Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) - Nicaragua (Ratificación : 2013)

Artículo 1, c), del Convenio. Definición de trabajo doméstico y de trabajador doméstico. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la legislación laboral es aplicable a todos los trabajadores domésticos, incluidos aquellos trabajadores domésticos que sean ocasionales. La Comisión observa, no obstante, que el artículo 145 del Código del Trabajo define a los trabajadores domésticos como aquellos que «prestan servicios propios del hogar a una persona o familia en su casa de habitación y en forma habitual o continua, sin que del servicio prestado se derive directamente lucro o negocio para el empleador». La Comisión observa que de la inclusión del término «en forma habitual y continua» en la definición de trabajador doméstico puede dar lugar a interpretaciones de acuerdo a las cuales los trabajadores que llevan a cabo servicios domésticos discontinuos o esporádicos no son considerados como trabajadores domésticos. Por consiguiente, la Comisión alienta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias con miras a modificar el artículo 145 del Código del Trabajo, de manera que aquellos trabajadores domésticos que trabajen de manera no habitual o continua pero para quienes el trabajo doméstico sea una ocupación profesional, queden incluidos de manera expresa en la definición de trabajo doméstico.

Artículo 3, párrafo 2, c). Abolición del trabajo infantil. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre las medidas adoptadas con miras a erradicar el trabajo doméstico infantil, incluyendo el número de inspecciones realizadas en los hogares donde se encuentran menores de edad trabajando como domésticos. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que en 2017, se realizaron 78 inspecciones especiales en hogares donde trabajaban adolescentes. No obstante, la Comisión observa que el Gobierno no especifica cuáles de dichas inspecciones se realizaron en el sector del trabajo doméstico. Tampoco indica cuales fueron las sanciones impuestas en aquellos supuestos en los que se identificaron casos de trabajo doméstico infantil. La Comisión toma nota también de que el Gobierno indica que se han llevado a cabo acciones de sensibilización, en el marco de las cuales se capacitaron a 1 807 trabajadoras domésticas adolescentes en materia de derecho laboral. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a garantizar en la práctica la abolición del trabajo doméstico infantil. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que envíe información actualizada específicamente sobre el número de las inspecciones realizadas en los hogares donde se identifican casos de trabajo doméstico infantil, el resultado de las mismas y las sanciones impuestas.

Artículo 5. Abuso, acoso y violencia. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que las denuncias presentadas por trabajadores domésticos por acoso, abuso o violencia en el trabajo, son atendidas por la Inspectoría General de Trabajo en un proceso de atención, verificación y resolución inmediata. La Comisión observa que el artículo 174 del Código Penal prevé una pena de uno a tres años de prisión para quienes sean responsables de acoso sexual; y el artículo 17, apartados c) y p), del Código del Trabajo establece la obligación del empleador de abstenerse de malos tratos y de afectar la dignidad y decoro de los trabajadores, así como de velar por que los trabajadores no sean objeto de acoso o chantaje sexual. En este sentido, la Comisión se refiere a sus comentarios de 2014 sobre el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), en los que recordó la necesidad de modificar el Código del Trabajo a fin de que las disposiciones sobre el acoso sexual contemplen expresamente tanto el acoso sexual que se asimila a un chantaje (quid pro quo) como el derivado de un ambiente de trabajo hostil y se sancione adecuadamente a los responsables, sean empleadores o trabajadores. La Comisión se refiere a sus comentarios relativos al Convenio núm. 111, en particular aquellos en los que reiteró su solicitud al Gobierno de que tomase las medidas necesarias con miras a incluir en el Código del Trabajo una definición de acoso sexual que contemple expresamente el acoso sexual que se asimila a un chantaje (quid pro quo) y aquel derivado de un ambiente de trabajo hostil que cubra todos los aspectos del empleo y la ocupación, así como un mecanismo de reparación de las víctimas y de sanción de los responsables. La Comisión solicita también al Gobierno que envíe información estadística, desagregada por sexo, sobre el número de denuncias recibidas por acoso, abuso y violencia en el contexto del trabajo doméstico, presentadas ante las distintas instancias competentes, el resultado de dichas quejas, las sanciones impuestas a los responsables y la reparación acordada.

