Interim Report - Report No 353, March 2009

Case No 2254 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 17-MAR-03 - Active

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INTRODUCTION
A. Examen anterior del caso
C. Conclusiones del Comité
Recomendación del Comité

1360. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de junio de 2008 y presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 350.º informe, párrafos 1589-1678, aprobado por el Consejo de Administración en su 302.ª reunión (junio de 2008)].
1361. Posteriormente, el Gobierno envió nuevas observaciones por comunicaciones de fechas 10 de junio y 17 de octubre de 2008.
1362. La República Bolivariana de Venezuela ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), así como el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Examen anterior del caso

1363. En su reunión de junio de 2008, el Comité consideró necesario llamar la atención del Consejo de Administración sobre este caso, habida cuenta de la extrema gravedad y urgencia de las cuestiones planteadas y formuló las recomendaciones siguientes sobre las cuestiones en instancia [véase 350.º informe, párrafos 4 y 1678]:
a) el Comité insta nuevamente al Gobierno a que ponga en marcha en el país una comisión nacional mixta de alto nivel asistida por la OIT, que examine todos y cada uno de los alegatos y cuestiones en instancia de manera que mediante el diálogo directo se puedan resolver los problemas. El Comité espera firmemente que el Gobierno no pospondrá de nuevo la adopción de las medidas necesarias y urge al Gobierno a que le informe al respecto;
b) en cuanto a los alegatos de violencia e intimidación contra las organizaciones de empleadores y sus dirigentes, el Comité llama la atención sobre la gravedad de los alegatos de la OIE y debe expresar su profunda preocupación. El Comité deplora que meses después de los ataques o atentados contra la sede de FEDECAMARAS y los considerables daños producidos, el Gobierno no haya comunicado resultados en el sentido de indicar el nombre de los culpables de los ataques a la sede de FEDECAMARAS, así como que indirectamente ponga en duda los ataques de mayo y noviembre de 2007 y febrero de 2008, ni esclarezca la alegada implicación de personas o grupos próximos a esferas del régimen;
c) dado que la situación actual es incompatible con las exigencias del Convenio núm. 87, el Comité pide una vez más al Gobierno que garantice de manera efectiva la seguridad de la sede de FEDECAMARAS y de sus dirigentes y que tome medidas para intensificar las investigaciones sobre el atentado con bomba del 28 de febrero de 2008 en la sede de FEDECAMARAS y para — si no se ha hecho — denunciar ante las autoridades competentes los ataques a la sede de FEDECAMARAS de mayo y noviembre de 2007, a efectos de que se esclarezcan los hechos, se procese a los autores y se les sancione severamente de manera que estos hechos delictivos no se repitan. El Comité insta al Gobierno a que le informe al respecto;
d) en cuanto a los alegatos de violaciones a la propiedad privada contra numerosos líderes empresariales en el sector del agro y la ganadería, víctimas de invasiones, confiscaciones de tierras o expropiaciones sin justa compensación, frecuentemente a pesar de decisiones de la autoridad judicial para la restitución de tierras a sus propietarios, el Comité pide una vez más al Gobierno que responda de manera precisa a los alegatos concretos de la OIE incluidos los relativos a las medidas contra los dirigentes empleadores Mario José Oropeza, Luis Bernardo Meléndez, y los graves alegatos relativos al secuestro de tres productores azucareros en 2006 y a la muerte de seis productores por causa de agresión;
e) en cuanto al alegado acoso a dirigentes empresariales a través de discursos hostiles del Presidente de la República en los que se descalifica y desprecia a los dirigentes empleadores y se amenaza con la confiscación de propiedades por supuestas razones de interés social, el Comité pide una vez más al Gobierno que facilite sin demora sus observaciones al respecto;
f) dada la gravedad de los diferentes alegatos mencionados que configuran un clima de intimidación de dirigentes de organizaciones de empleadores y sus afiliados, el Comité destaca su preocupación y subraya que la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, y que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, e incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio;
g) el Comité recuerda una vez más que el derecho de las organizaciones de trabajadores y de empleadores de expresar sus opiniones a través de la prensa o en otro medio de comunicación social es uno de los elementos fundamentales de los derechos sindicales y que las autoridades deberían abstenerse de obstaculizar indebidamente su ejercicio legal, así como garantizar plenamente el derecho de expresión en general y el de las organizaciones de empleadores. El Comité pide al Gobierno que garantice el respeto de este principio en particular respecto a los medios de comunicación utilizados por FEDECAMARAS. El Comité pide también al Gobierno que garantice a través de la existencia de medios de expresión independientes el libre flujo de ideas, que es esencial para la vida y el bienestar de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como que las autoridades no amenacen o intimiden a las empresas de comunicación;
h) el Comité pide al Gobierno que envíe información sobre la prohibición de salida del país a 15 dirigentes empresariales así como que se deje sin efecto la orden de captura del ex presidente de FEDECAMARAS Sr. Carlos Fernández de manera que pueda regresar al país sin temer represalias;
i) el Comité espera firmemente que se constituya una mesa de diálogo social de conformidad con los principios de la OIT, que tenga composición tripartita y respete debidamente en su composición la representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto y le invita a que solicite la asistencia técnica de la OIT. El Comité le pide una vez más que convoque la comisión tripartita en materia de salarios mínimos prevista en la Ley Orgánica del Trabajo;
j) observando que todavía no existen órganos estructurados de diálogo social tripartito, el Comité subraya una vez más la importancia que debe atribuirse a la celebración de consultas francas y sin trabas sobre cualquier cuestión o legislación proyectada que afecte a los derechos sindicales y que es esencial que, cuando se introduzca un proyecto de legislación que afecte la negociación colectiva o las condiciones de empleo, se proceda antes a consultas detalladas con las organizaciones independientes de trabajadores y de empleadores más representativas. El Comité pide nuevamente al Gobierno que le siga informando de las consultas bipartitas y tripartitas con FEDECAMARAS que se produzcan y de toda negociación o acuerdo con esta central o sus estructuras regionales enviando los textos correspondientes. El Comité pide también al Gobierno que toda legislación que se adopte en temas laborales, sociales y económicos en el marco de la Ley Habilitante sea objeto previamente de verdaderas consultas en profundidad con las organizaciones independientes de empleadores y de trabajadores más representativas, haciendo suficientes esfuerzos para poder llegar en la medida de lo posible a soluciones compartidas;
k) el Comité debe reiterar las recomendaciones de su reunión de noviembre de 2007 y en particular su pedido de información a la OIE y su pedido de acción al Gobierno en el sentido de examinar directamente con FEDECAMARAS mecanismos que aseguren que la certificación de «solvencia laboral» se otorgue con suficientes garantías de imparcialidad. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto;
l) el Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno negando injerencia alguna en la Confederación de Empresarios Socialistas de Venezuela (CONSEVEN), pero observa que no responden con precisión a los alegatos de la OIE que apuntan a la presencia en la Confederación de Empresarios Socialistas de Venezuela (CONSEVEN) de dos destacados cargos gubernamentales, inclusive con responsabilidades aduaneras y tributarias, así como de trato preferente a la organización de empleadores FEDEINDUSTRIA (privilegios para obtener divisas) a diferencia de las de empresas independientes. El Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre estos alegatos y reitera la importancia de que el Gobierno adopte una actitud neutral en el trato y relaciones con todas las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y que examine todos los puntos mencionados de potencial discriminación contra empleadores u organizaciones de FEDECAMARAS, así como que le informe al respecto, incluido lo relativo a la tramitación del proyecto de ley relativo a la cooperación internacional, en cuya redacción definitiva espera que se prevean recursos rápidos en caso de discriminación;
m) en cuanto a los alegatos de la OIE sobre las empresas de producción social, con privilegios otorgados por el Estado, el Comité invita de nuevo a la OIE a que facilite nuevas informaciones y precisiones sobre estos alegatos, y pide al Gobierno que asegure una actitud neutral en el trato y relaciones con todas las organizaciones de empleadores y sus afiliados, y
n) el Comité toma nota de los alegatos de la OIE según los cuales la reciente ley orgánica de creación de la Comisión Central de Planificación restringe severamente los derechos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y pide al Gobierno que responda a estos alegatos.
