Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Australia (Ratificación : 1969)

Caso individual (CAS) - Discusión: 2024, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Información escrita proporcionada por el Gobierno

El Gobierno ha comunicado por escrito la información siguiente, así como copias de la Ley de Seguridad del Empleo y Mejora Salarial, de 2022, la Ley de Cierre de Lagunas Jurídicas núm. 2, de 2024, y la Ley de licencia remunerada por violencia familiar y doméstica, de 2022.

Política activa destinada a promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido (artículo 1)

La visión del Gobierno para una economía más fuerte e integradora se expone en Working Future: The Australian Government's White Paper on Jobs and Opportunities, publicado el 25 de septiembre de 2023. Este Libro Blanco, elaborado a partir de las aportaciones de más de 400 partes interesadas, se basa en los resultados de la Cumbre de Empleo y Competencias, de septiembre de 2022, que reunió a sindicatos, empleadores, sociedad civil y Gobiernos para reforzar el tripartismo y el diálogo social constructivo.

El Libro Blanco establece cinco ambiciosos objetivos para hacer realidad la visión del Gobierno australiano:

• lograr el pleno empleo de forma sostenida e inclusiva;
• promover la seguridad del empleo y un crecimiento salarial fuerte y sostenible;
• reactivar el crecimiento de la productividad;
• cubrir las necesidades de competencias y construir nuestra futura fuerza laboral, y
• superar los obstáculos al empleo y ampliar las oportunidades.

Tendencias del empleo y medidas activas de mercado de trabajo

El Gobierno ha emprendido importantes reformas de las políticas de empleo y relaciones laborales para abordar problemas como el trabajo precario, el desempleo y el subempleo.

El servicio de empleo de Australia, Workforce Australia, empezó a funcionar en julio de 2022. Para las personas más alejadas del mercado laboral, incluidos los desempleados de larga duración, Workforce Australia ofrece una gestión de casos intensiva a cargo de proveedores de servicios de empleo. Workforce Australia incluye medidas diseñadas para ayudar a los desempleados de larga duración, como pagos progresivos para incentivar a los proveedores a mejorar la empleabilidad de los solicitantes de empleo, y una bonificación para los proveedores cuando ayudan a un desempleado de muy larga duración a encontrar trabajo.

El Libro Blanco recoge ocho principios para reformar los servicios de empleo de modo que ayuden a las personas a alcanzar sus objetivos de empleo y ofrezcan vías hacia un trabajo decente y seguro, también para los pueblos de las primeras naciones. Entre otras cuestiones, el Libro Blanco reconoce los retos a los que se enfrentan los desempleados de larga duración, como la atrofia de las competencias, la pérdida de motivación y la marginación del mercado laboral.

El 14 de mayo de 2024, el Gobierno abordó estas cuestiones en el presupuesto para 2024-2025, anunciando la concesión de fondos para mejorar los servicios de empleo con el fin de apoyar mejor a los desempleados de larga duración y a las personas con circunstancias personales complejas. Esta financiación incluye la iniciativa «Empleos reales, salarios reales» para ayudar a las personas en riesgo de desempleo de larga duración a conseguir un trabajo seguro a través de un subsidio salarial escalonado durante seis meses, y la iniciativa «Fundamentos del trabajo» para ayudar a las personas con dificultades laborales complejas a prepararse para el trabajo, financiando a empresas y negocios sociales para que ofrezcan puestos de trabajo remunerados con apoyo integral y personalizado.

Las recientes modificaciones de la legislación nacional sobre relaciones laborales han abordado el tema del trabajo precario. En virtud de la Ley de Seguridad del Empleo y Mejora Salarial de 2022, se añadió la seguridad del empleo a los objetivos de la Ley de Trabajo Justo de 2009 y al sistema de compromisos sindicales moderno, lo que significa que el Tribunal Laboral australiano, la Comisión de Trabajo Justo, debe tener en cuenta estas cuestiones en el desempeño de sus funciones. Los contratos de duración determinada, a menos que se aplique una excepción, se limitan ahora a dos años (incluidas las renovaciones) o a dos contratos consecutivos, lo que sea más breve. Esto garantiza que no se mantenga a los empleados con contratos de duración determinada para funciones que podrían suponer un empleo permanente seguro.

Además, la Ley de Cierre de Lagunas Jurídicas núm. 2, de 2024, introdujo un principio interpretativo que establece que los términos «empleado» y «empleador» se determinan mediante la evaluación del contenido real, la realidad práctica y la verdadera naturaleza de la relación laboral, en consonancia con la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198) de la OIT. Esta ley también establece una definición objetiva de «empleado ocasional», de modo que la realidad práctica de la relación laboral sea relevante, no solo la descripción contractual, y proporciona una vía para que los empleados ocasionales que reúnan los requisitos puedan optar por convertirse en empleados fijos. Esto beneficiará especialmente a las mujeres, que constituyen el 53,1 por ciento de los trabajadores ocasionales . Por otra parte, la ley faculta a la Comisión de Trabajo Justo para establecer normas mínimas para los trabajadores del transporte por carretera y los trabajadores de la economía de plataforma «asimilables a empleados», proporcionando también a estos trabajadores un marco de convenios colectivos basados en el consentimiento y la resolución de conflictos por despido improcedente o desactivación.

Empleo juvenil

El Gobierno sigue apoyando a los jóvenes para que adquieran experiencia laboral, mediante, entre otras cosas, subsidios salariales, experiencia laboral de observación y trabajo voluntario. En 2022, el Gobierno reforzó Transition to Work —un servicio específico para apoyar a los jóvenes desfavorecidos en riesgo de fracasar en su transición de la escuela al trabajo—, mediante la ampliación de los criterios de elegibilidad para centrarse en los jóvenes en situación de riesgo, el aumento del tiempo máximo en que los participantes pueden recibir la ayuda del programa (de 18 a 24 meses), el refuerzo de los mecanismos de compromiso para mejorar la participación y nuevos marcos de desempeño para los proveedores contratados.

Las remisiones al programa de prácticas «Youth Jobs PaTH» se interrumpieron en julio de 2022, y el programa se suprimió en septiembre de 2022, ya que las medidas establecidas en el programa no cumplían con las expectativas del Gobierno de una remuneración justa y equitativa para las personas en prácticas. También se suprimió el Programa Nacional de Experiencia Laboral, que tenía una configuración similar.

En el presupuesto para 2024-2025, el Gobierno anunció la creación de un «Pago de prácticas de la Commonwealth» para ayudar a los estudiantes eligibles de magisterio, enfermería, obstetricia y trabajo social, de educación superior y formación profesional, que reúnan los requisitos necesarios para completar sus prácticas. El nuevo pago contribuirá a aliviar las presiones del costo de vida que sufren muchos estudiantes cuando realizan prácticas obligatorias como parte de sus titulaciones.

Al plantearse la política y los programas de experiencia laboral futuros, el Gobierno ha consultado ampliamente a empresas, sindicatos, particulares, partes interesadas de los servicios de empleo y organizaciones comunitarias. El Grupo Consultivo de Empleo Juvenil, formado por jóvenes de entre 16 y 25 años de edad, también asesora al Gobierno y comparte sus puntos de vista sobre la manera en que los jóvenes realizan la transición de la educación al trabajo.

Mujeres

Working for Women: A Strategy for Gender Equality, publicado en marzo de 2024, esboza la visión del Gobierno sobre la igualdad de género, siendo la igualdad y la seguridad económica de las mujeres un área prioritaria de la estrategia. Para impulsar la igualdad de género es fundamental una presupuestación con perspectiva de género que sitúe la consideración de las cuestiones que afectan al género en el centro del diseño de las políticas y de las decisiones presupuestarias en todas las políticas e inversiones del Gobierno.

Las reformas de las relaciones laborales se han centrado en la igualdad de género en los sistemas de relaciones laborales, mejorando la equidad, la seguridad y la protección económica de las mujeres. Entre estas, se han prohibido las cláusulas de confidencialidad salarial y el acoso sexual en relación con el trabajo y se ha reforzado el acceso a la licencia parental no retribuida y al trabajo flexible para ayudar a los padres a conciliar el trabajo y el cuidado de los hijos. El Gobierno también ha introducido nuevos atributos protegidos (características personales que no pueden utilizarse como base para la discriminación) en la Ley de Trabajo Justo de 2009, entre los que se encuentran la lactancia materna, la identidad de género, el sometimiento a violencia familiar y doméstica y la condición de intersexual.

En 2023 entró en vigor la Ley de licencia remunerada por violencia familiar y doméstica, de 2022, que establece el derecho a diez días de licencia remunerada por violencia familiar y doméstica. Este derecho se aplica a todos los empleados australianos, incluidos los ocasionales, reconociendo que las mujeres que sufren violencia familiar y doméstica tienen más probabilidades de estar empleadas en trabajos ocasionales e inseguros. Esta medida se adoptó tras la ratificación por Australia del Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) de la OIT.

En Australia existen varios mecanismos que pueden dar lugar a aumentos salariales, incluidos los casos de valor del trabajo, las órdenes de igualdad de remuneración y la Revisión anual del salario. El Gobierno ha establecido nuevos paneles de expertos en la Comisión de Trabajo Justo para atender las solicitudes de igualdad salarial y las cuestiones relativas a los compromisos sindicales modernos en el sector del cuidado y los servicios comunitarios. Añadir la igualdad de género a los objetivos de salario mínimo y de compromisos sindicales en la Ley de Trabajo Justo, de 2009, influyó de manera significativa en el aumento salarial de la Revisión anual del salario de 2022-2023. También se han concedido aumentos de hasta el 28,5 por ciento a los trabajadores del cuidado de personas mayores de Australia, a través de un caso de valor del trabajo. Un factor determinante en la concesión de este aumento fue la infravaloración histórica del trabajo en el sector del cuidado, debido a supuestos basados en el género.

Por otra parte, las enmiendas a la Ley de igualdad de género en el lugar de trabajo de 2012 han permitido al Organismo de Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo impulsar la transparencia y la acción, mediante la publicación de la brecha salarial de género de los empleadores con 100 o más empleados, publicada por primera vez en febrero de 2024.

Pueblos indígenas

El Gobierno mantiene su compromiso de lograr los objetivos de cerrar la brecha, concebidos para reducir las disparidades entre la población de las primeras naciones y el resto de la población en ámbitos fundamentales de la vida.

Workforce Australia opera en todas las zonas no remotas de Australia para apoyar la inserción laboral de los participantes pertenecientes a las primeras naciones. Esto incluye 16 proveedores con licencias de especialista en indígenas, una provisión especial para formación y tutoría a través del Fondo de Empleo, y elegibilidad inmediata para subsidios salariales de hasta 10 000 dólares australianos.

Las reformas contenidas en el Libro Blanco incluyen garantizar que los servicios se diseñen y presten de una forma culturalmente receptiva e inclusiva que satisfaga las necesidades de las comunidades de las primeras naciones, e impulsar la participación de las organizaciones controladas por las comunidades aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, así como de las organizaciones comunitarias, en la prestación de servicios de empleo.

El Gobierno ha proporcionado fondos para apoyar a la Alianza Nacional para el Empleo y Formación de Indígenas (NIETA), un grupo de organizaciones de las primeras naciones que prestan servicios de empleo y formación en toda Australia. La NIETA se creó para reforzar la voz de las primeras naciones en la política de empleo, el diseño y la ejecución de programas, y dar forma a nuevas mejoras de los servicios de empleo y apoyo a la formación que satisfagan las necesidades de los pueblos de las primeras naciones. El Gobierno sigue apoyando a la NIETA como parte interesada fundamental en las reformas de los servicios de empleo en las zonas remotas y no remotas.

El Gobierno se ha comprometido a sustituir el Programa de Desarrollo Comunitario (CDP) por empleos reales, salarios adecuados y condiciones dignas, desarrollados en colaboración con los pueblos de las primeras naciones. Como primer paso, el Gobierno ha anunciado su compromiso de poner en marcha un nuevo Programa de empleo y desarrollo económico en zonas remotas (RJED), que comenzará en el segundo semestre de 2024. El RJED ayudará a los habitantes de comunidades remotas a acceder a un empleo financiando trabajos significativos que las comunidades deseen. Las organizaciones comunitarias elegibles recibirán financiación para crear nuevos puestos de trabajo que den empleo a la población local, al menos con el salario mínimo y unas condiciones mínimas.

Dado que no todo el mundo estará preparado para acceder a un empleo o necesitará otros servicios de apoyo, seguirá siendo necesario un servicio de empleo en zonas remotas. Los servicios del CDP se prolongarán hasta el 30 de junio de 2025 mediante una prórroga de la mayoría de los acuerdos con los proveedores del CDP, mientras se amplía el RJED y se desarrolla un nuevo servicio de empleo en zonas remotas.

El Programa de Competencias y Empleo para Indígenas (ISEP) es un nuevo programa de empleo específico para las primeras naciones cuyo objetivo es facilitar el acceso de la población de las primeras naciones a puestos de trabajo, oportunidades de promoción profesional, nueva formación y actividades de preparación para el empleo. Los proyectos del ISEP se diseñan con la comunidad y las principales partes interesadas para garantizar que las actividades respondan al contexto local, aprovechen las oportunidades y ofrezcan resultados de empleo sostenible.

Además, el Gobierno invertirá 76,2 millones de dólares australianos a lo largo de cinco años en un nuevo programa de empleo para mejorar la transición de la cárcel al trabajo de los ciudadanos de las primeras naciones, basándose en el servicio de empleo Time to Work.

Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de las políticas de empleo

El Gobierno sigue colaborando de manera significativa con una amplia gama de partes interesadas e interlocutores sociales en cuestiones y políticas de empleo y relaciones laborales. El Gobierno, los empleadores y los sindicatos trabajaron juntos en la Cumbre de Empleo y Competencias, en septiembre de 2022, que dio lugar al Libro Blanco sobre empleo. El Gobierno también consulta a los interlocutores sociales, a través de foros sectoriales e industriales periódicos, como el Foro Nacional de la Industria de la Construcción.

Como se señala en el Libro Blanco, el Gobierno se ha comprometido a diseñar y prestar servicios de empleo mediante la colaboración con las personas, la comunidad y las empresas, incluidos los interlocutores sociales. El Gobierno ha demostrado que cree en la colaboración con las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales, en el reciente diseño del nuevo servicio voluntario de preempleo para padres, el desarrollo de las políticas de la iniciativa «Fundamentos del Trabajo» y el diseño del nuevo programa de empleo para mejorar la transición de los ciudadanos de las primeras naciones de la cárcel al trabajo. El Gobierno mantiene su compromiso con estos proyectos de cara al futuro.

En marzo de 2024, el Gobierno anunció la creación de una Junta consultiva ministerial de competencias y empleo de Australia (JSA), un organismo experto que proporciona asesoramiento independiente sobre las necesidades actuales y emergentes del mercado laboral y de la fuerza de trabajo. En consonancia con el compromiso de que la JSA funcione como una asociación tripartita, la Junta consultiva ministerial garantiza que se oiga la voz de los interlocutores sociales a la hora de abordar las necesidades de desarrollo de las competencias, el mercado laboral y la mano de obra. Además, el Gobierno ha creado Consejos de Empleo y Competencias para sectores específicos, que reúnen a empleadores, sindicatos y Gobiernos en un acuerdo tripartito para encontrar soluciones a los desafíos en materia de competencias y fuerza de trabajo.

En el ámbito estatal y territorial, continúan las consultas sobre políticas de empleo y trabajo. Por ejemplo, la Comisión de Competencias de Australia Meridional estableció diez consejos sectoriales de competencias para brindar un mecanismo a las empresas, a las principales asociaciones industriales y a los interlocutores sociales, a efectos de discutir con las administraciones locales las necesidades en materia de competencias y fuerza de trabajo.

Los interlocutores sociales fueron consultados para la preparación de este informe.

Discusión por la Comisión

Presidente - Invito a la representante gubernamental de Australia, Secretaria Adjunta de la Unidad de Economía y Trabajo Internacional, del Departamento de Empleo y Relaciones Laborales, a hacer uso de la palabra.

Representante gubernamental - Australia reconoce el importante papel que desempeñan la Comisión de Expertos y esta Comisión en el sistema de control de la OIT. Garantizar la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo es fundamental para lograr nuestro objetivo común de hacer realidad el crecimiento económico inclusivo y sostenido, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

El Gobierno sigue comprometido a cumplir sus obligaciones en virtud del Convenio y a colaborar con los interlocutores sociales a fin de garantizar que la política de empleo en Australia fomente un mercado de trabajo dinámico e inclusivo en el que las personas tengan la oportunidad de tener empleos seguros y bien remunerados, y en el que los trabajadores, los empleadores y las comunidades puedan prosperar y adaptarse.

La información comunicada hoy, y la información escrita presentada a la Oficina el 20 de mayo de 2024, responden directamente a las observaciones formuladas por la Comisión de Expertos a Australia. El Gobierno espera con interés recibir las conclusiones de la Comisión.

Desde 2021, el Gobierno ha emprendido nuevas reformas importantes a fin de mejorar la política de empleo, a medida que nuestro país se recupera del impacto de la pandemia de COVID-19 y se adapta a los cambios estructurales en nuestro mercado de trabajo.

En septiembre de 2023, el Gobierno publicó el Libro Blanco titulado Working Future: The Australian Government's White Paper on Jobs and Opportunities. Este expone la visión del Gobierno de una economía fuerte e inclusiva, y sirve como hoja de ruta para atender las futuras necesidades del mercado de trabajo en Australia.

