Interim Report - Report No 396, October 2021

Case No 3185 (Philippines) - Complaint date: 05-FEB-16 - Active

Alegatos: las organizaciones querellantes alegan que se han producido ejecuciones extrajudiciales de tres dirigentes sindicales y denuncian que el Gobierno no ha investigado adecuadamente estos casos ni ha puesto a los culpables a disposición de la justicia. Las organizaciones querellantes alegan además el uso de amenazas y tentativas de homicidio contra un cuarto dirigente sindical y su familia, que se vieron obligados a esconderse, y denuncian que el Gobierno no ha investigado adecuadamente este caso ni ha protegido a las víctimas. El hecho de no investigar las quejas ni procesar a los culpables ha agravado el clima de impunidad, violencia e inseguridad, lo que ha tenido un efecto perjudicial en el ejercicio de los derechos sindicales. Otros alegatos se refieren a ejecuciones extrajudiciales de afiliados y dirigentes sindicales en Manila y en el sector agrícola de la isla de Negros, así como a arrestos ilegales, detenciones, señalamientos y actos de intimidación y acoso de afiliados y dirigentes sindicales

1. 508. El Comité examinó por última vez este caso en su reunión de octubre de 2019, cuando presentó un informe provisional ante el Consejo de Administración [véase 391.er informe, párrafos 523-532, aprobado por el Consejo de Administración en su 337.ª reunión]  .
2. 509. La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) aportó información adicional en una comunicación de fecha 2 de marzo de 2021. Por comunicación de fecha 22 de junio de 2021, la Federación de Trabajadores Agrícolas de Filipinas (UMA) y la Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar, la Alimentación e Industrias Afines (NFSW FGT) se adhirieron al caso y proporcionaron alegatos adicionales.
3. 510. El Gobierno presentó sus observaciones en una comunicación de fecha 27 de enero de 2021.
4. 511. Filipinas ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Examen anterior del caso

1. 512. En su reunión de octubre de 2019, el Comité formuló las recomendaciones siguientes [véase 391.er informe, párrafo 532]:
   • a) subrayando la importancia de identificar rápidamente a los autores de actos de violencia contra sindicalistas y ponerlos a disposición de la justicia, a fin de luchar contra la impunidad y promover un clima exento de violencia, intimidación y temor, en el que sea posible ejercer plenamente la libertad sindical, y recordando los asesinatos de los tres líderes sindicalistas Antonio «Dodong» Petalcorin, Emilio Rivera y Kagi Alimudin Lucman, ocurridos en 2013, el Comité reitera una vez más su firme expectativa de que los autores sean juzgados y condenados sin demora, y confía en que el Gobierno seguirá realizando todos los esfuerzos posibles a este respecto. El Comité pide al Gobierno que lo mantenga informado de los progresos alcanzados, incluida la situación actual de esos casos, y que proporcione copia de las sentencias pertinentes en cuanto sean dictadas.
   • b) el Comité señala a la atención del Consejo de Administración la naturaleza grave y urgente de los asuntos tratados en este caso.

B. Alegatos adicionales de las organizaciones querellantes

1. 513. El 2 de marzo de 2021, la ITF presentó información complementaria sobre el alegato relativo a la ejecución extrajudicial de un dirigente sindical a causa de su actividad sindical legítima. En particular, la ITF denuncia que, tras una serie de amenazas de muerte, el Sr. Leonardo Escala, presidente de Nagkakaisang Manggagawa sa Pantalan Incorporated, sindicato que representa a los estibadores de la terminal de Manila de la empresa International Container Terminal Services, Inc., y su sobrina recibieron múltiples disparos en el exterior de su casa en Tondo, Manila, a consecuencia de los cuales el Sr. Escala falleció posteriormente en el hospital local. Además, la ITF manifiesta su preocupación por la cantidad de ejecuciones extrajudiciales de sindicalistas, el hecho de que las autoridades no ofrezcan la protección adecuada a los representantes sindicales y la cultura de impunidad imperante frente a esos crímenes.
2. 514. En su comunicación de fecha 22 de junio de 2021, la UMA y la NFSW-FGT aportaron información complementaria, alegando la comisión por parte del régimen de graves violaciones de los derechos humanos y sindicales, especialmente en el sector agrícola, inclusive a través de la aplicación del Memorando presidencial núm. 32 de 2018 sobre la represión de actos de violencia ilícita y terrorismo. Los alegatos se refieren a numerosos incidentes de ejecuciones extrajudiciales, arrestos ilegales, detenciones, señalamientos, amenazas y actos de acoso e intimidación de afiliados y dirigentes sindicales en la isla de Negros.
3. 515. En particular, las organizaciones querellantes alegan que un afiliado de la UMA fue asesinado en septiembre de 2016 y que, desde enero de 2017, 98 personas han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales en la isla de Negros, 16 de las cuales eran afiliados y dirigentes de la NFSW-FGT. Concretamente, las organizaciones querellantes denuncian los siguientes incidentes:
   • El 7 de septiembre de 2016, Ariel Diaz (presidente de Danggayan Dagiti Mannalon ti Isabela y miembro del equipo de organización de la UMA en Delfín Albano, Isabela) fue disparado en su granja por tres hombres vestidos de civil.
   • El 20 de enero de 2017, Alexander Ceballos (coordinador de la NFSW-FGT en Salvador Benedicto y Murcia, miembro del consejo regional de la NFSW-FGT y dirigente al frente de 50 cultivadores de caña de azúcar) fue asesinado a tiros frente a su casa de Purok Tangke, en el barangay de Pandanon Silos del municipio de Murcia, en Negros Occidental, por dos hombres no identificados que circulaban en motocicleta y que, según se cree, podrían tener vínculos con el alcalde de Salvador Benedicto. El jefe de policía de Murcia confirmó que el Sr. Ceballos había recibido amenazas de muerte antes de ser asesinado. Según las organizaciones querellantes, no se iniciaron acciones judiciales al respecto y la investigación policial del incidente no arrojó ningún resultado, pese a que el Sr. Ceballos llevaba mucho tiempo sufriendo las amenazas y la intimidación del clan Dela Cruz. Por ejemplo, en julio de 2015, unos hombres armados dispararon a un vehículo en el que se encontraba su hijo, supuestamente con la intención de atacar al Sr. Ceballos.
