Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Convenio sobre poblaciones indígenas y tribuales, 1957 (núm. 107) - El Salvador (Ratificación : 1958)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión espera que se envíe una memoria para examinarla en su próxima reunión y que dicha memoria contenga informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en sus comentarios anteriores, formulados en 2011, que estaban redactados del modo siguiente:

Artículo 2 del Convenio. Desarrollo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que desplegara esfuerzos con miras a iniciar rápidamente la elaboración, en colaboración con las poblaciones indígenas, de un plan de desarrollo nacional encaminado a fomentar el desarrollo social, económico y cultural de estas poblaciones. A este respecto, la Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual la Secretaría de Inclusión Social (SIS), creó en julio de 2010, la Dirección de Pueblos Indígenas, cuyas principales funciones consisten en fomentar la cultura, los valores y la inclusión de los pueblos indígenas en la agenda nacional; generar y apoyar proyectos que fomenten las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas; promover la participación y coordinación entre las diferentes áreas e instituciones públicas para propagar el conocimiento del tema indígena. El Gobierno añade que entre las medidas adoptadas por la Dirección de Pueblos Indígenas se incluyen la firma en julio de 2010 de la «Carta de entendimiento para garantizar y restituir el derecho a la identidad de la población indígena salvadoreña, contribuir a la erradicación de la discriminación en contra de estos pueblos y la reivindicación del carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad salvadoreña» y la preparación del Congreso Nacional Indígena para el 12 de octubre de 2010 con el fin de crear una agenda conjunta sobre pueblos indígenas, mediante el diálogo y el consenso con las organizaciones indígenas. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre el impacto en la práctica de estas medidas y las conclusiones del Congreso sobre Pueblos Indígenas así como sobre toda otra medida adoptada con miras a la elaboración de un plan de desarrollo nacional destinado a fomentar el desarrollo social, económico y cultural de las poblaciones indígenas.

En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió también al Gobierno que proporcionara mayores informaciones sobre el «Programa Integral de la Mujer» y sobre el porcentaje de mujeres que se beneficiaron del mismo, así como sobre el modo en que se prevé reflejar la participación de las mujeres indígenas en las políticas y programas dirigidos a las poblaciones indígenas y los resultados de los diagnósticos participativos mencionados por el Gobierno en su memoria anterior. A este respecto, la Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual entre 2005 y 2009 se realizaron varios diagnósticos con las mujeres indígenas para identificar las necesidades y condiciones de vida de las mujeres. Sobre la base de estos diagnósticos se elaboró un plan estratégico con la participación de las mismas. A su vez, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) elaboró un plan de trabajo en virtud del cual se implementaron proyectos productivos que beneficiaron a 1 773 familias de origen indígena pertenecientes a asociaciones indígenas de diferentes regiones. También se implementaron proyectos de alfabetización y capacitación de mujeres indígenas en teoría de género y derechos humanos. El ISDEMU ha propiciado también la participación de las mujeres en las directivas de las asociaciones que las representan y firmó un convenio con la Secretaría de Cultura de la Presidencia, en virtud del cual promueve una política cultural que impulsa el desarrollo integral de la mujer así como la erradicación de estereotipos discriminatorios. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre las medidas y programas adoptados con miras a incrementar la participación de las mujeres indígenas en las políticas y programas dirigidos a las poblaciones indígenas y su impacto en la práctica.

Artículo 4. Protección del patrimonio cultural. En cuanto a las medidas adoptadas por el Gobierno para proteger y revitalizar el patrimonio cultural de las poblaciones indígenas, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa sobre la creación de la Secretaría de la Cultura en junio de 2009, que reemplaza al Consejo Nacional para la Cultura y el Arte y que tiene la función de velar por la conservación y difusión del patrimonio cultural del país. El Gobierno se refiere además a la beca de intercambio otorgada en 2010 por el Instituto de Estudios para Líderes Estudiantiles Indígenas de los Estados Unidos a tres jóvenes indígenas con el fin de capacitarlos para el futuro rescate de los idiomas potón y cacaopera dentro de sus comunidades. También indica que el Plan de Gobierno 2009-2014 impulsará una política de desarrollo cultural con el fin de fortalecer la identidad cultural. La Comisión pide al Gobierno que envíe información sobre las medidas concretas adoptadas en el marco de la Política de Desarrollo Cultural y su impacto en el desarrollo y el fortalecimiento del patrimonio cultural de las poblaciones indígenas.

En cuanto al impacto en las poblaciones indígenas de los proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la rehabilitación y la reconstrucción de la comunicación vial, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la disminución del polvo y sus efectos nocivos en la salud, el incremento de las oportunidades de trabajo, del comercio y del turismo y una mayor facilidad en el transporte de pasajeros y de carga lo cual contribuye a la reactivación del sector agrícola y a elevar el nivel de vida de las poblaciones indígenas. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre este tipo de proyectos y sus efectos en las poblaciones indígenas que viven en las áreas afectadas por los mismos.

