Alegatos: la marginación y exclusión de los gremios empresariales en el proceso
de toma de decisiones, excluyendo así el diálogo social, el tripartismo y de manera general
la realización de consultas (especialmente en relación con leyes muy importantes que afectan
directamente a los empleadores), incumpliendo así recomendaciones del propio Comité de
Libertad Sindical; actos de violencia y de discriminación y de intimidación contra
dirigentes empleadores y sus organizaciones; detención de dirigentes; leyes contrarias a las
libertades públicas y a los derechos de las organizaciones de empleadores y sus afiliados;
acoso violento a la sede de FEDECAMARAS con amenazas y materiales; atentado de bomba contra
la sede de FEDECAMARAS
- 560. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de marzo de
2015 y presentó un informe provisional al Consejo de Administración [véase 374.º
informe, párrafos 874 a 930, aprobado por el Consejo de Administración en su 323.ª
reunión (marzo de 2015)].
- 561. En dicha ocasión el Comité solicitó al Gobierno [véase 374.º
informe, párrafo 930, recomendación g)] que completara su respuesta sobre ciertas
cuestiones y señaló que se proponía examinarlas de manera detallada en su reunión de
mayo de 2015.
- 562. Por comunicación de fecha 19 de mayo de 2015, la OIE y FEDECAMARAS
enviaron informaciones adicionales.
- 563. El Gobierno envió observaciones adicionales por comunicación de
fecha 21 de mayo de 2015.
- 564. La República Bolivariana de Venezuela ha ratificado el Convenio
sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87),
así como el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949
(núm. 98).
A. Examen anterior del caso
A. Examen anterior del caso- 565. En su anterior examen del caso en su reunión de marzo de 2015, el
Comité formuló las siguientes recomendaciones sobre las cuestiones que quedaron
pendientes [véase 374.º informe, párrafo 930]:
- a) al tiempo que
expresa su profunda preocupación ante las graves y diferentes formas de
estigmatización e intimidación por parte de las autoridades o grupos u
organizaciones bolivarianas contra FEDECAMARAS, contra sus organizaciones afiliadas,
contra sus dirigentes y contra empresas afiliadas que incluyen amenazas de
encarcelamiento, declaraciones de instigación al odio, acusaciones de llevar a cabo
una guerra económica, ocupaciones y saqueo de comercios, la toma de la sede de
FEDECAMARAS, etc., el Comité señala al Gobierno la importancia de que se tomen
medidas firmes para evitar este tipo de actos y de declaraciones contra personas y
organizaciones que defienden legítimamente intereses en el marco de los Convenios
núms. 87 y 98, ratificados por la República Bolivariana de Venezuela;
- b) el Comité lamenta observar que los procesos penales relativos
al atentado con bomba en la sede de FEDECAMARAS el 26 de febrero de 2008 y al
secuestro y maltrato en 2010 de los dirigentes de esta organización, Sres. Noel
Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil y Sra. Albis Muñoz (resultando herida con
tres balas esta última), no han concluido todavía (la decisión judicial de archivo
del caso del atentado con bomba a la sede había sido apelada por FEDECAMARAS),
expresa nuevamente la firme esperanza de que terminarán sin mayor demora y pide al
Gobierno que le mantenga informado al respecto. El Comité reitera la importancia de
que los culpables de estos delitos sean condenados con penas proporcionales a la
gravedad de los mismos a fin de que no se repitan los delitos cometidos y se
compense a FEDECAMARAS y los dirigentes concernidos por los daños causados por esos
actos ilegales. El Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones sobre los
puntos planteados por FEDECAMARAS sobre el atentado con bomba en la sede de la
misma;
- c) en lo que respecta a los alegatos de tomas de
fincas, rescates, ocupaciones y expropiaciones en perjuicio de dirigentes o ex
dirigentes empleadores, el Comité pide que se indemnice de manera justa a estos
dirigentes o ex dirigentes de FEDECAMARAS. Al mismo tiempo, el Comité se remite a la
decisión del Consejo de Administración de marzo de 2014 en la que «instó al Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela a que en consulta con los interlocutores
nacionales, desarrollase e implantase el plan de acción como fue recomendado por la
Misión Tripartita de Alto Nivel», que a su vez se refiere a «la constitución de una
mesa de diálogo entre el Gobierno y FEDECAMARAS con la presencia de la OIT, para
tratar todas las cuestiones pendientes relativas a recuperaciones de fincas y
expropiaciones de empresas y otros problemas que se planteen o puedan presentarse en
el futuro vinculados con estas cuestiones» y lamenta que en sus últimas
comunicaciones el Gobierno declare que ello es inviable en cuestiones de
recuperación de tierras y de consultas sobre leyes. El Comité urge al Gobierno a que
ponga en práctica esta petición con los lineamientos señalados en las conclusiones y
que le informe al respecto. Por último, como hiciera la Misión Tripartita de Alto
Nivel, el Comité subraya «la importancia de tomar todas las medidas para evitar
cualquier tipo de discrecionalidad o discriminación en los mecanismos jurídicos
relativos a la expropiación o recuperación u otros que afecten al derecho de
propiedad»;
- d) en relación con los órganos estructurados
de diálogo social bipartito y tripartito que deben establecerse en el país y el plan
de acción en consulta con los interlocutores sociales, con el establecimiento de
etapas y plazos concretos para la ejecución del mismo contando con la asistencia
técnica de la OIT, recomendados por el Consejo de Administración, el Comité toma
nota de que el Gobierno declara que no ha concluido todavía el proceso de consultas
con diferentes sectores y organizaciones y le pide que se asegure de que se incluya
en todas ellas a FEDECAMARAS. El Comité recuerda que las conclusiones de la Misión
se refieren a una mesa de diálogo entre el Gobierno y FEDECAMARAS, con presencia de
la OIT y una mesa de diálogo tripartito con participación de la OIT y con un
presidente independiente. El Comité urge al Gobierno a que de inmediato adopte
medidas tangibles en materia de diálogo social bipartito y tripartito como lo
solicitó la Misión Tripartita de Alto Nivel. Constatando que el Gobierno no ha
presentado todavía el plan de acción que se le había pedido, el Comité urge al
Gobierno a que dé cumplimiento sin demora a las conclusiones de la Misión Tripartita