   • El 21 de diciembre de 2017, Flora Gemola (presidenta de la sección local de la NFSW FGT en la ciudad de Sagay) fue hallada muerta en la finca que el Departamento de Reforma Agraria le había concedido previamente, ese mismo día, en Hacienda Tilapas, en el barangay de Rafaela Barrera del municipio de Sagay, en Negros Occidental. Uno de sus familiares se la encontró con ocho puñaladas. El jefe de policía local indicó que probablemente la Sra. Gemola fue seguida por dos o más sospechosos a causa de un conflicto sobre tierras y que posteriormente se produjo un enfrentamiento entre ellos que habría llevado a los sospechosos a cometer el crimen. Añadió asimismo que la policía ya había identificado a diversas personas que podrían estar implicadas.
   • El 22 de febrero de 2018, Ronald Manlanat (afiliado de la sección local de la NFSW FGT en Hacienda Joefred, en el barangay de Luna de la ciudad de Sagay, en Negros Occidental) recibió varios disparos en la cabeza por parte de asaltantes desconocidos con un rifle mientras trabajaba en el campo. Tanto el Sr. Manlanat como otros afiliados de la NFSW en Hacienda Joefred habían sufrido previamente amenazas por su trabajo en el campo y el Sr. Manlanat también había sido acusado de participar en un ataque del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) que tuvo lugar en 2016. Según las organizaciones querellantes, los llamamientos realizados para que se investigase la muerte del Sr. Manlanat no arrojaron resultado alguno.
   • El 27 de junio de 2018, Broce Barellano (presidente de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Hacienda Medina, afiliada a la NFSW FGT) fue disparado por dos agresores no identificados en el exterior de su casa de Sitio Cotcot, Hacienda Medina, en el barangay de Rizal de la ciudad de San Carlos, en Negros Occidental. La esposa del Sr. Barellano presenció cómo este intentaba refugiarse en la casa, pero los pistoleros lo persiguieron y le dispararon a bocajarro. La policía halló diez casquillos, cuatro balas y un proyectil de revólver. El Sr. Barellano se encontraba al frente de un caso de desalojo contra un influyente terrateniente que afectaba a unos 140 arrendatarios de Hacienda Medina. Se presentó un caso de asesinato ante el Tribunal Regional de San Carlos.
   • El 20 de octubre de 2018, entre seis y diez enmascarados no identificados abrieron fuego contra la carpa improvisada en la que descansaban varios trabajadores agrícolas de Hacienda Nene-Barbara, en el barangay de Bulanon de la ciudad de Sagay, en Negros Occidental, causando instantáneamente la muerte a nueve de ellos: Eglicerio Villegas, Angelife E. Arsenal, Paterno M. Baron, Rene P. Laurencio Sr., Morena F. Mendoza, Marcelina D. Dumaguit, Rannel H. Bantigue, Jomarie S. Ugahayon Jr. y Marchel Sumicad. Además, tres de las víctimas —Morena F. Mendoza, Marcelina D. Dumaguit y Rannel H. Bantigue— fueron quemadas por los sospechosos, mientras que tres de los trabajadores sobrevivieron al episodio. Todas las víctimas formaban parte de una asociación de agricultores afiliada a la NFSW-FGT. Según las organizaciones querellantes, se sospecha que los hombres armados eran matones del propietario de las tierras y elementos paramilitares del Ejército Civil Auxiliar Especial, bajo el mando de las Fuerzas Armadas de Filipinas.
   • El 7 de junio de 2019, Felipe Dacal-Dacal (miembro activo de la NFSW-FGT en Escalante, Negros Occidental) fue señalado como miembro del NPA por Marlon «Astro» Fajardo y, cuando negó las acusaciones, el sospechoso le disparó varias veces en su casa del barangay de Pinapugasan, en Escalante, Negros Occidental, y huyó del lugar. Antes de ese incidente, unos soldados trataron en tres ocasiones de convencer al Sr. Dacal Dacal de que dejase de participar en las concentraciones, a lo que este se negó. Las organizaciones querellantes alegan que Marlon «Astro» Fajardo es oficial del servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Filipinas.
   • El 23 de junio de 2020, Jose Jerry Catalogo (dirigente de una asociación local de agricultores afiliada a la NFSW-FGT) recibió disparos en las proximidades de su casa del barangay de Paitan, en la ciudad de Escalante, en Negros Occidental. Su esposa lo encontró con dos disparos en la cabeza y el pecho, y con las piernas y los brazos rotos. Según el informe inicial de la policía, entre tres y cuatro atacantes participaron en el asesinato del Sr. Catalogo, quien había manifestado varios días antes del ataque que estaba siendo seguido por un grupo de personas no identificadas.
   • El 2 de febrero de 2021, Antonio «Cano» Arellano (presidente de una organización de campesinos afiliada a la NFSW-FGT en el barangay de Jonob-Jonob de la ciudad de Escalante, en Negros Occidental) fue asesinado a tiros por cuatro atacantes no identificados.
4. 516. Las organizaciones querellantes también denuncian múltiples incidentes de arrestos ilegales, detenciones y presentación de cargos falsos contra más de 100 agricultores, trabajadores y activistas de los derechos humanos, incluidos miembros y dirigentes de sindicatos afiliados a la NFSW-FGT y la UMA, algunos de los cuales permanecen actualmente detenidos. Las organizaciones querellantes señalan los siguientes incidentes concretos:
   • El 17 de junio de 2017, soldados de las Fuerzas Armadas de Filipinas arrestaron de forma ilegal a Ricky Omandam (miembro del Sindicato General de Trabajadores Agrícolas (OGYON), organización local afiliada a la UMA y compuesta por trabajadores agrícolas del barangay de New Eden, en el municipio de Pangantucan, Bukidnon). El Sr. Omandam fue trasladado al destacamento militar de Madaya, donde permaneció detenido por causas desconocidas.
   • El 19 de julio de 2017, miembros armados del Cuerpo Provincial de Seguridad Pública de la Policía Nacional de Filipinas en Bukidnon irrumpieron por la fuerza en la casa de Alfredo Omandam en el barangay de New Eden, en Pangantucan, Bukidnon, procedieron a registrar la casa sin orden judicial y, no hallando en ella ningún objeto ilegal, lo arrastraron hasta la plaza, donde lo acusaron de poseer munición para armas de fuego. Posteriormente, lo trasladaron a la ciudad de Malaybalay junto con su esposa, que fue puesta en libertad al día siguiente. Tanto el Sr. Omandam como su esposa están afiliados al sindicato OGYON, que reclama aumentos salariales para los trabajadores de las plantaciones.
