Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - El Salvador (Ratificación : 1995)

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Artículos 1 y 3 del Convenio. Política activa destinada a fomentar el pleno empleo. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la adopción del Plan Estratégico Institucional 2020-2024, que contempla el diseño y la implementación de la Estrategia Nacional de Generación de Empleo Decente (ENGED), que prevé acciones específicas para promover el tránsito de la informalidad a la formalidad en coordinación con las diferentes instancias vinculadas al área. En este sentido, la Comisión se refiere a sus comentarios de 2022 relativos a la implementación del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144), en los que tomo nota de la construcción tripartita de la ENGED, para lo cual el Consejo Superior del Trabajo (CST) solicitó asistencia técnica de la OIT. Asimismo, la Comisión tomó nota de que el Gobierno indicó que se habían celebrado diversas reuniones con representantes de la Oficina Regional de la OIT con el objetivo de consensuar una hoja de ruta para la construcción de dicha estrategia. Por último, la Comisión toma nota de que, en relación con la celebración de consultas sobre la política del empleo, el Gobierno indica que se realizaron consultas complementarias con las gremiales del sector laboral y empresarial y que se llevó a cabo una consulta abierta a la ciudadanía. En 2017, la política de empleo se presentó al CST, pero en ese momento dicho órgano estaba inactivo. El Gobierno además informa de que el periodo de consulta con el sector empleador fue corto. Por otro lado, el Gobierno indica que con el propósito de acercar los servicios de empleo a la población y facilitar el acceso a un empleo digno, diseñó una estrategia de territorialización de los servicios públicos de empleo, que incluye: i) la creación de encuentros para el empleo y encuentros empresariales; ii) la implementación de programas de orientación laboral, desarrollo de habilidades y promoción del emprendimiento; iii) el desarrollo de un nuevo sistema de empleo que permitirá un registro eficiente, ágil y de fácil uso, y iv) el establecimiento de una Mesa de Coordinación Interinstitucional entre diferentes actores locales, vinculados al empleo, empleabilidad y emprendimientos, con el fin de implementar programas o proyectos, priorizando a los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad y las personas migrantes retornadas. La Comisión saluda la creación en 2021 del Instituto de Estudios del Trabajo, considerado como un espacio de generación de conocimiento y de encuentro académico con los trabajadores, las universidades, los gremios empresariales y el Gobierno, para fortalecer la gestión de las políticas públicas en materia laboral. Por último, el Gobierno se refiere a la firma, en 2020, de un memorando de entendimiento entre El Salvador y los Estados Unidos de América para fortalecer la participación de mano de obra salvadoreña en el programa de trabajadores temporales en los Estados Unidos, cuyo objetivo es que personas con experiencia en el sector agrícola puedan acceder a empleos temporales en los Estados Unidos. El Gobierno indica al respecto que se prevé un aumento sistemático de las emisiones de visados cada año en aras de contribuir al desarrollo económico y fomentar mecanismos de migración legal y segura hacia los Estados Unidos. Por último, la Comisión toma nota de que según información estadística disponible en el Departamento de Estadística de la OIT (ILOSTAT), en 2022 la tasa de informalidad representaba el 68 por ciento del empleo total en el país. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre si se ha llevado a cabo una evaluación del Plan Estratégico para el periodo 2020-2024, con miras a medir los progresos realizados en cada uno de sus objetivos y servir de base para la próxima estrategia de empleo. La Comisión pide al Gobierno que indique cómo la nueva estrategia para el periodo posterior a 2024 promoverá como objetivo fundamental la creación de trabajo decente y productivo en la economía formal teniendo en cuenta que, según ILOSTAT, la economía informal representaba el 68 por ciento del empleo total en el país en 2022. También pide al Gobierno que indique si dicha evaluación se ha llevado a cabo con la participación o en consulta con los representantes de los interlocutores sociales y los representantes de otras personas afectadas por la estrategia.Además, la Comisión pide al gobierno que continue proporcionando información detallada sobre la manera en que garantiza a los interlocutores sociales, así como los representantes de todos los sectores de la población económicamente activa afectados —incluyendo los representantes de los trabajadores rurales y de la economía informal— puedan participar activamente en el diseño, la implementación, la evaluación y la revisión de las políticas nacionales de empleo.Asimismo, pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre la implementación del programa de trabajadores temporales en los Estados Unidos en la generación de empleo pleno, productivo y libremente elegido.