de Alto Nivel ratificadas por el Consejo de Administración y que le informe al
respecto. El Comité urge al Gobierno a que promueva el diálogo social e iniciativas
en este sentido como la reunión que tuvo lugar en febrero de 2015 entre las
autoridades y FEDECAMARAS y que implemente de inmediato las consultas
tripartitas;
- e) el Comité, siguiendo las conclusiones de
la Misión Tripartita de Alto Nivel urge al Gobierno para que adopte de inmediato
acciones que generen un clima de confianza basado en el respeto de las
organizaciones empresariales y sindicales con miras a promover relaciones
profesionales estables y sólidas. El Comité pide al Gobierno que le informe de toda
medida en este sentido. El Comité pide al Gobierno que como una primera medida en la
buena dirección que no debería plantear problemas se designe a un representante de
FEDECAMARAS en el Consejo Superior del Trabajo;
- f) el
Comité toma nota con preocupación de los nuevos alegatos de la OIE y FEDECAMARAS de
fecha 27 de noviembre de 2014 relativos a: i) la detención durante 12 horas del
presidente de CONINDUSTRIA, Sr. Eduardo Garmendia; ii) acciones de seguimiento y
acoso al presidente de FEDECAMARAS, Sr. Jorge Roig; iii) un recrudecimiento de los
ataques verbales contra FEDECAMARAS por altos cargos del Estado en los medios de
comunicación, y iv) la adopción por el Presidente de la República, en noviembre de
2014, de 50 decretos-leyes sobre importantes cuestiones económicas y productivas sin
que se haya consultado a FEDECAMARAS. El Comité pide al Gobierno que envíe
observaciones completas sobre estos alegatos;
- g) el Comité
toma nota con preocupación de los nuevos alegatos de la Organización Internacional
de Empleadores (OIE) y de la Federación de Cámaras y Asociación de Comercio y
Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y de las recientes observaciones del Gobierno
de 10 y 12 de marzo de 2015 sobre una parte de los alegatos. El Comité pide al
Gobierno que complete su respuesta y se propone examinar estas cuestiones de manera
detallada en su próxima reunión de mayo de 2015, y
- h) el
Comité llama especialmente la atención del Consejo de Administración sobre el
carácter extremadamente grave y urgente de este caso.
- 566. En relación con la recomendación g), el informe sobre el anterior
examen del caso sólo contenía un resumen muy sumario de los alegatos y de las respuestas
del Gobierno ya que habían sido recibidos poco tiempo antes de la reunión del Comité de
marzo de 2015. Por ello, se exponen a continuación de manera detallada dichos alegatos y
las respuestas del Gobierno.
B. Nuevos alegatos de las organizaciones querellantes
B. Nuevos alegatos de las organizaciones querellantes- 567. En su comunicación de 3 de marzo de 2015, la OIE y la comunidad
empresarial venezolana FEDECAMARAS denuncian una vez más el asedio permanente del
Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela al empresariado libre de su país y
protestan ante la OIT y el Comité de Libertad Sindical por nuevos ataques a las empresas
privadas venezolanas, muchas de ellas miembros de FEDECAMARAS, organización de
empleadores más representativa del país. Este planteamiento se basa en nuevos hechos de
agresión y de descrédito público por parte del Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela que vienen acaeciendo en la República Bolivariana de Venezuela contra empresas
y empresarios venezolanos, que arrojaron sólo en el mes de febrero de 2015, la abrupta
detención de más de 15 empresarios y directivos de empresas distribuidoras de medicinas
y de alimentos y de organizaciones gremiales privadas dedicadas a la atención
hospitalaria, al servicio de supermercados y a la distribución de carne, así como la
ocupación de hecho, por parte del Gobierno de una empresa privada distribuidora de
alimentos, bajo acusaciones de conspiración contra el Gobierno, sin el debido proceso ni
respeto al derecho a la defensa, lo cual ha sido difundido ampliamente por los medios de
comunicación.
- 568. Cabe recordar — prosiguen las organizaciones querellantes — que la
OIT solicitó oficialmente al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace ya
un año, en marzo de 2014, que adoptara urgentemente un plan de acción con el fin de
establecer el diálogo social en el país sobre la base del respeto y la ausencia de
intimidación hacia a las organizaciones empresariales y sindicales independientes y
representativas. Esta petición contundente surgió tras expresar la preocupación por la
violación de los derechos de libre asociación y sindicación de empleadores y
trabajadores en el país y quedó detalladamente reflejada en el informe de la Misión de
Alto Nivel de la OIT que visitó la República Bolivariana de Venezuela en el mes de enero
de 2014 y que fue aprobado por el Consejo de Administración el 27 de marzo de ese mismo
año. En este informe, también se pidió al Gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela que asegurase procedimientos efectivos y ágiles para perseguir los actos de
violencia contra representantes de las organizaciones empresariales y sindicales. Sin
embargo, los nuevos ataques de febrero de 2015 demuestran con profunda preocupación que
el establecimiento del diálogo social sobre la base del respeto y la ausencia de
intimidación hacia las organizaciones empresariales independientes y representativas
está lejos de ser una realidad en la República Bolivariana de Venezuela.
- 569. La OIE y FEDECAMARAS alegan que el 1.º de febrero de 2015 fueron
detenidos cuatro de los dueños y directivos de la cadena de farmacias FARMATODO,
incluyendo al presidente ejecutivo de la cadena, Sr. Pedro Luis Angarita y a su
vicepresidente de operaciones, Sr. Agustín Antonio Álvarez Costa, con ocasión de las
colas formadas por los consumidores a las puertas de estos centros de distribución de
medicinas y otros artículos de higiene personal que escasean en el país, lo cual fue
visto por el Gobierno como una demora intencional en la atención de los usuarios para
desprestigiar y sabotear al Gobierno, calificando el hecho de «conspiración» y de ser
«parte de la guerra económica contra el Gobierno». El Presidente de la República señaló
públicamente, en cadena de radio y televisión, que tenía presos a los dueños de
FARMATODO en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN)
y que había formulado la denuncia ante la Fiscalía General de la República. Los delitos
imputados a directivos de FARMATODO acarrean pena de diez a 12 años de prisión.