Artículos 6 y 17, párrafos 2 y 3. Condiciones de empleo equitativas y condiciones de vida decente. Inspección del trabajo. Acceso al domicilio del hogar. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicase si existe un mecanismo o procedimiento de monitoreo para asegurar la conformidad de las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas en edad adulta con la legislación nacional. Asimismo, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre la manera en que se da efecto al artículo 17 del Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la guía técnica de inspección del trabajo, la cual es el instrumento metodológico utilizado en el desarrollo de las inspecciones laborales. El Gobierno indica que la guía proporciona información a los inspectores del trabajo sobre el procedimiento a seguir para vigilar el debido cumplimiento de la legislación laboral en el sector doméstico. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre las medidas específicas adoptadas o previstas relativas a la inspección del trabajo que presenten debida atención a las características especiales del trabajo doméstico, incluida información relativa a la formación que reciben los inspectores de trabajo, así como información estadística sobre el número de inspecciones en el sector, el número de infracciones detectadas y las sanciones impuestas.

Artículo 7. Información sobre condiciones de empleo. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno se refiere nuevamente al artículo 24, apartado b), del Código del Trabajo, que establece que el contrato de trabajo podrá celebrarse verbalmente cuando se refiera al trabajo doméstico. El inciso segundo del citado artículo dispone que el empleador deberá suministrar una constancia por escrito dentro de los primeros tres días de trabajo que contengan la fecha de inicio de la relación de trabajo, el servicio a prestar u obra a realizar y el salario estipulado. El Gobierno indica que el artículo 24 del Código del Trabajo no priva a los trabajadores domésticos de los derechos que se derivan de los servicios que prestan y de las normas de trabajo, ya que el incumplimiento de dichas normas se le imputa al empleador. La Comisión observa, no obstante, que la señalada constancia escrita no incluye información sobre todos los elementos previstos en el artículo 7 del Convenio. A este respecto, la Comisión recuerda que el artículo 7 del Convenio dispone que «todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, que incluyan en particular: a) el nombre y los apellidos del empleador y del trabajador y la dirección respectiva; b) la dirección del lugar o los lugares de trabajo habituales; c) la fecha de inicio del contrato y, cuando éste se suscriba para un período específico, su duración; d) el tipo de trabajo por realizar; e) la remuneración, el método de cálculo de la misma y la periodicidad de los pagos; f) las horas normales de trabajo; g) las vacaciones anuales pagadas y los períodos de descanso diarios y semanales; h) el suministro de alimentos y alojamiento, cuando proceda; i) el período de prueba, cuando proceda; j) las condiciones de repatriación, cuando proceda, y k) las condiciones relativas a la terminación de la relación de trabajo, inclusive todo plazo de preaviso que han de respetar el trabajador doméstico o el empleador». Por último, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se han implementado programas de promoción y divulgación de los derechos laborales a nivel nacional así como un centro de llamadas gratuitas en el que se proporciona orientación laboral a toda la población. La Comisión alienta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias con miras a asegurar que los trabajadores domésticos sean informados sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada, verificable y fácilmente comprensible, de preferencia, cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, que incluyan al menos todos los elementos establecidos en el artículo 7 del Convenio. La Comisión sugiere al Gobierno que considere la posibilidad de establecer un contrato de trabajo tipo para el trabajo doméstico, en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan.

