Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Tailandia (Ratificación : 1969)

Caso individual (CAS) - Discusión: 2010, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

El Gobierno ha facilitado la siguiente información por escrito.

De conformidad con la actual política dirigida a mitigar el impacto de la crisis económica en los trabajadores y el empleo, el Gobierno adoptó el Paquete de Estímulo y Recuperación de la Economía, que está en consonancia con el Pacto Mundial para el Empleo, con el objetivo de revitalizar la economía de Tailandia y de proteger a los menos afortunados y a los más pobres del país, mediante el otorgamiento de una red de protección social mejor para los grupos más vulnerables. El 6 de mayo de 2009, el Gabinete aprobó varios proyectos transversales, con arreglo al fortalecimiento Thai o Plan de Acción de Thaikhemkhaeng, que fue incorporado de manera central en las políticas y los programas nacionales de todos los ministerios pertinentes. Con respecto a la promoción del empleo, el Ministerio del Trabajo (MoL) llevó a cabo varios proyectos diferentes incluidos los proyectos sobre la contratación de graduados voluntarios; la expansión de orientación profesional para los jóvenes en las provincias limítrofes del sur; el Proyecto sobre promoción del mercado laboral en los países de Oriente Medio, África y Malasia, de cara a la promoción del empleo en las provincias limítrofes del sur; el Proyecto sobre el desarrollo de las capacidades para aumentar la empleabilidad, y el Proyecto sobre el desarrollo y la promoción del empleo por cuenta propia.

Artículos 1 y 2: empleo y política social: extensión a los trabajadores de la economía informal y coordinación de las medidas relativas a la política del empleo con prestaciones de desempleo

El Gobierno otorga una protección a todos los trabajadores del país. Los trabajadores de la economía informal y los empleados por cuenta propia pueden obtener un acceso al sistema del seguro social, de conformidad con la ley y con carácter voluntario. El MoL proyecta publicitar y convencer a los trabajadores de la economía informal para solicitar su incorporación como asegurados. Con respecto a las prestaciones, se mejoran en la actualidad, para responder a las necesidades de los trabajadores informales y la ley se revisa para extender la cobertura de las prestaciones y para aumentar el número de categorías de trabajadores que puedan acceder al sistema de seguridad social. El Mol también brinda servicios a los asegurados desempleados, con miras a la promoción del empleo, por ejemplo, a través de los servicios del empleo, de la orientación profesional y la capacitación.

Medidas de promoción del empleo

El 10.° Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de 2007-2011, estipula que el «ser humano es el centro del desarrollo», mediante el desarrollo de las capacidades y de las aptitudes en consonancia con la demanda de empleo, pudiendo entrar en el mundo del trabajo y de la competitividad, promoviendo el aprendizaje a lo largo de la vida en la sociedad Thai, aumentando la productividad laboral y acelerando la oportunidad de acceso a los servicios sociales de las personas de edad avanzada, de las personas con discapacidad y de las personas vulnerables. Todos gozan de una educación gratuita obligatoria durante 15 años y los préstamos a los estudiantes han supuesto mayores oportunidades en los niveles de formación profesional y universitario. Más personas pueden conseguir el acceso a la educación informal y al aprendizaje a lo largo de la vida. Los trabajadores de todos los niveles están dotados de conocimientos y de calificaciones estándar, en línea con la siempre cambiante tecnología y el mercado laboral.

El programa de desarrollo humano potencial. Los programas de desarrollo de recursos humanos brindan un acceso al aprendizaje a lo largo de la vida y mejoran la calidad de la educación de todos, al igual que mejoran la productividad laboral, a través de la capacitación y de las pruebas estándar de las capacidades. El Departamento de Desarrollo de las Capacidades (DSD) brinda: una formación anterior al empleo para los jóvenes sin experiencia y para los adultos demandantes de empleo, con 16.183 personas que asistieron a cursos de formación en 2009; una formación de reclasificación de las capacidades para los trabajadores que se encuentran en la actualidad en el mercado laboral, con 164.704 personas que asistieron a cursos en 2009; pruebas estándar de las capacidades, con el objetivo de categorizar los niveles de capacidad de los trabajadores, con 51.746 postulantes con éxito para las pruebas de capacitación, en 2009; y una formación en capacidad empresarial para aquellos interesados y para los trabajadores de diversas empresas, con 22.733 empresas y 4.271.594 trabajadores que participaron en tal formación en 2009, además de otras 90.715 personas interesadas del público general.

Medidas de protección social. Durante el año fiscal de 2010, el MoL, a través del Departamento de Protección Laboral y Bienestar (DLPW), adoptó medidas para mitigar el sufrimiento y asistir a los empleados y a sus familias, a efectos de ayudarles a mantener sus trabajos y a aquellos despedidos durante la crisis. Se llevaron a cabo dos proyectos: el Proyecto sobre el fondo para impedir, solucionar y asistir a aquellos que se encontraban en el sector laboral y que se hubiesen visto afectados por la crisis económica mundial, que estaba otorgando fondos de bienestar a 364 empleados; y el Proyecto sobre la prevención y la resolución de los despidos, cuyo funcionamiento acababa de empezar.

Reclasificación de la competitividad nacional. El DSD se unió al World Skills Context, con el objetivo de promover las capacidades de los jóvenes Thai y de publicitar la capacidad de las aptitudes de los trabajadores Thai en relación con la comunidad internacional. La normativa del Trabajo Thai (TLS 8001-2003) se adoptó en apoyo de todos los tipos de establecimientos, especialmente aquellos orientados a la exportación, para su aplicación con carácter voluntario, y con el objetivo de mejorar la administración del trabajo y de hacerlo más sistemático, de conformidad con las normas laborales internacionales, encaminadas a mejorar los niveles de vida de los trabajadores y a un mayor desarrollo sostenible de las empresas. En 2009, eran 175 los establecimientos con una certificación TLS 8001-2003.

Reestructuración del desarrollo sostenible en las zonas rurales y urbanas. Se desarrollaron estrategias para brindar una orientación a las regiones, a los grupos de provincias y a las provincias, de cara al desarrollo sostenible de las zonas rurales y urbanas. En particular, se aplicó un proyecto encaminado a fortalecer el potencial de los desempleados, a efectos de añadir un valor económico y social a la comunidad (Proyecto Tonkla-Archeap), con arreglo al cual se había formado a 419.658 desempleados y personas interesadas, habiéndose reciclado a 163.538 aprendices para entrar en el empleo por cuenta propia. Los resultados incluyen una caída de las migraciones de las zonas rurales a las urbanas, la promoción del empleo y un aumento de la generación de ingresos para los habitantes de las zonas rurales.

Adaptación de la oferta y la demanda laboral

El Departamento de Empleo (DOE) desarrolló un sistema en línea de información del mercado laboral para ayudar a quienes buscan trabajo y a quienes lo ofrecen, a través de la transmisión de información sobre el mercado laboral, incluidas las noticias relativas a la economía y a las inversiones Thai. El sistema en línea incluye: el trabajo doméstico (eservice) y el sistema de información en línea sobre el mercado laboral a través del sitio web del DOE, que comprende una información regional diaria y básica para las provincias. Durante el año fiscal de 2009, fueron 382.752 las vacantes y 3.037.305 los demandantes de empleo, 275.573 de los cuales fueron colocados en puestos de trabajo.

Vinculación de las medidas de desarrollo de las capacidades y el mercado laboral

Los centros de información del mercado laboral situados en todo el país, brindaron asistencia a través de programas de mercado laboral, incluidos: la mejora de la base de datos sobre la información del mercado laboral, el establecimiento de un sistema de registro de la fuerza de trabajo y la ampliación de las redes de información sobre el mercado laboral a las aldeas. El DSD llevó a cabo una formación anterior al empleo, a efectos de preparar a los recién incorporados al mercado laboral.

Colaboración entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación, para fortalecer las medidas educativas y de capacitación. La Comisión Nacional de Coordinación del Desarrollo de las Capacidades y Desarrollo del Trabajo, dirigida por el Primer Ministro y con representantes de los Ministerios pertinentes, incluidos el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, tiene a su cargo la formulación de las políticas de desarrollo de recursos humanos para consolidar los programas de capacitación y de educación, así como el control de su aplicación. En este contexto, en 2009, se impartió formación a 6.905 desempleados y cursos de reclasificación de las capacidades a 339.176 trabajadores de empresas a tiempo parcial y a tiempo completo.

Medidas para incrementar el ratio de la mujeres en el mercado laboral. En el contexto del Proyecto del DSD sobre el «empoderamiento de la mujer», se impartieron cursos de formación a jefes, cuidadores de niños y de personas de edad avanzada, empleados de oficina, camareras, mayordomos y diseñadores de moda. Durante el curso de 2009, fueron 323.339 los aprendices en los cursos del DSD, 150.543 de los cuales eran mujeres.

Formación de las personas con discapacidad. En 2009, el DSD realizó cursos de capacitación para 321 personas con discapacidad, 93 de las cuales están empleadas. La Oficina de la Seguridad Social (OSS) suministró rehabilitación y formación profesional a 197 personas con discapacidad y 191 personas están empleadas.

Impedir los abusos en la contratación de los trabajadores migrantes

Desde 2004, bajo la supervisión de la Comisión Administrativa de Trabajadores Migrantes Ilegales, se vinieron definiendo siete estrategias, a los fines del empleo legal de los trabajadores extranjeros. La primera fase implicó el registro de los trabajadores ilegales de Camboya, de la República Democrática Popular Lao y de Myanmar, que podrán permanecer temporalmente y trabajar en el país por un período no mayor de un año, mientras esperan la repatriación. El número total de permisos de trabajo renovado de los trabajadores extranjeros, fue de 932.255, de los cuales 812.984 fueron de Myanmar, 62.792, de la República Democrática Popular Lao y 56.476, de Camboya. Esos permisos expirarán el 28 de febrero de 2011. La segunda fase consistió en la modificación del estatuto de los trabajadores extranjeros registrados para pasar al de trabajadores migrantes legales. Se requiere que los países mencionados verifiquen las nacionalidades de esos trabajadores extranjeros, después de lo cual se expide un certificado de verificación de la nacionalidad o un pasaporte. A continuación, los trabajadores tienen que solicitar un visado de las autoridades Thai, de modo que puedan luego solicitar un permiso de trabajo. Al 27 de abril de 2010, el número total de trabajadores extranjeros cuyas nacionalidades se habían verificado, era de 200.610, incluidas las 71.390 de Myanmar, las 58.430 de la República Democrática Popular Lao y las 70.790 de Camboya. La tercera fase consistió en la contratación de trabajadores extranjeros, de conformidad con el MOU, suscrito entre el Gobierno de Tailandia y los Gobiernos de Myanmar, de la República Democrática Popular Lao y de Camboya. Al 27 de abril de 2010, eran 110.776 los trabajadores extranjeros de esos países, a los que se había permitido trabajar en Tailandia, incluidos los 20.092 de Myanmar, los 49.036 de la República Democrática Popular Lao y los 41.711 de Camboya.

Trabajadores del sector rural y de la economía informal

El Fondo de Economía Básico brindó un apoyo a los proyectos de desarrollo de 80.000 aldeas de toda la nación. Al mismo tiempo, el Ministerio del Trabajo, en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Cooperativas, suscribió un acuerdo para asistir a los trabajadores que quisieran regresar al trabajo agrícola. A los desempleados que lo quisieran y fuesen seleccionados, se les asignarán tierras para el trabajo agrícola. El DOE puso en práctica proyectos para promover el empleo de grupos de trabajadores de la economía informal, en las áreas de la promoción y el desarrollo del trabajo a domicilio, con arreglo al cual se había formado en 2009, a 4.248 personas; se habían creado puestos de trabajo para los desempleados a través de la creación de actividades para el empleo por cuenta propia que abarcaban a 3.488 personas, en 2009; y el otorgamiento de préstamos a tasas de bajo interés de no más de 200.000 bath o de 6.200 dólares de los Estados Unidos, para grupos organizados de trabajadores a domicilio de cinco o más personas.

Con miras a la mejora de la protección de los trabajadores de la economía informal, se estableció un grupo de trabajo que comprendía a todos los organismos pertinentes del Ministerio del Trabajo. Existen en la actualidad leyes que protegen a los trabajadores a domicilio y a los trabajadores de la agricultura. El grupo de trabajo establece en la actualidad el marco y el proyecto de la reglamentación ministerial relativa a la protección de los trabajadores domésticos, incluidas las disposiciones sobre las vacaciones, el derecho de licencia de maternidad, el salario mínimo y la seguridad y salud en el trabajo. El 3 de marzo de 2010, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley de protección del trabajo de los trabajadores a domicilio, que se encuentra actualmente en el Senado.

Además, ante la Comisión, una representante gubernamental subrayó la firme intención de su Gobierno de dar cumplimiento al Convenio, cuyas disposiciones siempre se habían utilizado en la formulación de políticas y en las medidas dirigidas a promover el empleo en el país. A efectos de mitigar el impacto de la crisis económica en los trabajadores y el empleo, su Gobierno había adoptado el Paquete de Estímulo y Recuperación de la Economía — que estaba en consonancia con el Pacto Mundial para el Empleo —, con el objetivo de revitalizar la economía tailandesa y de proteger a los menos favorecidos y a los más pobres del país, mediante la construcción de una mejor red de protección social para los grupos más vulnerables. El 6 de marzo de 2010, el Gabinete adoptó una resolución para aprobar varios proyectos transversales, con arreglo al Plan de Acción de fortalecimiento Thai o Thaikhemkhaeng, centrada en políticas y programas nacionales de todos los ministerios pertinentes. El Ministerio de Trabajo también llevó a cabo varios proyectos sobre la expansión de la orientación profesional para los jóvenes, el mercado de trabajo y la promoción del empleo, el desarrollo de capacidades y el desarrollo y promoción de los trabajadores por cuenta propia.

En cuanto a los puntos planteados por la Comisión de Expertos en torno a las medidas encaminadas a alcanzar a los trabajadores de la economía informal y a la coordinación de las medidas de política del empleo con prestaciones de desempleo, declaró que los trabajadores de la economía informal y los trabajadores por cuenta propia pueden obtener el acceso al sistema de seguro social con carácter voluntario. En la actualidad, se revisa la ley a fin de extender la cobertura de las prestaciones y a aumentar las categorías de trabajadores capacitados para obtener el acceso al sistema de seguridad social. También se brindaron servicios a los asegurados desempleados, con miras a la promoción del empleo. En lo que atañe a las medidas de promoción del empleo, destacó la importancia asignada al desarrollo de capacidades y al aprendizaje permanente, con arreglo al décimo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, de 2007-2011, y el hecho de que, con arreglo a la presente política del Gobierno, todos tienen una oportunidad de una educación gratuita obligatoria hasta la edad de 15 años. El préstamo a los estudiantes ofrece mayores oportunidades de acceso a los niveles profesional y universitario. Más gente puede acceder a la educación informal y al aprendizaje permanente. A través del Programa de Desarrollo del Potencial Humano, los programas de desarrollo de recursos humanos brindan un acceso adecuado al aprendizaje permanente, se aumenta la calidad educativa para todos y se mejora la productividad laboral, a través de la capacitación y la evaluación uniforme de las calificaciones. El Departamento de Capacitación también emprendió actividades en los terrenos de la formación anterior al empleo, de la formación para la reclasificación de las capacidades, de la evaluación uniforme de las calificaciones y de la formación en materia de capacidad empresarial. Con respecto a las medidas de protección social, el Gobierno adoptó medidas para mitigar el sufrimiento y asistió a los trabajadores y sus familias, de modo de ayudarles a conservar sus empleos y de asistir a aquellos que habían sido despedidos durante la crisis. También se adoptaron medidas para mejorar la competitividad nacional, como la Norma Nacional del Trabajo (TLS 8001-2003), adoptada en apoyo de todos los tipos de establecimientos, especialmente aquellos orientados a las exportaciones, que habían de ponerse en marcha con carácter voluntario. En 2009, eran 175 los establecimientos con una certificación TLS 8001-2003. También se desarrollaron estrategias para aportar orientación a las regiones y a las provincias, para el desarrollo sostenible en las zonas rurales y urbanas. De particular interés es el Proyecto de fortalecimiento del potencial de los desempleados, para añadir un valor económico y social en la comunidad (Proyecto Tonkla-Archeap), con arreglo al cual se habían formado 419.658 personas sin trabajo y personas interesadas. Esto redundó en una caída de las migraciones rurales-urbanas y en un incremento de la generación de ingresos de las poblaciones rurales.

Con respecto al vínculo entre las medidas de desarrollo y el mercado de trabajo, los Centros de Información del Mercado de Trabajo situados en todo el país, prestaron asistencia, a través de los programas del mercado de Trabajo. La Comisión Nacional de Coordinación de Capacitación y Desarrollo Laboral, es responsable de la formulación de políticas de desarrollo de recursos humanos para consolidar los programas de capacitación y de educación. También se adoptaron medidas para elevar la proporción de las mujeres en el mercado laboral, a través del proyecto sobre el «empoderamiento de la mujer». En el asunto relativo a los trabajadores migrantes, explicó cómo su política activa de empleo había impedido el abuso de la contratación de trabajadores inmigrantes en Tailandia, a través del registro de los trabajadores extranjeros ilegales, especialmente de aquellos procedentes de Camboya, de la República Democrática Popular Lao y de Myanmar. Los trabajadores extranjeros registrados pueden, después de que se hayan verificado sus nacionalidades, modificar su estatuto de trabajador extranjero al de trabajador migrante legal.

Por último, en relación con los trabajadores del sector rural y la economía informal, el Fondo Básico de Economía brindó su apoyo a proyectos de desarrollo a escala nacional y el Ministerio de Trabajo suscribió un acuerdo para asistir a los trabajadores que desean regresar a las labores agrícolas. Se aplican en la actualidad proyectos encaminados a promover el empleo de trabajadores en la economía informal, incluidos los trabajadores a domicilio, a través del otorgamiento de préstamos a bajas tasas de interés. El Gobierno también prevé el establecimiento de un marco y de un proyecto de reglamento sobre la protección de los trabajadores domésticos, y el 3 de marzo de 2010, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley sobre protección del trabajo de los trabajadores a domicilio, que se encuentra en la actualidad en el Senado.

Los miembros trabajadores agradecieron a la representante gubernamental por las informaciones facilitadas, que son tanto más valiosas cuanto que el Gobierno no ha presentado ninguna memoria sobre la aplicación del Convenio desde 2007. Lamentablemente, las informaciones facilitadas por escrito sólo han sido transmitidas hoy a los miembros de la Comisión. Los miembros trabajadores prestan mucha atención al Convenio núm. 122, que es prioritario y prevé medios para garantizar a los trabajadores la posibilidad de disfrutar de su derecho al trabajo. La discusión que ha tenido lugar en el seno de esta Comisión en torno al Estudio General sobre los instrumentos relativos al empleo, que continúa en la Comisión para la Discusión Recurrente sobre el Empleo, confirma la importancia de la política del empleo para promover y facilitar el pleno empleo productivo y libremente elegido, así como el trabajo decente.

El primer punto planteado en la observación de la Comisión de Expertos concierne a la política del empleo y la protección social. A este respecto, la Comisión de Expertos subrayó que 15.500.000 trabajadores de la economía informal no se benefician del seguro de desempleo. Este número ha aumentado más con la crisis económica y financiera. Los miembros trabajadores se refirieron a este respecto al párrafo 22 del Pacto Mundial para el Empleo, en el que se subraya que es necesario tratar la cuestión de la informalidad para lograr la transición al empleo formal. Pues sólo de esta manera podrán los trabajadores beneficiarse de todos los derechos en el ámbito de la protección social.