- 570. El día 2 de febrero de 2015, la empresa emitió un comunicado a sus
trabajadores y destacó su disposición a colaborar para garantizar el oportuno
abastecimiento de artículos de primera necesidad y continuar ofreciendo sus servicios a
los clientes.
- 571. El 3 de febrero, el Sr. Jorge Roig, presidente de FEDECAMARAS,
rechazó las acciones emprendidas por el Gobierno venezolano contra la directiva de
FARMATODO. Indicó que medidas de esta índole tomadas por el Ejecutivo forman parte de
«una persecución absoluta y exclusiva contra la empresa privada venezolana». El
presidente de FEDECAMARAS rechazó que se «satanice» al sector empresarial, «se juzga sin
haber tomado alguna prueba concluyente y no hemos oído las partes que dicen las personas
agraviadas». Resaltó que la cadena de farmacias debe tener un proceso justo, «no hemos
escuchado ninguna versión de la parte agredida». «Estas fiscalizaciones se han
convertido en juicios sumarios.».
- 572. Las organizaciones querellantes alegan también que el 1.º de febrero
de 2015, el Presidente de la Asamblea Nacional (AN) Sr. Diosdado Cabello, el
Vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Sr. Carlos Osorio; el Ministro de
Alimentación, Sr. Yván Bello y fiscales de la Superintendencia Nacional de Precios
Justos (SUNDDE) inspeccionaron los galpones del Supermercado Día a Día en Caracas, los
cuales según anunció el Sr. Cabello, fueron ocupados por el Gobierno por detectar venta
irregular de productos y por tener mucho inventario. Siguiendo instrucciones del
Presidente de la República, señaló el Sr. Cabello, se ordenó la ocupación de toda la red
de supermercados Día a Día desde el almacenamiento, hasta la distribución y puntos de
venta, todo lo cual fue transferido a la cadena de distribución de alimentos del Estado,
Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL). El 4 de febrero, el
Gobernador del estado Aragua, informó que fueron ocupados cuatro galpones más de la
cadena Día a Día en ese estado, repletos de productos alimenticios «acaparados».
- 573. El 5 de febrero de 2015, en el almacén de la cadena de
Practimercados Día a Día, ubicado en Caracas, ocho camiones de la Misión Alimentación
del Gobierno Nacional, acompañados de funcionarios de PDVAL, inspectores de la SUNDDE y
la Guardia Nacional Bolivariana realizaron despachos de mercancía destinados a las 36
sucursales de la cadena y a los locales de PDVAL.
- 574. El 6 de febrero de 2015, el Presidente de la República anunció que a
partir del día 7 de febrero la red del Estado PDVAL asumía todos los servicios de Día a
Día, acusándoles de estar haciendo la guerra al pueblo venezolano. Asimismo, exhortó al
Poder Judicial y al Ministerio Público para extremar acciones contra los responsables de
los delitos contra el pueblo en esta guerra económica, de esta cadena en específico que
ha pasado a manos de PDVAL, para que lo paguen plenamente y «no haya conmiseración con
estas mafias que le hacen daño a un pueblo». Asimismo, le exigió a la Procuraduría
General de la República, determinar los daños patrimoniales causados a la sociedad y al
Estado por la conducta «de guerra económica de este grupo».
- 575. El día 6 de febrero de 2015, Día a Día emitió un comunicado donde
precisó que es normal que en el almacén central tengan la mayor parte del inventario de
productos, el cual cubre regularmente pocos días de venta. Por ejemplo, para el caso de
cesta básica y, particularmente, harina de maíz, se cuenta regularmente sólo con tres
días de inventario de las 197 toneladas diarias que se venden en todas las tiendas.
Declaró que no han incurrido en acaparamiento ni boicot.
- 576. El Sr. Francisco Martínez, primer vicepresidente de FEDECAMARAS,
sostuvo que la constante arremetida contra el sector privado genera preocupación a
FEDECAMARAS, que ve peligroso que tener tres días de inventario sea considerado un
delito.
- 577. El 8 de febrero de 2015, el presidente de Día a Día, explicó que no
se ha definido la figura jurídica de su incorporación a la red estatal de distribución
de alimentos PDVAL, «No sabemos si es una expropiación, intervención, o qué. Lo que
sabemos es que nuestro director general está preso.» «Nuestra mercancía fue tomada para
ser facturada por PDVAL.».
- 578. Las organizaciones querellantes señalan, por otra parte, que el 1.º
de febrero de 2015, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvo a
directivos de la cadena de supermercados Día a Día y al Sr. Luis Rodríguez, presidente
de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA). Ambos fueron
detenidos al salir de una reunión a la cual fueron convocados por el Gobierno en el
Palacio de Miraflores, con el Vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Sr.
Carlos Osorio, en la cual trató el tema del abastecimiento de productos en el país.
- 579. Las organizaciones querellantes añaden que el 1.º de febrero de
2015, el Gobierno ocupó la distribuidora de carne «Corporación Cárnica 2005» y detuvo a
sus dueños. El Superintendente Nacional de Precios Justos (SUNDDE) informó que fueron
detenidas cinco personas responsables de la empresa ubicada en el estado Falcón, por
vender carne, pollo y pescado a sobreprecios de hasta 1 000 por ciento, presumiendo el
delito de acaparamiento. Durante una reunión con los representantes del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Presidente de la República anunció que esta
empresa sería ocupada por el Gobierno y que pasaría a formar parte de la red de PDVAL.
En el marco de la plenaria ampliada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el
Sr. Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, solicitó al Presidente Nicolás
Maduro estar al frente de la operación de toma de la Corporación Cárnica en el estado
Falcón. El Jefe de Estado anunció que esta corporación pasará a manos de la cadena del
Estado PDVAL.
- 580. La OIE y FEDECAMARAS alegan que el 5 de febrero de 2015, ocho
funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvieron al
presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, el médico Dr. Carlos
Rosales Briceño, en su consultorio ubicado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.
Los agentes del SEBIN conminaron al médico a acompañarlos hasta su sede regional. Se
presume que la detención obedeció a unas recientes declaraciones del Dr. Carlos Rosales
Briceño, respecto a la escasez de medicinas e insumos en clínicas y hospitales
destinados a preservar la salud y la vida de los venezolanos, en la cual instó a las
autoridades nacionales a atender la emergencia. El Dr. Carlos Rosales declaró, una vez
liberado, que el SEBIN le comunicó que sus declaraciones a medios de comunicación
«podrían haber generado alarma en la población y que no eran objetivas».
