Caso individual (CAS) - Discusión: 2008, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Guatemala (Ratificación : 1952)

Un representante gubernamental declaró que sigue siendo pertinente el objetivo de alcanzar el pleno respeto de las libertades sindicales como pilar fundamental para el desarrollo y el fortalecimiento de las negociaciones colectivas, que había determinado que su país ratificara, en 1952, el Convenio núm. 87, renovando su compromiso con el mismo. El tema laboral está incluido en las políticas del Gobierno con planteamientos concretos, como la necesidad de modernizar la legislación laboral para armonizarla con las disposiciones de los Convenios de la OIT ratificados por su país, el establecimiento de mecanismos más ágiles y el fortalecimiento de la clase obrera y empresarial, especialmente en el marco actual de participación del país en un mundo globalizado.

Es obligación del Estado desarrollar un campo fértil para que los guatemaltecos accedan a empleos dignos, que les provean los recursos suficientes para la satisfacción de sus necesidades básicas y la mejora de su nivel de vida, en un ambiente en el que se respeten sus derechos y en el que gocen de la protección de un sistema de seguridad social eficiente. La constitución política de la República contempla una serie de derechos y de garantías individuales para los trabajadores y establece que éstas sólo pueden ser mejoradas y nunca disminuidas. El mejoramiento de dichas garantías se logra mediante la negociación colectiva. Confiere, además, una supremacía a los convenios y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre los que se encuentran el derecho al trabajo y la libertad de asociación.

El orador informó que en el mes de abril del presente año se había llevado a cabo la visita de la Misión de Alto Nivel recomendada en las conclusiones de esta Comisión en 2007, con resultados alentadores, y que concluyó con la firma de un acuerdo en el marco de la Comisión tripartita nacional. También informó que, dentro de la Fiscalía General de la Nación existe la Fiscalía Especial de Delitos contra Periodistas y Sindicalistas, que se encarga de dar seguimiento a los casos de que se trate. Cabe resaltar que no existe ninguna política institucional de violencia en contra de sindicalistas ni de ningún otro grupo social, habiendo asumido el Gobierno su responsabilidad de apoyar la investigación de dichos casos, con todos los recursos de que dispone.

Los derechos sindicales, al igual que los derechos de cualquier ciudadano, sólo pueden ejercerse en un clima de paz y de tranquilidad, sin que sus actos estén sujetos a ningún tipo de violencia, especialmente por el ejercicio de un derecho legítimo como es el derecho de asociación, ya sea de carácter laboral o de cualquier otra naturaleza. En el informe de la Comisión de Expertos se menciona el caso específico del secretario general del sindicato de la empresa portuaria Quetzal y cabe señalar que, hasta el momento, las investigaciones realizadas no han dado indicios de que haya sido un asesinato como consecuencia de una actividad sindical. La investigación sigue abierta para determinar el verdadero motivo de tal asesinato y sancionar a los responsables.

En cuanto al artículo 215 literal c), del Código del Trabajo, que establece la necesidad de contar con la mitad más uno de los trabajadores de la actividad de que se trate para constituir sindicatos de industria, y que se menciona en el informe de la Comisión de Expertos, cabe señalar que ya existen proyectos de reforma a dicho Código, en el sentido indicado por la Comisión de Expertos.

En relación con el retraso o la negativa a la inscripción de sindicatos, la legislación no permite tal negativa a ningún sindicato, salvo que no cumpla con algún requisito que contempla la ley interna. Cuando se detecta una falta de requisitos formales, se subsana la omisión dando oportunidad a los solicitantes para que cumplan con esos requisitos. Se trabaja asimismo en la reforma y en la modernización de la legislación laboral, manteniéndose los conceptos y principios que deben fortalecerse en las relaciones obrero-patronales.

Con la finalidad de agilizar los procesos judiciales, se han creado nueve juzgados de primera instancia, que se agregan a los ya existentes, y se trabaja para que se establezcan en las áreas en las que existe más población laboral, por ejemplo, en los Departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Santa Rosa, Suchitepéquez y El Petén. También se han creado, en esos Departamentos cuatro tribunales de segunda instancia, con ánimo de facilitar el acceso a la justicia. Se trabaja, además, en una iniciativa de ley para modificar la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, proyecto que ha avanzado considerablemente y que está pendiente de la opinión que emita la Corte de Constitucionalidad.

En lo que respecta al proyecto de ley de servicio civil, éste fue retirado de su discusión en el pleno del Congreso, tomándose en consideración las objeciones formuladas en su día por los órganos de control regular. En la actualidad, se contempla la elaboración de un nuevo proyecto, con el acompañamiento y el apoyo técnico y financiero de la OIT para que sea armonizado con las disposiciones del Convenio.