La Comisión de Expertos planteó igualmente la cuestión de la coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. Los miembros trabajadores tomaron buena nota de los esfuerzos realizados por el Gobierno en lo que respecta a la formación de los solicitantes de empleo y el acceso al crédito a partir de cooperativas de crédito. Se trata, sin embargo, de saber en qué medida se inscriben estos esfuerzos en una política del empleo más amplia tendiente a reducir de manera significativa la pobreza en el país, y el Gobierno debe intensificar sus esfuerzos en este ámbito. Por otro lado, los miembros trabajadores declararon que no disponen de informaciones precisas sobre los esfuerzos realizados por el Gobierno para dar seguimiento a las conclusiones adoptadas por esta Comisión en 2006 en lo que respecta a los trabajadores migrantes, y se sumaron a la solicitud que la Comisión de Expertos ha cursado al Gobierno para que exponga de manera detallada el impacto de las medidas adoptadas en el marco de una política activa del empleo para impedir abusos en la contratación y la explotación de los trabajadores migrantes en Tailandia. También solicitaron con particular insistencia que, en los acuerdos bilaterales concertados con los países vecinos, el Gobierno incluya sistemáticamente una cláusula social para asegurar el pleno respeto de los derechos de los trabajadores migrantes.

Los miembros trabajadores también hicieron valer que la tasa de participación de la mujer en el mercado de trabajo es muy baja, especialmente en la economía formal, y se felicitaron de las medidas adoptadas por el Gobierno para aumentar esa tasa. Sin embargo, todavía queda mucho camino por andar y el Gobierno debe intensificar sus esfuerzos en este ámbito y facilitar informaciones sobre el impacto real de las medidas adoptadas. Los miembros trabajadores solicitaron igualmente al Gobierno que comunique datos sobre el impacto de las medidas adoptadas para favorecer la participación de las personas discapacitadas en el mercado de trabajo y, en particular, estadísticas sobre el número de esas personas que han finalizado un programa de formación y han podido encontrar un empleo, a fin de que la Comisión de Expertos pueda seguir la evolución de la situación.

Por último, los miembros trabajadores subrayaron la gran importancia que atribuyen al artículo 3 del Convenio, relativo a la obligación de consultar a los representantes de las personas interesadas, y en particular a los representantes de los empleadores y de los trabajadores, en relación con la política del empleo con el objeto de que se tengan plenamente en cuenta sus experiencias y opiniones y, además, de lograr su plena cooperación en la labor de formular esa política y de tener el apoyo necesario para su ejecución. Tomaron nota de las indicaciones del Gobierno según las cuales todas las partes interesadas participarán en la política del empleo, pero solicitaron al Gobierno que proporcionara informaciones adicionales a este respecto.

Los miembros empleadores señalaron que el Convenio es un convenio prioritario de mayor importancia en relación con la gobernanza. Subrayaron que el Gobierno no ha facilitado la información solicitada por la Comisión de Expertos desde 2007 y que se proporcionan ante esta Comisión informaciones escritas pero con muy poca antelación. Esto no permite una discusión adecuada del caso, dado que no posibilita que la Comisión de Expertos efectúe su valiosa contribución a la discusión entre trabajadores y empleadores.

Las informaciones proporcionadas por el Gobierno tratan principalmente tres temas. En primer lugar, el paquete de estímulo y recuperación de la economía que permitirá, en consonancia con el Pacto Mundial para el Empleo, revitalizar la economía y proteger a los pobres a través de la red social. El Gobierno aprobó en este sentido proyectos transversales. En segundo lugar, la política social y del empleo permitirá incluir a los trabajadores de la economía informal en un régimen de seguridad social, asegurando por este medio, una protección social hasta ahora inexistente. En tercer lugar, la promoción del empleo mediante el décimo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para 2007-2011 que pone al ser humano en el centro del desarrollo y la capacitación de los trabajadores en concordancia con la demanda de mano de obra.

El desarrollo humano es importante, en particular mediante el aprendizaje permanente, las mejoras en la calidad de educación y la productividad laboral. Igualmente, las medidas de protección social en tiempo de crisis son esenciales para prevenir los despidos. Las calificaciones de los trabajadores deben adaptarse a la oferta y a la demanda de mano de obra para ayudar a quienes buscan y ofrecen un empleo. Las informaciones proporcionadas por el Gobierno mencionan al respecto la Comisión Nacional de Coordinación de Capacitación y de Desarrollo Laboral que elabora programas de capacitación y de educación; un proyecto destinado a las mujeres trabajadoras; formación para las personas con discapacidades, y el desarrollo del sector rural.

Los miembros empleadores destacaron que el Convenio exige como objetivo principal, que todo Estado Miembro formule y lleve a cabo una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. La misma debe ser aplicada por métodos acordes con las condiciones y prácticas nacionales, y en consulta con los interlocutores sociales. En su Estudio General, la Comisión de Expertos consideró que hay tres pasos fundamentales para lograr el pleno empleo, a saber: 1) asumir un compromiso político para alcanzarlo; 2) establecer las instituciones necesarias para asegurar la materialización del pleno empleo, y 3) apoyar y promover la formación profesional y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Es necesario desarrollar una cultura empresarial como contenido de las políticas de empleo para fomentar el desarrollo de las empresas y la creación de puestos de trabajo. No se hace un llamamiento para analizar la legislación nacional en relación con el Convenio, sino un análisis más general para determinar si las políticas de empleo y de mercado están en conformidad con sus disposiciones. La información solicitada al Gobierno, la cual debe proporcionarse con la antelación suficiente, será valiosa en la medida en que esté vinculada con la eficacia de las políticas activas de empleo.

El miembro empleador de Tailandia subrayó que el Gobierno tailandés había proporcionado varios foros de consulta a los interlocutores sociales debido a la crisis actual. Las organizaciones de empleadores en el país están cooperando con el Gobierno para encontrar soluciones a estos problemas. Las empresas afectadas por la crisis financiera han participado en el Proyecto Tonkla-Archeap, lo que permitió a los empleadores enviar su fuerza de trabajo excedente para una formación profesional, con el apoyo financiero del Gobierno. Esto permitió a estos trabajadores mantener un ingreso. Las empresas participantes han firmado un Protocolo de Entendimiento con el Gobierno. Dicho protocolo impide el despido de los empleados por un período mínimo de un año, con la asistencia del Gobierno. El Gobierno también ha proporcionado préstamos a bajo interés para las empresas con escasa liquidez y que se habían comprometido a no despedir a sus empleados por un período mínimo de un año. El orador expresó su apoyo al Gobierno en sus esfuerzos para superar la crisis y lograr el trabajo decente en el país.

El miembro trabajador de la Argentina señaló que en este caso las estrategias implementadas para cumplir con el Convenio, más allá de no contar con resultados a la fecha ya denunciaban severos inconvenientes. El Ministerio de Trabajo con la colaboración de la Universidad de Chulalongkorm realizó estudios referidos a los impactos de los tratados de libre comercio en siete sectores industriales. Según dichos estudios, las prácticas que se basan en la búsqueda de competitividad asociada a los tratados de libre comercio precarizan a los trabajadores ya que las cuestiones económicas prevalecen sobre la protección del trabajador y el trabajo decente. Se carece de informaciones acerca de los estudios realizados por el Gobierno de Tailandia para evitar esos efectos negativos, y de las medidas correctivas adoptadas. Con la crisis las consecuencias se han agravado. En ese sentido, es necesario evaluar las estrategias a la luz del Pacto Mundial para el Empleo. Dichas estrategias no deben necesariamente expresarse en ajuste, baja de salarios o políticas recesivas, sino que existen otros modelos alternativos que se están aplicando y han demostrado su éxito en diferentes países con distintas historias y modelos productivos. Estas experiencias demuestran que hay un camino diferente al ajuste para enfrentar la crisis, a través del desarrollo armónico de los procesos económicos nacionales, de forma tal que se proteja el empleo decente, se promuevan nuevos puestos de trabajo y se aumente la protección social, en el marco del diálogo tripartito. Los países que llevaron adelante las políticas teniendo en cuenta al ser humano como centro de la actividad económica, tal como se plantea en las estrategias del Pacto Mundial para el Empleo han obtenido resultados altamente positivos. Las medidas tomadas en Argentina, tuvieron en consideración un axioma fundamental, el del círculo virtuoso de la economía que nos enseña que, mayores salarios generan mayor consumo interno, el que a su vez genera mayor producción con el consiguiente aumento del empleo. Existen alternativas dignas al ajuste y a la destrucción del empleo decente respetando los objetivos de la OIT y la defensa de la condición humana. Y estas medidas son demostrativas de la viabilidad del Pacto Mundial para el Empleo y por lo tanto posibles de ser aplicadas en Tailandia.

El miembro trabajador de Alemania declaró que además de contribuir valiosamente a los debates internacionales, por ejemplo con el Pacto Mundial para el Empleo, la OIT puede asimismo ejercer una influencia a nivel nacional. Sin embargo, para ello debe disponer de informaciones detalladas sobre la situación actual del mercado de trabajo de sus Estados Miembros. Ahora bien, en los últimos años, el Gobierno de Tailandia no ha proporcionado las informaciones solicitadas sobre su política del empleo. No obstante, la cooperación es necesaria, en particular, en el contexto actual de crisis económica y financiera. Esta crisis ha permitido a algunos empleadores en Tailandia despedir a sindicalistas y reclutar en su lugar a trabajadores con contratos temporales. El temor a los despidos y la debilidad del derecho laboral impiden la sindicalización en numerosos lugares. Desafortunadamente, Tailandia no ha ratificado todavía los Convenios núms. 87 y 98.

Durante el primer trimestre de 2010, el PIB de Tailandia ha aumentado en un 12 por ciento. Según el Gobierno, este aumento obedece a las exportaciones, a la solidez del sector bancario y a su política monetaria y fiscal. Sin embargo, es difícil garantizarlo a causa de la falta de información disponible. Lo que sí es cierto, es que muchos pobres, principalmente en la economía informal, no se benefician del programa de ayuda del Gobierno, y que las desigualdades sociales, que sufren especialmente los trabajadores migrantes, siguen siendo enormes en el país. Además, a pesar de los intentos de desarrollo de la política social, todavía no se han realizado mayores reformas en la legislación laboral. El orador instó al Gobierno de Tailandia a que coopere con la OIT y con el conjunto de los Estados Miembros en este período de crisis. Se debe trabajar conjuntamente para que, en todo el mundo, se adopten medidas positivas que garanticen la creación de numerosos empleos. Por último, el orador exhortó al Gobierno a que sea claro en su política y a que comunique informaciones a la OIT, en el marco del Convenio núm. 122, con respecto a la reciente evolución de su mercado laboral.

El miembro trabajador de Indonesia manifestó su decepción de que el Gobierno de Tailandia no hubiese comunicado información detallada sobre los esfuerzos realizados para dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud del Convenio respecto de los trabajadores migrantes. En 2006, la Comisión, cuando discutió el caso, ya había destacado la importancia de una política activa de empleo para promover la efectiva integración de los trabajadores migrantes en el mercado de trabajo y para impedir su abuso y explotación. Son más de 2 millones los trabajadores migrantes de Tailandia, lo que representa del 5 al 10 por ciento de la fuerza del trabajo, y que contribuyó con aproximadamente el 1,25 por ciento del PIB, en 2005. Trabajan primordialmente en la agricultura, en la pesca, en la construcción, en la industria manufacturera y en el sector de los servicios. La mayoría de los inmigrantes estaban indocumentados y habían huido del régimen represivo de Birmania. Son vulnerables a la explotación y a la violación de sus derechos en particular con respecto al pago del salario, el tiempo de trabajo y la seguridad y salud en el trabajo. Además, hacen frente a obstáculos para constituir sindicatos y obtener la protección social. Los trabajadores indocumentados se encuentran en un riesgo aún mayor de ser víctimas de tráfico y de esclavitud. Deberían establecerse políticas y programas de migraciones, en consulta con los interlocutores sociales, para reconocer la existencia de un gran número de trabajadores que se encuentran en situación regular e irregular y para dar respuesta a sus derechos y necesidades. Los programas de registro ya instaurados podrían contribuir a formalizar las corrientes de migraciones irregulares. Sin embargo, los programas vigentes son demasiado restrictivos, costosos y difíciles de utilizar. El proceso de verificación nacional para los trabajadores migrantes generó confusión e inseguridad, en particular en el caso de los apátridas de Birmania. Las políticas de migraciones tienen que ser cuidadosamente formuladas y aplicadas, en cumplimiento del Convenio núm. 122, teniéndose en cuenta la interacción entre las leyes sobre migraciones y las leyes laborales. Se instó al Gobierno a que informe detalladamente el próximo año, sobre los esfuerzos realizados para mejorar la condición jurídica de los trabajadores migrantes en el mercado de trabajo.

El miembro trabajador de Brasil recordó que el Gobierno de Tailandia no había respetado sus obligaciones en materia de envío de memorias sobre la aplicación del Convenio, desde 2007. Esto constituye un obstáculo al buen funcionamiento del sistema de control de la OIT. Las informaciones comunicadas por escrito por el Gobierno, no son suficientes para demostrar el compromiso del Gobierno. El Convenio núm. 122 reviste una gran importancia desde el comienzo de la crisis económica y financiera. La economía de Tailandia está ligada estrechamente a la de Estados Unidos, Europa y Japón, que sufren todavía los efectos de la crisis. El PIB de Tailandia ha caído en un 2,49 por ciento en 2009 y, según las informaciones disponibles, es posible que el desempleo aumente en el curso de los dos próximos trimestres. El número de trabajadores de la economía informal, que representa ya el 70 por ciento de la población activa, podría aumentar en consecuencia, puesto que sirve para absorber las duras repercusiones para los trabajadores que pierden su empleo. Dado que los trabajadores de la economía informal no están cubiertos por la seguridad social, este fenómeno aumentará la exclusión social. El orador estimó que el sistema de protección social debe ser universal. El primer objetivo del Convenio, que es la promoción del pleno empleo productivo y libremente elegido, será difícil de lograr, en todo caso, para los trabajadores de la economía informal.

En relación con los objetivos fijados en el Programa de Trabajo Decente por País para el período 2010-2011 y subrayó que las informaciones comunicadas por el Gobierno no trataban de las medidas adoptadas en ese ámbito, salvo en lo que se refiere a los esfuerzos destinados a incluir los trabajadores de la economía informal en el sistema de seguridad social. Esto es absolutamente insatisfactorio. También mencionó las conclusiones relativas al trabajo decente y la economía informal, adoptadas en la Conferencia en 2002, que subrayan que debe darse prioridad especialmente a los siguientes aspectos: «considerar especialmente la eliminación de los obstáculos relacionados con el marco legal e institucional e identificar los obstáculos para la aplicación de las normas del trabajo pertinentes para los trabajadores de la economía informal, y ayudar a los mandantes tripartitos a establecer las leyes, políticas e instituciones que dan efecto a estas normas». Desgraciadamente, ninguna de estas cuestiones figura en el Programa de Trabajo Decente por País de Tailandia.

En conclusión, el orador manifestó el deseo de que la Comisión solicite al Gobierno de Tailandia que proporcione informaciones actuales y detalladas sobre la situación del empleo en el país y la aplicación del Convenio, así como sobre la puesta en práctica del Programa de Trabajo Decente por País. De este modo, sería posible para la OIT ofrecer una cooperación técnica para mejorar las condiciones de trabajo en la economía informal.

La representante gubernamental acogió con beneplácito las recomendaciones de los miembros trabajadores y empleadores. Éstas se tomarán en cuenta para mejorar la situación. Se presentará información más específica y documentación en la próxima memoria del Gobierno.

Los miembros trabajadores tomaron nota con satisfacción de los esfuerzos realizados por el Gobierno en el ámbito de la política de empleo. Refiriéndose a las Conclusiones adoptadas por la Comisión para la Discusión Recurrente sobre el Empleo, invitaron al Gobierno a que prosiga sus esfuerzos para elaborar una política de empleo que genere empleos decentes, productivos y libremente elegidos; aplique dicha política a los grupos más vulnerables, en particular, los trabajadores migrantes, las mujeres y las personas con discapacidades; incluya en los acuerdos bilaterales una cláusula social que garantice los derechos de los trabajadores migrantes; elabore más programas de formación y desarrollo de las calificaciones, sobre todo en el sector rural y en la economía informal; se base en los principios y recomendaciones que figuran en el Pacto Mundial para el Empleo para resolver las dificultades que el país enfrenta en el ámbito del mercado de trabajo. Solicitaron al Gobierno que proporcione las más amplias informaciones sobre todas las medidas en ese ámbito y sobre los resultados obtenidos. Por último, recomendaron al Gobierno que asocie plenamente a su política de empleo a los representantes de los trabajadores, incluidos los de los trabajadores migrantes y de la economía informal.

Los miembros empleadores agradecieron al Gobierno las informaciones proporcionadas, lamentando, sin embargo no haber podido contar con la memoria solicitada por la Comisión de Expertos en tiempo y forma, lo que hubiera posibilitado un análisis más profundo de este caso. El Gobierno ha manifestado su voluntad política de cumplir con el Convenio. Es necesario que las políticas activas de empleo atiendan a la oferta y también a la demanda en el mercado de trabajo. Por consiguiente, debe tenerse en cuenta que la generación de empleo en estos últimos años ha sido propiciada por pequeñas y medianas empresas privadas, por lo que el Gobierno deberá seguir apoyando a las empresas sostenibles, en particular a las pequeñas y medianas. La promoción de una cultura empresarial, y la adopción de medidas que faciliten la creación de empresas tal como lo indica la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189), constituyen medios valiosos para integrar a más trabajadores en la economía formal. Por tal motivo, debería analizarse su inclusión en las políticas activas de empleo. Asimismo, se hace necesario que el Gobierno continúe incluyendo en las políticas activas de empleo, iniciativas de formación profesional y políticas educativas que atiendan las necesidades del mercado de trabajo. También deberá continuar celebrando consultas con los interlocutores sociales con respecto a cada una de las políticas elaboradas a fin de promover el pleno empleo productivo y libremente elegido y evaluar así la eficacia y pertinencia de las mismas.

Conclusiones

La Comisión tomó nota de la información oral y escrita presentada por la representante gubernamental y de la discusión que tuvo lugar a continuación. La Comisión advirtió que en las observaciones de 2008 y 2009, la Comisión de Expertos había planteado asuntos relativos a la coordinación de las medidas de política de empleo con las prestaciones de desempleo, en particular para los trabajadores en la economía informal; la prioridad del empleo en el marco de una política económica y social coordinada y las medidas de política del mercado de trabajo adoptadas para las categorías vulnerables de trabajadores.

La Comisión tomó nota de las indicaciones del Gobierno en el sentido de que se había adoptado un Paquete de Estímulo y Recuperación Económicas de acuerdo con el Pacto Mundial para el Empleo con la finalidad de alcanzar la recuperación de la economía de Tailandia y proteger a los más pobres construyendo una mejor red de seguridad para los grupos más vulnerables. La Comisión también tomó nota de la información gubernamental sobre la ejecución de esquemas de desarrollo de recursos humanos que dan acceso adecuado a la formación permanente, tienden a reforzar la calidad general de la educación y a mejorar la competitividad nacional. En 2010, el Departamento de Protección y Bienestar Laborales tomó medidas para atenuar el impacto de los despidos de los trabajadores y de sus familias afectados por la crisis.

Tomando nota de la información dada por el Gobierno sobre el Décimo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el período 2007-2011, la Comisión pidió al Gobierno que brinde más informaciones sobre los resultados alcanzados en términos de generación de empleo decente, productivo y libremente elegido y sobre las medidas tomadas para incluir a las categorías más vulnerables de trabajadores en el mercado de trabajo, categorías tales como los trabajadores con discapacidades, las mujeres rurales, así como también a los trabajadores de la economía informal. La Comisión también subrayó la importancia de promover una cultura empresarial, la iniciativa empresarial y a las pequeñas y medianas empresas, de acuerdo con la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, (núm. 189), 1998.