Artículo 2. Tendencias del empleo. Información sobre el mercado de trabajo. La Comisión toma nota con interés de la creación del Sistema de Información de Mercado Laboral (SIMEL), plataforma elaborada con la ayuda de la OIT, destinada a estandarizar información estadística sobre indicadores claves del mercado laboral y facilitar la toma de decisiones en materia de política de empleo. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Unidad de Inteligencia del Mercado (UIMEL) fue creada dentro del MTPS en 2019 para supervisar la implementación del SIMEL. La Comisión toma de que, según los datos disponibles en el sitio web del SIMEL, entre 2021 y 2022, el número de personas ocupadas en el país aumentó de 2 746 864 a 2 845 750 (42 por ciento mujeres y 58 por ciento hombres); mientras que el número de personas desocupadas disminuyó de 185 808 a 151 352 (42,5 por ciento mujeres y 57,5 por ciento hombres). La fuerza de trabajo aumentó ligeramente de 2 932 673 a 2 997 102 personas (42 por ciento mujeres y 58 por ciento hombres) y la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó de 1 817 450 a 1 779 743 personas (76,5 por ciento mujeres y 23,5 por ciento hombres). La Comisión observa que, según información estadística del Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), en 2022, la tasa de desempleo era del 4,8 por ciento, y la de subempleo del 40,6 por ciento. La tasa de desempleo fue distinta entre los departamentos del país. El departamento con la tasa de desempleo más baja fue La Paz (4,2 por ciento), mientras que el departamento con mayor tasa de desempleo fue San Vicente (8,2 por ciento). La tasa de subempleo urbana era del 40,6 por ciento, de los cual el 6,1 por ciento se clasifican como subempleados visibles o por insuficiencia de horas y el 34,5 por ciento como subempleados invisibles o por ingresos. Además, en dicho informe del BCR, se indica que, en 2022, el 64,6 por ciento de la población económicamente activa se encontraba en el área urbana, mientras que el 35,4 por ciento en el área rural. Por cada 100 personas que pertenecen a la población económicamente activa urbana, 51 se encontraron plenamente ocupados, 40 personas subempleadas, 5 desempleadas y 4 se emplearon en servicio doméstico. El informe también destaca que la población desempleada estaba conformada principalmente por residentes del área urbana (61,5 por ciento), en su mayoría hombres (57,0 por ciento). Tomando nota de la brecha de participación en la fuerza de trabajo entre hombres y mujeres, así como el alto porcentaje de mujeres fuera de la fuerza de trabajo, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas y políticas adoptadas o previstas para hacer frente a estas desigualdades y promover el empleo de las mujeres en todos los niveles y en todos los sectores, incluidos los puestos de toma de decisiones. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando estadística actualizada y clara, desagregada por edad y sexo, sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo, tanto en los sectores urbanos como en las zonas rurales del país.