En lo que atañe al sector de la maquila, se incrementó el personal de la Inspección General del Trabajo, con la finalidad de dar atención exclusiva a este sector. En su oportunidad, el Gobierno había planteado a la Oficina Subregional de la OIT que se abordara el tema de la libertad sindical y de la negociación colectiva en la industria de la maquila, dentro de la asistencia técnica y financiera solicitada por el Gobierno, a efectos de realizar mensualmente un seminario tripartito sobre libertad sindical y negociación colectiva en la industria de la maquila. El orador declaró que hace propicia la ocasión para reiterar tal solicitud a tales efectos.

En relación con la Comisión tripartita nacional, manifestó que ya está constituida, habiéndose iniciado el diálogo para la búsqueda de la solución de los problemas planteados por los sectores laboral y patronal y los acuerdos para las reformas jurídicas. A tal efecto, se creó una Subcomisión específica, que celebra una sesión cada 15 días en la sede del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

Con el acuerdo suscrito en una de las reuniones de la Comisión tripartita nacional entre empleadores, trabajadores y el Gobierno, con motivo de la visita de la Misión de Alto Nivel en abril del año en curso, se evidencia la buena fe y la decisión política del Gobierno de buscar soluciones a través del fortalecimiento del diálogo social y de los acuerdos logrados por consenso.

Con respecto a las estadísticas laborales, el Gobierno trabaja en una reestructuración y modernización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, que incluye el fortalecimiento de áreas como la Dirección de Estadísticas Laborales. Se han priorizado las siguientes tareas: encuestas y estadísticas sobre todos los aspectos y temas laborales, un programa de estudio permanente sobre mercados laborales y áreas técnicas de soporte (economía, estadística, sociología, etc.), destinado al aprendizaje y a la investigación de los temas laborales.

Por último, mencionó la firma del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo con una de las organizaciones más fuertes del país, la Asamblea Nacional del Magisterio, que aglutina a aproximadamente 14 sindicatos de la enseñanza; la firma del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo con el Sindicato de Empleados del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; y la autorización de varios sindicatos que solventaron las formalidades para su constitución, entre ellos, el Sindicato de Investigadores del Ministerio Público, los empleados de maquilas y los sindicatos de empleados del agro. Por todo ello, vuelve a solicitar el apoyo técnico y financiero necesario para seguir mejorando el sistema de aplicación de los convenios de la OIT. El Texto del Acuerdo es el siguiente:

Acuerdo en el marco de la Comisión Tripartita Nacional

En la ciudad de Guatemala, el Gobierno de Guatemala, representado por el Ministerio de Trabajo y Previsión, los representantes del Movimiento Sindical y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), reunidos en el marco de la Comisión Tripartita, con motivo de la Misión de Alto Nivel de la OIT (21 a 24 de abril de 2008), acuerdan abocarse al tratamiento de los siguientes temas con miras a la elaboración de proyectos de reformas o de lineamientos en la perspectiva de asegurar una mejor aplicación de los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT:

1) Evaluación de las acciones institucionales, incluidas las más recientes, en particular las medidas especiales de protección para prevenir actos de violencia contra sindicalistas amenazados. Asimismo, evaluación de las medidas en curso (aumentos presupuestarios y del número de investigadores) para garantizar la realización de una investigación eficaz con suficientes medios que permita el esclarecimiento de los delitos de que hayan sido víctimas los sindicalistas y la identificación de los responsables.

2) Examen de las disfunciones del actual sistema de relaciones laborales (demoras excesivas y abusos procesales, falta de aplicación efectiva de la ley y de las sentencias, etc.) y, en particular, de los mecanismos de protección del derecho de negociación colectiva y de los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores y de sus afiliados consagrados en los Convenios núms. 87 y 98, a la luz de consideraciones técnicas y de los comentarios de índole sustantiva o procesal de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.

Teniendo en cuenta que los problemas señalados perduran desde hace muchos años, las partes se comprometen a examinar estos temas con celeridad, a través de reuniones mensuales, con el objeto de elaborar informes de avance.

Considerando que los órganos de control han puesto énfasis en los problemas señalados, las partes se comprometen a trabajar intensamente de manera consensuada, con miras a proyectos de reformas o de lineamientos, e informar a la Comisión de Expertos antes de su próxima reunión en noviembre de 2008, quedando entendido que los informes de avance tendrían que ser presentados cada dos meses a la Oficina Internacional del Trabajo.

La Misión de Alto Nivel se compromete a gestionar una asistencia técnica adecuada en relación con estos temas.

Los miembros empleadores expresaron su agradecimiento por el hecho de que el Gobierno continúe teniendo una actitud positiva. Recordaron que, desde 1991, la aplicación por Guatemala de los Convenios núms. 87 y 98, había sido debatida por la Comisión todos los años, y que lo mismo había ocurrido frecuentemente durante los años ochenta. Una revisión de los comentarios de la Comisión de Expertos de ese período permite darse cuenta de que se había producido una aplicación firme y constante de ambos Convenios. La lista de las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos se está reduciendo, lo cual es digno de acogerse favorablemente.

