Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

Caso individual (CAS) - Discusión: 2017, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)



Un representante gubernamental reafirmó el compromiso de su Gobierno con el cabal cumplimiento de los convenios internacionales del trabajo ratificados. Desde la última sesión de la Comisión de Aplicación de Normas, se ha reforzado el diálogo con la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS). Cabe destacar que, a solicitud del Gobierno, el 13 de junio de 2017, se celebrará una reunión tripartita con los interlocutores sociales nacionales acreditados ante la Conferencia, a la que asistirá el Director General de la OIT. Lamentó que nuevamente se utilizaran las instancias de la OIT para señalar a países cuyas políticas favorecen a los trabajadores. La OIT debe velar por la transparencia de los procedimientos y por un tratamiento justo. En su último comentario, la Comisión de Expertos constató que el Gobierno presentó indicadores que dan cuenta de una política de empleo sostenida que, desde 1999, ha estado favoreciendo a los venezolanos, entre estas estadísticas se incluyen las del empleo juvenil. También constan en dicho comentario las informaciones brindadas en junio de 2016 en el marco de la discusión ante la Comisión de Aplicación de Normas, respecto del Segundo Plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 2013-2019 y de la ejecución de una agenda económica bolivariana. La creación del Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP), en la que participa la central de trabajadores más representativa del país y los empresarios más prominentes de la economía venezolana, también ha sido objeto de mención en el comentario. Con lo cual queda demostrado que en el país hay una real y verdadera política de empleo que ha contenido el desempleo, a pesar de la caída de los precios del petróleo, de la guerra económica y de los disturbios del orden público impulsados por sectores de la oposición. Opinó que no se justificaba la inclusión en la lista de casos a ser considerados en 2017, habida cuenta de que la Comisión de Expertos no había señalado ningún incumplimiento, sino que se había limitado a pedir ejemplos o informaciones adicionales. La presentación de informaciones adicionales, en atención al pedido hecho por la Comisión de Expertos, debe realizarse en el marco de la próxima memoria regular y no ante la Comisión de Aplicación de Normas. Ante la ausencia de justificación técnica, cabría inferir que la inclusión en la lista de casos tiene un trasfondo político, lo cual es contrario a la objetividad, transparencia e imparcialidad que ha de regir en la OIT. Añadió que, pese a la insistencia de un sector de los empleadores para que su Gobierno sea convocado ante la Comisión de Aplicación de Normas, no conseguirán que éste privilegie intereses privados, capitalistas y particulares, en perjuicio de la clase trabajadora y del pueblo venezolano. En el comentario de la Comisión de Expertos quedan reflejados alegatos e informaciones sobre la supuesta ausencia de planes de empleo, mencionándose cifras que el Gobierno desconoce y basándose en datos imprecisos, consideraciones subjetivas e informaciones infundadas que el Gobierno rechaza. Otras organizaciones sindicales minoritarias se han sumado a dar cifras sin citar las fuentes de donde las obtienen, ni los métodos bajo los cuales se establecieron los datos. Declaró que, sin perjuicio de lo manifestado anteriormente, con el mejor ánimo y respeto para con quienes integran la Comisión de Aplicación de Normas, se brindará información actualizada sobre la política de empleo en la República Bolivariana de Venezuela.

En 1999, cuando inició el Gobierno bolivariano, la tasa de desocupación en Venezuela se calculaba en un 10,6 por ciento. En el mes de abril de 2016, la tasa de desempleo se estimaba en un 7,3 por ciento, gracias a políticas claras y contundentes. Tal y como se le indicó a la Comisión de Expertos en su momento, la tasa de desempleo masculino se estima en 6,7 por ciento, mientras que la femenina se estima en 8,3 por ciento, lo cual da cuenta de los esfuerzos por alcanzar la paridad e igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres. Resaltó que los indicadores podían ser consultados en la página web del Instituto Nacional de Estadística (INE). El Gobierno ha dirigido un cambio del modelo económico para encarar la dependencia al mercado petrolero y derrotar la guerra económica, entre las medidas ejecutadas figuran: incentivos para la exportación, eliminando restricciones administrativas y facilitando la repatriación de capitales, la apertura de un sistema de subastas para la adquisición de divisas a precios competitivos, así como el acceso a créditos por parte de los sectores productivos. Las empresas más beneficiadas han sido las pequeñas y medianas empresas (pymes). El Gobierno también les brindó asistencia a los negocios saqueados por un sector de la oposición, por medio de financiamiento que les permitirá reanudar y mantenerse en su actividad empresarial. El plan de desarrollo, que abarca el plan de empleo, se conoce como Plan de la Patria. En ocasión de reuniones celebradas con FEDECAMARAS, sus personeros han manifestado su desacuerdo con dicho Plan, lo cual evidencia que el mismo comporta una verdadera política de empleo. Los interlocutores sociales nacionales acreditados ante la Conferencia podrán solicitar más información sobre el cumplimiento del Convenio, en ocasión de la reunión tripartita del 13 de junio de 2017. Lamentó que FEDECAMARAS así como ciertas organizaciones sindicales minoritarias, a pesar de la invitación girada por el Gobierno para discutir la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, se negaran a participar en la misma. Opinó que era contradictorio pedir diálogo social en la OIT y no acudir cuando son convocados para exponer sus opiniones y puntos de vista. Reiteró su objeción ante la inclusión en la lista de casos, en particular por tener el Convenio núm. 122 un carácter promocional y no ser vinculantes las consultas, refiriéndose a lo dispuesto en el Estudio General de 2010 sobre los instrumentos relativos al empleo respecto del contenido y de la naturaleza de las consultas. También mencionó las palabras de los miembros empleadores expresadas en 2015, ante la Comisión de Aplicación de Normas, concernientes a la ausencia de competencia de parte de la Comisión de Expertos para juzgar la validez, la eficiencia o la justificación de las medidas adoptadas de acuerdo al Convenio y coincidió con lo expuesto en cuanto al carácter promocional del mismo que no especifica el contenido concreto de la política de empleo, y que debe tenerse en cuenta el entorno político, social y económico del país. Concluyó solicitando que el debate se circunscribiera al Convenio objeto de examen.

Los miembros trabajadores recordaron que éste es el segundo año consecutivo en que la República Bolivariana de Venezuela ha comparecido ante la Comisión de Aplicación de Normas en relación con la aplicación del Convenio. Aunque anteriormente ya instaron al Gobierno y a los diferentes lados de la disputa política en el país a que resuelvan a través del diálogo social el punto muerto al que se ha llegado, la situación ha seguido deteriorándose. Al tiempo que pusieron de relieve la función que desempeñan el diálogo social y el tripartismo como una posible vía para la paz, los miembros trabajadores exhortaron a todos los partidos a que no sucumban a la tentación de utilizar la crisis económica y el descontento social con fines políticos, lo que causaría más sufrimiento a la mayoría de la población. A este respecto, lamentaron que el Gobierno no haya respondido desde 2016 a la recomendación formulada por la Comisión de Aplicación de Normas de que acepte la visita de una misión tripartita de alto nivel. La República Bolivariana de Venezuela tiene ante sí muchos desafíos, entre ellos una profunda crisis económica que ha tenido impacto considerable en la generación de empleo. Esta situación también es el resultado de decisiones económicas adoptadas en el pasado. Entre 1999 y 2014, la República Bolivariana de Venezuela se benefició de los elevados precios del petróleo, que permitieron al Gobierno invertir en la economía y ampliar las políticas públicas. Durante ese período, el Gobierno nacionalizó empresas. Dichas medidas propiciaron la creación de puestos de trabajo, y condujeron a que el desempleo cayera del 14,5 por ciento en 1999 al 6,7 por ciento en 2014, además de contribuir a fomentar el trabajo decente y a reducir la economía informal. Los elevados precios del petróleo también permitieron que se aplicaran políticas sociales en favor de los pobres, y la pobreza se redujo del 49,4 por ciento en 1999 al 32 por ciento en 2013, mientras que la pobreza extrema cayó del 21,7 por ciento al 9,8 por ciento. Sin embargo, el Gobierno se comportó como si los elevados precios del petróleo fueran a mantenerse para siempre. A lo largo del período de crecimiento económico, no se han adoptado medidas efectivas para que la economía deje de depender de la exportación de un único producto. Por el contrario, la dependencia del sector de hidrocarburos ha aumentado de manera drástica, y el petróleo representa el 96 por ciento de las exportaciones totales del país. Será difícil reducir de la noche a la mañana la dependencia histórica del petróleo que se observa en ese país; por otra parte, los esfuerzos realizados hasta la fecha a tal efecto no han sido suficientes. No es sorprendente que la economía se haya visto seriamente afectada por el fuerte descenso de los precios internacionales del petróleo registrado a finales de 2014. El colapso de la economía se ha traducido en una crisis más profunda, en la hiperinflación, en la especulación monetaria, y en la escasez y la acumulación de alimentos y medicinas, lo que a su vez ha menoscabado la calidad del empleo, ha aumentado la inseguridad del trabajo y ha impulsado la economía informal, además de tener consecuencias negativas en el nivel de vida de los grupos más pobres. Según algunas estimaciones, el producto interior bruto (PIB) se contrajo considerablemente en 2016 y el sector agrícola experimentó una caída, exacerbando más aun la escasez de alimentos. La disminución del número de empleos creados también ha afectado a los trabajadores. Según datos gubernamentales, en 2016 el desempleo ascendió al 7,5 por ciento. Dichas cifras podrían haber sido incluso más elevadas, ya que las estadísticas oficiales no han contemplado el subempleo ni las formas precarias de empleo. Si se hubieran tenido en cuenta en estos datos a los trabajadores que tienen contratos de trabajo con horarios reducidos, el desempleo se habría situado en aproximadamente el 11 por ciento.

En relación con las observaciones del Gobierno sobre el Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, los miembros trabajadores invitaron al Gobierno a que proporcione información sobre el modo en que este programa ha tomado en consideración las relaciones entre los objetivos del empleo y otros objetivos económicos y sociales. La Comisión de Expertos se refirió a la resolución núm. 9855, de 22 de julio de 2016, que se adoptó en el marco del estado de excepción y de emergencia económica declarado por el Gobierno. Los miembros trabajadores consideraban que, en ese contexto, el Gobierno debería asegurar que no se coloque temporalmente a ningún trabajador en otra empresa sin el consentimiento de aquél. En lo que respecta a la participación de los interlocutores sociales, los miembros trabajadores recordaron el artículo 3 del Convenio y varios casos en los que se ha señalado a la atención de la Comisión de la Conferencia la falta de medidas para permitir el diálogo social efectivo. La crisis económica sólo podrá superarse si los interlocutores sociales participan en el proceso de toma de decisiones en relación con la política de empleo. Entre las conclusiones del informe de la misión tripartita de alto nivel de la OIT que tuvo lugar en 2014, se invitó al Gobierno a que entable un debate tripartito con la participación de la OIT a fin de abordar todas las cuestiones vinculadas con las relaciones laborales, incluido el mantenimiento de consultas sobre la legislación relativa a cuestiones laborales, sociales y económicas. Al tiempo que reiteraron la necesidad de cumplir los compromisos contraídos por el Gobierno en el Consejo de Administración, los miembros trabajadores deploraron que el Gobierno no haya cumplido plenamente dichos compromisos, en particular la elaboración de un programa de reuniones concreto con los representantes de los empleadores y de los trabajadores. Los miembros trabajadores esperaban que se realicen progresos tangibles, en consonancia con los objetivos establecidos en el plan de trabajo acordado, con miras a asegurar la aplicación y verificación de las normas con la plena participación de los interlocutores sociales.

Los miembros empleadores observaron que, por segundo año consecutivo, el caso objeto de examen concierne a la aplicación de un convenio prioritario que busca fomentar políticas de empleo. Aclararon que, en este caso, el problema no yace en la falta de respuestas de parte del Gobierno, sino más bien en el carácter evasivo de las mismas. En su último comentario, la Comisión aborda distintos aspectos, como son, en el caso de los artículos 1 y 2 del Convenio, la política de empleo, las tendencias del mercado laboral, el régimen laboral transitorio, el empleo juvenil y el desarrollo de las pymes, y en el caso del artículo 3, la participación de los interlocutores sociales, posiblemente el asunto de mayor relevancia. En relación a dichos temas, han presentado observaciones varias organizaciones, además de FEDECAMARAS — la organización más representativa e histórica de los empresarios — así como la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE) — la organización histórica de los trabajadores —, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA). En lo que atañe a las observaciones formuladas, se identifican coincidencias, por ejemplo en cuanto a la ausencia de información estadística. Agradecieron las informaciones proporcionadas por el representante gubernamental respecto del desempleo, indicaron que habían intentado obtener datos oficiales, sin éxito. Sería conveniente que el INE analizara lo dispuesto en el Convenio sobre estadísticas del trabajo, 1985 (núm. 160) que aún no ha sido objeto de ratificación por la República Bolivariana de Venezuela. Probablemente, resultaría oportuno que lo estudiara con miras a su ratificación. En efecto, el Convenio núm. 160 es instrumental para la elaboración de una política de empleo adecuada. La ausencia de información puede ser ocasionada, por la incapacidad del Gobierno de producirla, o por la voluntad de ocultarla, en ambos casos la situación dista de ser idónea.

El Banco Mundial recientemente constató la existencia, en la República Bolivariana de Venezuela, de: un déficit fiscal estimado a finales de 2016 por encima del 20 por ciento del PIB; la inflación, una de las más altas del mundo; la depreciación de la moneda, que está siendo negociada en el mercado negro; así como la reducción de las reservas internacionales a más de la mitad, 1 300 millones de dólares. Desde un punto de vista económico, el país está sufriendo un proceso de estanflación, es decir de estancamiento con inflación. En lo que concierne a la demanda, el consumo privado está completamente afectado, socavado por la disminución de ingresos reales, la escasez generalizada de bienes de necesidad básica y lo costos de transacción cada vez más altos para hacer negocios. Los niveles de confianza están totalmente deprimidos y la gran incertidumbre, junto con la falta de disponibilidad de bienes de capital, han llevado a una fuerte caída de la inversión. Aunque no se tengan datos sobre la formación de capital bruto o datos precisos de la inversión extranjera directa, sí hay informes en los noticieros que dan cuenta de empresas muy representativas a nivel internacional que están saliendo del país. En lo que respecta a la oferta, la contracción también es generalizada, el control de precios, el control del margen de beneficios que pueden hacer quienes producen bienes y servicios, así como las restricciones a las compras de divisas, a pesar de las recientes medidas de liberalización, han afectado la adquisición de bienes intermedios y de bienes de capital, lo cual ha repercutido en la industria manufacturera, la construcción, el sector agrícola, los servicios, el comercio minorista, el transporte, el almacenamiento y los servicios financieros y de seguro. El Economist Intelligence Unit ha hecho un análisis reciente de las repercusiones que han tenido los anuncios de incremento del salario mínimo. En 2015, se incrementó tres veces con un rango entre el 10 y el 20 por ciento. En 2016, se incrementó cuatro veces, con rangos entre el 20 y el 50 por ciento. Pero en 2017, se ha incrementado en dos ocasiones, sin diálogo con las organizaciones representativas, la última de ellas se tradujo en un incremento del 60 por ciento, el 1.º de mayo. Citaron el análisis hecho en inglés: «Es altamente improbable que esta iniciativa aplaque el sentimiento antigubernamental generalizado. El Banco Central de Venezuela probablemente emita moneda para financiar el aumento del salario mínimo (el crecimiento anual de los agregados monetarios ya ha pasado del 160 por ciento a principios de 2017 al 216 por ciento a finales de abril), y el consiguiente incremento de la inflación probablemente merme el poder adquisitivo. Además, la escasez de alimentos y de otros bienes de consumo sigue siendo generalizada, anulando el impacto del incremento de los salarios. […] estos hechos indican que la inflación seguirá aumentando y están en consonancia con las previsiones actuales de que, en 2017, la inflación será en promedio del 562 por ciento, en relación con el 422 por ciento registrado en 2016. Este factor contribuirá al descontento popular continuo y creciente.». Siguen sin atenderse las solicitudes hechas en 2016 por la Comisión de Expertos. Consideraron que era fundamental hacerle un llamado al Gobierno para que ponga en ejecución todas las acciones y políticas que se le han pedido. Dichas solicitudes están concatenadas con otras hechas en el seno de otros órganos de la OIT. Refiriéndose a la intervención del representante gubernamental, manifestaron su inquietud al escuchar que al CNEP asisten los «empresarios más prominentes» a criterio del Gobierno y no la organización más representativa de los mismos. Ello es una clara vulneración del artículo 3 del Convenio. Resaltaron la conexión existente entre dicha disposición y el caso núm. 2254 que viene analizando el Comité de Libertad Sindical y en el marco del cual se ha deplorado profundamente la persistencia de la situación en materia del diálogo social. Producto de la falta de progresos, se determinó tener una conversación directa con el Gobierno durante la Conferencia. Indicaron que aspiraban, como empleadores, a un clima de diálogo constructivo, inclusivo y genuino.

La miembro empleadora de la República Bolivariana de Venezuela indicó que el caso al año volvía a ser objeto de examen, ya que la situación en el país es insostenible, todos los indicadores han desmejorado notablemente. El Gobierno no dio efecto a las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas, no realizó las consultas tripartitas para la formulación de una política de empleo, no constituyó una mesa de diálogo tripartito, ni tampoco ha aceptado la misión tripartita de alto nivel de la OIT previo a esta reunión de la Conferencia. El Gobierno dice haber sostenido reuniones con el sector empresarial, en el seno del CNEP. FEDECAMARAS no ha sido convidada a participar en el mismo. Por consiguiente, los acuerdos concluidos con empresarios o gremios de manera individual o sectorial en el Consejo, no sustituyen la participación institucional de FEDECAMARAS ni comprometen al resto del sector empresarial, en la discusión de los temas transversales o de reformas estructurales que el país requiere en materia económica. Las medidas tomadas en el seno del Consejo Nacional de Economía no han tenido resultados positivos palpables; al contrario, de haber un verdadero diálogo, ¿cómo se podría explicar el cierre de tantas empresas por falta de materia prima, por inviabilidad económica, o por el incumplimiento de parte del Gobierno de sus obligaciones financieras y comerciales? Hizo referencia a la fuerte caída de las importaciones y a los altos niveles de desabastecimiento de alimentos y medicinas, que alcanzan en algunos casos, entre un 80 y un 100 por ciento. Para finales de 2017, se estima una contracción acumulada del PIB, en cuatro años, por encima del 30 por ciento. Al cierre de 2016, las importaciones se habían reducido en un 45 por ciento. La capacidad productiva ha mermado en un 60 por ciento. Según las últimas estadísticas del INE sobre fuerza de trabajo, de abril de 2016, en un año, se perdieron 110 000 patronos y empleadores y 224 500 puestos de trabajo, en relación con 2015. No se cuentan con estadísticas más actualizadas, hace diecisiete meses que no se publican los principales indicadores macroeconómicos oficiales. Se estima que la población económicamente activa cayó en 198 000 personas, con una importante disminución en los segmentos de mujeres y jóvenes entre 15 y 24 años; la población económicamente inactiva aumentó en 612 000 personas.

Según las cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2015, ingresaron a Latinoamérica por concepto de inversión extranjera aproximadamente 134 000 millones de dólares, la República Bolivariana de Venezuela sólo recibió 2 000 millones (aproximadamente un 1,9 por ciento). No es fortuito que, en 2016, más de 45 empresas transnacionales hayan declarado pérdidas en sus balances, por sus operaciones en la República Bolivariana de Venezuela, o incluso hayan cesado definitivamente sus actividades en el país. Más allá del ámbito económico, el país se encuentra inmerso en una profunda crisis política y social, al límite de una crisis humanitaria. Muchos venezolanos mueren por falta de medicinas y 9,6 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día. La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2016 señala que al 93 por ciento de los hogares no le alcanzan los ingresos para comprar sus alimentos y que un 82 por ciento de la población vive en situación de pobreza. El 88 por ciento de los jóvenes desearían irse del país en búsqueda de mejores oportunidades. Por ello no es de extrañar que se lleven más de setenta días de protestas ininterrumpidas en las calles. Deploró la pérdida de más de 70 vidas humanas, muy jóvenes en su mayoría. Hizo un llamado al Gobierno indicando que ya era hora de tener un verdadero diálogo social y no reuniones de carácter meramente informativo, sin agenda definida, sin acciones y ni objetivos concretos. Mencionó que, paralelamente, continúan las amenazas e insultos proferidos contra líderes de FEDECAMARAS, a través de todos los medios de comunicación social del Estado, se les acusa de ser, entre otros, asesinos, conspiradores o golpistas. Destacó que FEDECAMARAS aceptaba participar en el diálogo convocado en fecha 13 de junio de 2017, pero no han recibido el programa de la reunión. Recientemente, el mismo Presidente de la República acusó a FEDECAMARAS de «haberse pasado del lado de los fusiles», por negarse a participar en una Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Gobierno, que ha sido cuestionada por distintos actores, entre éstos, la Fiscal General de la República y algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y que además ha suscitado la interposición de recursos judiciales de nulidad por inconstitucionalidad. Enfatizó que FEDECAMARAS no mantiene un doble discurso, no participará ni avalará un proceso en el que se pretende dictar una nueva Constitución, sin la venia del pueblo venezolano. Sin embargo, sí es necesario hablar de los temas que permitan resolver los graves problemas que son de interés común y que afectan a todo el país. En especial, FEDECAMARAS desea discutir sobre la reactivación del aparato productivo, el abordaje estructural de la inflación, la recuperación del poder adquisitivo del salario, de planes para la atracción y mantenimiento de las inversiones, del cese de las ocupaciones forzosas de empresas y del respeto de la libre iniciativa empresarial. Es indispensable y urgente asumir un proceso de verdadero diálogo social, efectivo, responsable, serio y legítimo. Asimismo, es necesario construir las bases de confianza indispensables para dicho diálogo, ya que no es efectiva una política de empleo inconsulta, sobre la mera base de incrementos salariales cada dos o tres meses, anulados por la inflación. Empleadores y trabajadores deben participar en el diseño de las políticas públicas que permitan crear las condiciones básicas para garantizar el sostenimiento de las empresas y de los empleos decentes y así poder ofrecer una vida digna a los venezolanos. Concluyó solicitándole a la Comisión de Aplicación de Normas que, de no ser aceptada por el Gobierno la misión tripartita de alto nivel que se pidió el año pasado, el Consejo de Administración en su próxima reunión estudie nuevamente la conformación de una comisión de encuesta.

El miembro trabajador de la República Bolivariana de Venezuela denunció a la organización de empleadores FEDECAMARAS por el intento de utilizar a la Comisión con fines políticos. Indicó que durante los últimos quince años FEDECAMARAS se ha negado a reconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los poderes públicos así como la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), instrumento que garantiza el cumplimiento de todos los convenios fundamentales de la OIT. Señaló que FEDECAMARAS lejos de utilizar una política que favorezca el empleo y el cumplimiento del Convenio, ha desarrollado una guerra económica cuyo objetivo es el desplazamiento del poder de la revolución bolivariana para apropiarse junto con las trasnacionales de las inmensas riquezas naturales del país. Al respecto, se refirió al despido de más de 9 000 trabajadores por parte de una de las empresas afiliadas a FEDECAMARAS y conocida por ser la más grande productora de alimentos del sector privado en el país. Asimismo, denunció la perpetración de actos violentos por parte de FEDECAMARAS contra medianas empresas de comercio y producción, a las que el Gobierno tuvo que conceder créditos bancarios para recuperar los puestos de trabajo que fueron destruidos. Manifestó que todas esas acciones amenazan los inmensos logros del pueblo venezolano expresados en mejores y permanentes aumentos salariales, estabilidad laboral, las cifras de desempleo más bajas en la región, educación gratuita y de calidad, así como acceso gratuito a la sanidad. Indicó que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha invitado públicamente a los empresarios venezolanos a incorporarse a la instancia nacional de diálogo tripartito, que es el CNEP, donde participan los trabajadores agrupados en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), un sector de los empleadores afiliados a FEDECAMARAS y el Gobierno, con miras a elaborar políticas económicas que permitan superar el modelo productivo capitalista. Se refirió al discurso del presidente de FEDECAMARAS ante la plenaria de la Conferencia el 7 de julio de 2017, en el que éste señaló que debe establecerse un diálogo social legítimo en el país; reestructurarse el Estado y los poderes públicos, los cuales deben ser independientes; hacerse un cambio de modelo económico; enfrentar la inflación; y declaró que la constituyente convocada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela es ilegítima. Manifestó que dicha declaración del presidente de FEDECAMARAS llama a la confrontación y no al diálogo. Expresó asimismo que FEDECAMARAS se niega a participar en la iniciativa de diálogo social, amplio y profundo, como es la Asamblea Nacional Constituyente. Manifestó que los trabajadores y trabajadoras venezolanos y el pueblo venezolano en general, no quieren injerencias en sus asuntos internos, y que son ellos quienes han de resolver sus problemas a través del diálogo. Concluyó que, en conjunto con el Gobierno, las organizaciones de trabajadores garantizan el cumplimiento del Convenio. En este sentido, destacó la fuerte lucha en el marco de la revolución bolivariana por conquistar múltiples derechos anteriormente negados por FEDECAMARAS. Entre tales derechos, subrayó el aumento del salario mínimo en 34 ocasiones en dieciocho años y que benefició a 14 millones de trabajadores; la negociación de 2 177 contratos colectivos en cuatro años que ampararon a más de 8 millones de trabajadores y trabajadoras; la construcción de 1 millón y medio de viviendas para la clase trabajadora; la dotación de autobuses y taxis a los sindicatos del transporte colectivo de pasajeros; la permanente creación de nuevos puestos de trabajo en el área de la producción agrícola; el apoyo crediticio a las pequeñas y medianas industrias; el impulso de los Consejos Productivos de Trabajadores como organizaciones de la clase obrera para dirigir, planificar y monitorear los procesos productivos; y la creación del CNEP. Finalmente, con base en todas estas razones, expresó su rotundo rechazo a la queja interpuesta por la organización de empleadores FEDECAMARAS.

El miembro gubernamental de Panamá, en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), observó que el Informe de la Comisión de Expertos de 2016 se limita a solicitar información adicional y no señala la existencia de un presunto incumplimiento del Convenio. En su Informe, la Comisión de Expertos tomó nota de las informaciones presentadas por el Gobierno sobre la adopción de diversas medidas en el marco del Convenio, tales como el Segundo Plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 2013-2019, la implementación de acciones estratégicas denominadas «Agenda Económica Bolivariana», la creación del Consejo Nacional de Economía Productiva en 2016 como instancia de diálogo tripartito que abarca el desarrollo de áreas económicas estratégicas en el país y la Ley para la Juventud Productiva núm. 392, de 2014. Confió en que el Gobierno seguirá presentando información respecto a la aplicación del Convenio y alentó al mismo a que refuerce el diálogo social tripartito. Destacó la asistencia brindada por la Oficina en relación a la reunión tripartita solicitada por el Gobierno que se celebraría la semana siguiente en el marco de la Conferencia con las delegaciones de empleadores y de trabajadores venezolanos.

La miembro gubernamental de Cuba suscribiendo la declaración del GRULAC y agradeciendo la información suministrada por el Gobierno, consideró que la Comisión de la Conferencia, al analizar este caso, debía tomar en cuenta la información proporcionada por el Gobierno en su memoria y que aparece consignada en el comentario de la Comisión de Expertos de 2016. Entre tales informaciones, destacó la política de empleo, cuyos principales objetivos y líneas de acción aparecen reflejados en el Plan de desarrollo económico y social 2016-2020; los aumentos del salario mínimo básico; regulaciones de inamovilidad laboral; la adopción de un plan reforzado de protección del empleo, los salarios y las pensiones; la estrategia de promoción de la inserción laboral de los jóvenes y la creación del CNEP como instancia de diálogo tripartito que abarca el desarrollo de áreas económicas estratégicas del país. Afirmó que el Gobierno ha cumplido con sus obligaciones en materia de política de empleo, pese al clima de agresiones y guerra económica y mediática, manipuladas desde el exterior con el fin de desestabilizar la sociedad venezolana. Concluyó que no existen fundamentos para que este caso compareciera ante la Comisión de Aplicación de Normas. Considerando que conforme al artículo 22 de la Constitución de la OIT, las informaciones solicitadas al Gobierno por parte de la Comisión de Expertos pueden ser presentadas en la próxima memoria, solicitó a la Comisión de Aplicación de Normas que garantice el cumplimiento de lo legalmente establecido.

El miembro empleador del Perú afirmó que los datos proporcionados por la representante de FEDECAMARAS evidencian que la política económica y de empleo aplicada en la República Bolivariana de Venezuela ni fomenta el empleo ni lo hace de manera productiva, lo que determina que en la práctica el trabajo no sea susceptible de elegirse libremente como establece el Convenio. Señaló, asimismo, que el Gobierno ha incumplido de manera reiterada las solicitudes de la Comisión de Expertos relativas al mandato de constituir un órgano de diálogo social que incluya a las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores. Por lo tanto, solicitó a la Comisión de Aplicación de Normas que instara al Gobierno a cumplir con el Convenio y a aplicar todos los mecanismos disponibles en la OIT con miras a que el Gobierno consulte a las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores para formular políticas económicas y de empleo.

El miembro gubernamental de Nicaragua suscribió la declaración del GRULAC y agradeció al Gobierno las informaciones proporcionadas. Reiteró su preocupación por los intentos de politizar la labor de la OIT al considerar que se había forzado la discusión del caso sin que haya fundamentos técnicos. Recordó que la Comisión de Expertos no constató ningún incumplimiento del Convenio y simplemente requirió información complementaria y ejemplos de la aplicación del mismo. Se refirió a lo manifestado por los miembros empleadores ante la 104.ª Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), en relación al papel de la Comisión de Aplicación de Normas concerniente a este Convenio que debe limitarse a verificar la existencia de una política de empleo que tenga como objetivo el pleno empleo y el empleo productivo, y no a juzgar la validez, la eficiencia o la justificación de las medidas adoptadas. Expresó que, con base en tales declaraciones y a la luz de las informaciones aportadas por el Gobierno, no debe quedar duda de que el Gobierno ha cumplido con el Convenio. Tomó nota con agrado de la reunión tripartita que con asistencia del Director General de la OIT se celebrará el 13 de junio de 2017 entre el Gobierno y las delegaciones de empleadores y de trabajadores venezolanas. Expresó su esperanza que dicha reunión permita reforzar el diálogo social tripartito en el país. Por último, invitó a la Comisión de Aplicación de Normas a hacer una evaluación equilibrada y justa del caso e instó a la misma a no prestarse a maniobras políticas que alejan a la OIT del noble objetivo para el que fue fundada.

El miembro empleador de Honduras señaló que en el país no existe una política activa de empleo destinada a promover un empleo pleno, productivo y libremente elegido, y que el Gobierno no mantiene un diálogo social con los principales actores del país. Recordó que se trata de un Convenio de gobernanza, prioritario de la OIT y que, de 1990 a la fecha, la Comisión de Expertos ha formulado 14 observaciones sobre la aplicación del mismo. Recordó asimismo que, pese a que en 2016 la Conferencia instó al Gobierno a aceptar una misión tripartita de alto nivel, hasta la fecha el Gobierno no ha dado cumplimiento a la misma. Destacó que es necesario que la Comisión de Aplicación de Normas logre que el Gobierno acepte la conformación de dicha misión tripartita de alto nivel, o acepte la asistencia técnica de la OIT para la conformación de una mesa de diálogo tripartito y manifestó que, en caso de que el Gobierno no aceptara ninguna de estas dos propuestas en el marco de la Conferencia, debería trasladarse al próximo Consejo de Administración para que examine la conformación de una comisión de encuesta para el debido cumplimiento del Convenio.