- 581. En su comunicación de fecha 19 de mayo de 2015, la OIE y FEDECAMARAS
reiteran sus anteriores alegatos y envían resúmenes de prensa relativos a declaraciones
de carácter intimidatorio, del Presidente de la República y otras autoridades contra
FEDECAMARAS y sus dirigentes, acusándoles también de delitos y de guerra económica.
Estas declaraciones cubren también el mes de abril de 2015.
C. Respuestas del Gobierno
C. Respuestas del Gobierno- 582. En su comunicación de fecha 10 de marzo de 2015, el Gobierno declara
que la República Bolivariana de Venezuela es hoy víctima de amenazas y sanciones
promovidas desde el exterior para desestabilizar al país. Pruebas contundentes de esas
amenazas desestabilizadoras han llevado a varias organizaciones populares y a varios
organismos internacionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio
de los Pueblos (ALBA-TCP), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), a pronunciarse en forma unánime en contra de los intentos de
desestabilización a la democracia y de intervención al país.
- 583. Como parte de esta guerra económica, sectores políticos y
económicos, abiertamente conspirativos, han dedicado grandes capitales a la compra de
productos de primera necesidad que son sacados al exterior, escondidos en depósitos
clandestinos o simplemente destruidos para evitar su distribución a la población. Sólo
en el mes de enero de 2015 se distribuyó un 35 por ciento más de productos con respecto
a lo que se distribuyó en el mismo mes el año pasado. El sabotaje a la economía nacional
ha propiciado un mercado negro de productos y zozobra en la población equivalente a la
que se propició en Chile en los meses anteriores al golpe de Estado contra el Presidente
Salvador Allende y que dio paso a la dictadura pinochetista.
- 584. Los objetivos políticos de este sabotaje económico son claros.
Innumerables declaraciones políticas llamando a la sedición, a la realización de saqueos
y actos violentos o abiertamente al derrocamiento del Gobierno legítimo del Presidente
Nicolás Maduro lo demuestran.
- 585. La convocatoria a actos de violentos ha caído en el vacío, porque la
población ha aguantado estoicamente las colas a las que obliga la distribución de
productos controlados para evitar su extracción y desaparición.
- 586. El pueblo ha mantenido, a pesar de los ataques, firme su disposición
de mantener la democracia, la independencia y conquistas alcanzadas, de mantener la
revolución bolivariana y el legado del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías.
- 587. Gracias a la acción organizada de sindicatos y consejos comunales,
quienes se han constituido en brigadas de inspección, fiscalización e inteligencia
contra el acaparamiento y la especulación, el país viene enfrentando con éxito esta
guerra económica permitiendo la detección de depósitos semiclandestinos de bienes y
prácticas de auto compra de bienes para sacarlos de circulación y que reaparecen fuera
de los canales regulares de distribución a precios exagerados.
- 588. El Gobierno declara que esta acción ha permitido la detención de
muchos comerciantes inescrupulosos, lamentablemente «empleadores» dedicados al
contrabando de extracción, al acaparamiento y la especulación, establecidos éstos como
delitos en el ordenamiento jurídico, así como en el de muchos países. Algunos de estos
«empleadores», son gerentes o propietarios de grandes empresas de distribución
pertenecientes a importantes grupos económicos. A pesar de su condición de miembros de
grandes grupos económicos, se les ha tratado igual que a los pequeños, se les ha
garantizado el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso.
- 589. En octubre de 2014 fueron localizados, a 60 kilómetros de Caracas,
varios galpones con material médico, quirúrgico y farmacéutico equivalentes a las
necesidades de suministro a la red hospitalaria por seis meses. Para dar una idea del
caso, se consiguieron 14 millones de jeringas y 9 millones de guantes, precisamente
cuando los medios de comunicación, nacionales e internacionales, destacaban que en la
República Bolivariana de Venezuela existía «ausencia de material médico y quirúrgico»,
haciendo énfasis en inyectadoras y guantes. Las empresas Suministros de Medicinas Javoy
y Suplidora Hospimed 2004 recibieron del Estado venezolano, 236 millones de dólares para
la importación de esos suministros que le eran negados a la población. Los propietarios
de estas empresas están prófugos de la justicia.
- 590. En enero de 2015, fue ocupada la Distribuidora Herrera CA,
incautándose más de 1 000 toneladas de alimentos de primera necesidad. En ambos casos,
muchos de los bienes ya habían sido distribuidos a comercios y extrañamente habían
desaparecido volviendo a los depósitos y estaban siendo embalados para sacarlos
ilegalmente del país. La accionista principal de esta empresa es la firma Diamante
Trading Investments LTD con sede en Barbados, cuya propietaria es la Sra. Peggy Ordaz,
hoy prófuga de la justicia, militante del partido Voluntad Popular, vinculado a acciones
golpistas en 2002 y cuyo principal dirigente se encuentra detenido por promover acciones
violentas conocidas como «guarimbas» durante 2014.
- 591. Ambos casos, fueron profusamente reseñados en la prensa nacional,
sin embargo, fueron omitidos en los recortes de prensa que acompañan la comunicación de
FEDECAMARAS, a pesar de la vinculación directa con los hechos que denuncian. La
prosecución de las investigaciones y las acciones de inteligencia llevaron a la
detención de los propietarios de las cadenas de distribución de medicamentos FARMATODO y
de la de alimentos Día a Día. No se trata de una acción vinculada a actividad sindical
alguna de los imputados, que por cierto no existe, sino de la normal y legal acción
judicial contra hechos vinculados a la delincuencia organizada.
- 592. Los representantes de la Corporación Cárnica 2005, fueron detenidos
debido a que se les decomisó carne y pollo vendido por fuera de los canales de
distribución regular y a precios hasta 1 000 por ciento por encima del valor del
producto, cuyo precio está regulado por tratarse de artículos de primera necesidad. En
este caso, tampoco los propietarios de esta empresa distribuidora de cárnicos realizaban
ninguna actividad sindical, sino acciones de vil acaparamiento y especulación contra la
población venezolana.