Señalaron que el nuevo Gobierno había entrado en funciones el 14 de enero y que, tal como indicara el representante gubernamental, en abril de 2008 se firmó un acuerdo tripartito como resultado de la Misión de Alto Nivel de la OIT. A través de este acuerdo, el Gobierno y los interlocutores sociales se comprometen a trabajar conjuntamente cada mes, con miras a redactar textos legislativos y directrices. A este respecto, reiteraron la necesidad de que la Comisión establecida por el acuerdo tome plenamente en consideración los comentarios realizados por la Comisión de Expertos.

Señalaron que el reciente aumento del número de muertes y asesinatos de sindicalistas es realmente lamentable. Tomando nota del comentario del Gobierno de que reforzará la Fiscalía General de la República para abordar este problema, expresaron la esperanza de que el Gobierno lo haga a la mayor brevedad. Asimismo, esperan que adopte otras medidas para proteger a los sindicalistas. Indicaron que uno de los principios centrales del Convenio núm. 87 consiste en que la libertad sindical sólo puede ejercerse en una atmósfera libre de violencia e intimidación.

Estuvieron de acuerdo con la Comisión de Expertos en que el requisito de la mitad más uno de los votos de los trabajadores de una determinada profesión para poder constituir un sindicato, resulta demasiado elevado. Asimismo, el requisito de que una persona tiene que ser de origen guatemalteco para poder presentarse a las elecciones de dirigentes sindicales, no está de conformidad con el Convenio. En lo que respecta a las huelgas, pusieron de relieve que deben tenerse en cuenta las diferentes circunstancias, condiciones y niveles de desarrollo de los países. No existe una regla única a este respecto, ya que lo que puede considerarse un servicio esencial en un país puede que no lo sea en otro país.

Los miembros trabajadores señalaron que Guatemala se encuentra de nuevo en la lista de casos individuales, debido a las violaciones regulares de los derechos fundamentales de los trabajadores, especialmente la libertad sindical y el derecho de negociación. Estas violaciones llegan incluso a adoptar la forma de asesinatos de dirigentes y militantes sindicales. Guatemala es uno de los países más peligrosos para los sindicalistas y la impunidad y la corrupción son habituales. La entrada en funciones del nuevo Gobierno ha hecho renacer un rayo de esperanza. A finales de enero de 2008, durante la Conferencia Internacional contra la Impunidad, el nuevo Presidente de la República declaró que iba a hacer todo lo posible para erradicar la violencia que sufren los sindicalistas y acabar con la impunidad endémica. Lamentablemente, desde entonces la situación ha seguido deteriorándose.

El año pasado, los miembros trabajadores ya habían condenado la violencia contra los sindicalistas. Pero cabe señalar que la lista de víctimas ha seguido aumentando y que prácticamente no se hace nada para identificar y sancionar a los culpables de que esto sea así. Las quejas presentadas por los sindicatos son declaradas improcedentes o sin actuación judicial y aquellos que las presentan son víctimas de amenazas y actos de intimidación. A este respecto, indicaron que el representante gubernamental se había comprometido a reforzar a las autoridades judiciales. La situación ha empeorado y continúa viviéndose un clima de violencia y de impunidad que resulta inaceptable. Prueba de ello, son la serie de ataques perpetrados en la sede de la Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), en el domicilio del dirigente de la Confederación de Unidad Sindical de Guatemala (CUSG) y en otros lugares, y los asesinatos cometidos, entre los que cabe señalar el de Carlos Enrique Cruz Hernández, miembro del Sindicato de Trabajadores Bananeros. Asimismo, cabe indicar que se producen muchos arrestos de sindicalistas. En este contexto, sería útil conocer cuáles son las primeras constataciones de la misión de la OIT que visitó el país en abril de 2008.

En lo que respecta al hecho de que la legislación no esté en conformidad con el Convenio, quisieron indicar que esta legislación restrictiva impide la organización de huelgas legales. El Gobierno no ha dado respuesta alguna a la solicitud de la Comisión de Expertos de preparación de una reforma profunda de la legislación en este ámbito. Las restricciones a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva siguen siendo habituales en las 250 maquilas, en las que no existen siete sindicatos como indica el representante gubernamental, sino sólo tres. El hecho de que la inspección del trabajo carezca de personal y de los medios necesarios, no contribuye a mejorar la situación.