El miembro gubernamental de Mauritania señaló que el Gobierno ha informado sobre los grandes esfuerzos que ha realizado para asegurar el pleno empleo y continuar garantizando así la dignidad de todos los ciudadanos de este país. Se sometió a la Comisión de Expertos la memoria de 2016 relativa a la aplicación del Convenio, en la que se subrayan los progresos realizados en lo tocante a la promoción del empleo. Además, en su comentario de 2016, la Comisión de Expertos se limita a solicitar al Gobierno que comunique información complementaria. La presentación de la política de empleo se ha apreciado en su justo valor y éste es sin duda el motivo por el que la Comisión de Expertos no ha detectado casos de incumplimiento grave del Convenio, limitándose a solicitar al Gobierno que proporcione ejemplos más concretos. En su empeño por cumplir todas las condiciones para asegurar el éxito de la política de empleo, el Gobierno ha reforzado el diálogo social. Por lo tanto, conviene alentar a los empleadores a que se asocien con los trabajadores y el Gobierno con el fin de unir los mejores métodos y medios para alcanzar los objetivos asignados a esta política. En vista de lo que precede, puede deducirse que la política de empleo de la República Bolivariana de Venezuela es muy sólida, que las condiciones de los trabajadores en términos salariales son buenas, que el empleo de los jóvenes tiene una dinámica especial y que la situación de las personas de edad y de los trabajadores jubilados sigue siendo satisfactoria.

El miembro trabajador de Honduras manifestó que, pese a cumplir con la aplicación de las leyes en materia laboral, el país es nuevamente víctima de un juego político. Destacó los grandes avances que se han logrado en lo que respecta a la protección social y defensa de los derechos laborales, y destacó asimismo el rol que ha desempeñado la CBST. Indicó que, si bien el Informe de la Comisión de Expertos no hace mención alguna al incumplimiento del Convenio, preocupan las denuncias de los sindicatos sobre algunos empleadores afiliados a FEDECAMARAS, que se vienen dedicando al sabotaje de la producción de bienes y servicios, cerrando sus empresas y echando a la calle a centenares de trabajadores. Al mismo tiempo, reconoció las acciones de otros sectores de empleadores también afiliados a FEDECAMARAS que mantienen sus empresas con altos índices de productividad, respetando la estabilidad de los trabajadores y participando con el Gobierno y los trabajadores en el CNEP.

Una observadora en representación de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recordó que el Convenio prevé la declaración y aplicación de una política activa destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Dicha política debe tener por objeto asegurar que haya trabajo para todo el que busca empleo, trabajo productivo y libre elección del empleo, y que se brinde a los trabajadores la oportunidad de utilizar sus calificaciones en un empleo para el que sean aptos. El Convenio exige también la celebración de consultas con los interlocutores sociales. El empleo productivo y sostenible es la base del trabajo decente, de la creación de riqueza y de la justicia social. El empleo es el resultado de las inversiones, y un indicador del éxito de una política de empleo es si alienta o desalienta las inversiones y la creación de empleo. Éste es el segundo año consecutivo en que la República Bolivariana de Venezuela ha comparecido ante la Comisión. El Gobierno no ha dado curso a las conclusiones de 2016 de la Comisión, y la situación en el país ha empeorado desde entonces. El Congreso de la República Bolivariana de Venezuela, dirigido por la oposición, ha comunicado que, en febrero de 2017, los precios del consumo aumentaron un 741 por ciento en relación con el mismo mes del año anterior. Desde 2014, tanto la pobreza general como la extrema pobreza se han deteriorado hasta caer a los niveles más bajos registrados en al menos un decenio y medio. Miles de empresas del sector privado han cerrado, se han perdido empleos y ha aumentado la economía informal. La situación social y económica del país es dramática y ha seguido deteriorándose. La oradora exhortó al Gobierno a que cumpla las disposiciones del Convenio tanto en la legislación como en la práctica, siguiendo una política activa concebida para promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido. Recordó el papel que desempeñan las organizaciones de trabajadores representativas y FEDECAMARAS a este respecto, así como las recomendaciones formuladas por el Consejo de Administración y los órganos de control de la OIT, y las contenidas en el informe de la misión de alto nivel que visitó la República Bolivariana de Venezuela en 2014.

El miembro gubernamental de la República Islámica del Irán observó que las medidas adoptadas por el Gobierno evidencian su voluntad de mejorar la situación y merecen la debida consideración por parte de la Comisión. Tomando nota de las estadísticas proporcionadas por el Gobierno en su memoria y de las medidas adoptadas para promover el empleo de los jóvenes, acogió con beneplácito la creación del CNEP con miras a abordar el desarrollo de las áreas económicas estratégicas por conducto del diálogo tripartito. Hasta la fecha, el CNEP ya ha celebrado más de 300 reuniones. Dado que el Convenio conlleva una serie de elementos técnicos, su aplicación apropiada y efectiva requiere la asistencia técnica de la Oficina. Con este fin, pidió a la Oficina que preste más asistencia técnica al Gobierno, y reiteró su apoyo a los continuos esfuerzos del Gobierno para mejorar las condiciones nacionales.

El miembro trabajador de Colombia manifestó que la clase trabajadora venezolana está migrando, debido a la falta de oportunidades, alimentos y servicios médicos y recordó que en 2016, la Conferencia deploró la crisis social y económica que afectaba al país así como la ausencia de una política activa de empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Subrayó que la Comisión debería exigir al Gobierno que acepte la asistencia técnica de la OIT y que se concrete la misión tripartita de alto nivel. Concluyó indicando que es inaceptable que se señale como golpistas y terroristas a quienes se atreven a protestar ante una situación inaceptable.

La miembro gubernamental del Estado Plurinacional de Bolivia se sumó a la declaración realizada por el GRULAC y destacó que en su Informe, la Comisión de Expertos no hizo alusión alguna a incumplimientos precisos del Convenio. Destacó, asimismo, que el Convenio no impone a los Estados la obligación de implementar un modelo económico y social específico, sino que alienta la implementación de políticas de empleo en el marco de la soberanía de cada Estado. En tal sentido, subrayó que las políticas públicas destinadas a efectivizar y garantizar derechos humanos progresivos, deben ser analizadas respetando el margen de apreciación soberano de cada Estado, y que el examen que realiza la Comisión de Expertos debe ser objetivo, exhaustivo, y debe limitarse a consideraciones jurídicas dentro de su mandato.

El miembro trabajador de Benin subrayó que, según la observación de la Comisión de Expertos de 2017, el Gobierno ha proporcionado información actualizada sobre el Convenio; que la política de empleo existe gracias al Plan de desarrollo económico y social; que se ha informado de esta política a los interlocutores sociales, tal como se mencionó en 2015 en los debates celebrados durante la Comisión de Aplicación de Normas, y que se escucha a estos últimos en el CNEP. Por todas estas razones, el examen del caso de la República Bolivariana de Venezuela por la Comisión de Aplicación de Normas está injustificado. Miles de trabajadores son despedidos en otros países sin que la Comisión examine su caso. Los empleadores de la República Bolivariana de Venezuela quieren reducir el número de trabajadores en el país. Sin embargo, no pueden despedir a ningún trabajador sin la autorización del Gobierno. En la República Bolivariana de Venezuela, las pensiones y los salarios garantizados se aumentan por decreto presidencial, y los convenios colectivos se negocian. Existen lugares en el mundo donde la situación de los trabajadores es mucho peor y, sin embargo, la Comisión de Aplicación de Normas no examina esos casos. Por lo tanto, está injustificado que se pretenda condenar a la República Bolivariana de Venezuela. Los empleadores quieren que el país pierda todo lo que las personas han logrado y que muchos trabajadores admiran. Los trabajadores del mundo entero son solidarios con la República Bolivariana de Venezuela.

La miembro gubernamental del Pakistán indicó que valora la declaración realizada por el GRULAC y acogió con beneplácito tanto las acciones emprendidas por el Gobierno para velar por el cumplimiento de las normas del trabajo en el país a través de medidas legislativas y políticas, como el compromiso constructivo con los órganos de control de la OIT. Se felicitó por que el Gobierno esté de acuerdo en recurrir a la asistencia técnica de la OIT para solucionar estas cuestiones por conducto del diálogo tripartito. La oradora tomó nota con reconocimiento de la presentación a tiempo de memorias e información, y de que en la última observación de la Comisión de Expertos no se menciona el incumplimiento. Esperaba con interés que se celebren los próximos debates, el 13 de junio de 2017, entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, los empleadores y los trabajadores, y confiaba en que se obtengan resultados positivos y se dé por terminado el caso.

Una observadora en representación de la Organización Mundial de Trabajadores indicó que las recomendaciones de esta Comisión y del resto de los órganos de control de la OIT han sido desatendidas por el Gobierno y que la situación en el país ha empeorado. Casi 7,7 millones de personas están desempleadas o trabajan en el sector informal de la economía, el 60 por ciento de los hogares sólo hacen dos tiempos de comida y que cientos de familias hoy hurgan en la basura para subsistir en uno de los países con más riquezas en el mundo. Destacó que es necesario que se produzca un cambio en la política económica y social en el país y apoyó que se lleve a cabo la misión tripartita de alto nivel.

La miembro gubernamental de Myanmar elogió al Gobierno por la presentación a tiempo de su memoria y tomó nota de que la República Bolivariana de Venezuela cuenta con una política de empleo sostenida en el marco de su Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Alentó a los empleadores y al Gobierno a entablar un diálogo objetivo y constructivo sobre el cumplimiento del Convenio, especialmente en relación con las dificultades que plantea la política de empleo. Se felicitó asimismo por la reunión tripartita y confió en que se obtengan resultados positivos, que pondrían fin a la necesidad de que la Comisión examine el caso en el futuro.

El miembro empleador de Chile recordó que era el segundo año consecutivo que se analizaba en la Comisión el incumplimiento por parte de la República Bolivariana de Venezuela del Convenio. La comunidad internacional ha sido testigo de cómo la crisis social y económica se ha profundizado de manera dramática, afectando a los trabajadores y empleadores. La ausencia de una política activa de empleo destinada a promover el empleo productivo impide estimular el crecimiento y el desarrollo económico, mejorar el nivel de vida de la población, satisfacer las necesidades de mano de obra, y resolver la grave situación de desempleo y subempleo que vive el país. Por otra parte, la ausencia de diálogo social en el país sigue repercutiendo negativamente en el empleo, porque el Gobierno sigue sin consultar a FEDECAMARAS en su calidad de organización más representativa de los empleadores, y en la formulación de una (inexistente) política de empleo. Recientemente el Gobierno venezolano ha decidido convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, destinada a generar una nueva constitución para el país, iniciativa que desde su anuncio ha sido cuestionada por la sociedad civil, por no respetar el procedimiento para su convocatoria que prevé la constitución vigente. Y es en ese espacio en el que el Gobierno ha invitado a participar a FEDECAMARAS, pretendiendo que con el mismo se esté dando cumplimiento a la promoción del diálogo social y el deber de consulta establecidos en el Convenio. Hizo un llamado para que el Gobierno acepte la misión tripartita de la OIT y realice consultas tripartitas genuinas con vistas a implementar una política activa de empleo.

El miembro gubernamental de la Federación de Rusia tomó nota de que el Gobierno se ha comprometido a colaborar de una manera constructiva con la OIT y con los interlocutores sociales, incluida FEDECAMARAS. El Gobierno ha actuado continuamente basándose en el diálogo tripartito con el objetivo de reestablecer la confianza y de alcanzar un consenso. La Comisión de Expertos no ha observado ningún incumplimiento por la República Bolivariana de Venezuela de sus obligaciones contraídas en virtud del Convenio, por lo que resulta difícil comprender que se haya incluido el caso en la lista. La aplicación efectiva del Convenio depende del nivel de desarrollo económico y social de cada país. Se trata de un Convenio marco que no puede analizarse en términos de su aplicación a escala nacional. A su juicio, la Comisión de Expertos no puede evaluar el contenido de las políticas de empleo contempladas en el Convenio, y el examen reiterado de esta cuestión por la Comisión de la Conferencia no promoverá la ratificación del Convenio por otros Estados Miembros. Al tiempo que expresó una vez más su preocupación por los intentos repetidos de utilizar la OIT con fines políticos, el orador acogió con satisfacción la colaboración del Gobierno y la OIT para promover la aplicación de las normas del trabajo en el país, y expresó la esperanza de que prosiga dicha cooperación.

El miembro trabajador de la República Dominicana señaló que en la República Bolivariana de Venezuela se han sucedido gobiernos que lograron una mayor justicia distributiva a través de incrementos salariales que disminuyeron la desigualdad. Lograron también que la mujer y la juventud reivindiquen sus derechos, que disminuya el desempleo, y el acceso de muchas personas a la alfabetización y la salud. Esto causa irritación en algunos sectores que siempre se han beneficiado de la situación de desprotección que viven los trabajadores en esa región. Consideró importante las expresiones de los miembros empleadores indicando que el empresariado no estaba para intervenir en cuestiones políticas sino para generar riqueza. En este sentido, recordó que un empresario venezolano dio un golpe de Estado en 2002 que duró 48 horas, pretendiendo sustituir al Gobierno legítimamente electo. Expresó estupor por la situación de un ciudadano venezolano que fue quemado vivo por sospecharse que era simpatizante del Gobierno y reclamó el cese de ese tipo de actos.

El miembro gubernamental de Burundi indicó que, en el comentario de 2017 de la Comisión de Expertos, se solicita al Gobierno que comunique información detallada concreta sobre ciertos aspectos del Convenio, sin mencionar su incumplimiento. En virtud de los artículos 1 y 2 del Convenio, la política de empleo es específica para cada país, tiene en cuenta la fase y el nivel de desarrollo económico, y se pone en práctica a través de métodos adaptados a las condiciones y las prácticas nacionales. El Convenio prevé la celebración de consultas con los representantes de los empleadores y de los trabajadores, a fin de tener en cuenta su experiencia y su opinión. Sin embargo, estas consultas no son vinculantes y el Convenio no crea la obligación de negociar la política de empleo. La función de la Comisión de Expertos y de la Comisión de la Conferencia respecto del Convenio es velar por que los Estados Miembros tengan la intención explícita de garantizar un empleo pleno y productivo, lo que el Gobierno ha demostrado claramente. No incumbe a la Comisión de Expertos evaluar la validez, la efectividad o la justificación de las medidas adoptadas de conformidad con el Convenio. Este último es un instrumento de promoción que no necesita el contenido de la política de empleo, sino que tiene en cuenta el contexto político, económico y social del país. Es lamentable que se trate de un caso político claro de los miembros empleadores contra el Gobierno. Una vez más, el examen del caso por la Comisión de la Conferencia está injustificado. Por último, el orador solicitó al Gobierno que proporcione más información sobre la aplicación del Convenio, en el marco de la presentación periódica de memorias.

La miembro trabajadora del Paraguay recordó que la CGT asumió en ocasión de la anterior Conferencia el compromiso de presentar una queja contra el Gobierno, en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT, por las reiteradas violaciones a la libertad sindical, la discriminación en el empleo y la protección del salario, con la intención de presionar al Gobierno para que asumiera que sin justicia social no hay paz. Desafortunadamente el Consejo de Administración decidió dividir la queja para que una parte fuera al Comité de Libertad Sindical y la otra a la Comisión de Expertos. Señaló que el Gobierno ignora las recomendaciones de la OIT, lo que agudiza la situación del país que hoy se encuentra en una crisis con el pueblo en las calles exigiendo comida, salud, medicinas empleos y seguridad. Le solicitó al Gobierno que escuche y adopte las recomendaciones de la Misión de la OIT que visitó el país, que constató la ausencia de una política de empleo ocasionada por el crecimiento de la pobreza, que se considera que afecta a un 53 por ciento de la población. La imposición de un salario mínimo, sin consulta a la clase trabajadora y sin respetar el Convenio, en un escenario con un alto índice de inflación ha provocado una disminución del poder adquisitivo.

El miembro gubernamental de Egipto, tomando nota de la visión global proporcionada por el Gobierno sobre las medidas adoptadas en virtud del Convenio, reconoció los esfuerzos realizados para entablar un diálogo social tripartito con los interlocutores sociales y para adoptar una política de empleo que acabe con el desempleo. Alentó al Gobierno a proseguir sus esfuerzos para cumplir el Convenio y a continuar recurriendo a la asistencia técnica de la OIT.

El miembro trabajador de Nicaragua expresó su rechazo a que se haya incluido el caso de la República Bolivariana de Venezuela en la lista de casos a tratar por la Comisión, por tener tintes políticos y estar dirigido a socavar la estabilidad del país. Es reiterada la actitud arrogante del sector empleador por sostener este caso sin fundamento. Este empresariado es parte de la guerra económica contra el Gobierno, reclama diálogo en la OIT pero no acude o pone condiciones cuando el Gobierno o los trabajadores lo convocan a dialogar para buscar soluciones a los problemas económicos. El caso no se sustenta en violación alguna, ya que incrementar el salario mínimo ante la actitud empresarial de evadir este derecho demuestra la preocupación del Gobierno en restituir el poder adquisitivo de los trabajadores. Detrás de la supuesta defensa de derechos humanos, fuerzas externas generan acciones para crear condiciones que atentan contra la paz y la tranquilidad del pueblo venezolano. Es obvio el interés y deseos de la derecha extrema en querer dar un golpe de Estado y utilizan estos espacios para crear condiciones para justificar esas acciones. Aquellos que dicen que las protestas son pacíficas en Venezuela, queman y saquean comercios. Subrayó que una periodista nicaragüense fue impactada por un balazo durante las manifestaciones.

El miembro empleador del Uruguay observó que los cuestionamientos a la República Bolivariana de Venezuela en la OIT han dejado de ser una preocupación exclusiva del sector empleador. Hoy en día las denuncias son también presentadas por el sector trabajador. Consideró que el sistema de control de la OIT es una oportunidad para los países miembros de mejorar las políticas que impulsan, adecuándolas a los convenios ratificados. En lo que se refiere al Convenio núm. 122, la Comisión de Expertos ha solicitado al Gobierno el cumplimiento de diversas acciones definidas por la Comisión de Aplicación de Normas, que aún se encuentran pendientes de ejecución y que se deben cumplir en instancias de diálogo social. Es urgente encontrar puntos de encuentro entre los actores sociales, ya sea a través de asistencia técnica, de una misión o una comisión de encuesta. Dada la situación por la que atraviesa el país, expresó su deseo de que nada de lo que se diga en la Comisión de Aplicación de Normas fomente aún más la división, y que los representantes del Gobierno, del sector trabajador y del sector empleador, logren tomar en forma constructiva las distintas intervenciones, especialmente, aquellos aspectos que podrían mejorar el diálogo social.

Un observador en representación de la Federación Sindical Mundial (FSM) observó que los países de algunas de las organizaciones que acusan al Gobierno no han ratificado el Convenio. Se acusa al Gobierno de no tener una política destinada a promover el pleno empleo, sin embargo, ningún Miembro de la OIT ha logrado ese objetivo. El Gobierno informó que ha procurado implementar una política de empleo en la medida en que sus condiciones económicas y prácticas nacionales lo permitan. Hay países en el mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, con peores indicadores en materia de empleo. En la publicación de la OIT, Panorama Laboral 2016, se puede constatar que la tasa de desocupación en la República Bolivariana de Venezuela es del 7,5 por ciento, lo que la sitúa en el noveno lugar entre los veinte países de la región Latinoamericana. Consideró que se está juzgando severamente al Gobierno y se le imponen obligaciones que no forman parte de la letra del Convenio, como lograr el pleno empleo, crear de forma inmediata un órgano tripartito de diálogo social, y garantizar el empleo juvenil, el empleo en las pequeñas y medianas empresas. Las acusaciones son un pretexto para cuestionar al país por todo. Los mismos que en Venezuela toman la calle, paralizan la economía, impiden el trabajo y tratan por todos los medios de tumbar al Gobierno, son los mismos que reclaman pleno empleo en la Comisión de Aplicación de Normas. La OIT no debe ser utilizada para estos fines. La crisis económica y social que vive el país no puede ser resuelta desde el exterior, sino que debe ser resuelta soberanamente por los propios venezolanos. Consideró que por esos motivos la República Bolivariana de Venezuela no debería estar dentro de los 24 casos seleccionados por la Comisión de Aplicación de Normas. Solicitó que no se sancione de ninguna forma al país en las conclusiones que adopte la Comisión de Aplicación de Normas.

El miembro gubernamental de Argelia acogió con agrado los progresos tangibles realizados por el Gobierno, en particular su voluntad política en relación con la aplicación de la política de empleo en el marco de una política económica y social coordinada, y tomó nota con satisfacción de la participación de los interlocutores sociales en el CNEP, el foro tripartito de diálogo y concertación que se ocupa del desarrollo de zonas económicas estratégicas en el país. Se alienta al Gobierno a perseverar en sus esfuerzos por aplicar la política de empleo, cuyo objetivo sigue siendo la reducción de la tasa de desempleo y el bienestar de los trabajadores del país.

El miembro trabajador de Cuba observó que los artículos 1 y 2 del Convenio prevén que la política de empleo es específica a cada país, teniendo en cuenta el nivel y la etapa de desarrollo económico, político y social. Recordó que en la República Bolivariana de Venezuela ha habido una guerra económica, motivada por el rechazo a un modelo de producción distinto a los intereses del capital y con justicia social. Además, ha habido intentos de agudizar el conflicto social, suscitando disturbios del orden público. Opinó que, en este caso, trascienden elementos políticos y no técnicos, ya que tanto la letra del Convenio como los comentarios de la Comisión de Expertos no dan cabida a mucho debate. Hace más de quince años que el país figura entre las listas preliminares o definitivas de casos ante la Comisión. En esta última ocasión, la Comisión de Expertos no identificó ningún incumplimiento. Hizo un llamado a quienes integran la Comisión indicando que no se deberá permitir que, en la próxima Conferencia, se repitan hechos como éste, poniendo en peligro los mecanismos tripartitos de la OIT.

El miembro gubernamental del Ecuador se adhirió a la declaración del GRULAC y apoyando al Gobierno, recordó que la Comisión de Expertos no constató ningún incumplimiento del Convenio y simplemente requirió información complementaria y ejemplos de la aplicación del mismo. Por lo tanto, consideró que la inclusión injustificada de este caso, obedecía a una motivación política. Informó de la celebración el 13 de junio de 2017, en el marco de la Conferencia, de una gran reunión entre el Gobierno y las delegaciones de empleadores y de trabajadores venezolanos con miras a reforzar el diálogo social tripartito en la República Bolivariana de Venezuela. Indicó, no obstante, que este nuevo llamado ante la Comisión de Aplicación de Normas podría empañar y prejuzgar los resultados de dicha reunión y afectar al diálogo tripartito tan necesario en el país. Concluyó que cualquier agenda internacional de apoyo a la paz en la República Bolivariana de Venezuela, inclusive para temas laborales, debe estar diseñada conjuntamente con el Gobierno e incluir un enfoque constructivo sobre las vías a utilizar.

El miembro empleador de México indicó que el país no cumple con el Convenio y que si bien en el marco del examen del Consejo de Administración se confió en que el Gobierno iba a impulsar un diálogo efectivo, el Gobierno no elaboró un plan de acción en consulta con los actores sociales ni constituyó la mesa de diálogo tripartito. Destacó que se necesita más que la palabra del Gobierno para garantizar que cumplirá con sus obligaciones.

El miembro gubernamental de Ghana recordó que el Convenio sienta las bases de las leyes, la regulación del empleo y los instrumentos que rigen el mundo del trabajo, también al proporcionar una plataforma para garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva. Es esencial que todos los gobiernos, entre ellos el de la República Bolivariana de Venezuela, velen por la aplicación del Convenio y contribuyan a apaciguar y fomentar la sensatez entre los interlocutores en el mundo del trabajo. El Gobierno ha tomado nota de las preocupaciones expresadas por la Comisión con respecto a las tendencias del mercado de trabajo, el empleo de los jóvenes y la participación de los interlocutores sociales, y ha comenzado a adoptar medidas en respuesta a las solicitudes de la Comisión de Expertos. Se han proporcionado algunos informes estadísticos sobre las tendencias, y el Gobierno ha suministrado información relativa a una ley sobre el empleo de los jóvenes de 2014, que parece haber facilitado el acceso al mercado de trabajo y podría ir más lejos para asegurar el trabajo decente. Instó al Gobierno a que siga colaborando con la OIT para responder a las preocupaciones transmitidas y satisfacer las aspiraciones que ha establecido.

El miembro empleador de España observó que por segunda vez consecutiva se analiza ante la Comisión el incumplimiento del Convenio por parte del Gobierno. Resaltó que no corresponde en la Comisión juzgar la idoneidad de las políticas de empleo del país, pero sí evaluar si el Gobierno está formulando, en colaboración con los empresarios venezolanos representados por FEDECAMARAS, esas políticas. La situación económica y social del país es dramática. La falta de una política macroeconómica equilibrada, la inexistencia de un entorno de negocios que permita al tejido productivo local generar empleo, así como la ausencia de políticas activas de desempleo, han traído consigo la paralización de importantes sectores económicos del país y provocado un serio problema de desabastecimiento, lo que está minando de manera inexorable la estructura productiva del país. Asimismo, no existe un diálogo social estructurado que permita poner en marcha las medidas necesarias para salir de la profunda crisis que vive el país. Por diecisiete años consecutivos se viene excluyendo a FEDECAMARAS, la organización empresarial más representativa del país, del diálogo social. Donde más se pone en evidencia la falta de voluntad del Gobierno de abrir un diálogo abierto constructivo, es en su falta de predisposición a aceptar una misión de alto nivel o la asistencia de la OIT para constituir una mesa de diálogo tripartito, tal como propuso esta Comisión al Gobierno el año pasado. Solicitó a la Comisión que recomiende, de no ser aceptado así por el Gobierno en el marco de la Conferencia, activar los mecanismos alternativos previstos en la OIT.

El representante gubernamental agradeció las declaraciones del GRULAC, de los miembros gubernamentales y de los trabajadores que, en su mayoría y de forma calificada, se pronunciaron a favor de su Gobierno. Reiteró que el Convenio tiene carácter promocional y sólo requiere de los Gobiernos que adopten una política de empleo, sin especificar el contenido de la misma. El pleno empleo ha de basarse en políticas amplias, teniendo en cuenta el entorno político, el nivel y la etapa de desarrollo económico y social, la inflación y el respeto de los derechos humanos; además, sus métodos de aplicación deben ser apropiados a las condiciones y prácticas nacionales. Ni la Comisión de Expertos ni la Comisión de Aplicación de Normas son competentes para juzgar la validez, la eficacia o la justificación de las medidas adoptadas en torno al Convenio. Reiteró que la Comisión de Expertos no había identificado incumplimiento alguno; pero, pese a ello, se decidió incluir a la República Bolivariana de Venezuela entre los casos a ser examinados, sin esperar que la información solicitada fuese proporcionada. Esto denota las motivaciones políticas y no técnicas de los empleadores, y más específicamente de FEDECAMARAS, las cuales prevalecieron. Recordó la oposición continua de FEDECAMARAS, quien incluso encabezó el golpe de Estado de abril de 2002, promoviendo poco tiempo después de su fracasado golpe un paro patronal que tuvo un costo de 20 000 millones de dólares y ocasionó el cierre de empresas y el desempleo de miles de trabajadores. Desde hace más de dos meses, partidos de la oposición venezolana han auspiciado protestas que, en su mayoría, han concluido de forma violenta, ocasionando a la fecha 66 lamentables muertes. Es penoso que estos actos violentos no hayan sido cuestionados y condenados por FEDECAMARAS ni por algunas organizaciones sindicales minoritarias. El Gobierno ha dado pasos concretos para convivir democráticamente en un ambiente de diálogo, concertación y paz, pero es precisamente FEDECAMARAS quien se autoexcluye. En todas las ocasiones en las que se ha figurado en la lista de casos de la Comisión de Aplicación de Normas, ha sido a petición de los miembros empleadores. Es más, en pasadas sesiones, voceros del Grupo han expresado que el Gobierno sería llamado de forma permanente, independientemente del convenio invocado. En el marco del proceso constituyente, sólo ha acudido la CBST que es la organización sindical más representativa, la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y personeros de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). La Asamblea Nacional Constituyente es nuestro máximo ente legislativo, con amplios poderes para modificar el modelo económico, el cuál es uno de los aspectos más controversiales en la dinámica política nacional. Es por ello que no condonamos la actitud de FEDECAMARAS que habiendo sido convocada, se niega a participar. Añadió que el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente se mantiene, estando reservados cinco escaños para los empresarios y 79 para los trabajadores. Concluyó manifestando la esperanza de que las conclusiones, producto de este amplio debate, sean objetivas y equilibradas, alejadas de consideraciones negativas y subjetivas contra el Gobierno. Confió que no habría necesidad de analizar nuevamente este caso en el futuro. Se compareció ante la Comisión de Aplicación de Normas con la mejor disposición y el más amplio sentido democrático, tal y como se seguirá haciendo cuantas veces sea necesario, para reafirmar que el Gobierno no privilegiará los intereses privados, capitalistas y particulares, en perjuicio de la clase trabajadora y del pueblo venezolano.

Los miembros trabajadores respondieron a la declaración de los miembros empleadores según la cual el aumento del salario mínimo ha contribuido a la crisis económica, invitándoles a recordar la referencia a la Declaración de Filadelfia contenida en el Convenio, que reafirma la necesidad de políticas y programas salariales destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso y un salario mínimo vital para todos los que tengan empleo. La República Bolivariana de Venezuela ha registrado avances positivos en materia de política de empleo, sobre todo en el período transcurrido hasta 2014, en el que el país se benefició de unos elevados precios del petróleo sin precedentes, lo cual favoreció el aumento del gasto público en ambiciosos programas. Sin embargo, la actual crisis económica y política puede poner en peligro esos importantes avances. Los trabajadores y los grupos más pobres de la sociedad se enfrentan al incremento de las tasas de desempleo y al trabajo precario, y miles de trabajadores se han visto obligados a volver a la economía informal. Esta crisis exige el diálogo social y el tripartismo. Al tiempo que recordaron que el Gobierno no ha aceptado la recomendación formulada por la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia de que acepte la visita de una misión tripartita de alto nivel, los miembros trabajadores subrayaron que el Gobierno tampoco ha fijado un calendario detallado para restablecer el diálogo tripartito con el fin de abordar la política económica y las relaciones laborales, y que se ha abstenido de dar cumplimiento a la recomendación de establecer una mesa redonda con la participación de la OIT, después de la misión de alto nivel de 2014. Los miembros trabajadores instaron al Gobierno a que adopte medidas concretas tendientes a formular y adoptar una política activa de empleo que tenga por objeto promover el empleo pleno, productivo y libremente elegido de conformidad con el Convenio, a implantar un órgano estructurado de diálogo tripartito social estructurado, a tomar medidas inmediatas que fomenten un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y a fijar y aplicar con urgencia plazos en relación con todos los compromisos contraídos anteriormente con el Consejo de Administración, incluida la celebración de consultas con los interlocutores sociales.