B. Nuevas observaciones del Gobierno
1364. En su comunicación de fecha 10 de junio de 2008, el Gobierno declara en torno a la Sra. Albis Muñoz, dirigente de FEDECAMARAS, que el Juzgado núm. 25.º de Primera Instancia en funciones de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, mediante sentencia de 20 de febrero de 2008, decretó el sobreseimiento de la causa penal que se le seguía por la comisión del delito de rebelión civil, previsto y sancionado en el artículo 143, numeral 2, del Código Penal vigente, en aplicación del decreto con rango y valor de fuerza de Ley Especial de Amnistía, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el núm. 5870 de 31 de diciembre de 2007.
1365. En cuanto al atentado, mediante un explosivo de fabricación casera, en perjuicio de la sede de FEDECAMARAS, el Gobierno informa que efectivamente cursa una investigación que se inició de oficio de manera oportuna, a cargo de la Fiscalía General de la República. Dicho caso se instruye por ante la Fiscalía Vigésima del área metropolitana de Caracas, a cargo del Fiscal Harrison González, bajo el núm. de expediente 01F2000120-08 y el Juzgado núm. 34 de Control del área metropolitana. Esta causa se encuentra actualmente en fase de investigación; se han entrevistado diversas personas y se dictaron órdenes de aprehensión a los ciudadanos Sr. Juan Montoya González y Sr. Ivon Burgos; las órdenes de aprehensión fueron consignadas ante la División Nacional de Capturas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, cuya dependencia ya ha practicado varios allanamientos. Los delitos que se le imputan a los presuntos indiciados son: asociación para delinquir y terrorismo.
1366. En su comunicación de fecha 17 de octubre de 2008, el Gobierno manifiesta su desconcierto y gran preocupación al observar el cambio de estatus de la queja, toda vez, que de caso activo ha sido clasificado como caso grave y urgente, sin contar a juicio del Gobierno, con elementos suficientes que justifiquen tal clasificación por parte del Comité. Asimismo, el Gobierno destaca categóricamente que ha remitido respuesta oportuna y suficiente para desestimar los alegatos de los presentantes de este caso, apreciando que no han sido valoradas con la debida ponderación. Dentro de este contexto, reitera el contenido de las comunicaciones enviadas con anterioridad, en especial las de fecha 14 de septiembre de 2007, 29 de febrero, 3 de marzo y 10 de junio de 2008, y solicita en esta oportunidad su justa valoración.
1367. Abordando los alegatos relacionados con la Confederación de Empresarios Socialistas y la supuesta intervención del Gobierno en la constitución y auspicio de la misma, el Gobierno reitera que en el Estado venezolano las ciudadanas y ciudadanos gozan de toda libertad para asociarse con fines lícitos, y el cometido primigenio de sus instituciones es garantizar el ejercicio pleno de este derecho, sin distinción y restricción alguna.
1368. El Gobierno señala con gran preocupación que percibe que de igual modo no han sido atendidas diligentemente las informaciones remitidas por el Gobierno con respecto a la emisión de la solvencia laboral. Dicho procedimiento es uno de los mecanismos que ha empleado el Estado venezolano para garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos laborales y sociales a las trabajadoras y los trabajadores. Es así que para la solicitud de la solvencia laboral se han implementado mecanismos y trámites telemáticos cada vez más simples y expeditos, constituyéndose en un mecanismo mediante el cual el Estado venezolano ajusta las funciones de sus instituciones, tutelando y garantizando el cumplimiento de los derechos laborales y sociales por parte del sector empleador; en particular aquellos que deseen contratar con el Estado.
1369. En relación a la supuesta violación del derecho a la libertad de expresión e información, por el «retiro de la concesión al canal 2, Radio Caracas Televisión (RCTV)», el Gobierno declara que la administración del espectro radioeléctrico corresponde al Estado y es potestad de éste — acatando procedimientos y normativa establecida legalmente —, renovar a no la concesión emitida a los particulares; por tal razón solicita que se desvincule y desestime el alegato fundamentado en la presunta injerencia del Estado en el desarrollo de las actividades propias de los medios de comunicación, ya que no es aceptable la vinculación que se le ha atribuido a un procedimiento administrativo, con el ejercicio de tan importante derecho humano como lo es la libertad de expresión; menos aún, cuando dicha planta televisora continúa prestando sus servicios mediante el mecanismo de suscripción.
1370. Igualmente, el Gobierno envía información relacionada con medidas y políticas económicas, reuniones celebradas con distintos sectores productivos, fomento y activación de las ruedas de negocios, flexibilización en materia cambiaria, incentivos y facilidades para el sector agrícola, y mayor participación del sector privado; todo ello con la finalidad de reforzar los criterios antes expresados y evidenciar la voluntad del Gobierno en el fomento y fortalecimiento de las relaciones y comunicación con los distintos sectores involucrados en el hecho social del trabajo, desde una perspectiva amplia e inclusiva. En particular, el Gobierno comunicó informaciones de la prensa relativas a (se reproducen extractos):
— Anuncio de la asignación de fondos para productores estratégicos:
Caracas, 11 de junio de 2008. En un encuentro con alrededor de quinientos empresarios nacionales realizado esta noche en el Hotel Alba, el Presidente de la República, Hugo Chávez, invitó al sector privado de la economía a establecer una alianza para construir «nuestro socialismo». […]
Medidas económicas. La primera de las medidas anunciadas por Chávez es la creación de un fondo para los sectores productivos estratégicos al que se destinarán 1.000 millones de dólares a ser invertidos, la mitad en lo que resta de 2008, y el resto en 2009. En este sentido hizo un llamado al sector privado a que vayan preparando proyectos en sectores aguas abajo de la producción.
Asimismo informó sobre la eliminación del impuesto de 1,5 por ciento a las transacciones financieras al reconocer que es inflacionario. […]
También anunció una nueva etapa del control cambiario, que implica la exoneración de presentación de requisitos ante CADIVI a aquellas empresas registradas cuyas solicitudes sean iguales o inferiores a 50.000 dólares.
