Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - China (Ratificación : 1997)

La Comisión toma nota de la información comunicada en la memoria del Gobierno recibida en agosto de 2007, que incluye respuestas a su observación anterior. También toma nota de los comentarios de la Federación de Sindicatos de China (ACFTU) y de la Confederación de Empresas de China (CEC), anexados a la memoria del Gobierno.

1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Formulación de una estrategia de empleo. La Comisión toma nota de que, a finales de 2006, las personas empleadas en China eran 764 millones, de las que los empleados urbanos representaban 283 millones de personas. En términos de estructura del empleo, 326 millones de personas se encontraban en el sector primario de la industria, 192 millones en el sector secundario y 252 millones en el sector terciario, como consecuencia de la rápida transición de la fuerza del trabajo rural a las industrias no agrícolas. Lo anterior también representaba un incremento continuo del porcentaje del sector terciario, poniendo de manifiesto que los servicios habían pasado a ser la principal fuente de expansión del empleo. El Gobierno informa que, a finales de 2006, el desempleo registrado en las zonas urbanas había sido de 8,47 millones de personas, lo que significaba una tasa de desempleo del 4,1 por ciento, mostrando una tendencia de descenso en el desempleo y una creciente estabilidad en el empleo. El Gobierno indica que, a finales de 2006, se habían visto afectadas por la pobreza 21,48 millones de personas, lo que representaba una caída de 2,17 millones de personas a lo largo del año anterior. En los años venideros, el Gobierno pronostica que el número de la población urbana que necesita un empleo, permanecerá cada año en más de 24 millones, si bien la estructura económica actual sólo puede proporcionar 12 millones de puestos de trabajo, lo cual refleja un desequilibrio entre la oferta y la demanda de puestos de trabajo. La Comisión desea seguir recibiendo información sobre la manera en que el objetivo de pleno empleo guía las políticas macroeconómicas. Al respecto, la Comisión quisiera examinar información sobre la manera en que otras políticas macroeconómicas, como las políticas monetaria y fiscal, prosiguen la promoción del pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión también requiere informaciones sobre la manera en que funcionan las medidas adoptadas para promover el pleno empleo productivo, en el «marco de una política económica y social coordinada».

2. La memoria del Gobierno ofrece informaciones sobre la adopción de la Ley sobre Contratos de Trabajo, que reglamenta las prácticas del empleo a tiempo completo y, en base a ello, contiene disposiciones especiales sobre el trabajo eventual y el trabajo a tiempo parcial. El Gobierno indica que la ley otorga protección a los derechos e intereses de los trabajadores en diferentes tipos de empleo. El Gobierno también informa sobre la adopción, en agosto de 2007, de la Ley sobre Promoción del Empleo que incluye, entre otras cuestiones, disposiciones sobre la promoción del empleo, la protección del empleo equitativo, el apoyo gubernamental a la promoción del empleo, la asistencia al empleo para grupos especiales, servicios públicos de empleo, fortalecimiento de la educación y de la formación profesionales, para promover un desarrollo económico y social coordinado, aumentar las oportunidades de empleo, promover el empleo y alcanzar armonía y estabilidad sociales. La Comisión pide informaciones sobre la manera en que los textos promulgados contribuyen a la generación de empleo productivo y a la mejora de la seguridad del empleo para los trabajadores.

3. Promoción del empleo y grupos vulnerables. El Gobierno indica que, a finales de 2006, la población que vivía en situación de pobreza en las zonas rurales había sido de 21,48 millones, lo que representaba un descenso de 2,17 millones respecto del año anterior, y la población de las zonas rurales con bajos ingresos había sido de 35,5 millones, lo que representaba una caída de 5,17 millones respecto del año anterior. El Gobierno no había escatimado esfuerzos en promover el empleo de la fuerza del trabajo rural en sus propias localidades, a través un reajuste de la estructura económica en las zonas agrícolas y rurales, desarrollando una producción no agrícola, impulsando industrias en los municipios y construyendo pequeñas ciudades. Se habían adoptado políticas de igualdad de empleo, había mejorado las condiciones del empleo urbano y había organizado y orientado una movilidad ordenada de la fuerza del trabajo rural a través de las regiones, mediante una coordinación del servicio del trabajo. La Comisión invita al Gobierno a continuar informando acerca de los esfuerzos realizados para reducir aún más las brechas producidas en la situación de los trabajadores urbanos y los trabajadores rurales. La Comisión también invita al Gobierno a que incluya, en su próxima memoria, información sobre las medidas adoptadas para garantizar la recuperación económica con la creación de empleo en aquellas zonas afectadas por el terremoto en la provincia de Sichuan (mayo de 2008).

4. Según las estadísticas aportadas por el Gobierno en su memoria, de las 82,96 millones de personas con discapacidad, 22,66 millones habían tenido un empleo. La Comisión toma nota de que el reglamento sobre el empleo de las personas con discapacidad, establece que las autoridades que se encuentran en el ámbito del distrito y por encima del mismo, deberían incluir, en el plan para el desarrollo económico y social, el tema del empleo de las personas con discapacidad, formular políticas preferenciales y adoptar medidas prácticas para la creación de condiciones para el empleo de las personas con discapacidad. La Comisión desea seguir recibiendo información acerca de las medidas adoptadas para que existan mecanismos para el empleo de las personas con discapacidad y, en particular, para apoyar a las personas con discapacidad en las zonas rurales.

