
3136. en el cual
3137. participarán representantes de las diversas centrales sindicales,
3138. del
3139. Ministerio del Trabajo y de MINUGUA y la cual tendría lugar el
3140. 28 de marzo de
3141. 1995, en el Centro de Capacitación de la Fiscalía General de la
3142. República.
3143. Procurador General de la Nación. El Procurador General de la
3144. Nación despliega
3145. una gran actividad en ejercicio de la extensa competencia que
3146. le asigna la
3147. Constitución, como asesor y consultor de los órganos y
3148. entidades estatales,
3149. representante del Estado y Jefe de la Procuraduría (Nota 9). Por
3150. lo que atañe
3151. al mandato de la misión, el Procurador General de la Nación dijo
3152. haberse
3153. ocupado de denuncias de violaciones a los derechos humanos,
3154. de conflictos
3155. colectivos de trabajo y de despidos ilegales con problemas de
3156. reinstalación,
3157. eventualmente complicados con ocupaciones de empresas. El
3158. Procurador General
3159. oyó con mucho interés los motivos por los cuales se originó la
3160. misión de
3161. contactos directos y ofreció su concurso, sobre todo en el
3162. espinoso problema
3163. de los despidos ilegales, el cual debería ser abordado no sólo a
3164. partir de las
3165. situaciones concretas que se vayan presentando sino también
3166. en una perspectiva
3167. más global.
3168. Procurador de los Derechos Humanos. La Constitución
3169. contempla la figura del
3170. Procurador de los Derechos Humanos, inspirada por la del
3171. ombudsman. Es un
3172. comisionado del Congreso de la República para la defensa de
3173. los derechos
3174. humanos que la Constitución garantiza (Nota 10). Su titular
3175. actual, quien es
3176. profesor de derecho constitucional e historiador, recibió a la
3177. misión en
3178. compañía del Procurador Adjunto y de dos asesores. El
3179. Procurador es un órgano
3180. estatal - no gubernamental - de control, dotado de una absoluta
3181. autonomía.
3182. Según se informó a la misión, con anterioridad la labor del
3183. Procurador giró
3184. sobre todo en torno a los derechos individuales, a causa de la
3185. guerra. En el
3186. período actual ha podido abarcar también lo relativo a los
3187. derechos laborales,
3188. como consta en su informe de gestión para 1994 (Nota 11).
3189. La experiencia del Procurador actual, en su propia opinión, no
3190. ha sido muy
3191. favorable; por ello no es muy optimista acerca de la evolución
3192. de la
3193. situación, la cual califica de dramática. El país está al borde de
3194. una
3195. explosión social incontrolable, con un sistema débil; se refirió a
3196. la
3197. deficiencia de legitimidad del Gobierno y del Congreso,
3198. resultantes de una
3199. elección donde el partido mayoritario obtuvo el 5 por ciento de
3200. los votos y la
3201. abstención fue extremadamente elevada. Observa que hay
3202. mucha insatisfacción
3203. espontánea, aunque no duda de la buena fe de muchos
3204. funcionarios. Por
3205. supuesto, ha habido enormes progresos desde 1982, y, en
3206. particular en los
3207. últimos años, especialmente en lo civil y político, pero el
3208. proceso de
3209. transición no culmina y los tropiezos son considerables.
3210. Acerca de la denunciada falta de investigación de las
3211. violaciones de los
3212. derechos humanos, el Procurador dice que la competencia de
3213. investigar
3214. corresponde al Ministerio de Gobernación, pero que no siempre
3215. lo hace y el
3216. Ministerio de Trabajo no protege de oficio la libertad sindical.
3217. Más aún, hay
3218. una ausencia de coordinación institucional y así, el Ministerio de
3219. Trabajo ha
3220. recibido reproches del Ministerio de Gobernación por haber
3221. inscrito
3222. determinados sindicatos, y del Ministerio de Economía por la
3223. fijación de
3224. salarios mínimos. El Procurador tiene competencia para solicitar
3225. informaciones
3226. al Gobierno, y lo hace; y ahora cuando se ocupa con más
3227. dedicación de la
3228. materia laboral, no acepta excusas burocráticas cuando
3229. requiere información,
3230. por ejemplo del Ministerio de Trabajo.
3231. En relación con la denuncia concreta relativa al dirigente
3232. Manuel de Jesús
3233. Alonso, asesinado, informaron los funcionarios de la
3234. Procuraduría que el
3235. Gobernador de Izabal y el Alcalde de El Estor, así como la base
3236. militar de la
3237. localidad habían sido objeto de investigaciones. Por otra parte,
3238. indicaron que
3239. no existían en la actualidad sindicalistas detenidos en el país.
3240. En opinión de los funcionarios de la Procuraduría, las labores de
3241. reforma del
3242. Código de Trabajo, iniciadas en 1986, fueron aprobadas en
3243. 1992 por presiones
3244. del Gobierno de los Estados Unidos, pero esas reformas fueron
3245. insuficientes.
3246. El Ministerio de Trabajo sólo sanciona a través de los tribunales,
3247. a
3248. diferencia de otros ministerios que tienen un poder sancionador
3249. propio. En
3250. este sentido, el remedio sería una nueva reforma legislativa para
3251. establecer
3252. sanciones administrativas, en el caso de resistencia a la
3253. reinstalación del
3254. trabajador ilegalmente despedido y aplicar sanciones penales en
3255. caso de
3256. reiteración en la falta; en el terreno laboral y sindical, el país
3257. precisa que
3258. se dote de poder sancionador a la inspección del trabajo. Pero,
3259. por otra
3260. parte, aun con la legislación vigente tal vez los inspectores
3261. podrían hacer
3262. una labor más efectiva si fueran más creativos, y para ello
3263. pueden contar con
3264. la cooperación de la Procuraduría; de hecho, a veces los
3265. funcionarios de la
3266. Procuraduría actúan junto con los del Ministerio de Trabajo.
3267. Misión de Verificación de Naciones Unidas (MINUGUA). La
3268. misión visitó la sede
3269. de la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala,
3270. encargada de la
3271. verificación del cumplimiento del Acuerdo Global de 1994, la
3272. cual está
3273. completando en estos días su establecimiento en las distintas
3274. zonas del país;
3275. así como la sede de la Oficina Regional de la Zona Central.
3276. De acuerdo con las informaciones recibidas, en MINUGUA hay
3277. preocupación por la
3278. multiplicidad de denuncias y la debilidad de respuestas; hay una
3279. cantidad
3280. alarmante de denuncias de violaciones de derechos humanos
3281. de sindicalistas,
3282. los cuales constituyen uno de los grupos sociales más
3283. vulnerables. La libertad
3284. de asociación figura entre las prioridades que el Acuerdo Global
3285. establece
3286. para la Misión de verificación; de allí el interés que le merece la
3287. misión de
3288. contactos directos, a la cual ofreció toda su cooperación.
3289. La impunidad sigue siendo un gran problema; y también puede
3290. serlo el
3291. establecimiento de las causas de los atentados contra los
3292. derechos humanos,
3293. dijeron los funcionarios de MINUGUA. En particular, ha ocurrido
3294. con frecuencia
3295. que se sucedan en cadena situaciones laborales (por ejemplo,
3296. reivindicaciones
3297. de aumento o pago de salarios) que derivan en lo
3298. específicamente sindical
3299. (represión sindical) y culminan en hechos de violencia. Además,
3300. hay una alta
3301. incidencia de delincuencia común.
3302. De todas maneras, ha habido cambios favorables y habría que
3303. apoyar a quienes
3304. dentro o fuera del Gobierno están promoviendo esos cambios.
3305. Los funcionarios
3306. de MINUGUA tienen la esperanza de que progresivamente se
3307. vayan obteniendo
3308. mejores respuestas organizativas del Estado, pues hay buena
3309. disposición de
3310. parte de las altas autoridades del Gobierno.
3311. Informaron en MINUGUA que también recibían denuncias de
3312. violaciones a los
3313. derechos humanos, con la circunstancia de que tenían una
3314. cierta capacidad para
3315. investigar esas denuncias por sus contactos institucionales con
3316. la Comisión
3317. Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), el Ejército y
3318. la Fiscalía; pero
3319. además tienen por mandato el fortalecimiento institucional, por lo
3320. cual habrán
3321. de trabajar estrechamente con la Fiscalía, a cuyo efecto está
3322. prevista la
3323. firma de un convenio en los próximos días. Señalaron que
3324. habían sido muy bien
3325. recibidos en el país y mostraron una amplia voluntad de
3326. cooperación con la
3327. OIT.
3328. La misión agradece muy de veras al Sr. Leonardo Franco y a
3329. sus distinguidos
3330. colaboradores, especialmente a la Sra. Leila Lima, la
3331. hospitalidad y amplia
3332. cooperación que le brindaron, quienes pusieron de manifiesto la
3333. existencia de
3334. preocupaciones comunes con la OIT y de perspectivas de
3335. apoyo recíproco.
3336. Organizaciones de trabajadores. La misión se reunió con
3337. representantes de las
3338. centrales sindicales, incluidas algunas de las principales
3339. federaciones no
3340. afiliadas a confederaciones y todas las que han formulado
3341. quejas contra
3342. Guatemala, ante el Comité de Libertad Sindical. Esas
3343. organizaciones saludaron
3344. la presencia de la misión y reconocieron los esfuerzos de la OIT
3345. en pro de la
3346. libertad sindical. Sus apreciaciones, densas y constructivas,
3347. coincidieron en
3348. aspectos fundamentales, con algunas diferencias. A
3349. continuación se exponen
3350. diversos enfoques, a través de los cuales pudieran quedar
3351. reflejadas las
3352. distintas posiciones sindicales.
3353. Primer enfoque. Un directivo sindical trazó un breve panorama
3354. histórico para
3355. tratar de situar en perspectiva la materia de las violaciones a los
3356. derechos
3357. humanos de sindicalistas y especialmente lo relativo a las
3358. amenazas. El
3359. movimiento sindical, según él, tuvo su origen en 1947. Una vez
3360. derrocado el
3361. Presidente Arbenz, los sindicatos fueron tachados de
3362. comunistas y atacados.
3363. Por influencia extranjera fueron creados sindicatos mediatizados
3364. que, sin
3365. embargo, se reorientaron y purificaron en el ejercicio de la
3366. democracia
3367. sindical. A partir de 1975, algunos sindicatos fueron infiltrados
3368. por la
3369. guerrilla, iniciada alrededor de 1962. En consecuencia, entre
3370. 1975 y 1982 se
3371. va a producir una represión sindical selectiva cuyo objetivo eran
3372. los
3373. directivos auténticos y, por tanto, incómodos. El movimiento
3374. sindical
3375. desarrolló como medio de defensa la vinculación a grupos de
3376. derechos humanos y
3377. análogos.
3378. Considera este dirigente sindical que en el momento presente no
3379. hay amenazas
3380. serias a la actividad sindical sino cuando representa un peligro
3381. para
3382. determinados intereses económicos. Al respecto citó el caso del
3383. sindicalista
3384. Eddie Conde Lu, secretario general del sindicato de
3385. Trabajadores de Luz y
3386. Fuerza, directivo laboral en esa empresa durante casi diez años
3387. y secretario
3388. de organización de la Confederación de Unidad Sindical de
3389. Guatemala (CUSG),
3390. quien venía haciendo denuncias. El 8 de septiembre de 1994
3391. fue secuestrado por
3392. los cuatro ocupantes de una patrulla núm. 405, vestidos con
3393. uniforme de la
3394. policía nacional. Fue salvajemente atacado y liberado al día
3395. siguiente.
3396. También fue atacado un sindicalista que había filmado
3397. situaciones
3398. comprometedoras y portaba la cámara con el video. De igual
3399. modo, el secretario
3400. de un sindicato azucarero fue objeto de un atropello físico. Eso
3401. dicho, el
3402. directivo en cuestión no sabe si existe el "Jaguar Justiciero",
3403. especie de
3404. grupo armado mencionado en algunas quejas y en prensa
3405. publicada durante la
3406. permanencia de la misión en Guatemala. No sabe tampoco si
3407. las amenazas
3408. mencionadas en la actualidad, o todas ellas, son auténticas,
3409. pues hay mucha
3410. confusión; además, el clima de violencia ha variado de modo
3411. significativo:
3412. años atrás la amenaza con toda seguridad era seguida de
3413. hechos de violencia,
3414. mientras que hoy no siempre ocurre lo mismo. Pero sigue
3415. habiendo una actividad
3416. y una actitud antisindicales en patronos, Ministerio de Trabajo,
3417. tribunales y
3418. cuerpos de seguridad, quienes tratan de impedir que haya
3419. cambios, y no los
3420. habrá hasta que exista una cultura de libertad sindical. El Fiscal
3421. General
3422. tampoco se interesa por lo laboral.
3423. En cuanto a la acción posible respecto de las denuncias de
3424. violaciones a los
3425. derechos humanos, en opinión de ese directivo sindical hay
3426. casos donde tal vez
3427. no se puede hacer nada, o muy poco, por vaguedad de las
3428. denuncias, fenómeno
3429. que tiene mucho que ver con la situación de inseguridad
3430. reinante para el
3431. momento en que se produjeron los hechos y el temor a las
3432. represalias; pero hay
3433. casos donde el Gobierno no puede dejar de actuar, porque hay
3434. indicios
3435. precisos, como en el de Eddie Conde Lu, ya mencionado.
3436. En cuanto a la constitución de sindicatos, es la única materia
3437. donde se han
3438. alcanzado progresos reales. En todo lo demás hay un retroceso.
3439. En cuanto al problema de los despidos ilegales, de trabajadores
3440. amparados por
3441. inamovilidad, y la resistencia a reinstalarlos, el dirigente sindical
3442. pasó
3443. revista a diversos aspectos. Por una parte, hay una práctica
3444. empresarial que
3445. consiste en abrir y cerrar empresas, para reabrirlas en el mismo
3446. sitio o en
3447. otro lugar, cambiándoles la razón social, con la finalidad de
3448. burlar los
3449. derechos de los trabajadores; esa práctica ilegal debería ser
3450. enfrentada por
3451. el Gobierno con disposiciones administrativas. Otra práctica
3452. consiste en
3453. impedir, con despidos o amenazas (Nota 12), que el sindicato
3454. alcance la
3455. afiliación necesaria para obligar al empleador a negociar y un
3456. sindicalismo
3457. sin negociación colectiva no vale nada (Nota 13). Por otra
3458. parte, los
3459. inspectores del trabajo no hacen nada para lograr la
3460. reinstalación de
3461. trabajadores ilegalmente despedidos: ellos deberían reinstalar al
3462. trabajador
3463. en 24 horas, o deberían instar de oficio el procedimiento judicial.
3464. Además, en
3465. lo que constituye una violación de la ley, apenas hay dos
3466. tribunales de
3467. conciliación y arbitraje para toda la República (Nota 14), cuya
3468. constitución
3469. obstaculizan los representantes empleadores y la actitud de los
3470. jueces tampoco
3471. es favorable a los trabajadores (Nota 15). Todas estas
3472. circunstancias anulan
3473. en la práctica el mandato legal de ordenar la reinstalación en 24
3474. horas.
3475. Habría que pedir al Presidente del Organismo Judicial que dé
3476. instrucciones
3477. para una mayor celeridad de los tribunales, eventualmente con
3478. apoyo de la
3479. supervisión de tribunales, con miras a hacer cumplir la ley, si es
3480. necesario
3481. con imposición de sanciones penales (30 días de cárcel) a
3482. quienes no
3483. reinstalen a un trabajador; y que integre el tribunal de
3484. conciliación y
3485. arbitraje en todos los tribunales del trabajo. Finalmente, haría
3486. falta
3487. reformar la ley, para dar poder sancionador al inspector, y
3488. divulgar las
3489. normas vigentes.