Además, la Comisión tomó nota de las informaciones sobre las medidas para registrar a los trabajadores extranjeros con la finalidad de asegurarles un empleo legal. La Comisión recordó que la protección de los trabajadores migrantes ya había sido objeto de preocupación en la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2006. La Comisión pidió al Gobierno que disponga acciones específicas en el marco de una política activa de empleo para aplicar medidas apropiadas para impedir el abuso en la contratación de trabajadores y la explotación de los trabajadores migrantes en Tailandia.

La Comisión recordó, como lo requiere el artículo 3 del Convenio, que las consultas con los interlocutores sociales, tanto en la etapa inicial de la formulación de políticas como durante el proceso de ejecución son esenciales, y permiten a los gobiernos tomar plenamente en cuenta las experiencias y opiniones de los interlocutores sociales. La Comisión invitó al Gobierno a que informe de manera detallada en qué medida los mecanismos tripartitos han contribuido específicamente a la formulación de la política del empleo y a la ejecución de medidas activas del mercado del trabajo para poder lograr superar la crisis y asegurar una recuperación sostenida.

La Comisión pidió al Gobierno que comunique a la Comisión de Expertos las informaciones sobre los aspectos mencionados para que sean abordados en su próxima reunión.

Caso individual (CAS) - Discusión: 2006, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Comentario anterior

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. Tendencias del mercado de trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que comunicara información sobre la aplicación del 12.º Plan de desarrollo económico y social (2017-2021) en el ámbito de la promoción del empleo, incluido su impacto en las tendencias del mercado de trabajo. El Gobierno indica que el Plan, que se extendió hasta 2022, se llevó a cabo a través de planes, políticas y programas, tales como actividades encaminadas a preparar a la fuerza de trabajo para atender las necesidades del mercado de trabajo por conducto de actividades de desarrollo de competencias y de fomento de la capacidad. El Gobierno hace referencia a los resultados de los Smart Job Centres que prestaron servicios a 1 096 307 solicitantes de empleo durante el periodo 2017-2021, y a los «Tri-Thep Centres» que prestaron servicios de orientación y desarrollo profesional a 135 693 participantes durante el mismo periodo. En términos de tendencias del empleo, el Gobierno proporciona datos estadísticos relativos al empleo, el desempleo y el subempleo visible, así como información sobre el tamaño y la distribución de la economía informal. La Comisión toma nota de que, según los datos de 2021, el número total de personas ocupadas en la economía tanto formal como informal ascendió a 37 705 741 trabajadores, lo cual representó un leve descenso en comparación con 2020, al contabilizarse 20 453 927 hombres y 17 251 814 mujeres. En 2021, se registró un total de 19 598 061 trabajadores de la economía informal, lo que representó un descenso en comparación con los 20 364 391 contabilizados en 2020. Al examinar el porcentaje de trabajadores de la economía informal por sector económico en 2021, se observa que la mayoría de ellos están empleados en el sector agrícola (el 58 por ciento), y a continuación en el sector del comercio y de los servicios (el 32,4 por ciento). Haciendo referencia a la tasa de desempleo que estaba disminuyendo al final del periodo objeto de examen, el Gobierno indica que es una buena señal de recuperación de la situación del empleo de la pandemia de COVID-19 que afectó a Tailandia en 2020. La Comisión toma nota de la adopción de la Estrategia Nacional (2018-2037), del plan de acción a largo plazo que orientará la formulación de políticas de empleo y del 13.er Plan nacional de desarrollo económico y social (2023–2027), que es el mecanismo clave para orientar la puesta en práctica de la Estrategia Nacional. La Comisión toma nota de que, según el documento de la Estrategia Nacional, Tailandia tendrá que prepararse para los rápidos cambios introducidos por la tecnología perturbadora a fin de reducir al mínimo todo impacto negativo, especialmente si el acceso de diferentes grupos de ingresos a la tecnología, la infraestructura y los conocimientos es una limitación importante. La tecnología perturbadora afectará al empleo y a las formas de empleo y ocupación, y se exigirá una fuerza de trabajo más capaz, mientras que algunas ocupaciones serán sustituidas por la automatización, especialmente los trabajos poco calificados, lo cual representará un riesgo para algunos grupos de la población, en particular los que no pueden mantener el ritmo o los que carecen de competencias y conocimientos actualizados.

La Comisión acoge con agrado las medidas encaminadas a acompañar las rápidas transformaciones en la economía y el mundo del trabajo, incluidas las ocasionadas por las nuevas tecnologías perturbadoras. La Comisión considera que las políticas de empleo representan una herramienta muy importante que, si se utiliza de manera adecuada, permite a los Estados Miembros anticipar y realizar las adaptaciones necesarias para poder seguir el ritmo de estos cambios y retos. La Comisión observa que un número creciente de países ha comenzado a movilizar el potencial de la política de empleo a este respecto, inclusive adoptando medidas encaminadas a: i) promover el aprendizaje permanente y el desarrollo de competencias proporcionando financiación para los programas de formación, y facilitando a los trabajadores el acceso a oportunidades de educación y formación; ii) fomentar la innovación y la iniciativa empresarial, proporcionando financiación para la investigación y el desarrollo, y creando un entorno que propicie el crecimiento empresarial; iii) facilitar las transiciones del mercado de trabajo, ayudando a que los trabajadores cambien de trabajo y de industria sin perder sus derechos de protección social, y prestando apoyo a los trabajadores que se han visto desplazados por las nuevas tecnologías; iv) fortalecer la protección social, expandiendo la cobertura de las prestaciones de desempleo y otras prestaciones de protección social, y brindando apoyo a los trabajadores que están reconvirtiéndose profesionalmente o efectuando la transición a nuevos empleos; v) apoyar la inversión en infraestructura digital a fin de garantizar que todas las personas tengan acceso a las herramientas que necesitan para abrirse paso con éxito en la economía digital; vi) respaldar a los trabajadores en la transición a nuevos empleos, proporcionando programas de readaptación profesional, servicios de colocación y otro tipo de asistencia; vii) fomentar el diálogo entre los empleadores y los trabajadores para ayudar a identificar los retos y las oportunidades, y a concebir soluciones que beneficien tanto a los trabajadores como a las empresas, o viii) promover la innovación responsable mediante el establecimiento de orientaciones éticas para el desarrollo y la utilización de nuevas tecnologías de una manera que beneficie a la sociedad y no perjudique a los trabajadores o el medio ambiente. A este respecto, la Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre la implementación del 13.er Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2023-2027) con respecto a la promoción del empleo, indicando asimismo si está prevista la adopción de medidas como las mencionadas más arriba. Pide asimismo al Gobierno que facilite datos estadísticos actualizados desglosados por sexo y edad sobre la situación del mercado de trabajo, incluidas las tendencias del empleo, el desempleo y el subempleo visible, así como información sobre el tamaño y la distribución por sector de la economía informal.

Promover la transición de la economía informal a la economía formal. El Gobierno indica que continúa promoviendo el empleo formal, de conformidad con la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), a través de la ampliación del acceso de los trabajadores de la economía informal a las prestaciones de seguridad social y de la elaboración de proyectos de ley a fin de abordar esta cuestión. La Comisión toma nota con interés de que el número de trabajadores de la economía informal que están asegurados en virtud del artículo 40 de la Ley de Seguridad Social (B.E. 2533 (1990)) aumentó cada año durante el periodo 2017-2021, al pasar de 2 432 927 en 2017 a 3 242 579 en 2019, y a 10 664 848 personas aseguradas en 2021. Toma nota asimismo de que, según el 13.er Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2023-2027), los trabajadores de la economía informal pueden optar por participar en los planes de ahorro voluntario para la jubilación con las contribuciones copatrocinadas del Gobierno como una manera de garantizar la seguridad de los ingresos en la vejez. Sin embargo, solo alrededor del 35 por ciento de los trabajadores de la economía informal lo hacen, lo que demuestra los límites del seguro voluntario como mecanismo para extender la protección y alcanzar la protección social universal. En lo que respecta a las medidas adoptadas, el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo estableció un plan de acción sobre la gestión de los trabajadores de la economía informal (2017-2021), que condujo a la promoción y protección de 3 618 731 trabajadores de la economía informal en 2021. Además, se establecieron 76 centros provinciales de coordinación de los trabajadores de la economía informal y 253 unidades provinciales de servicios comunitarios a fin de prestar asistencia a los trabajadores de la economía informal. Asimismo, el Ministerio de Trabajo ha creado un grupo de trabajo para la Ley Nacional para la Promoción y el Desarrollo de los Trabajadores de la Economía Informal, integrado por representantes del Gobierno y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. El Gobierno indica que el Gabinete aprobó el proyecto de ley en diciembre de 2021, y este está avanzando hacia su adopción. Dicho proyecto de ley prevé la creación de un Comité Nacional sobre la Promoción y el Desarrollo de los Trabajadores de la Economía Informal, que elaborará estrategias y medidas orientadas a la economía informal, y celebrará consultas con las organizaciones de trabajadores de la economía informal.

La Comisión acoge con agrado esta información y el reconocimiento por parte del Gobierno de que las políticas de empleo desempeñan un papel importante en la promoción de la transición de la economía informal a la economía formal, al abordar los factores que impulsan a las personas y las empresas a realizar su actividad de una manera informal. Así pues, las mejores prácticas nacionales indican que, cuando se elaboran y llevan a cabo de una manera adecuada, pueden desempeñar un papel catalítico al acelerar la transición de la economía informal a la economía formal, conduciendo a mercados de trabajo más inclusivos, productivos y resilientes, al crear un entorno propicio que impulsa la formalización y al prestar apoyo específico para facilitar el proceso de transición. La Comisión invita al Gobierno a que envíe información detallada sobre las medidas concretas adoptadas para afrontar los múltiples retos a los que se enfrentan los trabajadores en la economía informal, que indique en particular qué medidas adoptadas o previstas incluyen algunos de las buenas prácticas a este respecto: i) reducir la carga administrativa y los trámites burocráticos; ii) fortalecer y extender la protección social como una manera de fomentar la inscripción de las empresas y de sus trabajadores; iii) promover el acceso a la financiación y a servicios de desarrollo empresarial, incluido el acceso al crédito y la formación, ya que estos a menudo no están disponibles para las empresas informales; iv) aumentar la colocación en el mercado de trabajo y mejorar los servicios de intermediación y de desarrollo de competencias; v) sensibilizar y promover la formalización; vi) adaptar las políticas a ocupaciones y sectores concretos, ya que la economía informal no es monolítica, y los patrones de informalización varían en los diferentes sectores y ocupaciones; vii) promover el diálogo y la colaboración entre todas las partes interesadas pertinentes con miras a la formulación y la implementación efectivas de políticas, y viii) vigilar y evaluar las repercusiones de las políticas, ya que esto es primordial para evaluar la eficacia de las políticas en la promoción de la transición de la economía informal a la economía formal. La Comisión pide asimismo al Gobierno que continúe comunicando información, incluidos datos desglosados, sobre el impacto de las medidas adoptadas con objeto de promover la transición hacia el empleo formal.Además, tomando nota con interés del considerable aumento del número de personas cubiertas por la protección social, la Comisión pide al Gobierno que proporcione más información sobre la combinación de medidas cuyo despliegue ha sido decisivo para lograr un resultado tan positivo y que indique cómo se ha correlacionado esta ampliación de la protección social con el objetivo de alcanzar un empleo decente, pleno, productivo y libremente elegido.

Trabajadores de edad. El Gobierno indica que la sociedad tailandesa está envejeciendo, lo cual constituye un importante reto demográfico. En respuesta a estos cambios, el Gobierno ha concedido importancia a la promoción del empleo de los trabajadores de edad a través de diversas medidas y programas, en particular la Promoción del Empleo por Cuenta Propia de los Trabajadores de Edad, el Programa «District One (Folk) Wisdom», medidas adoptadas por los servicios públicos de empleo y cursos de formación para el desarrollo de competencias. El número de personas de edad (de 60 años o más) aumentó gradualmente durante el periodo 2017-2021, al contabilizarse 4,06 millones en 2017, 4,23 millones en 2019 y 4,88 millones en 2021. Los hombres de edad representaron 2,78 millones de personas en 2021 y las mujeres de edad representaron 2,10 millones. La mayoría de los trabajadores de edad estaban ocupados en la agricultura y la pesca, y en 2021 ascendieron en total a casi 3 millones. En términos de servicios de empleo, la Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, de 2017 a 2021 había 9 263 solicitantes de empleo de edad que postularon a puestos de trabajo a través de Centros del Servicio de Empleo del Ministerio de Trabajo, y 9 076 obtuvieron un empleo. En el mismo periodo, se impartió formación para el desarrollo de competencias a 43 609 trabajadores de edad, y 15 356 personas de edad participaron en un programa de trabajo por cuenta propia.

La Comisión observa que los cambios demográficos plantean una serie de retos para la política de empleo, inclusive en términos de escasez de competencias, discriminación por motivo de edad, o preocupaciones en materia de seguridad y salud. Toma nota de que las políticas de empleo exitosas han tendido a un incluir una selección de medidas para garantizar resultados positivos en términos de empleo, tales como: i) promover el aprendizaje permanente a través de programas de formación, asistencia financiera y opciones de aprendizaje flexible; ii) garantizar la igualdad de oportunidades de empleo proporcionando directrices claras destinadas a los empleadores, promoviendo la sensibilización acerca de la discriminación por motivo de edad entre los trabajadores, y estableciendo mecanismos para que los trabajadores notifiquen y combatan la discriminación por motivo de edad; iii) promover la flexibilidad en el lugar de trabajo, alentando a los empleadores a adoptar modalidades de trabajo flexible, tales como el trabajo a tiempo parcial, el teletrabajo y horarios flexibles; iv) promover la seguridad y salud en el trabajo, en particular proporcionando formación y equipos adecuados, y aplicando principios ergonómicos; v) sensibilizar acerca de los beneficios del envejecimiento de la fuerza de trabajo para reducir los estereotipos negativos sobre los trabajadores de edad y promover un lugar de trabajo más inclusivo, y vi) proporcionar financiación destinada a los programas de formación orientados a los trabajadores de edad u ofrecer beneficios fiscales a los empleadores que contratan y retienen a trabajadores de edad. Otras medidas exitosas a este respecto comprenden la prestación de apoyo a los trabajadores de edad que crean sus propias empresas, así como llevar a cabo investigaciones y analizar datos sobre el envejecimiento de la fuerza de trabajo con miras a la formulación de políticas informadas. En vista de los elementos arriba mencionados y de los futuros retos demográficos relacionados con el envejecimiento de la sociedad, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas, en consulta con los interlocutores sociales, a fin de abordar estos retos del mercado de trabajo. Pide asimismo al Gobierno que siga incluyendo datos estadísticos, desglosados por sexo y edad, sobre los resultados de las medidas adoptadas con objeto de aumentar las oportunidades de empleo de los trabajadores de edad, y de reducir los obstáculos a los que pueden enfrentarse al acceder al empleo y avanzar y permanecer en él.

Promoción del empleo de mujeres y prevención de la discriminación. El Gobierno indica que Tailandia continúa velando por el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Género (B.E. 2558 (2015)) y promoviendo la no discriminación en el empleo entre mujeres y hombres, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Protección del Trabajo (B.E. 2541 (1998)). En relación con esto, la Comisión se remite a sus comentarios relativos a la aplicación del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111). El Gobierno indica que la realización de actividades de promoción del empleo de las mujeres y la prevención de la discriminación incluyen la promoción de zonas destinadas a la lactancia en las empresas y el establecimiento de guarderías en los lugares de trabajo. De enero a junio de 2022, 112 empresas establecieron zonas destinadas a la lactancia. Los datos estadísticos sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo muestran que la tasa de participación de las mujeres en la fuerza de trabajo osciló entre el 59,38 por ciento y el 60,07 por ciento durante el periodo 20172021, mientras que la de los hombres osciló entre el 76,17 por ciento y el 77,10 por ciento durante el mismo periodo. La Comisión toma nota de que, según el informe, en 2021, de 29,58 millones de mujeres de 15 años o más, solo 17,65 millones estaban empleadas (el 59,7 por ciento).

La Comisión toma nota de que la inclusión de medidas concretas en las políticas nacionales de empleo a fin de promover el empleo de las mujeres y de prevenir la discriminación representa un componente importante de las políticas de empleo sensibles a las cuestiones de género y con perspectiva de género. Estas políticas, que se basan en buenas prácticas comparativas, incluyen a menudo: i) promover modalidades de trabajo flexible a fin de permitir una mejor conciliación de la vida laboral y la vida privada entre las mujeres y los hombres; ii) invertir en la educación y la formación de las mujeres, proporcionando becas y ayuda financiera, y aumentando la disponibilidad de programas de formación profesional destinados a las mujeres; iii) abordar los estereotipos de género y la discriminación aplicando leyes para combatir la discriminación y sensibilizando acerca de las cuestiones de igualdad de género; iv) promover la iniciativa empresarial de las mujeres proporcionando financiación y apoyo a las empresas propiedad de mujeres, y creando un entorno que propicie el crecimiento empresarial; v) recopilando y analizando datos desglosados por género a fin de orientar las decisiones e intervenciones en materia de política para comprender los retos y las oportunidades que se plantean a las mujeres en el lugar de trabajo; vi) fortalecer el control del cumplimiento de las leyes laborales aumentando el número de inspectores del trabajo y sensibilizando acerca de los derechos de los trabajadores; vii) promover una cultura de igualdad de género en el lugar de trabajo, impartiendo formación a los empleadores y los trabajadores sobre cuestiones de igualdad de género, y reconociendo y recompensando a las empresas que promueven la igualdad de género; viii) apoyar a las organizaciones de mujeres y promover el empoderamiento de las mujeres, proporcionando financiación y recursos, y creando un entorno que propicie su empleo, y ix) facilitando servicios de cuidado infantil asequibles y accesibles, garantizando financiación para subvenciones destinadas al cuidado de los niños y aumentando la disponibilidad de opciones de cuidado infantil, tales como guarderías y centros preescolares. A la luz de lo anterior, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre el tipo de medidas adoptadas a nivel nacional a fin de promover el empleo de las mujeres, y que continúe facilitando información, incluidos datos estadísticos desglosados por sexo y edad, sobre el impacto de las medidas adoptadas a fin de promover la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo a todos los niveles, y de prevenir la discriminación en términos de empleo. Pide asimismo al Gobierno que proporcione información sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales sobre las medidas adoptadas.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2019, Publicación: 109ª reunión CIT (2021)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. Tendencias del mercado de trabajo. La Comisión acoge con agrado la información detallada comunicada en la memoria del Gobierno y en sus anexos. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió al Gobierno que proporcionara información sobre la aplicación del 11.º Plan nacional de desarrollo económico y social para 2012 2016 (11.º Plan) en el ámbito de la promoción del empleo, y en particular sobre su impacto en las tendencias del mercado de trabajo nacional. El Gobierno informa de que el 11.º Plan respaldó el desarrollo de la fuerza de trabajo teniendo en cuenta las demandas del mercado de trabajo a través de medidas proactivas adaptadas al entorno cambiante del mercado de trabajo y a los progresos tecnológicos. Durante la aplicación del 11.º Plan, el sector de servicios de Tailandia experimentó un crecimiento continuo, especialmente el turismo y los servicios relacionados. El Gobierno indica que la tasa de desempleo era del 1,18 por ciento en 2017 y que había aumentado, especialmente en la construcción y en la manufactura, en parte debido a que muchos trabajadores dejaron el sector agrícola para irse a sectores no agrícolas como resultado de la sequía continua que se produjo entre 2014 y 2016. La Comisión toma nota de que, según la Encuesta sobre la fuerza de trabajo de la Oficina Nacional de Estadística, la tasa de desempleo se redujo hasta un 0,9 por ciento en el último trimestre de 2018, mientras que la participación en la fuerza de trabajo alcanzó un 68,29 por ciento. La Comisión se refiere a una serie de programas de promoción del empleo llevados a cabo en el marco del 11.º Plan. A este respecto, la Comisión toma nota del establecimiento, en 2013, de centros «Tri Thep» para mejorar las oportunidades de empleo y conseguir ingresos, con el objetivo de ofrecer empleos sostenibles y un desarrollo profesional a lo largo de todo el período laboral, así como del establecimiento de 87 centros inteligentes de empleo en todo el país en 2015, que ofrecen servicios de empleo como centros de servicios integrados. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno creó el M Powered Thailand, que es un sitio web sobre el desarrollo profesional, y una aplicación de teléfono móvil en relación con el trabajo para facilitar el acceso de los trabajadores de la era digital a los servicios existentes. La Comisión toma nota de que 1 303 967 trabajadores consiguieron un empleo a través de los servicios de empleo proporcionados durante el período 2015 2018, incluidas 8 530 personas con discapacidad. El Gobierno promueve el empleo de personas con discapacidad en virtud de la Ley para el Empoderamiento de las Personas con Discapacidad, B.E. 2550 (2007), y su enmienda (núm. 2) B.E. 2556 (2013). La Comisión toma nota con interés de la adopción del 12.º Plan de desarrollo económico y social (2017 2021). La Comisión pide al Gobierno que comunique información detallada sobre la aplicación del 12.º Plan de desarrollo económico y social (2017 2021) en el ámbito de la promoción del empleo. También solicita al Gobierno que proporcione datos estadísticos actualizados y desglosados por sexo y edad sobre la situación del mercado de trabajo, incluida información sobre las tendencias del empleo, el desempleo y el subempleo visible, así como sobre el tamaño y la distribución de la economía informal.