Artículos 11 a 14 del Convenio. Derechos sobre tierras. La Comisión recuerda que en sus comentarios anteriores pidió al Gobierno que tomara las medidas necesarias para reconocer y promover los derechos de las poblaciones indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y que proporcionara informaciones sobre el estado de las acciones iniciadas por las poblaciones indígenas Panchimalco e Izalco. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el Programa de Campesinos sin Tierra (CST) desarrollado por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) ha beneficiado a aproximadamente 290 miembros de cuatro asociaciones indígenas. El Gobierno también se refiere a la «Política de los pueblos originarios» y a la «Reforma social de identidad y derechos de los pueblos indígenas» enmarcadas en el Plan de Gobierno 2009-2014. En cuanto a las acciones iniciadas por las poblaciones indígenas Panchimalco e Izalco debido a la contaminación y venta de sus tierras, la Comisión toma nota de que en lo que respecta a la venta de las tierras, la última resolución emitida el 22 de octubre de 2009 citó a una audiencia entre el Procurador y el Director del Fondo Nacional para la Vivienda Popular (FONAVIPRO) en el marco de un proceso de mediación iniciado con anterioridad. En cuanto a la contaminación de las tierras, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a una resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que ordenó que se revisaran los procesos de consulta realizados la cual se remonta a 2006. A este respecto, la Comisión toma nota de las conclusiones formuladas por el Comité de Derechos Humanos (CCPR) y por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas en los que ponen de relieve su preocupación porque los pueblos siguen sin disfrutar plenamente de sus derechos económicos, sociales y culturales, en particular en relación con la propiedad de la tierra y el acceso al agua potable (CCPR/C/SLV/CO/6, de 18 de noviembre de 2010, y CERD/C/SLV/CO/14-15, de 14 de septiembre de 2010). La Comisión recuerda que el artículo 11 del Convenio prevé la obligación de reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, en favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellas. La Comisión insta por lo tanto una vez más al Gobierno a que tome medidas concretas con miras a reconocer y promover los derechos de las poblaciones indígenas sobre las tierras que ocupan tradicionalmente de manera que se ponga fin a la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentran. La Comisión pide también al Gobierno que tome medidas con miras a dar seguimiento a las medidas solicitadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en el marco de las acciones incoadas por las poblaciones indígenas Panchimalco e Izalco relativas a la contaminación y venta de sus tierras. Por último, la Comisión pide al Gobierno que informe sobre el contenido y el impacto en la práctica de la «Política de los Pueblos Originarios», de la «Reforma social de identidad y derechos de los pueblos indígenas» y del Programa de Campesinos sin Tierra (CST), así como sobre el Plan de Gobierno 2009-2014 en lo que a los pueblos indígenas se refiere.

Artículos 11 a 14. Programa de entrega de tierras. El Gobierno indicó que existían aún tierras en proceso de transferencia y menciona nuevas iniciativas implementadas por el ISTA, a saber: el Programa de Solidaridad Rural y el Programa de Nuevas Opciones. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre los procesos y programas de entrega de tierras, su impacto en las poblaciones indígenas y el porcentaje de miembros de dichas poblaciones que se beneficiaron de los mismos.

En lo que respecta a los programas de apoyo a las comunidades indígenas desarrollados por el Ministerio de Agricultura, la Comisión tomó nota de que el Gobierno informa que el Programa de Reconstrucción y Modernización (PREMODER/FIDA) financiado por el Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA) abarca 66 municipios cuya población es mayoritariamente de ascendencia indígena. En el marco de dicho programa se han llevado a cabo las siguientes acciones: 1) apoyo a la Asociación Coordinadora de Comunidades Indígenas de El Salvador (ACCIES) cuyo objetivo es la producción y comercialización de hortalizas de bajo riego y que ha favorecido a 37 productores; 2) el apoyo a la Asociación Cooperativa Agropecuaria «Auxilio de los Pobres» (ACOOPAP) cuyo objeto es la ampliación y tecnificación de granjas de gallinas ponedoras que ha beneficiado a 38 productores; y el apoyo a la Asociación de Desarrollo Comunal de El Salto (ADESCOES) con el objeto de instalar sistemas de riego, el cual benefició a 28 familias. El Gobierno se refiere asimismo al proyecto «Manejo Integrado de Ecosistemas en Comunidades Indígenas» (MIE/BID/BM) que está en fase de elaboración. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre el desarrollo de estos programas y sobre su impacto en las poblaciones indígenas.

Código Agrario. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el anteproyecto de Código Agrario ha sido presentado a la Asamblea Legislativa y será examinado por la Comisión de Economía y Agricultura de la Asamblea Legislativa. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre toda evolución al respecto. La Comisión pide asimismo al Gobierno que garantice la participación de los representantes indígenas en este proceso, en el marco de la colaboración a que se refiere el artículo 5, a), y que informe sobre el modo en que se materializa dicha participación.

Parte III del formulario de memoria. En lo que respecta a las actividades llevadas a cabo por la Mesa Permanente sobre Pueblos indígenas, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que: 1) en 2006 se propuso la ratificación del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169), cuestión que ha sido incluida en el Plan de Gobierno 2009-2014; 2) en 2008 cuestionó los resultados del IV Censo de Población y V de Vivienda porque arrojaron un porcentaje menor de población indígena del que realmente existe, lo cual fue objeto de recursos de amparo que fueron declarados inadmisibles por la Corte Suprema. Por ese motivo, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos inició un expediente administrativo contra el Ministerio de Economía y la Corte Suprema de Justicia que está pendiente, y 3) realiza esfuerzos tendientes a lograr una mayor participación de las poblaciones indígenas en las actividades indígenas y en lo social, incluyendo su acceso a cargos públicos. La Comisión alienta una vez más al Gobierno a considerar la posibilidad de ratificar el Convenio núm. 169. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre las actividades llevadas a cabo por la Mesa Permanente sobre Pueblos Indígenas. La Comisión pide asimismo al Gobierno que informe sobre la composición de dicha Mesa y el modo en que se asegura la participación de los pueblos indígenas en la misma.