Los miembros empleadores declararon haber escuchado con suma atención el debate, conscientes del interés suscitado por este tema, también notaron las claras divergencias que éste evidencia. Destacaron que sí hay una situación de incumplimiento del Convenio, en dicha apreciación discrepan con lo manifestado por el representante gubernamental. Luego de dar lectura al artículo 3 del Convenio, enfatizaron que no se estaba dando efecto al mismo, ante la ausencia de participación de organizaciones muy representativas, como son FEDECAMARAS, la CTV, la UNETE, la CGT, y CODESA. Las conclusiones de la Comisión deben reflejar dicho extremo. Notaron con agrado que el régimen laboral transitorio ya no está en vigor, situación que no había sido hecha de su conocimiento y que generaba una enorme inquietud. Por otro lado, manifestaron su preocupación al observar que la Comisión de Expertos no había tomado debida nota de las informaciones que FEDECAMARAS había presentado en relación con ese asunto, éste debió haber sido subrayado con mayor énfasis. En el marco de la presente discusión ante la Comisión, FEDECAMARAS ha solicitado específicamente la reactivación del apartado productivo, el abordaje estructural de la inflación, la recuperación del poder adquisitivo del salario, la creación de planes para la atracción y mantenimiento de las inversiones, el cese de las ocupaciones forzosas de empresas y el respeto de la libre iniciativa empresarial. Declararon que no podían consentir una afirmación en el sentido de que sí existe una política de empleo, por el simple establecimiento de un plan en el que no participaron terceros. En efecto, el Plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 2013-2019 no cuenta con la participación de muchos representantes de los trabajadores ni con la de la organización más representativa de los empleadores. Dicho asunto debe ser estudiado a la luz del Convenio sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26), del Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) y, por supuesto, del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87). Es indispensable que haya consultas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más representativas. Hicieron un llamado vehemente al establecimiento, de manera inmediata y efectiva, de consultas tripartitas genuinas que concluyan en la formulación e implementación consensuada de una política activa de empleo. También pidieron al Gobierno que aceptara la asistencia técnica y la misión tripartita de alto nivel solicitada el año pasado. Consideraron que es urgente tomar medidas, y que por ello consideran indispensable que las conclusiones figuren en un párrafo especial.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la información proporcionada por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión tomó nota con gran preocupación de que el Gobierno aún no ha dado curso a las conclusiones de 2016 de la Comisión.

La Comisión tomó nota de la falta de diálogo social en relación con una política activa de empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido.

A la luz de la discusión, la Comisión instó al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que, con la asistencia técnica de la OIT y sin dilación:

- formule, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, una política de empleo orientada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en un clima de diálogo exento de cualquier forma de intimidación;

- adopte medidas concretas para poner en práctica una política de empleo que estimule el crecimiento y el desarrollo económicos, eleve los niveles de vida y ayude a combatir el desempleo y el subempleo, e

- institucionalice un debate tripartito, con la presencia de la OIT, para fomentar un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones de empleadores y de trabajadores a fin de impulsar el diálogo social y promover unas relaciones laborales sólidas y estables.

La Comisión pidió al Gobierno que aplique el Convenio núm. 122 y dé seguimiento sin mayor dilación a las conclusiones de 2016 de la Comisión. Asimismo, pidió al Gobierno que informe con detalle antes de la próxima reunión de la Comisión de Expertos, que se celebrará en noviembre de 2017, sobre las medidas adoptadas para aplicar estas recomendaciones.

El representante gubernamental agradeció los esfuerzos realizados por la Comisión. No obstante, declaró que se oponía a las conclusiones leídas en la Comisión por considerar que en ellas se dan por ciertas informaciones sesgadas, poco veraces e infundadas y sin relación con el Convenio núm. 122. En particular, las conclusiones no tienen en cuenta lo manifestado por el Gobierno, los trabajadores y los representantes de otros gobiernos que han participado en el debate, lo que las aleja de la objetividad y la transparencia y afectan a la credibilidad de la Comisión. Por ese motivo, consideró que urge una mejora de los métodos de trabajo de la misma para evitar la formulación de conclusiones subjetivas, desproporcionadas e inaplicables. El orador manifestó que el Gobierno seguiría cumpliendo con los convenios ratificados y desarrollando políticas en beneficio de la clase trabajadora y del pueblo venezolano, y añadió que esperaba que la OIT reconociera los resultados de estos esfuerzos. Por último, subrayó el hecho de que poco antes de la celebración de la reunión tripartita con el Director General, la Organización de Empleadores Venezolanos (FEDECAMARAS), esta Federación comunicó que no asistiría a la misma, argumentando que deseaba «un ambiente neutral y de discreción, sin intereses de naturaleza política». A este respecto, el orador destacó que la autoexclusión por FEDECAMARAS del diálogo tripartito, además de no ayudar al sector empleador venezolano, contradice las acusaciones formuladas contra el Gobierno de estar cerrado al diálogo social. Por último afirmó que, al contrario, el Gobierno se mantiene siempre dispuesto a este diálogo, e invitó a la Comisión a que incluya en las conclusiones un llamado expreso a FEDECAMARAS para que se incorpore al diálogo nacional e internacional.

Los miembros empleadores declararon que deseaban dejar constancia, sin reabrir el debate, que la reunión tripartita que se había convocado para el día anterior entre el Gobierno y los interlocutores sociales, lamentablemente no había incluido una invitación a todas las organizaciones de trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela presentes en la Conferencia. En vista de esa falta de equilibrio en la representatividad, la organización de empleadores había decidido abstenerse de participar en dicha reunión.

Caso individual (CAS) - Discusión: 2016, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)



Un representante gubernamental reafirmó el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de los Convenios de la OIT ratificados. Destacó que es la primera vez que se llama al Gobierno con motivo del Convenio núm. 122. El Gobierno, ya aportó la información que fue requerida en relación al cumplimiento del Convenio, a través de la memoria presentada en el año 2015, que da cuenta de una política de empleo sostenida en el tiempo que ha favorecido a los venezolanos desde 1999. No se justifica que se haya incluido al Gobierno en la lista de casos a ser considerados en la Comisión, tomando en cuenta que la Comisión de Expertos no señaló ningún incumplimiento, sino que tomó nota y dejó constancia de las informaciones oportunamente brindadas por el Gobierno. La Comisión de Expertos se ha limitado a solicitar ejemplos o informaciones adicionales sobre algunos aspectos. La Comisión de Aplicación de Normas no debería ocuparse de conocer ejemplos y simples solicitudes de información, más aun cuando no se está señalando un incumplimiento por parte del Gobierno. El mecanismo regular para proporcionar información adicional y ejemplos sobre la aplicación del Convenio, prevé que debería hacerse mediante la próxima memoria que se presentará oportunamente. Lamentó constatar que la justificación de incluir a su país tiene un trasfondo político y se relaciona con la satisfacción de intereses particulares, lo cual es contrario a la objetividad, transparencia e imparcialidad que ha de regir en todas las instancias de la OIT. Quienes presionaron para que la República Bolivariana de Venezuela comparezca ante esta Comisión, no les interesa lo que tiene que exponer el Gobierno sobre el Convenio sino que tienen como objetivo cuestionar a un gobierno que fomenta la inclusión social y rompe los esquemas de explotación laboral. Pese a que un sector de los empleadores siga insistiendo en que comparezca el Gobierno ante la Comisión, adicionando quejas y casos y utilizando mal los mecanismos de control de la OIT, no lograrán que el Gobierno privilegie intereses privados, capitalistas y particulares, en perjuicio de la clase trabajadora y del pueblo venezolano. Por otro lado, en el informe de la Comisión de Expertos se señalan alegatos e informaciones presentadas por un sector de los empleadores sobre una supuesta ausencia de planes de empleo, y se mencionan cifras que el Gobierno desconoce. A los fines de evitar distraer a la Comisión de Aplicación de Normas y a la Comisión de Expertos, deberían solicitarse precisiones, datos y pruebas a quienes presenten argumentos sobre el incumplimiento de un Convenio, ya que así se actuaría con objetividad y transparencia y no se lesionaría el derecho a la defensa de los gobiernos llamados a comparecer ante la Comisión de Aplicación de Normas. A continuación, proporcionó informaciones actualizadas sobre la política del empleo en el país. Para el año 1999, cuando se inició el Gobierno bolivariano, la tasa de desocupación en la República Bolivariana de Venezuela era del 10,6 por ciento. Esta tasa para el cierre del año 2015, producto de las políticas de empleo, disminuyó a 6,7 por ciento. A partir del año 2003, luego del golpe de Estado y del sabotaje petrolero liderado por un sector de los empleadores del país, y con motivo de la intensa política de empleo, la economía informal disminuyó del 52,4 por ciento, a 40,1 por ciento para diciembre del año 2015. De cada cuatro empleos creados, tres han sido en el sector formal de la economía. Para el año 2000 existían en el país más de 4 millones de trabajadores en el sector formal y para el año 2015 esta cifra se ubicaba en más de 7,8 millones de trabajadores. Esto quiere decir que en el período de 1999 a 2015, el mercado laboral ha incorporado a más de 3 millones de trabajadores en el sector formal, lo que hoy representa aproximadamente el 60 por ciento de la población ocupada. Respecto al empleo juvenil, el Gobierno promueve su inclusión social y educativa, y la inserción laboral y socioproductiva. La tasa de desocupación de la población juvenil disminuyó del 23,7 por ciento en el año 2002, a 9,1 por ciento en el año 2015. Cada diez jóvenes que están desocupados, seis se encuentran estudiando; lo que significa que la mayoría de la población juvenil desocupada del país es población estudiantil y que el Gobierno ha logrado aumentar en un 71,1 por ciento la población juvenil estudiantil. Asimismo, existen programas que desarrollan una política de formación y capacitación laboral para los jóvenes. El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), forma de manera permanente en todo el país, jóvenes para su inserción en el mercado de trabajo. En el año 2016 se van a formar 50 000 jóvenes en distintas áreas laborales. Además, la «Misión Saber y Trabajo» hasta la fecha ha capacitado a más de 1 millón de ciudadanos que se han insertado en el sistema económico y productivo. Todos estos resultados y las cifras reseñadas son el producto de las políticas de empleo e inclusión social implementadas en el país, que han fortalecido el sector productivo nacional, aumentado los niveles de ocupación formal y generado nuevos puestos de trabajo.

Por otra parte, en cuanto a los ejemplos concretos solicitados en el informe de la Comisión de Expertos referidos a la participación de los interlocutores sociales, se destaca que tal como ya ha sido informado a la OIT, a principios de 2016 se creó el Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP), una instancia de diálogo y concertación para analizar, debatir y proponer líneas de acción para el desarrollo de la economía en el país y la generación de nuevos empleos y así superar la baja en los precios del petróleo y la coyuntura económica actual. En él participan, entre otros, representantes del Gobierno, de los trabajadores y de los empleadores, específicamente representantes de empresas públicas y privadas y de cámaras y federaciones, quienes se han mostrado satisfechos con las acciones que se han venido implementando. El CNEP abarca el desarrollo de áreas económicas estratégicas en el país. A través de este importante órgano de diálogo y concertación, más del 90 por ciento de los empresarios y representantes del sector productivo público y privado del país, mantienen un diálogo permanente con el Gobierno a fin de aumentar la producción de bienes y servicios, impulsar la economía y generar empleos. En cifras, en el marco de las 15 áreas estratégicas del Consejo, se han realizado más de 300 reuniones de trabajo, han participado más de 3 800 actores económicos y productivos; y se han generado cientos de propuestas, de las cuales se viene trabajando en la implementación de más de 150 propuestas vinculadas al desarrollo económico y productivo nacional. Al finalizar el representante gubernamental observó que la participación del Gobierno ante la Comisión de Aplicación de Normas únicamente se realiza a los fines de tratar lo referido al Convenio núm. 122. Solicitó que el debate se circunscriba a la temática del Convenio y que se hagan cumplir las reglas de procedimiento que rigen para la Comisión. Si se tratasen temas vinculados a otros Convenios o asuntos distintos que cursan ante otros órganos de control de la OIT, ello estaría fuera de orden.

Los miembros trabajadores subrayaron que la República Bolivariana de Venezuela atraviesa actualmente un período muy difícil de su historia. El Gobierno se enfrenta a grandes desafíos, en particular en materia de recuperación económica. Con independencia de sus convicciones económicas, cabe subrayar que los trabajadores y sus familias experimentan una crisis de la que no son responsables. Si bien es cierto que el estancamiento político actual puede redundar en beneficio de ciertos grupos, no puede negarse que los ciudadanos de a pie son los más afectados por una clara degradación de su nivel de vida. En estos tiempos difíciles, toda la clase política del país, incluidos todos los partidos, debería estar a la altura de las circunstancias y resistir la tentación de utilizar este descontento en su propio beneficio político. Por ello es importante que todas las partes busquen soluciones por conducto del diálogo y del consenso en lugar de tratar de estimular la agitación y la violencia sociales. Desde hace muchos años, la República Bolivariana de Venezuela pretende convertir el diálogo social constructivo en uno de los pilares de la búsqueda de consenso, y colocar las opiniones divergentes de cada cual en el centro del debate. La estructura tripartita de la OIT ofrece un medio óptimo para propiciar el diálogo social y alcanzar un consenso. En lo que respecta a la aplicación del Convenio, según la información proporcionada por el Gobierno, la tasa de desempleo pasó del 10,6 por ciento en 1999 al 5,5 por ciento en 2015. El Gobierno subraya asimismo que su política de empleo entra en el marco de las medidas encaminadas a reducir la pobreza, y prevé una estrategia de prestación de servicios públicos en materia de educación y de atención de salud. Sin embargo, desde una perspectiva económica, la situación actual de estancamiento, hiperinflación, penuria alimentaria y desindustrialización tiene repercusiones negativas en el nivel de vida y la calidad del empleo. Según el Banco Central de Venezuela, la inflación anual ascendió al 141,5 por ciento en 2015, cifra que obedece fundamentalmente al precio de los alimentos. A escala mundial, este último se incrementó un 254,3 por ciento en 2015, tasa que supera considerablemente el aumento del salario en todos los aspectos. El incremento del precio de los productos alimenticios básicos afecta en particular a los trabajadores pobres, que suelen invertir en ellos una importante parte de sus ingresos. Por lo referente a la desindustrialización, a largo plazo, para resolver las dificultades económicas será necesaria la diversificación de la economía, para que esta última ya no se apoye únicamente en la producción de petróleo. Se estima que el sector petrolero representa por sí solo el 96 por ciento de los ingresos totales de exportación del país, cifra que pone de relieve la necesidad de integrar la planificación macroeconómica en las políticas de empleo. No obstante, aún es difícil saber si el Gobierno contemplará dicho enfoque para lograr los objetivos del Convenio.

En lo tocante a la cuestión de los trabajadores empleados en la economía informal, y según las cifras oficiales, en 2015 el 41,2 por ciento de la población activa trabajaba en el sector informal, lo cual representa una caída del 10,4 por ciento en relación con el mismo período once años antes. Entre 2000 y 2014, un tercio de los nuevos empleos creados provenían del sector formal. Esta cuestión es particularmente pertinente en el contexto de la adopción de la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204). Uno de los elementos centrales de esta Recomendación hace referencia al establecimiento de un marco mundial de políticas de empleo encaminadas a ayudar a los hogares de bajos ingresos a salir de la pobreza, como las políticas de los salarios mínimos, los regímenes de protección social, incluidas las prestaciones monetarias, programas públicos de empleo y los servicios de empleo, que llegan más y mejor a las personas que se encuentran en la economía informal. Al tiempo que toman nota de la reducción del número de trabajadores en el sector informal, los miembros trabajadores estiman que aún queda mucho por hacer, e instan al Gobierno a que aplique las disposiciones de esta nueva norma de trabajo. En lo que respecta al empleo de los jóvenes, la tasa de desempleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística en el segundo semestre de 2013 se cifró en el 12,8 por ciento. Sin embargo, según los datos proporcionados por la OIT en 2012, el número de jóvenes que se encontraban en una situación difícil a causa de la pobreza ascendía a 500 000, de los cuales 157 000 vivían en hogares cuyos ingresos apenas bastaban para costear la canasta básica alimentaria. Además, se ha observado un desequilibrio en el porcentaje de jóvenes dentro de la población activa según los ingresos. Así pues, en 2012, la tasa de desempleo de los jóvenes activos de ingresos medios y superiores era del 28,8 por ciento, pero alcanzaba el 50,7 por ciento entre los que tenían bajos ingresos. Además, aun cuando tienen la suerte de tener un empleo formal, los trabajadores jóvenes venezolanos suelen estar empleados en el sector de los servicios, en su mayoría en el comercio minorista, que se trata de un sector cuya productividad es baja y en el que los empleos creados suelen ser precarios. El artículo 3 del Convenio prevé claramente que «se consultará sobre todo a los representantes de los empleadores y de los trabajadores con el objeto de tener plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, de lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución». La cuestión de la falta de diálogo social se ha señalado a la atención de la Comisión de Aplicación de Normas en reiteradas ocasiones. Cabe subrayar que la crisis económica por la que atraviesa actualmente el país sólo podrá superarse si los interlocutores sociales se suman a las decisiones relativas a la política de empleo. Éste es el motivo por el que los miembros trabajadores se felicitan del acuerdo concluido, en la 326.ª reunión del Consejo de Administración de marzo de 2016, por el cual el Gobierno se compromete a respetar un calendario preciso de reuniones con los representantes de los empleadores y de los trabajadores. Para concluir, los miembros trabajadores expresaron su confianza en que dicha iniciativa se traduzca en avances concretos, con arreglo a los objetivos establecidos en el programa de trabajo acordado, a fin de garantizar que las normas de la OIT se apliquen y controlen con la participación de los empleadores y de los trabajadores.

Los miembros empleadores agradecieron la presencia del Ministro en representación de la República Bolivariana de Venezuela y la información suministrada a la Comisión de Aplicación de Normas. Es la primera vez que se presenta el Gobierno a responder a las observaciones vinculadas con el Convenio que se le han dirigido en 14 oportunidades. Se trata de un Convenio prioritario, distinto a los convenios fundamentales, pero uno de los cuatro grandes convenios que se ocupa de la política activa de empleo que deriva en el bienestar económico y social. De ello deriva la trascendencia de discutir el tema. No ha sido un capricho incluir este caso como lo ha planteado el Gobierno. Hay razones claramente justificadas para considerar este caso. Los indicadores sociales hacen necesario que esta Comisión haga un llamado al Gobierno al diálogo social. Cuando los empleadores consideran un caso, no lo hacen en base a una pretensión de intereses privados sino que lo hacen independientemente de la línea ideológica o política que pueda tener el Gobierno. Es el propósito de la Comisión de Aplicación de Normas evaluar resultados independientemente de cualquier línea ideológica y política. Y es por ello importante entender de qué trata el Convenio. El Convenio está inspirado en la Constitución de la OIT y en la Declaración de Filadelfia, en particular en la búsqueda para fomentar en todas las naciones del mundo, programas que permitan el pleno empleo, la elevación del nivel de vida de las poblaciones, y la garantía de un salario adecuado para los trabajadores. En la propia Declaración de Filadelfia se indica que incumbe a la OIT examinar y considerar los efectos de las políticas económicas y financieras sobre la política de empleo que se adopte por parte de los Estados. El Convenio contiene distintas líneas de acción. Los artículos 1 y 2 hacen referencia a la necesidad de establecer políticas activas que estimulen el crecimiento y el desarrollo. También prevé elevar el nivel de vida y resolver problemas de desempleo con el fin de buscar el pleno empleo productivo y libremente elegido. El artículo 2 hace referencia a la necesidad de revisar regularmente las medidas adoptadas de manera que se coordinen las políticas económicas y sociales. Por último, el Convenio hace referencia especial al diálogo social, y precisamente en materia de empleo, hace un llamado para que los representantes de los trabajadores y de los empleadores sean plenamente consultados y se busque la plena concertación.

Los datos macroeconómicos y laborales en el país son preocupantes. En el año 2014 la economía decreció en el 4,3 por ciento, en 2015 el 5,6 por ciento y se estima que en 2016 decrecerá el 8 por ciento. Ante esta situación hay que tomar medidas contracíclicas para superarla, por ejemplo, en materia fiscal, crediticia o macroeconómica. Los miembros empleadores expresaron que les gustaría disponer de mayores informaciones sobre las medidas contracíclicas que haya adoptado o prevea adoptar el Gobierno. El ingreso per cápita es actualmente de unos 202 dólares por año. Esta es una cifra que está por debajo de los indicadores internacionales para medir el nivel de pobreza. Hay un déficit fiscal del 20 por ciento. La inflación del 337,4 por ciento anual es la más alta del mundo. Las inevitables consecuencias de la inflación se ven reflejadas en las tendencias crecientes de la pobreza. De acuerdo con una encuesta independiente sobre las condiciones de vida — porque no hay cifras oficiales — las tendencias que se ven reflejadas, muestran un incremento inusitado de la pobreza. Esto desestimula la inversión con efectos directos en la generación de empleo. No hay un estímulo para poder sobrepasar las variaciones que presenta la inflación. Hay un congelamiento en el nivel de la contratación de los trabajadores y esto estimula las actividades informales, como efectivamente se viene suscitando en los últimos años. Cuando no hay un abastecimiento suficiente de dólares para hacer comercio exterior, se presenta el desabastecimiento y en consecuencia no hay suministro de bienes básicos para los venezolanos en los supermercados. Las largas filas en los comercios para obtener alimentos han llevado al incremento incluso de los niveles de violencia. Todos estos elementos son la muestra de que hay una situación grave en el país que requiere hacer ajustes rápidos y que por supuesto también requiere llevar adelante un diálogo social que incluya a las organizaciones más representativas, como lo son la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) que están incluidas en este caso. Con estas reflexiones los miembros empleadores invitaron al Gobierno a que abra sus puertas al diálogo con organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores. Para ello le solicitaron que amplíe los compromisos que ha contraído en el pasado. El último de ellos fue en el mes de marzo de 2016 ante la OIT, en donde a partir del 4 abril de 2016, se suponía que habría un nuevo diálogo con las organizaciones más representativas, pero que hasta la fecha no se ha producido.

Un miembro trabajador de la República Bolivariana de Venezuela expresó su asombro por la inclusión en la lista, a instancias de los empleadores, del caso de su país por el supuesto incumplimiento del Convenio, dado que el país viene cumpliendo un proceso acelerado de mejoramiento de los indicadores sociales, a partir de los cambios iniciados en 1999. Ese proceso ha llevado a la disminución acelerada de los índices de pobreza y a la disminución de la tasa de desempleo a valores permanentes entre 5 y 6 por ciento. Un sector de los empleadores venezolanos agrupados en FEDECAMARAS, ha desarrollado un sabotaje económico, cuyo objetivo último es el desplazamiento del poder de la revolución bolivariana. Para cumplir su objetivo, algunos empleadores, han venido reduciendo la producción de bienes y servicios fundamentales para el pueblo, bajo el argumento de que el Gobierno no les proporciona las divisas para la importación de insumos y materia prima necesaria para mantener sus procesos productivos. Ello, pese a que esas empresas han recibido miles de millones de dólares destinados a esos fines. Ante el cierre de empresas por parte de algunos empleadores representados por FEDECAMARAS, el Gobierno ha realizado procedimientos para procurar la reapertura de las plantas cerradas, restableciendo la producción y protegiendo los puestos de trabajo. Ese sector de empleadores pretende echar a la calle a miles de trabajadores, pero por otro lado acude a la Comisión a denunciar al Gobierno por no garantizar el empleo. Por otra parte, representantes de FEDECAMARAS han solicitado la derogación de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras vigente desde 2012, que es conocida mundialmente por sus contenidos profundos de garantía de derechos de los trabajadores. Se preguntó quién sanciona a los empleadores que sabotean la economía reduciendo la producción y que descaradamente pretenden burlarse de la aplicación de las leyes laborales, quién le exige a los empleadores cumplir con los convenios.

Por el contrario, otro sector importante de los empleadores afiliados a FEDECAMARAS, sí participa en la incentivación y crecimiento del aparato productivo venezolano, generando crecimiento del empleo y fortaleciendo la producción. Existe también una instancia de diálogo tripartito que es el Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP), donde también participan los trabajadores agrupados en la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), empleadores productivos y el Gobierno, y discuten los planes de inversión, nuevos empleos, inversión en divisas y facilidades para la exportación del sector privado y empresas del Estado. Subrayó que, en contraste con la cúpula de FEDECAMARAS, parte de los empleadores afiliados a esa federación, mantienen relaciones de cooperación con los trabajadores, aun a pesar de las diferencias ideológicas y políticas que pudieran existir, fortaleciendo el diálogo social. La organización sindical mayoritaria, la CBST, ha sido tajante en manifestarle al Gobierno su negativa a reunirse con el sector empleador representado en la cúpula de FEDECAMARAS y su total disposición a mantener relaciones armoniosas con quienes sí están dispuestos a producir en el país, respetando los derechos de los trabajadores y la vigencia plena de las normas de la OIT. Finalizó afirmando que existe una política clara de generación y aumento de la productividad y del empleo estable, y cuenta con el CNEP, organismo tripartito que permite lograr acuerdos en las políticas macroeconómicas y sociales fundamentales. Rechazó los ataques de los empleadores contra el Gobierno, cuyas políticas laborales y sociales están enmarcadas en el Convenio.

Otro miembro trabajador de la República Bolivariana de Venezuela expresó su sorpresa, al ver nuevamente su país en la lista de los países que son llamados ante la Comisión de Aplicación de Normas. Nuevamente FEDECAMARAS y sus aliados se plantean como un objetivo político seguir generando situaciones de desestabilización y pretenden acabar con un gobierno obrero, que ha desarrollado avances importantes en materia social pero sobre todo en lo que se refiere al Convenio núm. 122. La República Bolivariana de Venezuela es una referencia en materia del empleo digno, trabajo decente, empleo juvenil y el aumento de la calidad de vida del pueblo. El nivel de desempleo actualmente es de 7,1 por ciento. Las políticas de empleo se han fortalecido desde la llegada al poder de la revolución bolivariana, y todas las políticas de inclusión social desarrolladas por el ex Presidente Hugo Chávez tenían como objetivo la justicia social y la mejora de la calidad de vida del pueblo, como lo refleja la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y de las Trabajadoras, la más avanzada en materia de justicia social y garantías de los derechos consagrados en los convenios de la OIT. FEDECAMARAS ha ido en contra de esa ley y va en contra de todas las políticas desarrolladas desde la revolución, al punto de pretender chantajear al Gobierno para derogar ese instrumento a cambio de entablar un diálogo, que ha venido eludiendo desde que es parte activa en la guerra económica. El Presidente Nicolás Maduro en reiteradas oportunidades ha hecho llamados a todos los que estén dispuestos a participar para apoyar y cooperar a los fines de enfrentar las dificultades que vive el país, y lamentablemente parte del sector empleador se hace a un lado. FEDECAMARAS prefiere seguir jugando con la suerte del pueblo. El país está atravesando momentos difíciles en materia económica. La clase obrera está en medio de una guerra económica que la lleva a enfrentar duras situaciones, en una lucha contra los grandes capitales privados internos y externos que se han puesto de espaldas al pueblo, y buscan la intervención extranjera generando una conmoción interna. La clase obrera venezolana está dispuesta a luchar por los grandes logros obtenidos en la revolución.

La miembro empleadora de la República Bolivariana de Venezuela consideró que el Gobierno incumple la obligación prevista en el Convenio de consultar a los representantes de los empleadores y trabajadores, para formular la política de empleo. FEDECAMARAS, a pesar de su incuestionable representatividad, no es consultada por el Gobierno a ningún efecto desde hace diecisiete años. Además, la supuesta consulta amplia con todos los sectores, alegada por el Gobierno, no se ha hecho nunca de manera formal ni se ha documentado. El Gobierno falla en el establecimiento de una política de empleo coordinada, que permita a quienes busquen trabajo, emplearse de acuerdo a su capacidad, en aquella actividad productiva que elijan libremente, y obtener de ella los ingresos que le permitan una vida digna. El país presenta dos años consecutivos de recesión económica, con una caída del producto interno bruto de casi 10 por ciento. La inflación oficial de 2015 fue de 180 por ciento, la más alta en la historia del país. El poder adquisitivo de los venezolanos se ha pulverizado. El salario mínimo del trabajador al presente está cerca de 27 dólares de los Estados Unidos mensuales, lo que equivale a 92 centavos de dólar de los Estados Unidos diarios. Se requerirían casi 14 salarios mínimos para cubrir la canasta básica. Se está lejos de un ingreso diario de 1,25 dólares de los Estados Unidos por día, que se suele tomar como indicador de pobreza extrema. Por otra parte, el 60 por ciento del ingreso mínimo mensual obligatorio carece de naturaleza salarial y no genera los beneficios de la protección social. El empleo formal del sector privado acusó una fuerte disminución. Hasta marzo de 2016, se habían perdido 282 400 empleos formales. El número de empleadores se redujo en 110 000 en 2015. La ausencia de una política coherente de empleo ha traído un enorme incremento de la pobreza. El índice de pobreza pasó de 53 por ciento en 2014 a 76 por ciento en 2015, y la pobreza extrema se duplicó, pasando de 25 por ciento en 2014 a 53 por ciento en 2015. En el sector de alimentos, la producción bajó un 22 por ciento de enero a abril de 2016. Gran número de plantas productoras de alimentos están inoperativas por falta de materias primas, con riesgo de perder 200 000 empleos directos adicionales y 1 millón de empleos indirectos, sólo en el sector de alimentos. Adicionalmente, las fallas en los servicios públicos de electricidad y agua, impactan en la operatividad de las empresas, que deben suspender sus actividades en las horas de racionamiento fijadas por el Gobierno. Además, al sector privado se lo asfixia con el control de precios, se lo persigue y se lo criminaliza, no se le asignan las divisas para adquirir las materias primas para producir y se lo obliga a vender a pérdida. La situación se agravó más aun cuando, a partir de enero de 2016, el Gobierno decretó un Estado de excepción por emergencia económica que suspende las garantías constitucionales en materia económica por 240 días, despreciando la consulta formal con los poderes públicos legítimamente constituidos y con los actores sociales.

Todo ello muestra que no existe una política sana para fomentar el empleo decente y, mucho menos, se cumple con el diálogo que exige el Convenio. En marzo de 2016, el Gobierno presentó ante la OIT una propuesta para conformar la mesa de diálogo y un cronograma de reuniones. Sin embargo, a la fecha (junio de 2016) no se ha celebrado la primera reunión a pesar de haber insistido en ello FEDECAMARAS. Por el contrario, el Presidente de la República continúa diciendo públicamente que no dialogará con FEDECAMARAS. Por su parte, el CNEP designado por el Presidente en el mes de enero de 2016 y al cual no convocó a FEDECAMARAS a participar, no muestra mayores avances. A fin de poder generar un cambio positivo para el futuro del país concluyó urgiendo al Gobierno, trabajadores y empleadores a llegar a consensos básicos para la adopción de medidas concretas dirigidas a garantizar el empleo y el crecimiento económico del país. El sector empleador, y FEDECAMARAS como su principal representante, no cesa de mostrar su empeño en participar en el diálogo social. Las condiciones del país están dadas para justificar el apoyo de la OIT, activando su contribución y mecanismos de persuasión para lograr que el Gobierno cumpla con el Convenio, principalmente en lo concerniente al diálogo social.