Se apoya en extensas consultas con las partes interesadas y la comunidad, incluidos los resultados de la Cumbre de Empleo y Competencias celebrada en 2022, y entre sus objetivos figura centrarse en lograr el pleno empleo inclusivo y sostenido.

A fin de lograr este objetivo, el Libro Blanco identifica las prioridades estratégicas para la reforma de los servicios de empleo en Australia, a fin de ayudar a las personas a obtener un empleo decente y seguro, y de superar los complejos obstáculos para la participación de la fuerza de trabajo, en particular para quienes se encuentran en una situación de gran desventaja.

En lo que respecta a las cuestiones específicas planteadas por la Comisión de Expertos y otros, informaremos sobre algunos avances clave realizados desde el último periodo objeto de examen.

La Comisión pidió que se aclarara cómo se consideran y aplican diversas cuestiones, tales como el desempleo, el subempleo y el trabajo inseguro, en el entorno de la formulación y aplicación de políticas en Australia.

En 2022, comenzó el nuevo servicio de empleo Workforce Australia. Este incluye un servicio digital a fin de ayudar a los solicitantes de empleo que están preparados para trabajar, y un servicio intensivo de gestión de casos para los solicitantes de empleo que necesitan más apoyo personalizado a fin de incorporarse al mercado de trabajo. Esto incluye mecanismos concebidos para ayudar a los desempleados de larga duración, tales como los pagos por trabajo en curso con objeto de alentar a los proveedores a mejorar la empleabilidad de los solicitantes de empleo, y el pago de bonificaciones a los proveedores cuando ayudan a los desempleados de muy larga duración a buscar un empleo.

En el presupuesto de 2024-2025 se han anunciado recientemente mejoras a estos entornos, lo cual refleja el mayor compromiso y la mayor inversión del Gobierno para crear vías significativas y sostenibles hacia el empleo remunerado.

El Gobierno también ha introducido mejoras significativas a las leyes laborales con miras a fortalecer la protección en el lugar de trabajo, la seguridad del empleo y el acceso al trabajo debidamente remunerado.

Esto incluye la Ley sobre la enmienda a la legislación sobre el trabajo justo (cierre de lagunas), de 2023, encaminada a fortalecer la seguridad del empleo, el salario y las condiciones de trabajo de las personas, con independencia de su situación laboral. Se han introducido enmiendas relativas a los trabajadores ocasionales, que incluyen una definición justa y objetiva de los trabajadores ocasionales en la Ley del Trabajo Justo, y proporcionan una vía más clara para que los trabajadores ocasionales puedan tener empleos permanentes si así lo desean.

El 26 de agosto de 2024 comenzará otra medida concebida para abordar la inseguridad del empleo, en la que la Comisión de Trabajo Justo —el Tribunal Laboral australiano— podrá establecer normas mínimas para los trabajadores asimilables a empleados y brindará protección contra los despidos ilícitos a través de una plataforma de trabajo digital. Además, de conformidad con la Ley de Seguridad del Empleo y Mejora Salarial, de 2022, la Comisión de Trabajo Justo debe considerar actualmente la seguridad del empleo y los trabajos seguros en sus decisiones.

La Comisión también formuló observaciones en el contexto del Convenio con respecto a los grupos de la población en Australia, incluidos los jóvenes, las mujeres y los australianos indígenas. Desde entonces, se han introducido programas de empleo destinados a los jóvenes de Australia.

En 2022, el Gobierno fortaleció el Servicio de Transición al Trabajo (TtW), el servicio específico para ayudar a los jóvenes desfavorecidos que corren el riesgo de no realizar una transición exitosa de la escuela al trabajo. Esto incluía ampliar los criterios de elegibilidad para el programa a fin de dirigirse a los jóvenes que se enfrentan a obstáculos más complejos de cara a la educación y al empleo, y ampliar el plazo máximo, de 18 a 24 meses, para que puedan recibir asistencia a través del programa TtW. De manera análoga, se han introducido mecanismos de participación más sólidos a fin de aumentar la participación, así como cambios a los marcos de desempeño establecidos por los proveedores contratados.

En respuesta a la información proporcionada por las partes interesadas y reflejando las propias expectativas del Gobierno en lo que respecta a la facilitación de un salario y unas condiciones de trabajo justos y equitativos para los pasantes, en octubre de 2022 se puso fin al programa «Youth Jobs PaTH» (Preparación, Periodo de Prueba, Contratación). Aumentar la seguridad económica de las mujeres sigue siendo una prioridad nacional en Australia. Los recientes avances legislativos y en materia de políticas tienen por objeto garantizar que las mujeres tengan acceso a un empleo seguro y remunerado de una manera justa, y se centran en la igualdad de género en los sistemas de relaciones en los lugares de trabajo. Por último, se ha enmendado la Ley del Trabajo Justo de 2009, a fin de incorporar los principios de la seguridad del empleo y de la igualdad de género en los procesos de toma de decisiones de la Comisión de Trabajo Justo, y de garantizar que se les conceda la debida importancia junto con otros objetivos, tales como la productividad y el crecimiento económico, en todo el marco de relaciones en el lugar de trabajo.

La igualdad de género también se ha incluido en el objetivo del salario mínimo con objeto de garantizar que la igualdad de remuneración, la subvaloración basada en el género y las brechas salariales por motivo de género se consideren en las cuestiones salariales, incluida la Revisión anual del salario. Otras reformas incluyen, pero no exclusivamente, la prohibición de las cláusulas de confidencialidad salarial en los contratos de trabajo, la prohibición del acoso sexual relacionado con el trabajo y el fortalecimiento del acceso a la licencia parental no remunerada y del trabajo flexible para ayudar a los padres a conciliar sus responsabilidades laborales y de cuidado.

A continuación nos centraremos en los comentarios de la Comisión de Expertos relativos a las políticas de empleo para apoyar a los pueblos de las primeras naciones de Australia. El Gobierno está tratando de garantizar que los pueblos de las primeras naciones tengan la oportunidad de participar plenamente en el empleo y la formación, y se beneficien del crecimiento económico y del desarrollo en toda Australia, fomentando la autodeterminación y el empoderamiento económico. El Gobierno está comprometido a colaborar estrechamente con los pueblos de las primeras naciones a fin de garantizar que tengan un trabajo seguro, continuo y bien remunerado, y las competencias necesarias para garantizar un futuro sostenible y la plena participación en las oportunidades económicas, que fomenten la autodeterminación y el empoderamiento económico. Continuaremos emprendiendo las reformas prioritarias para cerrar las brechas, incluidas aquellas que contribuyen al empoderamiento económico de los pueblos de las primeras naciones en Australia. A fin de poder lograr este objetivo, el Gobierno está llevando a cabo reformas clave del empleo en apoyo de los australianos de las primeras naciones, fortaleciendo las alianzas con los pueblos de las primeras naciones en la formulación de políticas y el diseño de programas que permitan que las políticas de empleo y de formación sean eficaces para respaldar las aspiraciones, las necesidades, y la autodeterminación de los pueblos de las primeras naciones en el país. A través de Workforce Australia, se proporcionan servicios de empleo a los participantes de las primeras naciones en todas las zonas no remotas de Australia.

La consulta y la colaboración con las primeras naciones están siendo fortalecidas por la NIETA, un grupo de organizaciones de las primeras naciones que presta servicios de empleo y de formación en toda Australia. El nuevo ISEP es un programa de empleo específico de las primeras naciones que pretende promover las oportunidades de empleo y profesionales de los pueblos de las primeras naciones, y las actividades de formación y de preparación para el empleo destinadas a los mismos. Se elaboran proyectos con la colaboración de la comunidad local antes de ponerlos en práctica, considerando los puntos fuertes, los intereses y las necesidades de la comunidad local de las primeras naciones. Ulteriormente este año se pondrá en práctica un nuevo Programa de Trabajos Remotos y de Desarrollo Económico. Este programa, elaborado en colaboración con los pueblos de las primeras naciones, ayudará a las personas que residen en las comunidades remotas a obtener un empleo, al financiar empleos adecuados, con condiciones de trabajo y salarios adecuados.

Por último, tomamos nota de las reflexiones de la Comisión de Expertos sobre la consulta del Gobierno con los interlocutores sociales para formular la política de empleo. El Gobierno sigue colaborando de una manera significativa con muy diversas partes interesadas e interlocutores sociales en lo que respecta a cuestiones y políticas relativas al empleo y las condiciones de trabajo. Los resultados de la Cumbre de Empleo y Competencias de 2022 pusieron de relieve el valor de la colaboración tripartita a nivel nacional. Los foros sectoriales e industriales regulares también permiten la celebración de consultas con los interlocutores sociales.

El diseño reciente del nuevo servicio voluntario previo al empleo destinado a los padres, la formulación de políticas de la iniciativa Work Foundations, y el diseño de un nuevo programa de empleo para facilitar la transición de los pueblos de las primeras naciones de la prisión al mundo del trabajo también ilustran nuestro compromiso de garantizar que se tengan en cuenta las opiniones de los interlocutores sociales en la formulación de la política de empleo en Australia.

Para concluir, reiteramos que cumplimos nuestras obligaciones en virtud del Convenio. Confiamos en que la combinación de los programas de servicio de empleo y de las leyes y políticas laborales descritas hoy y elaboradas en consulta con los interlocutores sociales y la sociedad civil ilustre el pleno cumplimiento de los artículos del Convenio y sus objetivos. Esperamos con interés escuchar las opiniones expresadas durante esta discusión, así como las conclusiones de la Comisión.

Miembros empleadores - Quisiéramos dar las gracias a la representante gubernamental por la información oral y escrita proporcionada sobre el caso, de la que se ha tomado debida nota. Los miembros empleadores han subrayado la importancia de que el Estado cumpla el Convenio, por tratarse de un Convenio prioritario o de gobernanza. Los miembros empleadores creen firmemente que el cumplimiento del Convenio es fundamental para garantizar oportunidades significativas tanto para los trabajadores como para las empresas, y para garantizar la eficacia más general de los diez convenios fundamentales de la OIT.

Australia ratificó el Convenio en 1969. Esta es la primera vez que este caso es examinado por la Comisión, pero se han formulado 15 observaciones sobre el caso, aunque no voy a dedicar tiempo a pasar revista a cada año. Además, también se han formulado 11 solicitudes directas sobre este caso, pero tampoco voy a dedicar tiempo a pasar revista a cada año. Este caso existe asimismo en el contexto más amplio de los cambios amplios y considerables introducidos en el sistema legislativo sobre el trabajo y el empleo establecido en Australia, del cual el Gobierno ha tomado nota en sus observaciones. A menudo es instructivo revisar el texto del Convenio aplicable. Aquí, el artículo 1 del Convenio prevé, en la parte pertinente, y cito, que «todo Miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido» y que esta política «tenderá a garantizar: a) que habrá trabajo para todas las personas disponibles y que busquen trabajo; b) que dicho trabajo será tan productivo como sea posible, y c) que habrá libertad para escoger empleo y que cada trabajador tendrá todas las posibilidades de adquirir la formación necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en este empleo esta formación y las facultades que posea».

El texto y la transcendencia del Convenio son fundamentales para cualquier análisis significativo de este caso. Ponen de relieve que lo que debemos evaluar aquí es, en primer lugar, si, y en qué medidas, algunos australianos están o estaban «disponibles para el trabajo y buscando trabajo».

En segundo lugar, debemos evaluar lo que significa que dicho trabajo sea «tan productivo como sea posible», quién debería hacer ese juicio de valor, y si puede afirmarse legítimamente que el denominado trabajo «atípico» u «ocasional» es suficientemente «improductivo» para ser contrario al Convenio.

En tercer lugar, debemos evaluar si el trabajo «ocasional» o «atípico» refleja realmente la libre elección por el trabajador de un empleo que le convenga.

Y, en cuarto lugar, debemos evaluar si Australia ha tratado realmente de cumplir sus obligaciones en virtud del Convenio, en particular en vista de que sigue observándose el impacto de las leyes e iniciativas nuevas y transformadoras.

Estas son preguntas complejas y subjetivas que requieren y merecen diversas perspectivas para poder responder a ellas de una manera significativa.

En lo que respecta a los problemas, la Comisión de Expertos ha identificado los siguientes, que abordaré a continuación.

En primer lugar, el Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) ha observado que el marco jurídico australiano fomenta la utilización de modalidades atípicas de trabajo. Aunque el ACTU también reconoce acertadamente que estas formas de empleo pueden tener objetivos legítimos, advierte, no obstante que los empleadores las utilizan «a fin de eludir las responsabilidades asociadas a un empleo permanente» cita extraída de las observaciones del ACTU.

Una vez más, y hay más que decir aquí, los miembros empleadores creen que las decisiones de las personas de dedicarse a las denominadas modalidades de trabajo «ocasionales» merecen considerablemente más credibilidad. Existen una serie de razones legítimas y adecuadas para tomar estas decisiones que no suscitan ninguna preocupación en relación con la aplicación del Convenio.

Además, observamos que el Gobierno ha indicado que, a través de la Ley de Cierre de Lagunas Jurídicas núm. 2, de 2024, está tratando de interpretar los términos «trabajador» y «empleador» a través de realidad práctica de una relación de trabajo aplicable, y de definir la expresión «trabajador ocasional» para centrarse en la realidad práctica, en lugar de lenguaje contractual aplicable.

A continuación, el ACTU señala que el programa de prácticas «Youth Jobs PaTH» no proporciona cualificaciones significativas a los participantes, y les excluye asimismo de la protección que brinda la legislación sobre la seguridad y salud en el trabajo (SST).

En su comentario, la Comisión de Expertos ha mostrado claramente el panorama más complejo relacionado con el desempleo juvenil en Australia, incluidos otros programas que pretenden prestar apoyo a la juventud australiana. Más en general, y creo que esto es fundamental, el problema del desempleo juvenil no es específico de Australia, y sigue siendo un problema complejo en muchos otros Estados.

Además, el Gobierno ha señalado a esta Comisión que el programa de prácticas «Youth Jobs PaTH» se eliminó en septiembre de 2022, porque, según el Gobierno: el programa «no cumplía las expectativas del Gobierno de una remuneración justa y equitativa para los pasantes». Además, de la información escrita presentada por el Gobierno y de sus comentarios formulados hoy parece desprenderse que se han establecido otros programas sobre el empleo juvenil tras la debida consulta con los interlocutores sociales.

A continuación, el ACTU ha afirmado que las mujeres están excesivamente representadas en empleos inseguros y mal remunerados. Tomamos nota con interés aquí de que, en marzo de 2024, el Gobierno dio a conocer la estrategia Working for Women: A Strategy for Gender Equality, que indica algunas medidas presupuestarias concebidas para fomentar la igualdad y la seguridad económica de las mujeres, y ciertas medidas legislativas pertinentes, en particular, la Ley de licencia remunerada por violencia familiar y doméstica.

Tomamos nota asimismo de la información escrita presentada por el Gobierno que describe nuevos grupos de expertos en su Comisión de Trabajo Justo dedicados a la igualdad salarial y a cuestiones relativas a laudos en el sector del cuidado y comunitario, y otros esfuerzos encaminados a garantizar la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, tales como las enmiendas a la Ley de Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo que han empoderado al Organismo de Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo para publicar la brecha salarial por motivo de género de los empleadores que tienen 100 o más empleados.

Acogemos con agrado estas novedades como miembros empleadores; sin embargo, pedimos que el Gobierno siga proporcionando información sobre medidas de política y técnicas encaminadas a aumentar tanto la calidad del empleo como la cantidad de empleos para las mujeres a nivel nacional.

Con respecto a los pueblos de las primeras naciones, el ACTU también ha criticado al CDP por proporcionar empleos de baja calidad.

Por su parte, tanto hoy como en su información presentada por escrito, el Gobierno ha indicado la intención de sustituir el CDP por «trabajos reales, salarios adecuados y condiciones decentes, concebidos en colaboración con los pueblos de las primeras naciones», y de comenzar un nuevo RJED más tarde este año, así como el ISEP.

El Gobierno también se ha comprometido a invertir 76,2 millones de dólares australianos en un periodo de cinco años para facilitar la transición de la prisión al empleo para los pueblos de las primeras naciones.

Una vez más, acogemos con agrado estos avances, pero los miembros empleadores piden nuevamente que el Gobierno comunique información detallada sobre estas cuestiones.

Por último, el ACTU sostiene que el Gobierno no ha celebrado consultas sobre las políticas de empleo. Señalamos aquí, una vez más, los grandes esfuerzos realizados por el Gobierno para consultar con muy diversas partes interesadas, incluido un grupo consultivo de expertos integrado por representantes de los empleadores, de los proveedores y de los grupos de bienestar. Tomamos nota asimismo de la información comunicada por el Gobierno, según la cual, en marzo de 2024, anunció una JSA, que se ha comprometido a realizar su actividad sobre la base del tripatismo.

No obstante, en la medida en que la Comisión cree que no se ha consultado suficientemente a los interlocutores sociales, nos alinearíamos con una recomendación de que el Gobierno garantice mejor la celebración de esta consulta específica. Esperamos con interés escuchar las opiniones de nuestros Grupos sobre este caso.