La idea de esta medida — destacó — es proporcionar mayor rapidez a las importaciones de bienes de capital (maquinarias, piezas, repuestos e insumos para la producción).
El Presidente comunicó también sobre la reactivación de las ruedas de negocios, figura que consideró cumplió un papel «muy importante en años pasados». Asimismo, señaló que reimpulsará el programa Fábrica Adentro, en el que ya están incorporadas más de 1.000 empresas venezolanas y se reactivará el plan excepcional de compras del Estado. También se conformará una red de empresas de producción social que según espera Chávez, están conectadas con el sector privado.
En agricultura, informó sobre diversas iniciativas para proporcionarles solidez a los productores del campo. En primer lugar, un plan de apoyo denominado Cosecha Segura que supone la ampliación del subsidio agrícola; el establecimiento de un precio mínimo de referencia para la soya y el girasol; el Plan Deuda Cero para condonar la deuda a un total de 25.149 pequeños productores, quienes habían recibido recursos de la Corporación Venezolana de Petróleo para el Plan Especial de Siembra 2004 en los rubros de arroz, maíz y café y que perdieron la capacidad de pago; la creación de una ley de alivio de deuda a productores con dificultad de pagar a la banca privada o pública y el Plan Café Segunda Etapa, que implica el subsidio al productor primario, mas no el aumento de los precios de este alimento.
— Opinión de Luis Medina, presidente de FEDECAMARAS, sobre las políticas económicas del Gobierno, relacionadas con la invitación que hiciere el Presidente de la República a los empresarios venezolanos de crear una alianza estratégica nacional productiva:
El 12 de junio de 2008, el presidente de FEDECAMARS, en el estado Anzoátegui, Luis Medina, calificó de positivas las medidas económicas anunciadas por el Presidente de la República, Hugo Chávez, este miércoles, entre las que destaca la flexibilización del control cambiario, la eliminación del impuesto de las transacciones financieras y la creación de un fondo de 1.000 millones de dólares para la inversión.
«No puede dejar de alegrarnos que el Presidente de la República haya hecho estos anuncios tan positivos porque somos empresarios que queremos fortalecer la producción nacional», expresó Medina.
El presidente de FEDECAMARAS en Anzoátegui aplaudió la invitación del Jefe del Estado, Hugo Chávez, a los empresarios venezolanos de crear una alianza estratégica nacional productiva para enfrentar la inflación, al tiempo que sugirió realizar mesas de diálogo con el sector productivo en cada región.
«Cualquier medida de éstas nos beneficia y nos ayuda a todos», concluyó,
— Medidas económicas dictadas por parte del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela:
Hugo Chávez, Presidente de Venezuela, anunció nuevas medidas económicas que buscan convertir a Venezuela en una «potencia mediana» a largo plazo mientras que a corto plazo se busca revertir el estancamiento de la economía y reducir la inflación.
En la reunión estaban presentes ministros del gabinete ejecutivo, presidente de empresas estatales y representantes del sector privado como Lorenzo Mendoza de Empresas Polar, Oswaldo Cisneros de Digitel y Juan Carlos Escotet de Banesco a quienes el Presidente se dirigió en varias oportunidades con elocuencias propias de su discurso.
En resumen las medidas anunciadas para darle impulso a la economía venezolana son las siguientes:
Política industrial
— Creación de un programa para el fomento productivo industrial con un fondo de desarrollo para los sectores productivos para el cual se destinarán 1.000 millones de dólares que se destinarán a nuevos proyectos de inversión del sector privado, específicamente en sectores estratégicos para el país, como alimentación, vivienda, energía y manufactura.
— Reactivación de las ruedas de negocios o inversión.
— Reimpulso del programa Fábrica Adentro en su tercera etapa para conformar empresas mixtas entre el Estado y el sector privado del país.
— Renovación del Plan de Compras del Estado que busca convocar a los medios productivos del país a suplir las necesidades de bienes y servicios del Estado.
— Conformación de redes de empresas de capital social que no estén desconectadas de las redes de empresas privadas.
Política agrícola
— Para dar solidez y seguridad a los productores del campo se crea un plan de apoyo llamado Cosecha Segura mediante la ampliación de los subsidios que garantizará a los productores la eliminación de pérdidas antes de la cosecha dadas por incrementos en los costos de producción. También se establece un precio mínimo de referencia para la soya (Bs. 1,38 por kilo) y el girasol (Bs. 2,10 por kilo) para mejorar la calidad de vida de más de 5.000 productores de estos rubros.
— Deuda cero. Se condona la deuda de los más de 25.000 pequeños productores en los rubros de maíz, arroz, y café que recibieron créditos de FONDAFA.
— Plan de alivio de deuda para los productores que tienen dificultades para pagar créditos agrícolas a la banca privada a través del refinanciamiento que busca elevar la producción nacional.
— Plan café, segunda etapa, el cual incrementa el subsidio al productor primario pero sin dejar de regular los precios de este rubro.
Política cambiaria
— Se anuncia una nueva etapa en el control de cambio. Se decide liberar, para las empresas que para este momento tengan solicitudes iguales o inferiores a 50.000 dólares para la importación de bienes de capital o insumos, de la presentación de documentación requerida por CADIVI para liquidar las divisas con la idea de flexibilizar la asignación de dólares en estos rubros y reducir los tiempos de respuestas a 48 horas para autorizar la solicitud y 72 horas para liquidarla.
Por último, el Presidente Hugo Chávez anunció la eliminación del Impuesto de las Transacciones Financieras. Pidió eficiencia en la inversión, buscar el ahorro y acabar con del despilfarro. En la reunión no se anunciaron medidas para bajar las tasas de interés.
— Anuncios del Vicepresidente Ejecutivo de la República, mediante los cuales manifestó su intención de mantener un diálogo abierto con los productores agrícolas:
El 16 de octubre de 2008, el Vicepresidente Ejecutivo, Ramón Carrizález, aseguró que en el país hay pleno abastecimiento de todos los rubros alimenticios, luego de la reunión sostenida este jueves, con representantes del sector productivo de alimentos en la sede de la Vicepresidencia de la República.
Ramón Carrizález enfatizó la intención de mantener un diálogo abierto con los productores de alimentos, y consideró conveniente repasar los logros conseguidos a lo largo del año, «como el haber acortado y eliminado trámites, facilidades de acceso a las divisas para la importación y, sobre todo, apoyo a la producción nacional».
Informó que como estrategia para asegurar el abastecimiento de alimentos al pueblo «durante los últimos meses se ha estado constituyendo una reserva de alimentos para garantizar la contingencia».
Asimismo, resaltó la labor del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) en materia de seguimiento y control a toda la cadena alimenticia, asegurando que el usuario final, el consumidor, pueda tener acceso a los alimentos.
Finalmente, mencionó que con la atención prestada al tema de la seguridad alimentaria «queremos llevarle tranquilidad a la gente».