El miembro gubernamental de México, hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), agradeciendo la información brindada por el Gobierno relativa al cumplimiento del Convenio, observó que el informe de la Comisión de Expertos se limita a solicitar información adicional y no incluye un pronunciamiento específico respecto al presunto incumplimiento del Convenio. En su informe, la Comisión de Expertos hace referencia a las informaciones presentadas por el Gobierno sobre la implementación de una nueva estrategia social apoyada en los siguientes elementos clave: el empleo y la calidad del empleo, la atención de la educación, la garantía de una educación gratuita y de calidad, y la superación definitiva de la pobreza. En cuanto al empleo juvenil, el Gobierno informa que la tasa de ocupación de los jóvenes era del 87,2 por ciento, representando el 31,6 por ciento de la población total ocupada. Sobre el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, el Gobierno indicó que ha concluido acuerdos mediante mesas de diálogo con el sector empresarial para relanzar el empleo productivo dando el apoyo financiero e institucional a los proyectos de creación de empresas. Sobre la participación de los interlocutores sociales, la Comisión de Expertos se limita a pedir ejemplos concretos. Confió en que el Gobierno seguirá presentando información actualizada respecto a la aplicación del Convenio.

El miembro gubernamental de Nicaragua suscribiendo la declaración del GRULAC y apoyando al Gobierno recordó que la Comisión de Expertos no constató ningún incumplimiento del Convenio y simplemente requirió información complementaria y ejemplos. Por lo tanto, consideró que llama la atención la inclusión injustificada de este caso, lo que obedece a una motivación política, al igual que ocurrió en 2015. El Gobierno de Nicaragua considera que la solución de este tipo de casos debería recaer en las partes, sin injerencias externas ni presiones internacionales, y enmarcándose en el respeto mutuo en base a la paz, el diálogo y el consenso. Invitó a la Comisión de Aplicación de Normas a no seguir considerando este tipo de casos y a no prestarse a maniobras políticas que alejan a la OIT del noble objetivo para el que fue fundada.

La miembro gubernamental de Cuba adhirió a la declaración del miembro gubernamental de México pronunciada en nombre del GRULAC. Dado que la Comisión de Expertos no indica que el Gobierno ha incumplido el Convenio, el caso tiene poco sustento técnico para ser incluido entre los casos de incumplimiento grave. Estimó que se puede avanzar hacia una solución sin implicar a la Comisión de Aplicación de Normas ya que el Gobierno se ha comprometido en avanzar hacia la búsqueda de soluciones a través del diálogo social inclusivo. Expresó su convencimiento de que el Gobierno tiene la capacidad de presentar información que demuestre su cumplimiento del Convenio e instó a la Comisión de Aplicación de Normas a cerrar el caso.

El miembro gubernamental de Mauritania indicó que la información proporcionada por el Gobierno ha permitido tomar conocimiento de los grandes progresos realizados por este país en el ámbito del empleo y de la lucha contra el desempleo. Estos logros constituyen la culminación de una estrategia social basada en los ejes contenidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social y que considera prioritaria la creación de empleos de calidad, así como la garantía de una educación gratuita y de calidad. Hizo referencia a una serie de medidas adoptadas como consecuencia de los debates tripartitos con el fin de reactivar la productividad y la creación de empleo. A su juicio, las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas deben tener en cuenta los grandes esfuerzos desplegados por el Gobierno.

El miembro trabajador de Cuba declaró que no está de acuerdo con que se siga discutiendo este caso ante la Comisión de Aplicación de Normas ya que no existen fundamentos técnicos para ello. Señaló que las observaciones de la Comisión de Expertos relativas a los artículos 1 y 2 del Convenio no cuestionan los procedimientos ni el cumplimiento de un Convenio sino el modelo económico aplicado en el país en los últimos años. Estimó que la Comisión de Aplicación de Normas no es el lugar adecuado para dirimir conflictos sobre definiciones de sistemas económicos y políticos. Declaró que una parte de la organización de empleadores ha generado el caos y la crisis por desabastecimiento de productos y servicios en el país y cuestionó la posibilidad de impulsar una política de empleo teniendo a una parte del sector empleador dispuesto a someterse a pérdidas millonarias con el fin de oponerse al modelo económico establecido en 1999. Pidió a la Comisión de Aplicación de Normas que tuviera en cuenta estos elementos en el momento de adoptar las conclusiones relativas al caso.

Una observadora en representación de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recordó que en el Convenio se exige que los Miembros ratificantes formulen y lleven a cabo una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido y adopten medidas para aplicar la política en consulta con los representantes de los trabajadores y de los empleadores. Destacó que el empleo productivo y sostenible constituye la base del trabajo decente, la creación de riqueza y la justicia social y que el fomento de las inversiones es una condición previa para el empleo. Hizo hincapié en que la situación social y económica en el país es el mayor motivo de preocupación no sólo para los empleadores, sino también para la sociedad en su conjunto. Hay múltiples desafíos para establecer empresas sostenibles, así como para crear y mantener empleos, al tiempo que no existen políticas para impulsar la inversión, el desarrollo de dichas empresas y el empleo. El control de precios, junto con la falta de divisas, da lugar a una grave escasez de productos básicos. La inflación es muy elevada, el PIB se redujo radicalmente en 2015 y la extrema pobreza alcanza los peores niveles de los últimos quince años. Mientras tanto, miles de empresas han debido cerrar, se han perdido 256 000 empleos y la informalidad ha aumentado hasta un 42,4 por ciento. Invitó al Gobierno a que cumpla cuanto antes las disposiciones del Convenio, tanto en la legislación como en la práctica, llevando a cabo una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en consulta con las organizaciones de trabajadores más representativas y FEDECAMARAS y en consonancia con las numerosas recomendaciones desatendidas del Consejo de Administración de la OIT, los órganos de control de la OIT y el informe de la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país en 2014.

El miembro trabajador de México manifestó que el Convenio, ratificado por la República Bolivariana de Venezuela en 1982, se ha convertido, como muchos otros, en letra muerta ya que la legislación, por una parte, y la práctica, por otra, van en direcciones opuestas. A pesar de los repetidos llamamientos de la Comisión de Expertos en este sentido, el Gobierno sigue sin dar cumplimiento a las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país en 2014. Sin embargo, la aplicación de una política de empleo basada en la concertación con los interlocutores sociales contribuiría sin lugar a duda a un clima de paz laboral que el país requiere con urgencia. Además, afirmó que los gobiernos deben velar por el cumplimiento de todos los convenios de la OIT ratificados y no focalizarse únicamente en los convenios fundamentales y que conviene defender la democracia y la libertad sindical en todos los países, sea cual sea el tipo de gobierno.

El miembro empleador de México recordó que el Convenio tiene su fundamento en el mandato de la OIT establecido por la Declaración de Filadelfia. Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección del trabajo en condiciones equitativas. Indicó que el Convenio requiere una política de empleo activa en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Declaró que la situación económica y social del país es grave y que el diálogo social es una herramienta de gestión que ayudaría a solucionar graves problemas en el país y a crear las condiciones propicias para la inversión con el fin de generar empleo.

El miembro trabajador de Brasil exigió que el Gobierno dé una solución inmediata a la grave crisis humanitaria y social caracterizada por la falta de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. Si bien dicha situación golpea a toda la sociedad venezolana, afecta sobre todo a los más vulnerables y es necesario que el Gobierno fortalezca la libertad sindical, la negociación colectiva, el diálogo social y la democracia en el país y que cumpla con las normas internacionales del trabajo. Solicitó que la OIT profundice su acción en el país a favor del cumplimiento del Convenio bajo examen y de otras normas y que preste atención a las quejas y observaciones presentadas por CTV, Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), Confederación General de Trabajadores (CGT) y Confederación de Sindicatos Autónomos de Venezuela (CODESA).

El miembro empleador de España declaró que los empresarios españoles están preocupados por la aplicación del Convenio por parte del Gobierno y expresaron su apoyo a FEDECAMARAS. La situación económica y social del país se ha deteriorado en los últimos meses. Instó al Gobierno a brindar informaciones estadísticas fiables en cuanto al empleo, en particular el empleo juvenil y a poner en marcha políticas de empleo activas. Indicó asimismo que es necesario poner en práctica políticas de empleo sostenibles en el sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes) e iniciar el diálogo social con organizaciones de empleadores tales como FEDECAMARAS.

El miembro gubernamental del Estado Plurinacional de Bolivia se sumó a la declaración realizada por el GRULAC y reafirmó la importancia que su Gobierno asigna al cumplimiento de las normas de la OIT. Lamentó que las razones que obligan al Gobierno a comparecer ante la Comisión de Aplicación de Normas no estén fundamentadas en la aplicación de los convenios, sino en los intereses difusos que pretenden cuestionar a un Gobierno legítimo. Recordó que la responsabilidad de promover el trabajo decente y la generación de empleo también recae en los empleadores y lamentó la estigmatización de un Gobierno democrático. Valoró los esfuerzos del Gobierno en la promoción de políticas progresistas que apuntan a la ampliación de los derechos sociales de sus trabajadores, a la redistribución de los ingresos y a la promoción del trabajo decente. Concluyó invitando a la Comisión de Aplicación de Normas a hacer una evaluación equilibrada y justa de cada caso.

La miembro trabajadora de Paraguay declaró que los artículos 2 y 3 del Convenio no requieren cualquier política de empleo, sino una que haya sido consensuada mediante el diálogo y la consulta tripartitas. Consideró que si se hubieran seguido las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT que visitó el país en 2014, se hubieran ahorrado muertes, tragedias y desesperanzas. Estimó asimismo que se sigue careciendo de empleo productivo, lo cual aumenta la escasez y la falta de alimentos para toda la población. Por tal motivo, solicitó a la Comisión de Aplicación de Normas la inclusión en su informe de un párrafo especial que refleje la crisis sin precedentes que atraviesa el país. Instó al Gobierno a promover un diálogo serio y respetuoso que posibilite la generación de empleos dignos y trabajo decente para todos, respetando la libertad sindical y la negociación colectiva, bases fundamentales para el progreso.

La miembro empleadora de Perú manifestó su profunda preocupación por la grave crisis económica que atraviesa el país e indicó que la superinflación constituye el impuesto más nocivo para los más pobres. Subrayando la violación del artículo 3 del Convenio, consideró que si existiera un auténtico diálogo social entre el Gobierno, los trabajadores y las organizaciones empresariales más representativas como FEDECAMARAS, la situación de los trabajadores sería muy distinta a la actual. Dirigió un llamamiento a la OIT para que emplee todos los mecanismos y herramientas a disposición para instaurar un verdadero diálogo social en el país.

El miembro trabajador de Colombia destacó que es indispensable que los interlocutores sociales participen activamente del diálogo conducente a la elaboración de políticas de empleo que estimulen el desarrollo económico. Estimó que esto no existe en la República Bolivariana de Venezuela. Lamentó que el Gobierno no atienda las conclusiones de la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país en 2014 y que, a pesar de haber presentado una propuesta de plan de acción para el diálogo social ante la 326.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2016), no haya realizado ninguna de las reuniones acordadas en tal ocasión. No puede haber políticas efectivas para promover el empleo productivo sin diálogo social. El empleo, el trabajo decente y el derecho al trabajo tienen por objeto satisfacer las necesidades de la clase trabajadora y de la población en general. Manifestó que los anuncios del Gobierno sobre presuntas políticas de empleo mientras los trabajadores se ven cada vez más empobrecidos no son útiles. En La República Bolivariana de Venezuela el denominador común es la precariedad y la escasez, situación aberrante si se tiene en cuenta que es el país más rico de la región.

El miembro empleador de Honduras recordó que el Convenio establece que los Gobiernos deben obligatoriamente consultar con las organizaciones más representativas de los trabajadores y de los empleadores en la formulación de una política que fomente el empleo pleno, productivo y libremente elegido. Indicó que FEDECAMARAS es la organización de empleadores más representativa del país a nivel nacional. Por lo tanto, excluyendo a FEDECAMARAS de las consultas, el Gobierno está rechazando el diálogo social legítimo y efectivo. Los planes de empleo no han sido concertados con el sector empleador más representativo del país. Por tal razón, la Comisión de Aplicación de Normas debería destacar esta situación en un párrafo especial de su informe dada la falta de cumplimiento del plan de acción que el Gobierno presentó en marzo de 2016.

El miembro gubernamental de la Federación de Rusia, tomando nota de la observación de la Comisión de Expertos, celebró la disposición del Gobierno a cooperar de manera sustantiva y constructiva tanto con la OIT como con los interlocutores sociales, incluida FEDECAMARAS. Refiriéndose al informe de la Comisión de Expertos, declaró que no hay ninguna información específica relativa al incumplimiento de las obligaciones en el marco del Convenio. A este respecto, no está claro cuál es la razón por la que esta cuestión se ha incluido en la lista de casos discutidos por la Comisión de Aplicación de Normas. Teniendo esto presente, manifestó su preocupación por los reiterados intentos de politizar la labor de la OIT al forzar una discusión sobre el cumplimiento por el Gobierno de las normas internacionales del trabajo. En conclusión, mostró su satisfacción por el nivel de cooperación entre el Gobierno y la OIT para asegurar la aplicación de las normas internacionales del trabajo y su esperanza de que tal cooperación continúe.

El miembro gubernamental de Belarús, tomó nota del amplio enfoque relativo a la aplicación por el Gobierno de las medidas encaminadas a obtener resultados positivos en lo que respecta a las relaciones de trabajo en el país. Añadió que los comentarios de la Comisión de Expertos sólo solicitan información al Gobierno y que parece haber una falta de información sobre los alegados incumplimientos del Convenio. Opinó que el Gobierno respeta el Convenio. Indicó que el Gobierno está cooperando activamente con la OIT, particularmente mediante la incorporación de las disposiciones del Convenio a la legislación nacional. Apoyó la labor que realiza el Gobierno de reforzar el diálogo social bajo difíciles condiciones económicas.

El miembro trabajador de Honduras se refirió a los programas de empleo juvenil que el Gobierno está desarrollando en el marco de las transformaciones sociales, así como a los grandes avances en cuanto a protección social y defensa de los derechos de los trabajadores. Expresó su preocupación de que se discutiera una vez más el caso de la República Bolivariana de Venezuela ante la Comisión de Aplicación de Normas ya que la Comisión de Expertos no menciona incumplimientos del Convenio por parte del Gobierno sino que se limita a solicitarle informaciones sobre sus políticas de empleo juvenil y de desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, así como sobre la participación de los interlocutores sociales. Ese país tiene la más baja tasa de desempleo del continente americano y la más alta tasa de empleo juvenil. Por esto, se mostró preocupado de que algunos empleadores afiliados a FEDECAMARAS se dediquen a sabotear la obtención de bienes y servicios, cerrando sus empresas y despidiendo a centenares de trabajadores, mientras otras empresas afiliadas a la misma organización mantienen altos índices de productividad, respetan la estabilidad de los trabajadores y participan con el Gobierno y los trabajadores en el CNEP, una instancia tripartita.

El miembro gubernamental de Egipto observó las medidas adoptadas por el Gobierno en relación con la aplicación del Convenio. Éste ha adoptado una política nacional destinada a brindar oportunidades de empleo en la economía formal y reducir el desempleo y el número de trabajadores de la economía informal. Manifestó su esperanza de que la OIT preste al Gobierno la asistencia técnica necesaria para ayudarlo a lograr los objetivos consagrados en el Convenio.

El miembro trabajador de Perú afirmó que el Gobierno lleva quince años en el banquillo de los acusados en la Comisión de Aplicación de Normas, suerte que comparte con otros gobiernos progresistas de la región como Cuba. Manifestó su sorpresa por el hecho de que sean FEDECAMARAS y la OIE los que se preocupen por la situación de los trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela mientras que en esa misma Comisión se oponen tenazmente a reconocer el derecho de huelga y no se manifiestan ante actos de represión cometidos por gobiernos que siguen otras orientaciones políticas y económicas. El caso bajo examen es por lo tanto de carácter político. Si la OIE y FEDECAMARAS, que aducen la falta de consulta en ese país, tuvieran un real interés en los problemas laborales de los trabajadores, habrían denunciado los despidos masivos y la violación del derecho a la negociación colectiva imperante en otros países y habrían podido exigir también el respeto de la consulta previa en el caso de las medidas draconianas impuestas a Grecia. Concluyó su intervención afirmando que este caso tiene la finalidad de derribar a un Gobierno democrático.

El miembro gubernamental de China, con referencia a las declaraciones pronunciadas por el Gobierno y el GRULAC, señaló que el Gobierno ha cumplido con sus obligaciones en virtud del Convenio y que, por tanto, sus esfuerzos deben ser reconocidos por la Comisión de Aplicación de Normas.

Un observador representando a la Organización Mundial de Trabajadores señaló que hace cinco años que el Gobierno no acredita a los miembros de la Unidad de Acción Sindical y Gremial de Venezuela y de UNETE ante la Conferencia Internacional del Trabajo. Por otra parte, subrayó que el Convenio es fundamental para el país, en particular dada la grave situación de desempleo. El Gobierno debería haber consultado con los interlocutores sociales la política de empleo, tal como lo solicitó la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país en 2014. UNETE ha formulado recomendaciones en numerosas ocasiones, en particular en el marco del Plan de rescate de la producción nacional y el empleo. También se realizaron movilizaciones solicitando que se entablara el diálogo aunque no hubo respuesta. La producción nacional está amenazada, las empresas estatales están paralizadas y el sector privado enfrenta innumerables limitaciones, así como amenazas de intervención y expropiación. Las empresas que fueron estatizadas con la ayuda de los trabajadores se encuentran quebradas. Se ha despedido o se está por despedir a numerosos trabajadores por motivos políticos. Por otra parte, se ha criminalizado la protesta y se ha procedido a la detención de sindicalistas y dirigentes sindicales. El empleo productivo al que se refiere el artículo 1 del Convenio es una utopía, el salario ha sido substancialmente afectado por la devaluación. Más del 55 por ciento del salario se paga en bonos, y se ha vuelto al trueque, práctica abandonada desde hace décadas. Todas estas medidas han sido implementadas sin consulta con los trabajadores. Por estos motivos, solicitó la inclusión de este caso en un párrafo especial del informe de la Comisión de Aplicación de Normas.

El miembro trabajador de Benin declaró que este caso no constituye realmente una violación del Convenio, sino que más bien tiene por objeto sentar en el banquillo a los gobiernos que se niegan a defender los intereses privados y capitalistas para justificar golpes de Estado, como en Brasil. Manifestó que hay que alentar los esfuerzos de los gobiernos progresistas. La información presentada por el Gobierno demuestra los esfuerzos que realizan los trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela en materia de empleo, economía, desarrollo de pymes y participación de los interlocutores sociales. En conclusión, mencionó que la Comisión debería alentar al Gobierno y que debería prestar más bien atención a los gobiernos que se dedican a desregular la legislación del trabajo y eliminar conquistas de los trabajadores.

El miembro gubernamental de Argelia agradeció la información presentada por el Gobierno que describe las acciones emprendidas y desarrolladas para aplicar el Convenio. El Gobierno ha elaborado una política de empleo en el marco del Plan de desarrollo económico y social dirigida a erradicar la pobreza y facilitar la inclusión social. El Plan ha generado una cantidad apreciable de puestos de trabajo y que se han concluido acuerdos con el sector empresarial para reimpulsar el empleo gracias al desarrollo de pymes. Para concluir, saludó la cooperación entre el Gobierno y la OIT.

El miembro trabajador de Argentina recordó que según la Comisión de Expertos, el Gobierno no incumple el Convenio, sino que solamente le reclama la adopción de un marco normativo y el envío de más información. Sostuvo que se está llevando a cabo una campaña de estigmatización de un gobierno democráticamente elegido con un objetivo desestabilizador a nivel nacional e internacional. Afirmó que no sólo la República Bolivariana de Venezuela está en crisis sino el mundo en su totalidad. Los denunciantes son los responsables del mantenimiento del empleo y no dudan en generar malestar social, cerrar las fuentes de empleo y financiar una campaña de desestabilización del país. El diálogo social requiere la voluntad de todas las partes y no se puede desarrollar en un escenario de conflictos. Enfatizó que el Gobierno tiene la voluntad de generar un espacio de diálogo social para construir la democracia.

El miembro gubernamental de la República Islámica del Irán, además de agradecer la información proporcionada, subrayó que las medidas adoptadas merecen un análisis detenido por parte de la Comisión de Aplicación de Normas, ya que demuestran la voluntad y el compromiso del Gobierno de cumplir el Convenio. Recalcó que la aplicación del Convenio conlleva una serie de aspectos técnicos, y por lo tanto pidió a la Oficina que brinde asistencia técnica al Gobierno.

El miembro trabajador de la República Árabe Siria dijo que respalda las declaraciones del Gobierno y considera que este caso encierra una dimensión política. El Gobierno ha presentado memorias con regularidad sobre la aplicación del Convenio y la Comisión de Expertos no ha mencionado ninguna cuestión de falta de aplicación del mismo en su última observación. En sus comentarios, la Comisión de Expertos ha hecho referencia a la aplicación de una estrategia centrada en los siguientes elementos clave: el empleo, la calidad del empleo, la educación, la garantía de una educación gratuita de buena calidad y la eliminación definitiva de la pobreza. Por otra parte, entre 2000 y 2014 un tercio de los nuevos empleos se crearon en la economía formal. En lo relativo a la parte de la observación dedicada a las pymes, el empleo juvenil y la participación de los interlocutores sociales, indicó para terminar que la Comisión de Aplicación de Normas tiene ante sí un caso que se ha elegido por razones políticas y que constituye un ataque al Gobierno por parte de FEDECAMARAS.

El miembro gubernamental de Qatar agradeció al Gobierno por la información transmitida a la Comisión de Aplicación de Normas. También saludó las medidas adoptadas por el Gobierno con el objeto de cumplir con el Convenio y alentó al Gobierno para que continúe con sus esfuerzos a este respecto.

El miembro trabajador de Uruguay observó que si bien todos los miembros de la Comisión de Aplicación de Normas coinciden en constatar que el país atraviesa un momento especialmente difícil, divergen las lecturas de esta situación. La grave inflación que afecta a los trabajadores del país no debe sorprender a nadie en una situación en la cual ciertos actores económicos esconden las mercancías. Se sorprendió de la importancia reconocida por los miembros empleadores a los órganos de control de la OIT en este caso, posición diametralmente opuesta a aquella que asumen habitualmente. Manifestó que el interés demostrado por los empleadores en la consulta debería concretarse en una propuesta de consulta sobre la distribución del ingreso. Afirmó finalmente que los trabajadores de Uruguay se mantendrán totalmente ajenos a la iniciativa de presentar una queja en virtud del artículo 26 de la Constitución de la OIT en relación con la República Bolivariana de Venezuela.

El miembro empleador de Chile señaló que el Gobierno no respeta el artículo 3 del Convenio relativo a la adopción de una política activa destinada a fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido, en la medida en que no consulta a FEDECAMARAS, que constituye la organización de empleadores más representativa del país. Esto ha tenido efectos negativos en el empleo, lo cual ha sido reconocido por el Presidente de la República, quien declaró el estado de excepción con la consecuente limitación de las garantías constitucionales. Ese país vive una situación de escasez de trabajo decente: los trabajadores ya no perciben salarios que les permitan satisfacer sus necesidades básicas sin recurrir a un subsidio del Estado. Tampoco gozan de un sistema de protección social adecuado, ya que la tasa de informalidad laboral es muy elevada. Se asiste a una progresiva destrucción de las empresas privadas debido a la mala gobernanza, la ausencia de diálogo y la falta de un entorno jurídico y reglamentario propicio, elementos que constituyen las condiciones mínimas de sostenibilidad de las empresas identificadas en 2007 en el seno de la OIT. La OIT debe intervenir con todas sus herramientas para contribuir con el Gobierno y los interlocutores sociales a la elaboración de políticas de empleo que sean el resultado de un verdadero diálogo social.

El miembro gubernamental de Brasil, haciendo uso de su derecho de respuesta, manifestó que ciertas opiniones incorrectas expresadas durante la discusión hacen necesarias algunas aclaraciones respecto del juicio del cual es objeto la Presidenta de Brasil. El proceso en curso respeta rigurosamente las normas y procedimientos legales de Brasil bajo la supervisión del Tribunal Supremo Federal, el cual garantiza el respeto a la Constitución y al debido proceso. Hasta la fecha, la Cámara de Diputados y el Senado Federal se han pronunciado sobre la admisibilidad del juicio y han constatado la existencia de evidencias de posibles crímenes de responsabilidad. Las votaciones han sido precedidas de amplios debates de fondo y el conjunto del proceso se caracteriza por el pleno respeto del derecho de defensa.

El representante gubernamental indicó que la Comisión de Expertos no señala en su informe ningún incumplimiento del Convenio por parte del Gobierno sino que únicamente solicita ejemplos o informaciones adicionales al respecto. A pesar de ello, se incluyó a su país en la lista de casos individuales, sin esperar que esa información y ejemplos fueran proporcionados en la próxima memoria sobre el Convenio. Esto prueba que sobre las consideraciones técnicas, prevalecieron los fundamentos políticos de los empleadores, y específicamente de FEDECAMARAS, organización que utiliza la institucionalidad de la OIT en pos de sus intereses particulares. Sostuvo que FEDECAMARAS actúa a menudo más como una organización política que como un gremio empresarial y afirmó que la cúpula de esa organización apoya la parálisis de la empresa más grande de producción de alimentos en el país. Afirmó que contrariamente a lo que señalan los miembros empleadores, en el país existe un diálogo social. Todas las semanas se reúnen los empresarios más prominentes, incluso muchos representantes de empresas, cámaras y federaciones afiliadas a FEDECAMARAS, y discuten políticas de interés nacional con el Gobierno y la central mayoritaria de trabajadores. Indicó que su Gobierno ha manifestado en varias oportunidades que quiere dialogar, pero en un marco de respeto a la legalidad aunque consideró que dicho diálogo será muy difícil mientras una fracción de esa organización de empleadores continúe amparando empresas que sabotean y desestabilizan la economía del país y perjudican al pueblo venezolano.

Afirmó que los empleadores presentaron cifras y estimaciones de fuentes no oficiales y tendenciosas, por lo que su Gobierno las desconoce. La caída de los precios del petróleo ha impactado negativamente en el país, así como el sabotaje a la producción y a la economía llevada a cabo por algunos empleadores, incluida una fracción de FEDECAMARAS. En el seno del Consejo Nacional de Economía Productiva, instancia de diálogo social para desarrollar políticas e impulsar la economía venezolana en consulta con representantes de empleadores y de trabajadores, se han presentado propuestas por parte del empresariado, tales como las relativas al régimen cambiario, la disminución de los trámites para exportar, la repatriación de capitales y la flexibilización impositiva, entre otras. De este modo, los empresarios con mayor fuerza económica en el país y que apuestan por el fortalecimiento de la economía venezolana, la central de trabajadores mayoritaria y el Gobierno están comprometidos a transformar el aparato productivo nacional, para hacerlo más diversificado y menos dependiente de la renta petrolera. Expresó su esperanza de que las conclusiones sobre el caso, producto del amplio debate, sean objetivas y equilibradas, sin consideraciones negativas en contra del Gobierno, lo cual permitirá su análisis bajo un mejor enfoque en el marco del cumplimiento del Convenio. Confió en que no habrá necesidad de que este caso vuelva a ser considerado por la Comisión de Aplicación de Normas, ya que compete a la Comisión de Expertos hacer el seguimiento del mismo a través de las memorias que el Gobierno presente. Reafirmó el compromiso de su Gobierno con el cumplimiento del Convenio y con los demás convenios de la OIT ratificados por su país y recordó que el Gobierno no privilegiará los intereses privados en perjuicio de la clase trabajadora y del pueblo venezolano.

Los miembros trabajadores, agradeciendo al Gobierno su información detallada comunicada a la Comisión de Aplicación de Normas, saludaron los logros del Gobierno al reducir la pobreza y la desigualdad y al aumentar la participación ciudadana y la autogobernanza, y, en particular, todos los esfuerzos realizados para promover el trabajo decente como medio para alcanzar la justicia social. Sin embargo, manifestaron que la crisis económica y política puede poner en peligro logros tan importantes, puesto que los trabajadores y sus familias están pagando el precio de la crisis. Tomando nota con interés del compromiso contraído por el Gobierno en cuanto al trabajo informal y precario, indicaron que la reducción de la proporción del trabajo informal del 51,6 por ciento, en 2004, al 41,2 por ciento, en 2015, es un importante avance que ha de ser bienvenido por la Comisión de Aplicación de Normas. Invitaron al Gobierno a seguir comunicando información en este sentido y a seguir las disposiciones relativas a la Recomendación núm. 204. Puesto que el desempleo es más grave en los jóvenes, recordaron que la Comisión de Expertos solicitó al Gobierno que implemente políticas dirigidas a minimizar el impacto del desempleo en los trabajadores jóvenes y a facilitar su integración en la fuerza del trabajo respecto de los derechos fundamentales en el trabajo y la protección social. Recordando que el Gobierno acordó, en la 326.ª reunión del Consejo de Administración (marzo de 2016), un calendario detallado, con el fin de restablecer el diálogo tripartito, para el tratamiento de los asuntos vinculados con las relaciones laborales, incluida la política económica, tomaron nota con preocupación de que no se realizaron progresos tangibles en este sentido. Teniendo plenamente en cuenta las observaciones de la Comisión de Expertos, los miembros trabajadores instaron al Gobierno a: i) establecer un órgano estructurado para el diálogo social tripartito en el país y adoptar medidas inmediatas para construir un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones de empleadores y de las organizaciones sindicales, con miras a promover relaciones laborales sólidas y estables, y ii) aplicar, con carácter de urgencia, todos los compromisos contraídos en la pasada reunión del Consejo de Administración, a efectos de seguir el plan de acción para las consultas con los interlocutores sociales, incluyéndose las etapas y los plazos específicos para su aplicación.