Miembros trabajadores - Esta es la primera vez que discutimos este caso sobre la aplicación del Convenio por Australia. En las observaciones de la Comisión de Expertos, se pide al Gobierno que proporcione información sobre lo siguiente:

• Las tendencias del empleo y las tendencias activas del mercado de trabajo, y la utilización de modalidades de trabajo atípicas sin posibilidad de tener empleos de mejor calidad.
• El empleo juvenil, la exclusión de los programas de empleo juvenil de la protección que brinda la legislación sobre SST, la incapacidad del programa de prácticas «Youth Jobs PaTH» para proporcionar cualificaciones significativas a los participantes, y el posible desplazamiento de los trabajos remunerados.
• El empleo de las mujeres, la representación excesiva de las mujeres en trabajos inseguros y mal remunerados, y la ausencia de una licencia parental remunerada adecuada y de opciones de cuidado infantil asequibles que obligan a las mujeres a realizar trabajos a tiempo parcial.
• Los pueblos indígenas, el CDP y su facilitación de empleos de mala calidad a los participantes identificados como indígenas. Los trabajadores del CDP no están clasificados como trabajadores, reciben salarios muy inferiores al salario mínimo y no gozan de la protección en materia de SST, de licencia anual y de licencia de enfermedad.
• La falta de consulta al ACTU por parte del Gobierno sobre las cuestiones relativas a las políticas de empleo.

Damos las gracias al Gobierno por proporcionar información adicional después de la publicación de la lista larga, que pone de relieve los progresos realizados para abordar las cuestiones planteadas por el ACTU en 2021, en consonancia con el Convenio.

Tomamos nota de que, según el Gobierno, el 25 de septiembre de 2023 publicó el Libro Blanco titulado Jobs and Opportunities, que tuvo en cuenta la información obtenida de más de 400 documentos presentados por las partes interesadas. El Libro Blanco también se apoya en los resultados obtenidos de la Cumbre de Empleo y Competencias celebrada en septiembre de 2022. La Cumbre congregó a sindicatos, empleadores, representantes de la sociedad civil y Gobiernos para que fortalecieran el tripartismo y el diálogo social constructivo.

Según el Gobierno, el Libro Blanco establece cinco objetivos ambiciosos para hacer realidad la visión del Gobierno:

• 1) lograr el empleo pleno sostenido e inclusivo;
• 2) promover la seguridad del empleo y el crecimiento fuerte y sostenible de los salarios;
• 3) potenciar el crecimiento de la productividad;
• 4) responder a las necesidades en materia de competencias y desarrollar nuestra fuerza de trabajo futura, y
• 5) superar los obstáculos para el empleo y aumentar las oportunidades de empleo.

Según el Gobierno, ha emprendido importantes reformas en lo que respecta a la política de empleo y de las relaciones en el lugar de trabajo a fin de abordar cuestiones como la inseguridad del empleo, el desempleo y el subempleo.

El servicio de empleo de Australia, Workforce Australia, comenzó en julio de 2022. Proporciona a los trabajadores, más allá del mercado de trabajo, incluidos los desempleados de larga duración, gestión intensiva de los casos proporcionada por los proveedores del servicio de empleo.

El Libro Blanco contiene asimismo principios para reformar los servicios de empleo, por lo que ayuda a las personas, incluidos los pueblos de las primeras naciones, a cumplir sus objetivos en materia de empleo, y proporciona maneras de hacer realidad el trabajo decente y la seguridad del empleo.

En lo que respecta a los retos encarados por los desempleados de larga duración, incluida la atrofia de las competencias, la pérdida de motivación y la marginación del mercado, el Gobierno ha indicado que está proporcionando fondos para mejorar los servicios de empleo, a fin de brindar más apoyo a las personas desempleadas y a quienes tienen circunstancias personales complejas.

Las enmiendas recientes a la legislación nacional sobre las relaciones laborales también tienen por objeto encarar los retos que plantea la inseguridad del empleo. En virtud de la Ley de Seguridad del Empleo y Mejora Salarial, de 2022, la seguridad del empleo se ha añadido a los objetivos de la Ley de Trabajo Justo de 2009 y al sistema moderno de laudos, lo que significa que el Tribunal Laboral australiano, a saber, la Comisión de Trabajo Justo, debe considerar estas cuestiones antes de desempeñar sus funciones. La Ley de Cierre de Lagunas Jurídicas núm. 2, de 2024, tiene por objeto asimismo proporcionar las garantías necesarias para hacer frente al empleo inseguro y precario. La Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198), proporciona información útil a este respecto.

En lo tocante al empleo juvenil, el Gobierno afirma que sigue ayudando a los jóvenes a obtener experiencia laboral, también a través de subsidios laborales, experiencia laboral de observación y trabajo voluntario. En 2022, el Gobierno fortaleció el TtW, un servicio específico para ayudar a los jóvenes desfavorecidos que corren el riesgo de fracasar en su transición de la escuela al trabajo.

En lo tocante al programa de prácticas «Youth Jobs PaTH», el Gobierno ha indicado que este se interrumpió en julio de 2022, y que se puso término al programa en septiembre de 2022, ya que los entornos del programa no cumplían las expectativas del Gobierno en lo referente a un salario justo y equitativo para los pasantes. También se puso término al Programa Nacional de Experiencia Laboral (NWEP), que tenía entornos del programa similares.

Según el Gobierno, ha anunciado el establecimiento de un «Commonwealth Prac Payment» para ayudar a los estudiantes cualificados que han recibido educación y formación técnica y profesional (EFTP), y que aspiran a trabajar en los ámbitos de la enseñanza, la enfermería, la partería y el trabajo social, a finalizar sus prácticas en lugares de trabajo, lo cual también ayudará, entre otras cosas, a aliviar la presión que representa el costo de vida para muchos estudiantes cuando realizan prácticas de trabajo obligatorias como parte de sus estudios universitarios.

En lo referente a la cuestión planteada de las mujeres que trabajan, el Gobierno ha señalado que, en marzo de este año, publicó una Estrategia para la igualdad de género, que presenta su visión para la igualdad de género, y que la igualdad y la seguridad económica de las mujeres es un ámbito prioritario de la Estrategia. El Gobierno también ha introducido nuevas características protegidas en la Ley de Trabajo Justo de 2009, tales como la lactancia, la identidad de género, el sometimiento a la violencia familiar y doméstica, y la intersexualidad. En 2023, se promulgó la Ley de licencia remunerada por violencia familiar y doméstica de 2022, que otorga el derecho a diez días de licencia remunerada por violencia familiar y doméstica. Este derecho es aplicable a todos los trabajadores australianos, incluidos los trabajadores ocasionales, al reconocerse que las mujeres que experimentan violencia familiar y doméstica tienen más probabilidades de tener trabajos ocasionales e inseguros. Según el Gobierno, la medida se adoptó tras la ratificación del Convenio núm. 190 por Australia.

En Australia existen diversos mecanismos que pueden conducir al incremento de los salarios, incluidos casos sobre el valor del trabajo, órdenes sobre la igualdad de remuneración y la Revisión anual del salario. El Gobierno ha establecido nuevos grupos de expertos en la Comisión de Trabajo Justo a fin de examinar las solicitudes de igualdad de remuneración y las cuestiones relativas a laudos en el sector del cuidado y comunitario. La incorporación de la igualdad de género a los objetivos del salario mínimo y los laudos modernos en la Ley del Trabajo Justo de 2009 influyó considerablemente en el incremento de los salarios en la Revisión anual del salario 2022-2023. También se ha otorgado a los trabajadores del cuidado de personas mayores de Australia un incremento del 28,5 por ciento a través de un caso sobre el valor del trabajo. Un factor clave en el otorgamiento de este incremento ha sido la infravaloración histórica del trabajo de cuidados debido a supuestos basados en el género.

También se han introducido enmiendas a la Ley de Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo, de 2012, lo cual ha permitido que el Organismo de Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo impulse la transparencia y la acción publicando las diferencias salariales por motivo de género de los empleadores que tienen 100 o más empleados. Esto tuvo lugar por primera vez en febrero de 2024.

En lo tocante a los pueblos indígenas, el Gobierno ha expresado su compromiso de lograr los objetivos de la Ley de Cierre de Lagunas Jurídicas, que aspira a reducir las desigualdades entre los pueblos de las primeras naciones y el resto de la población en ámbitos fundamentales de la vida. El Libro Blanco del Gobierno contiene medidas para garantizar que los servicios se diseñen y proporcionen de una manera culturalmente reactiva e inclusiva que responda a las necesidades de las comunidades de las primeras naciones e impulse la participación de las organizaciones controladas por la comunidad de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, y de las organizaciones comunitarias, en la prestación de servicios de empleo.

Instamos al Gobierno a que, como ha indicado, sustituya el CDP por verdaderos empleos, salarios adecuados y condiciones de trabajo decentes concebidos en colaboración con los pueblos de las primeras naciones.

Por último, tomamos nota de que el Gobierno se ha comprometido a seguir consultando significativamente a los interlocutores sociales y a garantizar la participación de estos últimos en la formulación y aplicación de políticas de empleo.

El Convenio tiene por objeto estimular el crecimiento económico y el desarrollo, elevar el nivel de vida, cumplir los requisitos de la fuerza de trabajo, y poner fin al desempleo y el subempleo, obligando a cada Estado Miembro a declarar y perseguir, como objetivo principal, una política activa concebida para promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido.

Al aplicar el Convenio, se debe consultar a los representantes de las personas afectadas por las medidas que han de adoptarse, y en particular los representantes de los empleadores y los trabajadores, acerca de las políticas de empleo, para tener plenamente en cuenta su experiencia y opiniones, y garantizar la plena cooperación al formular dichas políticas y recabar apoyo para las mismas. Apreciamos que el Gobierno esté tomando medidas en esta dirección y acogemos con agrado los esfuerzos desplegados.

Miembro empleadora, Australia - A juicio de los empleadores australianos, el Gobierno cumple el Convenio. Me sorprende que Australia haya sido seleccionada entre los casos que examinará la Comisión de Expertos, teniendo en cuenta que nuestra opinión sobre el cumplimiento es compartida por los trabajadores australianos y, por supuesto, por el Gobierno.

Sin embargo, discrepamos de nuestros colegas trabajadores en que, a nuestro juicio, el Gobierno ha cumplido sistemáticamente el Convenio. No compartimos la opinión del ACTU de 2021. Mi sorpresa por el hecho de que Australia sea examinada hoy no se basa únicamente en la opinión compartida sobre el cumplimiento. La Comisión solo tiene que echar un vistazo a las recientes tendencias del empleo en Australia y a las medidas del mercado laboral. El desempleo en mi país se mantiene en torno al 4 por ciento. Las vacantes de empleo siguen siendo numerosas, al duplicar prácticamente los niveles registrados antes de la COVID-19, y los empleadores luchan por encontrar a personas con las competencias adecuadas para los puestos vacantes. En cuanto a las tendencias, también estamos siendo testigos de un fuerte crecimiento del empleo a tiempo completo.

Los empleadores están respondiendo a la escasez de mano de obra y de competencias reteniendo a los trabajadores cuando pueden y ofreciendo más empleos a tiempo completo a quienes tienen las competencias adecuadas. Aunque siempre se puede hacer más, los empleadores australianos valoran las medidas aplicadas por los Gobiernos consecutivos para impulsar la participación laboral de las mujeres, los solicitantes de empleo jóvenes, los desempleados de larga duración, los que viven en comunidades regionales, las personas con discapacidad y los pueblos de las primeras naciones. Estas políticas contribuyen a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, como exige el artículo 1 del Convenio.

Agradezco al Gobierno australiano la información que ha facilitado a la Comisión sobre las medidas que ha adoptado recientemente para promover los principios del Convenio. Nos alienta especialmente la creación de «Empleos y Competencias en Australia» para proporcionar asesoramiento independiente sobre las necesidades actuales, emergentes y futuras en materia de mano de obra, competencias y formación. Funcionando como una asociación tripartita, tanto mi organización, la Cámara de Comercio e Industria de Australia (ACCI), como el ACTU ocupan puestos clave en la JSA «Empleos y Competencias en Australia». Este órgano es la prueba de que el tripartismo está vivo en Australia, en cumplimiento del artículo 3 del Convenio, y es solo un ejemplo de ello.

A través de estos foros, seguimos presionando para que se preste más apoyo a los desempleados de larga duración y a los jóvenes que buscan trabajo, en particular mediante la inversión en programas de aprendizaje y otros programas de formación.

Aunque apoyamos ampliamente los esfuerzos del Gobierno para impulsar la participación de la fuerza de trabajo, a los empleadores australianos les preocupa sobremanera el impacto de sus cambios recientes en las relaciones laborales. Los cambios recientes introducidos en el empleo ocasional, la contratación de mano de obra y la contratación independiente hacen que sea difícil para las empresas obtener a los trabajadores que necesitan.

Instamos al Gobierno a que tome nota del artículo 1 del Convenio, que se refiere a la libertad de elección en materia de empleo, y a que reconozca que las diversas formas de trabajo son deseadas por muchos trabajadores debido a la flexibilidad que proporcionan. De hecho, la flexibilidad es esencial para impulsar la participación en la fuerza de trabajo de muchas de las categorías que ya he enumerado, incluidas las mujeres y los jóvenes solicitantes de empleo en particular.

Miembro trabajadora, Australia. Les doy las gracias por brindarme la oportunidad de intervenir en nombre del ACTU. El ACTU es el principal órgano sindical australiano, que representa a más de 1,7 millones de trabajadores. En 2021, presentamos una comunicación a la Comisión de Expertos en la que expresábamos nuestra preocupación por el hecho de que el Gobierno australiano no estuviera cumpliendo sus obligaciones en virtud del Convenio de aplicar una política activa para promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, también en consulta con los interlocutores sociales. Planteamos la prevalencia del trabajo precario, el subempleo y el desempleo, y la falta de políticas activas del mercado de trabajo para abordar estos problemas, como las principales razones por las que el Gobierno no estaba cumpliendo sus obligaciones establecidas en el Convenio.

Sin embargo, desde que presentamos nuestra comunicación a la Comisión de Expertos, el anterior Gobierno de coalición fue derrotado en las elecciones generales, y el Gobierno de Anthony Albanese del Partido Laborista Australiano asumió el poder en mayo de 2022. El nuevo Gobierno ha emprendido una serie de reformas significativas en consulta con los interlocutores sociales que han colmado las lagunas jurídicas que existían en el marco de las relaciones laborales de Australia y, en nuestra opinión, están en consonancia con el Convenio.

Los empleos seguros son fundamentales para la realización del trabajo decente, los trabajadores necesitan tener ingresos y horarios de trabajo seguros y predecibles para poder planificar y disfrutar de una buena calidad de vida, y eliminar la vulnerabilidad que genera condiciones de trabajo forzoso y escenarios en los que el trabajo puede convertirse en una mercancía, lo cual es contrario a la Constitución de la OIT. La crisis del costo de vida hace aún más urgente abordar el aumento del trabajo precario: los trabajadores necesitan empleos fiables para tener ingresos seguros y evitar una situación de gran desigualdad en la sociedad que amenace la cohesión y la armonía sociales.

El trabajo es cada vez más precario. Han surgido nuevas formas de trabajo en las que millones de trabajadores están ahora contratados sin gozar de la protección que otorga supuestamente la Ley de Trabajo Justo, la principal ley de relaciones laborales de Australia. Nuestras leyes no han seguido el ritmo de la naturaleza cambiante del trabajo, y los empleadores reestructuran, reorganizan o utilizan cada vez más tecnicismos para eludir las responsabilidades de una relación laboral permanente, y trasladar los costos y riesgos al trabajador.

La forma más extendida de trabajo precario en Australia es lo que se conoce como «empleo ocasional»: se supone que un trabajador contratado de forma ocasional trabaja en horarios irregulares o impredecibles y sin compromiso firme de trabajo futuro. No tiene derecho a vacaciones pagadas y su seguridad del empleo es limitada. A cambio, se supone que el trabajador ocasional recibe un recargo, generalmente un 25 por ciento de remuneración extraordinaria, sobre su salario base y tiene un derecho parcial a rechazar las peticiones de trabajo de su empleador. Sin embargo, incluso con el 25 por ciento de recargo, el salario percibido por los trabajadores permanentes sigue siendo un 11 por ciento superior al de los trabajadores ocasionales.

En Australia hay más de 2,7 millones de trabajadores ocasionales, es decir, algo menos de uno de cada cuatro trabajadores. El trabajo ocasional se concentra fundamentalmente en los sectores peor remunerados y feminizados, por ejemplo, en el trabajo de cuidados y de apoyo. La mayoría de los trabajadores ocasionales son mujeres, y el 40 por ciento tiene entre 15 y 24 años de edad.

Sin embargo, el trabajo ocasional no tiene nada de ocasional, ya que la mayoría de los trabajadores ocasionales trabajan todas las semanas y llevan en su puesto más de un año. El uso continuado del trabajo ocasional, en el que se trabaja de forma continua y regular, contribuye en gran medida a la creciente falta de empleo seguro en Australia. El anterior Gobierno introdujo una laguna jurídica que permitía a un empleador recurrir de manera ocasional a cualquier trabajador, aunque trabajara en horario continuo y regular.

El Gobierno actual, sin embargo, ha emprendido recientemente una serie de reformas para atajar la crisis del trabajo precario. Estos cambios incluyen:

• el añadido de la «seguridad del empleo» como objetivo central de la Ley de Trabajo Justo, lo que significa que el Tribunal Laboral australiano, a saber, la Comisión de Trabajo Justo, debe tener en cuenta el objetivo de la seguridad del empleo en el desempeño de sus funciones;
• la restricción de la utilización de contratos de duración determinada a dos años o dos contratos consecutivos (lo que sea más corto);
• la legislación de una definición de «trabajador ocasional» que tenga en cuenta la realidad de la relación laboral y la facilitación de una vía para que un trabajador ocasional se convierta en fijo;
• la garantía de que la mano de obra de los trabajadores contratados reciba el mismo salario que los trabajadores contratados directamente a través de convenios para realizar el mismo trabajo, y
• la autorización de que los trabajadores «asimilables a empleados», contratados por una plataforma laboral digital estén cubiertos por unas normas mínimas y la autorización de que los trabajadores impugnen las «desactivaciones injustas».