Artículo 8. Trabajadores domésticos migrantes. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que actualmente no se cuenta con ningún convenio, acuerdo o procedimiento para la contratación de trabajadores domésticos migrantes nicaragüenses en el extranjero. El Gobierno añade que únicamente existe un procedimiento de gestión migratoria para trabajadores nicaragüenses que emigran a Costa Rica para trabajar de manera temporal en el sector agrícola, agroindustrial y de la construcción. La Comisión urge al Gobierno a que adopte las medidas necesarias con miras a garantizar que los trabajadores domésticos nicaragüenses migrantes que son contratados en un país para prestar servicio doméstico en otro país reciban por escrito una oferta de empleo o un contrato de trabajo que sea ejecutorio en el país donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan las condiciones de empleo señaladas en el artículo 7, antes de cruzar las fronteras nacionales con el fin de incorporarse al empleo doméstico al que se refiere la oferta o el contrato (artículo 8, párrafo 1). Asimismo, solicita al Gobierno que adopte medidas para cooperar con otros Estados a fin de asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del presente Convenio a los trabajadores domésticos migrantes (artículo 8, párrafo 3). Por último, solicita al Gobierno que especifique cuáles son las condiciones según las cuales los trabajadores domésticos migrantes tienen derecho a la repatriación tras la expiración o terminación del contrato de trabajo en virtud del cual fueron empleados (artículo 8, párrafo 4).

Artículo 9. Libertad de alcanzar un acuerdo con el empleador sobre si residir o no en su hogar. Conservación de documentos de viaje y de identidad. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre las medidas adoptadas a fin de garantizar que los trabajadores del sector doméstico tengan la libertad de alcanzar un acuerdo con el empleador sobre si residir o no en el hogar para el que trabajan. Asimismo, solicitó al Gobierno que suministrase información sobre las medidas contempladas o adoptadas para asegurar que los trabajadores domésticos migrantes tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidad. En ese sentido, el Gobierno indica que los trabajadores domésticos migrantes que trabajan fuera del país, se encuentran bajo la jurisdicción de las leyes del país donde se encuentren. El Gobierno añade que no existen mecanismos de seguimiento y control que garanticen el cumplimiento de los derechos laborales y migratorios de tales trabajadores. La Comisión observa que el Gobierno no proporciona información sobre las medidas adoptadas a fin de garantizar que los trabajadores del sector doméstico tengan la libertad de alcanzar un acuerdo con el empleador sobre si residir o no en el hogar para el que trabajan. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione información sobre las medidas adoptadas a fin de garantizar que un trabajador del sector doméstico tenga la libertad de alcanzar un acuerdo con el empleador sobre si residir o no en el hogar para el que trabaja. Además, la Comisión solicita al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas con miras a garantizar que aquellos trabajadores domésticos que residen en el hogar para el que trabajan, incluidos aquellos trabajadores procedentes de otros países, no estén obligados a permanecer en el hogar o a acompañar a miembros del hogar durante los períodos de descanso diarios y semanales o durante las vacaciones anuales, y que tengan derecho a conservar sus documentos de viaje y de identidad.

Artículo 10. Igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general en relación con las horas normales de trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre las horas normales de trabajo para los trabajadores domésticos adultos, sobre la compensación de horas extraordinarias y las vacaciones anuales pagadas para asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores domésticos y los trabajadores en general. Asimismo, solicitó al Gobierno que suministrase información sobre cómo la legislación aplicable reglamenta los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de sus servicios a fin de que estos períodos sean considerados horas de trabajo remuneradas. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere al artículo 51 del Código del Trabajo, que establece para todos los trabajadores una jornada diurna máxima de ocho horas al día y de 48 horas semanales; una jornada nocturna máxima de siete horas al día y 42 horas a la semana; una jornada mixta máxima de siete horas y media al día y 45 horas a la semana. La Comisión toma nota, no obstante, que el artículo 147 del Código del Trabajo prevé que los trabajadores domésticos tendrán derecho a doce horas de descanso absoluto mínimo, ocho de ellas nocturnas y continuas. La Comisión observa que del citado precepto puede entenderse que la jornada máxima de trabajo doméstico es de doce horas, ya que únicamente se les reconoce doce horas de descanso, frente a la jornada máxima de ocho horas que se establece para el resto de categorías de trabajadores. En relación con el pago de las horas extraordinarias de trabajo, el Gobierno se refiere al artículo 62 del Código del Trabajo, el cual prevé que «las horas extraordinarias y las que labore el trabajador en su día de descanso o compensatorio por cualquier causa, se pagarán un cien por ciento más de lo estipulado para la jornada normal respectiva». Finalmente, la Comisión observa que el Gobierno no indica cómo se reglamentan los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de sus servicios a fin de que estos períodos sean considerados horas de trabajo remuneradas. La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 147 del Código del Trabajo con miras a garantizar la igualdad de condiciones en términos de horas normales de trabajo entre los trabajadores domésticos y el resto de trabajadores. Asimismo, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione información sobre cómo se reglamentan los períodos durante los cuales los trabajadores domésticos no disponen libremente de su tiempo y permanecen a disposición del hogar para responder a posibles requerimientos de sus servicios a fin de que estos períodos sean considerados horas de trabajo remuneradas.