Los miembros empleadores resaltaron el gran interés destacado por este caso y pusieron en evidencia tres aspectos relacionados con la falta de aplicación del Convenio. Si bien, en virtud del artículo 1 del Convenio, los gobiernos deben estimular el crecimiento y el desarrollo económico, se nota más bien lo contrario en la República Bolivariana de Venezuela. En virtud del artículo 2 del Convenio, se deben revisar las medidas económicas y sociales para asegurar su coordinación. Sin embargo, llevar a cabo dicha revisión requiere de un diálogo social genuino, el cual no se puede dar en el Consejo Nacional de Economía Productiva en donde no pueden participar los actores que tienen una voz distinta de la del Gobierno. El artículo 3 del Convenio prevé finalmente que la política de empleo sea consultada con los interlocutores sociales. A este respecto, el compromiso expresado por el Gobierno en marzo de 2016 no se ha concretado, lo cual constituye una clara violación del Convenio. Manifestó que las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas respecto de este caso deberían incluir: i) la constatación compartida con el portavoz de los trabajadores de que el deterioro de los indicadores económicos afecta a la mayoría de la población del país y al desarrollo de los negocios; ii) la necesidad de implementar medidas urgentes para estimular el crecimiento y el desarrollo económico; iii) la necesidad de que se revisen periódicamente las medidas adoptadas en materia de políticas económicas y sociales en consulta con los interlocutores sociales, incluyéndose a la CTV, UNETE y FEDECAMARAS; iv) la solicitud de que se desarrolle una política de empleo en plena consulta con los interlocutores sociales, incluyéndose a la CTV, UNETE y FEDECAMARAS; v) la invitación a que el Gobierno acepte una Misión de Alto Nivel para constatar las medidas tomadas para dar aplicación al Convenio, y vi) incluir este caso en un párrafo especial del informe de la Comisión.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la información facilitada por el representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación sobre las cuestiones planteadas por la Comisión de Expertos.

La Comisión deploró la crisis social y económica que afecta al país y la ausencia de una política activa del empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La Comisión deploró la ausencia de diálogo social con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores con el objetivo de aplicar una política activa del empleo.

Teniendo en cuenta la discusión sobre el caso, la Comisión instó al Gobierno a que:

• - con la asistencia de la OIT, elabore inmediatamente, en consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, una política del empleo destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido;
• - implemente inmediatamente medidas concretas que pongan en práctica una política del empleo que tenga como objetivo estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, elevar el nivel de vida, satisfacer las necesidades de mano de obra y resolver el problema del desempleo y del subempleo;
• - establezca inmediatamente un órgano estructurado de diálogo social tripartito en el país y emprenda de inmediato acciones para generar un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones de empleadores y de trabajadores con miras a promover relaciones profesionales estables y sólidas;
• - implemente todos los compromisos asumidos en el pasado Consejo de Administración de cumplir con un plan de acción en consulta con los interlocutores sociales, con el establecimiento de etapas y plazos concretos para la ejecución del mismo, y
• - antes de septiembre de 2016, presente informaciones detalladas a la Comisión de Expertos sobre la aplicación del Convenio núm. 122 en la legislación y la práctica.

El Gobierno debería aceptar una misión tripartita de alto nivel de la OIT antes de la próxima Conferencia Internacional del Trabajo de manera de examinar los progresos alcanzados para cumplir con estas conclusiones.

El representante gubernamental rechazó las conclusiones sobre el caso. Se han tomado como ciertas informaciones falsas que no guardan relación con el Convenio. Además, estas conclusiones no han tomado en cuenta lo manifestado por el Gobierno, por los trabajadores, y representantes de otros gobiernos.

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) y la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI), así como las observaciones de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), transmitidas por el Gobierno junto con su memoria.

Artículos 1 y 2 del Convenio.Aplicación de la política de empleo en el marco de una política económica y social coordinada.Medidas para responder a la crisis económica. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con las medidas adoptadas con miras a promover y garantizar la protección y la generación de empleo en el país. El Gobierno se refiere a la continuación de la adopción de diversos decretos por los que se establece la inamovilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado durante un periodo de dos años, con miras a proteger y conservar los empleos en el país. El Gobierno indica una vez más que durante dicho periodo no se podrán realizar despidos sin causa justificada y estos solo podrán realizarse de conformidad con los procedimientos establecidos en la legislación laboral. El Gobierno informa que la inamovilidad laboral fue extendida hasta 2022. La Comisión toma nota asimismo de que, en sus observaciones, la CTASI, la CTV y la FAPUV sostienen que los decretos de inamovilidad no generan empleos, ya que no siempre son eficaces debido al reducido número de trabajadores en el sector formal. Por su parte, FEDECAMARAS sostiene que la política desarrollada en materia de inamovilidad laboral tiene consecuencias negativas en la productividad, lo que ha generado una pérdida de interés por parte de los empleadores en la contratación de trabajadores. FEDECAMARAS añade que, con miras a alcanzar resultados más eficientes en términos de empleo y productividad, dicha política debería reorientarse para ofrecer una mayor protección únicamente a aquellos trabajadores que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad.

La Comisión toma nota, por otro lado, de que el Gobierno indica que se han adoptado una serie de medidas con miras a implementar una política de protección del salario continúa y ajustada a la realidad económica del país. En particular, el Gobierno indica que, en virtud del último aumento salarial, el salario mínimo (SM) se estableció a 15 de marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales y se fijó el monto mínimo mensual que los trabajadores deben percibir en concepto de «cestaticket socialista» a 45 bolívares. El Gobierno indica que la suma del SM y del «cestaticket socialista» constituye el ingreso mínimo legal que deben percibir los trabajadores, el cual se ha venido incrementado progresivamente. El Gobierno se refiere también a la implementación de diversos programas sociales dirigidos a la protección de hogares en situación de vulnerabilidad, tales como el Programa Hogares de la Patria, a través del cual se otorga una bonificación mensual en atención al número de integrantes del grupo familiar. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, FEDECAMARAS señala que la política de salario mínimo nacional no se encuentra ajustada a la realidad económica del país, ya que la tasa de inflación reportada por el Banco Central de Venezuela (BCV) es muy superior a los ajustes nominales del SM. En este sentido, FEDECAMARAS afirma que, si bien, desde 2013 a 2022, se han decretado 13 ajustes salariales, el SM se ha contraído un 45,3 por ciento. FEDECAMARAS señala que, tomando en consideración la elevada inflación y la devaluación de la moneda nacional, el SM equivale a tan solo 16 dólares de los Estados Unidos mensuales y el beneficio de ticket de alimentación a 5,85 dólares mensuales.

Por último, el Gobierno informa de que durante el periodo cubierto por la memoria, se iniciaron discusiones en la Asamblea Nacional en relación con 10 leyes especiales en beneficio de categorías específicas de trabajadores que tienen como objetivo complementar lo dispuesto en la Ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, tales como la Ley de los trabajadores y trabajadoras que realizan labores para el hogar, la Ley del trabajo de las personas con discapacidad y la Ley de los trabajadores y trabajadoras a domicilio. El Gobierno indica que se prevé que, en el marco de las consultas públicas celebradas por la Asamblea Nacional en relación con los señalados proyectos de ley, se prioricen las consultas con organizaciones de empleadores y trabajadores a través de un diálogo efectivo, abierto e inclusivo. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las medidas concretas adoptadas para elaborar y adoptar una política activa de empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en pleno cumplimiento del Convenio. La Comisión pide también al Gobierno que envíe información sobre la situación en la que se encuentra la adopción de las diez leyes especiales relativas a categorías específicas de trabajadores y que envíe una copia de las mismas una vez estas sean adoptadas.

Tendencias del mercado laboral. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en el primer semestre de 2021, la tasa de población ocupada era del 91.1 por ciento. Además, el Gobierno indica que, de 2011 al primer semestre de 2021, la tasa de ocupación femenina aumentó en un 20,2 por ciento, alcanzando un total de 5 205 275 mujeres ocupadas. En cuanto a la tasa de ocupación masculina, esta aumentó también un 20,2 por ciento, alcanzando un total de 8 190 482. El Gobierno indica que, en el mismo periodo, el número de ocupados en el sector formal aumentó de 6 774 123 a 7 042 956, y el número de ocupados en el sector informal aumentó de 5 230 828 a 6 352 801. La Comisión toma nota de que, por su parte, la CTASI, la CTV y la FAPUV denuncian el crecimiento desproporcionado del sector informal, debido a la falta de oportunidades en el sector formal. A este respecto, señalan que, según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), entre 2014 y 2021, el empleo formal se redujo 21.8 puntos porcentuales. Indican que tan solo el 40 por ciento de los ocupados se encuentran en el sector formal. En lo que respecta a los niveles de desempleo, el Gobierno informa que, entre 2019 y 2021, la tasa de desempleo aumentó del 6,6 por ciento al 8,9 por ciento. El desempleo entre las personas de 65 años y más aumentó de 59 789 desocupados en 2019 a 147 679 desocupados en 2020. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, FEDECAMARAS destaca la necesidad de conciliar las cifras entre las distintas fuentes oficiales para determinar efectivamente cuál ha sido el impacto en el empleo de la contracción económica, del exilio de más de seis millones de ciudadanos venezolanos, y de la pandemia de COVID-19. FEDECAMARAS subraya que es necesaria también la revisión, actualización y discusión compartida de la información estadística de las distintas fuentes, tanto oficiales como privadas, que permitan servir de base para definir la política de empleo. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada, incluyendo estadísticas actualizadas, desglosadas por sexo, edad y zonas rurales y urbanas, sobre la situación y las tendencias del mercado de trabajo, incluyendo sobre las tasas de empleo, desempleo y subempleo (visible e invisible) y de informalidad. Asimismo, pide al Gobierno que envíe información detallada y actualizada sobre el funcionamiento del sistema de información sobre el mercado de trabajo, incluida información sobre la forma en que los datos recopilados se utilizan para diseñar, aplicar y revisar las medidas de política de empleo adoptadas o previstas.

Educación y formación. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, a través de los Centros de Encuentro para la Educación y el Trabajo, junto a la implementación de diversas Misiones y el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, se proporcionan medidas de profesionalización de los trabajadores, tales como certificación, acreditación y educación y formación profesional. La Comisión toma nota también de la información estadística proporcionada por el Gobierno en relación con el número de trabajadores atendidos por los Centros de Encuentro para la Educación y el Trabajo, así como del número de certificaciones por inventiva, innovación y mejoramiento productivo otorgadas. No obstante, la Comisión toma nota de que la CTASI, la CTV y la FAPUV sostienen que los programas de formación proporcionados tienen poco alcance. En este sentido, señalan que, según datos de ENCOVI 2021, la proporción de trabajadores no cualificados aumentó del 9,7 por ciento al 36 por ciento en los últimos cinco años. Asimismo, la CTASI, la CTV y la FAPUV denuncian el deterioro del sistema educativo debido al cierre o paralización de instituciones educativas, el éxodo de profesores y estudiantes y la constante y creciente reducción en el número de estudiantes matriculados. La CTASI, la CTV y la FAPUV indican que, según datos de un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, entre 2018 y 2022, 1,2 millones de jóvenes abandonaron los estudios y el número de estudiantes matriculados en la educación básica se redujo en un 15,7 por ciento. Denuncian además que el 85 por ciento de los centros educativos no tienen acceso a internet, el 69 por ciento tiene carencias de servicios eléctricos y el 45 por ciento no dispone de agua. La Comisión se remite a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), y pide al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre el alcance y el impacto, incluyendo información estadística desglosada por edad y sexo, de las medidas implementadas en el ámbito de la educación y la formación profesional y su relación con las posibles oportunidades de empleo. Además, pide al Gobierno que envíe información detallada sobre las medidas adoptadas con miras a asegurar la coordinación efectiva entre las políticas y programas de educación y formación profesional con las políticas y programas de empleo.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, en el primer semestre de 2021, la tasa de desocupación entre los jóvenes de entre 15 y 24 años era del 17,2 por ciento (20,6 por ciento entre las mujeres y 15,3 por ciento entre los hombres), que representa casi el doble de la tasa nacional (8,9 por ciento). El Gobierno añade que los jóvenes representan el 25,8 por ciento del total de población desocupada, el 12,6 por ciento de la población ocupada y el 33,1 por ciento de la población inactiva. La Comisión toma nota asimismo que el Gobierno informa de la continuación de la implementación de la Gran Misión Chamba Juvenil con el objetivo de proporcionar oportunidades a los jóvenes para que se incorporen al mercado de trabajo. El Gobierno indica que, en el marco de dicha Gran Misión, se atendieron 2 181 468 jóvenes, se han insertado más de 500 000 jóvenes en distintos espacios productivos y se ha proporcionado apoyo a más de 38 000 jóvenes vinculados a la plataforma Emprender Juntos. La Comisión toma nota, sin embargo, de que la CTASI, la CTV y la FAPUV sostienen que, en el marco de la señalada Gran Misión, el trabajo que se ofrece a los jóvenes es precario, de baja remuneración y sin estabilidad, y está sujeto a afiliación política. Por su parte, FEDECAMARAS señala que es necesario revisar el régimen y los beneficios laborales que se otorgan a los jóvenes con miras a estimular la ocupación en el empleo de los mismos y detener el éxodo de jóvenes a otros países. Al respecto, la CTASI, la CTV y la FAPUV señalan que, según datos de ENCOVI de 2021, el 86 por ciento de los migrantes son jóvenes en edad activa que emigran en búsqueda de empleo. Por último, la Comisión observa que el Gobierno continúa sin responder a su solicitud formulada por primera vez en 2016, de proporcionar una evaluación elaborada con la participación de los interlocutores sociales, de las medidas de política activa de empleo ejecutadas para reducir el desempleo juvenil y favorecer su inserción duradera en el mercado de trabajo. Por consiguiente, la Comisión expresa su firme esperanza en que el Gobierno presentará en su próxima memoria una evaluación, elaborada con la participación de los interlocutores sociales, del impacto de las medidas de política activa de empleo ejecutadas para reducir el desempleo juvenil y favorecer su inserción duradera en el mercado de trabajo, particularmente para las categorías de jóvenes más desfavorecidas. La Comisión pide además al Gobierno que continúe enviando información estadística actualizada y detallada, desglosada por edad y sexo, sobre las tendencias del empleo juvenil.

Desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes). La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, conforme a lo dispuesto en el artículo 308 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado es responsable de proteger y promover, entre otras entidades, las pequeñas y medianas industrias, las cooperativas, las microempresas y cualquier otra forma de asociación comunitaria. El Gobierno indica que el órgano encargado de la protección y generación de las pymes es el Ministerio del Poder Popular para el Comercio Nacional. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la adopción, en el contexto de la pandemia de COVID-19, del Plan de atención a las pymes, que incluye la adopción de medidas para simplificar los trámites para la creación de empresas, establecer un tiempo máximo para la formalización de las pymes, y proporcionar asesoría a las mismas. Además, se introdujeron determinadas exenciones fiscales a dichas empresas (tales como la exoneración del pago de tasas correspondientes al registro de marcas, patentes y derechos de autor) y se establecieron lapsos al pago de determinados impuestos. El Gobierno indica que, en el marco del Plan, se formalizaron 19 173 emprendimientos, de los cuales 15 493 están destinados a la comercialización y 3 680 a la producción. El Gobierno informa que hay un total de 27 818 pymes autorizadas a operar en el país. Por último, el Gobierno se refiere a la implementación de programas destinados a promocionar las pymes en la industria del calzado (en el marco del Plan Z) y en la fabricación de útiles y uniformes escolares (Plan Escolar). La Comisión pide al Gobierno que envíe información detallada y actualizada sobre el impacto de las medidas adoptadas para favorecer la creación y productividad de las pequeñas y medianas empresas en la generación de empleos.

Artículo 3.Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Gobierno se refiere a la celebración de encuentros con diversos sectores del país, tales como los sectores productivos, sociales laborales y políticos en los que se han abordado temáticas vinculadas al mundo de trabajo. En este sentido, el Gobierno indica que, el 5 y 7 de abril de 2022, celebró una reunión con miembros de diversas organizaciones de la sociedad civil organizada, en la que se discutió acerca de las medidas a adoptar para implementar la agenda de demandas ciudadanas formulada a través del diálogo social. Asimismo, el Gobierno informa de la celebración de la sesión inaugural del Foro de Diálogo Social, que tuvo lugar de manera virtual el 7 de marzo de 2022 y una sesión presencial que se llevó a cabo entre el 25 al 28 abril de 2022. El Gobierno indica que, en el marco del Foro de Diálogo Social, se reunió con organizaciones de trabajadores y organizaciones de empleadores, y que contó con la asistencia técnica de la OIT. El Gobierno informa que, con posterioridad a la celebración de dicho foro, ha continuado manteniendo encuentros con los interlocutores sociales en los que se han abordados diferentes temas del ámbito sociolaboral. El Gobierno indica también que, el 4 de julio de 2022, se reunió con diversas cámaras nacionales industriales, tales como la Federación de Cámaras y Asociaciones de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas de Venezuela (FEDEINDUSTRIA) y la Confederación Venezolana de Industriales (CONINDUSTRIA), con miras a intercambiar ideas en relación con el fortalecimiento de la producción nacional y la generación de empleos dignos. Además, el 20 de julio de 2022, se celebró un encuentro con, entre otros actores, representantes del sector sindical y empresarial, en el que se llevó a cabo la firma de la Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales (ZEEs) y la creación de las cinco primeras ZEEs. La Comisión observa, no obstante, que la CTASI, la CTV y la FAPUV subrayan que el Gobierno únicamente se refiere de manera general a la celebración de dichas reuniones y no proporciona información sobre el contenido o el resultado de las mismas. Destacan que para que el dialogo sea efectivo el Estado debe incluir en las consultas a las organizaciones sociales autónomas. La Comisión toma nota igualmente de que FEDECAMARAS destaca la necesidad de celebrar consultas tripartitas con el objetivo de diseñar una política de empleo coordinada entre todos los actores sociales que permita fomentar y garantizar el pleno empleo, productivo y libremente elegido, de conformidad con lo exigido en el Convenio. Por consiguiente, la Comisión insta al Gobierno a que adopte medidas inmediatas para garantizar la celebración de consultas efectivas con los interlocutores sociales en relación con las políticas de empleo, así como su participación, tal como lo exige este artículo del Convenio. Además, la Comisión se remite a sus comentarios sobre la aplicación del Convenio sobre las consultas tripartitas (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144). Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información, incluyendo ejemplos concretos, sobre la manera en que se han consultado y tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo, así como sobre la naturaleza, el alcance y el resultado de dichas consultas.

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI), recibidas el 29 de agosto de 2018, así como de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), recibidas el 1.º de septiembre de 2018, respectivamente. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), recibidas el 26 de septiembre de 2018. Toma nota también de las respuestas del Gobierno a las observaciones de los interlocutores sociales de 2017. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios en relación con las observaciones recibidas en 2018.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de la política de empleo en el marco de una política económica y social coordinada. Medidas para responder a la crisis económica. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que continúa diseñando e implementando un conjunto de medidas, políticas y programas con miras a fortalecer, mejorar e impulsar la mayor protección, inclusión social y el reconocimiento de los derechos sociales de la población venezolana. El Gobierno añade que, en este marco, se presentó el Plan de desarrollo económico y social de la nación 2019 2025, denominado «Plan de la Patria», que incluye entre sus objetivos la inamovilidad laboral, la cual ha sido introducida por diversos decretos, el último de ellos el 28 de diciembre de 2015, en el que se establece la inamovilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras por un lapso de tres años. Por lo tanto, durante dicho período no se podrán realizar despidos sin causa justificada y éstos sólo podrán realizarse con apego a los procedimientos establecidos en la legislación laboral. El Gobierno se refiere asimismo a la implementación de diversas medidas con la finalidad de promocionar el empleo, tales como la creación de las divisiones de previsión social, unidades operativas que prestan servicios integrales, tales como: asesoría, orientación y articulación para la inclusión, reinserción laboral, el otorgamiento de prestaciones por pérdida involuntaria de empleo y migraciones laborales. A través de estos servicios se atienden a trabajadores y trabajadoras con discapacidad, migrantes laborales, cesantes por pérdida involuntaria del empleo y no dependientes. Además, el Gobierno indica que se ha incrementado de manera sucesiva el salario mínimo con miras a mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores. El último incremento salarial realizado durante el período incluido en la memoria, fijaba el salario mínimo en 3 000 000 bolívares fuertes mensuales y comenzó a implementarse en junio de 2018. El Gobierno se refiere también a la implementación de la Ley del Cestaticket Socialista (a través del decreto núm. 3233, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria núm. 6354, de 31 de diciembre de 2017), por la que se ajusta la base de cálculo para el pago del CestaTicket Socialista para los trabajadores y trabajadoras que presten servicios en los sectores público y privado, a 61 unidades tributarias por día, a razón de 30 días por mes. Asimismo, en virtud del decreto núm. 3393, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria núm. 41388, de 30 de abril de 2018, se incrementó de las unidades tributarias base de cálculo a 580 bolívares. Por último, el Gobierno indica que se mantuvo la política de inclusión al sistema de pensiones y homologación de su pago, con base en el salario mínimo nacional. Al respecto, el Gobierno informa que en abril de 2018 habían 3 780 674 beneficiarios, que representan más del 70 por ciento de la población venezolana mayor de 55 años en el caso de las mujeres y de 60 años en el de los hombres.

La Comisión toma nota igualmente de que las centrales de trabajadores UNETE, CTV, CGT y CODESA denuncian en sus observaciones los altos niveles de informalidad, vulnerabilidad y precariedad del empleo en el país que lo distancian de los objetivos del empleo decente, productivo y de calidad. En este sentido, la CTASI indica que, según la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Vida (ENCOVI), en 2017, el 44 por ciento de los ocupados no tenía ningún tipo de contratación, el 10 por ciento estaba contratado a través de un contrato verbal y el 7 por ciento tenía contratos temporales. Igualmente, sostiene que se ha producido una disminución en el acceso a los beneficios laborales legales. En particular, señalan que en 2017, únicamente el 35,5 por ciento de los trabajadores gozó de vacaciones pagadas, solamente el 31,1 por ciento cotizó en el Instituto Venezolano de Seguro Sociales (IVSS), el 34 por ciento recibió el bono de alimentación y el 41,5 por ciento reportó obtener utilidades o bonificaciones de fin de año. La CTASI señala que en 2017 había un 2,2 por ciento de subempleo, es decir, trabajadores que laboraban menos de 15 horas a la semana. Además, había un 4,1 por ciento de trabajadores que ganaban menos de un salario mínimo integral pese a trabajar más de 40 horas a la semana. En relación con la remuneración de los trabajadores, la CTASI afirma que hasta septiembre de 2018, antes de que el país entrara en la superinflación, el 82 por ciento de los ocupados percibía ingresos por debajo del mínimo integral. Según la CTASI, el hecho de ir al trabajo resulta más costoso para los trabajadores que los ingresos que se generan, por lo que muchos prefieren abandonar sus trabajos formales para dedicarse a oficios informales (la economía informal aumentó del 30,6 por ciento en 2014 al 37,5 en 2017) o subsistir a través de algún tipo de financiamiento otorgado por el Estado. Por su parte, UNETE, CTV y CGT denuncian las medidas económicas actuales, adoptadas posteriormente al envío de la memoria por el Gobierno, tales como la adopción del nuevo salario mínimo de 1 800 bolívares soberanos en agosto de 2018 y la fijación de manera unilateral del cestaticket alimentario a un 10 por ciento del salario mínimo, lo que vulnera el principio de progresividad establecido en el ordenamiento jurídico y elimina los beneficios contemplados en los convenios colectivos en vigor. La Comisión toma nota también de que la OIE y FEDECAMARAS sostienen una vez más que el Gobierno continúa sin adoptar una política eficaz de fomento del empleo. Asimismo, las organizaciones de empleadores se refieren a información estadística del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé una inflación de 1 000 000 por ciento para finales de 2018. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada sobre las medidas concretas tomadas para elaborar y adoptar una política activa de empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en pleno cumplimiento del Convenio.

Tendencias del mercado laboral. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno informa de que la tasa de ocupación era del 93 por ciento en el segundo semestre de 2017, y la tasa de desocupación era del 7 por ciento. El Gobierno añade que, si bien, existe una mayor participación de la población masculina (59,8 por ciento), se aprecia un incremento en la ocupación femenina, al pasar de 4 682 402 mujeres ocupadas en 2008 a 5 828 388 al 2017. El Gobierno indica que esta situación está asociada a las políticas y programas desarrollados con miras a incrementar la tasa de ocupación de las mujeres, entre otras, la creación de instituciones que instrumentan dichos programas, así como la capacitación y financiamiento de proyectos socioproductivos propuestos por mujeres. La Comisión observa que el Gobierno informa del aumento de la tasa de ocupación del 18,6 por ciento en 2016 al 66,1 por ciento en 2017 entre los mayores de 65 años. El Gobierno indica también que la economía informal se redujo de un 52,4 por ciento en 2003 a un 42,87 por ciento en el segundo semestre de 2017. La Comisión toma nota, sin embargo, de que las centrales de trabajadores UNETE, CTV, CGT, CODESA y CTASI se refieren a los resultados de la ENCOVI, de acuerdo a los cuales, en 2017, el 58,5 por ciento de la población se encontraba económicamente activa y el 41,5 por ciento inactiva. Señalan que la tasa de desempleo abierto aumentó del 7,4 por ciento en 2016 al 9 por ciento en 2017. Además, UNETE, CTV, CGT y CODESA indican que la pobreza por nivel de ingresos aumentó del 81,8 por ciento en 2016 al 87 por ciento en 2017, mientras que la pobreza extrema pasó del 51,5 por ciento al 61,2 por ciento. Destacan que se sigue evidenciando una profunda desigualdad territorial, ya que mientras que en Caracas (donde vive menos del 20 por ciento de la población) la pobreza multidimensional alcanza al 34 por ciento de los hogares, en las zonas menos pobladas (donde en conjunto viven el 25 por ciento de la población), la pobreza se duplica hasta alcanzar el 74 por ciento. Las centrales de trabajadores denuncian que la información estadística proporcionada por el Gobierno no corresponde con las cifras reales. Por su parte, la OIE y FEDECAMARAS lamentan que desde abril de 2016 no se publican las cifras oficiales de la fuerza de trabajo que publicaba el Instituto Nacional de Estadística (INE), ni existen mecanismos de rendición de cuentas que proporcionen información acerca de las variables más relevantes de la fuerza de trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que continúe proporcionando información detallada, incluyendo estadísticas actualizadas, desglosadas por sexo y edad, sobre la situación y las tendencias del mercado laboral en el país. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que continúe enviando información sobre el impacto de las medidas tomadas para dar efecto al Convenio.

Régimen laboral transitorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicase la situación actual en la que se encuentra la aplicación de la resolución núm. 9855, mediante la cual se establece un régimen laboral transitorio de carácter obligatorio y estratégico para el reimpulso del sector agroalimentario, que prevé la inserción laboral de trabajadores de empresas públicas y privadas en otras empresas (empresas requirentes) de dicho sector, distintas a las que generan la relación de trabajo originaria. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la citada resolución se dictó en el marco del decreto por el que se declaraba el estado de excepción y de la emergencia Económica, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dispone que el Estado debe garantizar la soberanía alimentaria. Indica igualmente que la resolución no fue implementada durante el tiempo de su vigencia, por lo que no se llegó a efectuar ningún traslado de trabajadores relacionado con la aplicación de la misma. El Gobierno añade que la resolución tenía una vigencia de 180 días y que nunca se emitió una nueva resolución con miras a prorrogar la misma. El Gobierno concluye que, en consecuencia, la resolución núm. 9855 se encuentra derogada, ya que quedó sin efecto en enero de 2017, al no ser prorrogada. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en respuesta a su solicitud anterior sobre el estado de la resolución núm. 9855.

Empleo juvenil. En respuesta a sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota de que el Gobierno informa que el número de jóvenes ocupados, entre 15 y 24 años, aumentó de 565 727 en 2016 a 670 974 en 2017. El Gobierno indica que, a través de las 32 oficinas de los Centros de Encuentro para la Educación y el Trabajo (CEET), se desarrolla una política dirigida a garantizar la inclusión integral de los jóvenes en el proceso social del trabajo, tomando en consideración sus capacidades y potencialidades. En 2017, se registraron 6 479 jóvenes en los CEET (el 57 por ciento de los cuales eran hombres y el 43 por ciento mujeres), que posteriormente se incorporaron a cada una de las cadenas productivas que tuviese mayor necesidad de fuerza de trabajo. El Gobierno informa de que el 63 por ciento de los jóvenes registrados en los CEET se encuentran ocupados, el 31 por ciento está desempleado y un 6 por ciento está buscando trabajo por primera vez. La Comisión toma nota también de que el Gobierno se refiere, entre otros, al Programa de atención integral dirigido a la población en situación de vulnerabilidad, tales como personas con discapacidad y jóvenes de entre 18 y 30 años, estudiantes universitarios, que se encuentran cursando los procesos de prácticas, pasantías, servicio comunitario y/o proyectos de investigación, que son incluidos como voluntarios en los procesos de abordaje de las diferentes entidades de trabajo priorizadas por motores estratégicos. El Gobierno destaca la transformación del Plan chamba juvenil en la Gran misión chamba juvenil mediante el decreto núm. 3485 de 22 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial núm. 41429 de 28 de junio de 2018. Esta nueva Gran misión está dirigida a jóvenes de entre 15 y 35 años, con el objetivo de incorporarlos a la ocupación laboral y productiva, en áreas orientadas a la satisfacción de necesidades humanas, identificadas a través del instrumento del Carnet de la Patria, en el marco del Movimiento somos Venezuela. En particular, la Gran misión chamba juvenil focaliza su atención en los jóvenes universitarios desocupados, no escolarizados, con cargas familiares o en situación de vulnerabilidad social y madres solteras. El Gobierno indica que a un año de su creación se han registrado 1 100 000 jóvenes en la Misión, se han aprobado 11 647 proyectos socioproductivos que han beneficiado a más de 33 000 jóvenes, y se han incorporado jóvenes chambistas en 2 206 empresas públicas y privadas. Entre sus líneas estratégicas se encuentra la promoción y el fortalecimiento de una nueva cultura para el proceso social del trabajo, la vuelta al campo (producción agropecuaria y agrourbana), la promoción de una cultura de emprendimiento productivo y la integración de programas para la juventud. La Comisión observa, no obstante, que el Gobierno continúa sin proporcionar una evaluación elaborada con la participación de los interlocutores sociales, de las medidas de política activa de empleo ejecutadas para reducir el desempleo juvenil y favorecer su inserción duradera en el mercado de trabajo, particularmente para las categorías de jóvenes más desfavorecidas. Por consiguiente, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que presente una evaluación elaborada con la participación de los interlocutores sociales de las medidas de política activa de empleo ejecutadas para reducir el desempleo juvenil y favorecer su inserción duradera en el mercado de trabajo, particularmente para las categorías de jóvenes más desfavorecidas. La Comisión solicita además al Gobierno que continúe proporcionando información estadística detallada, desglosada por edad y sexo, sobre las tendencias del empleo juvenil.

Desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes). En sus comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que enviase información sobre el impacto de las medidas adoptadas para favorecer la creación y productividad de las pequeñas y medianas empresas, y para favorecer un clima propicio para la generación de empleos en dichas empresas. La Comisión observa que el Gobierno no comunica información al respecto. La Comisión toma nota de que en sus observaciones, la OIE y FEDECAMARAS señalan que, según cifras del INE, entre 1998 y 2006, han desaparecido más del 40 por ciento de las empresas del país. La Comisión solicita una vez más al Gobierno que envíe información sobre el impacto de las medidas adoptadas para favorecer la creación y productividad de las pequeñas y medianas empresas, y para favorecer un clima propicio para la generación de empleos en dichas empresas.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. En sus comentarios anteriores, la Comisión reiteró su solicitud al Gobierno de que transmitiera información, incluyendo ejemplos concretos, sobre la manera en que se han consultado y tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo. Asimismo, la Comisión solicitó una vez más al Gobierno que proporcionase información detallada sobre las actividades del Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP) relacionadas con los temas cubiertos por el Convenio. La Comisión toma nota de que el Gobierno no proporciona información al respecto en su memoria. La Comisión toma nota también de que en sus observaciones las organizaciones de empleadores OIE y FEDECAMARAS denuncian que no se están celebrando consultas o cooperando con los interlocutores sociales para la elaboración de una política de fomento del empleo, conforme a lo requerido por el artículo 3. Por consiguiente, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que transmita información, incluyendo ejemplos concretos, sobre la manera en que se han consultado y tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo, así como sobre el resultado de dichas consultas. Asimismo, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que proporcione información detallada sobre las actividades del Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP) relacionadas con los temas cubiertos por el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2017, Publicación: 107ª reunión CIT (2018)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (CTASI), así como de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), recibidas el 31 de agosto de 2017. La Comisión toma nota asimismo de las observaciones de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), recibidas el 18 de septiembre de 2017. La Comisión solicita al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 106.ª reunión, junio de 2017)

La Comisión toma nota de la discusión sobre la aplicación del Convenio que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2017. La Comisión toma nota además de que en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia tomó nota con gran preocupación de que el Gobierno aún no había dado curso a sus conclusiones de 2016. La Comisión de la Conferencia tomó nota también de la falta de diálogo social en relación con una política activa de empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. A la luz de la discusión, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que: con asistencia técnica de la OIT y sin dilación, formule, en consulta con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores, una política de empleo orientada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en un clima de diálogo exento de cualquier forma de intimidación; adopte medidas concretas para poner en práctica una política de empleo que estimule el crecimiento y el desarrollo económicos, eleve los niveles de vida y ayude a combatir el desempleo y el subempleo; e institucionalice un debate tripartito, con la presencia de la OIT, para fomentar un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones de empleadores y de trabajadores a fin de impulsar el diálogo social y promover unas relaciones laborales sólidas y estables. Asimismo, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que presentara informaciones detalladas a la Comisión de Expertos sobre la aplicación en la práctica del Convenio; y dé seguimiento a las conclusiones de la Comisión de la Conferencia. Por último, la Comisión acoge con beneplácito la aceptación por parte del Gobierno de una misión tripartita de alto nivel de la OIT, siguiendo la recomendación de la Comisión de la Conferencia de 2016. La Comisión confía en que la misión tripartita de alto nivel de la OIT examinará los progresos alcanzados para cumplir con las conclusiones de la Comisión de la Conferencia.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de la política de empleo en el marco de una política económica y social coordinada. Medidas para responder a la crisis económica. La Comisión toma nota de que, en el marco de las discusiones sobre el caso de la República Bolivariana de Venezuela ante la Comisión de Aplicación de Normas en junio de 2017, un representante gubernamental se refirió a la memoria presentada en 2016 e indicó que en la misma se habían presentado indicadores que dan cuenta de la existencia de una política de empleo sostenida. Al respecto, el Gobierno se refirió a la ejecución del segundo plan socialista de desarrollo económico y social de la nación y de la Agenda Económica Bolivariana. La Comisión toma nota, por otra parte, de que el Gobierno destaca en su memoria que en octubre de 2016 se reforzaron las Misiones y Grandes Misiones en el marco de la adopción del Plan de socialismo en lo territorial 2016-2019. En particular, el Gobierno se refiere a la «Gran misión saber y trabajo», que fue creada con el objetivo de atender a las personas desempleadas que no reciben ningún tipo de ingreso y a las «Bases de misiones» que persiguen erradicar la pobreza extrema. Asimismo, se han continuado dictando decretos de inamovilidad laboral y se ha llevado a cabo un aumento anual del salario mínimo tomando como referencia el costo de la canasta básica. El Gobierno indica que, en el marco de la Agenda Económica Bolivariana, los agentes sociales han participado en mesas de trabajo con miras a diseñar medidas que generen estabilidad y empleo. La Comisión toma nota de que la CTASI señala en sus observaciones que el Gobierno continúa sin adoptar una política de empleo. La OIE y FEDECAMARAS sostienen una vez más que no existe dentro de la planificación macroeconómica del país una política coordinada para la ejecución conjunta de planes de empleo. Asimismo, las organizaciones de empleadores se refieren a información estadística del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé una contracción del 10 por ciento del PIB y una inflación acumulada del 1 660 por ciento en 2017, de forma que se alcanzaría el período de recesión más largo en el país en veinte años y Venezuela tendría la inflación más alta del mundo por tercer año consecutivo. Añaden que, según la Encuesta de condiciones de vida (ENCOVI), el 93 por ciento de los hogares en 2016 no tenían ingresos suficientes para acceder a la canasta básica y un 82 por ciento de la población vivía en situación de pobreza. Indican que se desconocen las acciones estratégicas concretas de la Agenda Económica Bolivariana adoptadas por el Gobierno con miras a reforzar la protección al empleo. Las centrales de trabajadores UNETE, CTV, CGT y CODESA señalan que también se desconocen las medidas adoptadas en el marco del Plan de desarrollo económico y social para 2007 2013 y de las misiones sociales en relación con la generación de empleo productivo. La Comisión solicita al Gobierno que continúe enviando información detallada sobre las medidas concretas adoptadas para elaborar y adoptar una política activa de empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en pleno cumplimiento del Convenio, y sobre las consultas llevadas a cabo con los interlocutores sociales a este fin.

Tendencias del mercado laboral. La Comisión observa que, según la Encuesta de Hogares por Muestreo del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de actividad disminuyó del 64,8 por ciento en abril de 2015 al 62,7 por ciento en abril de 2016. La tasa de actividad masculina aumentó 0,4 puntos porcentuales, mientras que la de las mujeres disminuyó 3,7 puntos porcentuales. En el mismo período, la tasa de inactividad aumentó del 35,2 por ciento al 37,3 por ciento, con un aumento significativo de la tasa de inactividad entre las mujeres (3,7 puntos porcentuales) en comparación con la de los hombres (0,4 puntos porcentuales). La tasa de población ocupada disminuyó del 93 por ciento al 92,7 por ciento, y la tasa de población desocupada aumentó del 7 por ciento al 7,3 por ciento (8,3 por ciento entre las mujeres y 6,7 entre los hombres). En sus observaciones, la CTASI reitera que las estadísticas de empleo utilizadas en la República Bolivariana de Venezuela no abordan la subocupación o el empleo precario, y destaca que la suma del desempleo abierto y de los ocupados con jornadas de quince horas o menos evidencia un déficit del mercado laboral en el país que llega al 11 por ciento. Las centrales de trabajadores UNETE, CTV, CGT y CODESA afirman que el Gobierno no facilita información detallada y desagregada sobre la situación, el nivel y las tendencias del empleo que permitan evaluar el impacto de las medidas adoptadas en el marco de la política de empleo. La Comisión solicita al Gobierno que brinde información detallada, incluyendo estadísticas actualizadas, desglosadas por sexo y edad, sobre la situación y las tendencias del mercado laboral en el país. La Comisión solicita asimismo al Gobierno que proporcione información sobre el impacto de las medidas tomadas para dar efecto al Convenio.

Régimen laboral transitorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de la adopción de la resolución núm. 9855, de 22 de julio de 2016, mediante la cual se establece un régimen laboral transitorio de carácter obligatorio y estratégico para el reimpulso del sector agroalimentario, que prevé la inserción laboral de trabajadores de empresas públicas y privadas en otras empresas (empresas requirentes) de dicho sector, distintas a las que generan la relación de trabajo originaria. La Comisión tomó nota asimismo de las observaciones de la OIE y FEDECAMARAS, en las que indicaban que eran las empresas requirentes (propiedad del Estado) y no el trabajador quienes disponen la movilización del trabajador hacia otra empresa, contrariamente a los principios del Convenio. La Comisión toma nota de que en junio de 2017, un representante gubernamental en la Comisión de la Conferencia declaró que la resolución núm. 9855 había sido derogada. Asimismo, el Gobierno indica en su memoria que el señalado régimen ha quedado sin efecto, ya que la citada resolución preveía una vigencia de 180 días. La Comisión toma nota, sin embargo, de que las organizaciones de empleadores OIE y FEDECAMARAS señalan que no se conoce la derogatoria oficial de la resolución núm. 9855 y únicamente se ha dejado de aplicar temporalmente por el Gobierno. Sostienen, por lo tanto, que el Gobierno continúa infringiendo del principio del Convenio que requiere que los Estados Miembros deben desarrollar, de manera coordinada con los interlocutores sociales, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Ante la divergencia de posiciones, la Comisión solicita al Gobierno que indique la situación actual en la que se encuentra la aplicación de la resolución núm. 9855.

Empleo juvenil. El Gobierno se refiere en su memoria a la adopción de diversas medidas con miras a reducir el desempleo juvenil y favorecer su inserción en el mercado de trabajo. Al respecto, el Gobierno indica que en virtud de la Ley de Empleo para la Juventud Productiva se proporciona acompañamiento y recursos a los jóvenes para que lleven a cabo proyectos que permitan impulsar la construcción del nuevo modelo de desarrollo económico del país. En 2017, se adoptó el plan chamba juvenil, que está dirigido a jóvenes de entre 19 y 35 años con el objetivo de incorporarlos al mercado de trabajo en aquellos sectores priorizados en la Agenda Económica Bolivariana. Este plan tiene como destinatarios fundamentalmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad: jóvenes universitarios desocupados, jóvenes no escolarizados, madres solteras, jóvenes con cargas familiares y jóvenes en situación de calle. La primera fase del plan prevé la incorporación de 200 000 jóvenes al mercado laboral y se desarrollará en 172 centros de formación. El Gobierno indica además que la «Gran misión saber y trabajo» tiene entre sus principales objetivos la implementación de un plan especial de empleo productivo para los jóvenes. Por otra parte, el Gobierno indica que en 2016, 24 085 mujeres y 17 737 hombres fueron aprendices activos en el Programa nacional de aprendizaje (PNA). La tasa de ocupación de participantes del PNA aumentó del 1,88 por ciento en 2015 al 2,10 por ciento en 2016. El Gobierno añade que a través de la cooperación entre diversos entes del Estado y entidades de trabajo privadas, más de 40 000 jóvenes aprendices al año reciben capacitación y son incorporados al mercado laboral. En sus observaciones, la OIE y FEDECAMARAS sostienen que las cifras de empleo juvenil de la encuesta oficial de abril de 2016 no reflejan la gravedad de la situación. Indican que se ha producido una disminución significativa de la población económica activa y un aumento del desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años. Por su parte, las centrales de trabajadores UNETE, CTV, CGT y CODESA lamentan que el Gobierno oculte información sobre las tendencias del empleo juvenil. Además, sostienen que no se han adoptado medidas para minimizar el impacto del desempleo en los jóvenes y favorecer su inserción duradera en el mercado de trabajo, en particular, de las categorías más desfavorecidas de jóvenes. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que, con la participación de los interlocutores sociales, presente una evaluación de las medidas de política activa de empleo ejecutadas para reducir el desempleo juvenil y favorecer su inserción duradera en el mercado de trabajo, particularmente para las categorías de jóvenes más desfavorecidas. La Comisión solicita también al Gobierno que continúe enviando información estadística detallada, desglosada por edad y sexo, sobre las tendencias del empleo juvenil.

Desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes). En respuesta a sus comentarios anteriores, el Gobierno indica que se han evaluado las necesidades de las pymes con el objetivo de mejorar su eficiencia productiva, se les ha otorgado asistencia técnica y financiación, y se han creado nuevos incentivos y mecanismos para favorecer el desarrollo del sector de la pequeña y media industria. El Gobierno se refiere además en su memoria a la adopción de medidas para promover el emprendimiento entre mujeres, entre otras, el programa «Soy Mujer» que otorga apoyo técnico, logístico y financiero a sus proyectos. La Comisión toma nota, sin embargo, que la OIE y FEDECAMARAS señalan en sus observaciones que se está produciendo un cierre cada vez más acelerado de empresas privadas, especialmente de pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el 80 por ciento del total. La Comisión solicita al Gobierno que envíe información sobre el impacto de las medidas adoptadas para favorecer la creación y productividad de las pequeñas y medianas empresas, y para favorecer un clima propicio para la generación de empleos en dichas empresas.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que en junio de 2017 se organizó, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, una reunión tripartita entre el Gobierno y los interlocutores sociales. No obstante, los miembros empleadores en la Comisión de la Conferencia manifestaron su negativa a participar en dicha reunión debido a la falta de equilibrio en la representatividad, ya que no todas las organizaciones de trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela presentes en la Conferencia habían sido convocadas a participar en la misma. Por otro lado, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que ha celebrado reuniones con FEDECAMARAS y las organizaciones de trabajadores en 2017. Por su parte, la OIE y FEDECAMARAS indican que el Gobierno continúa incumpliendo con su obligación de consultar a los representantes de los empleadores y de los trabajadores para formular la política de empleo, destacando que FEDECAMARAS, a pesar de su representatividad, lleva diecisiete años sin ser consultada por el Gobierno sobre la definición o coordinación de la política de empleo. FEDECAMARAS indica además que no ha sido convocada al Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP), en el seno del cual se celebran consultas sobre áreas económicas estratégicas para el país. FEDECAMARAS solicita que el Gobierno proporcione las minutas de las reuniones del CNEP, en las que se hayan acordado la política de empleo, los incrementos salariales o cualquier otra medida estructural en relación al empleo. Las centrales de trabajadores UNETE, CTV, CGT y CODESA afirman que las organizaciones de trabajadores continúan sin ser consultadas para la formulación de las políticas y que el Gobierno continúa también sin tomar en consideración los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo. La Comisión reitera nuevamente su solicitud al Gobierno de transmitir información, incluyendo ejemplos concretos, sobre la manera en que se han consultado y tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo. Asimismo, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que proporcione información detallada sobre las actividades del CNEP relacionadas con los temas cubiertos por el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Alianza Sindical Independiente (ASI) sobre la aplicación del Convenio, recibidas el 22 de agosto de 2016, de las observaciones presentadas por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), recibidas el 30 de agosto de 2016, y de las observaciones de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNETE), la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación de Sindicatos Autónomos (CODESA), recibidas el 8 y el 12 de septiembre, y el 12 de octubre de 2016. La Comisión pide al Gobierno que presente sus comentarios al respecto.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 105.ª reunión, mayo-junio de 2016)

La Comisión toma nota de la discusión sobre la aplicación del Convenio que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2016. La Comisión también toma nota de que en sus conclusiones, la Comisión de la Conferencia deploró la crisis social y económica que afecta al país y la ausencia de una política activa de empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. En dicha ocasión, la Comisión de la Conferencia también deploró la ausencia de diálogo social con las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores con el objetivo de aplicar una política activa de empleo. Teniendo en cuenta la información facilitada por el representante gubernamental y la discusión sobre el caso, la Comisión de la Conferencia instó al Gobierno a que: con la asistencia de la OIT, elabore inmediatamente, en consulta con las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, una política de empleo destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido; implemente inmediatamente medidas concretas que pongan en la práctica una política de empleo que tenga como objetivo estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, elevar el nivel de vida, satisfacer las necesidades de mano de obra y resolver el problema del desempleo y del subempleo; establezca inmediatamente un órgano estructurado de diálogo social tripartito en el país y emprenda de inmediato acciones para generar un clima de confianza basado en el respeto de las organizaciones de empleadores y de trabajadores con miras a promover relaciones profesionales estables y sólidas; implemente todos los compromisos asumidos en el Consejo de Administración, de marzo de 2016, de cumplir con un plan de acción en consulta con los interlocutores sociales, con el establecimiento de etapas y plazos concretos para la ejecución del mismo; y que presente informaciones detalladas a la Comisión de Expertos sobre la aplicación en la práctica del Convenio núm. 122. La Comisión de la Conferencia concluyó indicando que el Gobierno debería aceptar una misión tripartita de alto nivel de la OIT antes de la Conferencia Internacional del Trabajo de manera de examinar los progresos alcanzados para cumplir con dichas conclusiones. La Comisión lamenta que el Gobierno no haya respondido a la recomendación de la Comisión de la Conferencia de que acepte una misión tripartita de alto nivel de la OIT que permitiera examinar los progresos alcanzados para cumplir con las conclusiones de dicha Comisión, antes de la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2017, y espera que próximamente el Gobierno atienda la recomendación formulada.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de la política de empleo en el marco de una política económica y social coordinada. Medidas para responder a la crisis económica. La Comisión toma nota de que, en el marco de las discusiones sobre el caso de la República Bolivariana de Venezuela ante la Comisión de Aplicación de Normas en junio de 2016, un representante gubernamental se refirió a la memoria presentada en 2015 en la que se indicaba que el país cuenta con una política de empleo sostenido en el tiempo, es decir el Plan de desarrollo económico y social 2007-2013. También en dicha memoria, se hacía referencia al Segundo Plan socialista de desarrollo económico y social de la nación 2013-2019 que según el Gobierno constituye la carta estratégica como guía para la ruta de la transición al socialismo bolivariano del siglo xxi. La Comisión toma nota de la información facilitada por el Gobierno sobre los aumentos del salario mínimo básico mensual, y varios decretos de inamovilidad laboral implementados desde julio de 2002. El Gobierno indica que en aras de recuperar y reimpulsar la economía nacional, ha puesto en marcha seis acciones estratégicas, denominadas «Agenda Económica Bolivariana», que incluye un plan reforzado de protección del empleo, de los salarios y de las pensiones. Por su parte, la ASI señala en sus observaciones que la República Bolivariana de Venezuela no cuenta con una política de empleo. La OIE y FEDECAMARAS sostienen que no existe dentro de la planificación macroeconómica del país una política coordinada para la ejecución conjunta de planes de empleo. Indican que la ausencia de una política coherente de empleo en el país ha ocasionado un enorme crecimiento del índice de pobreza, que pasó del 53 por ciento en 2014 al 76 por ciento en 2015. Añaden que el aumento ha sido aún más significativo en el caso del índice de la pobreza extrema, que pasó del 25 por ciento en 2014 al 53 por ciento en 2015. Por otro lado, las organizaciones de empleadores observan que la República Bolivariana de Venezuela tiene actualmente la inflación más alta del mundo, con un índice mensual al mes de julio de 2016 del 23,2 por ciento y un acumulado en 2016 del 240 por ciento al mismo mes, y una inflación anualizada de julio de 2015 a julio de 2016 del 565 por ciento, con lo cual el poder adquisitivo del trabajador venezolano se ha pulverizado. Un gran número de plantas productoras están inoperativas por falta de materias primas, y la producción está severamente restringida. En sus observaciones, las centrales sindicales UNETE, CVT, CGT y CODESA sostienen que el Gobierno no facilita información sobre la situación, el nivel y las tendencias del empleo, y que no hay datos sobre el mercado de trabajo que pudiesen servir de base para revisar regularmente las medidas de política de empleo adoptadas, como parte integrante de una política económica y social coordinada. Tampoco se conocen las medidas y los resultados adoptados en el marco del Plan de desarrollo económico y social para 2007-2013. Las organizaciones sindicales indican además que el Gobierno oculta información sobre las tendencias del empleo juvenil y que no existen medidas o políticas para favorecer su inserción laboral duradera en el mercado de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones sobre las medidas concretas tomadas para elaborar y adoptar una política activa de empleo destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en pleno cumplimiento del Convenio, y las consultas llevadas a cabo con los interlocutores sociales a este fin.

Tendencias del mercado laboral. El Gobierno afirma en su memoria que la economía ha crecido entre 2010 y 2015, y que la participación de las mujeres ha crecido en un 9,2 por ciento. El Gobierno indica que, para el segundo semestre de 2015, la República Bolivariana de Venezuela contaba con una tasa de actividad del 63,4 por ciento, de la población activa de 14 136 349 personas de 15 y más años de edad, lo que representa un decrecimiento del 1,2 por ciento comparado con el año 2014. La tasa de actividad masculina era del 77,7 por ciento comparada con la tasa de actividad femenina del 49,3 por ciento durante el segundo semestre de 2015. Al respecto, el Gobierno indica que la tasa de inactividad femenina creció en un 7,1 por ciento en 2014-2015. El Gobierno señala una baja importante en la tasa de la población desocupada, de un 8,5 por ciento en 2010 a un 6,7 por ciento en 2015, e indica que al cierre del año 2015, la tasa de ocupación en el país era del 92,6 por ciento. En sus observaciones, la ASI indica que las estadísticas de empleo estudiadas en la República Bolivariana de Venezuela no abordan la subocupación o el empleo precario, y sostiene que la suma del desempleo abierto y de los ocupados con jornadas de quince horas o menos evidencia un déficit del mercado laboral en el país que llega al 11 por ciento. La ASI también destaca que en los últimos quince años, el desempleo ha alcanzado las cifras más altas que históricamente se han conocido. Adicionalmente, la ASI indica que los ingresos promedio, independientemente de categoría ocupacional, se ubican cerca del salario mínimo, lo que demuestra la ausencia de una política de salarios que se vincule con niveles de productividad. Señala que, en 2014, los hogares en situación de pobreza alcanzaron el 48,4 por ciento. Por su parte, la OIE y FEDECAMARAS sostienen que la inexistencia de diálogo social en el país ha repercutido negativamente en los niveles de empleo, notando que la tasa de actividad en abril de 2016 es menor que la reportada en 2014 y 2015, y la tasa correspondiente de inactividad es mayor. Señalan una disminución del porcentaje de ocupados en el sector formal, pero también una reducción en el porcentaje de ocupados en la economía informal, lo que atribuyen a una caída en el número de empleadores debido al impacto negativo de las políticas económicas y de generación de empleo desarrolladas de manera inconsulta por el Gobierno. La Comisión pide al Gobierno que continúe brindando información detallada, incluyendo estadísticas actualizadas sobre las tendencias del mercado laboral en el país. Sírvase también brindar información sobre el impacto de las medidas tomadas para dar efecto al Convenio.

Régimen laboral transitorio. La Comisión toma nota de la adopción de la resolución núm. 9855 de 22 de julio de 2016, en el marco del estado de excepción y emergencia económica declarado por el Gobierno, mediante la cual se establece un régimen laboral transitorio de carácter obligatorio y estratégico para el reimpulso del sector agroalimentario, que prevé la inserción laboral de trabajadores de empresas públicas y privadas en otras empresas de dicho sector distintas a las que generan la relación de trabajo originaria. La OIE y FEDECAMARAS indican que la resolución ministerial prevé la inserción temporal de trabajadores en aquellas empresas del sector que han sido objeto de alguna medida especial implementada por el Gobierno para fortalecer el sector agroalimentario, llamadas empresas requirentes. En virtud de la resolución, las empresas requirentes pueden solicitar un número determinado de trabajadores provenientes de empresas del sector público o privado. Las organizaciones de empleadores indican que es la empresa requirente (propiedad del Estado) y no el trabajador quien dispone la movilización del trabajador hacia otra empresa, contrariamente al principio del Convenio que requiere que los Estados Miembros deben desarrollar, de manera coordinada con los interlocutores sociales, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, libremente elegido. Indican además que ciertos representantes gubernamentales han señalado que en la resolución se incurrió en un error que sería corregido a la brevedad a fin de aclarar que la resolución sólo se aplicaría de manera voluntaria, pero que a la fecha dicha modificación no ha ocurrido y la resolución mantiene su carácter obligatorio. La OIE y FEDECAMARAS sostienen que la resolución duplica la carga laboral para las empresas generadoras de la relación de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que indique la manera en que los principios expresados en el Convenio de promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido se aplica en el marco del régimen transitorio laboral establecido por la resolución núm. 9855.

Empleo juvenil. El Gobierno destaca que durante el año 2015, el número de desocupados jóvenes en la República Bolivariana de Venezuela se ubicó en 304 933 personas, lo que significa que el 32,3 por ciento del total de los desocupados en el país es población juvenil. Además, el Gobierno informa que la tasa de desocupación de trabajadores entre 15 y 24 años de edad muestra valores que tienden a duplicar la media de desocupación nacional. En 2015, mientras la tasa nacional se ubicaba en el 6,7 por ciento, la tasa para los jóvenes alcanzó el 14,7 por ciento. El Gobierno se refiere a la Ley para la Juventud Productiva núm. 392 de 13 de noviembre de 2014, que tiene por objeto promover la inserción laboral de los jóvenes y consagra su derecho al trabajo digno en su artículo 6. El Gobierno también señala que la responsabilidad de la ejecución de la política sobre formación y capacitación profesional y laboral está a cargo del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), que fue creado para, entre otras cosas, promover la formación profesional de los trabajadores y trabajadoras, incluyendo la formación y aprendizaje de los jóvenes. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre los cursos y talleres brindados por el INCES. En junio de 2016, un representante gubernamental en la Comisión de la Conferencia indicó que el INCES formaría 50 000 jóvenes en 2016 en distintas áreas laborales y que la Misión «Saber y Trabajo» ha capacitado hasta la fecha a más de1 millón de personas que se habían insertado en el sistema económico y productivo. Según se desprende de la memoria del Gobierno, la población joven de 15 a 30 años representa el 35,5 por ciento de la población total del país, y el 51,1 por ciento de la población desocupada. Además, las mujeres tienen participación menor en relación a los hombres, lo que significa que de cada diez jóvenes que se encuentran ocupados, siete son hombres y tres son mujeres. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando informaciones detalladas, desglosadas por sexo, sobre las tendencias del empleo juvenil. La Comisión también reitera su pedido al Gobierno para que, con la participación de los interlocutores sociales, presente una evaluación de las medidas de política activa de empleo ejecutadas para reducir el desempleo juvenil y favorecer su inserción duradera en el mercado de trabajo, particularmente para las categorías de jóvenes más desfavorecidas.

Desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYME). La Comisión toma nota de que la memoria del Gobierno no contiene una respuesta a su pedido. Por consiguiente, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para favorecer la creación de las pymes, su productividad y para favorecer un clima propicio para la generación de empleos en dichas empresas.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. En junio de 2016, un representante del Gobierno indicó que a principios de 2016 se creó el Consejo Nacional de Economía Productiva (CNEP), una instancia de diálogo tripartito que abarca el desarrollo de áreas económicas estratégicas en el país que ha realizado más de 300 reuniones de trabajo. Por otro lado, la Comisión toma nota de las observaciones de la OIE y FEDECAMARAS en las que indican que el Gobierno continúa incumpliendo con su obligación de consultar a los representantes de los empleadores y de los trabajadores para formular la política de empleo, afirmando que FEDECAMARAS, a pesar de su representatividad, por tener afiliadas cerca de 300 cámaras, lleva diecisiete años de no ser consultada por el Gobierno sobre la definición o coordinación de la política de empleo. Sostienen además que el Gobierno incumplió el compromiso que asumió ante el Consejo de Administración de la OIT, en marzo de 2016, de poner en marcha un plan de acción que incluya la conformación de una mesa de diálogo y la generación de un cronograma de reuniones con FEDECAMARAS y las organizaciones sindicales independientes. FEDECAMARAS indica que tampoco ha sido convocada al Consejo Nacional de Economía Productiva creado por el Presidente en enero de 2016. Las centrales sindicales UNETE, CTV, CGT y CODESA sostienen que las organizaciones de trabajadores no son consultadas para la formulación de las políticas de empleo y que el Gobierno no ha tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo. La Comisión se remite al Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, en el que se subraya que el diálogo social es esencial en circunstancias normales, y más aún en tiempos de crisis. Los instrumentos sobre el empleo requieren que los Estados Miembros promuevan y participen en consultas tripartitas genuinas (Estudio General de 2010, párrafo 794). La Comisión reitera nuevamente su pedido al Gobierno de transmitir información, incluyendo ejemplos concretos, sobre la manera en que se han tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno respecto del Consejo Nacional de Economía Productiva durante la discusión que tuvo lugar en la 328.ª reunión del Consejo de Administración en noviembre de 2016, y pide al Gobierno que comunique información sobre las actividades del Consejo relacionadas con los temas cubiertos por el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) recibidas el 1.º de septiembre de 2015, así como de las observaciones formuladas conjuntamente por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 2 de septiembre de 2015.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica en su memoria que ha implementado una nueva estrategia social, basándose en los lineamientos establecidos en el Plan de desarrollo económico y social para 2007-2013, dirigida a erradicar la pobreza y facilitar la inclusión social. Dicha estrategia se apoya en el sistema de misiones existentes en el país, centrándose en cinco elementos clave, a saber, el empleo y la calidad del empleo; la atención de la educación, la garantía de una educación gratuita y de calidad; y la superación definitiva de la pobreza. El Gobierno explica que el impacto social de las distintas políticas y programas se observa en los indicadores sociales (disminución progresiva del número de hogares en situación de pobreza extrema, la tendencia en baja del número de hogares pobres y el aumento de la inversión social). El Gobierno se remite al comportamiento de los indicadores de la fuerza de trabajo (la tasa de desocupación pasó del 10,6 por ciento en 1999 al 5,5 por ciento en 2014). El Gobierno indica que, en enero de 2015, el porcentaje de ocupados en el sector informal era del 41,2 por ciento (10,4 puntos porcentuales menos que en enero de 2004). El Gobierno añade que, entre 2000 y 2014, un tercio de los nuevos puestos de trabajo creados lo han sido en sector formal de la economía. FEDECAMARAS y la OIE sostienen que no existen verdaderamente planes de empleo que estén integrados dentro de la planificación macroeconómica y que la situación económica del país no permite la creación de nuevos empleos. La Comisión observa que FEDECAMARAS y la OIE, sostienen que el modelo económico de los últimos diez años ha tenido como consecuencia el cierre de aproximadamente 4 000 industrias y de más de 200 000 establecimientos empresariales; además, unas 120 000 empresas se encuentran en riesgo de quiebra. Según FEDECAMARAS y la OIE, en enero de 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) habría anunciado que la tasa de desempleo en Venezuela era del 7,9 por ciento y que más de 13 millones de personas se encontraban ocupadas. El INE también indicó que el 58,8 por ciento del total de la población ocupada se encontraba en el sector formal de la economía, mientras que el sector informal (que incluye empresas con menos de cinco empleados) representa un 41,1 por ciento de la población. La Comisión pide al Gobierno que indique el impacto que tuvieron las medidas adoptadas en el marco del Plan de desarrollo económico y social para 2007-2013 y de las misiones sociales, en relación con la generación de empleo productivo. La Comisión también pide al Gobierno que agregue información detallada y desagregada sobre la situación, el nivel y las tendencias del empleo. Sírvase explicar la manera en que han sido utilizados los datos sobre el mercado del trabajo como base para revisar regularmente las medidas de política del empleo adoptadas, como parte integrante de una política económica y social coordinada para lograr los objetivos del Convenio.

Empleo juvenil. El Gobierno indica que, según el «Informe de Fuerza de Trabajo» del INE, para el segundo semestre de 2013, la población joven (entre 15 y 30 años) equivalía a 8 417 247 personas, lo que representaba un 28 por ciento de la población total del país. La población económicamente activa (PEA) de dicho grupo etario representa el 33,5 por ciento de la PEA total. En el segundo semestre de 2013, la tasa de ocupación de los jóvenes era del 87,2 por ciento (4 093 949 personas), representando el 31,6 por ciento de la población total ocupada. La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones detalladas y desagregadas sobre las tendencias del empleo juvenil. La Comisión pide también al Gobierno que incluya una evaluación de las medidas de política activa ejecutadas para minimizar el impacto del desempleo sobre los jóvenes y favorecer su inserción duradera en el mercado del trabajo, en particular, de las categorías más desfavorecidas de jóvenes.