5. Consistencia y transparencia de la información relativa al mercado laboral. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se habían producido progresos en la mejora del sistema de información del mercado laboral, específicamente mediante: a) la recogida, el procesamiento y el análisis de la información relativa a la oferta y la demanda en los mercados de trabajo en más de 100 ciudades, y la publicidad de los resultados; b) la organización y la realización de investigaciones de los gastos en personal de las empresas y las escalas de remuneraciones para las diferentes profesiones en todo el país; y c) la continuidad de la encuesta de la fuerza del trabajo. La Comisión desea recibir información sobre las mejoras que han tenido lugar en la encuesta de la fuerza del trabajo y los progresos para mejorar el sistema de información del mercado laboral, con una indicación de la manera en que se habían utilizado los datos para formular y revisar las políticas de empleo.

6. Unificación del mercado laboral. La Comisión toma nota de que, según los datos de que dispone la OIT, los trabajadores migrantes internos representan un 16 por ciento del PIB nacional a lo largo de los últimos 20 años y representan el 40 por ciento de la fuerza de trabajo urbana. Sin embargo, hay todavía 90 millones de trabajadores migrantes internos que no pueden obtener un permiso de residencia y trabajo (hukou) les brinde acceso a trabajos mejores, a la asistencia sanitaria y a la educación. La Comisión también toma nota de que, en los últimos pocos años, el Gobierno había venido adoptando medidas importantes como la de asegurar un salario mínimo garantizado, fortalecer la contratación laboral, así como el acceso a servicios del empleo y a la formación laboral. La Comisión también toma nota de que en algunas localidades, se había eliminado la disparidad entre los residentes urbanos y rurales. En su memoria, el Gobierno indica que se adoptan diversas medidas para mejorar más el sistema de permisos actuales. Se realizaron esfuerzos para garantizar plenamente los legítimos derechos e intereses de los trabajadores migrantes internos en el empleo, en la vivienda, en la asistencia médica y en la educación, de modo de constituir un mercado de trabajo unificado a escala nacional. La Comisión desea seguir recibiendo información sobre las medidas adoptadas para la mejora del sistema de permiso de residencia y de trabajo para asegurar la integración del mercado laboral y un mercado de trabajo unificado.

7. La Comisión toma nota de que el Gobierno aplica en la actualidad el presupuesto público y la política presupuestaria pública para aumentar las asignaciones presupuestarias del seguro social. Las autoridades competentes de las diversas localidades también habían reajustado su estructura de gastos para apoyar al seguro social. La Comisión toma nota asimismo de la información relativa a la guía intensificada a los organismos del seguro social de diversos niveles y a la promoción de la cobertura del seguro social, a través de la publicidad y de las inspecciones de la aplicación de la ley en el trabajo del seguro social. El Gobierno informa de que, a finales de mayo de 2007, un total de 191,93 millones de personas había participado en el seguro de vejez, 163,45 millones en el seguro médico, 107,46 millones en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y 67,72 millones en el seguro de maternidad, lo que representaba un incremento de 2,27 millones de personas, 6,13 millones, 4,78 millones y 2,14 millones de personas, respectivamente, respecto de la situación a finales de 2006. Un total de 25,15 millones y de 29,16 millones de trabajadores migrantes habían participado en el seguro médico y en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, respectivamente, con un incremento correspondiente de 1,49 millones y 3,79 millones respecto de la situación a finales de 2006. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria, informaciones sobre las medidas adoptadas para alentar a los empleadores y a los empleados a cotizar a los regímenes de seguro social, considerando el porcentaje de los empleados por cuenta propia y de los trabajadores informales de las zonas urbanas. También solicita información sobre la manera en que el sistema de seguridad social considera los retos de un empleo flexible, como los bajos salarios y los ingresos inestables.

8. Fortalecimiento de los servicios públicos del empleo. La Comisión toma nota de que, a finales de 2006, se había establecido un total de 37.450 agencias de servicio del empleo. En 2006, dichas agencias de empleo habían contratado a 49,51 millones de personas para diversas empresas y habían aportado recomendaciones laborales y orientación de empleo a 47,36 millones de personas que se habían registrado para los trabajos, de las cuales se habían colocado a 24,93 millones de trabajadores. La Comisión reitera su solicitud de recibir informaciones que describan las medidas adoptadas para garantizar la cooperación entre el sistema del servicio del empleo público y las agencias de empleo privadas. También desea recibir información acerca del actual sistema de registro del empleo en las zonas rurales y de las medidas proactivas orientadas a ayudar a los desempleados rurales.