   • El 8 de octubre de 2017, tras un ataque presuntamente cometido por miembros del NPA contra el edificio de la empresa Del Monte, Angelica Pavorada Regasajo (trabajadora agrícola y afiliada al sindicato OGYON del barangay de Merangeran) fue llevada a la fuerza por un grupo de soldados y acusada de tenencia ilegal de munición para armas de fuego. En la misma fecha, varios soldados armados accedieron a la vivienda de su madre, registraron ilegalmente la casa y se fueron, tras lo cual regresaron y supuestamente hallaron la munición que según ellos pertenecía a la Sra. Pavorada Regasajo. Esta fue trasladada a la comisaría de policía del municipio de Quezón, en Bukidnon, permaneció en situación de detención ilegal y se presentó una denuncia penal en su contra. Asimismo, la policía le comunicó que su marido estaba acusado de pertenencia al NPA.
   • El 3 de julio de 2018, seis mujeres (afiliadas del sindicato OGYON) fueron acusadas de brindar apoyo al NPA, arrestadas ilegalmente por las Fuerzas Armadas de Filipinas y detenidas en el destacamento militar de Madaya.
   • El 22 de octubre de 2018, Julie Balvastamen y Susanu Aguaron (afiliadas del sindicato OGYON) fueron arrestadas ilegalmente y detenidas por miembros de la policía y las fuerzas armadas en un puesto de control de Lumbo, en la ciudad de Valencia, Bukidnon. Se disponían a celebrar una vigilia frente al puesto de control y, posteriormente, tras la insistencia del grupo en su derecho a la protesta pacífica, las detenidas fueron puestas en libertad.
   • El 19 de diciembre de 2018, Ricky Cañete (dirigente de la NFSW-FGT en la ciudad de Sagay) fue arrestado en el barangay de General Luna, en la ciudad de Sagay, Negros Occidental, por agentes uniformados de la policía municipal y las autoridades gubernamentales lo acusaron de haber participado en un ataque del NPA en mayo de 2016. Actualmente sigue detenido y se enfrenta a falsas acusaciones con un cargo de asesinato en grado de frustración y dos cargos de asesinato.
   • El 2 de junio de 2019, Edilberto Sangga (afiliado del NFSW-FGT) fue arrestado ilegalmente bajo falsas acusaciones de allanamiento y tres miembros de su personal doméstico fueron también detenidos por unos 40 miembros de las Fuerzas Armadas de Filipinas, que asaltaron su comunidad y colocaron pruebas falsas.
   • El 18 de septiembre de 2019, Rolly Hernando, Joel Guillero, Leon Charito, Buenvinido Ducay, Kenneth Serondo, Carlo Apurado, Reynaldo Saura y Aiza Gamao (afiliados y dirigentes del NFSW-Teatro Obrero y de la organización urbana Kadamay) fueron arrestados en el barangay de Jonob-Jonob de la ciudad de Escalante, en Negros Occidental. Formaban parte del equipo de información pública que recorría diversas ciudades del norte de la isla de Negros informando a la población sobre las próximas actividades organizadas para conmemorar el aniversario de la masacre de Escalante, el 20 de septiembre de 2019. Fueron abordados por hombres vestidos de civil con gorras que les solicitaron los permisos de la actividad y les pidieron que se mantuviesen alejados del vehículo. Las organizaciones querellantes alegan que los hombres colocaron en el vehículo dos pistolas y dos botellas de ron vacías como elementos incriminatorios, requisaron los teléfonos móviles de los activistas y borraron las fotos del incidente, que algunos de ellos estaban documentando. A continuación, los activistas fueron trasladados a la comisaría de policía de Escalante, donde la policía supuestamente decomisó 5 pistolas, 1 revólver, 1 ametralladora, 3 granadas de fusil, 2 artefactos explosivos improvisados, 21 cócteles molotov y distintos tipos de municiones. Los trabajadores detenidos se enfrentan a cargos de tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos, y tres de ellos, que son afiliados de la NFSW-FGT —Joel Guillero, Leon Charito y Buenvinido Ducay—, permanecen actualmente bajo detención.
   • El 31 de octubre de 2019, John Milton Lozande (secretario general de la NFSW FGT) fue una de las 57 personas arrestadas en una operación conjunta llevada a cabo por miembros de las Fuerzas Armadas de Filipinas y el Cuerpo de Acciones Especiales (unidad de élite de la Policía Nacional de Filipinas) y por oficiales del Grupo de Investigación y Detección Penales en las oficinas de Kilusang Mayo Uno y Bayan. Si bien la redada se realizó con arreglo a órdenes de registro emitidas por el Juzgado Regional núm. 89 de Ciudad Quezón, las unidades participantes se limitaron a irrumpir con violencia en el recinto sin anunciar sus objetivos ni presentar las órdenes de registro, se abrieron paso apuntando con armas de grueso calibre y ordenaron a los presentes que se tumbaran boca abajo en el suelo, mientras que otros miembros del operativo penetraban en los edificios destruyendo y saqueando todo a su paso. Varias horas más tarde, ante la llegada de dos concejales del barangay, el oficial al mando de la redada declaró que podía iniciarse oficialmente el registro y fue en ese momento cuando se hallaron varias pilas de pistolas y explosivos que habían sido colocadas previamente en diversas partes de la oficina como elementos incriminatorios. Simultáneamente y siguiendo el mismo procedimiento, se realizaron redadas en la oficina de la NFSW-FGT, en la oficina de Gabriela y en un domicilio privado, durante las cuales se procedió al arresto de Danilo Tabura (asistente jurídico de la NFSW FGT) y Roberto Lachica (conserje de la NFSW-FGT). Las fuerzas de seguridad gubernamentales colocaron en dichas oficinas un total de 25 pistolas y granadas de mano como elementos incriminatorios.
   • El 1.º de noviembre de 2019, Imelda Sultan (encargada de organización con una amplia trayectoria y miembro del personal de la oficina de distrito de la NFSW FGT durante más de veinte años) fue arrestada en la oficina de la NFSW-FGT en el barangay de Balintawak por miembros de la Policía Municipal de Escalante, el Equipo de Armas y Tácticas Especiales, el Cuerpo de Acciones Especiales de la Policía Nacional de Filipinas y las Fuerzas Armadas de Filipinas. Las tropas gubernamentales consiguieron colocar como elementos incriminatorios 3 pistolas con 17 balas, 7 proyectiles para lanzagranadas, 2 artefactos explosivos improvisados, 3 teléfonos móviles y documentos subversivos. Lindy Perocho (miembro del personal de la oficina de distrito de la NFSW-FGT) también fue arrestada en su casa del barangay de Jonob Jonob por miembros de la Policía Municipal de Escalante, el Cuerpo de Acciones Especiales de la Policía Nacional de Filipinas y las Fuerzas Armadas de Filipinas. Las tropas gubernamentales colocaron en su casa, como elementos incriminatorios, dos pistolas y tres proyectiles para lanzagranadas. Las dos víctimas fueron arrestadas el mismo día en virtud de sendas órdenes de registro emitidas por el Juzgado Regional núm. 89 de Ciudad Quezón y permanecen actualmente bajo detención.