Desarrollo de pequeñas y medianas empresas (pymes). La Comisión toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno respecto de las disposiciones legales concernientes a la promoción y protección de las pymes, y de los créditos otorgados entre 1974 y 2013, por sector económico. Además, el Gobierno indica que ha concluido acuerdos mediante mesas de diálogo con el sector empresarial para el reimpulso del empleo productivo dando el apoyo financiero e institucional a los proyectos de creación de empresas de producción social, mixtas y comunales. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre el impacto de las medidas adoptadas para favorecer la productividad y un clima propicio para la generación de empleo por parte de las pequeñas y medianas empresas.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que la CTV sostiene que las organizaciones de trabajadores no son consultadas para la formulación de las políticas de empleo. Por su parte, FEDECAMARAS y la OIE indican que el Gobierno incumple la obligación de consultar a la organización más representativa de los empleadores en la República Bolivariana de Venezuela para la definición coordinada de las políticas que garanticen el empleo decente, estable, productivo y de calidad en la República Bolivariana de Venezuela, la elevación del nivel de vida de los trabajadores, así como para lograr el crecimiento y progreso individual y social. La Comisión reitera su pedido al Gobierno de aportar ejemplos concretos sobre la manera en que se han tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. Participación de los interlocutores sociales. En relación con la observación formulada en 2011, la Comisión toma nota de las indicaciones brindadas por la memoria del Gobierno. Asimismo, la Comisión toma nota de los comentarios de la Alianza Sindical Independiente (ASI) sobre la aplicación del Convenio, y de la respuesta del Gobierno recibida en noviembre de 2012. El Gobierno señala que desarrolla programas y acciones orientados mediante misiones sociales a la incorporación de sectores excluidos del mundo del trabajo. La Misión Che Guevara tiene como eje fundamental la relación educación-trabajo como elemento consustancial al proceso transformador. La formación sociopolítica tiene por objetivo fortalecer el modelo de desarrollo económico y democrático de participación popular y solidaria, mientras que la formación técnico-productiva tiene como objetivo desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. La Misión Madres del Barrio consiste en una estrategia integral para impulsar la inserción en el mundo laboral de las mujeres en situación de pobreza extrema. Entre los fines de dicha misión figura el de favorecer procesos de inclusión social socio-productiva tanto de las madres beneficiarias como de otros integrantes del núcleo familiar. Para ello, se brinda orientación a las madres con el objeto de que formulen propuestas socio productivas en el seno de los Comités de Madres del Barrio. La Misión Saber y Trabajo es una propuesta formativa que combina el estudio y el trabajo que permitió incorporar a 1 002 537 personas, al mes de marzo de 2012, en diversas iniciativas de formación. Por su parte, la ASI indica que se debería maximizarse el potencial productivo del país aprovechando el incremento de la oferta potencial de mano de obra. En materia económica, el país se encuentra en situación de estancamiento, inflación, desindustrialización, con excesivos controles y fiscalizaciones a la actividad económica privada. La política laboral se lleva de manera independiente de la política económica. Los planes de empleo no se integran en la planificación macroeconómica. La Comisión reitera su interés por examinar informaciones sobre el impacto que tuvieron las medidas adoptadas en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social para 2007-2013 en relación con la generación de empleo productivo, estable y de calidad (artículo 1 del Convenio). La Comisión pide también al Gobierno que aporte ejemplos concretos sobre la manera en que se han tenido en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores, de trabajadores y de otros grupos afectados en el desarrollo la aplicación y la revisión de las políticas y los programas de empleo (artículo 3). La Comisión espera que las indicaciones que se brinden en la próxima memoria permitan examinar la manera en que las personas que han participado en las misiones sociales han obtenido empleos productivos en el mercado del trabajo.

Situación, nivel y tendencias del empleo. El Gobierno incluyó, en su memoria, gráficas sobre la situación, el nivel y las tendencias del empleo. La Comisión observa que, en julio de 2012, la tasa de actividad total ascendía a 64,0 por ciento, la tasa de ocupación se estimaba en 92,1 por ciento, y la tasa de formalidad ascendía a 58,4 por ciento. En julio de 2012, la tasa de formalidad se estimaba en 58,4 por ciento, lo cual equivale a un incremento de 1,4 puntos porcentuales respecto a los datos de julio de 2011. La ASI destaca que dentro de las categorías del sector informal aumentaron los trabajadores por cuenta propia no profesionales. Además, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su Estudio económico de América Latina y el Caribe 2010 2011, observa que en 2010 aumentó la tasa de desempleo respecto del año anterior, pasando del 7,8 por ciento al 8,6 por ciento de promedio. El desempleo promedio del primer semestre de 2011 y de 2012, se calcula en 8,8 por ciento. Según la CEPAL, también se incrementó levemente la informalidad del empleo, pasando del 44 por ciento en el 2009 al 44, 5 por ciento en el 2010. La Comisión invita al Gobierno a seguir suministrando información sobre la situación, el nivel y las tendencias del empleo desagregado por sexo. Asimismo, la Comisión desearía poder conocer la manera en que se utilizaron los datos sobre el mercado del trabajo como base para revisar regularmente las medidas de política del empleo adoptadas, como parte integrante de una política económica y social coordinada para lograr los objetivos del Convenio (artículo 2). La Comisión reitera su interés por examinar informaciones que permitan conocer el resultado que han tenido las medidas adoptadas en el cumplimiento del objetivo de transferencia progresiva de trabajadores de la economía informal al sector formal.

Empleo juvenil. El Gobierno se refiere en su memoria a una reforma a la Ley del Régimen Prestacional del Empleo que haría obligatoria la incorporación en las nóminas de las empresas de 2,5 por ciento de jóvenes, tanto para los empleadores del sector público como para las empresas del sector privado. La ASI indica que, en agosto del 2011, el Instituto Nacional de Estadísticas reportó un desempleo juvenil de 16,4 por ciento. Sin embargo, el total de jóvenes con dificultades desde la perspectiva de la pobreza alcanzaría a los 554 000 jóvenes, de los cuales 157 000 jóvenes viven en hogares cuyos ingresos no superan el costo de la canasta básica de alimentos. Los jóvenes trabajan en el sector comercio y servicios, muchos lo hacen en negocios «al detal», sectores de baja productividad y con una tendencia a generar empleos en condiciones de precariedad. La Comisión pide al Gobierno que comunique en su próxima memoria informaciones detalladas sobre las tendencias del empleo juvenil, incluyendo estadísticas desagregadas por edad y por sexo. La Comisión invita al Gobierno a que incluya una evaluación de las medidas de política activa ejecutadas para minimizar el impacto del desempleo sobre los jóvenes y favorecer su inserción duradera en el mercado del trabajo, en particular, de las categorías más desfavorecidas de jóvenes.

Desarrollo de pequeñas y medianas empresas. El Gobierno indica que el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI) ha puesto en funcionamiento un Sistema de Información Geográfico (SIG) con el objeto de registrar los datos de las pequeñas y medianas industrias y unidades de propiedad social del país. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria indicaciones sobre el impacto de las medidas adoptadas para favorecer la productividad y un clima propicio para la generación de empleo por parte de las pequeñas y medianas empresas.

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en la memoria para el período que termina en septiembre de 2010. Además, la Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS) y la Alianza Sindical Independiente (ASI), así como las respuestas comunicadas por el Gobierno a las observaciones de FEDECAMARAS y ASI.

Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno informa sobre la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2007 2013) Simón Bolívar para lograr una eficiencia económica y un beneficio social colectivo. Entre los elementos de política de empleo, se destacan la protección de la calidad y movilidad en el empleo, una política salarial activa y la reactivación del empleo en sectores estratégicos. Mediante dicho Plan se busca reactivar la industria de la construcción, potenciando su papel dinamizador y también existe un interés en impulsar el turismo como una industria generadora de empleo. Además, se aplican políticas y medidas crediticias e incentivos para impulsar a las pequeñas y medianas empresas. Se han ofrecido apoyos a las exportaciones no tradicionales mediante la creación de facilidades, identificación de potencialidades y aplicación de políticas de incentivos. El Gobierno estableció fondos con recursos para mejorar la infraestructura física del país, los servicios de apoyo a la producción y reducir el déficit en materia de infraestructura social. Según la ASI, se han fortalecido las políticas de empleo en los sectores de servicios y transporte, pero en el sector industrial dichas políticas no cumplen las expectativas generadas. Por su parte, FEDECAMARAS expresa su preocupación por la ausencia de consultas bipartitas y tripartitas y por la falta de diálogo social. El Gobierno señala que se realizaron consultas con todos los sectores de la actividad económica nacional. Reitera que todos los agentes sociales han participado en las mesas productivas, incluidos representantes de todos los sectores productivos, empresas de producción social, cooperativas, y micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones detalladas sobre el impacto que tuvieron las medidas adoptadas en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social para 2007-2013 en relación con la generación de empleo productivo, estable y de calidad. Además, la Comisión pide al Gobierno que aporte ejemplos concretos sobre de qué manera se tienen suficientemente en cuenta los puntos de vista de las organizaciones de empleadores, de trabajadores y de otros grupos afectados, en el desarrollo, la aplicación y la revisión de las políticas y los programas de empleo (artículo 3 del Convenio).

Situación, nivel y tendencias del empleo. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero del 2010, la tasa de actividad era del 65,2 por ciento y la tasa de desempleo ascendía al 10 por ciento. Según los datos ofrecidos por el Gobierno, desde 2005 hasta 2009 la tasa de desempleo total ha disminuido en 3,9 puntos porcentuales, la de las mujeres en 5 puntos porcentuales y la juvenil en 3,8 puntos porcentuales. La Comisión toma nota de que, de acuerdo con el INE, en el segundo semestre de 2009, la población ocupada ascendía a 7.001.120 trabajadores, de los cuales 2.364.562 trabajaban en el sector público y 4.636.558 en el sector privado. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria datos sobre la magnitud y la distribución de la fuerza de trabajo, del empleo, del desempleo y del subempleo. La Comisión desearía poder conocer la manera en que se utilizaron los datos sobre el mercado del trabajo como base para revisar regularmente las medidas de política del empleo adoptadas, como parte integrante de una política económica y social coordinada, para lograr los objetivos del Convenio (artículo 2).

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que, en 2009, había 360.815 jóvenes desempleados. El Gobierno indica que se ha puesto en marcha un conjunto de programas tendentes a retardar el ingreso de los jóvenes en el mercado laboral mediante la concesión de becas escolares y subsidios. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre las medidas adoptadas para generar puestos de trabajo para los jóvenes, asegurar su formación y fomentar la iniciativa empresarial de los jóvenes.

Trabajadores de la economía informal. La Comisión toma nota de que, según la información proporcionada por el Gobierno, tres de cada cuatro nuevos puestos creados en el período examinado se ubican en el sector formal. El Gobierno señala que durante la última década se pusieron en marcha políticas públicas de apoyo a la formalización proponiendo alternativas de financiación. La CEPAL destacó en su Estudio económico de América Latina y el Caribe 2009 2010 que se había registrado una disminución significativa en el número de empleos formales y la creación de empleos informales. Durante los dos últimos trimestres de 2009 el empleo formal se redujo en un 0,7 por ciento, mientras que el empleo informal se incrementó en un 5,1 por ciento en comparación con el mismo período en 2008. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria información sobre la ejecución de las medidas que permitan una transferencia progresiva de trabajadores de la economía informal al sector formal.

Desarrollo de micro y pequeñas empresas. La Comisión toma nota de que el Observatorio de la Pequeña y Mediana Industria (PYMI) está trabajando en la implementación de un sistema de información estadístico geográfico para el diseño de políticas, líneas de acción orientadas a la promoción, desarrollo y fortalecimiento de las pequeñas y medianas industrias y de las unidades de propiedad social a nivel nacional. Según FEDECAMARAS, las políticas económicas del Gobierno no propician el desarrollo del sector privado, que disminuyó en los últimos diez años en un 23 por ciento, con el consecuente impacto negativo en la posible generación de empleos. FEDECAMARAS destaca que los datos del INE permiten observar que el número de microempresas (de uno y cinco trabajadores) disminuyó en un 27,6 por ciento y que el número de pequeñas empresas se redujo en más de 97.000 en la última década. FEDECAMARAS además denuncia la progresiva sustitución del sector privado como generador de empleos por el sector público. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria incluya indicaciones detalladas sobre las medidas ejecutadas para crear un clima propicio para la generación de empleo productivo. La Comisión, además, desearía recibir información sobre el impacto de las medidas adoptadas por el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (INAPYMI) para favorecer la productividad y el empleo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de las informaciones transmitidas por el Gobierno en agosto de 2008 en respuesta a la solicitud directa de 2007. La Comisión toma nota de que, según los datos comunicados por el Gobierno, entre enero de 2004 y diciembre de 2007, la población ocupada pasó de 9.793.825 personas a 11.707.121, generándose más de 1.900.000 nuevos puestos de trabajo. Según las explicaciones del Gobierno, la disminución de la población activa ha incidido en la significativa disminución de desocupados en el mercado laboral y la tasa de desocupación disminuyó entre enero de 2004 a diciembre de 2007 del 19,1 por ciento al 6,2 por ciento. Estos resultados se han logrado mediante un aprovechamiento de los procesos de crecimiento económico, profundizando las transformaciones en el ámbito de la recuperación del parque industrial, el incentivo a la construcción, la modernización en el área de las telecomunicaciones, la implementación de una nueva visión de la producción agrícola, así como las acciones para facilitar el financiamiento de la producción, a través del acceso a créditos a las pequeñas y medianas industrias. El Gobierno menciona también entre los objetivos estratégicos de la Misión Che Guevara, el de situar el empleo en el centro de la política económica y social en el ámbito nacional, regional, local y comunal. La Comisión invita al Gobierno a seguir informando sobre las medidas tomadas para generar empleo productivo, estable y de calidad. La Comisión reitera al Gobierno su interés por informaciones sobre la magnitud y la distribución de la fuerza de trabajo, del empleo, del desempleo y del subempleo y cómo se han utilizado dichas informaciones como base para revisar regularmente las medidas de política del empleo que se habrán de adoptar, como parte integrante de una política económica y social coordinada, para lograr los objetivos del Convenio.

2. Trabajadores de la economía informal. La Comisión toma nota de la leve tendencia a la baja de la informalidad en el empleo, gracias a los programas gubernamentales orientados al fortalecimiento de la actividad productiva, la universalización de la seguridad social y al apoyo del sector de la pequeña y mediana empresa. La Comisión toma nota de que a pesar de las medidas impulsadas, los trabajadores informales representan casi la mitad de la población económicamente activa, y que alrededor de 5 millones y medio de personas se encuentran en la economía informal. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria ofrezca información acerca de las medidas previstas para facilitar el acceso de los trabajadores de la economía informal a los recursos, a los mercados de productos, al crédito, a la infraestructura, a los medios de formación, a los conocimientos técnicos y a las tecnologías más perfeccionadas. La Comisión pide también al Gobierno que en su próxima memoria incluya información sobre el impacto en términos de generación de empleo de las medidas adoptadas en el marco de la resolución núm. 2888 de 2003, así como otras medidas que se estén adoptando para fomentar y desarrollar la actividad de las micro y pequeñas empresas.

3. Promoción del empleo y grupos vulnerables. La Comisión toma nota de la tendencia a la baja en la tasa de desocupación de las personas mayores de 45 años. También toma nota de las medidas adoptadas para reconocer el trabajo en el hogar como actividad económica y las acciones orientadas a insertar en el mundo laboral a las mujeres que se encuentran en extrema pobreza. Además, se han adoptado medidas también para fomentar la incorporación en el mercado de trabajo de personas con discapacidad y en planes de formación profesional ocupacional. La Comisión toma nota de que la tasa de desocupación juvenil — 15 a 24 años —, ha disminuido hasta alcanzar un 11,5 por ciento en 2007. La Comisión solicita al Gobierno que informe en su próxima memoria acerca de las medidas adoptadas para garantizar que los trabajadores más vulnerables encuentren empleo duradero, en particular que los jóvenes no se encuentren con empleos precarios y obtengan la posibilidad de adquirir conocimientos suficientes que les permitan permanecer en el mercado del trabajo.

4. Artículo 3. Consulta de los interlocutores sociales en la política de empleo. El Gobierno indica que el diálogo social es un mecanismo fundamental para contribuir al fortalecimiento y a la recuperación del tejido productivo nacional. El mecanismo transformador es efectivo para la participación de los trabajadores y trabajadoras. En este contexto, la Comisión toma nota del Acuerdo marco de corresponsabilidad para la transformación industrial, que tiene entre sus objetivos preservar puestos de trabajo y generar nuevos empleos. La Comisión se permite insistir en la importancia que tiene lograr la plena cooperación de los representantes de las personas interesadas en la labor de formular políticas de empleo, así como de obtener el apoyo necesario para su ejecución. La Comisión espera que el Gobierno facilite información sobre los resultados de las consultas celebradas con los interlocutores sociales y con representantes de otros sectores de la población económicamente activa tales como los que trabajan en el sector rural y en la economía informal, en relación con la política del empleo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

1. Artículo 1 del Convenio. Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que termina en septiembre de 2006 que contiene informaciones en respuesta a los comentarios formulados en la solicitud directa de 2005. La Comisión toma nota de que, según los datos comunicados por el Gobierno en su memoria, con el mayor incremento de la actividad económica se ha mantenido la tendencia al crecimiento de niveles de ocupación y el desempleo urbano abierto ha disminuido en los últimos años encontrándose en 2005 en un promedio anual de 12,9 por ciento y en el tercer trimestre de 2006 en 10,4 por ciento. La Comisión además toma nota del interés del Estado para expandir el gasto público hacia la inversión productiva, el financiamiento de planes de formación socio-productiva y la creación de microempresas y asociaciones cooperativas y hacer realidad el derecho al trabajo. La Comisión toma nota de la firma del Acuerdo Marco de Corresponsabilidad para la Transformación Industrial y los logros alcanzados para la protección y generación de nuevos empleos directos e indirectos. Se adoptaron también medidas para financiar microempresas, cooperativas y otras formas asociativas de producción; y se han convocado a Ruedas de Negocios. La Comisión invita al Gobierno a indicar en su próxima memoria los resultados alcanzados, en términos de creación de empleo productivo y duradero por las medidas adoptadas y la manera en que se ha logrado elevar el nivel de vida, satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema del desempleo y el subempleo en el país.

2. Promoción del empleo y grupos vulnerables. La Comisión toma nota de que la tasa de participación femenina en el mercado de trabajo se encuentra por debajo de la tasa masculina, 37 por ciento mujeres y 68 por ciento hombres, y según destaca el Gobierno en su memoria, el desempleo femenino sigue siendo superior al masculino con una brecha de 3 puntos porcentuales encontrándose en un 14,9 en 2005. El desempleo juvenil (entre 15 y 24 años de edad) se encontraba en un nivel elevado del 22,2 por ciento para disminuir a mediados de 2006 en 2 puntos porcentuales. La tasa de formalidad alcanza un 46 por ciento de la población activa, lo que refleja un sector de la economía informal todavía importante. La Comisión solicita al Gobierno que la mantenga informada de las medidas que está adoptando para aumentar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de trabajo en la economía informal. La Comisión reitera su solicitud al Gobierno para que incluya en su próxima memoria información sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo de las categorías particulares de trabajadores (mujeres y jóvenes de los sectores más pobres de la población y los trabajadores del sector rural y de la economía informal). La Comisión también desea recibir información sobre estudios analíticos realizados para conocer la magnitud y la distribución de la fuerza de trabajo, del empleo, del desempleo y del subempleo y cómo se han utilizado dichos estudios como base para revisar regularmente las medidas que el Gobierno habrá de adoptar, como parte integrante de una política económica y social coordinada, para lograr los objetivos previstos en el Convenio.

3. Artículo 3. Consulta de los interlocutores sociales en la política de empleo. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno acerca de la democracia participativa y del diálogo social transformador que permite a los trabajadores desarrollar nuevas formas de participación política y social. El Gobierno en su memoria expresa su opinión sobre las limitaciones de los mecanismos tradicionales de la democracia representativa y evoca los acuerdos para impulsar el diálogo social. La Comisión pide al Gobierno que las informaciones que contenga su próxima memoria permitan examinar la manera en que el diálogo social contribuye a la adopción y aplicación de las políticas de empleo y espera que el Gobierno identifique las medidas adoptadas para consultar a los representantes del sector rural y de la economía informal en relación con sus perspectivas de obtención de trabajo decente.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

1. Aplicación de la política del empleo en el marco de una política económica y social coordinada. La Comisión toma nota de las informaciones transmitidas por el Gobierno en septiembre de 2004 en relación con la observación de 2003. La Comisión toma nota con interés de la mención que se ha hecho al Convenio núm. 122 al adoptarse el decreto núm. 2898 de 28 de abril de 2004, mediante el cual se establece una Comisión Presidencial para el apoyo e incorporación de la pequeña y mediana industria, asociaciones cooperativas, microempresas, empresas familiares y demás formas asociativas en las actividades agrícolas, industriales, turísticas, de infraestructura, de producción de bienes y de prestación de servicios del país. Dicha Comisión Presidencial tendrá a su cargo la ejecución del Plan Extraordinario «Misión Vuelvan Caras» para incorporar a las asociaciones comunitarias en el proceso de transformación económica y social del Estado mediante la creación de núcleos de desarrollo endógeno y de nuevas fuentes de trabajo. La Comisión reitera su interés para que, en su próxima memoria, el Gobierno precise las relaciones que se han establecido entre los objetivos de la política del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, teniendo en cuenta que el Convenio requiere que las medidas de política del empleo se determinen y revisen regularmente «como parte de una política económica y social coordinada» (artículos 1 y 2 del Convenio). Se agradecería al Gobierno que indique los resultados alcanzados, en términos de creación de empleo productivo y duradero, por la acción de la Misión Vuelvan Caras, así como por el Plan Excepcional de Compras del Estado, el Programa Monta Tu Negocio, y el Programa Fábrica de Fábricas, mencionados por el Gobierno en su memoria.

2. Según datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su Estudio económico de América Latina y el Caribe 2004-2005, el incremento de la actividad económica se reflejó en el descenso de la tasa de desempleo, del 16,8 por ciento en el segundo semestre del 2003 a un valor cercano al 12,5 por ciento en el cuarto trimestre del 2004. Por su parte, el nivel de informalidad, que superaba el 50 por ciento a fines del 2003, disminuyó al 47 por ciento en promedio a fines del 2004. En mayo del 2005, la tasa de desempleo se situó en un 12,6 por ciento. El crecimiento económico en el 2004 fue del 17,9 por ciento anual y en el primer trimestre de 2005, la economía creció un 7,9 por ciento, impulsada por el sector no petrolero, en particular los subsectores de la construcción, el comercio, el transporte y de las instituciones financieras. Para el 2005, se prevé un crecimiento de alrededor del 7 por ciento. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria las informaciones sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo que se requieren en el formulario de memoria indicando la medida en que afectan a categorías particulares de trabajadores (mujeres y jóvenes de los sectores más pobres de la población y a los trabajadores del sector rural y de la economía informal).

3. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. En respuesta a la observación de 2003, el Gobierno indica que las mesas de diálogo han contribuido a reestablecer la confianza entre los empresarios y los trabajadores respecto a la gestión gubernamental y lo anterior ha propiciado que dichos sectores se hayan comprometido activa y protagónicamente con la ejecución de los planes de desarrollo económico y social del país. La Comisión agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, se sirva incluir informaciones actualizadas sobre la manera en que el diálogo social contribuye a la adopción y aplicación de las políticas de empleo y reitera su interés por recibir datos sobre las medidas adoptadas para consultar a los representantes del sector rural y de la economía informal en relación con sus perspectivas de obtención de trabajo decente (artículo 3).

Observación (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

1. En relación con la observación de 2001, el Gobierno ha comunicado una memoria en octubre de 2002 en donde se informa sobre la modernización de la Dirección General de Empleo para realizar un sistema de intermediación laboral y observatorio del empleo y de las migraciones laborales. Esta plataforma tecnológica funciona en Caracas y en ocho ciudades del país. El proyecto de intermediación laboral se lleva a cabo con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De los documentos agregados por el Gobierno en su memoria se observa que la tasa de actividad fue, en abril de 2002, del 68,7 por ciento - la población ocupada alcanzó un 84,1 por ciento de la población económicamente activa: 1.816.289 personas se encontraban desocupadas. La tasa de desocupación de las mujeres (17,3 por ciento) se mantuvo por encima de la de los hombres (14,9 por ciento). Según datos publicados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su Estudio económico de América Latina y el Caribe 2001-2002, la tasa de desempleo aumentó a 16,4 por ciento en enero de 2002, lo que se compara con el 15,8 por ciento registrado un año antes. En cambio, la tasa de desempleo abierto en los primeros siete meses de 2002 fue inferior al mismo período del año 2001. En agosto de 2002, tuvo un alza significativa, pero en el resto del año fue disminuyendo hasta terminar en 11,5 por ciento en diciembre.

2. En su memoria, el Gobierno declara que en su continua política para generar el empleo productivo se han implementado medidas que tienen como fin la reactivación del aparato productivo del Estado y, en consecuencia, generar empleos directos. La Comisión toma nota con interés que, haciendo expresa referencia en sus considerandos al Convenio núm. 122, se ha creado mediante decreto núm. 1944 de 2 de septiembre de 2002, un Plan de Incentivo al Empleo que tiene por objeto estimular el empleo en el sector privado mediante la creación de fuentes de trabajo que permitan la colocación de personas desempleadas. La Comisión agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, continúe indicando las relaciones que se han establecido entre los objetivos de la política del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, teniendo en cuenta que el Convenio requiere que las medidas de política del empleo se determinen y revisen regularmente «como parte de una política económica y social coordinada» (artículos 1 y 2 del Convenio). Se agradecería al Gobierno que precise la manera en que los programas mencionados en la memoria (en particular, el Plan de Incentivo al Empleo) han contribuido a la creación de empleos productivos y duraderos.

3. En este sentido, la Comisión también desearía seguir contando con informaciones sobre las actividades emprendidas por la Comisión Presidencial para la Promoción del Plan Masivo de Empleo y por las subcomisiones de equilibrio social y de empleo que se han creado en el marco de las Mesas de Diálogo Nacional para celebrar las consultas que requiere el artículo 3 del Convenio. La Comisión advierte que para dar efecto a esta importante disposición del Convenio las consultas de las personas interesadas (incluyendo a representantes de la economía informal y del sector rural) deben tener como objetivo tomar plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, de lograr su plena cooperación al formular y ejecutar una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido.

Observación (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

1. En respuesta a la observación de 1999, el Gobierno ha comunicado una sucinta memoria correspondiente al período que termina en agosto de 2000, en donde se informa únicamente que se venía de crear una Comisión Presidencial para la Promoción del Plan Masivo de Empleo encargada de evaluar la situación existente, presentar las recomendaciones pertinentes y hacer el seguimiento a las medidas que se adopten para su orientación. La Comisión advierte que los elevados niveles alcanzados por el precio del petróleo provocaron un aumento importante del ingreso nacional bruto y una aceleración de la actividad económica. Sin embargo, la tasa de desempleo - que se duplicó desde el inicio de los años noventa - se mantiene en niveles elevados (11,3 por ciento, en 1998; 14,9 por ciento, en 1999; 14,6 por ciento, en 2000), el empleo informal seguía superando el 53 por ciento de la población económicamente activa y el sector agropecuario también perdió empleos. En consecuencia, la Comisión agradecería al Gobierno que en su próxima memoria incluya indicaciones sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo en Venezuela, desglosando la manera en que afectan a las mujeres y a los jóvenes. Sírvase asimismo incluir, en la próxima memoria, indicaciones sobre el impacto en el empleo de las reformas estructurales que se hayan impulsado e informaciones sobre las medidas y programas destinados al mercado laboral que se hayan ejecutado para armonizar la oferta y la demanda de mano de obra de manera de asegurar que las categorías de trabajadores afectadas por las transformaciones estructurales o los cambios en el comercio internacional puedan ingresar y permanecer en el mercado de trabajo (artículo 1 del Convenio).

2. La Comisión se refiere nuevamente a la reclamación presentada, en virtud del artículo 24 de la Constitución de la Organización, por la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Comercio (FELTRACOS) (documento GB.273/14/5, adoptado en noviembre de 1998) en donde se había expresado que sería conforme con las medidas requeridas por el Convenio que el Gobierno aproveche el esfuerzo de organización de los trabajadores del sector no estructurado para buscar, mediante la concertación, en el espíritu del artículo 3 del Convenio, una solución a los problemas del empleo planteados por la existencia de un sector no estructurado muy importante. La Comisión se permite insistir para que el Gobierno, en su próxima memoria, incluya informaciones completas y detalladas sobre las medidas de política del empleo adoptadas en relación con el sector no estructurado.

3. La Comisión confía en que el Gobierno presentará en 2002 una memoria detallada sobre la aplicación del Convenio que contenga todas las informaciones que se solicitan en el formulario de memoria para cada una de las disposiciones del Convenio incluyendo indicaciones sobre las tareas realizadas por la Comisión Presidencial para la Promoción del Plan Masivo del Empleo y la manera en que en sus labores se han tenido en cuenta las disposiciones de los artículos 1, 2 y 3 del Convenio y, en general, la necesidad de promover trabajo digno.

Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

1. La Comisión toma nota de la comunicación recibida de la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) en febrero de 1999, en la que se evoca el despido de empleados del Poder Judicial como consecuencia de la reestructuración del Consejo de la Judicatura y la eliminación de los tribunales de parroquia. La CMT considera que los despidos constituyen un atropello a los principios establecidos en el Convenio. En su respuesta, el Gobierno afirma que el proceso de reorganización del Poder Judicial fue llevado a cabo sin despido de funcionarios. Los tribunales de parroquia fueron reemplazados por nuevos tribunales de municipio, los cuales fueron dotados con los funcionarios de los tribunales de parroquia.