Artículo 12, párrafo 2. Pago en especie. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno se refiere al artículo 86 del Código del Trabajo, el cual prohíbe el pago en especie. Asimismo, el Gobierno indica que la legislación laboral reconoce el derecho de los trabajadores domésticos a recibir el salario mínimo establecido por la comisión de salario mínimo junto con alimentación de calidad y una habitación cuando el trabajador doméstico duerma en la casa donde trabaja. La Comisión toma nota de que el artículo 146 del Código del Trabajo establece que «la retribución de los trabajadores del servicio doméstico comprende, además del pago en dinero, alimentos de calidad corriente, el suministro de habitación cuando el trabajador duerma en la casa donde trabaja. Para el pago de las prestaciones, se tomarán en cuenta los alimentos y habitación que se den al servidor doméstico con un valor estimado equivalente al 50 por ciento del salario que perciba en dinero». En este sentido, la Comisión recuerda que el párrafo 14, d), de la Recomendación núm. 201 prevé «que cuando se disponga que el pago de una determinada proporción de la remuneración se hará en especie, los Miembros deberían contemplar la posibilidad de asegurar que, si se exige a un trabajador doméstico que resida en el hogar del empleador, a la remuneración no se aplique ningún descuento con respecto al alojamiento, a menos que el trabajador doméstico acepte ese descuento». La Comisión solicita al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar el artículo 146 del Código del Trabajo con miras a asegurar que, si se exige a un trabajador doméstico que resida en el hogar del empleador, a la remuneración no se le aplique ningún descuento con respecto al alojamiento, a menos que el trabajador doméstico acepte ese descuento.

Artículo 13. Derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicase si las disposiciones del título V del Código del Trabajo relativas a la higiene, seguridad ocupacional y riesgos profesionales, se aplican a los trabajadores domésticos. Solicitó además al Gobierno que indicase las medidas adoptadas para asegurar la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores domésticos, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el empleador está obligado a inscribir al trabajador doméstico en el régimen de seguridad social, y que en caso de incumplimiento, deberá asumir la responsabilidad por toda enfermedad común del trabajador doméstico, contraída por contagio del empleador o de las personas que habitan la casa. No obstante, la Comisión toma nota de que el Gobierno no indica si las disposiciones del título V del Código del Trabajo son aplicables al sector del trabajo doméstico. En consecuencia, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que indique si las disposiciones del título V del Código del Trabajo relativas a la higiene, seguridad ocupacional y riesgos profesionales, se aplican a los trabajadores domésticos. La Comisión también solicita una vez más al Gobierno que envíe información sobre las medidas adoptadas o previstas, que tengan debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, a fin de garantizar en la práctica la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos.

