Interim Report - Report No 316, June 1999

Case No 2010 (Ecuador) - Complaint date: 02-FEB-99 - Closed

1. 448. La queja figura en una comunicación de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) de fecha 2 de febrero de 1999. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de 15, 23, 25 de marzo, 20 de abril y 13 de mayo de 1999.
2. 449. Ecuador ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), así como el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Alegatos del querellante

1. 450. En su comunicación de 2 de febrero de 1999, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) señala que ha sido informada de la desaparición y posterior asesinato del Sr. Saúl Cañar Pauta, secretario nacional de asuntos poblacionales y juventudes de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Clasistas Unitarias de Trabajadores (CEDOCUT).
2. 451. Según la CIOSL, el Sr. Cañar Pauta desapareció el 26 de noviembre de 1998 en un barrio al Sur de la ciudad de Quito después de ser detenido por ocho hombres no identificados que se movilizaban en dos jeeps marca Toyota, de color azul, idénticos a los vehículos utilizados por el Ejército Nacional. Estos hombres, que entre ellos se llamaban por su grado militar, lo relacionaron equivocadamente con el Grupo de Combatientes Populares (GCP), según la denuncia formulada el 1.o de diciembre de 1998 por el presidente de la CEDOCUT, en la que exigía a las autoridades una investigación exhaustiva que permitiera la aparición con vida del Sr. Cañar y el cese de la actuación de escuadrones de la muerte contra sindicalistas y dirigentes sindicales.
3. 452. La CIOSL añade que el 7 de diciembre se encontró en Latacunga (a 100 km de Quito, en un puente que cruza el río Yanayacu) el cadáver sin vida del Sr. Cañar con evidentes signos de tortura, con las manos atadas a la espalda, parte de su cuerpo incinerado y señales de haber sido ahogado. Su muerte y las circunstancias en las que ocurrió manifiestan señales alarmantes de lo que podría significar una grave descomposición política y social en el Ecuador ya que además de este crimen, desde el inicio del mandato de la actual administración se vienen observando señales de un preocupante autoritarismo frente al descontento social y a la legítima respuesta de las organizaciones sociales ecuatorianas para expresar su desacuerdo con las medidas económicas dictadas por el nuevo régimen.
4. 453. En este sentido, la CIOSL señala que durante las manifestaciones, acciones de protesta y la huelga general de 1.o de octubre de 1998, decretadas por el movimiento sindical en general a nivel nacional, fueron detenidos alrededor de 300 trabajadores (liberados posteriormente) y hubo varios heridos y tres muertos, fruto de la brutal represión impuesta por la Policía Nacional y el Ejército, los mismos que por otra parte, militarizaron las comunidades indígenas y las principales ciudades del país. A continuación de la huelga de octubre, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Libres (CEOSL) denunció una campaña de desprestigio y amedrentamiento contra su presidente, José Chávez Chávez, quien fue amenazado de ser enjuiciado por la Ministra de Gobierno por declaraciones de aquél a la prensa la víspera del paro nacional.
5. 454. Por otra parte, la CEOSL indica que, según la revista "Caretas", publicada en Colombia, Carlos Castaño, el famoso jefe de los paramilitares colombianos se ufanaba en una entrevista que le hicieron, de haber entrenado en prácticas de combate a 38 ecuatorianos con el objetivo aparente de propulsar una ofensiva contra los militantes sociales.