3490. En cuanto a las perspectivas de diálogo tripartito, se declara
3491. dispuesto a
3492. participar en esa clase de conversaciones, pero escéptico y
3493. pide garantías a
3494. la OIT, porque en el país ocurren graves violaciones: despidos
3495. antisindicales,
3496. sindicatos blancos - controlados por el empleador - o de
3497. coaliciones de
3498. trabajadores de la misma índole (Nota 16), solidarismo y, aparte
3499. de que hay
3500. pocos tribunales, la justicia tiene una actitud parcial. El directivo
3501. sindical
3502. vería con buenos ojos la creación de un comité tripartito, o de
3503. una instancia
3504. de concertación, pero no para tratar de cambiar la imagen del
3505. país y evitarle
3506. sanciones comerciales, lo cual constituye la verdadera
3507. preocupación del
3508. Gobierno, sino con un auténtico sentido positivo.
3509. Segundo enfoque. En opinión de un segundo grupo de
3510. dirigentes sindicales, el
3511. Gobierno no tiene una política definida; el Ministerio de Trabajo
3512. puede
3513. favorecer la libertad sindical, pero no necesariamente ocurrirá lo
3514. mismo en
3515. otras dependencias. Así por ejemplo, las empresas
3516. maquiladoras fueron
3517. implantadas bajo el régimen de la Iniciativa de la Cuenca del
3518. Caribe y el
3519. Sistema General de Preferencias (SGP), y han ayudado a paliar
3520. la crisis de
3521. empleo, pero gozando de amplia libertad para no cumplir la ley,
3522. sin que el
3523. Ministerio de Trabajo pueda evitarlo. Después está el problema
3524. de la falta de
3525. legitimidad de los poderes públicos, visto el gran abstencionismo
3526. en las
3527. elecciones. Y el Poder Legislativo y el Judicial son distantes.
3528. Además, el
3529. propio Organismo Judicial ha emprendido acciones contra su
3530. Sindicato.
3531. Acerca de las violaciones a la libertad sindical, desde 1993 hay
3532. un cambio en
3533. las modalidades. Aun así, en 1994 murieron 25 sindicalistas, 6
3534. de ellos de una
3535. misma central. El nuevo Procurador de los Derechos Humanos
3536. ha sido más abierto
3537. en cuestiones laborales, designó responsables de esta área y
3538. de esa manera ha
3539. logrado neutralizar al Gobierno. No es realmente la instancia
3540. idónea, ni tiene
3541. poder de coercibilidad, pero ha cumplido un rol importante.
3542. Tal vez las organizaciones sindicales no han formulado todas
3543. las denuncias que
3544. debían, por falta de tiempo y de recursos, y eso explica la
3545. disminución de
3546. alegatos ante el Comité de Libertad Sindical. Cuando se
3547. produce una violación
3548. a los derechos humanos, deben concentrar sus esfuerzos en
3549. tratar de resolver
3550. el problema en la fábrica, los tribunales, o en la calle. Su
3551. estrategia es
3552. acudir al Ministerio de Trabajo, los Juzgados de Trabajo y
3553. Previsión Social y
3554. la Procuraduría de Derechos Humanos. A la vía internacional
3555. no recurren de
3556. inmediato porque es demorada y no siempre resulta eficaz.
3557. Además, aun en ese
3558. caso, puede ser que recurran a otras instancias, tales como el
3559. Departamento de
3560. Comercio de los Estados Unidos, en razón del SGP, o la
3561. Comisión de Derechos
3562. Humanos de la ONU. A una queja intentada ante el Comité de
3563. Libertad Sindical
3564. han querido darle adecuado seguimiento, pero no les ha sido
3565. posible por lo
3566. numeroso de las violaciones, de las cuales han dado
3567. informaciones a
3568. funcionarios del Departamento de Comercio de los Estados
3569. Unidos. Reconocen que
3570. también les falta capacitación para actuar en instancias
3571. internacionales y en
3572. particular ante la OIT, y en ese sentido agradecerían cursos de
3573. formación en
3574. materia de normas internacionales del trabajo y los
3575. procedimientos
3576. respectivos. Finalmente, señalan que el Gobierno designa por
3577. su cuenta al
3578. representante laboral que concurre ante la OIT.
3579. Este sector sindical siente que ha sido objeto de una represión
3580. sistemática
3581. desde el 18 de julio de 1994, por haberle dado el frente a
3582. problemas laborales
3583. y de otro orden. Sugiere que haya una mayor coincidencia entre
3584. la OIT y la ONU
3585. en sus acciones, pues por un lado el Acuerdo Global ofrece
3586. protección a la
3587. libertad sindical y contra la impunidad y por otro lado esos
3588. derechos son
3589. violados a cada paso.
3590. Acerca de la constitución de sindicatos, efectivamente fue
3591. reducido el
3592. procedimiento, pero no el tiempo que tarda, el cual todavía
3593. suele exceder de
3594. 60 días. En su caso han tenido trámites de más de un año de
3595. duración.
3596. Acerca de los aspectos legislativos, sienten que las reformas se
3597. convirtieron
3598. en una camisa de fuerza, por la inexistencia de suficientes
3599. tribunales de
3600. conciliación y arbitraje y por la actitud de los jueces. En términos
3601. generales
3602. el derecho positivo es bueno pero se aplica poco; haría falta,
3603. por tanto,
3604. corregir sus lagunas y mejorar su aplicación práctica.
3605. Finalmente, expresaron
3606. críticas hacia la actuación de la Inspección General de Trabajo.
3607. La posibilidad de una reunión tripartita para tratar temas
3608. relacionados con la
3609. misión les pareció positiva y sugirieron que la participación
3610. sindical en la
3611. misma contase con un representante de cada una de las dos
3612. coordinadoras
3613. existentes: la UASP y el CNUT.
3614. Tercer enfoque. En cuanto se refiere a violaciones de derechos
3615. humanos, no
3616. puede decirse que haya una política gubernamental con esa
3617. finalidad y los
3618. métodos han ido variando, pero los resultados son igualmente
3619. negativos. El
3620. problema central es la impunidad, la indiferencia y el supuesto
3621. olvido a todos
3622. los niveles. Fueron citados los asesinatos de cuatro directivos
3623. sindicales:
3624. Cesáreo Chanchave, secretario general del Sindicato de Pilotos;
3625. Manuel de
3626. Jesús Alonso, Jesús Miranda y Jacinto Sánchez del Cid, como
3627. casos en los
3628. cuales hubo denuncias precisas y no se hizo ninguna
3629. investigación, o no se ha
3630. llegado a ningún resultado concreto. En algunos de esos casos
3631. la organización
3632. denunciante señaló inclusive sospechosos de ser los autores
3633. intelectuales,
3634. pero todo ha sido inútil. Sobre la situación de Alonso hablaron
3635. con el
3636. Presidente de la República, el Ministerio de la Defensa, el Fiscal
3637. General de
3638. la República, y el Procurador de Derechos Humanos, y sólo
3639. éste último ordenó
3640. una investigación. El Fiscal General ha sido muy renuente a
3641. atender los casos
3642. laborales; peor aún, algunos fiscales han participado en
3643. maniobras para
3644. desarticular sindicatos, como ocurrió en las fincas El Arco,
3645. Medellín y
3646. Bolivia.
3647. En cuanto se refiere a problemas de despidos ilegales y
3648. resistencia a la
3649. reinstalación del trabajador, los directivos sindicales indicaron
3650. que cada vez
3651. que se presenta un problema acuden a la Inspección del
3652. Trabajo, pero nunca han
3653. sido convocados por el Ministerio a alguna reunión conciliatoria
3654. para discutir
3655. acerca de los obstáculos para lograr las reinstalaciones. Más
3656. bien han visto
3657. intervenir al Inspector General del Trabajo para desarticular
3658. sindicatos, o
3659. aprobar convenios colectivos con vicios, para así levantar los
3660. emplazamientos
3661. existentes; y otras veces actúa con retardo, como en el caso de
3662. la finca
3663. Medellín, antes mencionada. Estas situaciones contribuyen a
3664. hacerles sentir
3665. escépticos. Este sector sindical se declara dispuesto para el
3666. diálogo
3667. tripartito, pero tiene desconfianza porque su voluntad de
3668. diálogo, expresada
3669. en diversas ocasiones, se ha visto frustrada siempre. Si se
3670. intenta una
3671. experiencia de esa naturaleza debería ser para obtener
3672. resultados concretos;
3673. con una estrategia que permita encauzar un proceso de
3674. diálogo, de encuentros
3675. regulares. Recuerdan que el 8 de abril de 1993 hubo un
3676. acuerdo tripartito con
3677. objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero que murió al nacer
3678. pues nunca
3679. llegó a tener continuidad en otros encuentros. De igual modo,
3680. las
3681. negociaciones intersectoriales de 1994 dieron resultados hasta
3682. cierto punto,
3683. pero luego fueron bloqueadas. El Consejo Consultivo del
3684. Ministerio de Trabajo,
3685. a su vez, sólo ha tenido dos reuniones y parece sumido en
3686. letargo. En el caso
3687. específico del café, las partes negociadoras llegaron a un
3688. acuerdo amplio y
3689. complejo, pero después la aprobación gubernamental del mismo
3690. se circunscribió
3691. únicamente al aumento de salarios, lo cual limita los alcances de
3692. esa
3693. negociación y desanima para seguir negociando. Vistas estas
3694. experiencias
3695. negativas, si ahora se desea hacer algo más efectivo habría
3696. que mejorar el
3697. mecanismo de participación y contar con la presencia y
3698. seguimiento de la OIT.
3699. Se sugiere no partir de cero, sino aprovechar los mecanismos
3700. que ya existen.
3701. Proponen que haya jornadas sobre temas específicos, que
3702. ayuden a los
3703. interlocutores a conocerse, a superar la desconfianza y a
3704. vencer la cultura de
3705. la intolerancia.
3706. Cuarto enfoque. Para otro sector sindical ha habido avances en
3707. los derechos
3708. humanos en general y han disminuido mucho los asesinatos y
3709. amenazas aunque se
3710. coarta la libertad sindical mediante despidos antisindicales y la
3711. promoción
3712. del solidarismo. Este sector dice que prefiere actuar a través del
3713. diálogo y
3714. la negociación por los medios legales, sobre todo teniendo en
3715. cuenta el
3716. fenómeno de la globalización de la economía; sólo recurre a
3717. acciones de lucha
3718. cuando no tiene otro remedio. Es partidario de la unidad
3719. sindical, entorpecida
3720. por ciertos dirigentes que tienen discursos anacrónicos. Es
3721. partidario también
3722. del tripartismo.
3723. Organización de empleadores. La misión fue recibida por la
3724. Comisión Laboral
3725. del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas,
3726. Comerciales, Industriales y
3727. Financieras (CACIF). Durante varias horas, en un ambiente
3728. particularmente
3729. franco y constructivo, fueron examinadas cuestiones relativas a
3730. los derechos
3731. humanos, la constitución de sindicatos y los problemas de
3732. discriminación
3733. antisindical, principalmente.
3734. Derechos humanos. Según los representantes de la CACIF, el
3735. conflicto armado ha
3736. contaminado toda la vida de Guatemala, especialmente lo social
3737. (situación de
3738. pobreza) y lo laboral, pues hay facciones de guerrilla infiltradas
3739. en algunos
3740. sindicatos. El tema central de hoy en el país es el conflicto, el
3741. cual
3742. constituye la principal fuente de violaciones de los derechos
3743. humanos. Los
3744. empleadores están conscientes de las violaciones de los
3745. derechos humanos que
3746. afectan a personas de todos los sectores de la sociedad, y las
3747. condenan.
3748. Hasta hace unos 12 ó 14 años, el clima represivo hacía
3749. imposible el encuentro
3750. y el diálogo entre los sectores empresarial y laboral. Hoy el
3751. escenario es
3752. cualitativamente muy distinto. Ya no hay escuadrones de la
3753. muerte y el diálogo
3754. es común entre empleadores y trabajadores, en diversas
3755. instancias de
3756. conciliación. En ese proceso de evolución las relaciones
3757. laborales se han
3758. hecho más transparentes y hay un desarrollo sindical. Fruto de
3759. ese ambiente
3760. fue la reforma laboral, aprobada por consenso. Los empleadores
3761. sienten la
3762. necesidad de participar, junto con los trabajadores, en la
3763. adopción de las
3764. grandes decisiones del país, comenzando por el proceso de
3765. paz.
3766. Refiriéndose específicamente a las denuncias, los empleadores
3767. dijeron que
3768. lamentablemente - y en gran parte debido a la guerra - no hay
3769. recursos para
3770. investigar y eso les preocupa. Cuando llegue la paz, la
3771. impunidad se reducirá
3772. considerablemente. El actual es un Gobierno de transición, con
3773. muchas
3774. carencias y falta de recursos humanos. Para dar una idea de la
3775. situación,
3776. indican que no habían sido informados acerca de la existencia
3777. de la misión.
3778. Consideran que el Gobierno debería hacer un esfuerzo para
3779. responder al Comité
3780. de Libertad Sindical. Y ellos están en la mejor disposición para
3781. coadyuvar en
3782. la discusión y superación de estos temas, y para motorizar las
3783. investigaciones
3784. y conseguir que el Gobierno responda a las quejas desde una
3785. instancia en la
3786. que estén presentes los trabajadores. Pero, por otro lado,
3787. estiman que se ha
3788. abusado de la denuncia como instrumento.
3789. Constitución de sindicatos. La CACIF considera que la
3790. constitución de
3791. sindicatos de trabajadores debe ser tan libre como la
3792. constitución de una
3793. sociedad anónima y han sido claros en sostener ante las
3794. instancias del SGP que
3795. no se oponen a la constitución de sindicatos. Por el contrario, la
3796. reforma
3797. legal, adoptada por consenso, tendía a hacer más expedito
3798. este trámite.
3799. Protección contra la discriminación antisindical. A propósito de
3800. los despidos
3801. ilegales y la resistencia a la reinstalación de los trabajadores, por
3802. motivos
3803. sindicales, indicaron que no hay una práctica empresarial
3804. generalizada a ese
3805. respecto, pues están convencidos de que la paz es buen
3806. negocio para todos y la
3807. paz no se firma, sino que se construye, según rezan lemas de la
3808. Organización.
3809. Pero reconocen que también los empleadores necesitan
3810. cooperación de la OIT y
3811. en particular necesitan instrucción en estas materias, entre
3812. otras. Reconocen
3813. también que el problema es complejo y pedirán a sus asesores
3814. jurídicos que lo
3815. estudien con detenimiento. Señalan, por lo demás, sin ánimo de
3816. justificar
3817. comportamientos empresariales que puedan ir contra la
3818. legalidad, que la
3819. convivencia con sindicatos serios y centrados en cuestiones
3820. laborales es mucho
3821. más fácil que cuando el sindicato tiene una acentuada carga
3822. política y
3823. practica una acción radical. Algunos sindicatos promueven el
3824. cierre de
3825. fábricas, o de servicios públicos. La huelga está regulada por la
3826. ley, pero
3827. algunos la desvirtúan al utilizarla como "instrumento de diálogo".
3828. La mayoría
3829. de las huelgas se producen en el sector público y no creen que
3830. haya o suela
3831. haber represión por ese motivo.
3832. Explorando posibles instrumentos para evitar actos de
3833. discriminación
3834. antisindical, los representantes de la CACIF informaron a la
3835. misión que desde
3836. hace varios años vienen trabajando en la elaboración de un
3837. código de conducta,
3838. para hacerle ver a sus afiliados los requisitos mínimos de
3839. respeto de los
3840. derechos de los trabajadores, que debería cumplir un
3841. empleador. Desde luego,
3842. no pasaría de ser un instrumento de carácter moral, pero están
3843. conscientes de
3844. la importancia que tendría internamente y de sus repercusiones
3845. en la imagen
3846. internacional del movimiento empresarial.