Artículo 3 del Convenio. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que se celebraron consultas tripartitas sobre la elaboración y la adopción del 11.º Plan, así como en relación con el proyecto de estrategias de desarrollo incorporado en el «Plan maestro sobre el trabajo 2012 2016». En particular, a fin de reflejar mejor las perspectivas e intereses de las partes interesadas, se incorporaron ulteriormente al proyecto los comentarios transmitidos por los interlocutores sociales. El Gobierno añade que el Ministerio de Trabajo realizó tres audiencias públicas a fin de recoger más aportaciones de las partes interesadas de cuatro regiones del país. Los comentarios y sugerencias recogidos en esas audiencias se tuvieron en cuenta para mejorar el plan, garantizar su inclusividad y aumentar su capacidad de responder a las necesidades de las personas y a las demandas del mercado de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre las consultas realizadas con los interlocutores sociales en relación con el desarrollo y la aplicación de medidas de política activa del empleo en el marco del 12.º Plan.

Trabajadores migrantes. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno informa de que, reconociendo la gran contribución que los trabajadores migrantes hacen a la economía y sociedad de Tailandia, ha aplicado una serie de medidas para garantizar una protección adecuada de los derechos laborales de todos esos trabajadores y ofrecerles unos medios de vida dignos, así como para ayudar a acelerar la regularización de los trabajadores indocumentados a fin de que puedan tener acceso a los servicios públicos, la protección jurídica y los mecanismos de reclamación. Entre marzo de 2015 y marzo de 2018, el Gobierno organizó servicios de registro de ventanilla única a través de 88 centros de servicios integrados de todo el país. En julio de 2018, 3 420 595 migrantes podían trabajar en Tailandia. La Comisión toma nota de que se ha ampliado el período de estancia temporal de los migrantes que trabajan sin disponer de permisos de trabajo. En este contexto, el Gobierno hace hincapié en la importancia de seguir las vías de migración seguras establecidas a través de memorandos de entendimiento entre Tailandia y los países de origen, que ayudan a garantizar que los trabajadores migrantes no sean víctimas del empleo ilegal, la explotación laboral y la trata de trabajadores. El Gobierno revisó y enmendó los memorandos de entendimiento que se habían establecido con los Gobiernos de Laos, Myanmar y Camboya para conseguir que la migración de trabajadores a través de los canales de estos memorandos sea más fácil y lo suficientemente atractiva para que se utilice como forma estándar de llegada de trabajadores migrantes y así poder limitar las posibilidades de que estos trabajadores sean víctimas de explotación laboral y trata de seres humanos. El Gobierno ha organizado una operación integrada para combatir la trata y la explotación de trabajadores, entre otras cosas, a través del centro de comando para la prevención de la trata de trabajadores y los centros de operaciones sobre la trata de trabajadores de 76 provincias. El Ministerio de Trabajo también ha presentado medidas legales actualizadas (el Real decreto sobre la gestión del empleo de los trabajadores extranjeros, B.E. 2560 y su enmienda (núm. 2) B.F. 2561 (2018)) para responder a la situación actual de la migración de trabajadores incrementando las sanciones a fin de disuadir tanto a trabajadores como a empleadores de cometer irregularidades e infracciones repetidas. El Gobierno se refiere a una serie de medidas específicamente destinadas a reducir la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes. El Ministerio de Trabajo ha aumentado la frecuencia de las inspecciones multidisciplinarias a fin de prevenir y eliminar la explotación de los trabajadores en los establecimientos de alto riesgo. Además, a través de la resolución del Gabinete de 26 de julio de 2016, se han establecido tres centros de atención tras la llegada y de reintegración a fin de ofrecer cursos de orientación a los trabajadores migrantes que llegan a Tailandia a través de los canales de los memorandos de entendimiento para trabajar. Además, la Comisión toma nota de que ha aumentado el acceso a los servicios gubernamentales a través de medios digitales y de que se han introducido la nueva vía de presentación de quejas en Internet «DOE Ayúdame» y las líneas directas del Departamento de Empleo que incluyen un conducto adecuado para la información gubernamental. El Ministerio de Trabajo organizó cursos de formación para los trabajadores migrantes y los empleadores a fin de sensibilizarlos sobre sus derechos, sus deberes, las leyes, los reglamentos, la tradición y la cultura. El Gobierno indica que en Tailandia los trabajadores migrantes tienen acceso a la atención de salud; ya sea a través del fondo de la seguridad social o del régimen obligatorio de seguro de salud de los migrantes. Asimismo, el Gobierno informa de una serie de medidas específicas para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores en la industria pesquera. Habida cuenta de que la mayor parte de los migrantes que trabajaban en la industria pesquera antes de 2014 estaban indocumentados, y por lo tanto eran muy vulnerables, el Gobierno realizó diversas rondas de registro de los pescadores migrantes e hizo diversas renovaciones de la situación laboral de los pescadores. El Gobierno también llevó a cabo negociaciones con las partes interesadas de la industria para ofrecer incentivos a los pescadores migrantes que llegan a través de los memorandos de entendimiento, que han demostrado ser relativamente fructíferos ya que, en los primeros siete meses de 2018, 2 151 migrantes fueron contratados para trabajar en la pesca a través de los memorandos de entendimiento. La Comisión toma nota de que en las Conclusiones de la investigación de base sobre los pescadores y los mariscadores en Tailandia, OIT 2018, se hace hincapié en la importancia de garantizar la aplicación efectiva de la legislación del trabajo y otras normas en los múltiples niveles de las cadenas de suministro de mariscos, protegiendo a los trabajadores y creando unas condiciones equitativas en la industria. La investigación de base sugiere que el Gobierno y el Ministerio de Trabajo de Tailandia deberían reorientar la inspección para que se detecten, investiguen y castiguen las infracciones de la legislación del trabajo. La Comisión toma nota de que, a este respecto, el Ministerio de Trabajo ha procurado que los inspectores tengan a su disposición nuevas herramientas y, entre 2015 y 2016, colaboró con la OIT en diferentes proyectos para proporcionar formación a funcionarios a fin de crear capacidades sobre la inspección del trabajo. El Gobierno indica que el 12 de junio de 2015 se establecieron centros de control portuario de entradas y salidas a fin de realizar inspecciones de los barcos de pesca. Reconociendo que, sin embargo, la tasa de enjuiciamiento sigue siendo baja, el Departamento de Protección y Bienestar de los Trabajadores (DLPW) promulgó el Reglamento sobre la inspección del trabajo y el procedimiento penal a fin de combatir los delitos con arreglo al Reglamento ministerial relativo a la protección de los trabajadores en el sector de la pesca marítima (núm. 2) B.E. 2561, que está en vigor desde el 15 de julio de 2018. La Comisión toma nota del establecimiento junto con Stella Maris de un centro para la mejora de la vida de los pescadores (FLEC), a fin de mejorar la calidad de vida de los trabajadores del sector de la pesca marítima, que proporciona acceso a servicios y asistencia a los trabajadores y a las víctimas de explotación laboral. La Comisión también toma nota del establecimiento de centros de coordinación provincial para los trabajadores del sector de la pesca marítima en 22 provincias a fin de alentar la inmigración a través de vías legales. En lo que respecta al empleo en el extranjero, el Gobierno toma nota de que en 2017 había 168 438 tailandeses trabajando en el extranjero. A través del Departamento de Empleo, el Ministerio de Trabajo proporciona servicios de empleo en el extranjero a los trabajadores tailandeses y ofrece actividades de creación de capacidades dirigidas a los trabajadores en respuesta a las necesidades del mercado de trabajo extranjero. El Ministerio de Trabajo también lleva a cabo proyectos, tales como cursos de orientación previa a la partida, a fin de ayudar y proteger a los trabajadores para que no sean víctimas de trata de seres humanos u otras formas de explotación laboral. La Comisión toma nota de que existen 13 oficinas de trabajo en 12 países extranjeros que son un mecanismo muy importante para garantizar la protección de los tailandeses que trabajan en el extranjero. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre el impacto de las medidas aplicadas para abordar y resolver las cuestiones relacionadas con los trabajadores migrantes, en particular con los que trabajan en la industria pesquera, incluyendo información sobre las violaciones identificadas en la cadena de suministro, las sanciones impuestas a los autores y las reparaciones acordadas. También solicita al Gobierno que continúe informando sobre las medidas adoptadas o previstas para evitar los abusos y la explotación de los trabajadores migrantes en Tailandia.

Mujeres. Prevención de la discriminación. El Gobierno indica que la tasa de participación de las mujeres en el mercado de trabajo es del 60 por ciento, pero que las mujeres continúan teniendo que hacer frente a barreras culturales en el ámbito del empleo. El Gobierno ha adoptado una serie de medidas para incrementar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que en 2006 el Ministerio de Trabajo inició una campaña nacional de promoción para que las empresas consagren una zona a la lactancia y en 2004 una campaña de promoción para que las empresas creen centros para el cuidado de niños. El Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo organiza anualmente el Día Internacional de la Mujer a fin de sensibilizar a los funcionarios gubernamentales y los interlocutores sociales sobre la importancia de las trabajadoras, el trabajo decente y la protección en el lugar de trabajo. La Comisión toma nota del establecimiento del Fondo de empoderamiento de las mujeres, el 23 de junio de 2015, para proporcionar apoyo financiero a actividades que sirven para empoderar a las mujeres. El Gobierno indica que desarrolla y aplica mecanismos y procedimientos jurídicos para prevenir la discriminación de las trabajadoras. La Comisión toma nota de la promulgación de la Ley sobre Igualdad de Género B.E. 2558 (2015), el 13 de marzo de 2015, que establece los siguientes mecanismos: el Comité de promoción de la igualdad de género (o el Comité Sor Tor Por), que se ocupa de la formulación de políticas, la determinación de medidas, los planes de trabajo y la supervisión a fin de velar por la igualdad de género; el Comité sobre la determinación de la discriminación de género injusta; y el Fondo para la promoción de la igualdad de género establecido para cubrir los gastos de la promoción de la igualdad de género y proporcionar indemnizaciones a las mujeres, los hombres o las personas LGBTQ que reciben un tratamiento injusto debido a su género u orientación sexual. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información, incluidos datos estadísticos desglosados por sexo y edad, sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo a todos los niveles, y prevenir la discriminación en materia de empleo.

Trabajadores de la economía informal. El Gobierno indica que el número de trabajadores informales aumentó en Tailandia de un 32,48 por ciento en 2012 a un 36,24 por ciento en 2016. Sin embargo, el Gobierno también señala que la cobertura de la seguridad social y del bienestar se amplió en el marco del 11.º Plan de desarrollo económico y social, con lo cual ahora es más inclusiva y los trabajadores informales pueden acceder más fácilmente a ella. Añade que, por consiguiente, la proporción de trabajadores informales que tienen acceso a las prestaciones de la seguridad social aumentó de un 3,7 por ciento en 2011, el último año del 10.º Plan, a un 10,75 por ciento cuando finalizó el 11.º Plan. La Comisión también toma nota de que la formación para el desarrollo de las calificaciones que se proporciona en virtud de la Ley de Promoción de Desarrollo de las Calificaciones B.E. 2545, tiene por objeto mejorar la empleabilidad de las personas que pertenecen a los grupos destinatarios, incluidos los trabajadores informales. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información, incluidos datos desglosados, sobre el impacto de las medidas aplicadas para promover la transición al empleo formal y ampliar el acceso de los trabajadores de la economía informal a las prestaciones de la seguridad social. En relación con la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), la Comisión reitera su solicitud de que el Gobierno proporcione información sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas para facilitar la transición de los trabajadores informales de la economía informal al mercado de trabajo formal.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. Tendencias del mercado de trabajo. Consulta con los interlocutores sociales. En su memoria, el Gobierno indica que, con arreglo al 11.º Plan nacional de desarrollo económico y social para 2012-2016, se han aplicado medidas a fin de desarrollar la fuerza de trabajo para cubrir las demandas del mercado de trabajo en los sectores de la manufactura y de servicios. La Comisión pide al Gobierno que transmita más información sobre la aplicación del 11.º Plan nacional de desarrollo económico y social para 2012-2016 en el ámbito de la promoción del empleo, e incluso sobre su impacto en las tendencias del mercado de trabajo, sobre la base de datos estadísticos pertinentes. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales en relación con la aplicación del 11.º Plan nacional de desarrollo económico y social para 2012 2016 y las otras cuestiones cubiertas por el Convenio.

Trabajadores migrantes. El Gobierno indica que, en 2014, el Consejo Nacional para la Paz y el Orden (NCPO) estableció ventanillas únicas para erradicar la explotación de los trabajadores y la trata de trabajadores migrantes. Asimismo, se han adoptado medidas para reducir los gastos de registro de los trabajadores migrantes para obtener un permiso de trabajo. La Comisión toma nota de que las medidas implementadas en 2014 para hacer frente a la explotación laboral de los trabajadores de la industria pesquera incluyen alentar a los empleadores para que registren a los trabajadores migrantes de la pesca. A raíz de la resolución adoptada por el Gabinete, el 6 de noviembre de 2013, en 2013-2014 se registraron 12 624 trabajadores migrantes de la industria de la pesca, y en 2014 se registraron 58 508 trabajadores migrantes de la industria de la pesca a través de los centros integrados. Las estrategias de desarrollo del 11.º Plan nacional de desarrollo económico y social para 2012-2016 incluyen incrementar la movilidad regional de los trabajadores y proteger los derechos de los trabajadores tailandeses en el extranjero. El Gobierno indica que en 2014 alrededor de 217 000 trabajadores migrantes consiguieron un empleo gracias al Memorando de Entendimiento sobre cooperación en materia de empleo, firmado por Tailandia, Camboya, República Democrática Popular Lao y Myanmar. La Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada sobre el impacto de las medidas ejecutadas para abordar y resolver las cuestiones relacionadas con los trabajadores migrantes, incluyendo nuevas leyes sobre protección laboral e industria pesquera, así como su respectivo cumplimiento, teniendo debidamente en cuenta sus derechos fundamentales. Sírvase asimismo incluir los resultados obtenidos en el marco del 11.º Plan nacional de desarrollo económico y social para 2012-2016 a fin de impedir los abusos y la explotación de los trabajadores migrantes que están en Tailandia.

Mujeres. Prevención de la discriminación. El Gobierno indica que el Departamento de Empleo ha organizado actividades de promoción de las carreras para mujeres y hombres desempleados, ofreciéndoles cursos de formación sobre autoempleo y espíritu empresarial, en los que, entre 2007 y 2011, las participantes fueron en promedio cinco veces más numerosas que los hombres que participaron. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover el aumento de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo y evitar la discriminación en materia de empleo, y que incluya datos estadísticos pertinentes.

Trabajadores de la economía informal. La Comisión toma nota de que la 1.ª Estrategia del Plan nacional para la gestión de los trabajadores de la economía informal 2012-2016 tenía por objetivo ampliar la cobertura de la protección y crear una cobertura de seguridad social para los trabajadores de la economía informal en 2012-2013. A este respecto, se ha formulado una política de promoción de los planes de ahorro para los trabajadores de edad de la economía informal. Un reglamento promulgado por la Oficina de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo ha ampliado las prestaciones a grupos más amplios, tales como los agricultores, los conductores, los comerciantes y los vendedores callejeros. Además, aproximadamente 108 500 trabajadores participaron en actividades dirigidas a los trabajadores de la economía informal en relación con la protección de la salud y la seguridad económica. La Comisión también toma nota de que, en 2009-2011, el Departamento de Promoción Industrial adoptó medidas para la promoción del empleo de los trabajadores de la economía informal, incluido un proyecto para desarrollar el emprendedurismo del que se beneficiaron aproximadamente 21 000 personas, y una actividad para promover la capacidad de los establecimientos industriales comunitarios en la que participaron 250 grupos. El Gobierno indica que el Departamento de Empleo organizó sesiones internas de formación de las calificaciones y divulgó información sobre el mercado de trabajo y también estableció el centro de trabajo Treethep Job, un centro integrado para la promoción del empleo y la mejora de los ingresos de las personas de bajo ingreso, los recién graduados y los trabajadores informales. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover el empleo y extender las prestaciones de seguridad social a los trabajadores de la economía informal. En relación con la Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204), la Comisión también pide al Gobierno que incluya información sobre el impacto de las medidas adoptadas para facilitar la transición de los trabajadores de la economía informal hacia el mercado de trabajo formal.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión se ve obligada a reiterar sus comentarios anteriores.

La Comisión pide al Gobierno que comunique informaciones actualizadas sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover el pleno empleo productivo, libremente elegido y decente para las categorías vulnerables de trabadores, en particular para los trabajadores de la economía informal. Sírvase también incluir información sobre la extensión, las tendencias y la cobertura de las prestaciones de seguridad social a los trabajadores de la economía informal, así como sobre las acciones emprendidas para coordinar las medias activas del mercado del trabajo con las prestaciones de la seguridad social.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Coordinación de la política de empleo con la reducción de la pobreza. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión solicita al Gobierno que incluya información sobre los resultados obtenidos en la generación de empleo en relación con el Plan nacional de desarrollo económico y social, y que comunique información detallada sobre los objetivos del empleo formulados en el Plan de 2007-2011 además de orientaciones sobre el próximo Plan Nacional. En este sentido, la Comisión destaca la importancia de promover y entablar consultas tripartitas genuinas sobre los asuntos cubiertos por el Convenio. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que incluya información detallada sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales para formular y aplicar una política activa de empleo, como requiere el artículo 3 del Convenio.