   • El 16 de diciembre de 2019, Ariel Ronido (presidente del sindicato OGYON) y su cuñado Edgardo Andales fueron arrestados ilegalmente por las Fuerzas Armadas de Filipinas y trasladados al destacamento militar de Madaya. El Sr. Andales fue puesto en libertad al día siguiente pero el Sr. Ronido continuó bajo detención. Dos días más tarde, un familiar visitó el campamento, pero no se le permitió ver al Sr. Ronido, que tampoco responde al teléfono.
   • El 31 de enero de 2020, Rene Manlangit (presidente de la NFSW-FGT en Hacienda Nene, Purok Fire Tree, en el barangay de Bulanon de la ciudad de Sagay, en Negros Occidental) y Rogelio Arquillo Jr. (afiliado de la NFSW-FGT en Hacienda Nene) fueron acusados por la Policía Nacional de Filipinas de múltiples asesinatos cometidos durante la masacre de Sagay, en octubre de 2018, pese a ser ellos mismos supervivientes de la masacre, en la que fallecieron algunos de sus familiares. Se emitió una orden de arresto contra ambos, que permanecen escondidos en un lugar seguro mientras el caso se examina en los tribunales. Antes de la masacre de Sagay, en abril de 2018, una brigada de las Fuerzas Armadas de Filipinas con base en Negros emitió un comunicado en el que se declaraba que los bungkalan de la NFSW-FGT [trabajadores agrícolas que cultivan pequeñas parcelas en grandes haciendas a fin de alimentar a sus familias] participaban en las iniciativas de acaparamiento de tierras de los rebeldes que financian las operaciones del NPA y de otras organizaciones en la región. La NFSW FGT y la UMA condenaron el peligroso comunicado de los militares, que apuntaba claramente a la realización de encarnizados ataques contra los campesinos por parte de presuntos agentes del Estado en toda la isla de Negros.
   • El 9 de junio de 2020, Gaspar Davao (coordinador de distrito y organizador de la NFSW–FGT en el norte de Negros) fue arrestado en una operación conjunta de la Policía Municipal de Cádiz y las Fuerzas Armadas de Filipinas, en un puesto de control establecido en el barangay de Caduhaan, en la ciudad de Cádiz. Durante el arresto, las autoridades detuvieron el vehículo e informaron a los pasajeros de que estaban buscando a una persona infectada con la COVID-19, que debía ser puesta en cuarentena. Cuando el Sr. Davao descendió del vehículo, un miembro de las Fuerzas Armadas de Filipinas lo identificó inmediatamente como la persona infectada y ordenó al conductor del vehículo que continuase hacia su destino sin controlar el estado de los demás pasajeros. A continuación, la policía y las fuerzas armadas trasladaron al Sr. Davao a la comisaría de policía de la ciudad de Cádiz y le retiraron la bolsa sin informarlo sobre las verdaderas razones de su arresto. Al día siguiente, lo pusieron ante una rueda de prensa con su bolsa en la mesa frente a él. En ella había una granada de fragmentación, documentos que no le pertenecían y sus efectos personales. En la actualidad, permanece bajo detención en la Cárcel de Distrito de Negros Occidental.
5. 517. Además, las organizaciones querellantes denuncian numerosos incidentes de señalamiento, acoso, intimidación y otras amenazas contra afiliados y dirigentes sindicales, con los cuales se pretende reprimir el sindicalismo y atemorizar a los afiliados:
   • En marzo de 2018, Godfrey Palahang (organizador del sindicato OGYON y de los Misioneros Rurales de Filipinas en la Región de Mindanao del Norte) fue obligado a entregarse como supuesto rebelde miembro del NPA debido a su colaboración con organizaciones de activistas.
   • Desde 2018, Guillermo «Ka Gimo» Hernandez (ex presidente de la UMA, secretario general de Kaisahan ng mga Manggagawang Bukid sa Batangas y representante de los trabajadores del campo azucarero en el Consejo Tripartito de Distrito del sector azucarero) ha estado sometido a hostigamiento: en febrero de 2018, diversos miembros de las Fuerzas Armadas de Filipinas y de las Fuerzas Aéreas de Filipinas preguntaron por su paradero; en julio de 2018, los militares y la policía establecieron un destacamento militar en la comunidad del Sr. Hernandez, y, en agosto de 2018, dos camiones del ejército con soldados y oficiales de policía buscaron al Sr. Hernandez cerca de su casa. En consecuencia, ni él ni su esposa pueden regresar a su casa, pues ambos están incluidos en la lista de terroristas proscritos por el Gobierno.
   • En 2018, cinco miembros de Kaisahan ng mga Manggagawang Bukid sa Batangas fueron señalados como terroristas, a saber: Marilyn Hernandez (tesorera de la NFSW FGT), Carlos Sañosa, Jun Delos Reyes, Robert Hernandez y Josefino Castillano.
   • En 2018, Sor Patricia Anne Fox, misionera voluntaria de la UMA, fue acusada por la Oficina de Inmigración de haber participado ilegalmente en actividades políticas y ordenó su deportación por tratarse de una «extranjera no grata». Las presuntas actividades políticas en las que habría participado consistían en concentraciones, ruedas de prensa y misiones de investigación sobre violaciones de los derechos humanos de las personas pobres y los sectores marginados de la sociedad. El 16 de abril de 2018, los representantes de la Oficina de Inmigración arrestaron a la Sra. Fox a causa de su presunta participación en actividades políticas en contravención de su visado de misionera. Permaneció detenida durante casi veinticuatro horas, tras lo cual fue puesta en libertad. Finalmente, la Oficina de Inmigración rebajó la categoría de su visado y le asignó un visado temporal que expiró en noviembre de 2018.