2. La CMT hace referencia también a la reclamación presentada, en virtud del artículo 24 de la Constitución de la Organización, por la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) en relación con el cumplimiento del Convenio. La Comisión recuerda que el comité tripartito establecido por el Consejo de Administración de la OIT para atender la reclamación de la CLAT y de la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Comercio (FETRALCOS) expresó que sería conforme a las medidas requeridas por el Convenio que el Gobierno aproveche el esfuerzo de organización de los trabajadores del sector no estructurado para buscar, mediante la concertación, en el espíritu del artículo 3 del Convenio, una solución a los problemas del empleo planteados por la existencia de un sector no estructurado muy importante (documento GB.273/14/5, adoptado en noviembre de 1998). La Comisión confía en que el Gobierno, en su próxima memoria, incluirá informaciones completas y detalladas sobre las medidas de política del empleo adoptadas en relación con el sector no estructurado, así como sobre la manera en que se consulta a los representantes de los sectores interesados en materia de política del empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que termina en junio de 1998. De acuerdo con las indicaciones transmitidas por el Gobierno en su memoria, la fuerza de trabajo ocupada se incrementó en aproximadamente 60.000 personas entre el segundo semestre de 1996 y el segundo semestre de 1997, lo que produjo una reducción de la tasa de desocupación abierta en 1,8 por ciento. La Comisión advierte que la tasa de desempleo abierto alcanza el 13 por ciento, a fines de 1997 y principios de 1998, con tasas mucho más altas para jóvenes, mujeres y ciertos sectores como la construcción (según datos comunicados por el Equipo Técnico Muldisciplinario para los países andinos de la Oficina). De cada diez nuevos empleos generados entre 1990 y 1996, siete correspondieron a una actividad de carácter informal, dos se crearon en el sector formal privado y uno en el sector público. En consecuencia, la Comisión agradecería al Gobierno que describa en su memoria las relaciones que se han establecido entre los objetivos de la política del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, teniendo en cuenta que el Convenio requiere que las medidas de política del empleo deben determinarse y revisarse regularmente "como parte de una política económica y social coordinada" (artículos 1 y 2 del Convenio). En particular, se agradecería al Gobierno que precise la manera en que los programas mencionados en la memoria (PROINSOL, PROMUEBA), el proceso de apertura petrolera y la reforma de la legislación laboral, han incidido en la creación de empleos productivos y duraderos. Sírvase asimismo indicar la acción emprendida como consecuencia del asesoramiento o asistencia recibidas de la Oficina en el campo de la política del empleo (parte V del formulario de memoria).

2. El Gobierno destaca en su memoria la adopción del acuerdo tripartito sobre seguridad social integral y política salarial, de marzo de 1997; y del acuerdo tripartito sobre estabilidad en el empleo (ATES), en julio del mismo año. Una comisión tripartita técnica quedó encargada en diseñar una política de empleo concertada y presentó su informe en diciembre de 1997. La Comisión toma nota con interés de esta iniciativa que promueve los requerimientos del artículo 3, es decir, lograr la plena cooperación de los representantes de los empleadores y de los trabajadores en la labor de formular la política del empleo y de obtener el apoyo necesario para su ejecución. La Comisión confía en que el Gobierno se servirá indicar todos los progresos que se hayan alcanzado para llevar a la práctica la política del empleo concertada por los tres interlocutores sociales.

3. En este sentido, la Comisión toma nota de las recomendaciones del Comité tripartito establecido por el Consejo de Administración para atender una reclamación en virtud del artículo 24 de la Constitución de la OIT, por la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores de Comercio (FETRALCOS) en la que se alegó el incumplimiento por Venezuela del Convenio núm. 122 (documento GB.273/14/5, adoptado en noviembre de 1998). La Comisión toma nota de que dicho Comité expresó que sería conforme a las medidas requeridas por el Convenio que el Gobierno aproveche el esfuerzo de organización de los trabajadores del sector no estructurado para buscar, mediante la concertación, en el espíritu del artículo 3, una solución a los problemas del empleo planteados por la existencia de un sector no estructurado muy importante. La Comisión hace suya la recomendación del mencionado Comité, e invita al Gobierno a que incluya en su memoria informaciones completas y detalladas sobre las medidas de política del empleo adoptadas en relación con el sector no estructurado, así como sobre la manera en que se consulta a los representantes de los sectores interesados al respecto.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

1. Como seguimiento a su observación, la Comisión toma nota sobre la estrategia de crecimiento del Gobierno la cual, en el cuadro del IX plan (1995 - 1998), tiene como objetivo la lucha contra el desempleo y el empleo precario, haciendo hincapié en la promoción de la inversión privada, y previendo la creación de 1,5 millones de nuevos empleos. La Comisión pide al Gobierno que indique, a la luz de los objetivos indicados en el artículo 1 del Convenio, en que medida esos objetivos están en camino de ser obtenidos y especifique las dificultades eventuales que fueron encontradas.

2. La Comisión toma nota igualmente de que la puesta en práctica de los programas específicos, tales como el plan por el empleo de jóvenes, el plan de reinserción en el empleo o el plan de empleo temporario, así como las medidas de promoción de las cooperativas y las microempresas. La Comisión agradecería que el Gobierno suministre una descripción detallada de las medidas que ha mencionado al indicar los resultados obtenidos.

3. Artículo 3. Refiriéndose a los pedidos que formulara hace varios años, la Comisión espera encontrar en el próximo informe del Gobierno las informaciones sobre la manera por la cual los representantes de los empleadores y de los trabajadores, así como los representantes de las personas ocupadas en el sector rural y el sector informal sean consultados en la práctica sobre las políticas de empleo, para que se puedan tener cuenta plenamente de sus experiencias y puedan ayudar a recoger apoyos en favor de aquéllas. Se solicita indicar si estos procedimientos de consulta han sido instituidos a este efecto.

Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

1. La Comisión tomó nota de la memoria del Gobierno por el período terminado en junio de 1996 y de las informaciones incluidas como respuesta a las observaciones y solicitudes directas anteriores. Señala, sin embargo, que la memoria no contiene las informaciones estadísticas solicitadas en el formulario de la memoria adoptado por el Consejo de Administración (ver el artículo 1 del Convenio). La Comisión invita nuevamente al Gobierno a suministrar los datos más completos y detallados posibles sobre la situación, sobre el nivel y las tendencias del empleo, tanto sea en un plano global como con respecto a las categorías particulares de trabajadores.

2. La Comisión nota a este propósito, la creación de coordinaciones sobre el empleo a cargo del Estado las cuales deben ocuparse del análisis de las características regionales del mercado de trabajo para poder formular políticas de empleo adaptadas. La Comisión desearía que el Gobierno indique de qué manera esas coordinaciones han contribuido a determinar y a revisar regularmente, en el cuadro de una política económica social coordinada, las medidas a ser adoptadas para promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, en conformidad con el artículo 2.

La Comisión señalará un cierto número de otras cuestiones en una nueva solicitud directa.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

La Comisión se refiere a su observación y confía que en su memoria el Gobierno se servirá incluir las informaciones que requiere el formulario de memoria para el Convenio, brindando también indicaciones sobre los siguientes asuntos:

1. El "Hexágono Estratégico" del VII Plan de la Nación (presentado al Congreso en enero de 1990), declara que la base fundamental para mejorar la calidad de vida de la población será crear las condiciones para que todos los venezolanos tengan acceso a empleos estables y bien remunerados. Entre los problemas más importantes del mercado laboral, se destaca que cuatro de cada diez venezolanos se encuentran fuera del sector formal de la economía. La Comisión confía en que el Gobierno continúe enviando los documentos que contengan disposiciones específicas que tengan por objeto una política activa encaminada a fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido (parte I del formulario de memoria). En este sentido, agradecería al Gobierno que se sirva indicar el impacto alcanzado por "las operaciones estratégicas del compromiso social" previstas en el VII Plan de la Nación.

2. El Gobierno se refiere en su memoria a la política de reestructuración económica que ha dado origen a procesos de reactivación industrial, racionalización y privatización de empresas públicas, desregulación económica y apertura a los mercados internacionales. La Comisión recuerda que las políticas de reajuste deberían guardar una relación con la promoción del empleo y la satisfacción de las necesidades esenciales (párrafo 37, h), de la Recomendación núm. 169 sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984). Por ende, confía en que el Gobierno se servirá describir las relaciones que se han establecido entre los objetivos de la política del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, tal como lo establece el artículo 1, párrafo 3, del Convenio.

3. El Gobierno se refiere en su memoria a diversos cuadros estadísticos relacionados con la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo en distintos sectores. La Oficina Internacional del Trabajo, en una correspondencia de septiembre de 1992, indicó al Gobierno que no se habían recibido copias de los cuadros estadísticos mencionados. La Comisión le estaría sumamente reconocida al Gobierno que se sirva tener a bien disponer lo necesario para que se incluyan las informaciones estadísticas sobre la medida en que resultan afectadas categorías particulares de trabajadores (mujeres, jóvenes, trabajadores afectados por las medidas de reestructuración, trabajadores de edad madura, trabajadores minusválidos).

4. La Comisión advierte que, de acuerdo con la resolución núm. 3294, de 24 de agosto de 1992, el Ministerio del Trabajo ha recalcado "la importancia y la necesidad de disponer de información estadística, en forma continua, adecuada y oportuna, sobre la situación laboral del país". Se ha considerado que "para formular y aplicar una política destinada a lograr y mantener el pleno empleo se requiere disponer de estadísticas" sobre los fenómenos laborales. La Comisión confía en que la recopilación y análisis de la información estadística será debidamente tenida en cuenta al decidir y revisar las principales medidas de política de empleo en el marco de una política económica y social coordinada (artículo 2).

5. Sírvase indicar si se han adoptado medidas en aplicación del artículo 25 de la ley orgánica del trabajo y el impacto alcanzado por las mismas.

6. Entre los programas especiales de generación de empleo, el Gobierno se refiere al seguro social establecido ante la contingencia de paro forzoso (decreto núm. 599, de noviembre de 1989, en su tenor modificado). En 1990, se consagraron 3.182 millones de bolívares al seguro de paro forzoso - y los montos consagrados en 1991 han aumentado (4.063 millones). Se mencionan también a los programas de "inversión social local" y de "promoción y apoyo de la economía popular" - destinados principalmente a los trabajadores del sector informal. La Comisión desearía recibir más datos sobre los logros en el campo del empleo productivo y libremente elegido alcanzado por dichos programas. La Comisión recuerda que cuando en el contexto de una política global del empleo, los gobiernos adoptan medidas con miras a satisfacer las necesidades de categorías de personas que tienen frecuentemente dificultades para encontrar empleo duradero (mujeres, jóvenes, inválidos, trabajadores de edad, desempleados por largos períodos, trabajadores migrantes que se encuentren legalmente en su territorio), se debe cuidar la compatibilidad de dichas medidas con las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo relativas al empleo de esos grupos y con las condiciones de empleo establecidas con arreglo a la legislación y práctica nacionales.

7. Artículo 3. El Gobierno indica que el Ejecutivo ha promovido constantemente el diálogo con los representantes empresariales y de trabajadores, en razón de las permanentes consultas sobre la creación de nuevas fuentes de trabajo. La Comisión mucho le agradecería al Gobierno que se sirva brindar mayores indicaciones sobre ejemplos concretos y procedimientos formales de consulta practicados con representantes de las personas interesadas, inclusive con representantes de los que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado sobre las materias cubiertas por el Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

La Comisión se refiere a su observación y confía que en su memoria el Gobierno se servirá incluir las informaciones que requiere el formulario de memoria para el Convenio, brindando también indicaciones sobre los siguientes asuntos:

1. El "Hexágono Estratégico" del VII Plan de la Nación (presentado al Congreso en enero de 1990), declara que la base fundamental para mejorar la calidad de vida de la población será crear las condiciones para que todos los venezolanos tengan acceso a empleos estables y bien remunerados. Entre los problemas más importantes del mercado laboral, se destaca que cuatro de cada diez venezolanos se encuentran fuera del sector formal de la economía. La Comisión confía en que el Gobierno continúe enviando los documentos que contengan disposiciones específicas que tengan por objeto una política activa encaminada a fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido (parte I del formulario de memoria). En este sentido, agradecería al Gobierno que se sirva indicar el impacto alcanzado por "las operaciones estratégicas del compromiso social" previstas en el VII Plan de la Nación.

2. El Gobierno se refiere en su memoria a la política de reestructuración económica que ha dado origen a procesos de reactivación industrial, racionalización y privatización de empresas públicas, desregulación económica y apertura a los mercados internacionales. La Comisión recuerda que las políticas de reajuste deberían guardar una relación con la promoción del empleo y la satisfacción de las necesidades esenciales (párrafo 37, h), de la Recomendación núm. 169 sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984). Por ende, confía en que el Gobierno se servirá describir las relaciones que se han establecido entre los objetivos de la política del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, tal como lo establece el artículo 1, párrafo 3, del Convenio.

3. El Gobierno se refiere en su memoria a diversos cuadros estadísticos relacionados con la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo en distintos sectores. La Oficina Internacional del Trabajo, en una correspondencia de septiembre de 1992, indicó al Gobierno que no se habían recibido copias de los cuadros estadísticos mencionados. La Comisión le estaría sumamente reconocida al Gobierno que se sirva tener a bien disponer lo necesario para que se incluyan las informaciones estadísticas sobre la medida en que resultan afectadas categorías particulares de trabajadores (mujeres, jóvenes, trabajadores afectados por las medidas de reestructuración, trabajadores de edad madura, trabajadores minusválidos).

4. La Comisión advierte que, de acuerdo con la resolución núm. 3294, de 24 de agosto de 1992, el Ministerio del Trabajo ha recalcado "la importancia y la necesidad de disponer de información estadística, en forma continua, adecuada y oportuna, sobre la situación laboral del país". Se ha considerado que "para formular y aplicar una política destinada a lograr y mantener el pleno empleo se requiere disponer de estadísticas" sobre los fenómenos laborales. La Comisión confía en que la recopilación y análisis de la información estadística será debidamente tenida en cuenta al decidir y revisar las principales medidas de política de empleo en el marco de una política económica y social coordinada (artículo 2).

5. Sírvase indicar si se han adoptado medidas en aplicación del artículo 25 de la ley orgánica del trabajo y el impacto alcanzado por las mismas.

6. Entre los programas especiales de generación de empleo, el Gobierno se refiere al seguro social establecido ante la contingencia de paro forzoso (decreto núm. 599, de noviembre de 1989, en su tenor modificado). En 1990, se consagraron 3.182 millones de bolívares al seguro de paro forzoso - y los montos consagrados en 1991 han aumentado (4.063 millones). Se mencionan también a los programas de "inversión social local" y de "promoción y apoyo de la economía popular" - destinados principalmente a los trabajadores del sector informal. La Comisión desearía recibir más datos sobre los logros en el campo del empleo productivo y libremente elegido alcanzado por dichos programas. La Comisión recuerda que cuando en el contexto de una política global del empleo, los gobiernos adoptan medidas con miras a satisfacer las necesidades de categorías de personas que tienen frecuentemente dificultades para encontrar empleo duradero (mujeres, jóvenes, inválidos, trabajadores de edad, desempleados por largos períodos, trabajadores migrantes que se encuentren legalmente en su territorio), se debe cuidar la compatibilidad de dichas medidas con las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo relativas al empleo de esos grupos y con las condiciones de empleo establecidas con arreglo a la legislación y práctica nacionales.

7. Artículo 3. El Gobierno indica que el Ejecutivo ha promovido constantemente el diálogo con los representantes empresariales y de trabajadores, en razón de las permanentes consultas sobre la creación de nuevas fuentes de trabajo. La Comisión mucho le agradecería al Gobierno que se sirva brindar mayores indicaciones sobre ejemplos concretos y procedimientos formales de consulta practicados con representantes de las personas interesadas, inclusive con representantes de los que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado sobre las materias cubiertas por el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

La Comisión lamenta comprobar que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión ha tomado nota de las detalladas informaciones contenidas en la memoria del Gobierno. El Gobierno alude a los resultados alcanzados por las medidas de reajuste estructural impulsadas desde 1989 que han permitido una recuperación de los equilibrios macroeconómicos y un crecimiento sostenido de la producción. El Gobierno indica en su memoria que una alta proporción de trabajadores en el sector informal de la economía no disfrutan de condiciones laborales deseables de estabilidad e ingreso adecuado, que la tasa de desocupación se mantiene en niveles considerables, que existen presiones por una flexibilización y desregulación del mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que la ley orgánica del trabajo, de 1990, declara que toda persona tiene derecho al trabajo (artículo 24) y que el Estado se esforzará por crear y favorecer condiciones propicias para elevar en todo lo posible el nivel de empleo (artículo 25). Como lo viene haciendo desde hace varios años, la Comisión se propone continuar el diálogo solicitando directamente al Gobierno precisiones sobre distintos aspectos del efecto sobre el empleo de las medidas adoptadas por los programas de reajuste estructural, la revisión de dichas medidas en el marco de una política económica y social coordinada, y las consultas que se llevan a cabo con representantes de las personas interesadas en materia de política del empleo (artículos 1, 2 y 3 del Convenio).

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

La Comisión lamenta observar que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión ha tomado nota de las detalladas informaciones contenidas en la memoria del Gobierno. El Gobierno alude a los resultados alcanzados por las medidas de reajuste estructural impulsadas desde 1989 que han permitido una recuperación de los equilibrios macroeconómicos y un crecimiento sostenido de la producción. El Gobierno indica en su memoria que una alta proporción de trabajadores en el sector informal de la economía no disfrutan de condiciones laborales deseables de estabilidad e ingreso adecuado, que la tasa de desocupación se mantiene en niveles considerables, que existen presiones por una flexibilización y desregulación del mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que la ley orgánica del trabajo, de 1990, declara que toda persona tiene derecho al trabajo (artículo 24) y que el Estado se esforzará por crear y favorecer condiciones propicias para elevar en todo lo posible el nivel de empleo (artículo 25). Como lo viene haciendo desde hace varios años, la Comisión se propone continuar el diálogo solicitando directamente al Gobierno precisiones sobre distintos aspectos del efecto sobre el empleo de las medidas adoptadas por los programas de reajuste estructural, la revisión de dichas medidas en el marco de una política económica y social coordinada, y las consultas que se llevan a cabo con representantes de las personas interesadas en materia de política del empleo (artículos 1, 2 y 3 del Convenio).

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

La Comisión se refiere a su observación y confía que en su próxima memoria el Gobierno se servirá incluir las informaciones que requiere el formulario de memoria para el Convenio, brindando también indicaciones sobre los siguientes asuntos:

1. El "Hexágono Estratégico" del VII Plan de la Nación (presentado al Congreso en enero de 1990), declara que la base fundamental para mejorar la calidad de vida de la población será crear las condiciones para que todos los venezolanos tengan acceso a empleos estables y bien remunerados. Entre los problemas más importantes del mercado laboral, se destaca que cuatro de cada diez venezolanos se encuentran fuera del sector formal de la economía. La Comisión confía en que el Gobierno continúe enviando los documentos que contengan disposiciones específicas que tengan por objeto una política activa encaminada a fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido (parte I del formulario de memoria). En este sentido, agradecería al Gobierno que se sirva indicar el impacto alcanzado por "las operaciones estratégicas del compromiso social" previstas en el VII Plan de la Nación.

2. El Gobierno se refiere en su memoria a la política de reestructuración económica que ha dado origen a procesos de reactivación industrial, racionalización y privatización de empresas públicas, desregulación económica y apertura a los mercados internacionales. La Comisión recuerda que las políticas de reajuste deberían guardar una relación con la promoción del empleo y la satisfacción de las necesidades esenciales (párrafo 37, h), de la Recomendación núm. 169 sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984). Por ende, confía en que el Gobierno se servirá describir las relaciones que se han establecido entre los objetivos de la política del empleo y los demás objetivos económicos y sociales, tal como lo establece el artículo 1, párrafo 3, del Convenio.

3. El Gobierno se refiere en su memoria a diversos cuadros estadísticos relacionados con la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo en distintos sectores. La Oficina Internacional del Trabajo, en una correspondencia de septiembre de 1992, indicó al Gobierno que no se habían recibido copias de los cuadros estadísticos mencionados. La Comisión le estaría sumamente reconocida al Gobierno que se sirva tener a bien disponer lo necesario para que se incluyan las informaciones estadísticas sobre la medida en que resultan afectadas categorías particulares de trabajadores (mujeres, jóvenes, trabajadores afectados por las medidas de reestructuración, trabajadores de edad madura, trabajadores minusválidos).

4. La Comisión advierte que, de acuerdo con la resolución núm. 3294, de 24 de agosto de 1992, el Ministerio del Trabajo ha recalcado "la importancia y la necesidad de disponer de información estadística, en forma continua, adecuada y oportuna, sobre la situación laboral del país". Se ha considerado que "para formular y aplicar una política destinada a lograr y mantener el pleno empleo se requiere disponer de estadísticas" sobre los fenómenos laborales. La Comisión confía en que la recopilación y análisis de la información estadística será debidamente tenida en cuenta al decidir y revisar las principales medidas de política de empleo en el marco de una política económica y social coordinada (artículo 2).

5. Sírvase indicar si se han adoptado medidas en aplicación del artículo 25 de la ley orgánica del trabajo y el impacto alcanzado por las mismas.

6. Entre los programas especiales de generación de empleo, el Gobierno se refiere al seguro social establecido ante la contingencia de paro forzoso (decreto núm. 599, de noviembre de 1989, en su tenor modificado). En 1990, se consagraron 3182 millones de bolívares al seguro de paro forzoso - y los montos consagrados en 1991 han aumentado (4.063 millones). Se mencionan también a los programas de "inversión social local" y de "promoción y apoyo de la economía popular" - destinados principalmente a los trabajadores del sector informal. La Comisión desearía recibir más datos sobre los logros en el campo del empleo productivo y libremente elegido alcanzado por dichos programas. La Comisión recuerda que cuando en el contexto de una política global del empleo, los Gobiernos adoptan medidas con miras a satisfacer las necesidades de categorías de personas que tienen frecuentemente dificultades para encontrar empleo duradero (mujeres, jóvenes, inválidos, trabajadores de edad, desempleados por largos períodos, trabajadores migrantes que se encuentren legalmente en su territorio), se debe cuidar la compatibilidad de dichas medidas con las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo relativas al empleo de esos grupos y con las condiciones de empleo establecidas con arreglo a la legislación y práctica nacionales.

7. Artículo 3. El Gobierno indica que el Ejecutivo ha promovido constantemente el diálogo con los representantes empresariales y de trabajadores, en razón de las permanentes consultas sobre la creación de nuevas fuentes de trabajo. La Comisión mucho le agradecería al Gobierno que se sirva brindar mayores indicaciones sobre ejemplos concretos y procedimientos formales de consulta practicados con representantes de las personas interesadas, inclusive con representantes de los que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado sobre las materias cubiertas por el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión ha tomado nota de las detalladas informaciones contenidas en la memoria del Gobierno. El Gobierno alude a los resultados alcanzados por las medidas de reajuste estructural impulsadas desde 1989 que han permitido una recuperación de los equilibrios macroeconómicos y un crecimiento sostenido de la producción. El Gobierno indica en su memoria que una alta proporción de trabajadores en el sector informal de la economía no disfrutan de condiciones laborales deseables de estabilidad e ingreso adecuado, que la tasa de desocupación se mantiene en niveles considerables, que existen presiones por una flexibilización y desregulación del mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que la Ley orgánica del trabajo, de 1990, declara que toda persona tiene derecho al trabajo (artículo 24) y que el Estado se esforzará por crear y favorecer condiciones propicias para elevar en todo lo posible el nivel de empleo (artículo 25). Como lo viene haciendo desde hace varios años, la Comisión se propone continuar el diálogo solicitando directamente al Gobierno precisiones sobre distintos aspectos del efecto sobre el empleo de las medidas adoptadas por los programas de reajuste estructural, la revisión de dichas medidas en el marco de una política económica y social coordinada, y las consultas que se llevan a cabo con representantes de las personas interesadas en materia de política del empleo (artículos 1, 2 y 3 del Convenio).

Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

La Comisión lamenta observar que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. En respuesta a cuestiones específicas que se formularon en 1987 en una solicitud directa, el Gobierno ha brindado breves informaciones generales que ponen el acento en los factores y obstáculos de carácter externo, en particular la carga de la deuda, y en la necesidad de la cooperación económica internacional para asegurar la eficacia de las políticas del empleo. 2. Refiriéndose a los comentarios anteriores de la Comisión sobre este problema, la memoria del Gobierno subraya que en el contexto de la crisis económica internacional que se desarrolló en los últimos seis años, cualquier medida que ha tomado y seguirá tomando el Estado en cuanto a políticas generadoras de empleo, estará definitivamente condicionada por un medio internacional caracterizado por los problemas masivos del endeudamiento, la contracción comercial y una actividad económica recesiva. Al respecto, el Gobierno pone de manifiesto que como consecuencia de las adversas condiciones externas, las medidas que exigen los organismos financieros internacionales a los gobiernos, con el objeto de facilitar los recursos financieros indispensables para su desarrollo económico son diametralmente opuestas a los preceptos contenidos en el Convenio. La memoria del Gobierno recuerda además que Venezuela inició en 1986 la propuesta de efectuar en la OIT una Reunión de alto nivel sobre el empleo y reajuste estructural, llevada a cabo en noviembre de 1987, y que fuera presidida por el Ministro del Trabajo de Venezuela. Los documentos que fueron objeto de análisis así como los que resultaron de la Reunión de alto nivel han sido para el Gobierno de alto valor por cuanto se han solidarizado con los datos que aparecen cuantificando la dimensión del problema del empleo, tanto a nivel nacional como internacional. Haber reconocido el problema de la deuda externa y sus consecuencias como un problema más allá de cualquier consideración restringida de tipo económico, ha sido un paso de avance, absolutamente indispensable, que el Gobierno considera vital para que las economías industrializadas sean comprensivas de un orden económico internacional que no puede admitir que una región como América Latina quede excluida del progreso económico mundial. En este contexto, el Gobierno afirma que Venezuela es un país absolutamente identificado con los principios de la solidaridad regional, y por ello considera también que se inicia la era de la concertación internacional, para enfrentar las causas que imposibilitan el desarrollo y la aspiración a una sociedad justa, en los términos que establece el Convenio. 3. La Comisión agradecería al Gobierno tener a bien continuar brindando informaciones sobre las relaciones entre las políticas y programas del empleo y las políticas y programas de ajuste estructural, indicando los medios o procedimientos adoptados para que los efectos de estas últimas sobre el empleo sean tomados en consideración. Además, y de modo más general, la Comisión ruega al Gobierno suministrar, en su próxima memoria, informaciones completas sobre la aplicación del Convenio en respuesta a los asuntos planteados en relación con los artículos 1, 2 y 3 del Convenio en una nueva solicitud directa.

Observación (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

La Comisión comprueba que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación anterior, redactada como sigue:

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. En respuesta a cuestiones específicas que se formularon en 1987 en una solicitud directa, el Gobierno ha brindado breves informaciones generales que ponen el acento en los factores y obstáculos de carácter externo, en particular la carga de la deuda, y en la necesidad de la cooperación económica internacional para asegurar la eficacia de las políticas del empleo. 2. Refiriéndose a los comentarios anteriores de la Comisión sobre este problema, la memoria del Gobierno subraya que en el contexto de la crisis económica internacional que se desarrolló en los últimos seis años, cualquier medida que ha tomado y seguirá tomando el Estado en cuanto a políticas generadoras de empleo, estará definitivamente condicionada por un medio internacional caracterizado por los problemas masivos del endeudamiento, la contracción comercial y una actividad económica recesiva. Al respecto, el Gobierno pone de manifiesto que como consecuencia de las adversas condiciones externas, las medidas que exigen los organismos financieros internacionales a los gobiernos, con el objeto de facilitar los recursos financieros indispensables para su desarrollo económico son diametralmente opuestas a los preceptos contenidos en el Convenio. La memoria del Gobierno recuerda además que Venezuela inició en 1986 la propuesta de efectuar en la OIT una Reunión de alto nivel sobre el empleo y reajuste estructural, llevada a cabo en noviembre de 1987, y que fuera presidida por el Ministro del Trabajo de Venezuela. Los documentos que fueron objeto de análisis así como los que resultaron de la Reunión de alto nivel han sido para el Gobierno de alto valor por cuanto se han solidarizado con los datos que aparecen cuantificando la dimensión del problema del empleo, tanto a nivel nacional como internacional. Haber reconocido el problema de la deuda externa y sus consecuencias como un problema más allá de cualquier consideración restringida de tipo económico, ha sido un paso de avance, absolutamente indispensable, que el Gobierno considera vital para que las economías industrializadas sean comprensivas de un orden económico internacional que no puede admitir que una región como América Latina quede excluida del progreso económico mundial. En este contexto, el Gobierno afirma que Venezuela es un país absolutamente identificado con los principios de la solidaridad regional, y por ello considera también que se inicia la era de la concertación internacional, para enfrentar las causas que imposibilitan el desarrollo y la aspiración a una sociedad justa, en los términos que establece el Convenio. 3. La Comisión agradecería al Gobierno tener a bien continuar brindando informaciones sobre las relaciones entre las políticas y programas del empleo y las políticas y programas de ajuste estructural, indicando los medios o procedimientos adoptados para que los efectos de estas últimas sobre el empleo sean tomados en consideración. Además, y de modo más general, la Comisión ruega al Gobierno suministrar, en su próxima memoria, informaciones completas sobre la aplicación del Convenio en respuesta a los asuntos planteados en relación con los artículos 1, 2 y 3 del Convenio en una nueva solicitud directa.

FINAL DE LA REPETICION

Observación (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno. En respuesta a cuestiones específicas que se formularon en 1987 en una solicitud directa, el Gobierno ha brindado breves informaciones generales que ponen el acento en los factores y obstáculos de carácter externo, en particular la carga de la deuda, y en la necesidad de la cooperación económica internacional para asegurar la eficacia de las políticas del empleo.

2. Refiriéndose a los comentarios anteriores de la Comisión sobre este problema, la memoria del Gobierno subraya que en el contexto de la crisis económica internacional que se desarrolló en los últimos seis años, cualquier medida que ha tomado y seguirá tomando el Estado en cuanto a políticas generadoras de empleo, estará definitivamente condicionada por un medio internacional caracterizado por los problemas masivos del endeudamiento, la contracción comercial y una actividad económica recesiva. Al respecto, el Gobierno pone de manifiesto que como consecuencia de las adversas condiciones externas, las medidas que exigen los organismos financieros internacionales a los gobiernos, con el objeto de facilitar los recursos financieros indispensables para su desarrollo económico son diametralmente opuestas a los preceptos contenidos en el Convenio. La memoria del Gobierno recuerda además que Venezuela inició en 1986 la propuesta de efectuar en la OIT una Reunión de alto nivel sobre el empleo y reajuste estructural, llevada a cabo en noviembre de 1987, y que fuera presidida por el Ministro del Trabajo de Venezuela. Los documentos que fueron objeto de análisis así como los que resultaron de la Reunión de alto nivel han sido para el Gobierno de alto valor por cuanto se han solidarizado con los datos que aparecen cuantificando la dimensión del problema del empleo, tanto a nivel nacional como internacional. Haber reconocido el problema de la deuda externa y sus consecuencias como un problema más allá de cualquier consideración restringida de tipo económico, ha sido un paso de avance, absolutamente indispensable, que el Gobierno considera vital para que las economías industrializadas sean comprensivas de un orden económico internacional que no puede admitir que una región como América Latina quede excluida del progreso económico mundial. En este contexto, el Gobierno afirma que Venezuela es un país absolutamente identificado con los principios de la solidaridad regional, y por ello considera también que se inicia la era de la concertación internacional, para enfrentar las causas que imposibilitan el desarrollo y la aspiración a una sociedad justa, en los términos que establece el Convenio.

3. La Comisión agradecería al Gobierno tener a bien continuar brindando informaciones sobre las relaciones entre las políticas y programas del empleo y las políticas y programas de ajuste estructural, indicando los medios o procedimientos adoptados para que los efectos de estas últimas sobre el empleo sean tomados en consideración. Además, y de modo más general, la Comisión ruega al Gobierno suministrar, en su próxima memoria, informaciones completas sobre la aplicación del Convenio en respuesta a los asuntos planteados en relación con los artículos 1, 2 y 3 del Convenio en una nueva solicitud directa.