Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1977)

La Comisión recuerda que, desde 1983, formula comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre política social (normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117) y el presente Convenio, en lo que respecta a supuestos abusos alegados en el pago de salarios a los trabajadores agrícolas. Lamenta tomar nota de que, en su memoria, el Gobierno se limita a indicar que no se ha dado seguimiento a la cuestión objeto de las anteriores observaciones de la Comisión y que no se han realizado investigaciones a este respecto. El Gobierno añade que, en el marco de su política, pretende, entre otras cosas, encontrar una solución a los problemas de los trabajadores asalariados no cubiertos por la Ley General del Trabajo.

A este respecto, la Comisión toma nota del estudio Enganche y Servidumbre por Deudas en Bolivia realizado en 2004 y publicado por la Oficina en enero de 2005, que da cuenta de prácticas que conducen a decenas de miles de trabajadores agrícolas indígenas a una situación de servidumbre por deudas y a que algunos de ellos estén sometidos a trabajo forzoso permanente o casi permanente. Según este estudio, los medios utilizados comprenden sistemas de avances del salario, tiendas situadas en los campamentos que tienen precios muy caros con respecto a los del mercado, descuentos obligatorios de los salarios destinados a constituir un ahorro, pagos en especie y retrasos en el pago de salarios. Estas prácticas se realizan, en una forma u otra, en la región de Santa Cruz de Tarija (recogida de la caña de azúcar), en el norte de la Amazonia (extracción de la castaña) y en la región de Chaco (trabajo en las haciendas). En esta última región se han encontrado los peores casos de trabajo forzoso de la región Andina. Asimismo, la Comisión toma nota de que las conclusiones y recomendaciones de este estudio fueron validadas durante un seminario tripartito que se realizó en La Paz en agosto de 2004. Entre las recomendaciones del estudio figuraban la ratificación del Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29), y la elaboración de un plan nacional de acción de erradicación y de lucha contra el trabajo forzoso en todas sus formas. Tomando nota con interés de que el Gobierno ratificó el Convenio núm. 29 el 31 de mayo de 2005, la Comisión señala a la atención del Gobierno el hecho de que las prácticas mencionadas en el estudio antes citado plantean problemas de aplicación de los artículos 4 (pago en especie), 6 (libertad del trabajador de disponer de su salario a su voluntad), 7 (economatos), 8 (descuentos sobre el salario) y 12 (pago del salario a intervalos regulares) del Convenio núm. 95. Por lo tanto, ruega al Gobierno que proporcione información detallada sobre las medidas tomadas con miras a la elaboración y la aplicación de un plan nacional de acción para poner fin a estos problemas.

La Comisión aborda otros puntos, incluido el del campo de aplicación de la Ley General del Trabajo y su extensión a los trabajadores agrícolas, en una solicitud directa dirigida al Gobierno.