   • El 4 de mayo de 2018, miembros de la Policía Nacional de Filipinas y guardias de seguridad de los terratenientes Perla y Juan Miguel Gonzales, cuyo nieto es el alcalde de la ciudad de Silay, intentaron demoler las casas de cuatro miembros del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Hacienda San Herman (afiliado a la NFSW), a saber, Celso Gonzales, Celso Salgado, Ernesto Tilacas y Noel Zaragosa, pero no consiguieron hacerlo debido a la resistencia de los trabajadores agrícolas. El 21 de junio de 2018, se llevaron a cabo finalmente las demoliciones y fueron destruidos los hogares de los sindicalistas mencionados, que ahora viven en un emplazamiento alternativo facilitado por el Gobierno. Estas actuaciones tuvieron como objetivos amedrentar a los trabajadores para incitarlos a que retiren sus solicitudes de inclusión en el ámbito de la reforma agraria, así como reprimir el sindicalismo.
   • El 8 de julio de 2018, 30 miembros de las Fuerzas Armadas de Filipinas acamparon a unos 30 metros de la casa de Hasil Delima (afiliado de la NFSW-FGT) en Sitio Aniya, localidad del barangay de Winaswasan, en el municipio de Calatrava.
   • El 4 de agosto de 2018, más de 100 guardias de seguridad de la empresa Diamond Factor Corporation empezaron a destruir plantas en los campos de cultivo de la Asociación de Granjeros y Trabajadores Agrícolas de Aidsisa, ubicada en Aidsisa, en el barangay E. Lopez de la ciudad de Silay, en Negros Occidental. Mientras los guardias de seguridad dañaban las plantas, otros guardias hacían disparos al aire para atemorizar a los granjeros y trabajadores agrícolas. Según las organizaciones querellantes, el objetivo era posiblemente amenazar a los residentes y a los trabajadores agrícolas e incitarlos a retirar sus solicitudes para la inclusión en el ámbito de la reforma agraria de las tierras reclamadas por la empresa. En la actualidad, los miembros de la asociación siguen viviendo con miedo.
   • El 16 de noviembre de 2018, unos 100 miembros de las Fuerzas Armadas de Filipinas, el Cuerpo de Acciones Especiales de la Policía Nacional de Filipinas y el Grupo Mixto de Tareas de Investigación abrieron fuego indiscriminadamente en Sitio Puting Bato, en el barangay de Washington de la ciudad de Escalante, tras lo cual se realizó una evacuación forzosa, se controlaron los accesos a la comunidad, se acampó ilegalmente en las proximidades de las casas y se produjeron registros y detenciones ilegales, con 11 familias y 21 personas afectadas, en particular miembros de PAMALAKAYA y de la NFSW-FGT.
   • El 1.º de febrero de 2019, un grupo de uniformados armados saqueó y registró ilegalmente las casas de los miembros de Pakigdaet sa Kalambuan (PSK)-NFSW en Sitio Magduod, en el barangay de Bugang del municipio de Toboso. Los soldados intimidaron a los residentes haciendo un recuento y tomando nota del número de hombres, a quienes consideraban miembros del NPA. Además, les dijeron que algo malo les ocurriría si se negaban a permitir el registro de sus hogares.
   • El 22 de febrero de 2019, las fuerzas armadas registraron la casa de Tioliza Iwayan (afiliado de la NFSW-FGT), en el barangay de Jonob-Jonob de la ciudad de Escalante, buscando supuestas armas del NPA, pero no hallaron armamento alguno.
   • El 4 de marzo de 2019, la casa de Arjie Marangga (secretaria general de la NFSW en Toboso y corresponsal local del programa de radio Kaling kag Tugda) en Nueva Estrella, en el barangay de General Luna del municipio de Toboso, en Negros Occidental, fue rodeada por miembros de las Fuerzas Armadas de Filipinas que llegaron a la zona en un camión del ejército, cuatro camionetas y varias motocicletas. Los autores alegaron que la Sra. Marangga daba cobijo a miembros del NPA y les dijeron a ella y a su familia que algo malo les pasaría si no renunciaban a su afiliación a la NFSW-FGT.
   • El 20 de marzo de 2019, unos soldados intimidaron y acosaron a los residentes de Sitio Fuentes, en el barangay de Mabini de la ciudad de Escalante, y saquearon la casa de Teddy Canillo (organizador local de la NFSW-FGT en la ciudad de Escalante, en Negros Occidental).
   • El 28 de marzo de 2019, un grupo de hombres armados que se presentaron como miembros de la Policía Nacional de Filipinas asaltaron la comunidad y saquearon la oficina de la cooperativa y las viviendas de Grace Parreno, Anilyn Serrondo, Chen-Chen Serrondo, Joenel Timplado y Eulando Serrondo (dirigente del PSK), quien también sufrió amenazas.
   • El 9 de abril de 2019, tres hombres del Grupo de trabajo nacional para poner fin al conflicto armado comunista local le dijeron a 30 residentes de Gaway-Gaway (en el barangay de Jonob-Jonob de la ciudad de Escalante) que habían asistidso a una reunión de la organización Panaghiusa sa mga Obreros sa Barangay Jonobjonob (afiliada a la NFSW) que les preocupaban los problemas de los campesinos y la organización, pero no deberían acudir a ninguna concentración u otros actos de masas o, de lo contrario, se emitiría un auto judicial en su contra.
   • El 19 de abril de 2019, 113 agricultores afiliados a 28 asociaciones agrarias (en su mayor parte, miembros de la NFSW-FGT y KMP) asistieron a una reunión en la ciudad de Escalante que sirvió para el señalamiento de todas las organizaciones progresistas, incluida la NFSW-FGT.
   • El 22 de abril de 2019, 40 militares armados asaltaron la comunidad e intimidaron a Eulando Serrondo (dirigente del PSK) y a otros miembros del PSK-NFSW.
   • El 24 de junio de 2019, Theresa Aloquina, esposa de Aldrin Aloquina (vicepresidente regional de la NFSW-FGT) sufrió intimidación y acoso por parte de unos integrantes del Grupo de trabajo nacional que visitaron su casa en Linao II, en el barangay de Balintawak de la ciudad de Escalante, en busca del Sr. Aloquina. El Grupo de trabajo nacional admitió ante ella que la NFSW-FGT era una organización legal, pero añadió que estaba respaldada por otra organización.
   • El 26 de junio de 2019, Rebecca Bucabal (presidenta de Panaghiusa sa Obreros sa Barangay Balintawak, afiliado a la NFSW) fue intimidada y acosada por parte de seis integrantes del Grupo de trabajo nacional en el barangay de Balintawak, en la ciudad de Escalante. Le pidieron que cooperara y que reconociese su pertenencia a la «vil» NFSW FGT.