En relación con la legislación aplicable a la función pública, que es contraria al Convenio, señalaron que no se había hecho nada para modificarla y que, en la práctica, algunos sindicalistas habían sido despedidos siendo ejemplo de ello los despidos en el Banco de Crédito Nacional y en el Ministerio Público. La Comisión de Expertos indicó que en la Comisión Tripartita Nacional el diálogo no es eficaz y que, al parecer, el Gobierno no tiene la voluntad política necesaria para que lo sea, y utiliza, como pretexto para ganar tiempo, una falta de consenso entre los trabajadores y los empleadores. De esta forma, no se toma ninguna decisión para modificar la legislación.

Por último, indicaron que el nuevo Gobierno y la Conferencia Internacional contra la Impunidad habían hecho renacer la esperanza, pero que, a menos que la misión efectuada por la Oficina en 2008 haya realizado constataciones diferentes, la información de la que se dispone actualmente demuestra que las normas fundamentales del trabajo continúan incumpliéndose. Las promesas y las declaraciones no tienen ninguna validez, pues la realidad muestra que el clima es cada vez más violento y siguen produciéndose violaciones sistemáticas de los derechos de los sindicalistas.

El miembro trabajador de Guatemala declaró que, al analizar las observaciones de la Comisión de Expertos, se comprueba que, desde 1999, los diferentes Gobiernos de Guatemala han demostrado sistemáticamente su indiferencia ante el esfuerzo tripartito de superar el grave problema del incumplimiento del Convenio. Ni siquiera con la discusión continua de este caso, en nueve oportunidades ante esta Comisión, ni con las misiones técnicas de contactos directos de la OIT, los gobiernos y los empleadores habían frenado el incesante asesinato de dirigentes sindicales. Está claro que la situación de su país ha empeorado, habiendo sido asesinadas las siguientes personas: Marcotulio Ramírez Portela y Carlos Enrique Cruz Hernández, en las fincas bananeras del departamento de Izabal; Sergio Miguel García, Miguel Angel Ramírez Enríquez, en la finca Olga María, además de muchos otros sindicalistas asesinados en años anteriores. Se vive un clima de violencia, intimidación y amenazas. Se han producido despidos ilegales por constituir sindicatos, por ejemplo: el de los trabajadores del sindicato de la distribuidora Petén; el de los trabajadores del Sindicato del Sur Occidente del País y de la empresa Instalcobra, subcontratada por la empresa DEOCSA, ambas empresas de la transnacional española Unión FENOSA. En este último caso, fueron 32 los afiliados sindicales despedidos. Se produjeron retenciones ilegales de salarios durante seis meses, en el caso de los trabajadores del Crédito Hipotecario Nacional. Hubo también 18 notificaciones de cancelación de contratos de trabajo. Todo esto a lo único que ha contribuido es a la implantación de una cultura del terror y a la imposibilidad de poder tener un trabajo decente.

La vergonzosa incapacidad institucional del Ministerio Público y de los tribunales de justicia para dar con los responsables de estos crímenes ha determinado un consentimiento de la impunidad. Si bien es cierto que en el Ministerio Público se había creado una fiscalía para investigar los delitos contra periodistas y sindicalistas, también es cierto que nunca la fortalecieron, sino que quedó debilitada, pasando a ser una simple fiscalía, sin mayor estructura y sin mayor capacidad en el ámbito nacional.

La causa principal del incumplimiento de las disposiciones laborales, radica en la ausencia de un eficaz mecanismo de aplicación de la ley. Hay que reformar la legislación para eliminar todos los obstáculos que impiden el ejercicio de la libertad sindical, y la Inspección General del Trabajo, el Ministerio Público y los tribunales de trabajo deben actuar oportunamente. También es necesario hacer eficientes y efectivos los controles internos y externos de los funcionarios públicos, como el sistema del régimen disciplinario de los jueces.

El orador manifestó que se restringe la posibilidad de constitución de sindicatos de industria, puesto que, para tal efecto, se exige la mitad más uno de los trabajadores de la actividad de que se trate, lo cual es una trampa, por la dificultad, por no decir la imposibilidad, que entraña saber cuál es el cien por ciento de los trabajadores de una determinada actividad. Tampoco lo saben el gobierno ni los empleadores.

En cuanto a la huelga, el artículo 241 del Código de Trabajo, exige que la huelga sea declarada por la mayoría de los trabajadores y no por la mayoría de los votantes. Ante esta imposibilidad, algunos sindicatos han intentado realizar huelgas de hecho, y de forma inmediata se ordenaba a la policía su rápida disolución por la fuerza o el Gobierno se inventaba una fórmula para disolver la huelga, como sucediera recientemente con los trabajadores del transporte, donde, en vez de privilegiar el diálogo el Gobierno, impuso el estado de prevención, con la consecuencia de 49 trabajadores encarcelados y un trabajador asesinado. También se impiden las huelgas de solidaridad.