B. Respuesta del Gobierno

1. 455. En sus comunicaciones de 15, 23, 25 de marzo y 13 de mayo de 1999, el Gobierno declara que debido a la importancia que presta a la vigencia de los derechos humanos, agradece la comunicación enviada en la que se le hace conocer la preocupación que la muerte del Sr. Saúl Cañar Pauta ha provocado en el seno de varias organizaciones internacionales. Al respecto, el Gobierno informa que se ha procedido de manera inmediata a encargar a la Policía Judicial -- dirigida por el Fiscal Octavo de lo Penal de Pichincha -- la investigación exhaustiva del caso cuyo informe preliminar está listo y ha sido enviado al Juez Segundo de lo Penal del Cotopaxi (el Gobierno lo envía en anexo). Por su parte la sociedad civil conformó una comisión especial denominada por la "Paz y la Vida", integrada por representantes de las organizaciones de derechos humanos y de trabajadores, Defensoría del Pueblo y de la sociedad civil, quienes a su vez realizan una investigación de sus fuentes (el Gobierno adjunta un informe preliminar de esta comisión). Asimismo, la Ministra de Gobierno se ha preocupado de establecer un diálogo con esta comisión para poder confrontar con la mayor objetividad posible el resultado de las diferentes fuentes investigadoras con el fin de esclarecer una sola verdad.
2. 456. El Gobierno señala que la conclusión más relevante de la comisión de la sociedad civil, es que está definitivamente descartada la posibilidad de que se trate de un crimen de Estado (descartándose totalmente la responsabilidad o injerencia del Estado y del Gobierno), lo cual para el Gobierno es fundamental darlo a conocer a las instituciones que se han interesado en este caso. Esta muerte no tiene relación con el Estado ecuatoriano y es decisión del Gobierno continuar con las investigaciones con el objeto de establecer la identificación, localización, captura de los autores, cómplices y encubridores de este delito, y que se sancione a los culpables. Asimismo, el Gobierno rechaza las insinuaciones o aseveraciones del querellante poniendo en duda el orden legalmente constituido en el Estado ecuatoriano y las califica de gravemente irresponsables y sin fundamento y subraya que los falsos testigos y los presupuestos antojadizos postulados por ciertas organizaciones sindicales nacionales al origen de la presente queja, no pasaron, en las investigaciones formales realizadas, el más mínimo índice de veracidad. Según el Gobierno, los dirigentes sindicales nacionales no dieron informaciones durante la investigación sobre los probables autores del crimen.
3. 457. El Gobierno indica que está actuando con gran transparencia, pues su intención es velar por el respeto de los derechos humanos en Ecuador conforme a los convenios internacionales firmados por Ecuador y envía la documentación sobre las actuaciones realizadas durante la investigación.
4. 458. En su comunicación de 20 de abril de 1999, el Gobierno declara que el 1.o de octubre de 1998, se dio el paro nacional convocado por varios frentes sociales del país, en reclamo y oposición a las medidas de ajuste económico tomadas por el Ejecutivo, dando como resultado violentos actos, con vandalismo, saqueos y agresiones contra personas que no participaban en tales reclamos. Los detenidos como consecuencia del paro nacional, no llegan a 300, como en la denuncia se expresa, y muy por el contrario, están por debajo del centenar en todo el país y son las personas que instigaban para el cometimiento de hechos vandálicos, como destrucción de automotores, robo de pertenencias a los transeúntes que no participaron en el paro, saqueo a negocios de variado tipo, destrucción de propiedades públicas y privadas. Los detenidos (que no eran afiliados sindicales ni trabajadores) fueron liberados sin problemas. Todas estas detenciones se dieron con el afán de que las protestas no degeneren más.
5. 459. El Gobierno añade que en la provincia de Guayaquil, en la ciudadela Trinitaria fallece el Sr. Jorge Aníbal Mena. En esta ciudadela tuvo lugar la mayor cantidad de violencia social de personas armadas con todo tipo de objetos, todos ellos habitantes del sector, sin filiación gremial o sindical, y en calidad de reclamantes espontáneos, que terminaron en actos de gran violencia y saqueo, donde la policía y los militares participaron sólo para disipar los atentados a la propiedad pública y privada. En estas condiciones una bala perdida hirió al Sr. Mena, lo que posteriormente le causó la muerte; la lamentable muerte se dio cuando este señor entraba a su vivienda en la misma Trinitaria; como su familia lo manifiesta, no participaba en el paro, y fue un lamentable accidente sin culpable singular. En la ciudad de Esmeraldas murió el Sr. Javier Bone, que no pertenecía a ningún gremio de trabajadores o sindicatos, y circunstancialmente fue herido y a causa de esto muerto, en medio de violentos actos de protesta; al mismo tiempo se saqueaba un banco de la localidad y se apedreaba a una iglesia, desvirtuando el verdadero sentido de la protesta; esta muerte, responde a la casualidad del momento, por una bala perdida, en estos actos de violencia generalizada. Un tercer muerto se dio en la ciudad de Manabí, a causa de la confiscación de una granada a uno de los manifestantes, produciéndose la muerte del policía José Bowen Menéndez, por lo que debe verse que la violencia fue generalizada y sería inútil en aquel entorno de caos culpar a gremios o al Gobierno de estos lamentables accidentes. El Gobierno concluye señalando que el estado de conmoción y de caos no fue generado por la fuerza pública ni tampoco reprimido; sólo fue controlado de forma moderada para garantizar la seguridad de las personas y la protección de bienes públicos y privados (el Gobierno adjunta recortes de prensa de diversos medios para probar sus declaraciones).