Distribución del empleo por sector económico. La Comisión toma de la información proporcionada por el Gobierno en relación con la contribución de los sectores productivos orientados a la exportación en la creación de empleo duradero y de calidad. El Gobierno informa que según información estadística del BCR, en 2020 el sector manufacturero representó el 96,3 por ciento de las exportaciones del país y que en 2021 se crearon 221 912 empleos formales, de los cuales, 95 819 para mujeres y 126 093 para hombres. En 2020, 439 122 personas trabajaron en el sector manufacturero (232 705 hombres y 206 417 mujeres), de las cuales el 49,3 por ciento trabajaban en el marco de un empleo formal (154 139 hombres y 124 047 mujeres). La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información sobre la contribución de los sectores productivos orientados a la exportación en la creación de empleo duradero y de calidad, incluyendo información estadística desglosada por sexo y edad. La Comisión observa que, según ILOSTAT, la proporción de empleo en la industria en el Salvador sigue siendo inferior a la de la agricultura y el sector servicios, donde se encuentra la mitad de los ocupados. Por consiguiente, pide al Gobierno que indique los tipos de medidas adoptadas o previstas con miras a promover el acceso a un empleo cualitativo y productivo también en los sectores agrícola y de servicios.

Micro y pequeñas empresas (MYPE). La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con el impacto de las medidas adoptadas para promover el desarrollo empresarial y favorecer la competitividad y sostenibilidad de las MYPE: en 2020 y 2021, se realizaron 35 054 asesorías en temas de gestión empresarial, 888 asistencias técnicas en gestión empresarial y temas especializados para mejorar la productividad, calidad y participación en mercados. El Gobierno además se refiere a distintos programas y proyectos destinados a apoyar el emprendimiento, a través de los cuales se otorgó capital semilla y capacitación. Estas medidas generaron entre otras, 4 815 empleos y produjeron 340 registros para la formalización de MYPE. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que la CNTS sostuvo que la Ley Especial de Trabajadores por Cuenta Propia aún no había sido aprobada. A este respecto el Gobierno informa que la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) no ha participado en un proyecto para la elaboración de dicha ley, pero que en conjunto con en conjunto con el Ministerio de Hacienda y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) se ha elaborado el proyecto de Ley de Integración Económica, con el fin de establecer un régimen tributario simplificado durante tres años, que permita la formalización de los empresarios del segmento microempresarial, con requerimientos mínimos a cumplir, además de contar con beneficios como seguridad social y cuota de ahorro. La Comisión desea subrayar que la creación de un entorno favorable para el surgimiento de microempresas y pequeñas y medianas empresas sostenibles representa un componente clave para la eficacia de las estrategias de formalización y la creación de trabajo decente y empleo productivo, y pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre el impacto de las medidas ejecutadas para promover el desarrollo empresarial y favorecer la competitividad y sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. La Comisión pide asimismo al Gobierno que comunique información sobre la situación en la que se encuentra el proyecto de Ley de Integración Económica y que envíe una copia de la misma una vez esta sea adoptada.

Educación y formación profesional. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que entre las medidas destinadas a promover la empleabilidad de la población en condiciones de vulnerabilidad se incluyen: diversos Programas de Formación del Instituto Salvadoreño de Formación Técnica Profesional (INSAFORP), como por ejemplo, programa Hábil Técnico Permanente (HTP), dirigido a la población desempleada o subempleada, que busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de la capacitación mediante la compra de participaciones en cursos técnicos. En el marco de este programa, entre 2019 y 2021, se realizaron 65 671 participaciones, de las cuales 37 794 para mujeres. El Gobierno también se refiere a la adopción, en mayo de 2019, de la Política de Articulación de la Educación Técnica, la Formación Profesional y el Aparato Productivo, que crea el Consejo de Coordinación de la Educación Técnica y Formación Profesional, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de la educación y ajustar mejor la oferta de recurso humano a la demanda del mercado laboral. La Comisión se remite a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142),y pideal Gobierno que siga enviando información sobre los resultados de las medidas adoptadas para asegurar la vinculación entre las políticas de educación, de formación profesional y de empleo, particularmente sobre los mecanismos establecidos para promover la empleabilidad de grupos en situación de vulnerabilidad.