3847. Los empleadores consideran que la falta de protección efectiva
3848. de la
3849. inamovilidad de los trabajadores se debe a la lentitud de la
3850. justicia,
3851. fenómeno general, ampliamente conocido y que afecta a todos
3852. en Guatemala. Pero
3853. son optimistas y confían en que habrá cambios significativos en
3854. un futuro
3855. próximo, con la culminación del proceso de paz. Además, ya se
3856. reestructuró el
3857. Organismo Judicial y hay una mejor situación. En noviembre de
3858. 1992 fue
3859. modificada la ley para dar mayor agilidad a los tribunales de
3860. conciliación y
3861. arbitraje y ya los empleadores y los trabajadores han designado
3862. sus
3863. representantes en esos tribunales. Ellos tienen el mayor interés
3864. en que mejore
3865. la administración de justicia en general y la laboral en particular.
3866. Experiencia tripartita. Como una manera de mejorar el ambiente
3867. de las
3868. relaciones laborales y de explorar soluciones efectivas a los
3869. problemas
3870. señalados, los representantes empleadores se mostraron
3871. dispuestos a participar
3872. en una reunión tripartita promovida por la misión, la cual podría
3873. servir para
3874. sentar las bases de un diálogo tripartito más regular y para
3875. contribuir a
3876. solventar los problemas que dieron lugar a las quejas ante el
3877. Comité de
3878. Libertad Sindical.
3879. En conclusión, los representantes empleadores mostraron
3880. buena disposición para
3881. estimular al Gobierno a dar respuesta a las denuncias
3882. formuladas y a promover
3883. una actitud positiva acerca de los temas de las denuncias, sin
3884. dejar de
3885. expresar preocupación por aquellas que resulten temerarias.
3886. Expresaron,
3887. asimismo, su preocupación, en la coyuntura actual del país, por
3888. un posible
3889. pronunciamiento adverso del Comité de Libertad Sindical y sus
3890. repercusiones
3891. negativas en el plano del comercio internacional. Guatemala se
3892. encuentra,
3893. según ellos, ante el suceso político más importante político de
3894. este siglo,
3895. como es el proceso de solución del conflicto armado interno.
3896. Pero la paz
3897. tendrá consecuencias difíciles, entre ellas el crecimiento de la
3898. demanda
3899. social. Para atenderla, el país necesita una economía cada vez
3900. más eficiente y
3901. niveles adecuados de inversión, lo cual supone la posibilidad de
3902. comerciar
3903. libremente sus productos, sin los obstáculos que podría crearle
3904. al país una
3905. negativa imagen internacional. Como país pequeño que es,
3906. Guatemala necesita
3907. del comercio internacional.
3908. Reunión tripartita. Al término de sus actividades, la misión
3909. convocó una
3910. reunión tripartita a la cual concurrieron la Sra. Ministra de
3911. Trabajo, un
3912. representante de COPREDEH, en calidad de observador,
3913. representantes de la
3914. CACIF y representantes de la CUSG, la CGTG y la Federación
3915. Nacional de
3916. Trabajadores del Estado de Guatemala (FENASTEG). Directivos
3917. de la CTC y
3918. UNSITRAGUA también habían anunciado su asistencia pero
3919. finalmente no
3920. estuvieron presentes. La reunión tenía por objeto informar
3921. acerca de las
3922. actividades cumplidas por la misión, algunos de los resultados
3923. obtenidos y
3924. examinar las posibilidades de una acción conjunta para superar
3925. los problemas
3926. que habían dado lugar a las quejas y prevenir problemas
3927. futuros. La sesión
3928. permitió recordar experiencias pasadas de diálogo tripartito y se
3929. formularon
3930. votos por alcanzar un clima de confianza que permita la
3931. realización de nuevas
3932. experiencias, en el marco del Convenio sobre la consulta
3933. tripartita, 1976
3934. (núm. 144), con participación de la OIT.
3935. Los representantes de las organizaciones de trabajadores se
3936. refirieron a las
3937. denuncias de violaciones de los derechos humanos y de la
3938. libertad sindical.
3939. Indicaron que tal vez sobre hechos pasados ya no se puede
3940. hacer nada, o muy
3941. poco; pero que al menos hacia el futuro el Ministerio de Trabajo
3942. debe brindar
3943. efectiva tutela a los trabajadores. Afirmaron que cada sector
3944. debería hacer un
3945. compromiso de crear cultura de tolerancia y de moral. Que el
3946. Gobierno debía
3947. examinar de veras los problemas de los trabajadores. Que las
3948. centrales de
3949. trabajadores no tendrían inconvenientes en participar en
3950. experiencias de
3951. diálogo tripartito, en el marco del Convenio núm. 144, pero con
3952. una agenda
3953. amplia, bajo la supervisión o el seguimiento de la OIT. El diálogo
3954. tripartito
3955. no debería tener por finalidad cambiar la imagen internacional
3956. del país sino
3957. atacar con autenticidad los problemas.
3958. Los representantes de la CACIF reiteraron algunas posiciones
3959. que habían dado a
3960. conocer a la misión y estuvieron de acuerdo en participar en
3961. alguna comisión o
3962. grupo de trabajo creado en el marco del Convenio núm. 144.
3963. La Sra. Ministra de Trabajo reiteró la voluntad del Gobierno de
3964. respetar la
3965. libertad sindical y de atender cada vez con mayor eficacia las
3966. denuncias que
3967. sean formuladas. Para asegurar mejores resultados en este
3968. sentido, con
3969. participación de las organizaciones de trabajadores y de
3970. empleadores, el
3971. Gobierno estaba dispuesto a crear una comisión tripartita, en el
3972. marco del
3973. Convenio núm. 144, ratificado por Guatemala, en la cual
3974. pudiese discutirse
3975. también acerca de las quejas en materia de libertad sindical, de
3976. las denuncias
3977. de violaciones a los derechos humanos y acerca de otros temas
3978. de interés. La
3979. Sra. Ministra agradeció los esfuerzos realizados por la misión
3980. para lograr ese
3981. propósito, pero al mismo tiempo le hizo ver que la situación del
3982. país era
3983. compleja y que un cierto ambiente de desconfianza todavía
3984. creaba recelos para
3985. el diálogo tripartito. De todas maneras, declaró que haría todo lo
3986. posible por
3987. conformar en un futuro próximo una comisión tripartita sobre
3988. bases sanas y no
3989. para cumplir un requisito formal y que esperaba contar a este
3990. efecto con la
3991. cooperación de la OIT. Con esta finalidad, hará las
3992. convocatorias necesarias
3993. en las próximas semanas. Como parte de esta misma voluntad
3994. de diálogo, la Sra.
3995. Ministra anunció la convocatoria del Consejo Consultivo del
3996. Ministerio de
3997. Trabajo para una fecha cercana.
3998. La misión considera que el evento tripartito constituido por esta
3999. reunión
4000. tiene un gran significado en la situación actual de Guatemala.
4001. Por un lado,
4002. fue una muestra valiosa del intercambio que puede darse entre
4003. los
4004. interlocutores sociales y de las perspectivas que ese
4005. intercambio puede tener
4006. hacia el futuro si es bien encaminado y se traduce en acciones
4007. concretas y
4008. positivas. Por otro lado, reveló también el peso que han dejado
4009. situaciones
4010. adversas y diálogos frustrados. Todos los interlocutores sociales
4011. necesitan
4012. ahora experiencias positivas y las organizaciones de
4013. trabajadores necesitan
4014. garantías de que los derechos humanos y la libertad sindical
4015. serán respetados.
4016. Sobre esas bases, podrá nacer y consolidarse un clima de
4017. confianza recíproca.
4018. En fomentar ese clima de confianza la OIT puede jugar un gran
4019. papel, por la
4020. aceptación que tiene entre los interlocutores sociales.
4021. La sucesión intensiva de encuentros con altas autoridades,
4022. técnicos de la
4023. administración, representantes de las organizaciones de
4024. trabajadores y de la
4025. CACIF y funcionarios de la Misión de Verificación de Naciones
4026. Unidas para
4027. Guatemala (MINUGUA) fue sumamente enriquecedora para la
4028. misión y muy valiosa
4029. para ayudarnos a entender progresivamente la naturaleza y el
4030. alcance de los
4031. problemas en instancia ante el Comité de Libertad Sindical, así
4032. como la
4033. capacidad de respuesta del Gobierno y de autoridades no
4034. gubernamentales, en
4035. las condiciones que vive el país. Sus testimonios, junto con la
4036. importante
4037. documentación que nos fue suministrada, nos permitirán ahora
4038. aproximarnos al
4039. análisis de los distintos aspectos contenidos en las quejas.
4040. III. Informaciones sobre los alegatos obtenidas durante la misión
4041. Los alegatos de las seis quejas cubren dos grandes vertientes
4042. (Nota 17):
4043. violaciones de derechos humanos fundamentales de directivos
4044. y militantes
4045. sindicales y graves violaciones a la libertad sindical, por los
4046. siguientes
4047. hechos:
4048. 1. Atentados contra dirigentes y militantes sindicales: asesinatos,
4049. desapariciones, secuestros, agresiones físicas y amenazas.
4050. 2. Trabas a organizaciones sindicales de trabajadores.
4051. 3. Actos de discriminación antisindical.
4052. 4. Violaciones de la negociación colectiva.
4053. El objeto de esta segunda parte será exponer las informaciones
4054. recibidas
4055. acerca de los distintos alegatos. Pero parece imprescindible
4056. hacer previamente
4057. algunas consideraciones sobre la situación actual de
4058. Guatemala, donde tiene
4059. lugar un proceso político y social de características singulares.
4060. La situación actual de Guatemala (Nota 18)
4061. La guerra larga y la búsqueda laboriosa de la paz firme y
4062. duradera marcan el
4063. presente de Guatemala en todos los ámbitos, en un ambiente de
4064. violencia. Más
4065. de 30 años de conflicto armado han creado un modo de vida y
4066. la inminencia de
4067. la paz encuentra a la sociedad sumida en una situación de
4068. pobreza y de
4069. tensiones que por sí sola representa un peligro de "explosión
4070. social
4071. espontánea y sin dirección" (Nota 19).
4072. En el ambiente dramático que le ha tocado vivir, emergiendo de
4073. una serie de
4074. golpes de Estado, el país ha podido, sin embargo, hacer un
4075. extraordinario
4076. esfuerzo de organización estatal y de funcionamiento
4077. institucional, no exento
4078. de paradojas. La Constitución, de 1985, "... promulgada en el
4079. tránsito de un
4080. gobierno autoritario sumamente duro, a uno de carácter
4081. democrático", está
4082. centrada en la preocupación por la garantía de los derechos
4083. humanos, desde el
4084. propio Preámbulo, confiere un estatuto privilegiado a los partidos
4085. políticos y
4086. establece tres instituciones novedosas: el Tribunal Supremo
4087. Electoral, el
4088. Tribunal Constitucional y el Procurador de los Derechos
4089. Humanos, figura que se
4090. consagra por primera vez en América Latina, bajo influencia
4091. directa de la
4092. española del Defensor del Pueblo (Nota 20). Consagra,
4093. igualmente, separadas,
4094. la figura del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio
4095. Público, y
4096. la del Procurador General de la Nación. La Constitución
4097. contiene un importante
4098. catálogo de derechos individuales, sociales, cívicos y políticos,
4099. incluidos el
4100. derecho a la vida, el de reunión y manifestación, el de
4101. asociación, el derecho
4102. al trabajo, y a una serie de derechos sociales mínimos que debe
4103. consagrar la
4104. legislación del trabajo, entre ellos el derecho a la libre
4105. sindicalización de
4106. los trabajadores, y los derechos de huelga y paro. La
4107. Constitución declara la
4108. libertad e igualdad de todos los seres humanos, la libertad de
4109. acción, la
4110. inviolabilidad de la vivienda y la correspondencia, documentos y
4111. libros, y la
4112. libertad de emisión del pensamiento. Asimismo, establece
4113. garantías contra la
4114. detención ilegal, a favor de los derechos del detenido, el
4115. derecho a la
4116. defensa, la presunción de inocencia y publicidad del proceso, el
4117. principio de
4118. legalidad.
4119. En el plano del funcionamiento institucional, el alcance de la
4120. legitimidad de
4121. las autoridades es un tema obligado en Guatemala, y una fuente
4122. de
4123. preocupaciones, por la elevadísima tasa de abstención
4124. electoral. Las reformas
4125. constitucionales fueron aprobadas el 30 de enero de 1994, en
4126. consulta popular,
4127. por el 70 por ciento de los votantes, pero la abstención fue del
4128. 85 por
4129. ciento; de igual modo, en las elecciones parlamentarias del 14
4130. de agosto de
4131. 1994, la abstención fue del 80,5 por ciento (Nota 21). El
4132. mandato del
4133. Presidente, por otra parte, apenas va del 5 de junio de 1993 al
4134. 16 de enero de
4135. 1996. Sin embargo, hay varios aspectos sorprendentes. Las
4136. autoridades
4137. actuales, lejos de circunscribirse a actividades de simple
4138. administración,
4139. están inmersas en un proceso de adopción de decisiones
4140. fundamentales,
4141. aceptadas por la población, ya se trate de la negociación de la
4142. paz, o de la
4143. elaboración de leyes importantes, o del ejercicio intenso de la
4144. acción
4145. administrativa, con cambios importantes en la administración
4146. pública
4147. tradicional, y una acción creativa en las nuevas instituciones
4148. estatales, a
4149. pesar de los peligros que las acechan. "El éxito de la conclusión
4150. del Acuerdo
4151. Global sobre Derechos Humanos, del 29 de marzo de 1994, se
4152. vio empañado por el
4153. brutal asesinato del Licenciado Epaminondas González Dubón,
4154. Presidente de la
4155. Corte de Constitucionalidad, quien había mantenido una firme y
4156. decidida acción
4157. frente al autogolpe del 25 de mayo de 1993"; por esa misma
4158. época, en Guatemala
4159. corrieron rumores de golpe de Estado y se habló de un intento
4160. de asesinato al
4161. Presidente de la República el 30 de junio de 1994, día de la
4162. fiesta nacional
4163. (Nota 22). En segundo lugar, así como se insiste en las
4164. deficiencias de
4165. legitimidad electoral de las autoridades, se considera como un
4166. gran logro
4167. colectivo, y lo es, haber podido preservar el hilo constitucional
4168. en las
4169. circunstancias difíciles del tránsito del régimen autoritario al
4170. régimen
4171. democrático y, sobre todo, en la situación creada con el último
4172. intento de
4173. golpe de Estado. En este sentido, llama la atención que en
4174. Guatemala no ha
4175. habido ruptura, sino un proceso gradual, pero en el cual se han
4176. producido
4177. hechos muy importantes.
4178. Acerca de la situación de los derechos humanos en Guatemala,
4179. la experta
4180. independiente Mónica Pinto señala cinco claves importantes: 1)
4181. el conflicto
4182. armado y el proceso de paz, en el cual se destacan varios
4183. acuerdos
4184. importantes, entre ellos el mencionado Acuerdo Global sobre
4185. Derechos Humanos,
4186. la actividad de la Asamblea de Sectores Civiles, la presencia de
4187. la Misión de
4188. Verificación de las Naciones Unidas, y las dificultades actuales
4189. para la
4190. continuación de las negociaciones; 2) la militarización de la
4191. sociedad
4192. guatemalteca y sus repercusiones; 3) la escalada de violencia
4193. social en 1994;
4194. 4) la situación de extrema pobreza generalizada, en un marco
4195. de injusta
4196. distribución de la riqueza, y 5) la mayoría indígena (59 por
4197. ciento de la
4198. población, aproximadamente), cuyas reivindicaciones, según la
4199. autora, pasan
4200. por un reconocimiento constitucional de la existencia de cuatro
4201. pueblos en el
4202. país: los mayas, los xincas, los garífonas y los ladinos, con
4203. expresiones
4204. políticas apropiadas.