El Gobierno exonera cerca del 4 por ciento de los aranceles para importación de ganado
Gustavo Llamozas, asistente a la reunión en representación del Consejo Venezolano de la Carne (Convecarnes) aseguró que no existe desabastecimiento de este producto y que en todo caso, el problema se reduce a algunos cortes específicos, según refiere, debido a que éstos no están «disponibles en el volumen que se quisiera por los procesos de regulación, ya que no son tan rentables para el detallista y probablemente se genera algún desfase». Sin embargo, aclaró, que no se discutió en la mesa ningún aumento de precios. Asimismo, manifestó su satisfacción y disposición a seguir colaborando con este tipo de invitaciones donde se discuten abiertamente los problemas que afectan al sector privado. Por su parte, Gonzalo Azuaje, presidente de la Asociación Venezolana de Frigoríficos y Mataderos Industriales (Asofrigo) agregó que en la reunión se evaluaron los niveles de abastecimiento y el cumplimiento de la regulación de precios. Destacó particularmente la exoneración de aranceles de animales importados para cubrir el déficit de producción de ganado vivo para mataderos. «Hoy se nos informó que mañana se publica el decreto donde se exonera cerca de un 4 por ciento de estos aranceles para animales que estamos trayendo específicamente de Brasil.»
Feporcina y PDVAL garantizan pernil para la temporada navideña y para todo el año
El presidente de la Federación Venezolana de Porcicultura (Feporcina), Alberto Cudemus, aseguró que «hay suficiente carne en el país, suficientes perniles par a cubrir no sólo la demanda navideña sino para el futuro también». Cudemus señaló que hay disponibilidad de pernil clásico en la mayoría de los automercados del país y que los precios acordados con el Gobierno Nacional, que se ubican entre 14 y 16 bolívares fuertes el kilo, serán respetados. «Los comerciantes están obligados a respetar estos precios y Feporcina va a acompañar al Indepabis, al Ministerio de Industrias Ligeras y al Ministerio de Agricultura y Tierras para garantizar que así sea.»
Acotó que se están estableciendo acuerdos de presentación y precios con algunos establecimientos que desean el pernil tipo premium.
Explicó que el Ejecutivo Nacional, a través de la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) y la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) importó 2.000 toneladas de pernil «y nosotros hemos apoyado esa decisión para que el Estado pueda satisfacer a una parte del pueblo que requiere ese tipo de atención».
Subrayó que Feporcina también está haciendo ofertas al Gobierno para venderle a Mercal y PDVAL tal y como lo han hecho con el sector privado nacional.
— Exoneración de aranceles para importaciones anunciada mediante un encuentro entre los sectores productivos y el Ejecutivo Nacional:
El 16 de octubre de 2008, el presidente de la Asociación Venezolana de Frigoríficos y Mataderos Industriales (Asofrigo), Gonzalo Azuaje, informó que este viernes se publicará en gaceta oficial el decreto donde se exonera cerca de un 4 por ciento de aranceles para importación de ganado.
La información la obtuvo luego de un encuentro que sostuvieron los sectores productivos con el Ejecutivo Nacional en la Vicepresidencia de la República.
«En la reunión se evaluaron los niveles de abastecimiento y el cumplimiento de la regulación de precios, además, se trató la exoneración de aranceles de animales importados que estamos trayendo de otros países como Brasil para cubrir el déficit de producción de ganado vivo para mataderos», dijo.
Señaló, además, que todos los sectores representados en la reunión garantizaron el abastecimiento del rubro.
«Mensualmente traemos cerca de 25 mil animales importados destinados al sacrificio en los distintos mataderos del país. En la producción nacional estamos cerca de los 80.000 a 100.000 animales, dependiendo del mes», enfatizó Azuaje.
Cabe destacar que al término de la reunión el Vicepresidente de la República, Ramón Carrizales, manifestó que en el país hay suficiente abastecimiento de carne, pernil y cereales.
— FEDEINDUSTRIA declaró que la economía nacional muestra recuperación sistemática:
17 de octubre de 2008. Para el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas industrias y Empresas de Venezuela (FEDEINDUSTRIA), Miguel Pérez Abad, «el país evidencia muestras de un vigor económico muy importante, muestra una recuperación sistemática de la economía nacional, que se observa en el consumo y en el mejoramiento de la calidad de vida. Creo que es un extraordinario momento para la inversión productiva nacional». Estas declaraciones las ofreció el representante empresarial al término de una reunión que sostuvo con el Vicepresidente Ejecutivo, Jorge Rodríguez Gómez, quien lo recibió en su despacho a fin de conversar sobre la actual coyuntura y reactivación económica del país, así como de los planes y proyectos estimados por FEDEINDUSTRIA, entre otros temas de interés nacional e internacional.
Pérez Abad exhortó a los empresarios venezolanos a dar un paso al frente y «arriesgar mucho más de lo que estamos haciendo, porque el Gobierno nacional está ratificando el acompañamiento, el apoyo para el crecimiento económico y social del país».
Comentó que el Vicepresidente Rodríguez ha estado al lado de este sector «tan importante del país, dándonos todo el apoyo político y facilitando lugares de encuentros entre la pequeña y mediana industria».
Por otro lado, mencionó que en el encuentro evaluaron la constitución del Consejo Empresarial Ruso-Venezolano, sobre el cual señaló que FEDEINDUSTRIA deseaba dar su aporte y participar para fortalecer las relaciones comerciales, industriales y de integración entre ambos países.
Con el objeto de afianzar las bases del sector empresarial nacional, entregó al Vicepresidente el proyecto para la creación del Banco de la Pequeña y Mediana Industria, para que colabore en la consolidación de esta idea en función del desarrollo del país.
Abad indicó que una vez finalizada la etapa de formalización del proyecto ante la Superintendencia de bancos, aspiran a presentar la fase de promoción de esta nueva entidad bancaria antes que culminar el año.
El presidente de FEDEINDUSTRIA aprovechó la ocasión para invitar al Vicepresidente al trigésimo sexto congreso anual de la organización, el cual se realizará los días 1.º y 2 de octubre en la ciudad de Caracas.
Los temas de este nuevo congreso girarán en torno a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (Alba) y «a lo que nosotros llamamos el Alba Productiva». Abad solicitó al Gobierno nacional apoyo para invitar a Cuba, Bolivia y Nicaragua, países firmanes del acuerdo.
«Vamos a discutir la visión de integración del empresariado venezolano, en torno a la integración latinoamericana», subrayó.
1371. Finalmente el Gobierno solicita una vez más la necesidad de la justa valoración de los testimonios y pruebas documentales que ha aportado; ya que en el desarrollo de este caso se le ha concedido credibilidad inequívoca a los argumentos esgrimidos por los presentantes del caso, atribuyéndoles autenticidad y legitimidad absoluta; incluso, cuando en su momento, mediante hechos públicos y notorios contribuyeron al rompimiento de la institucionalidad del estado democrático, de derecho y justicia social.