- 593. En todos estos casos se trata de hechos puntuales que involucran a
ciudadanos de los que se presume la comisión de delito y que corresponderá al sistema
judicial determinar su culpabilidad. La condición de «empleadores» es sólo un hecho
circunstancial. La casi totalidad de los empresarios venezolanos están al margen de esta
situación y por el contrario repudian los hechos delictivos de acaparamiento y
especulación que viene afectando el normal desenvolvimiento de la economía
nacional.
- 594. Por tanto, las acciones legales y judiciales fundamentadas en la
legislación tomadas contra algunos de los dueños o representantes de estas empresas o
cadenas, nada tienen que ver o se vinculan con su cualidad de empleador, sino por estar
presuntamente incursos en hechos delictivos tipificados en las leyes venezolanas y sobre
los cuales deben responder ante la justicia, sean o no empleadores.
- 595. El Presidente obrero, Nicolás Maduro ha hecho un llamado de
invitación a todo el empresariado nacional e internacional que quiere trabajar, que es
la gran mayoría. En lo que va de 2015 y como parte del enfrentamiento a la guerra
económica, se han realizado 327 reuniones con cámaras, asociaciones y distintas
organizaciones gremiales de empleadores, en una fructífera labor de diálogo social que
ha servido para aislar determinados grupos delictivos que se hacen pasar por empresarios
o empleadores.
- 596. La comunicación de FEDECAMARAS es muy específica indicando
situaciones ocurridas, según ellos mismos indican, entre el 1.º y el 5 de febrero de
2015. Llama la atención que al presidente de FEDECAMARAS se le haya olvidado mencionar
en su comunicación, que el 10 de febrero, es decir, con posterioridad a los hechos
señalados, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a todos los sectores
empresariales a un «diálogo nacional para escuchar propuestas en materia económica»,
para tal fin designó al dirigente empleador Sr. Miguel Pérez Abad, presidente de
FEDEINDUSTRIA, una de las principales organizaciones de empleadores del país, como
comisionado presidencial para el área económica.
- 597. El día jueves 12 de febrero, el Sr. Pérez Abad se reunió con la
representación de FEDECAMARAS, para informar de la importancia de la reunión tomamos las
declaraciones del propio Sr. Jorge Roig, presidente de FEDECAMARAS y uno de los
firmantes de la comunicación que nos ocupa, quien indicó «... es positiva la decisión de
Maduro de convocar a todos los sectores a un diálogo en el área económica...» «... nos
une sin lugar a dudas el objetivo de garantizar la adecuada y continua alimentación del
país y satisfacer sus necesidades materiales diarias...» «... coincidimos igualmente en
el rechazo firme y categórico al acaparamiento, la especulación y el contrabando,
delitos contrarios a la ética comercial y empresarial que deben ser castigados con el
peso de la ley…».
- 598. El Gobierno anexa el contenido completo de las declaraciones del Sr.
Jorge Roig, presidente de FEDECAMARAS, así como del comunicado emitido por dicha
asociación civil a la semana siguiente. En ellas no hay ninguna mención a situaciones
como las que describe la presente queja ante el Comité de Libertad Sindical, a pesar de
haber ocurrido tan sólo una semana antes.
- 599. El Gobierno señala que no se entiende como, apenas dos semanas
después de estas declaraciones públicas de la asociación civil FEDECAMARAS haya una
comunicación donde se usan palabras como «asedio al empresariado», «ataques a las
empresas privadas», «hechos de agresión y descrédito público», las cuales no se
compadecen con la situación real en la República Bolivariana de Venezuela ni con las
declaraciones que acá emiten los dirigentes de esa asociación civil. Son precisamente
este tipo de comportamientos ambiguos de parte de FEDECAMARAS, de doble juego político,
los que generan desconfianza en la sinceridad de esa asociación civil por parte de la
población venezolana, de las distintas organizaciones civiles, y que lamentablemente la
han llevado a excluirse del diálogo social que existe en el país, a pesar de los
innumerables llamados hechos por el propio Presidente de la República.
- 600. Es opinión del Gobierno que la gravedad de los hechos mencionados
consiste en que ciudadanos que se dedican a la actividad empresarial incurran en este
tipo de delitos. No se trata de ningún ataque al empresariado, sino que se trata de un
pequeño grupo de ciudadanos que presuntamente han cometido delitos y le corresponderá a
los órganos de justicia del Estado venezolano establecer las responsabilidades
correspondientes. No se trata de persecución sindical, ya que la gran mayoría ni
siquiera están afiliados sindicalmente, sino de detenciones regulares en medio de la
comisión de delitos que la misma FEDECAMARAS repudia. La determinación de la
culpabilidad le corresponde a las instancias judiciales para lo cual, a todos los
detenidos se les está garantizando su debido proceso y el derecho a la defensa, como se
le garantiza a cualquier ciudadano de nuestro país.
- 601. El Gobierno afirma que existe algún interés en la queja ante la OIT
de hacer seguimiento a juicios que se llevan en el país por delitos cometidos por
ciudadanos contra la población venezolana y que nada tienen que ver con persecución,
asedio o agresión contra el empresariado o los empleadores.
- 602. Con respecto a la petición de la OIE, el país será respetuoso de los
derechos humanos por vocación política de quienes hoy dirigen el Gobierno, que acumulan
una larga tradición en el país como defensores activos de los derechos humanos y que han
sufrido directamente la violación de sus propios derechos en el pasado. Tampoco indican
ninguno de los convenios de la OIT, que el castigo o las responsabilidades que se
generan por actividades y delitos como el contrabando, la especulación y el
acaparamiento, pudieran ser descritos como persecución o asedio sindical, por el
contrario, es en defensa de los derechos humanos del pueblo, que el Gobierno, ha
emprendido acciones contra estos delitos.
- 603. Finalmente, el Gobierno rechaza rotundamente la presentación ante
esa instancia internacional, de estos hechos delictivos contra la población venezolana,
como medidas que «pueden crear un clima de intimidación que obstaculice el
desenvolvimiento normal de las actividades de organizaciones de empleadores y sus
miembros y el ejercicio de asociación y de los derechos consagrados en el Convenio núm.
87». Se reitera el total cumplimiento por parte de la República Bolivariana de Venezuela
a la libertad sindical y al derecho de asociación y específicamente al Convenio núm. 87;
y se puntualiza una vez más, que la comisión de hechos delictivos tipificados en la
legislación, generarán las responsabilidades correspondientes que serán identificadas y
probadas por los organismos de justicia, para todo aquel ciudadano, independientemente
de su condición o cualidad.