4205. El Procurador de los Derechos Humanos sostiene que la
4206. situación de los
4207. derechos individuales no es reconfortante; como el año anterior,
4208. persiste una
4209. falta de respeto a la vida, la dignidad, la integridad y la
4210. seguridad de las
4211. personas; y ha continuado un hostigamiento estacional contra
4212. instituciones de
4213. protección de derechos humanos, que tiende a propiciar una
4214. cultura del miedo a
4215. base de intimidaciones sin control (Nota 23). Por su parte, el
4216. Informe de la
4217. Sra. Pinto, utilizando el Informe del Procurador de los Derechos
4218. Humanos,
4219. refiere casos de desaparición forzada de personas, ejecuciones
4220. sumarias;
4221. torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes;
4222. amenazas y represión
4223. policial, entre otros excesos. A propósito de las amenazas a
4224. activistas de
4225. derechos humanos, sindicalistas, periodistas, estudiantes
4226. universitarios,
4227. jueces, señala que "desde agosto (de 1994) circularon notas
4228. firmadas por
4229. 'Jaguar Justiciero', en las que se anuncia la decisión de ejecutar
4230. a distintos
4231. personajes" (Nota 24). Las violaciones son graves y coinciden
4232. con algunas de
4233. las mencionadas en las quejas. Más aún, ambos informes
4234. recogen la noticia de
4235. la muerte de Germán de León Parejón, dirigente sindical de la
4236. Unión de
4237. Trabajadores de Quetzaltenango, mencionado en los casos
4238. núms. 1512 y 1539; el
4239. Informe del Procurador refiere también la muerte del sindicalista
4240. Noé Pérez
4241. Acevedo, por un soldado; y el Informe de la Sra. Pinto cita el
4242. caso del
4243. sindicalista Gilberto Moral Caañ, detenido por el Ejército en Alta
4244. Verapaz en
4245. abril de 1994. En el mismo sentido, durante la permanencia de la
4246. misión en
4247. Guatemala y algunos días después, la prensa ha dado cuenta
4248. de hechos
4249. violentos, como los mencionados en los referidos informes (Nota
4250. 25).
4251. Uno de los elementos más dramáticos de la situación de
4252. Guatemala, traído a
4253. colación en muchas conversaciones y presente en documentos
4254. importantes es el
4255. de la impunidad. El Acuerdo Global establece en su punto 3 un
4256. solemne
4257. compromiso en contra de la impunidad, según el cual el
4258. Gobierno asume la tarea
4259. de promover reformas legislativas para tipicar como delitos de
4260. especial
4261. gravedad las desapariciones forzadas o involuntarias, así como
4262. las ejecuciones
4263. sumarias o extrajudiciales, y su reconocimiento internacional
4264. como delitos de
4265. lesa humanidad. En su Informe el Procurador de los Derechos
4266. Humanos sostiene,
4267. a propósito de las amenazas, desapariciones forzadas,
4268. ejecuciones sumarias y
4269. torturas: "... Y es muy difícil, en la mayoría de los casos
4270. imposible,
4271. establecer los orígenes de estas acciones (...). Muchísimos
4272. casos permanecen
4273. sin aclararse..." (Nota 26). A su vez, la Sra. Pinto habla de una
4274. situación de
4275. "impunidad generalizada" (Nota 27).
4276. Es importante, con todo, tener en cuenta también varios
4277. aspectos concurrentes
4278. respecto de las violaciones a los derechos humanos. Por lo
4279. pronto, las altas
4280. autoridades del Estado, responsables de la vigilancia de los
4281. derechos humanos,
4282. muestran gran preocupación por la frecuencia y gravedad de
4283. las violaciones,
4284. las cuales tienen lugar a pesar de sus esfuerzos por evitarlas y
4285. consideran
4286. que la evolución respecto de diez años atrás ha sido favorable,
4287. solo que los
4288. avances actuales se van haciendo lentos y difíciles. En
4289. segundo lugar, la
4290. Procuraduría de los Derechos Humanos está realizando una
4291. interesante y útil
4292. labor de organización para llevar un registro de denuncias y
4293. expedientes
4294. tramitados, por tipo de derechos violados y por departamentos,
4295. el cual le
4296. permite formular como una especie de diagnóstico sobre la
4297. situación de los
4298. derechos humanos; por cierto, las cifras revelan situaciones
4299. dispares según
4300. los departamentos, tal vez por variaciones en la conflictividad, o
4301. bien por
4302. defectos de registro en algunos departamentos. En tercer lugar,
4303. el número de
4304. denuncias ante dicha Procuraduría aumentó considerablemente
4305. en 1994, lo cual
4306. indica mayor conocimiento de este recurso y tal vez mayor
4307. confianza de la
4308. población, aunque algunas de ellas (1.806, sobre un total de
4309. 13.431) no eran
4310. de la competencia de la Procuraduría; además, han proliferado
4311. las instancias
4312. que reciben denuncias de violaciones a los derechos humanos.
4313. Los párrafos anteriores pueden dar una idea de la situación tan
4314. compleja que
4315. vive Guatemala, entre la guerra y los esfuerzos para alcanzar la
4316. paz; con
4317. importantes realizaciones en la búsqueda de una organización
4318. estatal más
4319. completa, en medio de un régimen de transición y un ambiente
4320. de pobreza;
4321. siguiendo una política de promoción de los derechos humanos,
4322. que no llega a
4323. impedir numerosas y graves violaciones, muchas de las cuales
4324. permanecen
4325. impunes; pero en medio de perspectivas de que la acción
4326. estatal se vaya
4327. haciendo cada vez más sólida, con el apoyo, en el campo de
4328. los derechos
4329. humanos, de una Misión de Verificación de las Naciones
4330. Unidas. En este cuadro
4331. deben ser apreciados los alegatos que cursan contra
4332. Guatemala en el Comité de
4333. Libertad Sindical, especialmente los relativos a violaciones de
4334. los derechos
4335. fundamentales de sindicalistas.
4336. Alegatos de violaciones a derechos fundamentales de
4337. sindicalistas
4338. Las quejas contra Guatemala contienen alegatos sobre un
4339. número considerable de
4340. asesinatos, y agresiones, secuestros, detenciones ilegales y
4341. amenazas de
4342. muerte contra más de 150 directivos sindicales, o sindicalistas,
4343. sin incluir
4344. alegatos relativos a grupos de trabajadores no contabilizados.
4345. En contestación
4346. a esos alegatos, el Gobierno ha suministrado informes de la
4347. Fiscalía General
4348. de la República, relativas a 13 de las personas citadas en las
4349. quejas. Sólo se
4350. identifica a un posible responsable en el único caso donde se
4351. dice que el
4352. asesinato no guardaba relación con situaciones sindicales.
4353. Las respuestas suministradas por el Ministerio Público son las
4354. siguientes
4355. (Nota 28):
4356. a) Asesinatos:
4357. I. 1) Carlos Enrique Cárdenas Sagastume: secuestrado el 16 de
4358. junio de 1991,
4359. al salir del Centro de Estudios Militares; el cadáver apareció en
4360. el vehículo
4361. del Mayor Cárdenas. Caso iniciado de oficio en COPREDEH. El
4362. Ministerio de la
4363. Defensa informó que estaba investigando, sin tener hasta la
4364. fecha pista
4365. alguna. Del caso conoce el Juzgado de Primera Instancia
4366. Penal, el cual no dio
4367. intervención a la Fiscalía.
4368. 10) Dinora Gossep Pérez Valdez: asesinada el 29 de abril de
4369. 1991, con
4370. múltiples perforaciones de arma de fuego, del caso conoce el
4371. Juzgado Séptimo
4372. de Primera Instancia Penal, bajo el núm. 986-91, por homicidio.
4373. No hay
4374. indicios.
4375. 11) Oscar Oswaldo Luna Aceituno: asesinado frente a su
4376. domicilio el 26 de
4377. junio de 1991, por dos hombres armados. Del caso conoce el
4378. Juzgado Sexto de
4379. Primera Instancia Penal de Instrucción. Su última diligencia es
4380. del 23 de
4381. agosto de 1991. No hay ninguna evidencia que conduzca a
4382. identificar
4383. responsables.
4384. 12) Federico Tay Osorio: de su caso conoce el Juzgado
4385. Segundo de Primera
4386. Instancia Penal de Instrucción del Departamento de Quiché,
4387. causa núm. 849-91,
4388. a quien el Ministerio Público solicitó el 10 de julio de 1991 la
4389. práctica de
4390. diligencias de investigación. No hay personas sindicadas por
4391. este hecho.
4392. 13) Federico Tay Vicente: su caso se ventila junto con el del Sr.
4393. Federico Tay
4394. Osorio.
4395. 19) Germán Alfredo de León Parajón: secuestrado el 1.o de julio
4396. de 1994, por
4397. sujetos desconocidos, en el Departamento de Quetzaltenango.
4398. Localizado
4399. asesinado el 9 de julio de 1994, en un Municipio de Sololá. El
4400. asunto sigue
4401. bajo investigación por parte del Ministerio Público del
4402. Departamento de
4403. Sololá.
4404. - En relación con este mismo caso, el Procurador de los
4405. Derechos Humanos
4406. emitió un detallado pronunciamiento, de 5 de septiembre de
4407. 1994, en el cual
4408. las fechas de los hechos no coinciden con las expuestas por el
4409. Ministerio
4410. Público; en ese pronunciamiento se concluye en la participación
4411. de dos agentes
4412. de la policía nacional, a juzgar por lo dicho por testigos
4413. presenciales, se
4414. indica que del caso conoce el Juzgado de Primera Instancia del
4415. Departamento de
4416. Sololá y el Procurador termina declarando que hubo violación
4417. de derechos
4418. humanos y señala como responsable al Estado de Guatemala
4419. (Nota 29).
4420. 20) Manuel de Jesús Alonso: el 24 de octubre de 1994 ingresó
4421. en la Emergencia
4422. del Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
4423. (IGSS), procedente
4424. de la Colonia de Repegua de Santo Tomás de Castilla a bordo
4425. de una unidad de
4426. los bomberos voluntarios; su proceso está identificado con el
4427. núm. 1823-94-E-2
4428. y fue iniciado por oficio de la policía nacional 3156, de 25 de
4429. octubre de
4430. 1994, según informa el Ministerio Público del Departamento de
4431. Izabal. Indica,
4432. asimismo, las diligencias practicadas, las cuales permitieron
4433. identificar un
4434. vehículo placas de alquiler A-4634. De igual modo, menciona
4435. dicha oficina al
4436. Gobernador de Izabal, Orlando de Jesús Cabrera; al Alcalde
4437. Municipal de Puerto
4438. Barrios, David Pineda Acevedo y a Carlos Ical, Abelardo Cacao,
4439. Romeo Aroldo
4440. Lima y Doris Bladimiro Lima, pero sin explicar por qué (la
4441. comunicación
4442. responde a un cuestionario que permitiría entender el sentido de
4443. esas
4444. menciones, pero no lo transcribe).
4445. II. 18) René Cabrera Estrada: Después de haber sido objeto de
4446. amenazas,
4447. finalmente fue asesinado el 18 de agosto de 1994. Indicios
4448. atribuyen la
4449. autoría a Elmer López Ortiz, quien habría actuado por
4450. problemas personales con
4451. la víctima.
4452. b) Agresiones y amenazas:
4453. II. 14) Mauricio Raxcaco Enríquez: el 19 de agosto de 1991 fue
4454. golpeado y
4455. amenazado por cuatro hombres vestidos de civil, quienes se
4456. desplazaban en un
4457. vehículo blanco. Por las constantes amenazas, el Sr. Raxcaco
4458. abandonó el país
4459. en agosto de 1991.
4460. c) Amenazas:
4461. III. 9) Amílcar Méndez: amenazado de muerte varias veces, por
4462. teléfono, la
4463. última de ellas el 24 de diciembre de 1994, acusado de
4464. pertenecer a la URNG.
4465. De su caso conoce COPREDEH.
4466. 14) Armando Sánchez: el 3 de enero de 1995 fue invitado por la
4467. Fiscalía a
4468. formalizar allí su denuncia de haber sido amenazado en octubre
4469. de 1994 por
4470. "Jaguar Justiciero", pero aún no ha comparecido.
4471. 20) José Gil: había sido amenazado de muerte en su casa, en
4472. mayo de 1994, por
4473. hombres armados. COPREDEH conoce del caso desde
4474. diciembre de 1994 y ofició al
4475. Ministerio Público y a la Dirección General de la Policía
4476. Nacional.
4477. 21) Débora Guzmán: esposa del Sr. Félix González y González,
4478. Secretario de
4479. Conflictos del Sindicato de Trabajadores de la Fábrica Lunafil;
4480. fue detenida,
4481. agredida y amenazada el 6 de octubre de 1994, en una calle de
4482. Amatitlán.
4483. COPREDEH, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
4484. recibió la
4485. denuncia y procedió a coordinar las investigaciones con la
4486. Fiscalía General de
4487. la República y la Dirección General de la Policía Nacional.
4488. El Gobierno puso de manifiesto la dificultad que han
4489. confrontado las
4490. autoridades para localizar los expedientes respectivos, cuando
4491. los hubiere,
4492. por las fechas de los hechos que motivaron las quejas y por la
4493. renuencia de
4494. los querellantes para colaborar suministrando datos y fechas en
4495. relación con
4496. los mismos. La dificultad es más seria respecto de las denuncias
4497. anteriores al
4498. 5 de junio de 1993, cuando asumió el cargo el Presidente
4499. Ramiro de León
4500. Carpio, y que son la mayoría.
4501. En el mismo sentido, el Fiscal General de la República señaló
4502. que hasta julio
4503. de 1994 la responsabilidad de la investigación de hechos
4504. punibles era
4505. responsabilidad de los jueces y sólo desde entonces la confiere
4506. al Ministerio
4507. Público el nuevo Código Procesal Penal, por lo cual era más
4508. difícil para su
4509. Despacho realizar averiguaciones sobre hechos ocurridos antes
4510. de esa fecha.
4511. Aun así, y con motivo de la misión, fue hecho un esfuerzo
4512. especial de búsqueda
4513. en tribunales, COPREDEH, archivos de la Fiscalía y se solicitó
4514. la cooperación
4515. de los denunciantes para que completaran y precisaran sus
4516. alegatos, en lo que
4517. se refiere a nombres, lugares, fechas y cualquier otro aspecto.
4518. Los datos
4519. obtenidos eran un primer logro, pero, como se ha indicado
4520. anteriormente, el
4521. Fiscal ofreció a la misión hacer un nuevo esfuerzo para
4522. investigar las
4523. denuncias que hubiesen quedado pendientes.
4524. Ante las perspectivas de obtener pocas informaciones sobre los
4525. alegatos en
4526. instancia, la misión examinó con diferentes autoridades las
4527. posibilidades de
4528. reforzar los medios de investigación de nuevos hechos. Una de
4529. las dificultades
4530. existentes es que, de acuerdo con el procedimiento usual, los
4531. alegatos
4532. contenidos en una queja sólo son comunicados por la OIT al
4533. Ministerio de
4534. Trabajo y Previsión Social, el cual, por cierto, no tiene ninguna
4535. competencia
4536. en materia penal. Las demás autoridades no llegan a
4537. conocerlos, ni tampoco las
4538. organizaciones de empleadores, o de trabajadores, salvo la
4539. querellante. Lo
4540. recomendable, en este sentido, sería que cuando el Ministerio
4541. reciba de la OIT
4542. el texto de una queja que contenga alegatos sobre hechos
4543. punibles, la haga del
4544. conocimiento de las autoridades nacionales competentes para
4545. investigar, es
4546. decir, COPREDEH, el Ministerio de Gobernación y la policía
4547. nacional, entre
4548. otros, por lo que respecta al Gobierno; y el Procurador de los
4549. Derechos
4550. Humanos, el Fiscal General de la República y el Procurador
4551. General de la
4552. Nación, por lo que respecta a las autoridades no
4553. gubernamentales. A este
4554. efecto, como se ha indicado ya, el Presidente de COPREDEH
4555. declaró a la misión
4556. haber constituido una comisión de enlace integrada por algunas
4557. de esas
4558. autoridades, para dar seguimiento a las denuncias que pudieran
4559. guardar
4560. relación con la libertad sindical.
