Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Australia (Ratificación : 1969)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en septiembre de 2009, en la que se incluyen respuestas a las cuestiones planteadas en la solicitud directa de 2007, se agregan datos sobre la evaluación de las reformas introducidas en el sistema de asistencia social al trabajo, y se brindan otras informaciones proporcionadas por los gobiernos de Australia Meridional y Australia Occidental. La Comisión toma nota de los comentarios recibidos del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU).

Evolución del empleo y medidas activas del mercado de trabajo. El Gobierno indica que los efectos de la crisis económica mundial en Australia han provocado un incremento del índice de desempleo como consecuencia del aumento de los despidos, del mantenimiento de la escasez de conocimientos especializados en sectores concretos y en algunas zonas, así como de la combinación de estos efectos con el envejecimiento de la mano de obra en determinados sectores de la industria. El Gobierno informa de que afrontó esta situación con un paquete exhaustivo de programas y de reformas en los servicios de empleo. La Comisión toma nota de que la tasa de desempleo en Australia se ha elevado de 3,9 por ciento, en febrero de 2008, a 5,8 por ciento, en julio de 2009, un aumento de casi el 40 por ciento y la tasa más elevada en casi seis años. En su solicitud directa de 2007, la Comisión recordó que el Convenio desempeña un papel esencial para combatir la pobreza y fomentar la cohesión social. El Gobierno indica en su memoria que considera que todos los australianos deberían tener la oportunidad y la capacidad de desempeñar un papel en todos los aspectos de la vida australiana. El Gobierno informa asimismo de que la Agenda de inclusión social pretende, entre otros objetivos, garantizar la oportunidad de un trabajo seguro a toda la población. Con el fin de avanzar en el programa de integración social, el Gobierno ha creado diversas dependencias, tales como el Ministerio de Integración Social en Australia, una Secretaría parlamentaria con responsabilidad específica en materia de inclusión social, una unidad de integración social dentro del Departamento del Gabinete del Primer Ministro; y la Junta australiana de inclusión social australiana. La Comisión pide al Gobierno que se sirva seguir proporcionando información que permita evaluar la repercusión de las diversas medidas adoptadas sobre la reforma del mercado del trabajo, así como información sobre la participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de una política activa de empleo, de conformidad con las disposiciones del Convenio (artículos 1, 2 y 3 del Convenio).

Servicios de empleo. La Comisión toma nota de que, desde la anterior memoria, el Gobierno ha emprendido una revisión exhaustiva de la ejecución de los programas de asistencia al empleo. En julio de 2009, el Gobierno ejecuta el programa Servicios Públicos de Empleo, que reemplazó a la Red de Empleo, al Modelo de Participación Activa y a algunos otros pequeños programas de creación de empleo. El Gobierno informa de que, con el funcionamiento de servicios públicos de empleo, las personas que buscan empleo no tendrán ya que pasar de unos programas a otros o de una agencia proveedora a otra. Cada solicitante de empleo estará asociado a un proveedor de su elección, que elaborará un plan adaptado a las aptitudes del solicitante que le ayude a obtener un empleo. Este plan combina los distintos tipos de ayuda — profesional y no profesional — que el individuo requiere para afrontar los obstáculos para encontrar un empleo. La Comisión toma nota de que el ACTU ha acogido favorablemente los cambios anunciados por el Gobierno en los servicios de empleo, destinados a prestar una mayor atención a las personas desfavorecidas que buscan empleo, así como apoyo a los empleadores y a los mercados de trabajo locales. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los efectos de los cambios en los servicios de empleo en relación con los objetivos del Convenio.

Políticas de educación y formación. La Comisión toma nota de que, en el marco de la iniciativa «Programa de adaptación profesional para el futuro», el Gobierno ha dotado de fondos al Programa de fomento de la productividad, bajo el cual se crearán 711.000 contratos de formación a lo largo de cinco años en sectores de escasez de conocimientos especializados a fin de garantizar que los trabajadores australianos desarrollan las capacidades que necesitan. El Gobierno informa de que estos puestos van destinados a garantizar, dentro de un sistema organizado por sectores, la formación que se adecua a las necesidades de las empresas y los interlocutores sociales. De la cifra total de puestos de formación, 392.000 irán dirigidos a los trabajadores actuales que deseen adquirir o mejorar sus conocimientos especializados, y 319.000 se asignarán a las personas que busquen trabajo. El Gobierno informa, además, de que ha creado el programa Pacto de empleo y formación para ayudar a los jóvenes australianos, los trabajadores despedidos y las comunidades locales en general a reanudar su actividad laboral, mejorar sus conocimientos o adquirir otros que necesitan para obtener puestos de trabajo a medida que se aprecian signos de recuperación en el mercado de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas en el ámbito de las políticas de educación y formación, así como respecto a las posibles oportunidades de empleo. La Comisión invita también al Gobierno a que proporcione datos sobre la evaluación del programa Pacto de empleo y formación.

Medios de fomentar el empleo de los trabajadores con discapacidad. La Comisión toma nota de que, como parte de su plan de integración social, el Gobierno está elaborando un Plan estratégico nacional de empleo destinado a aumentar las oportunidades de empleo de las personas con enfermedades mentales y otras discapacidades. Para este Plan estratégico, que se pondrá en marcha en 2009, se ha consultado previamente a las personas con discapacidades, los organismos representativos, los proveedores de servicios, los empleadores y los sindicatos. El Gobierno informa de que ya ha empezado a aplicar algunos de los elementos de esta estrategia, entre otros la elaboración de nuevos servicios de empleo para personas discapacitadas y un programa piloto de incentivos para el empleo. En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno está invirtiendo 1.200 millones de dólares australianos en el nuevo servicio de empleo para personas discapacitadas que comenzará en marzo de 2010 y que ayudará a las personas con discapacidad que buscan trabajo a asegurar y mantener un empleo duradero. Gracias a estos cambios, todas las personas con discapacidad que buscan trabajo podrán acceder a los servicios encargados de proporcionarles un empleo adaptado a sus necesidades, más directamente vinculados con la formación y el desarrollo de sus conocimientos y aptitudes. Además, la Comisión toma nota del compromiso de Australia Meridional de duplicar el número de personas con discapacidad empleadas en el sector público antes de 2014. La Comisión invita al Gobierno a seguir informando sobre las medidas adoptadas en el ámbito laboral en relación con los trabajadores con discapacidad y sobre los datos de evaluación sobre los servicios de empleo para personas con discapacidad.