El Gobierno ha emprendido recientemente otras reformas que están en consonancia con el Convenio, incluidas las medidas encaminadas a mejorar la participación de la mujer en el mercado de trabajo, tales como:

• añadir la «igualdad de género» como objetivo central de la Ley de Trabajo Justo;
• reforzar el derecho a solicitar acuerdos de trabajo flexible y otorgar a la Comisión de Trabajo Justo poderes adicionales para arbitrar sobre las solicitudes de trabajo flexible, lo que permitirá a las mujeres y a los padres conciliar mejor las responsabilidades laborales y de cuidado, y mejorar su participación en el mercado laboral;
• abordar la seguridad de las mujeres en el trabajo, introduciendo la prohibición del acoso sexual en la Ley de Trabajo Justo y reforzando la protección contra la discriminación, y
• adoptar medidas para acabar con la brecha salarial por motivo de género, entre ellas:
  • la introducción de la negociación multiempresarial en los sectores en los que predominan las mujeres, como el cuidado de las personas mayores y la educación y el cuidado de la primera infancia;
  • el aumento salarial para los trabajadores que cuidan de personas mayores, que tenga en cuenta la infravaloración histórica del trabajo de cuidados;
  • la introducción del régimen de pensiones en las licencias parentales remuneradas, y
  • la prohibición de las cláusulas de confidencialidad salarial en los contratos de trabajo, que ocultan la discriminación salarial contra las mujeres, y el otorgamiento a los trabajadores del derecho a hacer pública su remuneración.

El Gobierno también ha tomado medidas para abordar otras dos cuestiones clave que planteamos en nuestros comentarios a la Comisión de Expertos, en relación con dos programas de empleo explotadores:

• ha suprimido el programa de prácticas «Youth Jobs PaTH», que explotaba a los jóvenes trabajadores y desplazaba los empleos asalariados, y
• se ha comprometido a sustituir el explotador PDC, dirigido principalmente a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en zonas remotas, por un programa elaborado en consulta con los pueblos de las primeras naciones.

Por último, cabe señalar las medidas adoptadas por el Gobierno australiano en consonancia con el artículo 3 del Convenio, que exige a los Estados Miembros consultar a los representantes de los empleadores y de los trabajadores en relación con las políticas de empleo. El Gobierno ha emprendido un amplio proceso de consulta con la elaboración de su Libro Blanco sobre el empleo, en el que se esboza una estrategia global de empleo, basada en los resultados de la Cumbre sobre Empleos y Competencias, celebrada en 2022, que reunió a los interlocutores sociales y otras partes interesadas para discutir la política de empleo. Una reforma clave en este ámbito es la creación del organismo tripartito y estatutario Empleos y Competencias en Australia, para proporcionar asesoramiento sobre las necesidades de mano de obra, competencias y formación, con una JSA con representación de los interlocutores sociales. Acogemos con agrado este enfoque integrador y consultivo del Gobierno de Australia a este respecto.

Todas estas medidas reforzarán la protección que se brinda a los trabajadores y promoverán la seguridad del empleo, pero llevará tiempo beneficiarse plenamente de estas reformas. Aunque tomamos nota de los enormes progresos realizados bajo este nuevo Gobierno, aún queda mucho por hacer para avanzar hacia el objetivo del pleno empleo, productivo y libremente elegido por todos, incluyendo:

• nuevas medidas para eliminar las brechas salariales entre los trabajadores aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y los trabajadores no indígenas, y mejorar la seguridad del empleo y las tasas de empleo de los trabajadores indígenas;
• la continuación de la ampliación y la mejora de la licencia parental remunerada y la adopción de nuevas medidas para reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres y eliminar los obstáculos a la participación de la mujer en el mercado laboral;
• la supresión de los salarios juveniles y las prácticas no remuneradas, y
• el aumento de los pagos de la seguridad social para garantizar que los solicitantes de empleo y otros beneficiarios de la seguridad social puedan hacer frente al aumento del costo de vida y vivir dignamente.

Miembro trabajador, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte - A pesar de la enorme distancia geográfica que nos separa, el mundo del trabajo en el Reino Unido y Australia tiene muchas similitudes. La Comisión de Expertos señala aspectos de las observaciones de 2021 del ACTU que resultan familiares a los trabajadores del Reino Unido: los problemas de la inseguridad del empleo, la desigualdad, el desempleo juvenil y la falta de consultas significativas con los interlocutores sociales son cuestiones que mi organización, el Congreso de Sindicatos Británicos (TUC), ha planteado a menudo. Por consiguiente, hemos examinado este caso concreto con gran interés.

Reconocemos la preocupación del ACTU por el hecho de que, en 2021, la inseguridad era un problema creciente, que se traducía en salarios más bajos, subempleo y falta de acceso a los derechos de los trabajadores de los que gozaban quienes tenían un empleo más seguro. La inseguridad del empleo afectaba al 24 por ciento de los trabajadores australianos. Al mismo tiempo, el desempleo juvenil alcanzó su nivel más alto en 30 años, lo que indica que la precarización estaba teniendo un impacto negativo en los nuevos trabajadores potenciales que intentaban entrar en el mercado del trabajo. El acceso a toda la gama de derechos estaba restringido para muchas mujeres, ya que solo el 43 por ciento de ellas tenía un trabajo fijo a tiempo completo, con derechos como la licencia por enfermedad remunerada, que muchos trabajadores del grupo de países industrializados con economía de mercado (PIEM) tal vez dieran por sentados.

Nuestra propia experiencia de la inseguridad del empleo demuestra que la precarización y, en nuestro contexto en particular, los contratos de «cero horas», por los que los trabajadores corren el riesgo de no acceder a derechos y protecciones laborales fundamentales, carecen de seguridad del ingreso y se enfrentan a salarios más bajos, suelen afectar de forma desproporcionada a las mujeres y a los grupos minoritarios y, en especial, a las mujeres de grupos minoritarios. Por lo tanto, es alentador tener noticia de las diversas iniciativas introducidas por el Gobierno australiano desde 2022 destinadas a erradicar los obstáculos al trabajo permanente a tiempo completo para las mujeres, como el derecho a solicitar flexibilidad en el trabajo, la introducción de una mayor protección contra el acoso sexual y el incremento de la transparencia salarial. El Consejo de sindicatos británicos (TUC) es un firme defensor de la transparencia salarial, incluida la información sobre las diferencias salariales no solo en función del género, sino también de la raza y de la discapacidad, como factor que impulsa la remuneración equitativa.

Al igual que Australia en 2021, el Reino Unido arroja actualmente una elevada y persistente tasa de desempleo juvenil, en torno al 15 por ciento. Por lo tanto, observaremos con interés si las recientes reformas políticas del Gobierno australiano siguen reduciendo las tasas en Australia, que han caído del 13 por ciento en el momento del informe del ACTU a menos del 10 por ciento en la actualidad. En el Reino Unido, los trabajadores jóvenes tienen muchas más probabilidades que otros trabajadores de tener contratos de «cero horas», por lo que las limitaciones a la precarización al estilo australiano también serían beneficiosas en nuestro país.

Como siempre, la presencia de sindicatos mitiga la desigualdad y la explotación, por lo que acogemos con agrado las medidas del Gobierno australiano para permitir un mayor acceso de los sindicatos a los lugares de trabajo no sindicados y el derecho a representar los intereses de los posibles afiliados, lo que permite un fuerte incremento del número de trabajadores que pueden beneficiarse de la probada trayectoria de los sindicatos en la mejora de las condiciones de trabajo.

El artículo 3 del Convenio establece que: «En la aplicación del presente Convenio se consultará a los representantes de las personas interesadas en las medidas que se hayan de adoptar y, en relación con la política del empleo, se consultará sobre todo a los representantes de los empleadores y de los trabajadores con el objeto de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, de lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución».

Es alentador, por tanto, ver iniciativas australianas como «Empleo y Competencias en Australia», que son un excelente reflejo del Convenio, ya que, según el Gobierno, adopta un enfoque tripartito con los gobiernos estatales y territoriales, la industria, los empleadores, los sindicatos y los proveedores de formación, promoviendo un sistema de formación que satisfaga las necesidades de los empleados, los empleadores y la economía.

Los mecanismos de consulta tripartita estructurados, capaces de hacer tangible la concertación social y de influir positivamente en las condiciones laborales y garantizar un trabajo decente, son siempre bienvenidos.

Vivimos en una crisis de precariedad a ambos lados de nuestro planeta, y en muchos otros lugares. Sin los valores consagrados en el Convenio, incluido el objetivo del preámbulo de «condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo», el mundo del trabajo puede seguir fragmentándose y produciendo malos resultados para los trabajadores. Los principios del diálogo social (respaldados, por supuesto, por la libertad de sindicación y el derecho de negociación colectiva) pueden, por conducto de consultas tripartitas estructuradas y acuerdos sectoriales, iniciar el proceso para abordar e invertir esta tendencia. Los esfuerzos para acabar con las disparidades salariales basadas en el género, la raza y la discapacidad, y para igualar los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores con distintos tipos de contrato, reducirán las desigualdades; y la lucha contra el desempleo juvenil y la precariedad mediante esfuerzos serios para mejorar las competencias y crear puestos de trabajo decentes, en lugar de a través de programas que obliguen a los jóvenes a trabajar a cambio de nada, sería bienvenida en ambos hemisferios.

Los trabajadores del Reino Unido continuarán siguiendo la evolución de Australia con interés y no poca esperanza para el futuro.

Miembro trabajadora, Canadá - Los trabajadores del Canadá acogen con agrado la información actualizada proporcionada por el Gobierno relativa a las medidas recientes adoptadas para promover el pleno empleo y abordar la inseguridad del empleo, el empleo de los jóvenes, las mujeres y la población indígena, y la celebración de consultas con los interlocutores sociales sobre la política de empleo.

El Convenio exige que los Estados Miembros formulen y lleven a cabo una política activa destinada a fomentar el empleo pleno, productivo y libremente elegido, en el que cada trabajador tenga todas las posibilidades para participar en la fuerza de trabajo, con independencia del sexo.

Los Estados Miembros deben garantizar que la política de empleo tenga medidas para asegurar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo y su igualdad económica. Está claro que, en la actualidad, las trabajadoras perciben en promedio un salario inferior al de los trabajadores, y tienen menos seguridad del empleo y se jubilan con menos ingresos que sus homólogos masculinos. Tienen más probabilidades de asumir el grueso del trabajo de cuidados no remunerado y de sacrificar sus carreras, a fin de conciliar sus responsabilidades familiares y laborales. También tienen más probabilidades de ser objeto de acoso sexual, agresiones y violencia, y de recibir un trato menos favorable por motivo de género.

Tomamos nota de las medidas positivas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la desigualdad económica de las mujeres. En particular, quiero subrayar las medidas que el Gobierno ha tomado en lo que respecta a la violencia y el acoso por razón de género en el mundo del trabajo, que pueden ser un obstáculo importante para la participación en la fuerza de trabajo. Así, los Gobiernos deben considerar medidas para combatir la violencia y el acoso por motivo de género, a fin de cumplir sus obligaciones en virtud del Convenio. Observamos la interrelación que existe aquí con el Convenio núm. 190, que Australia ratificó en 2023.

Las medidas adoptadas con Australia incluyen reformas a la Ley sobre la Discriminación por Motivo de Sexo, en 2022, lo que significa que los empleadores deben adoptar medidas razonables y proporcionadas para eliminar la discriminación por razón de sexo, el acoso sexual y el acoso por motivo de sexo, los entornos hostiles y la victimización en el trabajo.

La Ley de licencia remunerada por violencia familiar y doméstica entró en vigor en 2023, otorgando el derecho a diez días de licencia remunerada por violencia familiar y doméstica a todos los trabajadores, brindando protección contra la discriminación y aumentando la protección contra el acoso sexual en el lugar de trabajo, y proporcionando a los trabajadores una nueva manera de abordar las quejas de acoso sexual, con la Comisión de Trabajo Justo.

Los trabajadores en el Canadá, que también ratificó el Convenio núm. 190 el año pasado, encomian estas iniciativas, y también celebran medidas similares adoptadas para mejorar la política de empleo y la protección brindada a las mujeres en el lugar de trabajo, incluida la licencia remunerada por violencia doméstica.

En la actualidad, estamos instando al Gobierno a que aborde las deficiencias en la protección contra el acoso y la violencia por parte de terceros, a las que se enfrentan cada vez más las mujeres y los trabajadores de género diverso en el Canadá. Los periodistas, los trabajadores de la hotelería y la restauración, el comercio minorista, el personal de enfermería y los trabajadores de la salud, los docentes, los trabajadores de la educación, los trabajadores del transporte público, y muchos otros, se ven afectados cada día por la violencia por parte de terceros.

Instamos a ambos Gobiernos a que celebren consultas intensas con los interlocutores sociales, a fin de identificar y colmar las lagunas existentes en la legislación y la normativa.

Miembro trabajador, Finlandia - Hablo en nombre de los sindicatos nórdicos. Para alcanzar sus objetivos, la OIT ha abogado por la elaboración de normas internacionales del trabajo a través de un proceso tripartito durante más de un siglo, y las ha adoptado y velado por su cumplimiento. Tomamos nota de los ejemplos de buenas prácticas proporcionados por Australia en lo que respecta a un enfoque tripartito y a la celebración de consultas con los interlocutores sociales desde 2022 con miras a la formulación y aplicación de políticas de empleo.

El principio del tripartismo es el principio rector de esta Organización. Sin embargo, sin la realización del verdadero tripartismo tanto en la legislación como en la práctica, el término tiene muy poco sentido. El concepto también debe tener un contenido sustancial, efectivo e incluso viable. Excluir a las organizaciones de trabajadores, es decir, no tener en cuenta sus opiniones y no tomar en consideración la obligación de lograr la justicia social en la formulación de políticas de empleo o económicas no es contrario al Convenio, es contrario a los valores de la OIT.

Tal como se ha expresado en reiteradas ocasiones en el marco del mecanismo de control de la OIT, las consultas tripartitas, cuando se celebran, no solo deberían cubrir cuestiones relativas a la legislación laboral en el sentido estricto del término, sino abarcar asuntos generales de política pública sobre cuestiones laborales, sociales y económicas.

Reflejando estos principios, y el propio carácter tripartito de la Organización, el reconocimiento efectivo y la promoción del tripartismo son evidentes en toda la labor de la Organización, incluidos los convenios. Es indudable que esto también se aplica al Convenio núm. 190. En virtud de su artículo 3, los Estados Miembros tienen la obligación de consultar a los representantes de los empleadores y de los trabajadores en lo que respecta a las políticas de empleo.

El principio del tripartismo es fundamental, e incumbe a los Estados Miembros permitir y garantizar efectivamente su realización. El verdadero tripartismo requiere absolutamente que se celebren consultas antes de establecer políticas pertinentes. En la actualidad, podría considerarse que las circunstancias en Australia han mejorado.

Tomamos nota de los ejemplos de buenas prácticas proporcionados por Australia en la información comunicada a la Comisión, de su enfoque tripartito y de la celebración de consultas con los interlocutores sociales desde 2022 al formular y aplicar políticas de empleo. Por ejemplo, el diálogo sobre la política de empleo celebrado en la Cumbre de Empleo y Competencias en 2022, y el Libro Blanco titulado Jobs and Opportunities publicado ulteriormente en septiembre de 2023, establecen su política de empleo, cuyos objetivos están en consonancia con el Convenio; en particular, estamos haciendo realidad el pleno empleo sostenido e inclusivo.

Encomiamos al Gobierno por consultar con los interlocutores sociales al formular y aplicar políticas, y alentamos a otros Gobiernos a seguir este ejemplo de buenas prácticas.

Las consultas tripartitas deberían, en todas las cuestiones, cuando proceda, como las requeridas por el Convenio, formar parte integrante de los elementos que se necesitan para que el Gobierno tome una decisión. Esto solo es racional. Las consultas que comienzan tras haberse tomado una decisión no pueden incluir un examen de posibles alternativas que, de por sí, podrían considerarse de naturaleza tripartita. Lamentablemente, seguimos siendo testigos de tales prácticas en todo el mundo, incluso en algunos países donde se supone que estas se han erradicado hace mucho tiempo.

El tripartismo solo puede prosperar realmente y utilizarse de una manera plena cuando no solo se permite, sino que se promueve y alienta. Acogemos con agrado el enfoque inclusivo y consultivo adoptado por el Gobierno a este respecto. Si se facilita, permite y alienta el verdadero tripartismo, podrán obtenerse resultados positivos.

Instamos al Gobierno a que continúe consultando efectivamente a los interlocutores sociales, y garantizando su participación, al formular y aplicar políticas de empleo.