En relación con las maquilas, señaló que es casi imposible el desarrollo de sindicatos en esta rama, puesto que existe un clima agudo de discriminación y de violencia sindical, con una serie de medidas sutiles y unas acciones descaradas dirigidas a impedir cualquier posibilidad de sindicalización. Por todo lo antedicho, el orador solicitó que se incluyera este caso en un párrafo especial.

El miembro gubernamental del Perú, hablando en nombre del Grupo de Estados de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), señaló que, como resultado de las conclusiones de esta Comisión, adoptadas en 2007, durante la 96.ª Conferencia Internacional del Trabajo, Guatemala había aceptado la visita de una Misión de Alto Nivel, realizada del 21 al 24 de abril de 2008, y que ese país sigue dando muestras de apertura y de colaboración con los órganos de control de la OIT. También señaló que, como consecuencia de tal Misión, había sido posible la suscripción de un Acuerdo entre los mandantes, en el que se priorizaron algunos temas, con miras a la elaboración de proyectos de reformas o de lineamientos, encaminados a la mejor aplicación de los Convenios núms. 87 y 98 de la OIT.

Solicitó a la Comisión y a la Oficina que se diera una respuesta positiva a la solicitud de asistencia técnica formulada por el Gobierno de Guatemala, con el fin de apoyar sus esfuerzos dirigidos al logro de la plena aplicación de los derechos sindicales en ese país.

El miembro trabajador de Colombia afirmó que, a causa de las prácticas antisindicales, en Guatemala prácticamente no existe libertad sindical. Según informaciones de las propias organizaciones, el porcentaje de trabajadores afiliados a algún sindicato no llega siquiera al 1 por ciento. La Comisión de Expertos lleva alrededor de veinte años insistiendo en la urgente necesidad de proteger los derechos de la clase trabajadora, incluido el derecho a la vida, porque la muerte de sindicalistas en ese país viene siendo una constante. Dijo que también era preocupante, y requeriría una investigación a fondo, la tendencia a la feminización de los asesinatos; según información disponible, en los últimos ocho años, se habría asesinado a más de 3.000 mujeres.

El orador mostró preocupación porque, no obstante las reiteradas promesas de respetar y acatar las recomendaciones de la Comisión de Expertos, la realidad demostraba que las restricciones al ejercicio de la libertad sindical persistían, tanto para el sector público como para el privado, y cercenaban cualquier posibilidad de negociación colectiva. Recordó al Gobierno que la mera existencia de una instancia tripartita no basta para que exista concertación; antes bien, las partes deben tener la firme determinación de dar cumplimiento a las normas internacionales del trabajo. Instó al Gobierno a adoptar medidas para proteger la vida de los sindicalistas, a intensificar la lucha contra la impunidad y a poner fin a las acciones antisindicales, para evitar que las malas prácticas continúen extendiéndose a través de la región. Por último, solicitó que se incluyera este caso en un párrafo especial.

El miembro trabajador de los Estados Unidos explicó que dos meses antes había asistido a un honesto discurso que el recién electo presidente de Guatemala, Alvaro Colom, había pronunciado en Washington, D.F., en la Universidad George Washington. El Presidente había hecho hincapié en la necesidad vital de derechos laborales y justicia social en Guatemala, y había lamentado la destrucción del movimiento sindical guatemalteco a lo largo de varios decenios de violencia. El orador afirmó que, aunque las palabras de bienvenida del Presidente parecían sinceras, sólo con buenas intenciones no se conseguiría revertir las violaciones muy graves de los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva en Guatemala, que venían siendo examinadas por la Comisión durante la mayor parte de los diez últimos años, y que no habían hecho sino empeorar.

La Administración Bush y los partidarios del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (TLCCA-RD), que había entrado en vigor hacía dos años, aseguraron a la Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) que el pacto comercial mejoraría la situación de los derechos laborales en la región, particularmente en Guatemala, porque la incorporación de un capítulo relativo al trabajo estimularía el buen comportamiento. Pero la entrada en vigor del pacto comercial no había mejorado el grado de cumplimiento de las leyes vigentes en el país, relativas a la libertad sindical y la negociación colectiva, tal y como estaba íntegramente documentado en la queja conjunta presentada por el movimiento obrero guatemalteco y la AFLCIO, el 23 de abril de 2008, referente a los capítulos 16 y 20 del TLCCA-RD.

Además, en el marco de los mecanismos de solución de conflictos laborales previstos en el acuerdo comercial, el único criterio de examen verdaderamente eficaz es el cumplimiento por las partes de sus propias leyes de trabajo, con independencia de sus deficiencias, con arreglo a las disposiciones de los Convenios núms. 87 y 98. Como queda patente en el informe de la Comisión de Expertos de 2008 y en la presente sesión, la legislación de Guatemala sigue contraviniendo de manera flagrante el Convenio. El artículo 379 del Código continúa previendo la responsabilidad de los trabajadores de los daños y perjuicios que puedan resultar de una huelga, lo cual tiene fatídicos efectos para el ejercicio de los derechos del Convenio. La ley sigue facultando a la policía nacional para romper las huelgas.