- 604. En su comunicación de 12 de marzo de 2015, el Gobierno declara que
solicitó a la Fiscalía General de la República, toda la información sobre los últimos
alegatos de los querellantes, que de manera urgente e inmediata pudiera remitir sobre
los hechos denunciados, relacionados con la presunta detención, sin debido proceso y sin
derecho a la defensa, de 15 empresarios y directivos de empresas distribuidoras de
medicinas y alimentos o dedicadas a la atención hospitalaria, durante el mes de febrero
de 2015.
- 605. La Fiscalía se refiere a la situación procesal de los ciudadanos
imputados en los siguientes casos:
- — Cadena de farmacias FARMATODO: se encuentran
procesados los ciudadanos Sres. Pedro Luis Angarita y Agustín Álvarez, quienes
fueron aprendidos en flagrancia, por los delitos de boicot y desestabilización de la
economía, siendo acordadas por el Tribunal Cuadragésimo Primero en Funciones de
Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas (Tribunal de
Garantía), medidas de privación judicial preventiva privativa de libertad.
Actualmente, en etapa de investigación.
- — Cadenas de Automercados Día a Día
– Practimercados: encontrándose procesados los ciudadanos Sres. Manuel Andrés
Morales Ordosgoitti y Tadeo Arriechi, el primero de ellos aprehendido en flagrancia
y el segundo, con orden judicial de aprehensión, por los delitos de boicot y
desestabilización de la economía, siendo acordada por el Tribunal Trigésimo Sexto en
Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas (Tribunal de Garantía),
medida de privación judicial preventiva de libertad. Aunado, el órgano rector de
SUNDDE decretó medida administrativa de ocupación temporal de los establecimientos
Día a Día, según providencia administrativa de fecha 7 de febrero de 2015,
encontrándose en la fase procesal de investigación.
- 606. En cuanto a la Asociación Nacional de Supermercados v. Autoservicios
(ANSA), hace de su conocimiento que no existe investigación penal contra el ciudadano
Luis Rodríguez, quien funge como presidente de la indicada Asociación.
- —
Corporación Cárnica: se encuentran procesados los ciudadanos Sres. Tania Carolina
Salinas (aprehendida en flagrancia y decretada medida judicial preventiva privativa
de libertad), Delia Isabel Ribas (aprehendida en flagrancia y decretada medida
cautelar sustitutiva de libertad), Angelly López Graterol (aprehendida en flagrancia
y decretada medida cautelar sustitutiva de libertad) y Ernesto Luis Arenas Pulgar
(aprehendido en flagrancia y decretada medida cautelar sustitutiva de libertad) y
Yolman Valderrama (aprehendido en flagrancia y decretada medida cautelar sustitutiva
de libertad), por los delitos de boicot, acaparamiento alteración fraudulenta de la
calidad de los bienes, condicionamiento de la venta, expendio de alimentos vencidos,
agavillamiento y especulación, cuya investigación cursa ante los Tribunales Segundo
Itinerante en Funciones de Control en Materia de Delitos Económicos y Fronterizos de
la Circunscripción Judicial del estado Falcón (Tribunal de Garantía) y el Primero en
Funciones de Control de la Circunscripción Judicial del estado Falcón (Tribunal de
Garantía). Además, el órgano rector de SUNDDE decretó medida administrativa de
ocupación temporal, según providencia administrativa de fecha 28 de enero de
2015.
- 607. En cuanto a la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, la
Fiscalía informa que contra el ciudadano Sr. Rafael Guerra Méndez, presidente de la
Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, no cursa investigación penal alguna. No
obstante, en fecha 6 de febrero de 2015, le fue tomada entrevista en la sede del comando
del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en relación a declaraciones
dadas por éste a los medios de comunicación.
- 608. La Fiscalía concluye destacando que de conformidad con los
principios de derecho y de justicia que propugna la Carta Magna venezolana, el derecho a
la defensa está concebido como una garantía del debido proceso, el cual es aplicable a
todas las actuaciones judiciales y administrativas, por tanto, a los ciudadanos que
están siendo procesados por la presunta comisión de hechos tipificados como punibles en
la legislación, además de reconocerles sus derechos, se les ha garantizado el ejercicio
de los mismos.
- 609. En su comunicación de fecha 21 de mayo de 2015 el Gobierno declara
que ratifica la respuesta enviada el 25 de febrero de 2015 con relación a este caso, por
cuanto, ahí se responde suficientemente lo solicitado en esta nueva oportunidad.
Asimismo, se ratifican cada una de las respuestas anteriores que ha aportado el Gobierno
con relación a las recomendaciones contenidas en el Informe de la Misión Tripartita de
la OIT que visitó el país en enero del 2014, así como cada una de las respuestas
aportadas con relación a este caso.
- 610. En cuanto al proceso relativo al atentado con bomba en la sede de
FEDECAMARAS el 26 de febrero de 2008, el Gobierno informa que la Fiscalía General
notificó que en lo que respecta a la causa penal relacionada con el atentado con bomba
en la sede de FEDECAMARAS, el Tribunal Vigésimo Octavo de Primera Instancia en funciones
de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, dictó decisión
absolutoria a la imputada Ivonne Gioconda Márquez Burgos, por los delitos de
intimidación pública y uso indebido de cédula de identidad. Sin embargo el Ministerio
Público presentó recurso de apelación y en fecha 29 de abril de 2015, se celebró la
respectiva audiencia y la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal, se acogió al
lapso de ley para dictar su fallo y la mencionada instancia judicial deberá emitir la
correspondiente decisión.
- 611. Con relación al proceso sobre los hechos contra los Sres. Noel
Álvarez, Luis Villegas, Ernesto Villamil y Sra. Albis Muñoz, el Gobierno declara que no
han asistido a ninguno de los actos fijados por el Tribunal, a pesar de encontrarse
debidamente notificados. El Gobierno añade que la Fiscalía General de la República
informó que en fecha 21 de enero de 2015, se encontraba fijada la continuación del
juicio oral y público ante el Tribunal Undécimo de Primera Instancia en funciones de
Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el cual fue
interrumpido, toda vez que el acusado revocó a su defensor, por lo que el Tribunal de la
Causa debe fijar la apertura del juicio oral y público, una vez el imputado nombre a su
nuevo representante.