4561. En segundo lugar, fue explorada la posibilidad de una
4562. comunicación más fluida
4563. entre el Ministerio Público y las organizaciones sindicales. Así
4564. surgió la
4565. idea de una reunión del Fiscal General con las organizaciones
4566. sindicales, y la
4567. participación de la Misión de Verificación de Guatemala
4568. (MINUGUA), y la
4569. propuesta del Fiscal General de convocar la reunión de un
4570. grupo de trabajo
4571. integrado por representantes de la organizaciones sindicales, la
4572. Unidad de
4573. Defensa de Derechos Humanos y MINUGUA, para examinar
4574. casos concretos y mejorar
4575. la actuación de la Fiscalía en la investigación de denuncias. La
4576. presencia de
4577. MINUGUA en estos trabajos puede ser de la mayor utilidad, por
4578. su disposición y
4579. su compromiso de trabajar por el fortalecimiento de la Fiscalía y
4580. por la
4581. prioridad que le asigna a la defensa del derecho de asociación.
4582. En tercer lugar, quedó planteada la posibilidad de que, en el
4583. marco del
4584. Convenio núm. 144, sobre la consulta tripartita, 1976, se
4585. constituya una
4586. comisión tripartita que pueda, entre otras cosas, enterarse de las
4587. quejas en
4588. instancia y promover la investigación de las denuncias, teniendo
4589. claro que
4590. esta actividad es responsabilidad privativa del Estado, y que los
4591. interlocutores sociales y el Gobierno están de acuerdo con ello.
4592. Alegatos de violaciones a la libertad sindical
4593. Las quejas en instancia contienen, igualmente, alegatos sobre:
4594. a) trabas a
4595. organizaciones sindicales; b) actos de discriminación
4596. antisindical, y c)
4597. violaciones de la negociación colectiva. Acerca de estas clases
4598. de alegatos el
4599. Gobierno ha suministrado amplia información, cuyo contenido
4600. corresponde
4601. valorar al Comité de Libertad Sindical.
4602. a) Trabas a organizaciones sindicales: para su constitución, libre
4603. elección de
4604. dirigentes y libre funcionamiento; y en cuanto a su disolución:
4605. 1) Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Gobernación: el
4606. expediente se
4607. encuentra en la última fase de su reconocimiento, luego que el
4608. Sindicato en
4609. formación cumplió con llenar los requisitos legales;
4610. 2) Sindicato Frente Nacional de Vendedores Ambulantes: fue
4611. reconocida su
4612. personalidad jurídica el 12 de agosto de 1993 y quedó inscrito
4613. en el Registro
4614. Público de Sindicatos. Caso concluido;
4615. 3) Sindicato Gremial de Trabajadores Custodios de Aduanas: se
4616. reconoció su
4617. personalidad jurídica el 5 de agosto de 1993 y se inscribió en el
4618. respectivo
4619. Registro. Caso concluido;
4620. 4) Sindicato de Trabajadores de la Cruz Roja Guatemalteca: la
4621. entidad dejó de
4622. existir, por motivos financieros. Por ello no es verdad que se
4623. haya
4624. desarticulado el Sindicato, ni abolido;
4625. 5) Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Bienestar
4626. Social: por haberse
4627. encontrado vicios en las elecciones, no se inscribió a los
4628. nuevos directivos;
4629. se resolvió autorizar al último comité ejecutivo inscrito para
4630. convocar a
4631. nuevas elecciones, lo que no consta que se haya hecho hasta
4632. el presente;
4633. 6) Sindicato de Trabajadores de la Empresa Estatal de Puerto
4634. Quetzal: se
4635. reconoció su personalidad jurídica el 30 de octubre de 1990 y
4636. se inscribió en
4637. el Registro respectivo. Caso concluido;
4638. 7) Sindicato de Trabajadores de la Dirección General de
4639. Bosques y Vida
4640. Silvestre (DIGEBOS). No de Montes y Silvicultura: se reconoció
4641. su personalidad
4642. jurídica en 1992 y se inscribió en el Registro respectivo. Caso
4643. concluido;
4644. 8) Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora La Mariposa:
4645. se reconoció su
4646. personalidad jurídica el 28 de septiembre de 1993 y se inscribió
4647. en el
4648. Registro respectivo el 1.o de octubre de 1993. Se celebró un
4649. convenio
4650. colectivo antes que el Sindicato obtuviera su personalidad.
4651. Posteriormente se
4652. celebró un pacto colectivo de condiciones de trabajo, cuya
4653. negociación comenzó
4654. el 6 de septiembre de 1994 en la vía directa y finalizó el 13 de
4655. octubre del
4656. mismo año. Fue aprobado por el Ministerio de Trabajo el 20 de
4657. diciembre de
4658. 1994, con una vigencia de dos años a partir del 14 de octubre
4659. anterior. En la
4660. aprobación el Ministerio hizo reserva de dos artículos por
4661. considerarlos
4662. lesivos a los intereses de los trabajadores. Se interpuso un
4663. recurso de
4664. reposición actualmente en trámite. No hay denuncias en
4665. relación a las demás
4666. quejas alegadas, pero tratándose de violaciones a los derechos
4667. humanos se
4668. cursó a la Fiscalía General de la República para la averiguación
4669. correspondiente;
4670. 9) Trabajadores de las empresas Manufacturera Integridad S.A.,
4671. Koram S.A.,
4672. Bocco & Cía. Ltda., Diseños Panamericanos S.A.,
4673. Confecciones Isabel S.A.,
4674. Transporte Urbano Unión, Bolívar, EGA, La Fe y la Morena: no
4675. se ha formulado
4676. ninguna solicitud de inscripción de sindicatos, en relación a los
4677. trabajadores
4678. de esas empresas, y
4679. 10) Sindicato de Trabajadores del Hotel Ritz Continental: la
4680. Dirección General
4681. de Trabajo encontró anomalías en los documentos que se
4682. adjuntaron en la
4683. solicitud de disolución del Sindicato, por lo que citó a los
4684. representantes
4685. del mismo para corregirlos; no se han presentado, por lo cual la
4686. disolución no
4687. ha sufrido trámite alguno.
4688. b) Actos de discriminación antisindical:
4689. 1) Finca La Torre: despido de 29 trabajadores para desarticular
4690. su Sindicato.
4691. Se ratifica informe anterior. Caso concluido;
4692. 2) Banco Metropolitano: despido de 60 trabajadores miembros
4693. del Sindicato. Se
4694. ratifica informe anterior. La única adjudicación que existe en la
4695. Inspección
4696. General de Trabajo se relaciona con la reclamación de pago de
4697. compensación
4698. económica, presentada por el Sr. Abner de Jesús Hernández;
4699. 3) Fábrica de Vidrio CAVISA: violenta represión policial contra
4700. trabajadores
4701. en huelga. Se ratifica el informe anterior. En cuanto a los
4702. alegados actos de
4703. represión violenta, consta en la Inspección General de Trabajo
4704. que las
4705. inculpaciones sobre abusos, violencia y sabotaje fueron
4706. recíprocas y
4707. múltiples, pero ninguna de las partes presentó prueba. Se ha
4708. iniciado una
4709. investigación en los tribunales de justicia para establecer si se
4710. presentaron
4711. denuncias;
4712. 4) Sindicato de Trabajadores de la Empresa Estatal Puerto
4713. Quetzal: negativa de
4714. reintegro del Secretario General, Sr. Rubén Terry Amézquita. Se
4715. ratifica el
4716. informe anterior;
4717. 5) Creación de asociaciones solidaristas en desmedro de los
4718. Sindicatos de las
4719. empresas Distribuidora del Sur Occidente y Compañía Duralita.
4720. En el primer
4721. caso no existe en los registros de la Dirección General de
4722. Trabajo ningún
4723. trámite de reconocimiento de personalidad jurídica del Sindicato
4724. de la empresa
4725. del Sur Occidente. El Sindicato de Trabajadores Duralita obtuvo
4726. su
4727. personalidad jurídica y fue inscrito en el Registro Público de
4728. Sindicatos en
4729. fecha 14 de enero de 1980. El último comité ejecutivo venció el
4730. 19 de
4731. septiembre de 1990. Se ruega solicitar a los querellantes que
4732. puntualicen en
4733. qué consiste la lesión a sus derechos y se mencionen además
4734. nombres y fechas;
4735. 6) Sindicato de Trabajadores de la Dirección de Montes y
4736. Silvicultura: despido
4737. de 21 miembros trabajadores del Sindicato. Se ratifica el informe
4738. anterior;
4739. 7) Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de
4740. Cuyotenango, Departamento
4741. de Suchitepéquez: campaña de intimidación contra sus
4742. miembros. Informa la
4743. Inspección General de Trabajo que no tiene reportada ninguna
4744. denuncia;
4745. 8) Sindicato de la Municipalidad de Malacatán: despido de 30
4746. empleados.
4747. Informa la Inspección General de Trabajo que no tiene
4748. reportada ninguna
4749. denuncia;
4750. 9) Municipio de Esquipulas: despido de 30 empleados
4751. promotores de un
4752. sindicato. Informa la Inspección General de Trabajo que no
4753. tiene reportada
4754. ninguna denuncia;
4755. 10) Varios municipios: despidos. Se solicita que las
4756. organizaciones
4757. querellantes precisen mejores datos para tratar de darles
4758. seguimiento;
4759. 11) Organizaciones sindicales en varias fincas del país:
4760. persecución de los
4761. trabajadores miembros de esas organizaciones. Se solicita que
4762. las
4763. organizaciones querellantes precisen mejores datos para tratar
4764. de darles
4765. seguimiento;
4766. 12) Finca La Abundancia, propiedad de la Corporación de
4767. Inversiones
4768. Metropolitana S.A.: despido antisindical de 29 trabajadores. Con
4769. intervención
4770. de la Inspección general de Trabajo se logró una transacción
4771. extrajudicial:
4772. los trabajadores recibieron tierras en pago de sus prestaciones;
4773. incluso,
4774. luego de firmado el convenio, los trabajadores siguieron
4775. trabajando en la
4776. finca durante 80 días más, recibiendo sus salarios y demás
4777. prestaciones;
4778. 13) Municipalidad de Palín: despido de 65 trabajadores
4779. miembros del Sindicato
4780. de dicha Municipalidad. Pese a la intervención del Primer
4781. Viceministro de
4782. Trabajo y la Subinspectora General, no hubo conciliación. Los
4783. trabajadores
4784. acudieron a la vía judicial, donde esos despidos fueron
4785. autorizados;
4786. 14) Sindicato de Panificadores: despido del secretario general y
4787. negativa a
4788. notificar el fuero sindical de que goza, al patrono. Se trata de un
4789. sindicato
4790. gremial cuyos miembros trabajan para diferentes empresas. En
4791. los registros de
4792. la Inspección General del Trabajo no aparece ninguna
4793. denuncia. Se hace notar
4794. el hecho de que no se indica el nombre del afectado;
4795. 15) Sindicato de Trabajadores Navieros: despido de los
4796. miembros del comité
4797. ejecutivo y de más de 20 trabajadores. Se ratifica el informe
4798. anterior, con la
4799. adición de que la Inspección General de Trabajo no reporta
4800. ninguna denuncia en
4801. sus registros relativa a los alegados despidos;
4802. 16) Sindicato de Trabajadores de Productos Alimenticios
4803. Imperial S.A.: despido
4804. de varios trabajadores promotores del Sindicato. Reporta la
4805. Inspección General
4806. del Trabajo que en sus registros no aparece ninguna denuncia.
4807. En reciente
4808. inspección practicada de oficio tanto la parte empleadora como
4809. trabajadora
4810. manifestaron tener seis años vigente el pacto colectivo de
4811. condiciones de
4812. trabajo; que nunca se han dado violaciones al mismo y que sus
4813. problemas los
4814. han resuelto en la vía directa (Nota 30);
4815. 17) Sindicato de Trabajadores de Corporación Textil
4816. Internacional S.A.
4817. (CORTEX): despidos, amenazas de muerte, a raíz del
4818. emplazamiento de la
4819. empresa. Se encuentra planteado actualmente un conflicto de
4820. carácter
4821. económico-social ante tribunal competente;
4822. 18) Sindicato de Empresa ESDEE de Guatemala S.A.
4823. (SINTEGSA): despidos,
4824. amenazas de muerte, incidentes de terminación de contratos,
4825. conformación de
4826. grupos de choque, falsificación de firmas. La empresa cerró sus
4827. operaciones en
4828. 1994 y con la intervención de la Inspección General de Trabajo
4829. se pagaron sus
4830. prestaciones laborales a todos los trabajadores;
4831. 19) Sindicato de Trabajadores de Diseños y Maquilas S.A.:
4832. despidos ilegales,
4833. agresiones físicas a trabajadores, promoción de sindicato afin a
4834. la empresa.
4835. En esa empresa existen dos sindicatos: uno de Trabajadores en
4836. Diseños y
4837. Maquilas S.A. y otro de Laborantes de Diseños y Maquilas S.A.
4838. y ambos están
4839. inscritos en el Registro Laboral. No se pueden dar respuestas
4840. adecuadas por la
4841. imprecisión de los hechos denunciados. Se solicita que los
4842. querellantes
4843. proporcionen mejor información;
4844. 20) Sindicato de Trabajadores Municipales de Cobán,
4845. Departamento de Alta
4846. Verapaz: despido, secuestro temporal del secretario general.
4847. Con fecha 20 de
4848. febrero de 1995, con informe favorable de la Dirección General
4849. de Trabajo, se
4850. elevó el expediente al Despacho Ministerial para la emisión de la
4851. resolución
4852. respectiva reconociendo la personalidad jurídica del Sindicato.
4853. La Inspección
4854. General de Trabajo reporta que no existe en sus registros
4855. ninguna denuncia por
4856. despidos o el temporal secuestro del secretario general;
4857. 21) Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Santa
4858. Cruz Verapaz:
4859. despido de la mayoría del Sindicato y negativa a cumplir orden
4860. judicial de
4861. reinstalación. Se reconoció la personalidad jurídica del
4862. Sindicato y se
4863. inscribió en el registro respectivo. En cuanto a los conflictos
4864. surgidos,
4865. fueron solucionados con la mediación de la Inspección General
4866. de Trabajo y
4867. otros funcionarios públicos (Nota 31);
4868. 22) COCAPSA, Hacienda San Gregorio, Piedra Parada,
4869. Municipio de Coatepeque,
4870. Quetzaltenango: despido injusto y masivo de 310 trabajadores,
4871. mientras estaba
4872. emplazada la Compañía Agrónomo Pecuaria S.A. (Hacienda
4873. San Gregorio Piedra
4874. Parada), orden judicial de reinstalación y negativa de la
4875. empresa. Ante los
4876. oficios del Procurador General de la Nación, las partes llegaron
4877. a un
4878. avenimiento, el cual se cumplió a entera satisfacción de los
4879. trabajadores con
4880. la supervisión de la Inspección General de Trabajo. Caso
4881. concluido (Nota 32).