Desde la entrada en vigor del LCCA-RD, la violencia antisindical y la impunidad no han hecho sino empeorar. El orador citó los casos siguientes sucedidos a partir de 2006: un delegado de los trabajadores del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal (SITRABI) recibió tres disparos el 26 de noviembre de 2006, tras una visita a los miembros del sindicato de la plantación de Chickasaw; Pedro Zamora, Secretario General de los Trabajadores del Puerto de Quetzal, fue brutalmente asesinado en presencia de sus hijos el 15 de enero de 2007, con indicios de alguna participación de la administración del Gobierno anterior, y otros líderes del mismo sindicato continúan recibiendo amenazas de muerte; Walter Anibal Ixaquic Mendoza y Norma Sente de Ixaquic, dirigentes del Frente Nacional de Vendedores de Guatemala, fueron tiroteados y asesinados en el centro de la ciudad de Guatemala el 6 de febrero de 2007, cuando intentaban solucionar un conflicto laboral relacionado con la seguridad de los vendedores callejeros; el Secretario Cultural del SITRABI, Mario Tulio Ramírez, fue asesinado en septiembre de 2007; el 22 de enero de 2008, Rosalio René González Villatero, Secretario General de los Trabajadores Agrícolas Independientes de San Benito, fue asesinado inmediatamente después de presentar una demanda en la fiscalía local en relación con un conflicto laboral; el 2 de febrero, Sandra Isabel Ramírez, hija del Secretario General del Sindicato de Trabajadores Bananeros del Sur (SINTRABANSUR), cuyos afiliados producen para Chiquita, fue secuestrada y violada por cuatro enmascarados que la interrogaron sobre la actividad sindical de su padre; el 29 de febrero de 2008, el hijo y el sobrino de José Alberto Vicente Chávez, líder de los trabajadores de embotellado del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Café y Bebidas Coca- Cola (SITINCA) en Retalheu, fueron brutalmente asesinados en una parada de autobús mientras esperaban el regreso de su padre y de su tío de la ciudad, a donde, irónicamente, había ido a presentar una demanda en relación con su propia seguridad personal; el 1.º de marzo de 2008, fue tiroteada la casa del Secretario General de la CUSG, miembro de la Confederación Sindical Internacional (CSI), y el 2 de marzo fue asesinado Miguel Angel Ramírez Enríquez, Secretario General del SINTRABANSUR.

El orador afirmó que en el informe de la Comisión de Expertos, sin embargo, se mencionaba un irrisorio balance de dos condenas por violencia antisindical y un total de 17 sindicalistas incluidos en un programa de protección. La impunidad de los autores intelectuales y materiales de la violencia antisindical en Guatemala ha alcanzado proporciones de crisis. Instó a que se incluyera un párrafo especial en el caso, porque las falsas promesas de mejorar los derechos de los trabajadores por medio de acuerdos comerciales y otros ardides de esa clase no podían tolerarse más.

La miembro trabajadora de Noruega recordó que la Comisión llevaba examinando desde hacía muchos años las graves violaciones de los Convenios núms. 87 y 98 en Guatemala; no obstante, la situación no hace más que empeorar. En Guatemala, el sistema judicial es casi ineficaz. Además, sólo el 1 y el 2 por ciento de los trabajadores están afiliados a un sindicato y muy pocas quejas fueron enviadas por los trabajadores al Ministerio, por miedo a ser acosados, a perder sus trabajos, y a ser amenazados e incluso asesinados.

Describió el caso de la organización sindical SINTRABANSUR de la plantación bananera Olga María. El sindicato fue creado en julio de 2007 para negociar un convenio colectivo y el salario mínimo legal. Cuando los líderes sindicales proporcionaron a la oficina local del Ministerio de Trabajo y Previsión Social una lista con los nombres de los miembros, tal y como exige la ley, los nombres fueron filtrados inmediatamente al empleador, que contrató a agentes privados de seguridad para amenazar y acosar a los trabajadores, tanto en el lugar de trabajo como en sus hogares. En noviembre de 2007, el empleador amenazó con cerrar la plantación si los trabajadores seguían afiliados al sindicato. Si dimitían, recibirían 400 euros. Las protestas de los dirigentes sindicales a las autoridades locales y a los inspectores de trabajo no sirvieron de nada. El Secretario General del sindicato se negó a darse por vencido, por lo que fue secuestrado y torturado, antes de aceptar firmar su renuncia. En 2 febrero de 2008, su hija fue interrogada por cuatro hombres, violada y tirada a la ribera del río. Uno de los fundadores sindicales, Miguel Angel Ramírez, fue asesinado en su propia casa ese mismo mes. Danilo Méndez fue más tarde amenazado por hombres armados y enmascarados que rodearon su casa.