D. Conclusiones del Comité
D. Conclusiones del Comité- 612. En lo que respecta a la recomendación g) de su anterior examen del
caso, el Comité recuerda que en sus conclusiones de marzo de 2015,
- … tomó nota con preocupación de que en sus recientes
comunicaciones conjuntas, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la
Federación de Cámaras y Asociación de Comercio y Producción de Venezuela
(FEDECAMARAS), alegan la detención sin debido proceso y sin derecho de defensa de 15
empresarios de varios sectores, en febrero de 2015, incluido el presidente de la
Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, y el presidente de la Asociación
Nacional de Supermercados y Autoservicios, Sr. Luis Rodríguez, así como otros
alegatos (ocupación de locales de empresas, riesgo de expropiaciones). El Comité
tomó nota de las comunicaciones del Gobierno de 10 y 12 de marzo de 2015 negando
ataques contra el empresariado y declarando que no existen acciones penales contra
los dos dirigentes empleadores mencionados por los querellantes (Sres. Luis
Rodríguez y Rafael Guerra Méndez) e informando del procesamiento de ocho directivos
de empresas por delitos de carácter económico, y señalando también de que respecto
de estos ocho directivos la autoridad judicial ha tomado medidas de privación
judicial preventiva de libertad o medidas cautelares sustitutivas de libertad [véase
374.º informe, párrafo 929].
- 613. El Comité lamenta profundamente que el Gobierno no haya enviado el
complemento de la información que le había solicitado en relación con los alegatos de la
OIE y FEDECAMARAS mencionados en la recomendación g) y que no haya siquiera enviado
informaciones sobre la evolución de los procesos penales iniciados contra la mayoría de
los dirigentes o empresarios cuya detención había sido alegada, a pesar de que consideró
este caso como extremadamente grave y urgente y lo había, por tanto, señalado
especialmente a la atención del Consejo de Administración. El Comité expresa su
preocupación observando que algunos detenidos están expuestos a penas de diez a 12 años
de prisión.
- 614. Dado que en sus últimas respuestas el Gobierno se limita a reiterar
sus anteriores declaraciones sobre los alegatos de detenciones de empresarios y
dirigentes empleadores y sobre la ocupación de locales de empresas e incautación de
mercancías, el Comité subraya la importancia de contar con el complemento de información
solicitado dada la contradicción existente entre los alegatos y la respuesta del
Gobierno sobre el respeto o no de las reglas del debido proceso, sobre la existencia o
no de delitos económicos, sobre si se trata o no de un ataque contra el empresariado y
sus dirigentes y sobre la existencia o no de móviles conspirativos sin conexión con la
defensa de los intereses de las organizaciones de empleadores y de sus miembros. El
Comité destaca en particular la importancia de que el Gobierno indique los hechos
concretos que se reprocharían a cada uno de los empresarios o dirigentes mencionados en
la queja, sin limitarse a señalar cargos penales genéricos (boicot, acaparamiento,
contrabando, especulación, etc.). El Comité insta al Gobierno a que comunique estas
informaciones, así como informaciones sobre la evolución de los respectivos procesos
penales. El Comité pide también al Gobierno que envíe sus observaciones sobre las
recientes informaciones adicionales sobre estas cuestiones comunicadas por la OIE y
FEDECAMARAS en su comunicación de fecha 19 de mayo de 2015 y sus anexos. El Comité pide
a las autoridades que consideren el levantamiento de las medidas cautelares de privación
de libertad contra empresarios o dirigentes empleadores en espera de juicio.
- 615. En lo que respecta a la recomendación b), el Comité observa con
preocupación que de las declaraciones del Gobierno se desprende que los procesos penales
en cuestión no han concluido todavía por lo que reitera sus anteriores
recomendaciones.
- 616. En lo que respecta a las recomendaciones a) y c) a f) que había
formulado en relación con los otros aspectos del caso, el Comité expresa su profunda
preocupación observando la falta de informaciones y de cualquier progreso, reitera sus
anteriores conclusiones y recomendaciones e insta al Gobierno a que tome las medidas
solicitadas sin demora. De manera muy particular, el Comité expresa su profunda
preocupación observando que en sus alegatos de 19 de mayo de 2015, la OIE y FEDECAMARAS
señalan nuevos actos de intimidación y estigmatización contra esta última y sus
dirigentes por parte de las autoridades, inclusive en abril de 2015.
- 617. De manera general, el Comité expresa su grave preocupación ante la
situación específica de los derechos de libertad de asociación de FEDECAMARAS sus
líderes y sus asociados.