   • El 4 de julio de 2019, un grupo de miembros de la policía municipal de Silay dotados de órdenes judiciales registraron la casa de Jose Rex Escapalao (vicepresidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Hacienda Raymunda, organización afiliada a la NFSW), colocaron un revólver como elemento incriminatorio, arrestaron al dirigente sindical y lo acusaron de tenencia ilegal de armas de fuego. El Sr. Escapalao permaneció una semana bajo detención en la comisaría de policía de la ciudad de Silay y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza, mientras que su caso se tramita en los tribunales a la espera de que se programe la audiencia correspondiente.
   • El 5 de julio de 2019, Susan Pabalate (afiliada de la NFSW-FGT) fue intimidada y acosada por 14 integrantes armados del Grupo de trabajo nacional que se presentaron en su casa del barangay de Malasibog, en la ciudad de Escalante.
   • El 14 de julio de 2019, unos hombres armados vestidos de civil intimidaron y amenazaron a la familia de Dingding (dirigente local de la NFSW-FGT) en Hacienda Amparo, en el barangay de Mabini de la ciudad de Escalante, y le dijeron que se arrepentirían si algo desagradable le ocurriese a su madre en caso de que se negase a hacer una declaración en la cual anunciaba su entrega a las autoridades como miembro del Partido Comunista de Filipinas.
   • El 14 de julio de 2019, los residentes de Minasugang, en el barangay de Tabunac del municipio de Toboso, sufrieron intimidación y acoso por parte de miembros de las Fuerzas Armadas de Filipinas durante una reunión que tuvo lugar en la alcaldía del barangay. Se les informó engañosamente de que en la reunión se abordaría un programa de medios de vida, pero en su lugar se les pidió que entregasen las pistolas y otras armas que obrasen en su poder —de las que carecían— y que limpiasen sus nombres. También se les obligó a comunicar los nombres de los dirigentes de su cooperativa afiliada a la NFSW-FGT, que aún no había sido inscrita en el registro. La documentación de la cooperativa y otros documentos conexos de su caso de tierras obran ahora en poder de las Fuerzas Armadas de Filipinas.
   • El 27 y el 28 de julio de 2019, 171 residentes de los barangayes de Bandila, Tabunac, Bug ang y Magticol, en el municipio de Toboso, fueron obligados a participar en un seminario sobre la paz dirigido por las Fuerzas Armadas de Filipinas y otros organismos gubernamentales, con el objetivo de desradicalizarlos. Además, se les obligó a confeccionar pancartas contra los grupos progresistas y banderas pintadas de rojo con la hoz y el martillo, y fueron forzados a desfilar con ellas en una manifestación de protesta por el centro de la ciudad coreando «dejad de recaudar».
   • Desde 2019, los militares, en colaboración con instancias gubernamentales locales, se han hecho cargo por la fuerza de la conmemoración anual de la masacre de 1985 en Escalante, mediante la organización de una «cumbre por la paz» que se ha convertido en una escenificación de la rendición con la participación de 2 400 supuestos rebeldes desmovilizados. El alcalde se negó a conceder los permisos a los grupos que se encargaban tradicionalmente de organizar la conmemoración y la policía y los soldados arrestaron a los grupos del Teatro Obrero, que actuaban cada año en el evento.
   • Tanto el Kilusang Mayo Uno como la UMA, así como sus miembros, fueron señalados por parte del Grupo de trabajo nacional para poner fin al conflicto armado comunista local en su informe anual correspondiente a 2019. Asimismo, la Red de Resistencia ante la Expansión de las Plantaciones Agrícolas en Mindanao (REAP Mindanao), cuya coordinación a nivel nacional está a cargo de la UMA, fue designada como grupo terrorista comunista del sector agrícola.
   • El 19 de abril de 2020, se interpuso una demanda por usurpación de autoridad contra Ariel Casilao, vicepresidente en funciones de la UMA. El Sr. Casilao fue arrestado cuando acudió en ayuda de seis voluntarios de las operaciones de socorro de Sagip Kanayuan, quienes, a su vez, habían sido arrestados y permanecían detenidos en la comisaría de Norzagaray. Se le acusó de hacerse pasar por un miembro en ejercicio de la Cámara de Representantes y su caso sigue pendiente de enjuiciamiento.
   • La UMA-Isabela fue una de las organizaciones progresistas señaladas por las Fuerzas Armadas de Filipinas entre mayo y junio de 2020. Una serie de sacos rajados con los nombres de los activistas acusados de actuar como captadores del NPA aparecieron colgados de los árboles en carreteras principales de tres municipios (Isabela, Cagayán y Tuguegarao), y se distribuyeron folletos en los que se difamaba a los activistas tildándolos de terroristas y captadores del NPA. En junio de 2021, algunos responsables de la UMA-Isabela volvieron a ser víctimas de acoso por sus supuestas vinculaciones con el NPA: se organizó un falso acto de rendición en el que los dirigentes de la UMA se negaron a colaborar con los soldados, pese a que, durante tres días consecutivos, habían recibido la visita en sus casas de oficiales de policía y soldados que intentaban coaccionarlos para que reconociesen su pertenencia al NPA. Este incidente tuvo lugar después de que la UMA-Isabela presentase una denuncia ante el Consejo Provincial de Santa María por vulneración de la Ley sobre el Salario Mínimo por parte de una fábrica de bioetanol, que profirió amenazas de muerte contra los afiliados del sindicato y los amenazó con despidos masivos.

C. Respuesta del Gobierno

1. 518. En su comunicación de fecha 27 de enero de 2021, el Gobierno reitera que ya ha abordado los alegatos del presente caso. Con relación a los casos de Emilio Rivera y Antonio Petalcorin, el Gobierno remite a las conclusiones alcanzadas por el Órgano de Control Tripartito Regional de la región XI, según las cuales se había presentado una denuncia por asesinato y el inspector al cargo estaba llevando a cabo una investigación complementaria a fin de detener al sospechoso y recabar toda la información pertinente, en razón de lo cual no era posible afirmar que el Estado omitiese la realización de investigaciones policiales adecuadas, enjuiciamientos e investigaciones judiciales independientes en relación con el asesinato.
2. 519. En cuanto al caso de Kagi Alimudin Lucman, el Gobierno reitera que la Comisión Interinstitucional no consideró que se tratase de una ejecución extrajudicial con arreglo a lo dispuesto en las Directrices Operativas de la Orden Administrativa núm. 35, sino que el caso se investigó conforme a los procedimientos penales ordinarios y se constató la ausencia de testigos esenciales.