Miembro gubernamental, Nueva Zelandia - El Gobierno de Nueva Zelandia toma nota de la importante obligación prevista en el Convenio de que cada Estado Miembro formule y lleve a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Nueva Zelandia ratificó este Convenio en 1964. Reconoce que el Gobierno de Australia es consciente de las cuestiones planteadas anteriormente relativas a la inseguridad del empleo, el subempleo y el desempleo. Nueva Zelandia apoya los objetivos de Australia al establecer Workforce Australia en 2022, incluidos los entornos encaminados a ayudar a quienes no están en el mercado de trabajo, junto con sus cambios legislativos, entre ellos la Ley de Seguridad del Empleo y Mejora Salarial, de 2022, y la Ley de Cierre de Lagunas Jurídicas, de 2024. Tomamos nota asimismo del aumento de los fondos de su presupuesto para el periodo 2024-2025 destinados a la iniciativa «Empleos reales, salarios reales y fundaciones de trabajo», con miras a abordar estas cuestiones. Además, Nueva Zelandia respalda los esfuerzos realizados por Australia para fortalecer y replantear las prioridades de los programas a fin de abordar el desempleo juvenil. Tomamos nota de su nueva estrategia Working for Women: A Strategy for Gender Equality y de una serie de reformas conexas de las relaciones en el lugar de trabajo a fin de lograr la igualdad y la seguridad económica de las mujeres, incluida la ratificación del Convenio núm. 190. Asimismo, reconocemos el compromiso de reducir las disparidades entre los pueblos de las primeras naciones y el resto de la población en ámbitos fundamentales de la vida, y las importantes iniciativas emprendidas para cumplir este compromiso. Por último, tomamos nota de las diversas consultas celebradas por el Gobierno con los interlocutores sociales al llevar a cabo iniciativas relacionadas con el empleo. Hemos observado y encomiado la positiva relación de trabajo de Australia con sus organizaciones representativas de los empleadores y los trabajadores en la OIT, en un espíritu de tripartismo.

Presidente - Al no haber más solicitudes para tomar la palabra, invito a la representante gubernamental de Australia a formular sus observaciones finales.

Representante gubernamental - El Gobierno ha escuchado atentamente las intervenciones realizadas hoy y acoge con agrado los comentarios constructivos.

En mi discurso de apertura he señalado las diversas medidas adoptadas por el Gobierno para abordar algunas de las cuestiones que se han planteado anteriormente. Estas incluyen, en resumen: reformar los servicios de empleo, apoyar a las personas desempleadas de larga duración y a los jóvenes, emprender reformas de fondo del sistema de relaciones en el lugar de trabajo con miras a fortalecer la protección brindada a los trabajadores y a garantizar la seguridad del empleo y una mejor remuneración, y llevar a cabo reformas para cerrar las brechas con objeto de fomentar el empoderamiento económico de los pueblos de las primeras naciones en Australia.

También he mencionado el Libro Blanco sobre el empleo de 2022, que el Gobierno identifica como una hoja de ruta para garantizar que los australianos se beneficien de los cambios que se producirán en la economía y en nuestra sociedad en los próximos decenios. El Libro Blanco se basa en la Cumbre de Empleo y Competencias celebrada en 2022, que congregó a representantes de los trabajadores y de los empleadores, a representantes de la sociedad civil y a los Gobiernos para que abordaran retos económicos comunes. Cristaliza la ambición de un mercado de trabajo dinámico e inclusivo en el que la población australiana tenga la oportunidad de tener empleos seguros y bien remunerados, en un país en el que los trabajadores, los empleadores y las comunidades puedan prosperar y adaptarse.

También he proporcionado muchos ejemplos del compromiso del Gobierno con el diálogo social y la participación tripartita. Hoy, me complace en particular escuchar a los interlocutores sociales tripartitos, el ACTU y la Cámara de Comercio e Industria de Australia (ACCI). La colaboración constructiva con nuestros interlocutores sociales ha ayudado a que las reformas a las que me he referido hoy sean mejores y más sostenibles. Sus intervenciones refuerzan, desde la perspectiva de los trabajadores y los empleadores australianos, la experiencia de primera mano de que el Gobierno está firmemente comprometido con los principios y objetivos permanentes subyacentes al Convenio.

En lo que respecta a un punto específico planteado por el portavoz de los miembros empleadores, quisiera aclarar las reformas legislativas del Gobierno en cuanto a la definición de «empleo ocasional». La definición esencial de «empleo ocasional» no ha cambiado: la falta de un compromiso firme avanzado con el trabajo continuo e indefinido. Lo que ha cambiado es una evaluación de la realidad práctica de la relación, no solo el contrato. Algunos trabajadores están atrapados en un empleo ocasional, sin acceso a una licencia y a otros derechos, a pesar de que su trabajo se asemeja al de los trabajadores permanentes. Por lo tanto, si al cabo de seis meses, o de doce meses, el trabajador de una empresa pequeña no cree que se ajusta a la definición de trabajador ocasional, puede solicitar pasar a un empleo permanente si lo desea. Los empleadores pueden seguir negándose a notificar la conversión del contrato de un trabajador, si existen motivos justos y razonables para ello.

Las enmiendas conceden la posibilidad de elegir al 32 por ciento de los trabajadores ocasionales de Australia que tienen modalidades de trabajo regulares, en su mayor parte en sectores en los que predominan las mujeres, en particular la atención de salud y la asistencia social, la hotelería y la restauración, y el comercio minorista. Sin embargo, reitero que, en el marco de estas modalidades de trabajo, no se obligará a nadie a realizar la transición de un empleo ocasional a un empleo permanente.

Confiamos en que la información proporcionada por el Gobierno antes de la audiencia de hoy y durante nuestro discurso de apertura tranquilice a la Comisión en lo que respecta a su preocupación expresada en el ciclo de presentación periódica de memorias de 2021 en virtud del artículo 22, al señalar las extensas reformas emprendidas y las numerosas políticas aplicadas desde entonces. Quedamos a disposición de la Comisión para cualquier otra información que pueda requerir.

Miembros trabajadores - Damos las gracias al Gobierno y a todos aquellos que han hecho uso de la palabra. En esta época de múltiples crisis, incluidas las crisis económicas y climáticas mundiales impulsadas en gran parte por la adopción de políticas económicas que producen resultados contrarios a los objetivos del Convenio, concretamente la mayor desigualdad y la tensión social conexa, tomamos debida nota de los esfuerzos desplegados por el Gobierno para respetar el Convenio en la legislación y en la práctica.

El trabajo se ha hecho cada vez más precario. Han surgido nuevas modalidades de trabajo en las que están ocupados millones de trabajadores sin beneficiarse de la protección de la legislación laboral, enfrentándose a los peligros y vulnerabilidades que suelen surgir.

En relación con esto, estamos de acuerdo con la Comisión de Expertos, como señaló en el Estudio General de 2020 sobre la protección del empleo, en que «el principio de igualdad sustantiva exigiría que, a lo largo del tiempo o después de cierto tiempo, todos los trabajadores tuvieran acceso a relaciones de trabajo más permanentes y estables».

Tomamos nota de que el Gobierno ha adoptado una serie de medidas para abordar la inseguridad del empleo. Asimismo, se han adoptado medidas para aumentar la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. El Gobierno también está emprendiendo iniciativas relacionadas con el empleo de los jóvenes y las primeras naciones.

En consonancia con el Convenio, el Gobierno debería continuar elaborando y aplicando estas medidas, en consulta con los interlocutores sociales. Esto es fundamental para garantizar que siga adoptándose un enfoque inclusivo de la formulación de políticas económicas y de empleo, y para compartir los resultados positivos.

Miembros empleadores - Los miembros empleadores quisieran dar las gracias a los diversos oradores que han hecho uso de la palabra, y en particular al Gobierno, por sus intervenciones y la información proporcionada. Reiteramos la importancia del cumplimiento del Convenio por los Estados, y nuestra convicción de que el Convenio es fundamental para garantizar oportunidades reales para los trabajadores y las empresas, así como la efectividad general de los diez convenios fundamentales de la OIT.

Los miembros empleadores recomiendan que el Gobierno adopte las siguientes medidas: i) continúe proporcionando información sobre las medidas de política y técnicas encaminadas a aumentar tanto la calidad del empleo como la cantidad de empleos para las mujeres a nivel nacional; ii) siga proporcionando información sobre la naturaleza de sus esfuerzos para apoyar a los pueblos de las primeras naciones en el mundo del trabajo en Australia, y iii) en la medida en que la Comisión crea que no se ha consultado suficientemente a los interlocutores sociales, garantice que se celebren estas consultas concretas.

Confiamos en que el Gobierno proporcione la información solicitada y adopte las medidas pertinentes.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión tomó nota de la información oral y escrita proporcionada por el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

Habida cuenta de la discusión, la Comisión pidió al Gobierno que, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, siguiera elaborando y aplicando políticas de empleo acordes con el Convenio, incluidas las destinadas a aumentar tanto la calidad como la cantidad de los puestos de trabajo para las mujeres.

La Comisión pidió al Gobierno que, de conformidad con el ciclo regular de presentación de memorias, presentara una memoria a la Comisión de Expertos con información sobre los esfuerzos que está realizando para apoyar a los pueblos de las primeras naciones en el mundo del trabajo.

Representante gubernamental - El Gobierno quisiera expresar su agradecimiento a la Comisión por sus conclusiones sobre nuestro cumplimiento del Convenio núm. 122. El Gobierno reconoce y respeta el importante papel que desempeñan la Comisión de Expertos y esta Comisión en el sistema de control de la OIT. Garantizar la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo es fundamental para lograr nuestro objetivo común de hacer realidad el trabajo decente para todos.

Confío en que la información presentada en nuestra información oral y escrita sobre las nuevas e importantes reformas emprendidas desde el ciclo de presentación de memorias de 2021 infundan tranquilidad acerca del compromiso de Australia con el Convenio y su cumplimiento del mismo.

Por supuesto, seguiremos colaborando con los interlocutores sociales para realizar un seguimiento de las conclusiones de la Comisión, especialmente porque se refieren a las mujeres y a los pueblos de las primeras naciones.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Comentarios anteriores: observación y solicitud directa

La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) recibidas el 30 de agosto de 2021. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Tendencias del empleo y medidas activas de mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que, en octubre de 2022, la tasa de actividad total ajustada estacionalmente se situó en el 6,6 por ciento, la tasa de empleo en el 3,5 por ciento (3,5 por ciento para hombres y 3,4 por ciento mujeres) y la tasa de subempleo en el 6 por ciento frente al 8,5 por ciento en julio de 2017 y 7,9 por ciento en 2021. Con respecto al desempleo de larga duración, el Gobierno señala que en junio de 2021, había 742 456 solicitantes de empleo de larga duración en el programa de búsqueda activa de empleo (Jobactive program), es decir las personas inscritas en el Servicio de Empleo desde hace 12 meses o más. Además, señala que entre el 1.º de julio de 2017 y el 30 de junio de 2021, 738 237 desempleados de larga duración fueron colocados en puestos de trabajo. La Comisión señala que a partir de julio de 2022, el nuevo modelo de servicios de empleo, provisto de un fondo de 5 mil millones de dólares australianos, reemplazó a la búsqueda activa de trabajo (jobactive program) como programa principal del servicio de empleo. Con su mayor inversión para trabajadores desfavorecidos, el modelo contiene una plataforma digital personalizada que contiene una serie de herramientas, incluso aprendizaje en línea y adecuación del empleo a las necesidades de los solicitantes de empleo, que reciben ayuda adicional en materia de gestión intensiva de casos a través de un proveedor de servicios de empleo. El Gobierno señala que el mercado de trabajo australiano es variado y flexible; proporciona diversas formas de organización del trabajo para responder a las distintas necesidades de las empresas y de los trabajadores; y ofrece mayores oportunidades de trabajo para facilitar tendencias como el aumento de la participación femenina, más personas en la educación y apoyar a trabajadores mayores en transición hacia la jubilación. Declara que en junio de 2021 el porcentaje del empleo a tiempo parcial se mantuvo en 31,5 por ciento del cual 51,6 por ciento es ocasional, es decir, empleados sin derecho a pago por licencias por enfermedad o vacaciones. En mayo de 2021, el 23,7 por ciento de todos los empleados eran empleados ocasionales, que equivale a 2,6 millones de personas. En agosto de 2020, el 4 por ciento de todos los empleados tenían contratos de duración determinada, de los cuales 18,3 por ciento sin derecho a vacaciones. En agosto de 2020, alrededor de 1 millón de trabajadores, u 8,2 por ciento de la fuerza laboral, eran contratistas independientes que operan su propio negocio contratando la prestación de servicios por cuenta ajena.

En sus observaciones recibidas el 30 de agosto de 2021, el Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) considera el trabajo precario como uno de los problemas más urgentes a que se enfrentan los trabajadores en Australia y que el país tiene una de las tasas más altas de modalidades de trabajo atípicas en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), con casi el 24 por ciento de los empleados trabajando en forma ocasional. El ACTU reconoce que aunque algunas de estas formas de empleo tienen un propósito legítimo, están siendo utilizadas por los empleadores con el fin de evitar las responsabilidades asociadas a un empleo permanente, con el marco jurídico existente fomentando el uso de diversos tipos de empleos para trasladar los riesgos y costes laborales para el trabajador. Concluye que actualmente no existen vías para que los trabajadores con empleos precarios accedan a trabajos más seguros y de mejor calidad.

La Comisión recuerda que las políticas activas destinadas a promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido también deben prestar atención a la medida en que el crecimiento económico se traduce en la creación de trabajo decente en la economía. También contribuyen a mejorar los resultados del mercado laboral y a reducir la pobreza. En este contexto, la Comisión espera que, en su próxima memoria, el Gobierno responda a las preocupaciones planteadas por el ACTU indicando de qué manera las cuestiones planteadas relacionadas, entre otras cosas, con el desempleo de larga duración, el subempleo y el trabajo precario, han sido debatidas en los foros de formulación y aplicación de políticas teniendo en cuenta el objetivo de promoción del empleo del Convenio que desempeña un papel fundamental en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de la declaración del Gobierno de que, a pesar de las mejoras, por ejemplo, en lo que respecta a la tasa de desempleo, que disminuyó del 12,8 por ciento en julio de 2017 al 10,2 por ciento en junio de 2021, y de la disminución de la tasa de subempleo en 1,4 puntos porcentuales durante el periodo hasta el 16,2 por ciento, los jóvenes siguen enfrentándose a desventajas en el mercado de trabajo. Las tasas de desempleo y subempleo juvenil de hombres y mujeres disminuyeron durante este periodo. En lo que respecta a la tasa de desempleo, la misma disminuyó en 1,5 puntos porcentuales en el caso de los hombres, alcanzando el 12,1 por ciento, y en 3,9 puntos porcentuales para las mujeres, situándose en el 8 por ciento. En lo que respecta a la tasa de subempleo juvenil, se registró un descenso de 0,1 puntos porcentuales en el caso de los hombres, que se situó en el 15,4 por ciento en junio de 2021, y de 2,7 puntos porcentuales en el caso de las mujeres, que alcanzaron el 17,1 por ciento. Durante el mismo periodo, el número de solicitantes de empleo menores de 25 años que participaron en «Jobactive» ascendió a un total de 319 660 (177 630 hombres y 142 030 mujeres). Además, la Comisión señala que durante dicho periodo, el servicio de Transición al Trabajo (TtW), que proporciona asistencia intensiva previa al empleo para mejorar la preparación laboral de los jóvenes que han abandonado el trabajo y los estudios, dio lugar a 64 932 colocaciones laborales (36 604 hombres y 28 328 mujeres) y 135 848 colocaciones en actividades (72 907 hombres y 62 941 mujeres). El programa ParentsNext, que prepara para el empleo a padres jóvenes menores de 25 años contó con un total de 73 827 participantes (1 458 hombres y 72 369 mujeres). Además, 37 742 hombres y 24 312 mujeres se acogieron al subsidio salarial de bonificación para jóvenes, que proporciona hasta 10 000 dólares australianos a las empresas durante un periodo de seis meses para que contraten a jóvenes solicitantes de empleo de entre 15 y 24 años que reúnan los requisitos. La Comisión toma nota de que, además de los programas específicos a nivel territorial, como en Australia Occidental, al 31 de mayo de 2021, 85 634 jóvenes participaron en el Fondo JobTrainer, creado mediante la cooperación entre el Gobierno federal y los Gobiernos territoriales para ofrecer formación gratuita o de bajo coste a los solicitantes de empleo y a los jóvenes, incluidos los que han abandonado los estudios, con el fin de mejorar o reciclar sus cualificaciones en ámbitos en los que se han detectado necesidades. También toma nota del Programa Nacional de Experiencia Laboral (NWEP), que ofrece a los solicitantes de empleo la oportunidad de participar en una experiencia laboral real no remunerada, ganar confianza y demostrar sus competencias a posibles empleadores (304 hombres y 226 mujeres menores de 25 años accedieron al programa). La Comisión toma nota del Fondo Job Ready de Tasmania, destinado a eliminar los obstáculos al empleo para los jóvenes que buscan trabajo por primera vez, mediante ayudas de hasta 500 dólares australianos para la compra de equipos esenciales, como la acreditación de la Tarjeta Blanca, botas de trabajo, ropa de protección o herramientas. Por otra parte, el Gobierno federal también siguió aplicando el programa Youth Jobs PaTH (Prepare, Trial, Hire) (Preparar, Ensayar, Contratar), que ofrece formación (en competencias para el empleo) a 73 488 hombres y 48 812 mujeres, y prácticas mediante pasantías y subsidios salariales a 7 432 hombres y 6 609 mujeres. Reiterando sus anteriores preocupaciones, el ACTU sigue insistiendo en que el PaTH no es eficaz para insertar a los jóvenes en el mundo laboral, ya que desplazaría empleos asalariados, no alcanzaría el objetivo de lograr cualificaciones significativas y excluiría a los participantes de la protección de la legislación en materia de SST. Si bien toma debida nota de las medidas adoptadas para promover las perspectivas de empleo de los jóvenes, la Comisión toma nota de las importantes preocupaciones planteadas por el ACTU sobre los efectos de las medidas adoptadas no solo en la cantidad sino también en la calidad del empleo de los jóvenes y pide al Gobierno que responda a estas observaciones en su próxima memoria.