C. Conclusiones del Comité

1372. El Comité observa que los alegatos y cuestiones pendientes en relación con el presente caso son los siguientes:
— violencia e intimidación contra las organizaciones de empleadores y sus dirigentes;
— violaciones a la propiedad privada contra numerosos líderes empresariales en el sector del agro y de la ganadería víctimas de invasiones, confiscaciones de tierras o expropiaciones sin justa compensación;
— acoso a dirigentes empleadores a través de discursos hostiles del Presidente de la República;
— orden de captura contra el ex presidente de FEDECAMARAS, Sr. Carlos Fernández y prohibición de salida del país a 15 dirigentes empresariales;
— deficiencias graves en el diálogo social;
— injerencia del Gobierno promoviendo una Confederación de Empresarios Socialistas y trato preferente a la organización de empleadores FEDEINDUSTRIA; privilegios otorgados por el Estado a las empresas de protección social;
— reciente Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación que restringiría los derechos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y proyecto de ley relativo a la cooperación internacional.
1373. El Comité toma nota de las declaraciones generales del Gobierno en las que, por una parte, expresa su grave preocupación por la decisión de incluir el presente caso en la categoría de casos graves y urgentes sin elementos suficientes que lo justifiquen, y por otra, señala que sus anteriores respuestas testimonios y pruebas eran suficientes para que desestimara los alegatos y no han sido valoradas con la debida ponderación, sino al contrario, se ha atribuido autenticidad y legitimidad absoluta a los argumentos de las organizaciones querellantes.
1374. El Comité desea llamar la atención del Gobierno sobre el hecho de que la inclusión de un caso en la categoría de casos graves y urgentes se explica por la persistencia de los problemas planteados (discriminación y acoso contra la organización nacional de empleadores más representativa y sus representantes, negativa del Gobierno a atender las principales recomendaciones del Comité en materia de diálogo social, violaciones al derecho de empresa y al derecho a la propiedad privada de líderes empresariales, ataques violentos — incluido un atentado con bomba contra la sede de FEDECAMARAS —, etc.). En cuanto a la afirmación del Gobierno de que no se ha valorado ni ponderado suficientemente sus anteriores respuestas atribuyendo autenticidad y legitimidad a los argumentos de las organizaciones querellantes, el Comité subraya el carácter general de esta afirmación del Gobierno sin referirse a ninguna «valoración» concreta del Comité, así como que las anteriores respuestas del Gobierno fueron debidamente transcritas y examinadas por lo que la inclusión del presente caso entre los casos graves urgentes — que fue adoptada, por otra parte, por consenso — responde a su juicio a la situación que atraviesa FEDECAMARAS y muchas de sus organizaciones.
Necesidad de un diálogo regular con la organización de empleadores FEDECAMARAS
1375. En sus anteriores exámenes del caso, el Comité había instado al Gobierno a que pusiera en marcha en el país una comisión nacional mixta de alto nivel asistida por la OIT, que examine todos y cada uno de los alegatos y cuestiones en instancia, de manera que mediante el diálogo directo, se puedan resolver los problemas. El Comité esperó firmemente que el Gobierno no pospondrá de nuevo la adopción de las medidas necesarias y urge al Gobierno a que le informe al respecto.
1376. El Comité lamenta observar que el Gobierno ha desatendido una vez más esta recomendación. Por otra parte, en su último examen del caso, el Comité:
— esperó firmemente que se constituya una mesa de diálogo social de conformidad con los principios de la OIT, que tenga composición tripartita y respete debidamente en su composición la representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. El Comité pidió al Gobierno que le informe al respecto y le invitó a que solicite la asistencia técnica de la OIT. El Comité le pidió una vez más que convoque la comisión tripartita en materia de salarios mínimos prevista en la Ley Orgánica del Trabajo;
— observando que todavía no existen órganos estructurados de diálogo social tripartito, el Comité subrayó una vez más la importancia que debe atribuirse a la celebración de consultas francas y sin trabas sobre cualquier cuestión o legislación proyectada que afecte a los derechos sindicales y que es esencial que, cuando se introduzca un proyecto de legislación que afecte la negociación colectiva o las condiciones de empleo, se proceda antes a consultas detalladas con las organizaciones independientes de trabajadores y de empleadores más representativas. El Comité pidió nuevamente al Gobierno que le siga informando de las consultas bipartitas y tripartitas con FEDECAMARAS que se produzcan y de toda negociación o acuerdo con esta central o sus estructuras regionales enviando los textos correspondientes. El Comité pidió también al Gobierno que toda legislación que se adopte en temas laborales, sociales y económicos en el marco de la Ley Habilitante sea objeto previamente de verdaderas consultas en profundidad con las organizaciones independientes de empleadores y de trabajadores más representativas, haciendo suficientes esfuerzos para poder llegar en la medida de lo posible a soluciones compartidas.
1377. El Comité lamenta profundamente observar que en este punto también el Gobierno sigue sin constituir la mesa de diálogo nacional que le había solicitado tras comprobar la ausencia de órganos estructurados de diálogo social y que tampoco ha convocado la comisión tripartita en materia de salarios mínimos prevista en la Ley Orgánica del Trabajo.
1378. El Comité lamenta la falta de cooperación del Gobierno, reitera sus anteriores conclusiones y recomendaciones y le insta a que las ponga en práctica y a que le informe al respecto.
1379. En cuanto a la petición al Gobierno de que siga informando de las consultas bipartitas y tripartitas con FEDECAMARAS que se produzcan, y de toda negociación o acuerdo con esta central o sus estructuras regionales, enviando los textos correspondientes. El Comité observa que en su comunicación de 17 de octubre de 2008, el Gobierno indica que envía información relacionada con medidas y políticas económicas, reuniones celebradas con distintos sectores productivos, fomento y activación de las ruedas de negocio, flexibilización en materia cambiaria, incentivos y facilidades para el sector agrícola, y mayor participación del sector privado; todo ello con la finalidad de reforzar los criterios antes expresados y evidenciar la voluntad del Gobierno en el fomento y fortalecimiento de las relaciones y comunicación con los distintos sectores involucrados en el hecho social del trabajo, desde una perspectiva amplia e inclusiva. En particular, el Gobierno comunica informaciones de la prensa relativas a: 1) un encuentro del Presidente de la República con alrededor de 500 empresarios nacionales que tuvo lugar en junio de 2008, donde anunció diversas medidas económicas como la eliminación del impuesto del 1,5 por ciento a las transacciones financieras, la exoneración de requisitos ante el CADIVI para el control cambiario a aquellas empresas cuyas solicitudes (de divisas) sean iguales o inferiores a 50.000 dólares, la reactivación de las ruedas de negocios, iniciativas para proporcionar subsidios a los productores del campo o aliviar sus deudas, etc.; 2) declaraciones de un presidente regional de FEDECAMARAS felicitándose por estas medidas y la creación de un fondo de 1.000 millones de dólares para inversión, así como sobre la sugerencia de realizar mesas de diálogo con el sector productivo de cada región; 3) declaraciones del Vicepresidente Ejecutivo de la República en una reunión con empleadores del sector alimenticio, enfatizando la intención de mantener un diálogo abierto con los productores de alimentos, y de un representante del Consejo Venezolano de la Carne en las que manifiesta su satisfacción y disposición a seguir colaborando en este tipo de reuniones donde se discuten abiertamente los problemas que afectan al sector privado; declaraciones del presidente de la Federación Venezolana de Porcicultura en las que se refiere a las discusiones con las autoridades y señala que «se están estableciendo acuerdos de presentación y precios con algunos establecimientos» (no se indican si son públicos o privados), se refiere a medidas del Gobierno que comparte, así como a ofertas que está haciendo el Gobierno. Asimismo, en un artículo de prensa se señala que luego de un encuentro entre los sectores productivos y el Ejecutivo Nacional en la Vicepresidencia de la República, se anunció un decreto donde se exonera cerca de un 4 por ciento de aranceles para la importación de ganado; el Gobierno se refiere a un encuentro del Vicepresidente Ejecutivo de la República con FEDEINDUSTRIAS en el que discutieron sobre los proyectos de FEDEINDUSTRIAS y otros temas de interés nacional e internacional (coyuntura y reactivación económica, etc.); el presidente de FEDEINDUSTRIAS destacó el apoyo político que daba el Vicepresidente Ejecutivo a este sector y el favorecimiento de lugares de encuentros entre la pequeña y la mediana industria.