3. 520. En relación con el caso de Carlos Cirilo, el Gobierno manifiesta que, según los registros, no se le denegó la escolta policial, contrariamente a lo que se indica en los alegatos, y, pese a la realización de investigaciones complementarias, no se halló ningún testigo que pudiera aportar información acerca del presunto incidente relativo al lanzamiento de una granada a la residencia de la víctima.
4. 521. Con relación a los casos mencionados, el Gobierno reitera que se están tramitando e investigando en el marco de los procesos ordinarios de investigación penal y enjuiciamiento, y que la disponibilidad de informes depende en gran medida de las investigaciones policiales y de los procedimientos judiciales ordinarios, cuyos progresos pueden verse afectados por numerosos factores, como la falta de testigos esenciales.

D. Conclusiones del Comité

1. 522. El Comité recuerda que el presente caso se refiere a alegatos sobre las ejecuciones extrajudiciales de tres dirigentes sindicales, el intento de asesinato de otro sindicalista, y el hecho de que el Gobierno no ha investigado adecuadamente estos casos ni ha puesto a los autores a disposición de la justicia, reforzando el clima de impunidad, violencia e inseguridad, con efectos perniciosos para el ejercicio de los derechos sindicales. Otros alegatos se refieren a otras 18 ejecuciones extrajudiciales de afiliados y dirigentes sindicales en Manila y en la isla de Negros, así como a numerosos casos de arrestos ilegales, detenciones, señalamientos, actos de intimidación y acoso y amenazas contra afiliados y dirigentes sindicales del sector agrícola.
2. 523. En lo que concierne a los casos relativos a los asesinatos de Antonio «Dodong» Petalcorin, Emilio Rivera y Kagi Alimudin Lucman (recomendación a)), el Comité toma nota de que el Gobierno reitera, conforme a la información remitida con anterioridad, que los sospechosos en los casos de los Sres. Emilio Rivera y Antonio Petalcorin tienen órdenes de detención pendientes y que sigue en curso una investigación complementaria para detenerlos, mientras que la investigación sobre el caso de Kagi Alimudin Lucman adolece de falta de testigos materiales. El Comité lamenta nuevamente observar que no parece que se hayan registrado progresos sustanciales en la puesta a disposición judicial de los responsables de dichos crímenes, pese a que los asesinatos ocurrieron en 2013 y que el Gobierno ha señalado en varias ocasiones que se habían investigado o continuaban investigándose con arreglo a los procesos ordinarios de investigación penal y enjuiciamiento. Recordando la importancia de que las investigaciones den resultados concretos a fin de poder determinar fehacientemente los hechos producidos, los motivos de los mismos y sus responsables para poder aplicar las sanciones que correspondan y poder trabajar para evitar que los mismos se repitan en el futuro [véase Recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, sexta edición, 2018, párrafo 96], el Comité una vez más expresa su firme expectativa de que los autores de los casos mencionados sean juzgados y condenados sin más demora. El Comité confía en que el Gobierno seguirá haciendo todos los esfuerzos posibles a este respecto y urge al Gobierno a que lo mantenga informado de todo progreso realizado.
3. 524. Respecto a los nuevos alegatos presentados por la ITF, la UMA y la NFSW-FGT, el Comité observa que las organizaciones querellantes denuncian la aplicación de una política de represión y criminalización de la actividad sindical, especialmente en el sector agrícola y en particular a través de la aplicación del Memorando presidencial núm. 32, que en la práctica ha dado lugar a la comisión de graves violaciones de los derechos humanos y sindicales. En particular, el Comité observa que las organizaciones querellantes denuncian 18 casos de ejecuciones extrajudiciales de afiliados y dirigentes sindicales registrados desde 2016, a saber, los de Leonardo Escala, Ariel Diaz, Alexander Ceballos, Flora Gemola, Ronald Manlanat, Julius Broce Barellano, Eglicerio Villegas, Angelife E. Arsenal, Paterno M. Baron, Rene P. Laurencio, Morena F. Mendoza, Marcelina D. Dumaguit, Rannel H. Bantigue, Jomarie S. Ugahayon Jr., Marchel Sumicad, Felipe Dacal-Dacal, Jose Jerry Catalogo y Antonio «Cano» Arellano, y alegan que las investigaciones de los incidentes no siempre han arrojado resultados. El Comité toma nota además de que los alegatos de las organizaciones querellantes también se refieren a arrestos ilegales, detenciones e interposición de cargos penales falsos contra más de 100 trabajadores, defensores de los derechos humanos y sindicalistas, en particular de sindicatos afiliados a la NFSW-FGT y la UMA, así como a numerosos casos de intimidación, acoso, señalamiento y amenazas contra afiliados y dirigentes sindicales. Según las organizaciones querellantes, el Gobierno no ha proporcionado la adecuada protección contra estos delitos, que en su mayoría se han caracterizado por contar con un cierto grado de participación de agentes del Estado, en particular miembros de la policía, las fuerzas armadas u otras organizaciones sujetas a su control. Constatando que el Gobierno todavía no ha presentado sus observaciones a este respecto, el Comité se ve obligado a expresar su profunda preocupación ante la gravedad de los alegatos formulados, así como por su carácter reiterado y prolongado en el tiempo, que da lugar a un clima de violencia e impunidad con un efecto extremadamente perjudicial sobre el legítimo ejercicio de los derechos sindicales en el país. En esas circunstancias, el Comité se ve obligado a recordar que los actos de intimidación y violencia física contra sindicalistas constituyen una violación grave de los principios de la libertad sindical y que la falta de protección contra tales actos comporta una impunidad de hecho, que no hace sino reforzar un clima de temor e incertidumbre muy perjudicial para el ejercicio de los derechos sindicales. Vincular sin más a los sindicatos con el movimiento subversivo tiene un efecto estigmatizador y colocan por lo general a los dirigentes y afiliados sindicales en una situación de extrema inseguridad. Es importante que todas las situaciones de violencia contra sindicalistas sean debidamente investigadas, tanto si se trata de asesinatos como de desapariciones o amenazas. Además, la mera apertura de investigaciones no pone fin a la misión del Gobierno, sino que este debe poner todos los medios a su alcance para que las investigaciones culminen con la determinación de los culpables y su sanción [véase Recopilación, párrafos 90, 93 y 102]. Teniendo en cuenta que, supuestamente, un gran número de los incidentes han sido cometidos por agentes del Estado o con la participación de estos, en particular la policía, las fuerzas armadas u otras organizaciones sujetas a su control, el Comité también recuerda que las investigaciones deberían centrarse no solo en el autor material del delito, sino también en los instigadores intelectuales, a fin de que prevalezca la verdadera justicia y de prevenir de manera significativa futuros actos de violencia contra sindicalistas. Es fundamental que también se determine debidamente la responsabilidad en la cadena de mando cuando los delitos son cometidos por personal militar o de la policía, a fin de que puedan impartirse las instrucciones correspondientes en todos los niveles y de que se responsabilice a todos los implicados con miras a prevenir eficazmente que tales actos se repitan [véase Recopilación, párrafo 99].