Mujeres. El Comité observa que la mayoría de los programas específicos a nivel federal y territorial, como Jobactive y TtW, tienen un componente femenino. Durante el periodo de aplicación de Jobactive y TtW y hasta el 30 de junio de 2021, 847 949 mujeres (41,7 por ciento del total) y 32 920 mujeres (43 por ciento del total) podrían ser colocadas en puestos de trabajo. La subvención para el cuidado de los hijos constituye la pieza central del paquete de medidas destinadas a ayudar económicamente a las familias con ingresos bajos y medios a sufragar los gastos de cuidado de los hijos, fomentando así la participación de las mujeres en el mercado laboral. Además, los subsidios salariales pagados en el marco de Jobactive, que se incrementan de 6 500 a 10 000 dólares australianos para incentivar a los empleadores a contratar, formar y retener a los solicitantes de empleo desfavorecidos, beneficiaron a 100 608 mujeres hasta junio de 2021. El Gobierno informa además, por lo que respecta a Victoria, de que la Ley de Igualdad de Género mejorará la igualdad de género en todas las organizaciones gubernamentales y del sector público y complementará la labor del Consejo Asesor sobre Igualdad de Lugares de Trabajo de Victoria para orientar y defender ante el Gobierno de Victoria y ante la industria y los empleadores de Victoria, formas prácticas y tangibles de lograr la igualdad salarial entre hombres y mujeres en los lugares de trabajo de Victoria. El ACTU observa que las mujeres estaban sobrerrepresentadas entre las trabajadoras con empleos precarios y mal remunerados, y asumían la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado antes de la pandemia de COVID-19, tras la cual el 21 por ciento de la mano de obra femenina (1,3 millones) perdió su empleo o está experimentando presiones sobre su capacidad para conservar un trabajo remunerado. Además, antes de la pandemia, solo el 43 por ciento de las mujeres australianas trabajaban en un empleo fijo a tiempo completo con derechos como la baja por enfermedad remunerada. Las ayudas inadecuadas para los padres que trabajan y la falta de una educación y atención de calidad y asequible en la primera infancia, así como de un permiso parental remunerado adecuado, hacían que muchas mujeres tuvieran más bien empleos a tiempo parcial. El ACTU concluye que las mujeres aborígenes e isleñas del Estrecho de Torres y las trabajadoras inmigrantes se enfrentan a una doble carga de discriminación e inequidad, con menos acceso a un trabajo seguro y a una remuneración justa debido tanto a su raza como a su género. La Comisión toma nota del reconocimiento de la importancia de coordinar las políticas de empleo y de protección social, en particular para contribuir a la promoción de resultados que tengan en cuenta las cuestiones de género. La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha respondido a las observaciones formuladas por el ACTU y espera que en su próxima memoria el Gobierno proporcione información sobre las preocupaciones planteadas en relación con la representación excesiva de las mujeres en empleos precarios y mal remunerados. Se pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las medidas políticas y técnicas destinadas a aumentar tanto la calidad como los niveles de empleo de las mujeres a nivel nacional.

Pueblos indígenas. La Comisión toma nota de que en 2018-2019, la tasa de empleo de los pueblos indígenas en las zonas remotas y no remotas del país fue de 36 y 52 por ciento, respectivamente, siendo la más alta en el Territorio de la Capital Australiana (61 por ciento), seguido de Tasmania (54 por ciento y Nueva Gales del Sur (54 por ciento), y la más baja en el Territorio del Norte (37 por ciento) con los hombres reportando una tasa de empleo general más alta (54 por ciento) que las mujeres (45 por ciento) —estas tasas se han mantenido estables desde 2008. La Comisión toma nota de la información actualizada del Gobierno sobre la aplicación de programas específicos a nivel federal y territorial, como Jobactive y TtW, con especial atención a las necesidades de las poblaciones indígenas. La Comisión toma nota de que en 2020, todos los Gobiernos australianos y la Coalición de Organizaciones de Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres adoptaron el Acuerdo Nacional para Cerrar la Brecha, por el que se comprometen a alcanzar para 2031 cuatro prioridades clave de reforma y 16 objetivos socioeconómicos para cerrar la brecha, entre ellos aumentar la proporción de jóvenes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres (15-24 años) con empleo, educación o formación hasta el 67 por ciento y la de personas de 25-64 años con empleo hasta el 62 por ciento. Por último, el Gobierno se refiere a los Programas de Desarrollo Comunitario (PDC) ofrecidos por 46 proveedores de PDC contratados por el Gobierno australiano para prestar una serie de servicios de empleo a los solicitantes de empleo remotos, 83 por ciento de los cuales se identificaron como australianos indígenas, a través de 60 regiones de PDC. Durante el periodo comprendido entre el 1.º de julio de 2015 y el 31 de julio de 2021, el programa prestó apoyo y permitió encontrar 48 608 puestos de trabajo, de los cuales 14 926 dieron lugar a que el solicitante de empleo permaneciera en el puesto de trabajo durante al menos 26 semanas. La ACTU critica que los trabajadores del CDP no fueron clasificados como trabajadores, reciben un salario muy por debajo del mínimo y no están cubiertos por la Ley de Trabajo Justo, se ven privados de las protecciones de SST, de la indemnización de los trabajadores y de la licencia anual, por enfermedad o por cuidado de personas o cultural «Sorry Business». Además, aunque la acumulación de derechos de asistencia social es desventajosa y las sanciones por infracciones son prohibitivas, el programa no ha producido resultados significativos en materia de empleo y se considera que debe ser sustituido. La Comisión pide al Gobierno que responda a las observaciones del ACTU en relación con la menor calidad de los empleos del CDP, indicando también si los objetivos de 2031 se encuentran bien encaminados e informando sobre cualquier nueva iniciativa adoptada para aumentar las oportunidades de empleo sostenible para los pueblos indígenas en todas las regiones del país, pero en particular en las regiones donde las vulnerabilidades entre los indígenas son mayores. Además, el Comité se remite a su solicitud directa en la que aborda otras categorías de trabajadores vulnerables al déficit de trabajo decente y a la exclusión.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de las políticas de empleo. El Gobierno afirma que todos los programas específicos focalizados a nivel federal y territorial incluyeron consultas a las partes interesadas respectivas, y que el nuevo modelo de servicios de empleo fue impulsado por un grupo consultivo de expertos que incluía a representantes de los empleadores, de los proveedores y de los grupos de bienestar, así como a un economista especializado en el mercado de trabajo y a un experto en transformación empresarial. Su adopción fue precedida de amplias consultas celebradas en toda Australia con más de 1 400 empleadores, proveedores, solicitantes de empleo, organizaciones comunitarias, sindicatos, grupos de reflexión/academia, industria y Gobiernos estatales y locales. La ACTU sostiene que el Gobierno no la consultó, como representante de los trabajadores, en relación con las políticas de empleo. Si bien toma debida nota de la información proporcionada por el Gobierno en lo que respecta a los procesos de consulta con las respectivas partes interesadas en relación con medidas específicas a nivel federal y territorial, la Comisión desea subrayar que, de conformidad con el artículo 3 del Convenio, los representantes de los empleadores y de los trabajadores deben ser consultados en relación con la elaboración y aplicación de las políticas de empleo, con miras a tener plenamente en cuenta su experiencia y sus opiniones y a obtener su plena cooperación en la formulación de dichas políticas y el apoyo a las mismas. Al mismo tiempo, recuerda que la integración de mecanismos de seguimiento y evaluación completos, participativos y transparentes en la política nacional de empleo permite a todas las partes interesadas identificar los logros y los retos en la consecución de los objetivos políticos establecidos. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno proporcionar información sobre la manera en que el Gobierno asocia a los interlocutores sociales a la elaboración, aplicación y seguimiento de las políticas de empleo a nivel federal y territorial.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), recibidas el 4 de octubre de 2017. La Comisión pide al Gobierno que transmita sus comentarios al respecto.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Tendencias del empleo y medidas activas de mercado del trabajo. El Gobierno indica que las condiciones del mercado de trabajo mejoraron durante los tres años anteriores a mayo de 2017, fecha en la que había 12 152 600 personas empleadas, y la tasa de desempleo se redujo, pasando de un 5,9 por ciento en mayo de 2014 a un 5,5 por ciento en mayo de 2017. Si bien la tasa de participación aumentó hasta un 64,9 por ciento durante el período de memoria, a saber hasta mayo de 2017, los grupos en situación de vulnerabilidad, incluidos los desempleados de larga data, los jóvenes, las personas de edad madura, las personas con discapacidad y los australianos indígenas, continúan estando en desventaja en el mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que el Gobierno se ha comprometido a promover la participación de la fuerza de trabajo y a proporcionar apoyo adicional a grupos concretos, haciendo especial hincapié en los padres desfavorecidos de niños pequeños, los australianos indígenas y las personas mayores. La Comisión toma nota de que desde la última memoria del Gobierno ha aumentado la gama de asistencia específica, con la introducción del servicio para la transición al trabajo (Transition to Work) y del programa para el empleo de los padres (ParentsNext). ParentsNext, que se inició en abril de 2016, es un programa previo al empleo que ayuda a los padres que pertenecen a grupos específicos, incluidos los australianos indígenas, las mujeres, los jóvenes y los australianos de otras culturas y otras lenguas, a prepararse para el empleo. La Comisión también toma nota de que durante los últimos veinticinco años se ha producido un cambio estructural en el mercado de trabajo. Habida cuenta de que ha aumentado la proporción de empleo en el sector de servicios, el Gobierno está intentando readaptar profesionalmente a los trabajadores despedidos a fin de que aprovechen las oportunidades que brindan las industrias que están en crecimiento a través, por ejemplo, de la Grow Fund Initiative. La Comisión también toma nota de que durante los tres últimos años se ha producido un crecimiento del trabajo a tiempo parcial, que coincide con el aumento del desempleo. En sus observaciones, el ACTU indica que el subempleo ha alcanzado una cifra récord y reitera que el trabajo precario es uno de los problemas que se tienen que abordar más urgentemente en el contexto laboral, con un 40 por ciento de personas que trabajan con arreglo a modalidades de trabajo atípicas. Si bien, el ACTU reconoce que estas formas de trabajo tienen sus objetivos legítimos, afirma que cada vez se utilizan más para esquivar las responsabilidades asociadas con una relación de empleo permanente. El ACTU se refiere a su encuesta independiente de 2012 sobre el trabajo precario que incluye recomendaciones a fin de mejorar el nivel de empleos permanentes para la fuerza de trabajo australiana. La Comisión pide al Gobierno que especifique la manera en la que examina, coordina y adapta las medidas y políticas adoptadas habida cuenta de los resultados alcanzados a fin de alcanzar los objetivos del empleo pleno, productivo y libremente elegido. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre los resultados de las medidas adoptadas para abordar el desempleo de larga duración, el subempleo y el trabajo precario, incluida información sobre el número de beneficiarios de los programas que han obtenido un empleo duradero.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que el desempleo juvenil se redujo, pasando de un 13,6 por ciento en 2014 a un 12,7 por ciento en 2017, y el empleo juvenil aumentó en un 3,6 por ciento durante los tres años anteriores a mayo de 2017. Sin embargo, la Comisión toma nota de que los jóvenes continúan estando en situación de desventaja en el mercado de trabajo y de que la tasa de subempleo de éstos ha aumentado pasando de un 15,8 por ciento en mayo de 2014 a un 18,5 por ciento en mayo de 2017. El ACTU observa que la tasa de subempleo de los jóvenes triplica aproximadamente la del resto de la fuerza de trabajo. La Comisión toma nota de una serie de medidas, promulgadas desde 2015 en el contexto de la Estrategia para el empleo juvenil, a fin de ayudar a los jóvenes que corren el riesgo de estar desempleados durante largos períodos y de tener que depender de las prestaciones. El Gobierno indica que la iniciativa para potenciar a la juventud (Empowering YOUth) apoya enfoques innovadores de organizaciones sin ánimo de lucro y no gubernamentales a fin de ayudar a los jóvenes desempleados, mientras que el servicio Transition to Work proporciona asistencia intensiva y previa al empleo a fin de mejorar la preparación para el trabajo de los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Además, ParentsNext ayuda, entre otros, a los padres jóvenes a prepararse para el empleo. La Comisión también toma nota con interés de las iniciativas adoptadas en el marco de la Estrategia para el empleo juvenil del Gobierno enfocadas a mejorar los resultados de empleo de los jóvenes con enfermedades mentales. La Comisión toma nota de que Youth Jobs PaTH ofrece formación y experiencia realizando trabajos voluntarios a través de las pasantías PaTH y subsidios salariales. Toma nota, sin embargo, de que el ACTU expresa su preocupación en relación con el hecho de que las pasantías PaTH remplazan a los trabajos reales y de entrada en el mundo laboral y conllevan el riesgo de explotación de los solicitantes de empleo jóvenes que son vulnerables, e indica que los participantes en este programa no reciben la protección jurídica que se proporciona normalmente a los empleados, tienen salarios que son bastante inferiores al salario mínimo y no obtienen calificaciones significativas. La iniciativa para alentar el espíritu empresarial y el empleo por cuenta propia tiene por objetivo ampliar los servicios gubernamentales a los jóvenes desempleados que quieren establecer su propio negocio e incluye una ampliación del programa de incentivos para las nuevas empresas (New Enterprise Incentive). El Gobierno también financia el Programa de desarrollo comunitario a fin de implementar estrategias para la contratación de jóvenes con miras a ayudarlos a que se les contrate en las zonas remotas de Australia. El Plan para el crecimiento de los empleos y de las pequeñas empresas tiene por objetivo proporcionar apoyo específico a los jóvenes que tienen más posibilidades de estar desempleados a largo plazo. El Gobierno de Queensland ha implementado una serie de programas para reducir el desempleo juvenil, incluidos el Plan regional de empleo para la vuelta al trabajo (Back to Work Regional Employment Package), el Programa para calificar a las personas de Queensland para el trabajo (Skilling Queenslanders for Work programme), el Plan de empleo de Queensland sudoriental para el regreso al trabajo (Back to Work South East Queensland Employment Package) y el Programa de desarrollo de las calificaciones en materia de empleo (Employment Skills Development). En lo que respecta a Australia Occidental, los planes estatales en materia de formación de este estado se centran en la formación de los jóvenes a fin de poner en relación sus competencias con las necesidades de la industria. La Comisión solicita al Gobierno que comunique información detallada, incluida información estadística desagregada por sexo y edad, sobre el número de jóvenes que participan en cada uno de los programas anteriormente citados, así como sobre el impacto de cada uno de estos programas en la tasa de empleo entre los jóvenes.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Medidas de política de empleo eficaces. La Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno y de las observaciones del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), recibidas en septiembre de 2014. El Gobierno indica que, en el contexto de un entorno internacional relativamente deprimido y de un crecimiento nacional por debajo de la tendencia general, las condiciones del mercado de trabajo de Australia no han sido buenas durante los tres años transcurridos entre junio de 2011 y junio de 2014. Tras la celebración de elecciones generales en septiembre de 2013, el nuevo Gobierno se ha comprometido a mejorar la productividad impulsando la participación de la fuerza de trabajo. La Comisión toma nota de que en esos tres años se crearon 365 400 nuevos empleos y en junio de 2014 había 11 576 900 personas empleadas, lo que representa una tasa anual de crecimiento del 1,1 por ciento. Esta tasa está muy por debajo de la tendencia a largo plazo, que es del 2 por ciento. Además, el desempleo aumentó en 163 000 personas durante ese período para alcanzar la cifra de 745 200 desempleados. La tasa de desempleo se incrementó pasando de un 4,9 por ciento en junio de 2011 a un 6 por ciento en junio de 2014. El Gobierno señala que el número de desempleados a largo plazo (personas que han estado desempleadas durante 52 semanas o más) aumentó significativamente en los últimos años, pasando de 60 500 personas en junio de 2011 a 172 400 en junio de 2014, el nivel más alto desde noviembre de 1999. En el sistema Job Services Australia (JSA) 2012-2015 se incluyeron medidas para ayudar a los desempleados de muy larga duración a encontrar un empleo. Además, en el marco del presupuesto gubernamental de 2014-2015 se han previsto iniciativas concebidas específicamente para abordar el desempleo y para ayudar a los grupos especialmente afectados. En sus observaciones, el ACTU ha señalado que el trabajo precario es uno de los problemas más acuciantes a los que tienen que hacer frente actualmente los trabajadores de Australia. El ACTU indica que el 40 por ciento de todos los trabajadores están cubiertos por acuerdos de trabajo no convencionales, que incluyen acuerdos de trabajo ocasional, trabajo de duración determinada, contratación y subcontratación. Un significativo 25 por ciento de todos los empleados trabaja con arreglo a acuerdos de trabajo ocasional. Si bien el ACTU reconoce que estas formas de empleo tienen objetivos legítimos y concretos, su uso está aumentando, y se abusa de ellas para evitar las responsabilidades que implica una relación permanente de trabajo. El ACTU considera que la obligación de llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido de conformidad con el artículo 1 del Convenio requiere que el Gobierno adopte medidas positivas para abordar el problema del trabajo precario. Teniendo en cuenta las preocupaciones planteadas por el ACTU, la Comisión pide al Gobierno que especifique la manera en que, en virtud del artículo 2 del Convenio, revisa las medidas y políticas adoptadas con arreglo a los resultados alcanzados en relación con el cumplimiento de los objetivos de pleno empleo, productivo y libremente elegido, especificados en el artículo 1. La Comisión también invita al Gobierno a transmitir información sobre los resultados de las medidas adoptadas para hacer frente al desempleo a largo plazo y al subempleo, incluso sobre el número de beneficiarios del programa que han obtenido un empleo duradero.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que las condiciones del mercado de trabajo de los jóvenes (personas de edades comprendidas entre los 15 y los 24 años) se han deteriorado durante los tres años transcurridos entre junio de 2011 y junio de 2014, y señala que se perdieron 37 400 empleos (el 2 por ciento) y la tasa de desempleo de este grupo de edad se incrementó, pasando de un 11,2 por ciento en junio de 2011 a un 13, 6 por ciento en junio de 2014. En el marco del presupuesto de 2014-2015, se ha previsto que a partir del 1.º de enero de 2015 los jóvenes de menos de 30 años que están plenamente capacitados para trabajar tendrán que estudiar o trabajar ya que los criterios de elegibilidad para obtener prestaciones serán más estrictos. El «programa Ejército Verde» también ofrecerá experiencias laborales en un contexto medioambiental a un máximo de 15 000 jóvenes de edades comprendidas entre los 17 y los 24 años. Los jóvenes en busca de empleo podrán unirse al «programa Ejército Verde» como alternativa al desempleo. La Comisión toma nota de las observaciones del ACTU en las que se indica que el «programa Ejército Verde» y el programa para desocupados presentan muchas deficiencias. No hay garantía de un trabajo continuo para los participantes y no se tiene la obligación de utilizar fondos de la Commonwealth para ayudar a los desempleados más desfavorecidos a encontrar un empleo. Tampoco se exige que los proveedores de servicios de empleo ofrezcan a los participantes una formación estructurada para el empleo, tutorías o informaciones sobre otros servicios de empleo. Teniendo en cuenta las preocupaciones planteadas por el ACTU, la Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada sobre el impacto de las medidas adoptadas en el presupuesto de 2014-2015 para estimular y mejorar los niveles de empleo y reducir el desempleo de los jóvenes.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en septiembre de 2009, en la que se incluyen respuestas a las cuestiones planteadas en la solicitud directa de 2007, se agregan datos sobre la evaluación de las reformas introducidas en el sistema de asistencia social al trabajo, y se brindan otras informaciones proporcionadas por los gobiernos de Australia Meridional y Australia Occidental. La Comisión toma nota de los comentarios recibidos del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU).