En mayo de 2008, los trabajadores del transporte organizaron protestas pacíficas contra un decreto que les obligaba a conducir por la noche cuando se podían producir más ataques y asesinatos. Su petición de diálogo con el Presidente fue denegada si no cesaban sus protestas. Un nuevo decreto fue promulgado, suprimiéndose los contratos de los conductores, limitándose el derecho a la huelga y prohibiéndose las huelgas que, de todas maneras, no estaban aprobadas. Los conductores fueron dispersados por unidades especiales de la policía.

Estos no son casos aislados. Cuatro delegados sindicales fueron asesinados durante 2008 y los autores gozan seguramente de impunidad, ya que los tribunales y la policía carecen de recursos y de voluntad para llevar a los culpables ante la justicia.

Solicitaron al Gobierno que garantizara el cumplimiento de la aplicación de los convenios de la OIT que ya había ratificado.

El representante gubernamental de Guatemala reconoció la existencia de problemas en el país y afirmó que el nuevo Gobierno es consciente de los mismos. Refiriéndose al tema del transporte, indicó que en Guatemala se considera un servicio esencial y está sujeto a un régimen especial, y desmintió que se hubiese recurrido a la fuerza en el caso de la manifestación que había bloqueado durante tres días todos los accesos del país — la solución se había logrado mediante el diálogo. En relación con la muerte de sindicalistas, observó que en los poco más de cuatro meses transcurridos desde la asunción de su Gobierno no se había producido ninguna. En cuanto a las maquilas, puntualizó que la labor del Gobierno no es crear sindicatos sino inscribirlos y que, contrariamente a lo que había declarado otro orador, y tal como pudo comprobar la Misión en su visita, hay siete sindicatos inscritos.

El orador hizo un llamamiento a la reflexión y declaró que la violencia que asola el país no está institucionalizada, que se respetan los derechos individuales y colectivos y se está progresando en cuanto al diálogo social. Reiteró la necesidad de apoyo técnico y financiero para materializar la intención del Gobierno de modernizar la legislación laboral, de conformidad con las normas y recomendaciones internacionales, para mejorar las condiciones de vida de todos los guatemaltecos.

Los miembros empleadores señalaron la necesidad de adoptar una nueva estrategia. El Gobierno empezó lentamente hace algunos años a cumplir con su obligación de aplicación de los Convenios núms. 87 y 98 en la ley y en la práctica, y el reciente Acuerdo Tripartito, redactado bajo los auspicios de la Misión de Alto Nivel de la OIT, estableció un calendario de trabajo riguroso de reformas y directrices para poner de conformidad la legislación de Guatemala con el Convenio. Estas reformas deberán ser examinadas y comentadas por los expertos.

Sin embargo, indicaron que la causa subyacente es la violencia en el país. Sin un enfoque centrado en la protección de la sociedad y los sindicatos, ningún programa de Gobierno podrá hacer frente a la violencia, en particular con respecto a la protección de los sindicatos.

La solución no está en la discusión anual llevada a cabo por la Comisión. Lo que se necesita es un compromiso constante con la OIT que se centre en la violencia y en el trabajo con el Gobierno y con otros gobiernos para crear un programa de buena fe orientado a proteger a los sindicatos con un sistema adecuado encargado del cumplimiento de la ley, la investigación y la inspección del trabajo. Además, gracias a la Comisión Tripartita y al constante compromiso con la OIT, la reforma y las directrices podrán llevarse a cabo. La OIT, el Gobierno y los países vecinos de Guatemala deben realizar sus esfuerzos para hacer frente de manera exhaustiva al problema de la violencia y al incumplimiento de la aplicación de los Convenios núms. 87 y 98.

Los miembros trabajadores señalaron que, una vez terminada la discusión, deseaban formular conclusiones rigurosas. El Gobierno debe adoptar todas las medidas necesarias para que el compromiso del Presidente de la República sea respetado y para que se ponga fin al clima de violencia y de impunidad. Para poner fin a los asesinatos y a los actos de intimidación en contra del movimiento sindical, el Gobierno debe garantizar que se entablen acciones judiciales y que se condene a los autores y a los responsables de estos crímenes. Resulta necesario cambiar de estrategia y proponer la adopción de un programa especial contra la violencia y la instalación de una oficina de la OIT en el país para garantizar un seguimiento constante de la situación y de la aplicación del Convenio. En la medida en que, como demostrara la Comisión de Expertos, el marco legislativo incumple de manera flagrante con el Convenio, el Gobierno debe preparar con los interlocutores sociales un nuevo marco legislativo que garantice el cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo en los sectores público y privado, así como los derechos sindicales de los trabajadores de las maquilas. Habida cuenta de la falta de logros alcanzados, de la poca voluntad del Gobierno por hacer que las cosas evolucionen, de la degradación de la situación y de los numerosos actos de violencia, los miembros trabajadores propusieron incluir este caso en un párrafo especial del informe de la Comisión.