4882. En documento entregado a la misión, UNSITRAGUA reconoce
4883. el pago de salarios,
4884. pero reitera que la empresa no ha acatado la orden de
4885. reinstalación de los
4886. trabajadores despedidos;
4887. 23) Trabajadoras de la Empresa M.J. S.A., y L&L S.A.:
4888. atropellos, cambios de
4889. condiciones de trabajo, vejámenes morales y físicos, despidos
4890. ilegales. Se
4891. recibieron denuncias en la Inspección General de Trabajo y se
4892. comprobaron
4893. varias violaciones a las leyes, por lo que se plantearon los
4894. juicios punitivos
4895. siguientes: M.J S.A.: núms. 400-94 y 836-94; L&L S.A.: núms.
4896. 51-94 y 194-94,
4897. todos planteados ante el Juzgado Sexto de Trabajo y Previsión
4898. Social;
4899. 24) ESDEE de Guatemala S.A.: represalias contra dirigentes
4900. sindicales y
4901. sindicalistas, cierre ilegal de empresa, negativa a negociar
4902. colectivamente,
4903. promoción de una organización con personal de confianza,
4904. negativa de ingreso a
4905. la empresa de la dirigente sindical Pilar Cifuentes Aguilar y
4906. despido de la
4907. secretaria general del Sindicato, despido de la totalidad de los
4908. trabajadores,
4909. agresión física a un sindicalista. Ver respuesta supra;
4910. 25) Este Oeste S.A.: destrucción de la seccional del Sindicato
4911. de Trabajadores
4912. de la Industria de la Confección (STIC) mediante despido
4913. masivo de
4914. trabajadores, cierre y traslado de la empresa, pago parcial de
4915. prestaciones,
4916. incumplimiento de convenio de pago. La empresa trasladó sus
4917. instalaciones a un
4918. lugar fuera del perímetro urbano de la ciudad. Los trabajadores
4919. adujeron con
4920. esto una maniobra para desarticular su organización sindical.
4921. Sin embargo, un
4922. traslado de esta naturaleza no está prohibido por la ley. Con la
4923. intervención
4924. de la Inspección General de Trabajo se suscribió un convenio
4925. de pago
4926. haciéndoles efectivas todas sus prestaciones a los trabajadores;
4927. 26) Unicasa S.A., y Welly S.A., ambas empresas maquiladoras:
4928. represalias
4929. contra los trabajadores mediante suspensiones de trabajo
4930. innecesarias,
4931. despidos, mayores metas de trabajo, pésimas condiciones de
4932. trabajo, con el
4933. único objeto de desarticular las bases del Sindicato de
4934. Trabajadores de la
4935. Industria de la Confección. La situación laboral de los
4936. trabajadores en las
4937. empresas maquiladoras es infrahumana, los trabajadores,
4938. reducidos a verdaderos
4939. esclavos, no tienen permisos para acudir a consultas médicas
4940. del Instituto
4941. Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La Inspección
4942. General de Trabajo
4943. recibió denuncias, intervino y habiéndose establecido las faltas
4944. planteó los
4945. juicios punitivos siguientes: núms. 232-94 y 169-94 contra
4946. Unicasa S.A. y
4947. 183-94 contra Welly S.A., todos ante el Juzgado Sexto de
4948. Trabajo y Previsión
4949. Social;
4950. 27) Finca Santa Anita, de Agropecuaria Santa Anita S.A.,
4951. Municipio de San
4952. Miguel Pochuta, Departamento de Chimaltenango: despido de
4953. 42 afiliados al
4954. Sindicato de Trabajadores de dicha finca, previo levantamiento
4955. irregular de
4956. las prevenciones dictadas por el Juzgado Segundo de Primera
4957. Instancia de
4958. Chimaltenango; la notificación de la medida judicial estaba
4959. antedatada, lo
4960. cual impidió a los trabajadores apelar, o sea, se les vedó el
4961. derecho de la
4962. defensa; el día de la notificación fueron despedidos todos los
4963. trabajadores;
4964. su demanda de reinstalación fue declarada sin lugar. Se agotó
4965. la vía
4966. administrativa y el caso está siendo diligenciado en el Juzgado
4967. Segundo de
4968. Primera Instancia de Chimaltenango. En documento de 10 de
4969. febrero de 1995, la
4970. CGTG reitera su alegato y señala una serie de derechos
4971. laborales que no son
4972. respetados en ésta y otras fincas;
4973. 28) Finca Nueva California, de Agropecuaria Inmobiliaria
4974. Miramar S.A.,
4975. Municipio de San Miguel Pochuta, Departamento de
4976. Chimaltenango: emplazamiento
4977. infructuoso para obtener negociación colectiva, despido de 40
4978. trabajadores
4979. miembros del Sindicato de Trabajadores de la Finca Nueva
4980. California, negativa
4981. de reinstalación. La Inspección General de Trabajo recibió
4982. nuevas denuncias,
4983. intervino con las adjudicaciones 6 y 18 del año 1994.
4984. Posteriormente el caso
4985. se planteó ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en
4986. Chimaltenango;
4987. 29) Finca El Salto, de Plantación San Carlos S.A., Municipio de
4988. San Miguel
4989. Pochuta, Departamento de Chimaltenango: despido de 80
4990. trabajadores fundadores
4991. del Sindicato de Trabajadores de las Fincas San Carlos y El
4992. Salto, en curso
4993. gestiones de reinstalación. El caso no es de despido sino una
4994. suspensión
4995. colectiva. Con la intervención de la Inspección General de
4996. Trabajo se
4997. suscribió un convenio de pago en el mes de octubre de 1994,
4998. pero en cuanto a
4999. la estabilidad laboral de los trabajadores la situación se planteó
5000. ante los
5001. tribunales de justicia competentes;
5002. 30) Finca Bolivia, de Agropecuaria Bolivia S.A., Municipio de
5003. Chicacao,
5004. Departamento de Suchicatepéquez: despedidos 102
5005. trabajadores fundadores del
5006. Sindicato de Trabajadores de dicha finca, a pesar de gozar de
5007. inamovilidad, y
5008. negativa de reinstalación. Con la intervención de la Inspección
5009. General de
5010. Trabajo se trató de lograr una conciliación: la parte empleadora
5011. ofreció pagar
5012. la totalidad de las prestaciones laborales, comprar terrenos para
5013. vivienda y
5014. materiales de construcción y proporcionar además el transporte,
5015. lo cual no fue
5016. aceptado por los trabajadores. Con esto se dio por agotada la
5017. vía
5018. administrativa para dejar expedita la vía judicial;
5019. 31) Finca Los Angeles, de Agropecuaria Los Angeles S.A.:
5020. despido de 26
5021. trabajadores pese a la existencia de una orden judicial para su
5022. reinstalación
5023. y duras represalias (reducción de salarios hasta en un 50 por
5024. ciento,
5025. incremento de tareas, retenciones de salarios y no pago de
5026. otras
5027. prestaciones), para hacer que los trabajadores abandonen las
5028. fincas, negando
5029. así el derecho de libre sindicalización y negociación colectiva.
5030. Con la
5031. intervención de la Inspección General de Trabajo, se celebró un
5032. convenio de
5033. condiciones de trabajo el 9 de octubre de 1994;
5034. 32) Finca La Argentina, de don Juan Dietrich Oltmann Niemann
5035. Enge, Municipio
5036. de Chicacao, Departamento de Suchitepéquez: incumplimiento
5037. de pago de
5038. prestaciones laborales, intento de despido de 28 trabajadores,
5039. cuya
5040. reinstalación se logró a cambio de no reclamar los salarios
5041. dejados de
5042. percibir por el despido. La Inspección General de Trabajo no
5043. tiene registrada
5044. ninguna denuncia al respecto;
5045. 33) Finca Medellín, de Agropecuaria Abal S.A., Municipio de
5046. Chicacao,
5047. Departamento de Suchitepéquez: notificación irregular de
5048. levantamiento de
5049. prevenciones de no despedir trabajadores, destitución masiva
5050. de todos los
5051. sindicalistas, 60 en total y destrucción del Sindicato, juicio en
5052. curso.
5053. Recibida la denuncia, la Inspección General de Trabajo
5054. intervino tratando de
5055. lograr una conciliación para la solución del conflicto, pero las
5056. partes no
5057. aceptaron, dieron por concluida la vía administrativa y se
5058. reservaron el
5059. derecho de acudir a los tribunales. En documento entregado a
5060. la misión, la
5061. CGTG afirma sobre esta situación: Carlos Miguel Abascal,
5062. dueño de la finca,
5063. desde hace 11 meses mantiene despedidos a 29 sindicalistas, a
5064. quienes se les
5065. adeuda un promedio de 85.000 quetzales de salarios caídos, e
5066. inició incidente
5067. de desocupación, maniobra en la cual ha tenido participación el
5068. Inspector
5069. General de Trabajo;
5070. 34) Ministerio de Desarrollo Urbano y Rural: de 830 afiliados al
5071. Sindicato han
5072. quedado 30, por despido masivo de trabajadores, en el marco
5073. del programa de
5074. ajuste estructural, sin importar a las autoridades de gobierno el
5075. derecho de
5076. libre organización de los trabajadores, ni las prevenciones del
5077. juez de
5078. trabajo que conoce de un conflicto colectivo de carácter
5079. económico social, en
5080. razón del cual el Ministerio estaba emplazado y prevenido de no
5081. despedir a
5082. ningún trabajador. Por razones presupuestarias este Ministerio
5083. fue suprimido.
5084. Todos los trabajadores recibieron el pago de sus prestaciones;
5085. 35) Municipalidad de El Estor, Departamento de Izabal: despido
5086. de 20
5087. trabajadores promotores de un sindicato, dudas de obtener la
5088. correcta
5089. aplicación de la ley por parte de la sala de apelaciones que
5090. conoce del caso.
5091. Se reconoció la personalidad jurídica del Sindicato el 19 de
5092. mayo de 1994. Las
5093. dudas acerca de la recta aplicación de justicia son de la
5094. competencia de la
5095. Corte Suprema de Justicia, por lo que se le trasladó el texto de
5096. la queja;
5097. 36) Policía nacional: traslado de tres integrantes del comité ad
5098. hoc para la
5099. constitución del Sindicato, como represalia. La Inspección
5100. General de Trabajo
5101. no tiene registrada ninguna denuncia a este respecto;
5102. 37) Vigilancia del local de la UITA, por individuos desconocidos.
5103. Se ha pedido
5104. a la Fiscalía General de la República que realice la
5105. investigación;
5106. 38) Sindicato de Trabajadores de la Embotelladora La Mariposa:
5107. acoso y
5108. persecución de sindicalistas, incluidas presiones para obligar a
5109. renunciar a
5110. tres miembros del comité ejecutivo en septiembre de 1993. Ver
5111. respuesta supra;
5112. 39) Sindicato de trabajadores Campesinos de la Finca La Patria:
5113. habiendo
5114. tomado nota de que el Sindicato y la empresa habían llegado a
5115. un acuerdo que
5116. incluye el reintegro de los trabajadores despedidos, el Comité
5117. había
5118. solicitado copia de dicho acuerdo e información acerca de si
5119. efectivamente se
5120. había producido el reintegro de los trabajadores en sus puestos
5121. de trabajo.
5122. Sin respuesta;
5123. 40) Fincas El Trapichito y El Naranjo: solicitada investigación
5124. sobre posibles
5125. despidos antisindicales y, de haberlos habido, el reintegro de los
5126. trabajadores; además se pidió al Gobierno mantener informado
5127. al Comité al
5128. respecto. Sin respuesta, y
5129. 41) Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios:
5130. solicitada
5131. información acerca del resultado del proceso judicial relativo al
5132. despido de
5133. varios dirigentes del comité ejecutivo; y de la situación alegada,
5134. de que el
5135. director del Hospital se habría negado a acatar la decisión de la
5136. Viceministra
5137. de Salud, de reinstalación de los dirigentes despedidos, pues la
5138. habría
5139. condicionado a imponerles una sanción de suspensión de
5140. labores de 30 días sin
5141. goce de sueldo y a su traslado a otros centros de asistencia en
5142. el interior
5143. del país. (Acerca de este punto, sobre el cual no hubo
5144. respuesta del Gobierno,
5145. y en relación con la situación en el referido Hospital, véase
5146. supra.)
5147. c) Violaciones de la negociación colectiva:
5148. 1) Empresa Operadora de Empresa S.A., propietaria del Hotel El
5149. Dorado:
5150. violación del pacto colectivo firmado con el Sindicato de dicho
5151. Hotel y otras
5152. actividades que conforman una misma unidad económica,
5153. particularmente en lo
5154. atinente a las jornadas de trabajo. La Inspección General de
5155. Trabajo recibió
5156. denuncias sobre esas violaciones, intervino e hizo varias
5157. prevenciones. En
5158. inspección de oficio realizada el 22 de febrero de 1995, se
5159. constató que el
5160. cambio de horas alegado se dejó sin efecto por la empresa
5161. (Nota 33);
5162. 2) Empresa Agroport S.A., empresa de Maquila: cierre ilegal el
5163. 12 de abril de
5164. 1993, sin haber cumplido lo convenido con el Sindicato el 22 de
5165. marzo de 1993,
5166. y el principal propietario huyó a los Estados Unidos. El convenio
5167. fue firmado
5168. con intervención de la Inspección General de Trabajo. Sin
5169. embargo
5170. posteriormente el empleador abandonó el país, con lo cual se
5171. hace imposible
5172. proseguir cualquier acción;
5173. 3) Patronal del Comité Nacional Prociegos y Sordomudos de
5174. Guatemala: negativa
5175. a negociar pacto colectivo con la organización sindical más
5176. representativa,
5177. dilaciones durante 19 meses. Fue iniciada la negociación del
5178. pacto colectivo,
5179. sin embargo la parte empleadora interpuso un recurso ante el
5180. Tribunal de lo
5181. Contencioso Administrativo por lo que a solicitud del mismo, con
5182. fecha del 27
5183. de mayo de 1994 se envió original el expediente y aún no ha
5184. sido devuelto;
5185. 4) Sindicato de la Confederación Deportiva Autónoma de
5186. Guatemala: negativa de
5187. la autoridad del trabajo a aprobar un convenio colectivo. Según
5188. adjudicación
5189. núm. 292-95, de 22 de febrero de 1995, relativa a inspección de
5190. oficio en el
5191. Sindicato de dicha Confederación, fue agotada la vía directa
5192. para la discusión
5193. del pacto colectivo de condiciones de trabajo y ante la negativa
5194. de la
5195. empleadora, el caso se está ventilando en el Juzgado Sexto del
5196. Trabajo y
5197. Previsión Social, para la instalación de la junta conciliatoria;
5198. 5) Sindicato de Trabajadores de Productos Alimenticios Imperial
5199. S.A.:
5200. incumplimiento del convenio colectivo por parte de la empresa.
5201. Véase supra la
5202. respuesta dada, y
5203. 6) Embotelladora La Mariposa: negativa a negociar
5204. colectivamente con el
5205. Sindicato SITRAEMSA y simular la firma de un pacto colectivo
5206. con un comité ad
5207. hoc creado por la empresa; dicho pacto fue registrado en el
5208. Ministerio de
5209. Trabajo el 16 de septiembre de 1993; aumento de salarios
5210. acordado sólo a los
5211. miembros de ese comité. Véase supra la respuesta dada.
5212. De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, el Gobierno
5213. dio respuesta a
5214. los diez alegatos relativos a trabas para la constitución de
5215. sindicatos. De
5216. esas respuestas, cinco indican que el sindicato ha sido
5217. reconocido y ha sido
5218. inscrita su personalidad jurídica, y una que está por culminar el
5219. trámite
5220. correspondiente; dos se refieren a disoluciones de sindicatos:
5221. en un caso por
5222. desaparición del empleador, en otro caso el Gobierno encontró
5223. anomalías en el
5224. trámite de disolución; una es relativa a elecciones sindicales; y
5225. en un
5226. alegato, respecto de los trabajadores de varias empresas, se
5227. responde que no
5228. ha habido solicitud de inscripción de sindicatos.