Evolución del empleo y medidas activas del mercado de trabajo. El Gobierno indica que los efectos de la crisis económica mundial en Australia han provocado un incremento del índice de desempleo como consecuencia del aumento de los despidos, del mantenimiento de la escasez de conocimientos especializados en sectores concretos y en algunas zonas, así como de la combinación de estos efectos con el envejecimiento de la mano de obra en determinados sectores de la industria. El Gobierno informa de que afrontó esta situación con un paquete exhaustivo de programas y de reformas en los servicios de empleo. La Comisión toma nota de que la tasa de desempleo en Australia se ha elevado de 3,9 por ciento, en febrero de 2008, a 5,8 por ciento, en julio de 2009, un aumento de casi el 40 por ciento y la tasa más elevada en casi seis años. En su solicitud directa de 2007, la Comisión recordó que el Convenio desempeña un papel esencial para combatir la pobreza y fomentar la cohesión social. El Gobierno indica en su memoria que considera que todos los australianos deberían tener la oportunidad y la capacidad de desempeñar un papel en todos los aspectos de la vida australiana. El Gobierno informa asimismo de que la Agenda de inclusión social pretende, entre otros objetivos, garantizar la oportunidad de un trabajo seguro a toda la población. Con el fin de avanzar en el programa de integración social, el Gobierno ha creado diversas dependencias, tales como el Ministerio de Integración Social en Australia, una Secretaría parlamentaria con responsabilidad específica en materia de inclusión social, una unidad de integración social dentro del Departamento del Gabinete del Primer Ministro; y la Junta australiana de inclusión social australiana. La Comisión pide al Gobierno que se sirva seguir proporcionando información que permita evaluar la repercusión de las diversas medidas adoptadas sobre la reforma del mercado del trabajo, así como información sobre la participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de una política activa de empleo, de conformidad con las disposiciones del Convenio (artículos 1, 2 y 3 del Convenio).

Servicios de empleo. La Comisión toma nota de que, desde la anterior memoria, el Gobierno ha emprendido una revisión exhaustiva de la ejecución de los programas de asistencia al empleo. En julio de 2009, el Gobierno ejecuta el programa Servicios Públicos de Empleo, que reemplazó a la Red de Empleo, al Modelo de Participación Activa y a algunos otros pequeños programas de creación de empleo. El Gobierno informa de que, con el funcionamiento de servicios públicos de empleo, las personas que buscan empleo no tendrán ya que pasar de unos programas a otros o de una agencia proveedora a otra. Cada solicitante de empleo estará asociado a un proveedor de su elección, que elaborará un plan adaptado a las aptitudes del solicitante que le ayude a obtener un empleo. Este plan combina los distintos tipos de ayuda — profesional y no profesional — que el individuo requiere para afrontar los obstáculos para encontrar un empleo. La Comisión toma nota de que el ACTU ha acogido favorablemente los cambios anunciados por el Gobierno en los servicios de empleo, destinados a prestar una mayor atención a las personas desfavorecidas que buscan empleo, así como apoyo a los empleadores y a los mercados de trabajo locales. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los efectos de los cambios en los servicios de empleo en relación con los objetivos del Convenio.

Políticas de educación y formación. La Comisión toma nota de que, en el marco de la iniciativa «Programa de adaptación profesional para el futuro», el Gobierno ha dotado de fondos al Programa de fomento de la productividad, bajo el cual se crearán 711.000 contratos de formación a lo largo de cinco años en sectores de escasez de conocimientos especializados a fin de garantizar que los trabajadores australianos desarrollan las capacidades que necesitan. El Gobierno informa de que estos puestos van destinados a garantizar, dentro de un sistema organizado por sectores, la formación que se adecua a las necesidades de las empresas y los interlocutores sociales. De la cifra total de puestos de formación, 392.000 irán dirigidos a los trabajadores actuales que deseen adquirir o mejorar sus conocimientos especializados, y 319.000 se asignarán a las personas que busquen trabajo. El Gobierno informa, además, de que ha creado el programa Pacto de empleo y formación para ayudar a los jóvenes australianos, los trabajadores despedidos y las comunidades locales en general a reanudar su actividad laboral, mejorar sus conocimientos o adquirir otros que necesitan para obtener puestos de trabajo a medida que se aprecian signos de recuperación en el mercado de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas en el ámbito de las políticas de educación y formación, así como respecto a las posibles oportunidades de empleo. La Comisión invita también al Gobierno a que proporcione datos sobre la evaluación del programa Pacto de empleo y formación.

Medios de fomentar el empleo de los trabajadores con discapacidad. La Comisión toma nota de que, como parte de su plan de integración social, el Gobierno está elaborando un Plan estratégico nacional de empleo destinado a aumentar las oportunidades de empleo de las personas con enfermedades mentales y otras discapacidades. Para este Plan estratégico, que se pondrá en marcha en 2009, se ha consultado previamente a las personas con discapacidades, los organismos representativos, los proveedores de servicios, los empleadores y los sindicatos. El Gobierno informa de que ya ha empezado a aplicar algunos de los elementos de esta estrategia, entre otros la elaboración de nuevos servicios de empleo para personas discapacitadas y un programa piloto de incentivos para el empleo. En este sentido, la Comisión toma nota de que el Gobierno está invirtiendo 1.200 millones de dólares australianos en el nuevo servicio de empleo para personas discapacitadas que comenzará en marzo de 2010 y que ayudará a las personas con discapacidad que buscan trabajo a asegurar y mantener un empleo duradero. Gracias a estos cambios, todas las personas con discapacidad que buscan trabajo podrán acceder a los servicios encargados de proporcionarles un empleo adaptado a sus necesidades, más directamente vinculados con la formación y el desarrollo de sus conocimientos y aptitudes. Además, la Comisión toma nota del compromiso de Australia Meridional de duplicar el número de personas con discapacidad empleadas en el sector público antes de 2014. La Comisión invita al Gobierno a seguir informando sobre las medidas adoptadas en el ámbito laboral en relación con los trabajadores con discapacidad y sobre los datos de evaluación sobre los servicios de empleo para personas con discapacidad.

Medios de fomentar el empleo de los trabajadores jóvenes y de edad avanzada. El Gobierno indica que a pesar de la fortaleza del mercado de trabajo en la última década, siguen existiendo grupos de personas que padecen una situación de desventaja para encontrar un empleo. Estos grupos deberán afrontar obstáculos aún mayores durante la recesión económica mundial: por ejemplo, a los jóvenes que pierden su puesto de trabajo durante una crisis económica les puede resultar particularmente difícil recuperarlos cuando las condiciones mejoren. El Gobierno indica que ha decidido crear un Pacto con los jóvenes australianos por el que todo australiano menor de 25 años tendrá derecho a un centro educativo o de formación. Con este Pacto se exigirá a todos los jóvenes «un aprendizaje o formación» (requisito de participación nacional juvenil), que completen diez años de formación y participen en la educación, la formación o el empleo hasta alcanzar la edad de 17 años. La Comisión toma nota también de la Iniciativa laboral de Australia Meridional, que ha elaborado una serie de programas destinados a ofrecer a los jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y los 24 años, capacidades y oportunidades para llevar a cabo una transición satisfactoria desde la educación secundaria, universitaria, la formación profesional o el desempleo, hacia un trabajo satisfactorio y duradero. Respecto a los trabajadores de edad avanzada, el Gobierno informa que los requisitos de participación para las personas maduras que buscan trabajo fueron examinados por el Grupo de examen de la participación. Este Grupo de trabajo concluyó que las personas de edad avanzada que buscan trabajo deberían tener los mismos requisitos de participación que los demás solicitantes, pero que cualquier cambio debería venir precedido de medidas gubernamentales de mayor alcance para mejorar las actitudes negativas respecto de los trabajadores de edad avanzada. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas previstas para fomentar y apoyar los niveles de empleo de los trabajadores de edad avanzada. Asimismo, solicita al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información sobre el modo en el que las medidas recientemente adoptadas han aumentado las oportunidades de que los jóvenes que entran en la vida laboral mantengan un empleo duradero.

Medios de fomentar el empleo de los pueblos indígenas. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno informa que reconoce las condiciones especialmente desfavorables de empleo de los aborígenes y poblaciones insulares del Estrecho de Torres, y que esta situación exige adoptar medidas especiales para ayudar a los indígenas que buscan trabajo a encontrar un empleo. La mayor representación de este grupo de personas se encuentra en regiones y zonas remotas antes que en las áreas metropolitanas. El Gobierno indica que, en junio de 2009, había aproximadamente 18.700 buscadores activos de empleo registrados pertenecientes a los pueblos indígenas (4 por ciento del total de buscadores de empleo) en las áreas metropolitanas, mientras que la cifra de personas que viven en centros regionales no metropolitanos ronda los 43.300 (13 por ciento), y, en zonas remotas, 25.300 (80 por ciento). En general, los buscadores de trabajo de poblaciones indígenas se elevan al 11 por ciento del total de casos activos en la Red de Empleo. Además, el Gobierno informa de que, en el ejercicio financiero 2008-2009, la Red de Empleo y otras organizaciones de colocación laboral consiguieron puestos de trabajo para 38.000 indígenas. Servicios Públicos de Empleo, que sustituyó a la Red de Empleo, el 1.º de julio de 2009, ha insistido en ayudar a los buscadores de empleo más desfavorecidos, entre ellos a los pueblos indígenas. El nuevo requisito impuesto a todos los proveedores de servicios de empleo en Australia es elaborar y aplicar una estrategia de empleo para la población indígena a fin de aumentar el empleo de este sector de la población y lograr que permanezcan dentro de su organización. Además, la Comisión toma nota de que, según las principales conclusiones del Informe para Superar las Condiciones Desfavorables de los Pueblos Indígenas, de 2009, entre 2001 y 2006, se han registrado mejoras en la tasa de desempleo, los índices de participación de la fuerza de trabajo y el porcentaje de empleo de los pueblos indígenas, aunque sigue existiendo una enorme brecha entre la población indígena y no indígena. La Comisión toma nota de los comentarios formulados por el ACTU, que cree que el empleo real y sostenible es uno de los pilares que pueden contribuir a colmar la brecha entre los aborígenes y poblaciones insulares del Estrecho de Torres y el resto de la población. Al ACTU le preocupa que algunos aspectos de la política de empleo indígena sean «más de lo mismo», y sugiere que, históricamente, estos programas producen escasos resultados reales en el empleo, ya que muchos participantes se ven privados de sus puestos de trabajo una vez que los compromisos de financiación del Gobierno terminan. El ACTU cree que los empleadores, el Gobierno, los sindicatos y las comunidades deberían colaborar para aumentar los programas de empleo y formación que generan compromiso a largo plazo en la mano de obra. La Comisión invita al Gobierno y a los interlocutores sociales a seguir proporcionando información sobre el impacto de las medidas adoptadas para fomentar las oportunidades de empleo productivo entre los pueblos indígenas.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno ha enmendado la ley sobre relaciones en el lugar de trabajo con la finalidad de promover el empleo, teniendo en cuenta las necesidades de los trabajadores, en particular, de los trabajadores de edad avanzada y de las mujeres. Las enmiendas permiten a los empleadores y trabajadores la negociación de acuerdos laborales alternativos, como el compartir el puesto de trabajo, el trabajo a tiempo parcial y el escalonamiento progresivo de la jubilación. En la actualidad, se prohíbe que el empleador despida a un trabajador de más edad a menos que pueda demostrar que la edad límite es un requisito inherente al puesto de trabajo, y se ha suprimido la jubilación obligatoria a los 65 años de edad en el sector público. Asimismo, existen programas especiales destinados a ayudar a la reincorporación de las personas que hayan dejado el mercado laboral para dedicarse a atender a otras personas. La Comisión apreciaría seguir recibiendo información sobre las repercusiones de la ley sobre relaciones en el lugar de trabajo en la promoción del empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

La Comisión toma nota de la memoria detallada y rica en información sometida por el Gobierno respecto de la aplicación de la Estrategia Nacional de Creación de Empleos y de la evaluación de los diversos programas. El Gobierno declara que la mayor fuente de crecimiento del empleo ha sido el empleo a tiempo parcial, si bien el crecimiento del empleo a tiempo completo se recuperó en 1997 y 1998. Según la publicación Employment Outlook 1999, de la OCDE, es persistentemente elevada la proporción de mujeres en el empleo a tiempo parcial (el 40,7 por ciento en 1998). Aunque muchos de estos empleos a tiempo parcial son permanentes, el trabajo ocasional a tiempo parcial ha aumentado más rápidamente. La referida publicación de la OCDE indica también que se ha aumentado considerablemente el desempleo de larga duración de los hombres, pasando del 24,4 por ciento en 1990 al 36,5 por ciento en 1998. Durante este período, disminuyó sustancialmente el gasto público en formación profesional de los desempleados para el mercado de trabajo, pasando del 0,16 por ciento del PIB en 1994-1995 al 0,06 por ciento en 1997-1998, y la tasa de participación de los desempleados en los programas de formación cayó del 3,7 por ciento en 1994-1995 al 1,6 por ciento en 1997-1998. La Comisión desearía seguir recibiendo información sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, el desempleo y el subempleo, en la medida en que estas situaciones afectan a diversas categorías de trabajadores, tales como los trabajadores a tiempo parcial en búsqueda de trabajo a tiempo completo, y los desempleados de larga duración, según se solicita en el formulario de memoria a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 del Convenio. La Comisión toma nota asimismo con interés de la disminución del desempleo entre los trabajadores de más edad, pese a un aumento de la tasa de participación de dicho grupo. La Comisión desearía recibir más detalles acerca de las políticas específicas que apoyan en este cambio. Por último, la Comisión agradecería que el Gobierno incluya en su próxima memoria información sobre las políticas destinadas a fomentar un desarrollo regional equilibrado y a prestar asistencia a zonas cuyos niveles de desempleo son especialmente elevados.

Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

1. La Comisión toma nota con interés de la memoria del Gobierno correspondiente al período que finaliza en junio de 1996, la que contiene informaciones completas y detalladas y comunica en anexo un conjunto de documentos pertinentes. La Comisión toma nota de que el movimiento de reactivación del crecimiento del empleo, que ya se podía percibir a fines del período precedente, se ha confirmado con una tasa anual media de 4 por ciento para 1994-1995, y en 2,6 por ciento para 1995-1996, lo que redundó, a pesar del aumento de las tasas de actividad, en particular la de las mujeres, en la disminución del desempleo a 8,5 por ciento en 1996, contra 9,7 por ciento en 1994. El desempleo de larga duración, que alcanzaba a un 36 por ciento en 1994, se ha reducido a menos de 30 por ciento del desempleo total en 1996.

2. El Gobierno que asumió sus funciones en marzo de 1996 declara que ha iniciado la aplicación de una estrategia nacional de creación de empleos, concebida para incrementar la tasa de crecimiento del empleo para todos los australianos, y en particular para los jóvenes, mediante la instauración de un medio propicio al crecimiento de la economía. La política presupuestaria a mediano plazo tiene por objeto la reducción del déficit público a fin de aumentar el ahorro nacional disponible para el financiamiento de la actividad privada. La política industrial y comercial tiende a acelerar la internacionalización de la economía, al tiempo que atenúa el costo del ajuste estructural con medidas regionales o sectoriales. La política salarial da prioridad a la negociación descentralizada a nivel de la empresa a fin de que el mercado de trabajo tenga la flexibilidad necesaria para la creación de empleos. La Comisión, que observa que el objetivo que se había fijado el Gobierno anterior de alcanzar una tasa de desempleo de aproximadamente 5 por ciento a fines del decenio no se ha mantenido, espera encontrar en la próxima memoria una primera evaluación de la forma en que las nuevas orientaciones de la política económica contribuyen a la consecución de los objetivos del empleo del Convenio, y su impacto sobre el nivel general de los salarios.