1380. El Comité concluye que el diálogo del Gobierno con la organización FEDEINDUSTRIAS es satisfactorio para esta organización de empleadores (minoritaria y que no pertenece a FEDECAMARAS), que ciertas medidas económicas del Gobierno (flexibilización del control bancario, eliminación del impuesto sobre transacciones financieras, creación de un fondo de 1.000 millones de dólares por la inversión) han sido calificadas muy positivamente por el presidente de FEDECAMARAS. No obstante, el Comité destaca que el Gobierno sólo se ha referido a reuniones, discusiones y acuerdos con el sector de los alimentos y de la industria agropecuaria. El Comité observa, sin embargo, que el Gobierno no facilita informaciones sobre el diálogo social en otros sectores ni tampoco sobre el diálogo social con FEDECAMARAS, organización de empleadores más representativa. El Comité destaca que el hecho de que ciertas medidas del Gobierno hayan sido calificadas por FEDECAMARAS de muy positivas no implica necesariamente que haya sido objeto de consultas con esta organización.
1381. El Comité pide al Gobierno que informe sobre el diálogo social y las consultas bipartitas o tripartitas en sectores diferentes del de alimentos y de la industria agropecuaria, así como de toda actividad de diálogo social con FEDECAMARAS y sus estructuras regionales en relación con los diversos sectores de actividad, con la elaboración de política económica y social, y la elaboración de proyectos de ley que afecten a los intereses de los empleadores y sus organizaciones. El Comité pide una vez más al Gobierno que toda legislación que se adopte en temas laborales, sociales y económicos en el marco de la Ley Habilitante sea objeto previamente de verdaderas consultas en profundidad con las organizaciones independientes de empleadores y de trabajadores más representativas, haciendo suficientes esfuerzos para poder llegar en la medida de lo posible a soluciones compartidas.
Alegatos de violencia, intimidación o acoso contra las organizaciones de empleadores y sus dirigentes
1382. El Comité desea referirse a sus anteriores recomendaciones:
[…]
b) en cuanto a los alegatos de violencia e intimidación contra las organizaciones de empleadores y sus dirigentes, el Comité llama la atención sobre la gravedad de los alegatos de la OIE y debe expresar su profunda preocupación. El Comité deplora que meses después de los ataques o atentados contra la sede de FEDECAMARAS y los considerables daños producidos, el Gobierno no haya comunicado resultados en el sentido de indicar el nombre de los culpables de los ataques a la sede de FEDECAMARAS, así como que indirectamente ponga en duda los ataques de mayo y noviembre de 2007 y febrero de 2008, ni esclarezca la alegada implicación de personas o grupos próximos a esferas del régimen;
c) dado que la situación actual es incompatible con las exigencias del Convenio núm. 87, el Comité pide una vez más al Gobierno que garantice de manera efectiva la seguridad de la sede de FEDECAMARAS y de sus dirigentes y que tome medidas para intensificar las investigaciones sobre el atentado con bomba del 28 de febrero de 2008 en la sede de FEDECAMARAS y para — si no se ha hecho — denunciar ante las autoridades competentes los ataques a la sede de FEDECAMARAS de mayo y noviembre de 2007, a efectos de que se esclarezcan los hechos, se procese a los autores y se les sancione severamente de manera que estos hechos delictivos no se repitan. El Comité insta al Gobierno a que le informe al respecto.
1383. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno en las que refiriéndose al atentado, mediante un explosivo de fabricación casera, en perjuicio de la sede de FEDECAMARAS, informa que se cursa una investigación que se inició de oficio de manera oportuna, a cargo de la Fiscalía General de la República; dicho caso se instruye por ante la Fiscalía Vigésima del área metropolitana de Caracas, y el Juzgado núm. 34 de Control del área metropolitana; esta causa se encuentra actualmente en fase de investigación; se han entrevistado diversas personas y se dictaron órdenes de aprehensión a los ciudadanos Sr. Juan Montoya González y Sr. Ivon Burgos; esas órdenes fueron consignadas ante la División Nacional de Capturas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, cuya dependencia ya ha practicado varios allanamientos; los delitos que se les imputan a los presuntos indiciados son: asociación para delinquir y terrorismo.
1384. El Comité entiende que los dos presuntos responsables del atentado con bomba contra la sede de FEDECAMARAS (28 de febrero de 2008), no han sido detenidos todavía a pesar del tiempo transcurrido. El Comité expresa su profunda preocupación observando que sigue sin esclarecerse este atentado. El Comité pide al Gobierno que tome medidas para que las investigaciones se intensifiquen, asegurándose de que sean plenamente independientes, se esclarezcan los hechos, se capture a los culpables y se les sancione severamente para que estos hechos delictivos no se produzcan. El Comité pide al Gobierno que intensifique también las investigaciones sobre los ataques a la sede de FEDECAMARAS de mayo y noviembre de 2007 a efectos de que concluyan estas investigaciones de manera urgente. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto. El Comité deplora profundamente una vez más estos atentados y ataques y recuerda que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden desarrollarse en un clima exento de violencia.
1385. El Comité lamenta que el Gobierno no haya enviado las informaciones que le había solicitado en relación con otros actos de violencia contra dirigentes empleadores y con alegatos de violaciones a la propiedad privada de líderes empresariales del agro y la ganadería y reitera sus recomendaciones anteriores que se reproducen a continuación:
En cuanto a los alegatos de violaciones a la propiedad privada contra numerosos líderes empresariales en el sector del agro y la ganadería, víctimas de invasiones, confiscaciones de tierras o expropiaciones sin justa compensación, frecuentemente a pesar de decisiones de la autoridad judicial para la restitución de tierras a sus propietarios, el Comité pide una vez más al Gobierno que responda de manera precisa a los alegatos concretos de la OIE incluidos los relativos a las medidas contra los dirigentes empleadores Mario José Oropeza, Luis Bernardo Meléndez, y los graves alegatos relativos al secuestro de tres productores azucareros en 2006 y a la muerte de seis productores por causa de agresión.