5229. Conviene tener presente y analizar el reglamento para el
5230. reconocimiento de la
5231. personalidad jurídica, aprobación de estatutos e inscripción de
5232. las
5233. organizaciones sindicales, adoptado por acuerdo gubernativo
5234. núm. 639-93, del 2
5235. de noviembre de 1993.
5236. Los casos en instancia contienen un total de 40 alegatos
5237. relativos a actos de
5238. discriminación sindical, de los cuales los más numerosos son los
5239. despidos por
5240. motivos sindicales (35 alegatos), ocurridos en establecimientos
5241. públicos o
5242. privados; entre los primeros destacan municipalidades, entre los
5243. segundos
5244. llama la atención el número de fincas. El Gobierno dio respuesta
5245. a 37 alegatos
5246. y entre esas respuestas destacan los casos de reintegro o de
5247. alguna forma de
5248. arreglo (siete) y la carencia de denuncias o la imprecisión de las
5249. mismas
5250. (16).
5251. En cuanto a violaciones de la negociación colectiva hay seis
5252. alegatos, cinco
5253. de los cuales fueron respondidos por el Gobierno. En dos de
5254. éstos se habría
5255. logrado el cumplimiento de parte del empleador, en uno se
5256. habría producido la
5257. negociación de un pacto colectivo, en uno había una acción
5258. judicial en curso,
5259. y en uno el cumplimiento parecía imposible porque el empleador
5260. había
5261. abandonado el país.
5262. IV. Conclusiones y reflexiones personales
5263. En resumen, la misión pudo sostener un amplio intercambio de
5264. ideas con altas
5265. autoridades gubernamentales y no gubernamentales, con
5266. representantes de los
5267. empleadores y de importantes organizaciones de trabajadores, y
5268. obtuvo valiosas
5269. informaciones que gentilmente le fueron suministradas.
5270. Asimismo, tuvo
5271. oportunidad de conversar de manera muy provechosa con
5272. representantes de la
5273. Misión de Verificación para Guatemala (MINUGUA). En la
5274. audiencia con el Sr.
5275. Presidente de la República estuvo acompañada por el Director
5276. de la Oficina de
5277. la OIT para América Central y Panamá.
5278. Guatemala vive un proceso político y social caracterizado por la
5279. guerra
5280. interna y los esfuerzos de paz; la renovación constitucional, un
5281. régimen de
5282. transición y un ambiente de pobreza; por una política de
5283. promoción de derechos
5284. humanos, a pesar de la cual se producen numerosas y graves
5285. violaciones, muchas
5286. de ellas impunes; con perspectivas de una acción estatal cada
5287. vez más sólida.
5288. En ese contexto, una organización sindical estima que el clima
5289. de violencia ha
5290. variado de modo significativo y ahora no hay amenazas serias
5291. para la actividad
5292. sindical sino cuando representa un peligro para ciertos intereses
5293. económicos.
5294. Según otra organización sindical, no hay una política
5295. gubernamental definida
5296. respecto de la libertad sindical, y eso explica ciertas
5297. contradicciones, por
5298. ejemplo respecto de empresas implantadas bajo el régimen de la
5299. Iniciativa de
5300. la Cuenca del Caribe y el Sistema General de Preferencias
5301. (SGP). Para una
5302. tercera organización sindical, no puede decirse que haya una
5303. política
5304. gubernamental violatoria de los derechos humanos, pero los
5305. resultados son
5306. igualmente negativos y el principal problema reside en la
5307. impunidad, la
5308. indiferencia y el supuesto olvido. Los empleadores, por su parte,
5309. consideran
5310. que el conflicto armado es la principal fuente de violaciones de
5311. los derechos
5312. humanos y se declararon favorables hacia la libertad sindical.
5313. En cualquier
5314. caso, la situación de los derechos humanos en el mundo
5315. sindical pareciera
5316. haber evolucionado en forma favorable últimamente en lo que
5317. respecta a los
5318. actos de violencia, como lo corrobora por ejemplo el menor
5319. número de hechos
5320. alegados relativos a los dos últimos años, con excepción de las
5321. amenazas de
5322. muerte.
5323. Los alegatos de violaciones a los derechos humanos de
5324. sindicalistas desde 1990
5325. conciernen directamente a más de 150 personas, mientras las
5326. respuestas sólo se
5327. refieren a 12 de ellas y respecto de 11 no se señalan
5328. responsables. Para
5329. explicar esta situación, y no obstante que hay denuncias vagas
5330. o imprecisas,
5331. se tienen presentes los efectos de la violencia, se admite la
5332. poca capacidad
5333. del Estado para investigar los hechos punibles y se hace
5334. referencia a la
5335. política represiva que ha habido en el pasado. Debe subrayarse
5336. la situación de
5337. impunidad de la gran mayoría de crímenes contra sindicalistas.
5338. Ante el nivel tan bajo de informaciones obtenidas, el Fiscal
5339. General de la
5340. República dijo a la misión que su Despacho, y en particular la
5341. Unidad de
5342. Defensa de Derechos Humanos, investigaría de nuevo los
5343. hechos denunciados.
5344. Con relación al futuro, y a fin de reforzar la actividad del Estado
5345. en caso de
5346. nuevas denuncias de violaciones a los derechos humanos,
5347. surgieron las
5348. iniciativas siguientes:
5349. 1) difundir las denuncias, y en particular las quejas contra la
5350. libertad
5351. sindical, entre las autoridades competentes para investigarlas,
5352. incluidas la
5353. Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la
5354. Nación y la
5355. Procuraduría de los Derechos Humanos, a través de la
5356. Comisión Presidencial de
5357. Derechos Humanos (COPREDEH), la cual dispondrá de una
5358. comisión de enlace
5359. especializada en estos asuntos, o de cualquier otra vía expedita
5360. y segura;
5361. 2) difundir las denuncias, y en particular las quejas contra la
5362. libertad
5363. sindical, en la comisión tripartita que sea creada en virtud del
5364. Convenio núm.
5365. 144 sobre la consulta tripartita (normas internacionales del
5366. trabajo), 1976, y
5367. 3) crear un grupo de trabajo con funcionarios de la Unidad de
5368. Defensa de
5369. Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República y
5370. responsables de las
5371. centrales sindicales, con participación de MINUGUA, para
5372. examinar casos
5373. concretos de violaciones a los derechos humanos de
5374. sindicalistas y activar las
5375. investigaciones sobre las mismas; ese grupo ha sido convocado
5376. para tener una
5377. primera reunión el 28 de marzo de 1995, en el Centro de
5378. Capacitación de la
5379. Fiscalía.
5380. Las medidas que puedan ser adoptadas para reforzar la
5381. capacidad de
5382. investigación del Estado, con el concurso de empleadores y de
5383. trabajadores, se
5384. asientan, sin embargo, sobre el presupuesto de la
5385. responsabilidad ineludible
5386. del Estado de garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la
5387. tranquilidad de quienes hagan legítimo ejercicio de la libertad
5388. sindical, así
5389. como de protegerlos para que no puedan ser discriminados en
5390. su empleo por ese
5391. motivo, ni por ningún otro. En este sentido, deben ser motivo de
5392. grave
5393. reflexión para las autoridades las violaciones de los derechos
5394. humanos de
5395. trabajadores de entes públicos; respecto de quienes la
5396. impunidad cobra una
5397. connotación especial, y los alegatos en los cuales se señala la
5398. participación
5399. de miembros de la policía. Entre los dirigentes y militantes
5400. asesinados, o
5401. desaparecidos, o víctimas de atropellos en su integridad física
5402. se cuentan
5403. trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la
5404. Universidad de
5405. San Carlos, la Municipalidad de Puerto Barrios (Departamento
5406. de Izabal), el
5407. Ministerio de Cultura y Deportes, el Hospital Psiquiátrico,
5408. Aduanas, la
5409. Municipalidad de Cobán (Departamento de Alta Verapaz), la
5410. policía nacional y
5411. la Municipalidad de Esquipulas (Departamento de Chiquimula).
5412. Los alegatos relativos a trabas en la constitución y
5413. funcionamiento de
5414. sindicatos, fueron respondidos en su totalidad y en la mayoría
5415. de los casos la
5416. respuesta fue positiva. Además, la misión encontró que había
5417. habido esfuerzos
5418. importantes en el Ministerio de Trabajo para acelerar el trámite
5419. de
5420. reconocimiento de personalidad sindical e inscripción de
5421. sindicatos en el
5422. registro correspondiente - con apreciaciones divergentes en
5423. cuanto a los
5424. resultados obtenidos -, sobre la base de una nueva
5425. reglamentación cuyas normas
5426. deberán ser analizadas.
5427. Dos orientaciones fundamentales podrían servir de base para
5428. completar el
5429. esfuerzo gubernamental realizado hasta ahora en cuanto se
5430. refiere a la
5431. constitución y funcionamiento de sindicatos: la voluntad
5432. presidencial,
5433. claramente expresada, de fortalecimiento de las organizaciones
5434. sindicales, y
5435. los Convenios de la OIT, núms. 87, sobre la libertad sindical y la
5436. protección
5437. del derecho de sindicación, 1948, y 98, sobre el derecho de
5438. sindicación y de
5439. negociación colectiva, 1949.
5440. En este sentido, pudiera ser oportuna la formulación de una
5441. política
5442. gubernamental explícita, con soporte tripartito, en favor de la
5443. libertad
5444. sindical dentro del respeto de la legalidad, como garantía básica
5445. de
5446. convivencia, como elemento ético indispensable de la actividad
5447. empresarial y
5448. como aspiración dramática de los trabajadores, por la cual han
5449. sacrificado
5450. muchas vidas y han arriesgado el empleo.
5451. Desde el punto de vista normativo y técnico, habría que
5452. examinar la
5453. legislación y la nueva reglamentación, así como las
5454. instrucciones
5455. ministeriales, para determinar en qué medida esas pautas
5456. tienden a promover el
5457. libre ejercicio del derecho de sindicación y las actividades
5458. sindicales y en
5459. qué medida pueden frenarlos, en nombre de la intervención
5460. gubernamental.
5461. Los alegatos sobre actos de discriminación antisindical han
5462. contribuido a
5463. poner de manifiesto la existencia de problemas complejos, en
5464. torno al despido
5465. ilegal y la negativa de reinstalación del trabajador despedido. A
5466. partir de
5467. estos hechos, de carácter laboral, se suelen generar problemas
5468. sindicales, de
5469. orden público y de carácter civil y penal, que llegan a constituir
5470. motivo de
5471. preocupación nacional. El despido ilegal, y con frecuencia
5472. colectivo, puede
5473. dar lugar a un largo y desgastante proceso judicial, o bien a
5474. ocupaciones de
5475. empresas, con o sin intervención de la fuerza pública, o bien a
5476. ambas
5477. situaciones.
5478. Las medidas sugeridas para superar esta situación son de
5479. naturaleza
5480. legislativa y administrativa.
5481. Desde el punto de vista legislativo, se dijo a la misión que hacía
5482. falta dotar
5483. de poder sancionador al Inspector de Trabajo, sin esperar la
5484. intervención del
5485. juez; y que de todas maneras hacía falta reformar el
5486. procedimiento judicial
5487. para hacerlo más expedito en caso de despido, de modo que la
5488. reinstalación
5489. inmediata del trabajador, o la aplicación de sanciones, según lo
5490. previsto en
5491. el artículo 380 del Código de Trabajo, sea efectiva; o en caso
5492. de
5493. emplazamiento del empleador. Algunas personas consultadas
5494. consideran, sin
5495. embargo, que la legislación es clara, pero que ha sido
5496. desvirtuada por
5497. interpretaciones judiciales. Por cierto, vale la pena recordar que
5498. la reforma
5499. del Código de Trabajo de 1992 (decreto núm. 69-92 del
5500. Congreso de la
5501. República) tenía entre otros propósitos, según dice su
5502. exposición de motivos:
5503. "... dotar al Código de Trabajo de normas que permitan que los
5504. juicios de
5505. trabajo y previsión social se tramiten en el menor tiempo posible,
5506. con el
5507. objeto de que las contiendas que se planteen ante los tribunales
5508. se resuelvan
5509. con la celeridad que el caso demanda..."
5510. Desde el punto de vista administrativo, todos los sectores
5511. coincidieron en la
5512. necesidad de que sea aumentado el número de tribunales de
5513. trabajo y previsión
5514. social y sean constituidos en forma permanente en ellos los
5515. tribunales de
5516. conciliación y arbitraje, como lo ordena el artículo 294 del
5517. Código de
5518. Trabajo; por otra parte, los representantes de las organizaciones
5519. de
5520. trabajadores y funcionarios de la Procuraduría de Derechos
5521. Humanos señalaron
5522. que cabría esperar una acción más efectiva de la Inspección
5523. de Trabajo, aun
5524. dentro del marco legal actual.
5525. Junto con las acciones legislativa y administrativa, tal vez
5526. convendría
5527. imprimir un impulso gubernamental al sistema de relaciones
5528. laborales, previa
5529. concertación tripartita, mediante la formulación de una política
5530. sistemática
5531. destinada a evitar los actos de discriminación antisindical.
5532. La política de no discriminación antisindical pudiera ser todavía
5533. más efectiva
5534. si logra el concurso activo de la Fiscalía General de la
5535. República, la
5536. Procuraduría General de la Nación y la Procuraduría de los
5537. Derechos Humanos,
5538. actuando cada órgano desde su propio ámbito de competencia.
5539. Los alegatos de violaciones a la negociación colectiva son
5540. relativamente pocos
5541. y las respuestas revelan una situación matizada, con aspectos
5542. positivos y
5543. negativos. En realidad, los principales obstáculos para la
5544. negociación
5545. colectiva probablemente hay que encontrarlos en los alegatos
5546. anteriores,
5547. relativos a violaciones a los derechos humanos y a las trabas
5548. que han existido
5549. para la constitución y el funcionamiento de las organizaciones
5550. sindicales.
5551. Varias personas expresaron a la misión la necesidad de que las
5552. normas del
5553. Código de Trabajo relativas a la libertad sindical y a la
5554. negociación
5555. colectiva, así como los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT,
5556. sean objeto de una
5557. amplia difusión. En este sentido, la misión comprobó que la
5558. Procuraduría de
5559. los Derechos Humanos viene realizando una extraordinaria labor
5560. de publicación
5561. de obras sobre los derechos humanos, incluyendo textos
5562. sencillos al alcance de
5563. todo ciudadano; y por su parte, el Ministerio de Trabajo ha
5564. publicado un
5565. interesante material divulgativo sobre los derechos del menor
5566. trabajador y los
5567. derechos de la mujer, y ha editado también, a través de su
5568. Unidad de
5569. Comunicación Social y Relaciones Públicas, el reglamento para
5570. el
5571. reconocimiento de personalidad jurídica, aprobación de
5572. estatutos e inscripción
5573. de las organizaciones sindicales y el reglamento para el trámite
5574. de
5575. negociación, homologación y denuncia de los pactos colectivos
5576. de condiciones
5577. de trabajo de empresa o centro de producción determinado
5578. (acuerdos
5579. gubernativos núms. 639-93, de 2 de noviembre de 1993 y
5580. 221-94, de 13 de mayo
5581. de 1994, respectivamente). Es de desear que esta actividad
5582. divulgativa sea
5583. continuada e incrementada, por diversos medios, y que sea
5584. acompañada de una
5585. actividad de capacitación, a fin de que toda la población
5586. interesada pueda
5587. conocer sus derechos sindicales y de negociación colectiva,
5588. así como los
5589. medios legales para hacerlos valer.
5590. Finalmente, la semana de convivencia en Guatemala, en
5591. comunicación con
5592. personas de muy diversa procedencia y especialmente con
5593. responsables del
5594. Estado y de los sectores profesionales, así como el trato tan
5595. especial
5596. deparado a la misión, constituye un signo elocuente del respeto
5597. y la estima
5598. que en Guatemala se siente por la OIT y de las altas
5599. expectativas que se
5600. tienen acerca de lo que la OIT puede hacer por ese país, en el
5601. momento difícil
5602. y prometedor que está viviendo.