Empleo de jóvenes. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños (CNTS) señaló que a los jóvenes que participan en las acciones de emprendimiento ejecutadas por el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) no se les aplicaban los estándares mínimos de derechos laborales, y pidió al Gobierno que proporcionara información a este respecto. Sobre el particular, el Gobierno indica que la manera en que garantiza los derechos laborales de los jóvenes es brindándoles capacitación a fin de que legalicen sus planes de negocio de emprendimiento y registren su marca, a efectos de acceder a nuevos mercados. La Comisión toma nota que en relación con las medidas adoptadas o previstas para fomentar la participación de personas con discapacidad y personas LGBTI en el Programa de empleo y empleabilidad «Jóvenes con todo», el Gobierno se refiere al proceso de selección de los participantes, pero que no indica las medidas adoptadas o previstas para fomentar su participación en dicho programa. En cuanto a las medidas adoptadas o previstas con miras a promover el acceso al mercado de trabajo o al autoempleo de los jóvenes, el Gobierno informa que, a través del INJUVE, en el marco del programa de empleabilidad, se han llevado a cabo pasantías laborales para jóvenes y se han efectuado varias colocaciones en instituciones públicas y privadas. Asimismo, el INJUVE ha realizado convenios con instituciones para dar apoyo a jóvenes emprendedores. Por otra parte, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que la reforma de la Ley de Incentivos para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado aún no ha sido adoptada. Asimismo, informa que en 2020 comenzó a desarrollar el proyecto «Contratos de aprendizaje» con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), cuyo objetivo es fortalecer el sector empresarial en ciertos departamentos del país, mediante la colocación de personal cualificado o semi cualificado (jóvenes de 18 a 29 años) en plazas de aprendizaje, reduciendo así el riesgo al que están expuestos y facilitando la adquisición de experiencia laboral. Señala que en 2021 se realizaron 324 colocaciones laborales de seis meses de duración. La Comisión saluda la creación en 2020, de la Unidad de Empleo Juvenil, cuyo objetivo es impulsar la colocación de las personas jóvenes y que puedan acceder a un empleo digno. La Comisión toma nota de que según información estadística disponible en el Departamento de Estadística de la OIT (ILOSTAT), en 2022, la tasa de empleo de los jóvenes de entre 15 y 24 años era del 43,6 por ciento (30 por ciento de mujeres y 58,1 por ciento de hombres), mientras que la tasa de desempleo para esta categoría era del 7,7 por ciento (11,2 por ciento de mujeres y 5,7 por ciento de hombres). La tasa de fuerza de participación era del 47,3 por ciento (33,8 por ciento de mujeres y 61,6 por ciento de hombres). Tomando nota de que el Gobierno no indica las medidas adoptadas o previstas para fomentar la participación del número de personas con discapacidad y personas LGTBI en el Programa de empleo y empleabilidad «Jóvenes con todo», la Comisión pide al Gobierno que tome las medidas necesarias a este fin. Observando la significativa brecha en las tasas de empleo y desempleo y la fuerza de participación entre hombres y mujeres, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas o previstas para hacer frente a estas desigualdades y promover el empleo de las mujeres de 15 y 24 años en todos los niveles y en todos los sectores, y que continúe enviando información estadística actualizada sobre las tendencias del empleo juvenil, desagregada por edad y sexo, en particular sobre el empleo, el desempleo y el subempleo. Además, le pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a promover el acceso al mercado de trabajo o al autoempleo de los jóvenes, así como sobre el impacto de las mismas. La Comisión pide igualmente al Gobierno que continue enviando información sobre la situación en la que se encuentra la reforma de la Ley de Incentivos para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado, y que envíe una copia de la misma una vez esta sea adoptada.