Recomendaciones del Comité
Recomendaciones del Comité- 618. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité
invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones
siguientes:
- a) al tiempo que expresa su profunda preocupación ante las graves
y diferentes formas de estigmatización e intimidación por parte de las autoridades o
grupos u organizaciones bolivarianas contra FEDECAMARAS, contra sus organizaciones
afiliadas, contra sus dirigentes y contra empresas afiliadas que incluyen amenazas
de encarcelamiento, declaraciones de instigación al odio, acusaciones de llevar a
cabo una guerra económica, ocupaciones y saqueo de comercios, la toma de la sede de
FEDECAMARAS, etc., el Comité señala al Gobierno la importancia de que se tomen
medidas firmes para evitar este tipo de actos y de declaraciones contra personas y
organizaciones que defienden legítimamente intereses en el marco de los Convenios
núms. 87 y 98, ratificados por la República Bolivariana de Venezuela;
- b) el
Comité lamenta observar que los procesos penales relativos al atentado con bomba en
la sede de FEDECAMARAS el 26 de febrero de 2008 y al secuestro y maltrato en 2010 de
los dirigentes de esta organización, Sres. Noel Álvarez, Luis Villegas, Ernesto
Villamil y Sra. Albis Muñoz (resultando herida con tres balas esta última), no han
concluido todavía, expresa nuevamente la firme esperanza de que terminarán sin mayor
demora y pide al Gobierno que le mantenga informado al respecto. El Comité reitera
la importancia de que los culpables de estos delitos sean condenados con penas
proporcionales a la gravedad de los mismos a fin de que no se repitan los delitos
cometidos y se compense a FEDECAMARAS y los dirigentes concernidos por los daños
causados por esos actos ilegales. El Comité pide al Gobierno que envíe sus
observaciones sobre los puntos planteados por FEDECAMARAS sobre el atentado con
bomba en la sede de la misma;
- c) en lo que respecta a los alegatos de tomas
de fincas, rescates, ocupaciones y expropiaciones en perjuicio de dirigentes o ex
dirigentes empleadores, el Comité pide que se indemnice de manera justa a estos
dirigentes o ex dirigentes de FEDECAMARAS. Al mismo tiempo, el Comité se remite a la
decisión del Consejo de Administración de marzo de 2014 en la que «instó al Gobierno
de la República Bolivariana de Venezuela a que en consulta con los interlocutores
nacionales, desarrollase e implantase el plan de acción como fue recomendado por la
Misión Tripartita de Alto Nivel», que a su vez se refiere a «la constitución de una
mesa de diálogo entre el Gobierno y FEDECAMARAS con la presencia de la OIT, para
tratar todas las cuestiones pendientes relativas a recuperaciones de fincas y
expropiaciones de empresas y otros problemas que se planteen o puedan presentarse en
el futuro vinculados con estas cuestiones» y lamenta que en sus últimas
comunicaciones el Gobierno declare que ello es inviable en cuestiones de
recuperación de tierras y de consultas sobre leyes. El Comité urge al Gobierno a que
ponga en práctica esta petición con los lineamientos señalados en las conclusiones y
que le informe al respecto. Por último, como hiciera la Misión Tripartita de Alto
Nivel, el Comité subraya «la importancia de tomar todas las medidas para evitar
cualquier tipo de discrecionalidad o discriminación en los mecanismos jurídicos
relativos a la expropiación o recuperación u otros que afecten al derecho de
propiedad»;
- d) en relación con los órganos estructurados de diálogo social
bipartito y tripartito que deben establecerse en el país y el plan de acción en
consulta con los interlocutores sociales, con el establecimiento de etapas y plazos
concretos para la ejecución del mismo contando con la asistencia técnica de la OIT,
recomendados por el Consejo de Administración, el Comité toma nota de que el
Gobierno declara que no ha concluido todavía el proceso de consultas con diferentes
sectores y organizaciones y le pide que se asegure de que se incluya en todas ellas
a FEDECAMARAS. El Comité recuerda que las conclusiones de la Misión se refieren a
una mesa de diálogo entre el Gobierno y FEDECAMARAS, con presencia de la OIT y una
mesa de diálogo tripartito con participación de la OIT y con un presidente
independiente. El Comité urge al Gobierno a que de inmediato adopte medidas
tangibles en materia de diálogo social bipartito y tripartito como lo solicitó la
Misión Tripartita de Alto Nivel. Constatando que el Gobierno no ha presentado
todavía el plan de acción que se le había pedido, el Comité urge al Gobierno a que
dé cumplimiento sin demora a las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel
ratificadas por el Consejo de Administración y que le informe al respecto. El Comité
urge al Gobierno a que promueva el diálogo social e iniciativas en este sentido como
la reunión que tuvo lugar en febrero de 2015 entre las autoridades y FEDECAMARAS y
que implemente de inmediato las consultas tripartitas;
- e) el Comité,
siguiendo las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel urge al Gobierno
para que adopte de inmediato acciones que generen un clima de confianza basado en el
respeto de las organizaciones empresariales y sindicales con miras a promover
relaciones profesionales estables y sólidas. El Comité pide al Gobierno que le
informe de toda medida en este sentido. El Comité pide al Gobierno que como una
primera medida en la buena dirección que no debería plantear problemas se designe a
un representante de FEDECAMARAS en el Consejo Superior del Trabajo;
- f) el
Comité toma nota con preocupación de los alegatos de la OIE y FEDECAMARAS de fecha
27 de noviembre de 2014 relativos a: i) la detención durante 12 horas del presidente
de CONINDUSTRIA, Sr. Eduardo Garmendia; ii) acciones de seguimiento y acoso al
presidente de FEDECAMARAS, Sr. Jorge Roig; iii) un recrudecimiento de los ataques
verbales contra FEDECAMARAS por altos cargos del Estado en los medios de
comunicación, y iv) la adopción por el Presidente de la República, en noviembre de
2014, de 50 decretos-leyes sobre importantes cuestiones económicas y productivas sin
que se haya consultado a FEDECAMARAS. El Comité pide al Gobierno que envíe
observaciones completas sobre estos alegatos;
- g) el Comité toma nota con
preocupación de los alegatos de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y
de la Federación de Cámaras y Asociación de Comercio y Producción de Venezuela
(FEDECAMARAS) y de las observaciones del Gobierno de 10 y 12 de marzo de 2015 sobre
una parte de los alegatos. El Comité pide una vez más al Gobierno que complete su
respuesta, que indique los hechos concretos que se reprocharían a cada uno de los 13
empresarios o dirigentes de diferentes sectores detenidos y/o sujetos a medidas
cautelares ante la autoridad judicial, sin limitarse a señalar cargos genéricos
(boicot, acaparamiento, contrabando, especulación, etc.) así como que facilite
informaciones sobre la evolución de los respectivos procesos judiciales. El Comité
pide también al Gobierno que envíe sus observaciones sobre las recientes
informaciones adicionales de la OIE y FEDECAMARAS sobre estas cuestiones, contenidas
en su comunicación de 19 de mayo de 2015. El Comité se propone examinar estas graves
cuestiones de manera detallada con todos los elementos, y pide a las autoridades que
consideren el levantamiento de las medidas cautelares de privación de libertad de
empresarios o dirigentes empleadores en espera de juicio;
- h) el Comité
expresa su profunda preocupación observando la falta de informaciones y de cualquier
progreso sobre los puntos anteriores e insta al Gobierno a que tome todas las
medidas solicitadas sin demora, inclusive en relación con los nuevos alegatos de
actos de intimidación y estigmatización contra FEDECAMARAS, sus dirigentes y
afiliados por parte de las autoridades, y contenidos en la comunicación de 19 de
marzo de 2015, e
- i) el Comité llama especialmente la atención del Consejo de
Administración sobre el carácter extremadamente grave y urgente de este
caso.