C. Conclusiones del Comité

1. 460. El Comité observa con preocupación que en la presente queja la organización querellante ha alegado: 1) la desaparición y posterior asesinato del Sr. Saúl Cañar Pauta, dirigente sindical de CEDOCUT; 2) la detención de 300 trabajadores (liberados posteriormente), las lesiones de varios y tres muertes como consecuencia de la represión de la policía y del ejército durante las acciones de protesta y la huelga general del 1.o de octubre de 1998; 3) la campaña de desprestigio y amedrentamiento contra el presidente de la CEOSL, amenazado de ser enjuiciado por la Ministra de Gobierno a causa de sus declaraciones a la prensa nacional la víspera de la mencionada huelga, y 4) el entrenamiento de 38 ecuatorianos en prácticas de combate por un conocido jefe paramilitar colombiano con el objetivo de propulsar una ofensiva contra los militantes sociales, según informa una revista.
2. 461. El Comité deplora profundamente el asesinato del dirigente sindical Sr. Saúl Cañar Pauta, cuyo cadáver habría aparecido con señales de tortura. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales: 1) la Policía Judicial ha realizado una investigación exhaustiva (cuyo informe ha sido sometido a la autoridad judicial) y se ha realizado otra paralela por una comisión especial de la sociedad civil denominada "Paz y la Vida";que ha descartado definitivamente la posibilidad de que se trate de un crimen de Estado y la responsabilidad del Gobierno; 2) es decisión del Gobierno identificar, capturar y sancionar a los autores, cómplices y encubridores de este delito. El Comité pide al Gobierno que haga todo lo necesario para que la investigación concluya rápidamente. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la evolución de las investigaciones judiciales y confía en que permitirán que pronto se identifique y se sancione a los culpables del asesinato.
3. 462. En cuanto a los alegatos relativos a la detención de 300 trabajadores (liberados posteriormente), las lesiones de varios y tres muertes como consecuencia de la represión de la policía y del ejército durante las acciones de protesta y la huelga general del 1.o de octubre de 1998, el Comité toma nota que según el Gobierno: 1) las detenciones no llegaron al centenar y no fueron de afiliados sindicales ni trabajadores sino de personas que realizaron hechos delictivos (robos, destrucciones de bienes, etc.); 2) los detenidos fueron puestos en libertad; 3) de las tres personas muertas, una no participaba en el paro, otra no era trabajador y recibió al igual que la primera una bala perdida y el tercero murió a causa de la confiscación de una granada a uno de los manifestantes, produciéndose también la muerte de un policía. El Comité deplora profundamente los actos de violencia y las muertes que se produjeron en las manifestaciones y pide al Gobierno que se asegure de que se inicien investigaciones judiciales y que le comunique el texto de las sentencias que se pronuncien sobre estas muertes.
4. 463. El Comité lamenta observar que el Gobierno no ha respondido a los demás alegatos presentados por la organización querellante: 1) la campaña de desprestigio y amedrentamiento contra el presidente de la CEOSL, amenazado de ser enjuiciado por la Ministra de Gobierno a causa de sus declaraciones a la prensa nacional la víspera de la mencionada huelga, y 2) el entrenamiento de 38 ecuatorianos en prácticas de combate por un conocido jefe paramilitar colombiano con el objetivo de propulsar una ofensiva contra los militantes sociales, según informa una revista. El Comité insta al Gobierno a que envíe de inmediato sus observaciones sobre estos alegatos.

Recomendación del Comité

1. 464. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe la recomendación siguiente:
   • a) deplorando profundamente el asesinato del dirigente sindical, Sr. Saúl Cañar Pauta, el Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de la evolución de las investigaciones judiciales y confía en que pronto se identifique y se sancione a los culpables del asesinato;
   • b) el Comité pide al Gobierno que se asegure de que se inicien investigaciones judiciales y que le comunique el texto de las sentencias que se pronuncien sobre las muertes ocurridas en las manifestaciones del 1.o de octubre de 1998, y
   • c) el Comité insta al Gobierno a que de inmediato comunique sus observaciones sobre los alegatos a los que no ha respondido, a saber: 1) la campaña de desprestigio y amedrentamiento contra el presidente de la CEOSL, amenazado de ser enjuiciado por la Ministra de Gobierno a causa de sus declaraciones a la prensa nacional la víspera de la mencionada huelga, y 2) el entrenamiento de 38 ecuatorianos en prácticas de combate por un conocido jefe paramilitar colombiano con el objetivo de propulsar una ofensiva contra los militantes sociales, según informa una revista.