1386. Por otra parte, en cuanto al alegado acoso a dirigentes empresariales a través de discursos hostiles del Presidente de la República en los que se descalifica y desprecia a los dirigentes empleadores y se amenaza con la confiscación de propiedades por supuestas razones de interés social, el Comité pide una vez más al Gobierno que facilite sin demora sus observaciones al respecto.
1387. El Comité destaca, por último, que el conjunto de todos estos hechos alegados configura un clima de intimidación contra las organizaciones de empleadores y sus dirigentes incompatible con las exigencias del Convenio núm. 87.
Alegatos relativos a la aplicación de la Ley de Solvencia Laboral
1388. El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno según las cuales: 1) el procedimiento de declaración de solvencia laboral es uno de los mecanismos que ha empleado el Estado venezolano para garantizar la efectiva vigencia de los derechos humanos laborales y sociales a nuestras trabajadoras y trabajadores; 2) para la solicitud de solvencia laboral se han implementado mecanismos y trámites telemáticos cada vez más simples y expeditos, constituyéndose en un mecanismo mediante el cual el Estado venezolano ajusta las funciones de sus instituciones, tutelando y garantizando el cumplimiento de los derechos laborales y sociales por parte del sector empleador; en particular aquellos que deseen contratar con el Estado.
1389. El Comité subraya su conformidad con la existencia de mecanismos para garantizar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores. No obstante, el Comité destaca que la organización querellante ha subrayado los riesgos de discriminación que puede entrañar dicha legislación, por lo que una vez más invita al Gobierno a que examine directamente con FEDECAMARAS la manera en que la aplicación de esta legislación cuente con suficientes garantías de imparcialidad y evite toda discriminación respecto de organizaciones de empleadores o de empleadores que no compartan la política económica y social del Gobierno.
Alegatos relativos a restricciones de la libertad de expresión y de información de los empleadores
1390. El Comité toma nota que el Gobierno declara que: en relación a la supuesta violación del derecho a la libertad de expresión e información, por el «retiro de la concesión al canal 2, Radio Caracas Televisión (RCTV)», la administración del espectro radioeléctrico corresponde al Estado y es potestad de éste — acatando procedimientos y normativa establecida legalmente —, renovar a no la concesión emitida a los particulares; por tal razón solicita se desvincule y desestime el alegato fundamentado en la presunta injerencia del Estado en el desarrollo de las actividades propias de los medios de comunicación, ya que no es aceptable la vinculación que se le ha atribuido a un procedimiento administrativo, con el ejercicio de tan importante derecho humano como lo es la libertad de expresión; menos aún, cuando dicha planta televisora continúa prestando sus servicios mediante el mecanismo de suscripción.
1391. El Comité desea recordar que dicho canal era crítico con la política del Gobierno y frecuentemente utilizado por representantes de FEDECAMARAS, por lo que el Comité mantiene sus anteriores conclusiones y recomendaciones.
Prohibición de salida del país a 15 dirigentes empresariales
1392. El Comité toma nota de la declaración del Gobierno según la cual respecto a la Sra. Albis Muñoz, ex presidenta de FEDECAMARAS, que el Juzgado núm. 25.º de Primera Instancia en funciones de control del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas, mediante sentencia de 20 de febrero de 2008, decretó el sobreseimiento de la causa penal que se le seguía por la comisión del delito de rebelión civil, previsto y sancionado en el artículo 143, numeral 2, del Código Penal vigente, de conformidad con el decreto con rango y valor de fuerza de Ley Especial de Amnistía, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el núm. 5870 de 31 de diciembre de 2007.
1393. El Comité recuerda al Gobierno que ya había anunciado en sus anteriores respuestas la exoneración de cargos penales contra la Sra. Albis por la autoridad judicial en aplicación de la Ley Especial de Amnistía. El Comité toma nota con interés de que dicha exoneración se ha concretado según declara el Gobierno. El Comité reitera su recomendación anterior sobre restricciones a la libertad de movimiento de otros dirigentes empresariales, que se reproduce a continuación:
El Comité pide al Gobierno que envíe información sobre la prohibición de salida del país a 15 dirigentes empresariales así como que se deje sin efecto la orden de captura del ex presidente de FEDECAMARAS Sr. Carlos Fernández de manera que pueda regresar al país sin temer represalias.
Alegatos de injerencia gubernamental en la creación de la Confederación de Empresarios Socialistas de Venezuela y alegatos de favoritismo a organizaciones o empresas próximas al régimen
1394. El Comité había formulado las siguientes recomendaciones:
— el Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno negando injerencia alguna en la Confederación de Empresarios Socialistas de Venezuela (CONSEVEN), pero observa que no responden con precisión a los alegatos de la OIE que apuntan a la presencia en la Confederación de Empresarios Socialistas de Venezuela (CONSEVEN) de dos destacados cargos gubernamentales, inclusive con responsabilidades aduaneras y tributarias, así como de trato preferente a la organización de empleadores FEDEINDUSTRIA (privilegios para obtener divisas) a diferencia de las de empresas independientes. El Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre estos alegatos y reitera la importancia de que el Gobierno adopte una actitud neutral en el trato y relaciones con todas las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y que examine todos los puntos mencionados de potencial discriminación contra empleadores u organizaciones de FEDECAMARAS, así como que le informe al respecto, incluido lo relativo a la tramitación del proyecto de ley relativo a la cooperación internacional, en cuya redacción definitiva espera que se prevean recursos rápidos en caso de discriminación;
— en cuanto a los alegatos de la OIE sobre las empresas de producción social, con privilegios otorgados por el Estado, el Comité invita de nuevo a la OIE a que facilite nuevas informaciones y precisiones sobre estos alegatos, y pide al Gobierno que asegure una actitud neutral en el trato y relaciones con todas las organizaciones de empleadores y sus afiliados, y
— el Comité toma nota de los alegatos de la OIE según los cuales la reciente ley orgánica de creación de la Comisión Central de Planificación restringe severamente los derechos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y pide al Gobierno que responda a estos alegatos.
1395. El Comité toma nota de que en relación con los alegatos relacionados con la Confederación de Empresarios Socialistas y la supuesta intervención del Gobierno en la constitución y auspicio de la misma, el Gobierno reitera que en el Estado venezolano las ciudadanas y ciudadanos gozan de toda libertad para asociarse con fines lícitos, y el cometido primigenio de sus instituciones es garantizar el ejercicio pleno de este derecho, sin distinción y restricción alguna. El Comité lamenta que el Gobierno se haya limitado a una declaración sobre uno de los alegatos mencionados, que no responde a los problemas planteados por las organizaciones querellantes.
1396. El Comité reitera pues sus anteriores recomendaciones y pide al Gobierno que comunique informaciones precisas y detalladas. El Comité pide nuevamente a la Organización Internacional de Empleadores que envíe las informaciones que le había solicitado sobre sus alegatos relativos a las empresas de producción social. El Comité considera esta información como esencial para continuar con el examen de esta cuestión.
