Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Canadá (Ratificación : 1966)

1. En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que finaliza en junio de 1996, que contiene un conjunto de informaciones útiles acerca de las políticas de empleo aplicadas, tanto a nivel federal como a nivel de las provincias. La Comisión toma nota de que la tasa de crecimiento del empleo total, que alcanzaba 2,1 por ciento en 1994, sólo era de 1,6 por ciento en 1995 y, según los datos más recientes publicados por la OCDE, de 1,3 por ciento en 1996. El Gobierno indica que el crecimiento del empleo en el sector privado, principalmente bajo la forma de empleos de tiempo completo, ha coincidido con una importante contracción del empleo en el sector público como consecuencia del programa de reestructuración y de reducción del gasto público. La baja de la tasa de desempleo, que pasó de 10,4 por ciento en 1994 a 9,5 por ciento en 1995, se ha visto favorecida en un primer momento por una disminución importante de las tasas de participación en la actividad económica, en particular entre los jóvenes menores de 25 años. No obstante, éstos siguen enfrentando una tasa de desempleo netamente más alta que la tasa promedio, y la disminución del desempleo aparentemente se ha interrumpido desde entonces, con una tasa de 9,7 por ciento en 1996.

2. La Comisión toma nota de que se han confirmado, mediante el presupuesto de 1996, las principales orientaciones de la política económica del Gobierno, que la Comisión había advertido en su observación anterior, y que están encaminadas en particular a restablecer el equilibrio de las finanzas públicas. A este respecto, la Comisión observa que los progresos realizados con respecto a la reducción de los déficit públicos y el control de la inflación no se acompañan, por ahora, de progresos significativos en la lucha contra el desempleo. En este contexto, la Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 2 del Convenio, las medidas que deben adoptarse para lograr los objetivos del pleno empleo, productivo y libremente elegido deben ser determinadas y analizadas periódicamente "en el marco de una política económica y social coordinada". La Comisión agradecería al Gobierno que precisara si se han realizado evaluaciones acerca de la incidencia del esfuerzo de saneamiento presupuestario sobre el empleo. Además, la Comisión desearía disponer de informaciones sobre los efectos comprobados o esperados sobre el empleo de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC-AN) y del Acuerdo sobre el Comercio Interior. Por otra parte, la Comisión toma nota de que la principal reforma estructural del período considerado, tiene por objeto, con la entrada en vigor en julio de 1996 de la ley de seguro de empleo, una mejor coordinación del sistema de prestaciones de desempleo con la política activa del empleo, mediante el fortalecimiento de los incentivos al trabajo, y la asignación de recursos más importantes a las medidas de apoyo para la reinserción en el empleo. La Comisión invita al Gobierno a que se sirva comunicar toda evaluación disponible relativa a la aplicación de esta reforma.

3. La Comisión toma nota con interés de las importantes informaciones comunicadas acerca de la puesta en práctica de las diferentes medidas de política activa de mercado de trabajo. La Comisión observa que el Gobierno subraya en su memoria el carácter prioritario de los programas de inserción de los jóvenes y que durante el otoño de 1996 debía anunciarse una estrategia para el empleo de los jóvenes. Además, la Comisión toma nota de las informaciones según las cuales las responsabilidades de los gobiernos de las provincias deberían ser aumentadas en relación con esta estrategia y, de manera más general, en materia de política del empleo. La Comisión agradecería al Gobierno que se sirviera precisar la manera en que las nuevas modalidades de cooperación entre el Gobierno federal y las provincias contribuyen a una política del empleo más eficaz, en particular en favor de las regiones cuyas tasas de desempleo son las más elevadas.