Medios de fomentar el empleo de los trabajadores jóvenes y de edad avanzada. El Gobierno indica que a pesar de la fortaleza del mercado de trabajo en la última década, siguen existiendo grupos de personas que padecen una situación de desventaja para encontrar un empleo. Estos grupos deberán afrontar obstáculos aún mayores durante la recesión económica mundial: por ejemplo, a los jóvenes que pierden su puesto de trabajo durante una crisis económica les puede resultar particularmente difícil recuperarlos cuando las condiciones mejoren. El Gobierno indica que ha decidido crear un Pacto con los jóvenes australianos por el que todo australiano menor de 25 años tendrá derecho a un centro educativo o de formación. Con este Pacto se exigirá a todos los jóvenes «un aprendizaje o formación» (requisito de participación nacional juvenil), que completen diez años de formación y participen en la educación, la formación o el empleo hasta alcanzar la edad de 17 años. La Comisión toma nota también de la Iniciativa laboral de Australia Meridional, que ha elaborado una serie de programas destinados a ofrecer a los jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, capacidades y oportunidades para llevar a cabo una transición satisfactoria desde la educación secundaria, universitaria, la formación profesional o el desempleo, hacia un trabajo satisfactorio y duradero. Respecto a los trabajadores de edad avanzada, el Gobierno informa que los requisitos de participación para las personas maduras que buscan trabajo fueron examinados por el Grupo de examen de la participación. Este Grupo de trabajo concluyó que las personas de edad avanzada que buscan trabajo deberían tener los mismos requisitos de participación que los demás solicitantes, pero que cualquier cambio debería venir precedido de medidas gubernamentales de mayor alcance para mejorar las actitudes negativas respecto de los trabajadores de edad avanzada. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas previstas para fomentar y apoyar los niveles de empleo de los trabajadores de edad avanzada. Asimismo, solicita al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información sobre el modo en el que las medidas recientemente adoptadas han aumentado las oportunidades de que los jóvenes que entran en la vida laboral mantengan un empleo duradero.

Medios de fomentar el empleo de los pueblos indígenas. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno informa que reconoce las condiciones especialmente desfavorables de empleo de los aborígenes y poblaciones insulares del Estrecho de Torres, y que esta situación exige adoptar medidas especiales para ayudar a los indígenas que buscan trabajo a encontrar un empleo. La mayor representación de este grupo de personas se encuentra en regiones y zonas remotas antes que en las áreas metropolitanas. El Gobierno indica que, en junio de 2009, había aproximadamente 18.700 buscadores activos de empleo registrados pertenecientes a los pueblos indígenas (4 por ciento del total de buscadores de empleo) en las áreas metropolitanas, mientras que la cifra de personas que viven en centros regionales no metropolitanos ronda los 43.300 (13 por ciento), y, en zonas remotas, 25.300 (80 por ciento). En general, los buscadores de trabajo de poblaciones indígenas se elevan al 11 por ciento del total de casos activos en la Red de Empleo. Además, el Gobierno informa de que, en el ejercicio financiero 2008-2009, la Red de Empleo y otras organizaciones de colocación laboral consiguieron puestos de trabajo para 38.000 indígenas. Servicios Públicos de Empleo, que sustituyó a la Red de Empleo, el 1.º de julio de 2009, ha insistido en ayudar a los buscadores de empleo más desfavorecidos, entre ellos a los pueblos indígenas. El nuevo requisito impuesto a todos los proveedores de servicios de empleo en Australia es elaborar y aplicar una estrategia de empleo para la población indígena a fin de aumentar el empleo de este sector de la población y lograr que permanezcan dentro de su organización. Además, la Comisión toma nota de que, según las principales conclusiones del Informe para Superar las Condiciones Desfavorables de los Pueblos Indígenas, de 2009, entre 2001 y 2006, se han registrado mejoras en la tasa de desempleo, los índices de participación de la fuerza de trabajo y el porcentaje de empleo de los pueblos indígenas, aunque sigue existiendo una enorme brecha entre la población indígena y no indígena. La Comisión toma nota de los comentarios formulados por el ACTU, que cree que el empleo real y sostenible es uno de los pilares que pueden contribuir a colmar la brecha entre los aborígenes y poblaciones insulares del Estrecho de Torres y el resto de la población. Al ACTU le preocupa que algunos aspectos de la política de empleo indígena sean «más de lo mismo», y sugiere que, históricamente, estos programas producen escasos resultados reales en el empleo, ya que muchos participantes se ven privados de sus puestos de trabajo una vez que los compromisos de financiación del Gobierno terminan. El ACTU cree que los empleadores, el Gobierno, los sindicatos y las comunidades deberían colaborar para aumentar los programas de empleo y formación que generan compromiso a largo plazo en la mano de obra. La Comisión invita al Gobierno y a los interlocutores sociales a seguir proporcionando información sobre el impacto de las medidas adoptadas para fomentar las oportunidades de empleo productivo entre los pueblos indígenas.