Artículo 14. Seguridad social. La Comisión toma nota de que el Gobierno reitera que, en virtud de lo dispuesto en el Código del Trabajo, el empleador está obligado a inscribir al trabajador doméstico en el régimen de seguridad social. El Gobierno informa que, desde 2012, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a través de la Dirección General de Afiliación ha desarrollado planes de asesoramiento y acompañamiento técnico a los trabajadores domésticos con la finalidad de garantizar su ingreso al régimen obligatorio de seguridad social para garantizar la protección de tales trabajadores y su núcleo familiar ante las contingencias sociales de invalidez, vejez, muerte, riesgos profesionales, maternidad y salud. La Comisión también toma nota con interés de las diversas medidas adoptadas con miras a promocionar la inscripción de los trabajadores domésticos en el régimen de seguridad social, tales como visitas a domicilios para certificar y/o inscribir debidamente a los trabajadores domésticos a la seguridad social; asesoramiento y capacitación de trabajadores domésticos y sus empleadores en materia de deberes y derechos de seguridad social; simplificación del proceso de reporte mensual de salarios que debe realizar el empleador para la facturación mensual de las cotizaciones obrero-patronal, y la promoción y entrega del carnet de asegurados y beneficiarios para los trabajadores domésticos, a través del cual pueden hacer uso de sus prestaciones de salud al presentarlo en las instituciones proveedoras de salud o para el retiro del subsidio de lactancia. El Gobierno indica que, como resultado de tales acciones, se incrementó el número de trabajadores domésticos asegurados de 4 666 en diciembre de 2011 a 27 221 trabajadores en mayo de 2018. La Comisión solicita al Gobierno que continúe transmitiendo información detallada sobre las medidas adoptadas con miras a promocionar la inscripción de los trabajadores domésticos en el régimen de seguridad social. La Comisión solicita también al Gobierno que continúe enviando información estadística, desagregada por sexo, sobre el número de trabajadores domésticos afiliados al régimen de seguridad social.

Artículo 15. Agencias privadas de empleo. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre las medidas adoptadas o contempladas para proporcionar una protección adecuada y prevenir abusos contra los trabajadores domésticos contratados o colocados en Nicaragua por las agencias de empleo privadas. Además, solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre las consultas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores con respecto a la implementación de las medidas previstas para proteger contra las prácticas abusivas a los trabajadores domésticos contratados o colocados por agencias privadas de empleo. Igualmente, solicitó al Gobierno que indicase si se había implementado un mecanismo de procedimientos de quejas por la Inspectoría Departamental del Trabajo a fin de denunciar las prácticas ilícitas de las agencias de empleo y de especificar en la práctica el funcionamiento de dicho mecanismo. Por último, solicitó al Gobierno que proporcionase información sobre el número de infracciones identificadas y otras sanciones impuestas. Al respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica de manera general en su memoria que se realizan inspecciones laborales a las diferentes agencias de empleo privadas en conjunto con la Dirección de Empleo y la Inspectoría General del Trabajo a fin de prevenir malas actuaciones y abusos por parte de las agencias privadas de empleo. La Comisión, por lo tanto, reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione información detallada sobre las medidas específicas adoptadas o contempladas para proporcionar en la práctica una protección adecuada y prevenir abusos contra los trabajadores domésticos contratados o colocados en Nicaragua por las agencias de empleo privadas. Asimismo, reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione información sobre las consultas celebradas con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores con respecto a la implementación de tales medidas. Reitera también su solicitud al Gobierno de que indique si existe un mecanismo o procedimiento para la investigación de quejas que haya sido implementado por la Inspectoría Departamental del Trabajo a fin de denunciar las prácticas ilícitas de las agencias de empleo y que envíe información sobre el funcionamiento en la práctica de dicho mecanismo. Por último, solicita nuevamente al Gobierno que proporcione información estadística sobre el número de infracciones identificadas y las sanciones impuestas.

Artículo 16. Acceso a la justicia. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa de que el Ministerio de Trabajo ha establecido un proceso de atención, verificación y resolución inmediata a las denuncias presentadas por violaciones de los derechos laborales de los trabajadores domésticos. El Gobierno indica que a través de dicho procedimiento se brinda acompañamiento a los trabajadores domésticos durante el proceso de inspección, la conciliación y el proceso judicial. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información detallada sobre el funcionamiento en la práctica de dicho proceso.