3. Por otra parte, la Comisión toma nota de las informaciones detalladas acerca de las medidas de política activa del mercado de empleo y la evaluación de su eficacia. La Comisión observa que se siguen realizando esfuerzos especiales con miras a la reinserción de los desempleados de larga duración. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando informaciones de esa índole y que describa las reformas realizadas con el propósito de mejorar los resultados obtenidos mediante esas medidas. Por otra parte, al tomar nota de las disposiciones que vinculan más estrechamente el pago de las prestaciones de desempleo con la búsqueda activa de empleo, la Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando informaciones sobre toda nueva medida tomada para coordinar mejor los dispositivos de apoyo al ingreso de los desempleados con la promoción del empleo. Por último, la Comisión toma nota de que, como consecuencia de la derogación de la ley de garantía de la formación, se han iniciado reformas con el objeto de adaptar mejor la formación a las necesidades de los empleadores y de los asalariados. La Comisión invita al Gobierno a que describa toda nueva medida de coordinación de las políticas de educación y de formación con las perspectivas del empleo, habida cuenta también de las disposiciones del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142).

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

1. La Comisión tomó nota de la memoria del Gobierno para el período que concluyó en junio de 1994, la que contiene informaciones completas y detalladas, y a la que se adjuntan documentos de gran utilidad. El Gobierno señala que la situación económica del país comenzó a mejorar a partir de fines de 1993, al llegar a su fin la etapa de recesión. En un principio moderada, la tasa de crecimiento del empleo se incrementó en el curso de 1994, lo que permitió reducir la tasa de desempleo a 9,7 por ciento, frente al 10,7 por ciento que había alcanzado en 1992. Según la OCDE, esta tendencia a la baja de la tasa de desempleo se ha confirmado desde el fin del período, para situarse en 8,7 por ciento en junio de 1995. La proporción de desempleo de larga duración, que llegó a representar 39 por ciento del desempleo total a fines de 1993, ha comenzado a disminuir, habiendo llegado a 36 por ciento en 1994.

2. A pesar de las mejoras registradas en el curso del período, el Gobierno sigue considerando que el nivel actual del desempleo es inaceptable. La Comisión toma nota de que en mayo de 1994, en ocasión de la presentación al Parlamento de un Libro Blanco sobre el empleo y el crecimiento, el Gobierno reiteró su compromiso de hacer realidad el objetivo del pleno empleo, y declaró que el Libro Blanco debía considerarse como la afirmación del principio de que cada persona tiene derecho a un empleo. La estrategia definida reposa en el crecimiento de la economía, que se considera como una condición necesaria pero no suficiente para hacer retroceder el desempleo. El Gobierno, que en concordancia con lo anterior ha optado por intervenir directamente en el mercado de trabajo, se ha fijado por objetivo reducir el desempleo a 5 por ciento a fines del decenio. Por otra parte, la importancia prioritaria que el Gobierno atribuye a la promoción del empleo ha quedado plasmada en el Acuerdo General que ha concluido con el Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), una de cuyas metas fundamentales es la creación de un mínimo de 500.000 puestos de trabajo en el curso del período 1993-1996. En su memoria, el Gobierno expone detalladamente las orientaciones de la política económica que aplica con miras a favorecer el crecimiento de la economía y del empleo, a saber, una política monetaria que apunta a controlar la inflación y hacer bajar las tasas de interés, y una política presupuestaria que, sin perder dinamismo, tiende a reequilibrar a mediano plazo las finanzas públicas, gracias a la reanudación del crecimiento. Por lo que se refiere a la política de salarios concertada con el ACTU, ésta debe contribuir a controlar la inflación y mejorar la competitividad de la economía, lo que supone que en el marco de negociaciones descentralizadas los reajustes salariales se vinculen con el aumento de la productividad. La Comisión invita al Gobierno a que siga proporcionando informaciones sobre los resultados de los objetivos definidos en materia de empleo y de desempleo, así como sobre la manera en que se determinan y examinan periódicamente las medidas destinadas a fomentar el empleo, en el marco de una política económica y social coordinada y en consulta con los representantes de los empleadores y los trabajadores, de conformidad con los artículos 2 y 3 del Convenio.

3. Por otra parte, el Gobierno ha comunicado informaciones sustanciales sobre las medidas de política activa del mercado de trabajo que se han puesto en práctica siguiendo las orientaciones del Libro Blanco. La Comisión destaca en particular la atención especial que se presta a los desempleados de larga duración, a quienes se brinda una orientación personalizada y una oferta de servicios de formación y de colocación adecuados a sus características. La Comisión toma nota asimismo del conjunto de programas que tienen por objeto favorecer la integración en el mercado de trabajo de los jóvenes, las mujeres, los aborígenes y las personas con discapacidades. La Comisión ruega al Gobierno que siga suministrando informaciones sobre la puesta en práctica de estos programas. Habiendo tomado nota de que, al cabo de una primera evaluación, se ha suspendido por dos años la aplicación de la ley de 1990 sobre la garantía de la formación profesional, la Comisión solicita al Gobierno que informe sobre las nuevas medidas que se hayan tomado con miras a fomentar las actividades de capacitación inicial y de formación profesional continua de las empresas.

Observación (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó en junio de 1992, que contiene tal como sucede habitualmente informaciones detalladas en respuesta a cada una de los puntos del formulario de memoria y anexa útiles documentos. El Gobierno indica que el movimiento de gran crecimiento del empleo que había caracterizado el período precedente de memoria se invirtió desde mediados de 1990. Desde entonces el empleo total se redujo de un 2,3 por ciento (y el trabajo de duración completa de casi 6 por ciento) y, dado el mantenimiento de una tasa elevada de participación, en particular de las mujeres, la tasa de desempleo, que era inferior al 7 por ciento en 1990, aumentó rápidamente hasta alcanzar cerca de 11 por ciento en 1992-1993. El Gobierno, que califica de "inaceptable" tal nivel de desempleo, se muestra preocupado por el atentado a la dignidad de los trabajadores y a la cohesión social que representa el desempleo de larga duración.

2. Para el Gobierno, las particulares dificultades que encuentra para alcanzar los objetivos del Convenio se deben esencialmente a la recesión económica. Si bien se declara convencido que la clave para reducir el desempleo reside en un crecimiento sostenido y vigoroso, estima que debido al largo proceso de reestructuración iniciado, el empleo dará respuestas más graduales que el crecimiento, comparado con lo sucedido en otros períodos de despegue económico. Por su parte, el Gobierno de Australia meridional llama la atención sobre las consecuencias previsibles de la desregulación comercial sobre el empleo: de acuerdo con las estimaciones, la reducción progresiva de los aranceles entre 1992 y 2000 provocará una reducción del 20 por ciento del empleo directo en dicho Estado.

3. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno vuelve a afirmar que, en este contexto, el pleno empleo sigue siendo un objetivo fundamental, como lo atestigua el documento de presentación del presupuesto para 1992-1993 anexo a la memoria. La política económica que se realiza, busca mejorar las perspectivas de crecimiento de la economía a mediano y largo plazo necesaria al crecimiento duradero del empleo y para elevar los niveles de vida. Dicha política económica se apoya en la moderación del aumento de los salarios reales, incluso de los salarios mínimos, que se obtuvo por un acuerdo sobre los precios y los ingresos convenido con el movimiento sindical, el control de la inflación que permitió una reducción significativa de las tasas de interés y el seguimiento de una reforma fiscal que favorece las inversiones de las empresas. El Gobierno indica además que, en lo inmediato, acuerda una orientación activa a su política presupuestaria dejando aumentar el déficit del presupuesto y comprometiendo nuevos gastos para estimular la actividad económica y el empleo. Dados los resultados obtenidos en materia de inflación y tasas de interés, así como la persistencia de un desempleo elevado, la Comisión agradecería al Gobierno que continúe indicando la manera en que, de conformidad con el artículo 2 del Convenio, se han determinado y revisado las medidas para promover el empleo "en el marco de una política económica y social coordinada".

4. La Comisión toma nota de las informaciones sobre las medidas relativas al mercado del trabajo adoptadas tanto a nivel federal como a nivel de los Estados. Los gastos para los programas se han prácticamente duplicado entre 1991-1992 y 1992-1993. Para el Gobierno, el imperativo de la competitividad, la flexibilidad y la "eficiencia" del mercado del trabajo son factores determinantes en el proceso de ajuste. En el contexto de la mundialización de la economía y de las presiones resultantes, una prioridad elevada es acordada, tanto por el Gobierno federal como por los Gobiernos de los Estados, a la formación y movilidad de la mano de obra. El Gobierno de Queensland subraya, al respecto, que el desarrollo de las calificaciones de la mano de obra es una responsabilidad que el Gobierno debe compartir con las empresas, las cuales obtienen los beneficios económicos derivados. La Comisión agradecería al Gobierno que le comunique la evaluación, prevista para 1994, de la aplicación de la ley de 1990 sobre la garantía de la formación, la cual pone a cargo de las empresas la obligación de consagrar cierto nivel de gastos para financiar actividades de formación. El Gobierno describe también un nuevo sistema de prestaciones por desempleo que entró en vigencia en julio de 1991, tendiente a asegurar una relación más estrecha entre la indemnización por desempleo y los programas de medidas activas. Por último, la memoria indica la existencia de iniciativas interministeriales en favor del empleo de las mujeres, los minusválidos y los trabajadores de edad avanzada. La Comisión invita al Gobierno a que brinde, en su próxima memoria, todas las informaciones disponibles sobre el efecto de las diversas medidas para el empleo de las personas interesadas.

Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

1. La Comisión ha tomado nota de la memoria detallada del Gobierno para el período que finalizó en junio de 1990, que contiene respuestas a su observación anterior. La Comisión toma nota de que durante el período considerado continuó con el sostenido aumento del empleo, pues en 1989-1990 el empleo total había crecido en un 3,8 por ciento, en beneficio principalmente de la mano de obra femenina. Pese al aumento de la tasa del empleo, que era ya elevada, se redujo la tasa del desempleo que de 7,3 por ciento en junio de 1988 pasó al 6,4 por ciento en junio de 1990. Sin embargo, el Gobierno no menciona en su memoria que a comienzos de 1990 el crecimiento económico se había hecho más lento. Esta tendencia desfavorable para el empleo se acentuó después del período abarcado por la memoria, y la recesión, comenzada a mediados de 1990, había provocado un rápido aumento del desempleo que, según la OCDE, alcanzaba una tasa cercana al 10 por ciento a mediados de 1991.

2. La Comisión toma nota de las completas informaciones comunicadas por el Gobierno sobre los objetivos que persigue su política económica en relación con el empleo. Las políticas presupuestaria y monetaria se organizan para reducir, dentro de un plazo medio, la inflación y la deuda pública, mientras que la política fiscal trata de crear un medio favorable a la inversión y al empleo y por su parte la política de precios y de ingresos continúa, en el marco del acuerdo entre el Gobierno Federal y el Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) tratando de mantener una evolución moderada de los salarios, una mayor flexibilidad en el trabajo y una mejora de la productividad. La Comisión toma nota además con interés de la profunda reforma en curso de los métodos de fijación de los salarios en aplicación del principio de "eficacia estructural". En tal sentido la Comisión Australiana de Relaciones Laborales busca transformar el sistema de laudos de los conflictos de trabajo para superar los obstáculos a la movilidad y calificación de los trabajadores de manera de permitirles acceder a empleos más variados, satisfactorios y mejor remunerados. La Comisión agradecería al Gobierno se sirviera comunicar en su próxima memoria toda evaluación de que disponga sobre las consecuencias que han tenido sobre el mercado de trabajo las modificaciones del sistema de fijación de salarios.

3. En el marco de su política de mercado de trabajo, el Gobierno se ha comprometido a reforzar la formación profesional impartida por las empresas y las instituciones de enseñanza y formación. Se aumentaron los créditos oficiales para gastos de formación y la ley de garantía de la formación de 1990 obliga actualmente a las empresas a consagrar un cierto nivel de sus gastos para financiar las actividades de formación aprobadas. La Comisión también toma nota de las informaciones sobre los programas de formación para favorecer el ingreso o el reingreso en el mercado de trabajo, que el Gobierno comunica en su memoria sobre la aplicación del Convenio sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142). La Comisión agradecería al Gobierno que continuara comunicando informaciones sobre el desarrollo de estos programas y sus consecuencias para el empleo de estas categorías de trabajadores.

4. La Comisión ha tomado nota de las informaciones sobre los esfuerzos para promover la reforma del mercado de trabajo y el ajuste estructural de la industria mediante medidas relativas a las prácticas de gestión, la organización del trabajo y las relaciones laborales. La Comisión también ha tomado nota de la iniciativa contenida en la declaración sobre política económica que hiciera el Gobierno en febrero de 1990 para reestructurar las medidas de asistencia a los desempleados e introducir varias reformas en los programas de empleo. La Comisión agradecería al Gobierno se sirviera comunicar informaciones sobre el curso dado a dichos programas de reforma y, en forma más general, habida cuenta de la reciente evolución del mercado del empleo antes mencionada, desearía que el Gobierno se sirviera indicar en su próxima memoria si, en aplicación del artículo 2 del Convenio, ha procedido a revisar, como parte integrante de una política económica y social coordinada, las medidas que habrá de adoptar para fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido, objetivo esencial consagrado por el artículo 1 del Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

1. La Comisión ha tomado nota de la útil y detallada memoria del Gobierno para el período que finalizó en junio de 1988, que contiene respuestas a sus comentarios anteriores. La Comisión toma nota, en particular, de la aprobación de la ley núm. 80 de 1988 sobre el empleo, la educación y la formación, encaminada a coordinar las estructuras que asesoran en materia de empleo, educación y formación. La memoria del Gobierno reconoce que los resultados del mercado de trabajo dependen de una amplia gama de programas y planes macro y microeconómicos y describe las políticas seguidas por el Gobierno en diversos campos en cuanto se relacionan con el empleo, tales como la política fiscal y monetaria, la política de inversiones (comprendidas las reformas fiscales), las políticas industrial y comercial (comprendida una importante reducción de los subsidios a las industrias) y la de precios, ingresos y salarios (comprendida la introducción de un sistema binario de categorías para fijar los salarios en virtud de la decisión del 10 de marzo de 1987 del "National Wage Case" con miras a sustituir el sistema de indexación salarial que funcionó desde 1983). Con respecto a los programas y planes sobre el mercado de trabajo, el Gobierno indica que se ha producido un desplazamiento en el énfasis en favor de la educación y la formación con respecto a las actividades de creación de empleo, por carencia de un elemento formal que imparta formación, así como la alta prioridad que se concede a la asistencia al desempleo de larga duración y a las personas particularmente desfavorecidas.

2. La Comisión toma nota con interés de una variedad de planes y programas para la creación y ayuda al empleo que favorecen la formación y la educación que se mencionan en la memoria, alguno de los cuales se ha comenzado recientemente a revisar y reorganizar (por ejemplo, la derogación en 1987, acorde con el nuevo énfasis antes mencionado de los planes y políticas del Gobierno, de los sistemas de creación de empleos de corto plazo, del programa de empleo comunitario y la integración de algunos programas de asistencia basados en la comunidad en nuevos programas llamados de "calificaciones compartidas", orientados específicamente a los desempleados de larga duración y a otros grupos poco favorecidos).

3. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual el fuerte aumento del empleo en 1987-1988 (2,4 por ciento para el empleo de tiempo completo y 5,8 por ciento para el empleo de tiempo parcial) han compensado con creces el aumento de la fuerza de trabajo, con la consiguiente disminución de la tasa de desempleo que pasó de 8,4 por ciento en enero de 1987 a 7,3 por ciento en junio de 1988, cabiendo también señalar una disminución del desempleo de larga duración. La Comisión espera que el Gobierno continuará comunicando informaciones sobre la evolución y los resultados de los planes y programas encaminados a cumplir los objetivos del Convenio, haciendo particular referencia a las consecuencias que tienen los programas sobre el mercado de trabajo, y en especial los programas de formación sobre el empleo de las personas interesadas. La Comisión también agradecería al Gobierno se sirviera comunicar una evaluación de las repercusiones sobre el mercado de trabajo de la evolución registrada en la política industrial y comercial y en el sistema de fijación de salarios.

4. En cuanto a los mecanismos de consulta con las personas interesadas (artículo 3 del Convenio), la Comisión toma nota de que la Junta Nacional para el Empleo, la Educación y la Formación, establecida en virtud de la ley antes mencionada, ha sustituido al Consejo Australiano para el Empleo y la Formación. La nueva Junta Nacional está formada por miembros designados en función de sus calificaciones y experiencia individuales, si bien dos de ellos deben ser expertos en cuestiones sindicales y dos en asuntos comerciales o industriales. La Comisión espera recibir más informaciones sobre las actividades de consultoría de esta Junta y de otros consejos y comisiones asesoras en virtud de la ley mencionada, así como sobre los planes y programas pertinentes que han desarrollado. Por último, la Comisión agradecería al Gobierno informaciones sobre la consideración otorgada a las recomendaciones, que sean pertinentes al ámbito del Convenio, que figuran en el informe del Consejo Consultivo Nacional del Trabajo en su informe de 1989 sobre la flexibilidad del mercado del trabajo en el contexto australiano.