1397. Por último, ante la falta de informaciones del Gobierno, el Comité le pide una vez más que responda a los alegatos de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), según los cuales, la reciente Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación restringe severamente los derechos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores.

Recomendación del Comité

1398. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
- a) lamentando profundamente que el Gobierno haya desatendido sus recomendaciones, el Comité insiste en que el Gobierno ponga en marcha en el país una comisión nacional mixta de alto nivel asistida por la OIT, que examine todos y cada uno de los alegatos y cuestiones en instancia de manera que mediante el diálogo directo se puedan resolver los problemas. El Comité espera firmemente que el Gobierno no pospondrá de nuevo la adopción de las medidas necesarias y le urge a que le informe al respecto;
- b) el Comité espera firmemente que se constituya una mesa de diálogo social de conformidad con los principios de la OIT, que tenga composición tripartita y respete debidamente en su composición la representatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto y le invita a que solicite la asistencia técnica de la OIT. El Comité le pide una vez más que convoque la comisión tripartita en materia de salarios mínimos prevista en la Ley Orgánica del Trabajo;
- c) observando que todavía no existen órganos estructurados de diálogo social tripartito, el Comité subraya una vez más la importancia que debe atribuirse a la celebración de consultas francas y sin trabas sobre cualquier cuestión o legislación proyectada que afecte a los derechos sindicales y que es esencial que, cuando se introduzca un proyecto de legislación que afecte la negociación colectiva o las condiciones de empleo, se proceda antes a consultas detalladas con las organizaciones independientes de trabajadores y de empleadores más representativas. El Comité pide nuevamente al Gobierno que toda legislación que se adopte en temas laborales, sociales y económicos en el marco de la Ley Habilitante sea objeto previamente de verdaderas consultas en profundidad con las organizaciones independientes de empleadores y de trabajadores más representativas, haciendo suficientes esfuerzos para poder llegar en la medida de lo posible a soluciones compartidas;
- d) el Comité pide al Gobierno que informe sobre el diálogo social y las consultas bipartitas o tripartitas en sectores diferentes del de alimentos y de la industria agropecuaria, así como de toda actividad de diálogo social con FEDECAMARAS y sus estructuras regionales en relación con los diversos sectores de actividad, con la elaboración de política económica y social, y la elaboración de proyectos de ley que afecten a los intereses de los empleadores y sus organizaciones;
- e) el Comité entiende que los dos presuntos responsables del atentado con bomba contra la sede de FEDECAMARAS (28 de febrero de 2008) no han sido detenidos todavía a pesar del tiempo transcurrido. El Comité expresa su profunda preocupación observando que sigue sin esclarecerse este atentado. El Comité pide al Gobierno que tome medidas para que las investigaciones se intensifiquen, asegurándose que sean plenamente independientes, se esclarezcan los hechos, se capture a los culpables y se les sancione severamente para que estos hechos delictivos no se produzcan. El Comité pide al Gobierno que intensifique también las investigaciones sobre los ataques a la sede de FEDECAMARAS de mayo y noviembre de 2007 a efectos de que dichas investigaciones concluyan de manera urgente. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto. El Comité deplora profundamente una vez más estos atentados y ataques y recuerda que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden desarrollarse en un clima exento de violencia;
- f) el Comité lamenta que el Gobierno no haya enviado las informaciones que le había solicitado en relación con otros actos de violencia contra dirigentes empleadores y con alegatos de violaciones a la propiedad privada de líderes empresariales del agro y la ganadería y reitera sus recomendaciones anteriores que se reproducen a continuación:
  - En cuanto a los alegatos de violaciones a la propiedad privada contra numerosos líderes empresariales en el sector del agro y la ganadería, víctimas de invasiones, confiscaciones de tierras o expropiaciones sin justa compensación, frecuentemente a pesar de decisiones de la autoridad judicial para la restitución de tierras a sus propietarios, el Comité pide una vez más al Gobierno que responda de manera precisa a los alegatos concretos de la OIE incluidos los relativos a las medidas contra los dirigentes empleadores Mario José Oropeza, Luis Bernardo Meléndez, y los graves alegatos relativos al secuestro de tres productores azucareros en 2006 y a la muerte de seis productores por causa de agresión.
- g) por otra parte, en cuanto al alegado acoso a dirigentes empresariales a través de discursos hostiles del Presidente de la República en los que se descalifica y desprecia a los dirigentes empleadores y se amenaza con la confiscación de propiedades por supuestas razones de interés social, el Comité pide una vez más al Gobierno que facilite sin demora sus observaciones al respecto;
- h) el Comité invita una vez más al Gobierno a que examine directamente con FEDECAMARAS la manera en que la aplicación de la legislación en materia de solvabilidad laboral cuente con suficientes garantías de imparcialidad y evite toda discriminación respecto de organizaciones de empleadores o empleadores que no compartan la política económica y social del Gobierno;
- i) el Comité pide una vez más al Gobierno que envíe información sobre la prohibición de salida del país a 15 dirigentes empresariales así como que se deje sin efecto la orden de captura del ex presidente de FEDECAMARAS Sr. Carlos Fernández de manera que pueda regresar al país sin temer represalias;
- j) el Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno negando injerencia alguna en la Confederación de Empresarios Socialistas de Venezuela (CONSEVEN), pero observa que no responden con precisión a los alegatos de la OIE que apuntan a la presencia en la Confederación de Empresarios Socialistas de Venezuela (CONSEVEN) de dos destacados cargos gubernamentales, inclusive con responsabilidades aduaneras y tributarias, así como de trato preferente a la organización de empleadores FEDEINDUSTRIA (privilegios para obtener divisas) a diferencia de las de empresas independientes. El Comité pide nuevamente al Gobierno que envíe precisas y detalladas observaciones sobre estos alegatos y reitera la importancia de que el Gobierno adopte una actitud neutral en el trato y relaciones con todas las organizaciones de trabajadores y de empleadores, y que examine todos los puntos mencionados de potencial discriminación contra empleadores u organizaciones de FEDECAMARAS, así como que le informe al respecto, incluido lo relativo a la tramitación del proyecto de ley relativo a la cooperación internacional, en cuya redacción definitiva espera que se prevean recursos rápidos en caso de discriminación;
- k) en cuanto a los alegatos de la OIE sobre las empresas de producción social, con privilegios otorgados por el Estado, el Comité invita de nuevo a la OIE a que facilite nuevas informaciones y precisiones sobre estos alegatos. El Comité considera esta información como esencial para continuar con el examen de esta cuestión. El Comité pide al Gobierno que asegure una actitud neutral en el trato y relaciones con todas las organizaciones de empleadores y sus afiliados;
- l) el Comité toma nota de los alegatos de la OIE según los cuales la reciente ley orgánica de creación de la Comisión Central de Planificación restringe severamente los derechos de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y pide una vez más al Gobierno que responda a estos alegatos, y
- m) el Comité considera necesario llamar la atención del Consejo de Administración sobre este caso, habida cuenta de la extrema gravedad y urgencia de las cuestiones planteadas.