Políticas del mercado del trabajo y de formación. El Gobierno señaló que se había establecido, bajo la autoridad del Primer Ministro, la Comisión Nacional de Coordinación del Desarrollo de las Capacidades y Creación del Trabajo. En 2010, el Departamento de Desarrollo de las Capacidades formuló una nueva estrategia para tener en cuenta el impacto de la crisis económica mundial. Además, la Comisión tomó nota de que el Gobierno transmite información en línea sobre el mercado de trabajo. Según el NCTL, el sistema de desarrollo de las capacidades no responde a las necesidades del mercado de trabajo. Debería tenerse en cuenta la cooperación entre las instituciones de desarrollo de las capacidades y las empresas para aplicar las medidas necesarias. En su Estudio General de 2010, la Comisión destaca la importancia cada vez mayor del cometido de los interlocutores sociales y de las instituciones de formación en la definición de las estrategias de desarrollo de los recursos humanos. La Comisión solicita al Gobierno que indique de qué manera contribuyeron los representantes de los trabajadores y de los empleadores al desarrollo de los mecanismos de formación profesional, y cómo se fortaleció la coordinación entre las instituciones de formación. Le ruega también que se sirva indicar cómo se coordinan las medidas de desarrollo de las capacidades con las medidas activas del mercado del trabajo.

Mujeres. Prevención de la discriminación. El Gobierno señaló que no existe discriminación alguna hacia las mujeres y que éstas tienen igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo. La Comisión tomó nota de las estadísticas desglosadas por género comunicadas por el Gobierno en su memoria en cuanto al número de mujeres registradas en el Departamento de Empleo para solicitar empleo que habían obtenido un puesto de trabajo, así como de los cursos de formación impartidos. En lo que se refiere a los comentarios sobre el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), la Comisión pide al Gobierno explique en qué medida los datos que aporta en su memoria sobre el Convenio núm. 122 demuestran que el principio de no discriminación se aplica efectivamente en la práctica. La Comisión invita también al Gobierno a seguir comunicando información sobre las iniciativas tomadas para promover una mayor participación de la mujer en el mercado del trabajo. Le ruega que tenga a bien comunicar más información, incluidas estadísticas, sobre el impacto de tales iniciativas para garantizar que existe una libertad de elección del empleo y que cada trabajador tiene todas las posibilidades de ocupar el que le convenga y de utilizar en este empleo sus aptitudes, en las condiciones establecidas en el artículo 1, 2), c), del Convenio.

Trabajadores migrantes. El Gobierno había reconocido anteriormente que afronta un desafío en relación con los trabajadores migrantes debido a cuestiones políticas, sociales, económicas, de asistencia sanitaria y de seguridad nacional. Habiendo comprendido las dificultades que afrontan los trabajadores migrantes en lo que se refiere al acoso que padecen de los empleadores y de las agencias de empleo, incluida la amenaza de trata de seres humanos, el Ministerio de Trabajo tomó diversas medidas para registrar a los trabajadores migrantes, especialmente, a los trabajadores migrantes ilegales, y también para mejora la inspección del trabajo de los trabajadores migrantes. El Gobierno mencionó la Declaración de 3 de agosto de 2010 por la dignidad y el trabajo, que tiene por fin proteger a los tailandeses que trabajan en el extranjero y a los migrantes que trabajan en Tailandia, así como impedir la trata de seres humanos, reducir las comisiones y los gastos de los servicios de empleo y proteger a las familias de los trabajadores afectados. La Comisión tomó nota de que el NCTL expresó su preocupación acerca de las prácticas y las medias adoptadas por el Gobierno para abordar las dificultades relativas a los trabajadores migrantes. El NCTL señaló asimismo que sigue siendo aún extenso el número de trabajadores extranjeros no registrados y sin documento nacional de identidad. Los trabajadores extranjeros no registrados no pueden gozar de sus derechos para obtener protección laboral ni cobertura de la seguridad social, tal como requiere la legislación y la reglamentación nacionales. La Comisión solicita al Gobierno que actúe rápidamente y que informe con detalle sobre las medidas eficaces adoptadas para abordar y resolver los problemas relativos a los trabajadores migrantes atendiendo especialmente a la sensibilidad de género. La Comisión solicita también al Gobierno que comunique información sobre los resultados obtenidos en el marco de una política activa de empleo en la prevención del abuso en la contratación de trabajadores extranjeros y la explotación de trabajadores migrantes en Tailandia, con el debido respeto por sus derechos fundamentales.

Trabajadores de edad avanzada. El NCTL señaló que debería darse prioridad a la extensión de la cobertura médica, al ahorro para la jubilación y las oportunidades de empleo de los trabajadores de más edad. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria información sobre las medidas adoptadas o previstas para una mejor integración de los trabajadores de edad avanzada en el mercado del trabajo.

Trabajadores del sector rural y de la economía informal. El Gobierno informó sobre el proyecto de empleo y desarrollo urgentes de las capacidades, con el fin de mitigar el sufrimiento de la población durante las crisis económicas y catástrofes naturales. El empleo de emergencia incluye la contratación de trabajadores en tareas de interés público, como el dragado de canales y zanjas o la construcción de diques. La Comisión invita al Gobierno a señalar de qué modo los planes de emergencia aplicados dieron la oportunidad a sus beneficiarios de desarrollar sus capacidades y utilizarlas en trabajos decentes para los que estaban calificados, tal como requiere el artículo 1, 2), del Convenio. En este sentido, la Comisión invita al Gobierno a que informe sobre la cantidad y la calidad de las oportunidades de trabajo para los trabajadores a domicilio, con especial atención a la situación de las mujeres y sobre el impacto de las medidas adoptadas para reducir el déficit de trabajo decente de las trabajadoras y de los trabajadores de la economía informal y para facilitar su transición en el mercado del trabajo y concederles la protección adecuada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Observación (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, junio de 2010)

La Comisión lamenta tomar nota de que no se recibieron las memorias del Gobierno de 2012 y 2013. La Comisión confía en que transmitirá una memoria para examinarla en su próxima reunión y que ésta contendrá información completa sobre las cuestiones planteadas en su observación de 2011.

En su observación de 2011, la Comisión tomó nota de las respuestas proporcionadas por el Gobierno, con la información correspondiente a las medidas adoptadas para promover el empleo de las personas con discapacidades, mujeres en áreas remotas y trabajadores de la economía informal. Según los datos de la Oficina Nacional Estadística, en la economía informal hay 24 300 000 trabajadores, que representan casi la mitad del total de la mano de obra activa. La Comisión tomó nota también de que los estudios realizados por dos instituciones académicas concluyeron que los trabajadores tailandeses de la economía informal requieren decididamente prestaciones del Fondo de Seguridad Nacional. El Gobierno se refirió al segundo Plan de promoción de las PYME para 2007 2011, entre otras medidas, para elevar la capacidad de los comercios y las empresas para hacer frente a la crisis económica mundial. La Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, comunique información actualizada sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover el pleno empleo productivo, libremente elegido y decente para las categorías vulnerables de trabadores, en particular para los trabajadores de la economía informal. Sírvase también incluir información sobre la extensión, las tendencias y la cobertura de las prestaciones de seguridad social a los trabajadores de la economía informal, así como sobre las acciones emprendidas para coordinar las medias activas del mercado del trabajo con las prestaciones de la seguridad social.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Coordinación de la política de empleo con la reducción de la pobreza. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno reiteró los tres objetivos estratégicos del décimo Plan nacional de desarrollo económico y social para 2007-2011: el desarrollo del potencial humano y de la protección social, la reestructuración sostenible del desarrollo rural y urbano, y la mejora de la competitividad nacional. Entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, el Gobierno prestó asistencia a los trabajadores que estaban desempleados como consecuencia de la crisis económica global. La Comisión tomó nota de que los interlocutores sociales adoptaron, en 2008, un código de prácticas para promover las relaciones laborales durante la crisis económica. En su comunicación, recibida en febrero de 2011, el Congreso Nacional del Trabajo de Tailandia (NCTL) recordó que la mayoría de los tailandeses han vivido en situación de pobreza, e indicó que la disparidad en la generación de ingresos era bastante notable. El NCTL solicitó al Gobierno que formulara políticas y medidas concretas para atenuar las disparidades en los ingresos. La Comisión solicita al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información sobre los resultados obtenidos en la generación de empleo en relación con el Plan nacional de desarrollo económico y social, y que comunique información detallada sobre los objetivos del empleo formulados en el Plan de 2007-2011 además de orientaciones sobre el próximo Plan Nacional. En este sentido, la Comisión destaca la importancia de promover y entablar consultas tripartitas genuinas sobre los asuntos cubiertos por el Convenio. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que incluya en su próxima memoria información detallada sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales para formular y aplicar una política activa de empleo, como requiere el artículo 3 del Convenio.

Políticas del mercado del trabajo y de formación. El Gobierno señaló que se había establecido, bajo la autoridad del Primer Ministro, la Comisión Nacional de Coordinación del Desarrollo de las Capacidades y Creación del Trabajo. En 2010, el Departamento de Desarrollo de las Capacidades formuló una nueva estrategia para tener en cuenta el impacto de la crisis económica mundial. Además, la Comisión tomó nota de que el Gobierno transmite información en línea sobre el mercado de trabajo. Según el NCTL, el sistema de desarrollo de las capacidades no responde a las necesidades del mercado de trabajo. Debería tenerse en cuenta la cooperación entre las instituciones de desarrollo de las capacidades y las empresas para aplicar las medidas necesarias. En su Estudio General de 2010, la Comisión destaca la importancia cada vez mayor del cometido de los interlocutores sociales y de las instituciones de formación en la definición de las estrategias de desarrollo de los recursos humanos. La Comisión solicita al Gobierno que indique, en su próxima memoria, de qué manera contribuyeron los representantes de los trabajadores y de los empleadores al desarrollo de los mecanismos de formación profesional, y cómo se fortaleció la coordinación entre las instituciones de formación. Le ruega también que se sirva indicar cómo se coordinan las medidas de desarrollo de las capacidades con las medidas activas del mercado del trabajo.

Mujeres. Prevención de la discriminación. El Gobierno señaló que no existe discriminación alguna hacia las mujeres y que éstas tienen igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo. La Comisión tomó nota de las estadísticas desglosadas por género comunicadas por el Gobierno en su memoria en cuanto al número de mujeres registradas en el Departamento de Empleo para solicitar empleo que habían obtenido un puesto de trabajo, así como de los cursos de formación impartidos. En lo que se refiere a los comentarios sobre el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), la Comisión pide al Gobierno explique en qué medida los datos que aporta en su memoria sobre el Convenio núm. 122 demuestran que el principio de no discriminación se aplica efectivamente en la práctica. La Comisión invita también al Gobierno a seguir comunicando información sobre las iniciativas tomadas para promover una mayor participación de la mujer en el mercado del trabajo. Le ruega que tenga a bien comunicar más información, incluidas estadísticas, sobre el impacto de tales iniciativas para garantizar que existe una libertad de elección del empleo y que cada trabajador tiene todas las posibilidades de ocupar el que le convenga y de utilizar en este empleo sus aptitudes, en las condiciones establecidas en el artículo 1, 2), c) del Convenio.

Trabajadores migrantes. El Gobierno había reconocido anteriormente que afronta un desafío en relación con los trabajadores migrantes debido a cuestiones políticas, sociales, económicas, de asistencia sanitaria y de seguridad nacional. Habiendo comprendido las dificultades que afrontan los trabajadores migrantes en lo que se refiere al acoso que padecen de los empleadores y de las agencias de empleo, incluida la amenaza de trata de seres humanos, el Ministerio de Trabajo tomó diversas medidas para registrar a los trabajadores migrantes, especialmente, a los trabajadores migrantes ilegales, y también para mejora la inspección del trabajo de los trabajadores migrantes. El Gobierno mencionó la Declaración de 3 de agosto de 2010 por la dignidad y el trabajo, que tiene por fin proteger a los tailandeses que trabajan en el extranjero y a los migrantes que trabajan en Tailandia, así como impedir la trata de seres humanos, reducir las comisiones y los gastos de los servicios de empleo y proteger a las familias de los trabajadores afectados. La Comisión tomó nota de que el NCTL expresó su preocupación acerca de las prácticas y las medias adoptadas por el Gobierno para abordar las dificultades relativas a los trabajadores migrantes. El NCTL señaló asimismo que sigue siendo aún extenso el número de trabajadores extranjeros no registrados y sin documento nacional de identidad. Los trabajadores extranjeros no registrados no pueden gozar de sus derechos para obtener protección laboral ni cobertura de la seguridad social, tal como requiere la legislación y la reglamentación nacionales. La Comisión solicita al Gobierno que actúe rápidamente y que informe con detalle sobre las medidas eficaces adoptadas para abordar y resolver los problemas relativos a los trabajadores migrantes atendiendo especialmente a la sensibilidad de género. La Comisión solicita también al Gobierno que comunique información sobre los resultados obtenidos en el marco de una política activa de empleo en la prevención del abuso en la contratación de trabajadores extranjeros y la explotación de trabajadores migrantes en Tailandia, con el debido respeto por sus derechos fundamentales.

Trabajadores de edad avanzada. El NCTL señaló que debería darse prioridad a la extensión de la cobertura médica, al ahorro para la jubilación y las oportunidades de empleo de los trabajadores de más edad. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria información sobre las medidas adoptadas o previstas para una mejor integración de los trabajadores de edad avanzada en el mercado del trabajo.

Trabajadores del sector rural y de la economía informal, El Gobierno informó sobre el proyecto de empleo y desarrollo urgentes de las capacidades, con el fin de mitigar el sufrimiento de la población durante las crisis económicas y catástrofes naturales. El empleo de emergencia incluye la contratación de trabajadores en tareas de interés público, como el dragado de canales y zanjas o la construcción de diques. La Comisión invita al Gobierno a señalar de qué modo los planes de emergencia aplicados dieron la oportunidad a sus beneficiarios de desarrollar sus capacidades y utilizarlas en trabajos decentes para los que estaban calificados, tal como requiere el artículo 1, 2), del Convenio. En este sentido, la Comisión invita al Gobierno a que informe sobre la cantidad y la calidad de las oportunidades de trabajo para los trabajadores a domicilio, con especial atención a la situación de las mujeres y sobre el impacto de las medidas adoptadas para reducir el déficit de trabajo decente de las trabajadoras y de los trabajadores de la economía informal y para facilitar su transición en el mercado del trabajo y concederles la protección adecuada.

La Comisión espera que el Gobierno haga todo lo posible para adoptar, en un futuro cercano, las medidas necesarias.

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno de 2012. Confía que transmitirá una memoria para examinarla en su próxima reunión en 2013 y que esta contendrá información completa sobre las cuestiones planteadas en su observación de 2011.

Seguimiento de la discusión en la 99.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2010). En su observación de 2011, la Comisión tomó nota de las respuestas proporcionadas por el Gobierno, con la información correspondiente a las medidas adoptadas para promover el empleo de las personas con discapacidades, mujeres en áreas remotas y trabajadores de la economía informal. Según los datos de la Oficina Nacional Estadística, en la economía informal hay 24 300 000 trabajadores, que representan casi la mitad del total de la mano de obra activa. La Comisión tomó nota también de que los estudios realizados por dos instituciones académicas concluyeron que los trabajadores tailandeses de la economía informal requieren decididamente prestaciones del Fondo de Seguridad Nacional. El Gobierno se refirió al segundo Plan de Promoción de las PYME para 2007-2011, entre otras medidas, para elevar la capacidad de los comercios y las empresas para hacer frente a la crisis económica mundial. La Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, comunique información actualizada sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover el pleno empleo productivo, libremente elegido y decente para las categorías vulnerables de trabadores, en particular para los trabajadores de la economía informal. Sírvase también incluir información sobre la extensión, las tendencias y la cobertura de las prestaciones de seguridad social a los trabajadores de la economía informal, así como sobre las acciones emprendidas para coordinar las medias activas del mercado del trabajo con las prestaciones de la seguridad social.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Coordinación de la política de empleo con la reducción de la pobreza. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno reiteró los tres objetivos estratégicos del décimo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para 2007-2011: el desarrollo del potencial humano y de la protección social, la reestructuración sostenible del desarrollo rural y urbano, y la mejora de la competitividad nacional. Entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, el Gobierno prestó asistencia a los trabajadores que estaban desempleados como consecuencia de la crisis económica global. La Comisión tomó nota de que los interlocutores sociales adoptaron, en 2008, un código de prácticas para promover las relaciones laborales durante la crisis económica. En su comunicación, recibida en febrero de 2011, el Congreso Nacional del Trabajo de Tailandia (NCTL) recordó que la mayoría de los tailandeses han vivido en situación de pobreza, e indicó que la disparidad en la generación de ingresos era bastante notable. El NCTL solicitó al Gobierno que formulara políticas y medidas concretas para atenuar las disparidades en los ingresos. La Comisión solicita al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información sobre los resultados obtenidos en la generación de empleo en relación con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, y que comunique información detallada sobre los objetivos del empleo formulados en el Plan de 2007-2011 además de orientaciones sobre el próximo Plan Nacional. En este sentido, la Comisión destaca la importancia de promover y entablar consultas tripartitas genuinas sobre los asuntos cubiertos por el Convenio. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que incluya en su próxima memoria información detallada sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales para formular y aplicar una política activa de empleo, como requiere el artículo 3 del Convenio.

Políticas del mercado del trabajo y de formación. El Gobierno señaló que se había establecido, bajo la autoridad del Primer Ministro, la Comisión Nacional de Coordinación del Desarrollo de las Capacidades y Creación del Trabajo. En 2010, el Departamento de Desarrollo de las Capacidades formuló una nueva estrategia para tener en cuenta el impacto de la crisis económica mundial. Además, la Comisión tomó nota de que el Gobierno transmite información en línea sobre el mercado de trabajo. Según el NCTL, el sistema de desarrollo de las capacidades no responde a las necesidades del mercado de trabajo. Debería tenerse en cuenta la cooperación entre las instituciones de desarrollo de las capacidades y las empresas para aplicar las medidas necesarias. En su Estudio General de 2010, la Comisión destaca la importancia cada vez mayor del cometido de los interlocutores sociales y de las instituciones de formación en la definición de las estrategias de desarrollo de los recursos humanos. La Comisión solicita al Gobierno que indique, en su próxima memoria, de qué manera contribuyeron los representantes de los trabajadores y de los empleadores al desarrollo de los mecanismos de formación profesional, y cómo se fortaleció la coordinación entre las instituciones de formación. Le ruega también que se sirva indicar cómo se coordinan las medidas de desarrollo de las capacidades con las medidas activas del mercado del trabajo.

Mujeres. Prevención de la discriminación. El Gobierno señaló que no existe discriminación alguna hacia las mujeres y que éstas tienen igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo. La Comisión tomó nota de las estadísticas desglosadas por género comunicadas por el Gobierno en su memoria en cuanto al número de mujeres registradas en el Departamento de Empleo para solicitar empleo que habían obtenido un puesto de trabajo, así como de los cursos de formación impartidos. En lo que se refiere a los comentarios sobre el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), la Comisión pide al Gobierno explique en qué medida los datos que aporta en su memoria sobre el Convenio núm. 122 demuestran que el principio de no discriminación se aplica efectivamente en la práctica. La Comisión invita también al Gobierno a seguir comunicando información sobre las iniciativas tomadas para promover una mayor participación de la mujer en el mercado del trabajo. Le ruega que tenga a bien comunicar más información, incluidas estadísticas, sobre el impacto de tales iniciativas para garantizar que existe una libertad de elección del empleo y que cada trabajador tiene todas las posibilidades de ocupar el que le convenga y de utilizar en este empleo sus aptitudes, en las condiciones establecidas en el artículo 1, 2), c) del Convenio.