Empleo de mujeres. La Comisión toma nota de que el Gobierno informa que entre las medidas adoptadas con miras a garantizar la incorporación de las mujeres al mercado laboral en condiciones de igualdad y no discriminación, el MTPS realizó la actualización del instructivo para la elaboración de reglamentos internos de trabajo a fin de garantizar la incorporación de los principios de igualdad y no discriminación en los instructivos de trabajo de las empresas. El Gobierno también informa que se encuentra adoptando medidas y alianzas interinstitucionales para la búsqueda del empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, entre ellas el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) se encuentra gestionando la firma de convenios con diferentes instituciones, con la finalidad de capacitar y facilitar créditos a mujeres. La Comisión toma nota de la información estadística proporcionada por el Gobierno, según la cual la tasa de participación en la fuerza de trabajo de 2009 a 2019 se ha mantenido estable en un 52 por ciento para las mujeres y 88,68 por ciento para los hombres. En cuanto a la brecha salarial de género, el Gobierno informa que entre 2018 y 2019 la tasa aumentó levemente de un 8,20 por ciento a un 9,12 por ciento, y que persisten los desafíos en materia de igualdad salarial entre hombres y mujeres. La Comisión observa que esta tasa de la brecha salarial alcanzó su punto más bajo en 2010, con un 4,48 por ciento y su punto más alto en 2013, con un 14,31 por ciento. El Gobierno también informa sobre la población ocupada por ramas de ocupación según sexo en 2019, entre ellas: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un 8,6 por ciento de mujeres y un 91,4 por ciento de hombres; transporte y almacenamiento con un 9,0 por ciento de mujeres y un 91,0 por ciento de hombres; actividades de alojamiento y servicios de comida con un 74,9 por ciento de mujeres y un 25,1 por ciento de hombres, y información y comunicaciones con un 29,2 por ciento de mujeres y un 70,8 por ciento de hombres. Asimismo, indica que entre 2014 y 2019, la proporción de mujeres ocupadas que trabajan como patrono o cuenta propia fue mayor en un 10 por ciento en promedio cada año. La Comisión observa que esta proporción aumentó levemente del 37,70 por ciento en 2014, al 40,9 por ciento en 2019. Tomando nota de las diferencias en la participación en el mercado laboral y en los salarios entre mujeres y hombres, así como de su diferente participación por sectores y ocupaciones, la Comisión pide al gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas adoptadas para promover la participación de las mujeres en el mercado laboral y para combatir la segregación ocupacional vertical y horizontal. La Comisión también le pide que proporcione información estadística actualizada, desglosada por ocupación, sector de actividad y categoría profesional.La Comisión se refiere asimismo a sus comentarios de 2023relativos a la implementación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111).

Empleo de personas con discapacidad. La Comisión se refiere a sus comentarios relativos a la aplicación del Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), en los que toma nota de la adopción en 2020 de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad (LEIPD), que prevé la concesión de incentivos laborales para fomentar el empleo de las personas con discapacidad. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno relativa a las medidas que implementadas para promover las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad, tales como medidas de orientación e intermediación laboral, encuentros empresariales para sensibilizar y colocar a personas en puestos de trabajo, asesoría a empresas con miras a asegurar la adaptación de puestos de trabajo y la creación una mesa de articulación interinstitucional para la inserción laboral de personas con discapacidad. Por otro lado, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa, con base en la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENPD) de 2015, de una población total de 6 450 336 habitantes, 410 798 son personas con discapacidad (54,8 por ciento de las cuales son mujeres). El Gobierno además indica que la tasa de participación laboral más alta corresponde a las personas con discapacidad visual (54,1 por ciento), seguidas de las personas con discapacidad física (51,4 por ciento), mientras que las personas con discapacidad mental o psicosocial e intelectual es de 11,4 por ciento, para quienes viven con discapacidad intelectual es de 24,7 por ciento y para aquellos con dificultad de comunicación es del 22,6 por ciento. La Comisión se refiere a sus comentarios relativos a la aplicación del Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), y pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualiza sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptas con miras a fomentar el empleo de las personas con discapacidad, en especial de las mujeres con discapacidad, en el mercado de trabajo regular. Pide asimismo que proporcione información estadística, desagregada por edad y sexo.