9. Medidas para promover el reempleo de los trabajadores despedidos. El Gobierno informa de las dificultades en resolver los problemas que había dejado la reestructuración económica. Entre 2003 y 2006, se había reempleado a un total de 20 millones de trabajadores que habían sido despedidos de empresas del Estado y de empresas de propiedad colectiva. Los programas de formación técnica que facilitan el empleo por cuenta propia de los trabajadores despedidos se han definido y desarrollado en consonancia con las condiciones específicas de las localidades. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando información acerca de las medidas adoptadas para mejorar las calificaciones de los trabajadores despedidos para mejorar su empleabilidad. También solicita información sobre las medidas que se han previsto para mejorar la estabilidad de los trabajadores y para reducir la inseguridad del empleo en el mercado laboral.

10. Promoción de las pequeñas y medianas empresas. La Comisión toma nota de que en los últimos años, la mayoría de los puestos de trabajo creados se había producido en el sector no estatal, especialmente en las pequeñas empresas, en el empleo por cuenta propia y en el sector informal. En 2005, el Gobierno publicó «Orientaciones para el impulso, el apoyo y la guía del desarrollo de las pequeñas empresas y de la economía no estatal». El Gobierno informa de que mediante la aplicación de dichas orientaciones todas las regiones y los departamentos gubernamentales promoverán el empleo privado, el empleo por cuenta propia y el desarrollo de una economía no estatal, con lo que se estimulará al máximo la creación de puestos de trabajo y, en particular, la generación de oportunidades para los grupos de bajos ingresos. La Comisión desea recibir información sobre el impacto de las medidas adoptadas para minimizar los obstáculos encontrados por las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, para la obtención de un crédito para la puesta en marcha de empresas. Sírvase asimismo seguir comunicando información acerca de la manera en que se promueve la creación de empleo mediante las pequeñas y medianas empresas.

11. Educación y formación profesional. La Comisión toma nota de que la información comunicada por el Gobierno indica que se habían desarrollado diversos tipos de iniciativas de formación profesional y se habían intensificado sus esfuerzos para fomentar una elevada calificación de las personas empleadas y en estrecha relación con las necesidades del mercado y de las empresas. A finales de 2006, se contaba con un total de 2.880 escuelas técnicas, 3.212 centros de formación de empleo y 21.462 instituciones de formación privadas, que impartían formación a 22,43 millones de personas. La Comisión solicita al Gobierno que informe acerca de las medidas adoptadas para garantizar que la formación profesional y las políticas educativas se orienten a cubrir las demandas del mercado laboral. Sírvase asimismo comunicar información sobre las medidas adoptadas para aumentar la empleabilidad de los trabajadores rurales en el mercado laboral mediante una formación formal y de una formación en el trabajo.

12. Artículo 3. Consulta con los representantes de las personas afectadas. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, según la cual la Federación de Sindicatos de China (ACFTU) y la Confederación de Empresas de China (CEC) habían participado activamente en la formulación de leyes y reglamentos relacionados con la Ley de Contratos de Trabajo y la Ley sobre la Promoción del Empleo. El Gobierno informa de que los sindicatos de diversos niveles habían establecido agencias de formación profesional, y habían popularizado el modelo de reempleo de préstamos para microcréditos, de formación en capacidad empresarial y de reempleo en base a los conocimientos adquiridos. La Comisión también toma nota de que la declaración de la CEC indicaba que, cuando se promueve la responsabilidad social de las empresas, se había hecho un llamamiento para la creación de más oportunidades de empleo, especialmente de trabajos adecuados para los jóvenes. La Comisión desea seguir recibiendo información sobre las consultas llevadas a cabo para asegurar la plena cooperación de los representantes de los interlocutores sociales en la formulación y en la aplicación de las políticas de empleo. Sírvase asimismo indicar las medidas adoptadas o previstas para garantizar que los representantes del sector rural y de la economía informal sean también asociados con las consultas requeridas por el Convenio.

13. Parte V del formulario de memoria. Cooperación técnica de la OIT. La Comisión toma nota de que la OIT, en colaboración con los interlocutores nacionales ejecuta en la actualidad un proyecto y realiza actividades dirigidas a un acrecentamiento entre el Gobierno, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, las personas con discapacidad y las ONG, para que se les permita promover la legislación relativa al empleo de las personas con discapacidad, así como para mejorar el entorno laboral, de modo que se tenga en cuenta que hayan mayores oportunidades de empleo para las personas con discapacidad en China. La Comisión también toma nota de que el Programa de inicio y mejora de su empresa (SIYB) de China, fase III, había sido aplicado de manera conjunta por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la OIT, con contribuciones financieras del Departamento de Desarrollo Internacional (DFID, Reino Unido), para facilitar la integración socioeconómica de la población especialmente vulnerable, entre la comunidad inmigrante local, permitiéndoles dar inicio y dirigir sus propias pequeñas empresas sociales, abarcando las ciudades y las provincias occidentales de China. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información sobre los resultados alcanzados en términos de creación de empleo y sobre la integración de los demandantes de empleo en el mercado laboral, como consecuencia del asesoramiento y de la asistencia técnica de la OIT y de otros donantes internacionales.