El representante gubernamental de Guatemala acogió con agrado las conclusiones de la Comisión y aceptó la invitación a que una misión tripartita visite el país. Expresó la esperanza de que la misión tripartita aportará propuestas concretas para encontrar soluciones a los problemas existentes. Señaló que esperaba que con la asistencia de la OIT el año próximo el Gobierno podrá informar sobre avances positivos.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de las declaraciones del representante gubernamental y del debate que tuvo lugar a continuación, así como de los casos examinados por el Comité de Libertad Sindical. La Comisión tomó nota con preocupación de que los problemas pendientes persisten desde hace muchos años y se refieren a graves actos de violencia contra sindicalistas y a disposiciones legislativas o prácticas que restringen el ejercicio de los derechos sindicales. La Comisión tomó nota con grave preocupación de los actos de violencia y de intimidación contra sindicalistas contenidos en los comentarios de la Confederación Sindical Internacional.

La Comisión tomó nota que visitó el país recientemente una Misión de Alto Nivel que se invitó al Gobierno a aceptar el pasado año cuando se discutió la aplicación del Convenio núm. 98. La Comisión tomó nota con interés de que durante esa misión, el Gobierno y los interlocutores sociales firmaron un acuerdo tripartito que incluye un plan de acción para superar las cuestiones pendientes en relación con los Convenios núms. 87 y 98 y la asistencia técnica de la OIT.

La Comisión tomó nota de la buena voluntad expresada por el Gobierno y de la información sobre diferentes proyectos de ley tendientes a una mejor aplicación del Convenio, y sobre la creación de nuevos juzgados laborales y de una sección especial de maquilas en la inspección de trabajo. Señaló que el Ministerio Público había aumentado el número de investigadores de delitos contra sindicalistas con las correspondientes asignaciones presupuestarias. Se ha retirado el proyecto de ley de servicio civil criticado por la Comisión de Expertos y se elaborará un nuevo proyecto en plena conformidad con el Convenio.

La Comisión esperó que la Comisión de Expertos examinara el informe de la misión de Alto Nivel y que facilitara a la presente Comisión las informaciones más importantes sobre la aplicación del Convenio. La Comisión esperó también que, rápidamente, a la luz de las conclusiones de la misión, el Gobierno, en consulta con las organizaciones de trabajadores y de empleadores y con la asistencia técnica de la OIT, tomará las medidas necesarias para realizar los cambios requeridos en la legislación y en la práctica para superar los problemas pendientes de violencia y de legislación laboral que incluyen también la situación de las empresas maquiladoras en las zonas francas de exportación.

La Comisión deploró profundamente las recientes muertes y amenazas de muerte contra sindicalistas, recordó una vez más al Gobierno la necesidad urgente de adoptar medidas adicionales para poner término a la violencia contra sindicalistas y para que garantice la seguridad de todos los que han sido víctimas de amenazas. La Comisión subrayó la necesidad de acabar con la imperante situación de impunidad y conseguir que los autores materiales e intelectuales de los delitos sean sancionados y recordó que los derechos sindicales sólo pueden desarrollarse en un clima exento de violencia.

La Comisión consideró que los problemas persistentes en este caso requieren un continuo compromiso con la OIT focalizado en la violencia en el país, incluida la posibilidad de contar con una Oficina de la OIT. El Gobierno debería también trabajar con los Gobiernos de los países vecinos para establecer un programa de protección sindical de buena fe, con una adecuada aplicación de la ley, y un sistema de investigación e inspección del trabajo.

La Comisión tomó nota de que el Gobierno solicitó el apoyo técnico de la Oficina y expresó la esperanza de que con esta asistencia en un futuro muy próximo estará en condiciones de constatar progresos significativos en la legislación y la práctica.

La Comisión pidió al Gobierno una acción muy rápida y que envíe una memoria completa para la próxima Comisión de Expertos.

La Comisión invitó al Gobierno a que acepte la visita de una misión integrada por los portavoces del grupo empleador y trabajador de esta Comisión para asistir al Gobierno en la búsqueda de soluciones sostenibles a todas las cuestiones mencionadas.

El representante gubernamental de Guatemala acogió con agrado las conclusiones de la Comisión y aceptó la invitación a que una misión tripartita visite el país. Expresó la esperanza de que la misión tripartita aportará propuestas concretas para encontrar soluciones a los problemas existentes. Señaló que esperaba que con la asistencia de la OIT el año próximo el Gobierno podrá informar sobre avances positivos.