5603. Paz, concertación y capacitación son tres voces claves para
5604. impulsar la
5605. libertad sindical y la negociación colectiva en Guatemala y
5606. superar los
5607. problemas actuales, y tres requerimientos para la OIT.
5608. La OIT ha venido participando activamente en las
5609. negociaciones de paz. En la
5610. medida en que esas conversaciones avancen podrá haber
5611. condiciones para que
5612. mejoren las relaciones laborales y el clima de libertades propicio
5613. para la
5614. libertad sindical. Aun cuando el propio Presidente de la
5615. República y el
5616. Procurador de los Derechos Humanos ven en los problemas
5617. sociales una gran
5618. amenaza para la paz duradera que afanosamente se trata de
5619. conseguir.
5620. Al propio tiempo, todo el esfuerzo que se pueda acometer para
5621. favorecer el
5622. desarrollo de la libertad sindical y las relaciones colectivas de
5623. trabajo, en
5624. pie de igualdad y de autonomía, contribuirán a mejorar el
5625. ambiente de trabajo,
5626. a resolver problemas fundamentales de los trabajadores y a
5627. facilitar en las
5628. empresas, en las fábricas, en las fincas, en las municipalidades
5629. y otros entes
5630. públicos, la creación y consolidación de espacios de paz,
5631. absolutamente
5632. necesarios para complementar y asegurar la instauración de la
5633. paz general. En
5634. este esfuerzo enorme para los interlocutores sociales, la OIT
5635. tiene un gran
5636. papel que jugar. Pero además parecieran estar dadas las
5637. condiciones para una
5638. colaboración fructífera entre la OIT y MINUGUA, especialmente
5639. en el campo de
5640. los derechos humanos fundamentales, dentro del mandato y la
5641. responsabilidad
5642. que corresponde a cada organización, destinada a imprimir
5643. mayor eficacia al
5644. aporte que ambas están llamadas a dar a Guatemala.
5645. Se trata de pasar de la desconfianza o la reticencia a la
5646. confianza en el
5647. diálogo, dentro del respeto por la vida y la seguridad de las
5648. personas; de
5649. conocer y difundir las raíces profundas de convivencia,
5650. solidaridad y
5651. dignidad, de las normas sobre libertad sindical; de aprovechar
5652. las múltiples
5653. posibilidades que la organización sindical ofrece para la
5654. sociedad; y las
5655. ventajas de la consulta, la negociación y la concertación para
5656. alcanzar, no
5657. sólo objetivos específicos pero mutuamente aceptables para
5658. empleadores y
5659. trabajadores, sino también objetivos comunes, sobre todo
5660. cuando se tiene
5661. presente y se enfrenta una competencia internacional. Sería de
5662. desear que en
5663. este empeño, y atendiendo a iniciativas nacionales, se preste la
5664. debida
5665. atención a las organizaciones de empleadores y de trabajadores
5666. y prosiga la
5667. cooperación con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en
5668. este caso con
5669. el objetivo preciso de promover su adaptación y estimular su
5670. productividad en
5671. tareas relacionadas con las relaciones colectivas de trabajo.
5672. La consulta tripartita en materia de normas internacionales del
5673. trabajo,
5674. incluido el cumplimiento de las normas sobre la libertad sindical,
5675. en el marco
5676. del Convenio núm. 144, constituye una obligación para
5677. Guatemala, en virtud de
5678. la ratificación de dicho Convenio. Pero además parece haber
5679. consenso al
5680. respecto y tratarse de un objetivo al alcance de todos los
5681. interesados, a
5682. juzgar por las conversaciones que la misión sostuvo con
5683. representantes de los
5684. distintos sectores y durante la reunión tripartita. Varias personas
5685. dijeron
5686. que la convocatoria de la misión había facilitado la realización
5687. de ese
5688. encuentro tripartito; y sostuvieron que la presencia de la OIT
5689. contribuiría a
5690. enrumbar por camino seguro esa consulta tripartita.
5691. En tales condiciones, sería deseable que la Oficina de
5692. Centroamérica y Panamá
5693. siguiera de cerca y estimulara los pasos iniciales para establecer
5694. y hacer
5695. funcionar en el más breve plazo la comisión para la consulta
5696. tripartita. Su
5697. apoyo podría estar centrado en labores de secretaría técnica y
5698. conducción de
5699. reuniones; o en cooperar en la preparación de la agenda y en la
5700. formulación de
5701. una serie de objetivos de complejidad gradual; o en el diseño de
5702. mecanismos
5703. sencillos para la difusión y efectiva puesta en práctica de los
5704. acuerdos
5705. logrados, aun cuando no sean vinculantes; o en varios de esos
5706. aspectos, de
5707. modo que la comisión vaya logrando metas también graduales y
5708. sienta la
5709. satisfacción de alcanzar progresos importantes. De igual modo,
5710. esa Oficina
5711. podría cooperar con los interesados en la preparación de
5712. determinados temas
5713. generales que sirvan de ilustración para el examen de
5714. situaciones nacionales
5715. concretas en la comisión tripartita, como fue el deseo expresado
5716. a la misión
5717. por algunas personas; o en todo caso en el suministro de
5718. documentos de apoyo.
5719. Seguramente un representante de esa Oficina sería bienvenido
5720. para estar
5721. presente en la instalación y en las sesiones iniciales de la
5722. comisión
5723. tripartita.
5724. En cierto modo la misión fue sorprendida, gratamente por lo
5725. demás, por la
5726. coincidencia de Gobierno, trabajadores, y empleadores, en
5727. expresar su
5728. necesidad de capacitación en cuestiones relacionadas con la
5729. libertad sindical
5730. y las relaciones colectivas de trabajo. Todos mostraron algún
5731. grado de
5732. desconocimiento de las características de una misión de
5733. contactos directos y
5734. en concreto de lo que la presente misión se proponía, lo cual
5735. probablemente no
5736. se explica sólo por alguna dificultad para difundir informaciones
5737. internamente, sino por conocimiento insuficiente de las normas
5738. de la OIT y de
5739. sus procedimientos de control y de cooperación. Varias
5740. personas expresaron su
5741. interés en que la OIT los ayude, como sector, o en cooperación
5742. con otros
5743. sectores, para estudiar el problema de los despidos colectivos, o
5744. temas de
5745. negociación colectiva, o las orientaciones más adecuadas para
5746. un sistema de
5747. relaciones profesionales.
5748. El interés general manifestado por la capacitación en temas
5749. sindicales y de
5750. relaciones laborales debería encontrar amplia acogida en la
5751. Oficina de la OIT
5752. para América Central y Panamá y en el Equipo de Trabajo
5753. Multidisciplinario. Es
5754. de esperar que en un futuro próximo ese interés encuentre
5755. cauce en acciones
5756. concretas.
5757. En una especie de síntesis de las tres vertientes en las cuales
5758. podría ser
5759. orientada la acción de la OIT en Guatemala, con miras a
5760. superar los problemas
5761. que originaron las quejas y aun en una perspectiva mucho más
5762. extensa, y muy
5763. significativa, los interlocutores sociales mostraron mucho interés
5764. en la
5765. creación, con la cooperación de la OIT, de un centro de
5766. documentación laboral
5767. y social; y expresaron la esperanza de que ese centro de
5768. documentación se
5769. convierta también en un centro de encuentro y de intercambio.
5770. Sería un
5771. excelente recuerdo de una obra común para superar problemas
5772. dolorosos y para
5773. construir un futuro promisor.
5774. A justo título los interlocutores sociales esperan una acción
5775. positiva y
5776. constructiva de la OIT para su país, en las materias
5777. relacionadas con las
5778. quejas contra la libertad sindical. Personalmente quiero dar
5779. testimonio de la
5780. inmensa tarea que algunos de sus funcionarios han cumplido
5781. para que esta
5782. misión se desarrollara en las mejores condiciones, incluido el
5783. personal que en
5784. forma anónima y callada ha trabajado para hacer posible el
5785. resultado final. A
5786. unos y otros quiero expresar mi profunda gratitud.
5787. En particular deseo mencionar al Sr. Ian Chambers, Director de
5788. la Oficina para
5789. América Central y Panamá, y a algunos de sus colaboradores: el
5790. Sr. Camilo
5791. Vásquez, Director Adjunto, la Sra. Maritza Carranza y la Sra.
5792. Lizbeth Calvo.
5793. La hospitalidad del Sr. Chambers, su conocimiento de la
5794. situación de
5795. Guatemala, su disposición para cooperar con ese país y su
5796. decidido apoyo a la
5797. misión de contactos directos, expresado en decisiones
5798. concretas y oportunas,
5799. comunicaron a la misión una sensación de confianza y de
5800. seguridad
5801. invalorables.
5802. Agradezco al Sr. Helmutt Wittelsburger, Director del Equipo de
5803. Trabajo
5804. Multidisciplinario de San José y muy especialmente a la Srta.
5805. Gerardina
5806. González y al Sr. Agustín Muñoz, miembros del Equipo, su
5807. disponibilidad y sus
5808. muy atinados aportes.
5809. Al Jefe del Servicio de Libertad Sindical, Sr. Bernard Gernigon y
5810. a la Srta.
5811. Adriana Pineda les estoy profundamente reconocido por todo el
5812. apoyo documental
5813. e informativo que me dieron en la preparación de la misión, y por
5814. su
5815. confianza.
5816. Debo un reconocimiento muy especial para mis compañeros de
5817. misión, los Sres.
5818. Alberto Odero de Dios, del Servicio de Libertad Sindical y
5819. Germán López
5820. Morales, miembro del Equipo de Trabajo Multidisciplinario de
5821. San José. El Sr.
5822. Odero de Dios ha dado una contribución fundamental en este
5823. trabajo colectivo,
5824. con la preparación de la documentación de base y su valiosa y
5825. muy calificada
5826. experiencia a lo largo de la misión. El Sr. López Morales realizó
5827. una
5828. importante misión preparatoria y fue un gran colaborador durante
5829. los contactos
5830. directos. Con ambos tuve la impresión de estar integrando un
5831. verdadero equipo
5832. de trabajo.
5833. San Antonio de los Altos, 14 de marzo de 1995. Enrique
5834. Marín
5835. Anexo
5836. Lista de personas entrevistadas
5837. Poder Ejecutivo
5838. Excmo. Sr. Ramiro de León Carpio, Presidente de la República
5839. Excma. Sra. Gladys Annabella Morfín, Ministra de Trabajo y
5840. Previsión Social
5841. Sra. Carmen López Cáceres, Viceministra de Trabajo
5842. Sr. Fernando Rivera, Viceministro de Trabajo
5843. Sr. Víctor Manuel Patres Rojas, Viceministro de Seguridad
5844. (Ministerio de
5845. Gobernación)
5846. Sr. Roberto Cruz, Director General de Trabajo
5847. Sr. Mariano Santizo Díaz, Director de Asuntos Internacionales
5848. (Ministerio de
5849. Trabajo)
5850. Sr. Mario Montenegro, Asesor de la Ministra de Trabajo
5851. Sra. Gloria Ramírez de Rodríguez, Subdirectora General de
5852. Trabajo
5853. Sra. Malvina Beatriz Armas, funcionaria del Ministerio de Trabajo
5854. Sra. Ana Mendoza de Rivera, funcionaria del Ministerio de
5855. Trabajo
5856. Sra. Norma Jiménez de Bonilla, funcionaria del Ministerio de
5857. Trabajo
5858. Procuraduría General de la Nación
5859. Excmo. Sr. Acisclo Valladares, Procurador General de la Nación
5860. Procuraduría de los Derechos Humanos
5861. Excmo. Sr. Jorge Mario García Laguardia, Procurador de los
5862. Derechos Humanos
5863. Sr. Ricardo Alvarado Ortigoza, Procurador Adjunto
5864. Sr. Roderico Segura Trujillo, Coordinador General de Asesores
5865. Sr. Víctor Hugo Godoy, Asesor
5866. Comisión Presidencial de Derechos Humanos
5867. Excmo. Sr. Vicente Arranz Sanz, Presidente
5868. Sr. Aníbal Menchú Gramajo, Subdirector
5869. Poder Judicial
5870. Excmo. Sr. Oscar Barrios Castillo, Presidente del Organismo
5871. Judicial y de la
5872. Corte Suprema de Justicia
5873. Sr. Oscar Najarro Ponce, Magistrado Vocal Cuarto de la Corte
5874. Suprema de
5875. Justicia
5876. Sr. Angel Alfredo Figueroa, Vocal Sexto de la Corte Suprema de
5877. Justicia
5878. Sra. Astrid Jeannette Lemus, Magistrada Vocal Noveno de la
5879. Corte Suprema de
5880. Justicia
5881. Ministerio Público
5882. Excmo. Sr. Ramsés Cuestas Gómez, Fiscal General de la
5883. República y Jefe del
5884. Ministerio Público
5885. Sr. Víctor Manuel Rivas, Secretario Privado del Fiscal General
5886. de la República
5887. Sr. Stefan Hartleben, Jefe de la Unidad de Derechos Humanos
5888. del Ministerio
5889. Público
5890. Sr. Francisco Antonio Monterroso, Encargado de la Unidad de
5891. Derechos Humanos
5892. del Ministerio Público
5893. Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales,
5894. Industriales y
5895. Financieras (CACIF)
5896. Sr. Roberto Ardón, Director Ejecutivo de CACIF
5897. Sr. Adolfo Menéndez Castejón, Director de CACIF
5898. Sr. Humberto Preti, Presidente de la Cámara del Agro
5899. Sr. Luis Alberto Reyes Mayén, Coordinador de la Comisión de
5900. Asuntos Laborales
5901. Sr. Carlos Arias Masselli, miembro de la Comisión de Asuntos
5902. Laborales
5903. Sra. Fanny de Estrada, Gerente Gremial de Exportadores
5904. (Cámara de Industrias)
5905. Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG)
5906. Sr. José E. Pinzón, Secretario General
5907. Sr. Rigoberto Dueñas Morales, Secretario de Organización
5908. Sr. Rafael González, Secretario de Economía Informal
5909. Sr. Manuel Pablo Quino, Secretario de Organización de
5910. FEDECAMPO
5911. Central de Trabajadores del Campo (CTC)
5912. Sr. Carlos Alvarez, Secretario General
5913. Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG)
5914. Sr. Juan Francisco Alfaro, Secretario General
5915. Sr. Everildo Revolorio Torres, Secretario de Finanzas
5916. Sr. Oswaldo Rey, dirigente sindical de STRAZOO
5917. Sr. Wilfredo Dimas, dirigente sindical de STRAZOO
5918. Sr. Rogelio Hernández, dirigente sindical de STRAZOO
5919. Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA)
5920. Sr. Julio Coj, coordinador de la Comisión de Relaciones
5921. Internacionales
5922. Sr. Marco Vinicio Hernández, coordinador de la Comisión de
5923. Formación
5924. Sr. Guillermo Maldonado, asesor de la Oficina Jurídica
5925. Sr. Oscar Gerardo Alvarez, subcoordinador de la Comisión de
5926. Asesoría Jurídica
5927. Federación Sindical de Empleados Bancarios y de Seguros
5928. (FESEBS)
5929. Sr. Saúl Octavio Martínez, Secretario General
5930. Sr. Reynaldo González, Secretario de Cooperativas
5931. Sr. Alejandro Aguirre, miembro del Consejo Consultivo
5932. Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA)
5933. Sr. Leonardo Franco, Jefe de la Misión
5934. Sra. Leida Lima, Encargada de la Oficina Regional de la Zona
5935. Central
5936. Sr. Alejandro Arnusio, funcionario de MINUGUA
5937. Sr. Hugo Lorenzo, funcionario de MINUGUA