4. 525. En consonancia con lo que precede, el Comité urge al Gobierno a que proporcione una respuesta detallada a los graves alegatos de ejecuciones extrajudiciales, arrestos ilegales, detenciones, amenazas, intimidación, acoso y señalamiento de sindicalistas formulados por la ITF, la UMA y la NFSW-FGT, y espera que el Gobierno garantice la rápida investigación de todos los alegatos mencionados, así como la identificación y puesta a disposición judicial de los responsables de la violencia contra sindicalistas —tanto si se trata de particulares como de agentes del Estado—, con vistas a combatir la impunidad y prevenir la repetición de tales actos. El Comité confía en que el Gobierno concederá prioridad a la investigación de estos graves incidentes y le pide que lo mantenga informado de los progresos alcanzados a este respecto, y en particular sobre la situación de los casos abiertos. El Comité urge asimismo al Gobierno a que garantice la inmediata puesta en libertad de todo sindicalista que se encuentre detenido, en caso de que su arresto o detención estuviese ligado al legítimo ejercicio de sus derechos sindicales.
5. 526. Por último, en relación con el clima de violencia e inseguridad alegados en el presente caso, el Comité debe recordar que todos los alegatos de actos de violencia contra trabajadores sindicados o que defienden de algún modo los intereses de los trabajadores deberían investigarse minuciosamente y debería darse plena consideración a toda posible relación directa o indirecta entre un acto violento y la actividad sindical [véase Recopilación, párrafo 101]. Haciendo hincapié en que la responsabilidad en este sentido incumbe al Gobierno, el Comité espera que el Gobierno haga todo lo que esté a su alcance para asegurar la pronta y adecuada investigación de todo alegato pasado o futuro sobre ejecuciones ligadas a cuestiones laborales y otras formas de violencia contra sindicalistas, a fin de aclarar las circunstancias de los incidentes —en particular la existencia de toda relación directa o indirecta con la actividad sindical—, determinar las responsabilidades y castigar a los autores, con vistas a prevenir la repetición de tales actos. El Comité también urge al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para combatir la violencia contra los sindicalistas mediante la definición y aplicación de todas las medidas que sean necesarias a tal efecto, en particular facilitando directrices e instrucciones claras a todos los funcionarios públicos y poniendo en práctica mecanismos nacionales de seguimiento e investigación, a fin de prevenir la reiteración de incidentes violentos contra afiliados y dirigentes sindicales y para garantizar que no se les vincule indiscriminadamente a la insurgencia ni a otros grupos paramilitares, teniendo en cuenta el efecto estigmatizador que ello podría tener sobre el ejercicio de actividades sindicales legítimas.
6. 527. El Comité señala a la atención del Consejo de Administración la naturaleza grave y urgente de los asuntos tratados en este caso.

Recomendaciones del Comité

1. 528. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las siguientes recomendaciones:
   • a) recordando que los asesinatos de Antonio «Dodong» Petalcorin, Emilio Rivera y Kagi Alimudin Lucman tuvieron lugar en 2013, y que el Gobierno señaló que se habían llevado a cabo las correspondientes investigaciones o que estas seguían abiertas con arreglo a los procesos ordinarios de investigación penal y enjuiciamiento, el Comité una vez más expresa su firme expectativa de que los autores sean juzgados y condenados sin más demora. El Comité confía en que el Gobierno seguirá haciendo todos los esfuerzos posibles a este respecto y urge al Gobierno a que lo mantenga informado de todo progreso realizado;
   • b) el Comité urge al Gobierno a que proporcione una respuesta detallada a los graves alegatos de ejecuciones extrajudiciales, arrestos ilegales, detenciones, amenazas, intimidación, acoso y señalamiento de sindicalistas formulados por la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), la Federación de Trabajadores Agrícolas de Filipinas (UMA) y la Federación Nacional de Trabajadores del Azúcar, la Alimentación e Industrias Afines (FSW FGT), y espera que el Gobierno garantice la pronta investigación de todos los alegatos mencionados, así como la identificación y puesta a disposición judicial de los responsables de la violencia contra sindicalistas —tanto si se trata de particulares como de agentes del Estado—, con vistas a combatir la impunidad y prevenir la repetición de tales actos. El Comité confía en que el Gobierno concederá prioridad a la investigación de estos graves incidentes y le pide que lo mantenga informado de los progresos alcanzados a este respecto, y en particular sobre la situación de los casos abiertos;
   • c) el Comité urge al Gobierno a que garantice la inmediata puesta en libertad de todo sindicalista que se encuentre detenido, en caso de que su arresto o detención estuviese ligado al legítimo ejercicio de sus derechos sindicales;
   • d) por último, haciendo hincapié en la responsabilidad que incumbe al Gobierno con respecto a la investigación de los alegatos de violencia contra los trabajadores sindicados o que defienden de otro modo los intereses de los trabajadores, el Comité espera que el Gobierno haga todo lo que esté a su alcance para asegurar la pronta y adecuada investigación de todo alegato pasado o futuro sobre ejecuciones ligadas a cuestiones laborales y otras formas de violencia contra sindicalistas, a fin de aclarar las circunstancias de los incidentes —en particular la existencia de toda relación directa o indirecta con la actividad sindical—, determinar las responsabilidades y castigar a los autores, con vistas a prevenir la repetición de tales actos. El Comité también urge al Gobierno a que redoble sus esfuerzos para combatir la violencia contra los sindicalistas mediante la definición y aplicación de todas las medidas que sean necesarias a tal efecto, en particular facilitando directrices e instrucciones claras a todos los funcionarios públicos y poniendo en práctica mecanismos nacionales de seguimiento e investigación, a fin de prevenir la reiteración de incidentes violentos contra afiliados y dirigentes sindicales y para garantizar que no se les vincule indiscriminadamente a la insurgencia ni a otros grupos paramilitares, teniendo en cuenta el efecto estigmatizador que ello podría tener sobre el ejercicio de actividades sindicales legítimas, y
   • e) el Comité señala a la atención del Consejo de Administración la naturaleza grave y urgente de los asuntos tratados en este caso.