Trabajadores migrantes. El Gobierno había reconocido anteriormente que afronta un desafío en relación con los trabajadores migrantes debido a cuestiones políticas, sociales, económicas, de asistencia sanitaria y de seguridad nacional. Habiendo comprendido las dificultades que afrontan los trabajadores migrantes en lo que se refiere al acoso que padecen de los empleadores y de las agencias de empleo, incluida la amenaza de trata de seres humanos, el Ministerio de Trabajo tomó diversas medidas para registrar a los trabajadores migrantes, especialmente, a los trabajadores migrantes ilegales, y también para mejora la inspección del trabajo de los trabajadores migrantes. El Gobierno mencionó la Declaración de 3 de agosto de 2010 por la dignidad y el trabajo, que tiene por fin proteger a los tailandeses que trabajan en el extranjero y a los migrantes que trabajan en Tailandia, así como impedir la trata de seres humanos, reducir las comisiones y los gastos de los servicios de empleo y proteger a las familias de los trabajadores afectados. La Comisión tomó nota de que el NCTL expresó su preocupación acerca de las prácticas y las medias adoptadas por el Gobierno para abordar las dificultades relativas a los trabajadores migrantes. El NCTL señaló asimismo que sigue siendo aún extenso el número de trabajadores extranjeros no registrados y sin documento nacional de identidad. Los trabajadores extranjeros no registrados no pueden gozar de sus derechos para obtener protección laboral ni cobertura de la seguridad social, tal como requiere la legislación y la reglamentación nacionales. La Comisión solicita al Gobierno que actúe rápidamente y que informe con detalle sobre las medidas eficaces adoptadas para abordar y resolver los problemas relativos a los trabajadores migrantes atendiendo especialmente a la sensibilidad de género. La Comisión solicita también al Gobierno que comunique información sobre los resultados obtenidos en el marco de una política activa de empleo en la prevención del abuso en la contratación de trabajadores extranjeros y la explotación de trabajadores migrantes en Tailandia, con el debido respeto por sus derechos fundamentales.

Trabajadores de edad avanzada. El NCTL señaló que debería darse prioridad a la extensión de la cobertura médica, al ahorro para la jubilación y las oportunidades de empleo de los trabajadores de más edad. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria información sobre las medidas adoptadas o previstas para una mejor integración de los trabajadores de edad avanzada en el mercado del trabajo.

Trabajadores del sector rural y de la economía informal, El Gobierno informó sobre el proyecto de empleo y desarrollo urgentes de las capacidades, con el fin de mitigar el sufrimiento de la población durante las crisis económicas y catástrofes naturales. El empleo de emergencia incluye la contratación de trabajadores en tareas de interés público, como el dragado de canales y zanjas o la construcción de diques. La Comisión invita al Gobierno a señalar de qué modo los planes de emergencia aplicados dieron la oportunidad a sus beneficiarios de desarrollar sus capacidades y utilizarlas en trabajos decentes para los que estaban calificados, tal como requiere el artículo 1, 2), del Convenio. En este sentido, la Comisión invita al Gobierno a que informe sobre la cantidad y la calidad de las oportunidades de trabajo para los trabajadores a domicilio, con especial atención a la situación de las mujeres y sobre el impacto de las medidas adoptadas para reducir el déficit de trabajo decente de las trabajadoras y de los trabajadores de la economía informal y para facilitar su transición en el mercado del trabajo y concederles la protección adecuada.

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Seguimiento de la discusión en la 99.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2010). La Comisión toma nota de las respuestas comunicadas por el Gobierno en enero de 2011 incluyendo información sobre las medidas adoptadas para promover el empleo de las personas con discapacidad, de las mujeres en zonas alejadas y de los trabajadores de la economía informal. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, se encuentran en la economía informal 24.300.000 trabajadores, lo que representa casi la mitad de toda la fuerza laboral activa. La Comisión toma nota de que los estudios realizados por dos instituciones académicas concluyeron que los trabajadores tailandeses de la economía informal requieren decididamente prestaciones del Fondo de Seguridad Social. El Gobierno se refiere nuevamente al segundo Plan de Promoción de las PYME para 2007 2011, entre otras medidas, para elevar la capacidad de comercios y empresas de abordar la crisis económica global. La Comisión invita al Gobierno a que comunique, en su próxima memoria, información actualizada sobre el impacto de las medidas adoptadas para promover el pleno empleo productivo, libremente elegido y decente para las categorías vulnerables de trabajadores, en particular para los trabajadores de la economía informal. Sírvase también incluir información sobre la extensión, las tendencias y la cobertura de las prestaciones de seguridad social a los trabajadores de la economía informal, así como sobre las acciones emprendidas para coordinar las medidas activas del mercado del trabajo con las prestaciones de seguridad social.

Artículos 1, 2 y 3 del Convenio. Coordinación de la política de empleo con la reducción de la pobreza. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión recuerda que los tres objetivos estratégicos del décimo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para 2007-2011 son: el desarrollo del potencial humano y de la protección social, la reestructuración sostenible del desarrollo rural y urbano, y el impulso a la competitividad nacional. Entre octubre de 2009 y septiembre de 2010, el Gobierno prestó asistencia a los trabajadores que estaban desempleados como consecuencia de la crisis económica global. La Comisión toma nota de que los interlocutores sociales adoptaron, en 2008, un código de prácticas para promover las relaciones laborales en la crisis económica. En su comunicación, recibida en febrero de 2011, el Congreso Nacional del Trabajo de Tailandia (NCTL) recuerda que la mayoría de los tailandeses habían vivido en situación de pobreza, e indica que la disparidad de la generación de ingresos es bastante elevada. El NCTL solicita al Gobierno que formule políticas y medidas concretas para atenuar las disparidades de los ingresos. La Comisión solicita al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información sobre los resultados obtenidos en la generación de empleo en relación con el décimo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y que comunique información detallada sobre los objetivos del empleo formulados en el Plan de 2007-2011. En ese sentido, la Comisión resalta la importancia de promover y entablar consultas tripartitas genuinas sobre los asuntos cubiertos por el Convenio. Por consiguiente, la Comisión solicita al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información detallada sobre las consultas celebradas con los interlocutores sociales para formular y aplicar una política activa de empleo, como requiere el artículo 3 del Convenio.

Políticas del mercado del trabajo y de formación. El Gobierno indica que se estableció, bajo la autoridad del Primer Ministro, la Comisión Nacional de Coordinación del Desarrollo de las Capacidades y Desarrollo del Trabajo. En 2010, el Departamento de Desarrollo de las Capacidades, formuló una nueva estrategia para tener en cuenta el impacto de la crisis económica global. Además, la Comisión toma nota de que el Gobierno transmite información en línea sobre el mercado del trabajo. La NCTL expresó que el sistema de desarrollo de las capacidades no responde a las necesidades del mercado del trabajo. Debería tenerse en cuenta la cooperación entre las instituciones de desarrollo de las capacidades y las empresas para aplicar las medidas. En su Estudio General de 2010, la Comisión destaca la importancia cada vez mayor del cometido de los interlocutores sociales y de las instituciones de formación en la definición de las estrategias de desarrollo de los recursos humanos. La Comisión solicita al Gobierno que indique, en su próxima memoria, de qué manera contribuyeron los representantes de los trabajadores y de los empleadores al desarrollo de los mecanismos de formación profesional, y cómo se fortaleció la coordinación entre las instituciones de formación. Le ruega también que se sirva indicar cómo se coordinan las medidas de desarrollo de las capacidades con las medidas activas del mercado del trabajo.

Mujeres. Prevención de la discriminación. El Gobierno señala que no existe discriminación alguna hacia las mujeres y que éstas tienen igualdad de oportunidades y de acceso al mercado. La Comisión toma nota de los datos estadísticos desglosados por género comunicados por el Gobierno en su memoria en cuanto al número de demandantes de empleo registradas en el Departamento de Empleo que habían obtenido puestos de trabajo, así como sobre los cursos de formación impartidos. Refiriéndose a los comentarios formulados en 2011 sobre el Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100), la Comisión pide al Gobierno que explique la manera en que los datos brindados en su memoria sobre el Convenio núm. 122 demuestran que el principio de no discriminación resulta efectivamente aplicado en la práctica. La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando información sobre las iniciativas tomadas para promover una mayor participación de la mujer en el mercado del trabajo. Sírvase comunicar más información, incluidas estadísticas, sobre el impacto de tales iniciativas para garantizar que existe una libertad de elección del empleo y que cada trabajador tenga todas las posibilidades de ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en este empleo sus aptitudes, en las condiciones establecidas en el artículo 1, 2), c), del Convenio.

Trabajadores migrantes. El Gobierno reconoce en su memoria que afronta un desafío en relación con los trabajadores migrantes debido a cuestiones políticas, sociales, económicas, de asistencia de la salud y de seguridad nacional. Habiendo comprendido las dificultades que afrontan los trabajadores migrantes en términos de acoso de los empleadores y de las agencias de empleo, incluida la amenaza de trata de seres humanos, el Ministerio de Trabajo tomó diversas medidas para registrar a los trabajadores migrantes, especialmente, a los trabajadores migrantes ilegales y también para mejorar la inspección del trabajo para los trabajadores migrantes. El Gobierno menciona la Declaración de 3 de agosto de 2010 sobre la dignidad y el trabajo, destinada a proteger a los tailandeses que trabajan en el extranjero y a los migrantes que trabajan en Tailandia, y a impedir la trata de seres humanos, a reducir las comisiones y los gastos del servicio de los servicios del empleo y a proteger a las familias de los trabajadores concernidos. La Comisión advierte que el NCTL expresa su preocupación acerca de las prácticas y de las medidas adoptadas por el Gobierno para abordar las dificultades relativas a los trabajadores migrantes. El NCTL indica asimismo que sigue siendo aún extenso el número de trabajadores extranjeros no registrados y que no poseen documentos nacionales de identidad. Los trabajadores extranjeros no registrados no pueden gozar de derechos para obtener protección laboral ni cobertura de la seguridad social, como requiere la legislación y la reglamentación de Tailandia. La Comisión solicita al Gobierno que actúe rápidamente y que informe detalladamente sobre las medidas eficaces adoptadas para abordar y resolver los problemas relacionados con los trabajadores migrantes. La Comisión también solicita al Gobierno que comunique información sobre los resultados alcanzados en el marco de una política activa de empleo para impedir el abuso en la contratación de trabajadores extranjeros y la explotación de los trabajadores migrantes en Tailandia, con el concebido respeto de sus derechos fundamentales.

Trabajadores de edad avanzada. El NCTL indica que debería darse prioridad a la extensión de la cobertura médica, al ahorro para la jubilación y las oportunidades de empleo de los trabajadores de más edad. La Comisión invita al Gobierno a incluir, en su próxima memoria, información sobre las medidas adoptadas o previstas para una mejor integración de los trabajadores de edad avanzada en el mercado del trabajo.

Trabajadores del sector rural y de la economía informal. El Gobierno informa sobre el proyecto de empleo de emergencia y de desarrollo de las capacidades, para mitigar el sufrimiento de la población durante las crisis económicas y catástrofes naturales. El empleo de emergencia incluye la contratación de trabajadores en tareas de interés público, como el dragado de canales y zanjas, la construcción de diques. La Comisión invita al Gobierno a indicar cómo los esquemas de emergencia aplicados dieron la oportunidad de que sus beneficiarios desarrollan sus capacidades y las utilizaran en trabajos decentes para los que estaban calificados, como requiere el artículo 1, 2), del Convenio. Al respecto, la Comisión invita al Gobierno a que informe sobre la cantidad y la calidad de las oportunidades de trabajo para los trabajadores a domicilio, con especial atención a la situación de las mujeres y sobre el impacto de las medidas adoptadas para reducir el déficit de trabajo decente de las trabajadoras y de los trabajadores de la economía informal y para facilitar su transición en el mercado del trabajo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

La Comisión lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha suministrado información sobre la aplicación de lo dispuesto en el Convenio desde su última memoria recibida en abril de 2007.

Seguimiento de la discusión en la 99.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (junio de 2010). En relación con su observación de 2007, la Comisión toma nota de las conclusiones de la discusión tripartita que tuvo lugar en el seno de la Comisión de la Conferencia en junio de 2010. El Gobierno señaló que ha adoptado un paquete de medidas de recuperación de acuerdo con el Pacto Mundial para el Empleo, con la finalidad de reincentivar la economía tailandesa y proteger la población más pobre del país mediante la creación de una mejor red de seguridad para los grupos más vulnerables. La Comisión tomó nota asimismo de la información suministrada por el Gobierno, según la cual, ha puesto en marcha programas de desarrollo de recursos humanos destinados a facilitar el acceso a un aprendizaje permanente, mejorar la calidad general de la educación y estimular la competitividad del país. En 2010, el Departamento de Protección del Trabajo y Bienestar adoptó medidas para paliar las repercusiones de los despidos sobre los trabajadores y sus familias a causa de la crisis. La Comisión de la Conferencia invitó al Gobierno a suministrar más información sobre los siguientes asuntos:

–           los resultados obtenidos en el marco del Décimo Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social para el período 2007-2011, a efectos de generar empleo decente, productivo y libremente elegido;

–           las medidas adoptadas para integrar en el mercado del trabajo a las categorías de trabajadores más vulnerables, tales como los trabajadores con discapacidades, las trabajadoras rurales y los trabajadores de la economía informal;

–           la promoción de una cultura de empresa, de iniciativas empresariales y de las pequeñas y medianas empresas, con arreglo a la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189);

–           las medidas adoptadas para el registro de los trabajadores extranjeros con la finalidad de garantizarles un empleo en condiciones de legalidad;

–           el modo en que los mecanismos tripartitos han contribuido específicamente a la formulación de una política del empleo y a la aplicación de medidas activas del mercado del trabajo para superar la crisis y garantizar una recuperación sostenible.

La Comisión advierte también de que la Comisión de la Conferencia solicitó al Gobierno que suministre una memoria para la presente reunión. La Comisión pide al Gobierno que proporcione una memoria para su examen en la próxima reunión y que responda a los asuntos planteados por la Comisión de la Conferencia así como a los ya planteados en su observación de 2007.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Política del empleo y protección social. La Comisión recuerda que, en 2004, ya se había iniciado un programa de seguro de desempleo. El Gobierno señala en su memoria que, entre julio de 2004 y febrero de 2007, de un total de 403.403 personas registradas en dicho régimen, 111.568, que representan el 27 por ciento de los beneficiarios, encontraron otro empleo dentro de los seis meses siguientes al registro, y que las 722 personas restantes fueron remitidas a cursos de capacitación. La Comisión tomó nota también de una comunicación presentada por el Congreso Nacional del Trabajo, en abril de 2007, en la que insistía en el elevado número de trabajadores del sector informal, la industria de los servicios y de empleados por cuenta propia, que no están cubiertos por el régimen de la seguridad social. En una comunicación recibida en octubre de 2007, el Gobierno indicó que se iniciarían pronto planes y se tomarían medidas concretas para ofrecer mejores prestaciones y mayor protección a los trabajadores de la economía informal. La Comisión solicita al Gobierno que incluya en su próxima memoria información sobre la extensión, los términos y el tipo de cobertura prevista para los trabajadores de la economía informal con arreglo al régimen revisado, así como sobre cualquier otra medida adoptada para coordinar las políticas de empleo con las prestaciones de desempleo.

Coordinación de la política de empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión tomó nota de que el Gobierno estableció una política de promoción del empleo para incrementar los ingresos, tal como se desprende del hecho de que haya dado prioridad a tres estrategias en su plan de desarrollo: el desarrollo de la estrategia del potencial humano y de la protección social, la reestructuración sostenible de la estrategia de desarrollo rural y urbano, y la mejora de la estrategia nacional de promoción de la competitividad. La Comisión solicita al Gobierno que indique, en su próxima memoria, de qué modo promueven el empleo las medidas adoptadas con arreglo a las tres estrategias mencionadas, dentro del marco de una política económica y social coordinada. La Comisión solicita también al Gobierno que incluya información sobre los programas del mercado del trabajo aplicados para adecuar la oferta y la demanda de mano de obra.

Mercado del trabajo y políticas de formación. La Comisión tomó nota de que la capacitación ofrecida por el Departamento de Capacitación (DSD) se centró en la formación previa al empleo, en la formación complementaria y en el perfeccionamiento de las capacidades. La Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre los resultados obtenidos por las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Educación para coordinar las políticas de educación y formación con posibles oportunidades de empleo.

Artículo 1, párrafo 2, c). Prevención de la discriminación. Mujeres. El Gobierno señaló que había alentado a los empleadores para que nombraran asesoras laborales en sus establecimientos. Además, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres ha presidido el acceso a los servicios del DSD. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada en su próxima memoria sobre el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que se logren progresos en el aumento de la tasa de participación de la mujer en el mercado del trabajo. La Comisión pide también que se indique la distribución por sexos de las personas que se beneficiaron de los cursos de formación del DSD.

Personas con discapacidades. Según las estadísticas del Gobierno, el número relativo de personas con discapacidad que habían encontrado puestos de trabajo aumentó en 2006. Entre otras intervenciones, cabe citar los cursos de formación profesional para personas con discapacidad, los servicios de desarrollo de capacidades laborales y prácticas para quienes hayan completado la formación profesional, y prestaciones familiares y comunitarias destinadas a asistir y apoyar a los hijos con discapacidades. La Comisión solicita al Gobierno que informe sobre los programas de formación para las personas con discapacidad, en particular, aquellas que hayan completado el programa y hayan podido encontrar un empleo en el mercado abierto del trabajo.

Trabajadores migrantes. En el contexto de las políticas del empleo, la Comisión subraya la necesidad de asegurar que todos los trabajadores migrantes reciban un trato justo. La Comisión recuerda que la protección de los trabajadores migrantes ha sido un motivo de preocupación en las discusiones tripartitas celebradas en junio de 2006 y junio de 2010. En relación con este asunto, la Comisión se refiere nuevamente a la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2010, y solicita al Gobierno que siga informando detalladamente sobre las medidas adoptadas en el marco de una política de empleo activa para impedir el abuso en la contratación de trabajadores y la explotación de los trabajadores migrantes en Tailandia.

Trabajadores del sector rural y de la economía informal. El Gobierno señaló que los trabajadores a domicilio en el sector informal pueden registrarse en las oficinas de empleo provinciales para recibir una formación básica. Asimismo, en 2006 se puso en marcha un proyecto destinado a los trabajadores del sector agrícola con el que se pretende mejorar sus condiciones de trabajo y de vida y sensibilizarles más sobre la necesidad de protección en el trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que comunique en su próxima memoria información sobre la aplicación de los programas y políticas de empleo rural, así como sobre cualquier otra medida que haya adoptado para promover el empleo y mejorar el número y la calidad de las oportunidades de empleo para los trabajadores a domicilio prestando especial atención a la situación de las mujeres. La Comisión pide asimismo al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para reducir el déficit de trabajo decente en los trabajadores y las trabajadoras de la economía informal y para facilitar la absorción de éstos en el mercado del trabajo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

La Comisión toma nota de que el Gobierno no ha transmitido información alguna sobre la aplicación del Convenio desde que envió su última memoria, que se recibió en abril de 2007. La Comisión confía en que el Gobierno comunique una memoria que incluya información en respuesta a los puntos planteados en la observación de 2008 de la Comisión, que abordaba las cuestiones siguientes:

Artículos 1 y 2 del Convenio. Política del empleo y protección social. La Comisión recuerda que, como señalara en sus comentarios anteriores, se había iniciado, en 2004, un régimen de seguro de desempleo. La memoria del Gobierno indica que, entre julio de 2004 y febrero de 2007, de un total de 403.403 personas afiliadas al régimen, 111.568 personas, que representaban el 27 por ciento de los beneficiarios, habían sido reempleadas dentro de los seis meses siguientes al registro, y que las 722 personas restantes habían sido derivadas a otros cursos de capacitación. Los estudios de investigación realizados en 2004-2005, indican que son 15.500.000 los trabajadores de la economía informal que no están cubiertos por ninguna forma de protección social. Para solucionar esta situación, y tal como se refleja en el noveno Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2002‑2006), los trabajadores de la economía informal reciben prestaciones de igual modo que otros asegurados, siempre y cuando se inscriban en el régimen. La Comisión también toma nota de una comunicación presentada por el Congreso Nacional del Trabajo Thai, en abril de 2007, en la que se insiste en que son muchos los trabajadores del sector informal, incluida la industria de los servicios y los empleados por cuenta propia, que no están cubiertos por el sistema de seguridad social. En una comunicación recibida en octubre de 2007, el Gobierno indica que se iniciarán pronto planes y se tomarán medidas concretas para dar mejores servicios y mayor protección a los trabajadores de la economía informal. La Comisión solicita al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información sobre la extensión, los términos y el tipo de cobertura que alcanza a los trabajadores de la economía informal con arreglo al régimen revisado, así como sobre cualquier otra medida adoptada para coordinar las acciones relativas a la política del empleo con las prestaciones de desempleo.

Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de que el Gobierno había establecido una política de promoción del empleo para incrementar los ingresos, como pone de manifiesto la prioridad dada a tres estrategias en su plan de desarrollo: desarrollo de la estrategia del potencial humano y de la protección social, reestructuración sostenible de la estrategia de desarrollo rural y urbano, y la estrategia de promoción de la competitividad nacional. Las políticas aplicadas con arreglo a dichas estrategias, incluyen la creación de empleo para los trabajadores por cuenta propia, así como la autorización de pequeñas iniciativas comerciales mediante la capacitación de los desempleados y la mejora del acceso al crédito de los fondos cooperativos. También incluye la capacitación para generar oportunidades de empleo en la economía informal y en zonas remotas, así como la promoción de la colocación en el extranjero. Además, se habían establecido sistemas de información en línea del mercado laboral para prestar asistencia a los demandantes de empleo. La Comisión valoraría recibir información sobre la manera en que funcionan las medidas adoptadas para promover el empleo con arreglo a las tres estrategias mencionadas como parte integrante de una política económica y social coordinada. Al respecto, el Ministerio de Trabajo, en colaboración con la facultad de economía de la Universidad de Chulalongkorn, había realizado una investigación sobre el impacto de los acuerdos de libre comercio en el trabajo, en siete sectores industriales. Según esos estudios, es frecuente que las normas laborales se pacten como consecuencia de prácticas sumamente competitivas asociadas con acuerdos de libre comercio. El Ministerio de Trabajo espera mejorar la situación del empleo, utilizando la información y las recomendaciones de la investigación efectuada en colaboración con la facultad de economía de la Universidad de Thammasat. La Comisión agradecería recibir información sobre los programas de mercado de trabajo implementados para equilibrar la oferta y la demanda de trabajo.

Mercado laboral y políticas de formación. La Comisión toma nota de que la capacitación ofrecida por el Departamento de Capacitación (DSD), se centra en la formación previa al empleo, en la formación complementaria y en el perfeccionamiento. Además, tales programas se conciben en base a las necesidades del mercado. El DSD investiga con carácter bianual las necesidades de los sectores público y privado, en los ámbitos provincial y nacional, y diseña los programas según corresponda. La memoria del Gobierno también manifiesta que se había introducido, en 2003, un sistema de seguros de calidad, para garantizar que se extienda gradualmente la capacitación para incluir, en 2008, a todos los institutos regionales y a todos los centros de capacitación provinciales. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre los resultados alcanzados por las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Educación, para coordinar las políticas de educación y formación con las posibles oportunidades de empleo.

Artículo 1, párrafo 2, c). Prevención de la discriminación. Mujeres. El Gobierno indica que se había alentado a los empleadores para que nombraran en sus establecimientos a mujeres asesoras laborales. Además, también se había brindado a las trabajadoras igualdad de oportunidades en la misma medida que a los trabajadores para acceder a los servicios del DSD. En 2006, fueron 102.990 los aprendices que habían finalizado sus cursos de formación profesional organizados por el DSD; 100.141 eran mujeres, la mayoría empleadas en las industrias de la confección y textil y en el sector de los servicios. El Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana también impartió cursos para mujeres y jóvenes trabajadoras y para aquellos que corrían el riesgo de ser despedidos o que habían sido despedidos, para los desempleados y los pobres. En las zonas rurales, se había organizado un proyecto especial llamado «Construcción de una nueva vida para las mujeres rurales» para impartir formación profesional y lograr un aumento de los ingresos. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando, en su próxima memoria, información detallada sobre el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que se logren progresos en lo que respecta a aumentar la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral. Sírvase también indicar la distribución según el género de las personas que han seguido los cursos de formación del DSD.

Personas con discapacidad. Según las estadísticas del Gobierno, había aumentado en 2006 el número relativo de personas con discapacidad que habían encontrado puestos de trabajo. Otras intervenciones incluyen cursos de formación profesional para las personas con discapacidad, servicios de desarrollo ocupacional para contribuir a que aquellos que hubiesen completado la formación profesional desarrollaran conocimientos prácticos, así como servicios de bienestar para la familia y la comunidad, que brindaran asistencia y apoyo a los hijos con discapacidad. La Comisión valorará recibir información sobre el impacto de los programas de formación para las personas con discapacidad, en particular, sobre el número de personas que completaron el programa y han podido encontrar un empleo en el mercado abierto del trabajo.

Trabajadores migrantes. El Gobierno indica en su memoria que el registro de muchos miles de trabajadores migrantes había mejorado su situación. La Comisión también toma nota de las estadísticas para el período 2004-2006 sobre la aplicación de memorandos de entendimiento bilaterales con los países vecinos, incluidos Camboya, la República Democrática Popular Lao y Myanmar. También toma nota de la observación transmitida por el Congreso Nacional del Trabajo Thai, que indica que estaba aumentado el número de trabajadores extranjeros ilegales, especialmente de Myanmar, y que se les pagaba por debajo del salario mínimo. En su respuesta, el Gobierno indica que los trabajadores migrantes irregulares perciben salarios inferiores a los mínimos salariales anunciados por la Comisión Nacional de Salarios debido a que se encuentran en situación irregular. En relación con este importante asunto, la Comisión se refiere nuevamente a la discusión tripartita que tuvo lugar en la Conferencia Internacional del Trabajo en junio de 2006 sobre la aplicación del Convenio por Tailandia y solicita al Gobierno que siga informando detalladamente sobre las medidas adoptadas en el marco de una política activa de empleo para impedir el abuso en la contratación de trabajadores y la explotación de los trabajadores migrantes en Tailandia.

Trabajadores del sector rural y de la economía informal. El Gobierno indica que los trabajadores a domicilio del sector informal pueden registrarse en las oficinas de empleo provinciales para recibir una formación básica para mejorar su capacitación. También había dado inicio, en 2006, a un proyecto que comprende a los trabajadores del sector agrícola y que mejorara las condiciones de trabajo y de vida, y sensibilizara más sobre la protección del trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que también comunique, en su próxima memoria, información sobre la aplicación de las políticas y los programas de empleo rural y sobre cualquier otra medida que hubiese adoptado para promover el empleo y mejorar la cantidad y la calidad de las oportunidades de empleo de los trabajadores a domicilio. También reitera su interés por examinar información sobre las medidas adoptadas para reducir el déficit de trabajo decente en los trabajadores y las trabajadoras de la economía informal y para facilitar su absorción en el mercado laboral.

Artículo 3. Consultas con los representantes de las personas interesadas. La Comisión toma nota de que, al elaborarse las políticas de empleo y de protección laboral, el Ministerio de Trabajo había dado oportunidades de participación a todas las partes interesadas. Están abiertos para comentarios públicos los proyectos de políticas y de reglamentación. En algunas provincias, las oficinas provinciales de protección del trabajo y bienestar, habían colaborado con las autoridades gubernamentales locales, con las ONG y con las fundaciones para acceder de manera más fácil a esos trabajadores migrantes y proporcionar una protección más eficaz. La Comisión invita al Gobierno a que comunique, en su próxima memoria, información sobre toda recomendación realizada por los mencionados mecanismos en relación con la preparación y la aplicación de las medidas relativas al empleo.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2010.]

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

La Comisión toma nota que no se ha recibido la memoria del Gobierno. Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a reiterar su observación de 2007, redactada como sigue:

1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Política del empleo y protección social. La Comisión recuerda que, como señalara en sus comentarios anteriores, se había iniciado, en 2004, un régimen de seguro de desempleo. La memoria del Gobierno indica que, entre julio de 2004 y febrero de 2007, de un total de 403.403 personas afiliadas al régimen, 111.568 personas, que representaban el 27 por ciento de los beneficiarios, habían sido reempleadas dentro de los seis meses siguientes al registro, y que las 722 personas restantes habían sido derivadas a otros cursos de capacitación. Los estudios de investigación realizados en 2004-2005, indican que son 15.500.000 los trabajadores de la economía informal que no están cubiertos por ninguna forma de protección social. Para solucionar esta situación, el Gobierno había decidido, en septiembre de 2006, revisar sus políticas y ampliar la cobertura de seguridad social al sector informal. En consecuencia, como se refleja en el noveno Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2002‑2006), los trabajadores de la economía informal reciben prestaciones de igual modo que otros asegurados, siempre y cuando se inscriban en el régimen. La Comisión también toma nota de una comunicación presentada por el Congreso Nacional del Trabajo Thai, en abril de 2007, que insiste en que son muchos los trabajadores del sector informal, incluida la industria de los servicios y los empleados por cuenta propia, que no están cubiertos por el sistema de seguridad social. En una comunicación recibida en octubre de 2007, el Gobierno indica que se iniciarán pronto planes y se tomarán medidas concretas para dar mejores servicios y mayor protección a los trabajadores de la economía informal. La Comisión solicita al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información sobre la extensión, los términos y el tipo de cobertura que alcanza a los trabajadores de la economía informal con arreglo al régimen revisado, así como sobre cualquier otra medida adoptada para coordinar las acciones relativas a la política del empleo con las prestaciones de desempleo.

2. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de que el Gobierno había establecido una política de promoción del empleo para incrementar los ingresos, como pone de manifiesto la prioridad dada a tres estrategias en su plan de desarrollo: desarrollo de la estrategia del potencial humano y de la protección social, reestructuración sostenible de la estrategia de desarrollo rural y urbano, y la estrategia de promoción de la competitividad nacional. Las políticas aplicadas con arreglo a dichas estrategias, incluyen la creación de empleo para los trabajadores por cuenta propia, así como la autorización de pequeñas iniciativas comerciales, mediante la capacitación de los desempleados y la mejora del acceso al crédito de los fondos cooperativos. También incluye la capacitación para generar oportunidades de empleo en la economía informal y en zonas remotas, así como la promoción de la colocación en el extranjero. Además, se habían establecido sistemas de información en línea del mercado laboral para prestar asistencia a los demandantes de empleo. La Comisión valoraría recibir información sobre la manera en que funcionan las medidas adoptadas para promover el empleo con arreglo a las tres estrategias mencionadas, «como parte integrante de una política económica y social coordinada» (artículo 2, párrafo a), del Convenio). Al respecto, el Ministerio de Trabajo, en colaboración con la facultad de economía de la Universidad de Chulalongkorn, había realizado una investigación sobre el impacto de los acuerdos de libre comercio en el trabajo, en siete sectores industriales. Según esos estudios, es frecuente que las normas laborales se pacten como consecuencia de prácticas sumamente competitivas asociadas con acuerdos de libre comercio. El Ministerio de Trabajo espera mejorar la situación del empleo, utilizando la información y las recomendaciones de la investigación efectuada en colaboración con la facultad de economía de la Universidad de Thammasat. La Comisión toma nota con interés de esas iniciativas y se complace en recibir informaciones sobre los programas de mercado laboral aplicados para equilibrar la oferta y la demanda de trabajo, de modo de garantizar que puedan entrar y permanecer en el mercado laboral las categorías de trabajadores afectadas por las transformaciones y cambios estructurales en el comercio internacional.

3. Mercado laboral y políticas de formación. La Comisión toma nota de que la capacitación ofrecida por el Departamento de Capacitación (DSD), se centra en la formación previa al empleo, en la formación complementaria y en el perfeccionamiento. Además, tales programas se conciben en base a las necesidades del mercado. El DSD investiga con carácter bianual las necesidades de los sectores público y privado, en los ámbitos provincial y nacional, y diseña los programas según corresponda. La memoria del Gobierno también manifiesta que se había introducido, en 2003, un sistema de seguros de calidad, para garantizar que se extienda gradualmente la capacitación para incluir en 2008, a todos los institutos regionales y a todos los centros de capacitación provinciales. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre los resultados alcanzados por las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Educación, para coordinar las políticas de educación y formación con oportunidades posibles de empleo.

4. Artículo 1, párrafo 2, c). Prevención de la discriminación.

n      Mujeres. El Gobierno indica que se había alentado a los empleadores para que nombraran en sus establecimientos a mujeres asesoras laborales. Además, también se había brindado a las trabajadoras igualdad de oportunidades en la misma medida que para los trabajadores para acceder a los servicios del DSD. En 2006, fueron 102.990 los aprendices que habían finalizado sus cursos de formación profesional organizados por el DSD; 100.141 eran mujeres, la mayoría empleadas en las industrias de la confección y textil y en el sector de los servicios. El Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana también impartió cursos para mujeres y jóvenes trabajadoras y para aquellos en situación de riesgo o que habían sido despedidos, desempleados o pobres. En las zonas rurales, se había organizado un proyecto especial llamado «Construcción de una nueva vida para las mujeres rurales» para impartir formación profesional e incrementar los ingresos. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando, en su próxima memoria, información detallada sobre el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que se logren progresos en aumentar la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral. Sírvase también indicar la distribución según el género de las personas que beneficiaron de los cursos de formación del DSD.

n      Personas con discapacidad. Según las estadísticas del Gobierno, había aumentado en 2006 el número relativo de personas con discapacidad que habían encontrado puestos de trabajo. Otras intervenciones incluyen cursos de formación profesional para las personas con discapacidad, servicios de desarrollo ocupacional para contribuir a que aquellos que hubiesen completado la formación profesional desarrollaran conocimientos prácticos, así como servicios de bienestar para la familia y la comunidad, que brindaran asistencia y apoyo a los hijos con discapacidad. La Comisión valorará recibir información sobre el impacto de los programas de formación para las personas con discapacidad, en particular, sobre el número de personas que hubiesen completado el programa y que pueden encontrar un empleo en el mercado abierto del trabajo.

n      Trabajadores migrantes. El Gobierno indica en su memoria que el registro de muchos miles de trabajadores migrantes había mejorado su situación. La Comisión también toma nota de las estadísticas para el período 2004-2006 sobre la aplicación de memorandos de entendimiento bilaterales con los países vecinos, incluidos Camboya, la República Democrática Popular Lao y Myanmar. También toma nota de la observación transmitida por el Congreso Nacional del Trabajo Thai, que indica que había aumentado el número de trabajadores extranjeros ilegales, especialmente de Myanmar, y que se les pagaba por debajo del salario mínimo. En su respuesta, el Gobierno indica que los trabajadores migrantes irregulares perciben salarios inferiores a los mínimos salariales anunciados por la Comisión Nacional de Salarios debido a encontrarse en situación irregular. En relación con este importante asunto, la Comisión se refiere nuevamente a la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2006 y solicita al Gobierno que siga informando detalladamente sobre las medidas adoptadas en el marco de una política de empleo activa para impedir el abuso en la contratación de trabajadores y la explotación de los trabajadores migrantes en Tailandia (véase la parte X de la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169)).

n      Trabajadores del sector rural y de la economía informal. El Gobierno indica que los trabajadores a domicilio del sector informal pueden registrarse en las oficinas de empleo provinciales para recibir una formación básica para mejorar su capacitación. También había dado inicio, en 2006, a un proyecto que comprende a los trabajadores del sector agrícola y que mejorara las condiciones de trabajo y de vida, y sensibilizara más sobre la protección del trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que también comunique, en su próxima memoria, información sobre la aplicación de las políticas y los programas de empleo rural y sobre cualquier otra medida que hubiese adoptado para promover el empleo y mejorar la cantidad y la calidad de las oportunidades de empleo de los trabajadores a domicilio. También reitera su interés por examinar información sobre las medidas adoptadas para reducir el déficit de trabajo decente en los trabajadores y las trabajadoras de la economía informal y para facilitar su absorción en el mercado laboral.

5. Artículo 3. Consultas con los representantes de las personas interesadas. La Comisión toma nota de que, al elaborarse las políticas de empleo y de protección laboral, el Ministerio de Trabajo había dado oportunidades de participación a todas las partes concernidas. Están abiertas para comentarios públicos los proyectos de políticas y de reglamentación. En algunas provincias, las oficinas provinciales de protección del trabajo y bienestar, habían colaborado con las autoridades gubernamentales locales, con las ONG y con las fundaciones para que los trabajadores migrantes tuviesen un acceso más fácil y una protección eficiente. La Comisión invita al Gobierno a que comunique, en su próxima memoria, información sobre toda recomendación realizada por los mencionados mecanismos, en relación con la preparación y la aplicación de las medidas relativas al empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

1. La Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno en abril de 2007, en respuesta a sus observaciones anteriores.

2. Artículos 1 y 2 del Convenio. Política del empleo y protección social. La Comisión recuerda que, como señalara en sus comentarios anteriores, se había iniciado, en 2004, un régimen de seguro de desempleo. La memoria del Gobierno indica que, entre julio de 2004 y febrero de 2007, de un total de 403.403 personas afiliadas al régimen, 111.568 personas, que representaban el 27 por ciento de los beneficiarios, habían sido reempleadas dentro de los seis meses siguientes al registro, y que las 722 personas restantes habían sido derivadas a otros cursos de capacitación. Los estudios de investigación realizados en 2004-2005, indican que son 15.500.000 los trabajadores de la economía informal que no están cubiertos por ninguna forma de protección social. Para solucionar esta situación, el Gobierno había decidido, en septiembre de 2006, revisar sus políticas y ampliar la cobertura de seguridad social al sector informal. En consecuencia, como se refleja en el noveno Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2002‑2006), los trabajadores de la economía informal reciben prestaciones de igual modo que otros asegurados, siempre y cuando se inscriban en el régimen. La Comisión también toma nota de una comunicación presentada por el Congreso Nacional del Trabajo Thai, en abril de 2007, que insiste en que son muchos los trabajadores del sector informal, incluida la industria de los servicios y los empleados por cuenta propia, que no están cubiertos por el sistema de seguridad social. En una comunicación recibida en octubre de 2007, el Gobierno indica que se iniciarán pronto planes y se tomarán medidas concretas para dar mejores servicios y mayor protección a los trabajadores de la economía informal. La Comisión solicita al Gobierno que incluya, en su próxima memoria, información sobre la extensión, los términos y el tipo de cobertura que alcanza a los trabajadores de la economía informal con arreglo al régimen revisado, así como sobre cualquier otra medida adoptada para coordinar las acciones relativas a la política del empleo con las prestaciones de desempleo.

3. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de que el Gobierno había establecido una política de promoción del empleo para incrementar los ingresos, como pone de manifiesto la prioridad dada a tres estrategias en su plan de desarrollo: desarrollo de la estrategia del potencial humano y de la protección social, reestructuración sostenible de la estrategia de desarrollo rural y urbano, y la estrategia de promoción de la competitividad nacional. Las políticas aplicadas con arreglo a dichas estrategias, incluyen la creación de empleo para los trabajadores por cuenta propia, así como la autorización de pequeñas iniciativas comerciales, mediante la capacitación de los desempleados y la mejora del acceso al crédito de los fondos cooperativos. También incluye la capacitación para generar oportunidades de empleo en la economía informal y en zonas remotas, así como la promoción de la colocación en el extranjero. Además, se habían establecido sistemas de información en línea del mercado laboral para prestar asistencia a los demandantes de empleo. La Comisión valoraría recibir información sobre la manera en que funcionan las medidas adoptadas para promover el empleo con arreglo a las tres estrategias mencionadas, «como parte integrante de una política económica y social coordinada» (artículo 2, párrafo a), del Convenio). Al respecto, el Ministerio de Trabajo, en colaboración con la facultad de economía de la Universidad de Chulalongkorn, había realizado una investigación sobre el impacto de los acuerdos de libre comercio en el trabajo, en siete sectores industriales. Según esos estudios, es frecuente que las normas laborales se pacten como consecuencia de prácticas sumamente competitivas asociadas con acuerdos de libre comercio. El Ministerio de Trabajo espera mejorar la situación del empleo, utilizando la información y las recomendaciones de la investigación efectuada en colaboración con la facultad de economía de la Universidad de Thammasat. La Comisión toma nota con interés de esas iniciativas y se complace en recibir informaciones sobre los programas de mercado laboral aplicados para equilibrar la oferta y la demanda de trabajo, de modo de garantizar que puedan entrar y permanecer en el mercado laboral las categorías de trabajadores afectadas por las transformaciones y cambios estructurales en el comercio internacional.

4. Mercado laboral y políticas de formación. La Comisión toma nota de que la capacitación ofrecida por el Departamento de Capacitación (DSD), se centra en la formación previa al empleo, en la formación complementaria y en el perfeccionamiento. Además, tales programas se conciben en base a las necesidades del mercado. El DSD investiga con carácter bianual las necesidades de los sectores público y privado, en los ámbitos provincial y nacional, y diseña los programas según corresponda. La memoria del Gobierno también manifiesta que se había introducido, en 2003, un sistema de seguros de calidad, para garantizar que se extienda gradualmente la capacitación para incluir en 2008, a todos los institutos regionales y a todos los centros de capacitación provinciales. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando información sobre los resultados alcanzados por las medidas adoptadas por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Educación, para coordinar las políticas de educación y formación con oportunidades posibles de empleo.

5. Artículo 1, párrafo 2, c). Prevención de la discriminación.

n      Mujeres. El Gobierno indica que se había alentado a los empleadores para que nombraran en sus establecimientos a mujeres asesoras laborales. Además, también se había brindado a las trabajadoras igualdad de oportunidades en la misma medida que para los trabajadores para acceder a los servicios del DSD. En 2006, fueron 102.990 los aprendices que habían finalizado sus cursos de formación profesional organizados por el DSD; 100.141 eran mujeres, la mayoría empleadas en las industrias de la confección y textil y en el sector de los servicios. El Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana también impartió cursos para mujeres y jóvenes trabajadoras y para aquellos en situación de riesgo o que habían sido despedidos, desempleados o pobres. En las zonas rurales, se había organizado un proyecto especial llamado «Construcción de una nueva vida para las mujeres rurales» para impartir formación profesional e incrementar los ingresos. La Comisión solicita al Gobierno que siga comunicando, en su próxima memoria, información detallada sobre el impacto de las medidas adoptadas para garantizar que se logren progresos en aumentar la tasa de participación de la mujer en el mercado laboral. Sírvase también indicar la distribución según el género de las personas que beneficiaron de los cursos de formación del DSD.

n      Personas con discapacidad. Según las estadísticas del Gobierno, había aumentado en 2006 el número relativo de personas con discapacidad que habían encontrado puestos de trabajo. Otras intervenciones incluyen cursos de formación profesional para las personas con discapacidad, servicios de desarrollo ocupacional para contribuir a que aquellos que hubiesen completado la formación profesional desarrollaran conocimientos prácticos, así como servicios de bienestar para la familia y la comunidad, que brindaran asistencia y apoyo a los hijos con discapacidad. La Comisión valorará recibir información sobre el impacto de los programas de formación para las personas con discapacidad, en particular, sobre el número de personas que hubiesen completado el programa y que pueden encontrar un empleo en el mercado abierto del trabajo.

n      Trabajadores migrantes. El Gobierno indica en su memoria que el registro de muchos miles de trabajadores migrantes había mejorado su situación. La Comisión también toma nota de las estadísticas para el período 2004-2006 sobre la aplicación de memorandos de entendimiento bilaterales con los países vecinos, incluidos Camboya, la República Democrática Popular Lao y Myanmar. También toma nota de la observación transmitida por el Congreso Nacional del Trabajo Thai, que indica que había aumentado el número de trabajadores extranjeros ilegales, especialmente de Myanmar, y que se les pagaba por debajo del salario mínimo. En su respuesta, el Gobierno indica que los trabajadores migrantes irregulares perciben salarios inferiores a los mínimos salariales anunciados por la Comisión Nacional de Salarios debido a encontrarse en situación irregular. En relación con este importante asunto, la Comisión se refiere nuevamente a la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2006 y solicita al Gobierno que siga informando detalladamente sobre las medidas adoptadas en el marco de una política de empleo activa para impedir el abuso en la contratación de trabajadores y la explotación de los trabajadores migrantes en Tailandia (véase la parte X de la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169)).

n      Trabajadores del sector rural y de la economía informal. El Gobierno indica que los trabajadores a domicilio del sector informal pueden registrarse en las oficinas de empleo provinciales para recibir una formación básica para mejorar su capacitación. También había dado inicio, en 2006, a un proyecto que comprende a los trabajadores del sector agrícola y que mejorara las condiciones de trabajo y de vida, y sensibilizara más sobre la protección del trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que también comunique, en su próxima memoria, información sobre la aplicación de las políticas y los programas de empleo rural y sobre cualquier otra medida que hubiese adoptado para promover el empleo y mejorar la cantidad y la calidad de las oportunidades de empleo de los trabajadores a domicilio. También reitera su interés por examinar información sobre las medidas adoptadas para reducir el déficit de trabajo decente en los trabajadores y las trabajadoras de la economía informal y para facilitar su absorción en el mercado laboral.

6. Artículo 3. Consultas con los representantes de las personas interesadas. La Comisión toma nota de que, al elaborarse las políticas de empleo y de protección laboral, el Ministerio de Trabajo había dado oportunidades de participación a todas las partes concernidas. Están abiertas para comentarios públicos los proyectos de políticas y de reglamentación. En algunas provincias, las oficinas provinciales de protección del trabajo y bienestar, habían colaborado con las autoridades gubernamentales locales, con las ONG y con las fundaciones para que los trabajadores migrantes tuviesen un acceso más fácil y una protección eficiente. La Comisión invita al Gobierno a que comunique, en su próxima memoria, información sobre toda recomendación realizada por los mencionados mecanismos, en relación con la preparación y la aplicación de las medidas relativas al empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

La Comisión toma nota de la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2006 en la Comisión de la Conferencia en relación con la aplicación del presente Convenio. El Gobierno proporcionó información a la Comisión de la Conferencia sobre las tendencias más recientes del mercado laboral, con inclusión de las medidas tomadas para promover el empleo, el desarrollo de las calificaciones y la protección social. La Comisión toma nota de las preocupaciones expresadas sobre las oportunidades para que las trabajadoras, los trabajadores con discapacidades y los trabajadores en el sector rural y en la economía informal obtengan y conserven sus empleos y se promueva su justo acceso a la educación, a la formación y al empleo. Se subrayó que era necesario tomar medidas en el marco de una política activa del empleo para promover la integración efectiva de los trabajadores migrantes y prevenir casos de abuso o de explotación de dichos trabajadores. La Comisión de la Conferencia invitó al Gobierno a que comunicase una respuesta detallada a los asuntos planteados por la Comisión de la Conferencia y por la Comisión de Expertos en su observación de 2005. La Comisión de Expertos toma nota de que la memoria del Gobierno, que debía presentarse en septiembre de 2006, no ha sido recibida. En consecuencia, se ve obligada a remitirse a la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2006 y a reiterar los puntos principales que planteara en sus comentarios anteriores.

1. Política de empleo y protección social. En su solicitud directa de 2002, la Comisión instó al Gobierno a seguir un enfoque integrado en lo que respecta a la protección social y la protección del empleo y pidió al Gobierno que informase sobre la implementación de prestaciones por desempleo como un complemento de sus políticas de empleo. La Comisión había tomado nota con interés de que el Gobierno empezó a recaudar las cotizaciones para el seguro de desempleo el 1.º de enero de 2004 y a pagar prestaciones el 1.º de julio de 2004. La Comisión entiende que la Oficina Nacional de Salud introdujo un programa universal de asistencia sanitaria y que la Oficina de Seguridad Social está estudiando la ampliación de la seguridad social a la población que no está cubierta. La Comisión espera que el Gobierno continúe informando sobre los progresos alcanzados para ampliar la protección adecuada a toda la población y sobre las medidas tomadas para coordinar su política de empleo con el sistema de prestaciones por desempleo.

2. Coordinación de la política de empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión pide nuevamente al Gobierno que proporcione información sobre los resultados logrados por la implementación de las medidas del noveno Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2002-2006) incluyendo información sobre la situación de los grupos socialmente vulnerables, como los trabajadores del sector rural y de la economía informal. A este respecto, la Comisión hace hincapié en la necesidad de que se tomen medidas para garantizar que el empleo, como elemento clave de la reducción de la pobreza, está en el centro de las políticas macroeconómicas y sociales. Agradecería recibir estadísticas detalladas sobre las tendencias en el mercado de trabajo y más información sobre hasta qué punto el desarrollo económico conduce a una mejora del mercado de trabajo y a la reducción de los niveles de pobreza. La Comisión también agradecería recibir información sobre cómo las medidas tomadas para promover el empleo funcionan «como parte integrante de una política económica y social coordinada» (artículo 2, párrafo a), del Convenio). Sírvase indicar cómo la preocupación por mejorar la cantidad y la calidad del empleo se toma en cuenta en las políticas económicas, tales como los acuerdos multilaterales y bilaterales sobre el empleo.

3. Políticas de mercado de trabajo y de formación. La Comisión había tomado nota de que el Departamento de Empleo, el Departamento de Desarrollo de las Calificaciones y el Ministerio de Educación han implementado un programa de formación profesional para estudiantes, mujeres de regiones pobres o de grupos religiosos minoritarios, personas con discapacidades y otras categorías de desempleados. La Comisión agradecería recibir información sobre los resultados de los diversos programas de formación y sobre las medidas tomadas para garantizar que las calificaciones obtenidas en estos programas de formación se adaptan a las demandas del mercado de trabajo. Agradecería recibir información sobre la forma en la que los diferentes departamentos gubernamentales están coordinando las políticas de empleo, del mercado de trabajo y la formación. La Comisión se remite, a este respecto, a las disposiciones del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), y de la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195).

4. Prevención de la discriminación (artículo 1, párrafo 2, c)).

–           Mujeres. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre los esfuerzos para supervisar las oportunidades de las trabajadoras a fin de que consigan y conserven empleo y promover la igualdad de acceso a la educación, la formación y el empleo.

–           Personas con discapacidades. La Comisión agradecería recibir información sobre los progresos realizados para la integración de las personas con discapacidad en el mercado abierto de trabajo.

–           Trabajadores migrantes. Sobre esta cuestión específica, la Comisión se remite a la discusión tripartita que tuvo lugar en junio de 2006 y pide al Gobierno que continúe informando detalladamente sobre las medidas tomadas dentro del marco de una política activa del empleo para prevenir el abuso en la contratación de trabajadores y la explotación de trabajadores migrantes en Tailandia (véase parte X de la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169)).

–           Trabajadores del sector rural y de la economía informal. La Comisión agradecería recibir más información sobre las medidas tomadas para aumentar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de trabajo de las personas del sector rural y de la economía informal.

5. Consulta con los representantes de las personas interesadas. Del mismo modo que la Comisión de la Conferencia, insta al Gobierno a tomar más en cuenta las opiniones expresadas por los interlocutores sociales y garantizar que se celebrarán consultas de buena fe. La Comisión estima que es responsabilidad común de los gobiernos y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los sectores más frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase el párrafo 493 del Estudio general, de 2004, Promover empleo). Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las consultas tripartitas que traten de las políticas de empleo, y que indique las medidas tomadas o previstas para garantizar que los representantes del sector rural y de la economía informal toman parte en dichas consultas. En lo que respecta a los trabajadores migrantes, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la participación de los representantes de empleadores y trabajadores, incluidos los representantes de los trabajadores migrantes, en la adopción y aplicación de medidas sobre migración. Asimismo, insta al Gobierno a que informe tanto a los empleadores como a los trabajadores de las políticas gubernamentales y de las normas del trabajo que protegen los derechos de los trabajadores migrantes.

[Se invita al Gobierno a que responda de manera detallada a los presentes comentarios en 2007.]

Observación (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en su memoria recibida en noviembre de 2004. La Oficina Subregional de la OIT en Bangkok también ha señalado a la atención de la Comisión información adicional sobre la aplicación del Convenio.

1. Política de empleo y protección social. En su solicitud directa de 2002, la Comisión instó al Gobierno a seguir un enfoque integrado en lo que respecta a la protección social y la promoción del empleo y pidió al Gobierno que informase sobre la implementación de prestaciones por desempleo como un complemento de sus políticas de empleo. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno empezó a recaudar contribuciones para el seguro de desempleo el 1.º de enero de 2004 y a pagar prestaciones el 1.º de julio de 2004. La Comisión entiende que la Oficina Nacional Sanitaria ha introducido un programa universal de asistencia sanitaria y que la Oficina de Seguridad Social está estudiando la ampliación de la seguridad social a la población que no está cubierta por ella. La Comisión expresa su agradecimiento y confía en que el Gobierno continuará informando sobre los progresos alcanzados en la ampliación de la protección social adecuada a toda la población y sobre las medidas tomadas para coordinar su política de empleo con el sistema de prestaciones de desempleo.

2. Coordinación de la política de empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota con interés de que el número de pobres se ha reducido desde la crisis financiera de 1997 con 6,2 millones en 2002 por 8,9 millones en 2000. El Gobierno indica que su objetivo es erradicar la pobreza para 2009 a través del incremento de los ingresos, la reducción de los gastos y la ampliación de las oportunidades. El Gobierno ha establecido el Centro nacional de lucha contra la pobreza y el Subcomité sobre Ocupación y Promoción del Empleo, presidido por el Viceprimer Ministro. La Comisión también toma nota de que, aunque se ha reducido el número de pobres, la repartición de ingresos entre la quinta parte más pobre de la población ha permanecido en un 4 por ciento durante el último decenio. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre los resultados logrados por la implementación de las medidas del noveno Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (2002-2006), incluyendo información sobre la situación de los grupos socialmente vulnerables, tales como los trabajadores del sector rural y de la economía informal. A este respecto, la Comisión hace hincapié en la necesidad de que se tomen medidas para garantizar que el empleo, como elemento clave de la reducción de la pobreza, está en el centro de las políticas macroeconómicas y sociales. Agradecería recibir estadísticas detalladas sobre las tendencias del mercado de trabajo y más información sobre hasta qué punto el crecimiento económico conduce a una mejora del mercado de trabajo y a la reducción de los niveles de pobreza. La Comisión también agradecería recibir información sobre cómo las medidas tomadas para promover el empleo funcionan «como parte integrante de una política económica y social coordinada» (artículo 2, párrafo a), del Convenio). Sírvase indicar cómo la preocupación por mejorar la cantidad y la calidad del empleo se toma en cuenta en las políticas económicas, tales como los acuerdos multilaterales y bilaterales sobre el empleo.

3. Políticas de mercado de trabajo y de formación. La Comisión toma nota de que el Departamento de Empleo, el Departamento de Desarrollo de las Calificaciones, y el Ministerio de Educación han ejecutado programas de formación profesional para estudiantes, mujeres de regiones pobres o de grupos religiosos minoritarios, personas con discapacidades y otras categorías de desempleados. El Ministerio de Desarrollo Social y Seguridad Humana supervisa las políticas del trabajo relacionadas con el tráfico, los trabajadores desfavorecidos y las personas con discapacidades. Aunque también otros grupos socialmente vulnerables, tales como los trabajadores a domicilio o los trabajadores rurales, están protegidos por reglamentos ministeriales promulgados por el Ministerio de Trabajo. La Comisión toma nota de los progresos logrados a través de estas medidas; por ejemplo, la guía general del Subcomité para la promoción del empleo ha dado resultados con respecto al empleo juvenil. La Comisión agradecería recibir información sobre los resultados de los diversos programas de formación y sobre las medidas tomadas para garantizar que las calificaciones obtenidas en estos programas de formación se adaptan a las demandas del mercado de trabajo. Agradecería recibir información sobre la forma en la que los diferentes departamentos gubernamentales están coordinando las políticas de empleo, del mercado de trabajo y la formación. La Comisión se remite a las disposiciones del Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), y de la recientemente adoptada Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195).

4. Prevención de la discriminación (artículo 1, párrafo 2, c)).

-  Mujeres. El Gobierno señala que el artículo 38 de la Ley sobre la Protección del Trabajo, de 1998 y el reglamento ministerial núm. 2, que prohíbe a los empleadores exigir que las trabajadoras realicen ciertos trabajos peligrosos, fueron concebidos para proporcionar protección especial a las trabajadoras y evitar la discriminación basada en el sexo. La Comisión toma nota de que, en 2004, en Tailandia el porcentaje de mano de obra femenina era más bajo (65,1 por ciento) que el de los hombres (81,8 por ciento). Las mujeres siguen estando demasiado representadas en trabajos financieramente inestables como el trabajo a domicilio, la agricultura y la manufactura. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información actualizada sobre los esfuerzos para supervisar las oportunidades de las trabajadoras a fin de que consigan y retengan trabajos y para promover la igualdad de acceso a la educación, la formación y al empleo.

-  Personas con discapacidad. La Comisión toma nota que las personas con discapacidad representaban el 1,8 por ciento de la población o 1.100.000 personas en 2001 y recibían dos tercios de los ingresos de otros trabajadores. La Comisión comprende que las personas registradas que tienen discapacidades (357.753 en 2003) tienen derecho a asistencia estatal y que el Gobierno está revisando la Ley sobre la Rehabilitación de Personas con Discapacidad. La Comisión agradecería recibir información sobre los progresos realizados para la integración de las personas con discapacidad  en el mercado abierto de trabajo.

-  Trabajadores migrantes. En su última memoria, el Gobierno expresó su preocupación respecto a la protección de los trabajadores regulares e irregulares y sobre la proliferación del tráfico de personas. A fin de regular el flujo de trabajadores migrantes y en sus esfuerzos para proporcionarles protección, el Gobierno ha firmado memorandos de entendimiento bilaterales con los países vecinos, incluidos Camboya, República Democrática Popular Lao y Myanmar. La Comisión entiende que, en julio de 2004, 1.280.000 personas estaban registradas como trabajadores extranjeros migrantes y tenían permisos de trabajo, buscaban empleo o vivían como dependientes en Tailandia hasta el 30 de junio de 2005. Unos 800.000 trabajadores obtuvieron permisos de trabajo. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre las medidas tomadas dentro del marco de una política activa de empleo a fin de prevenir el abuso en la contratación de trabajadores y la explotación de trabajadores migrantes en Tailandia (véase parte X de la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169)).

-  Trabajadores del sector rural y de la economía informal. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno está cooperando con la Oficina en un proyecto sobre la economía informal para dar a los trabajadores de este sector una mayor protección. El Departamento de Empleo ha organizado sesiones de orientación profesional en pueblos, y se proporciona formación a los trabajadores a domicilio para aumentar su productividad y proteger su seguridad y salud en el trabajo. La Comisión toma nota de que en 2004 se adoptaron un reglamento ministerial especial para la protección de los trabajadores a domicilio y un reglamento ministerial sobre la protección de los trabajadores del sector agrícola. La Comisión agradecería recibir más información sobre las medidas tomadas para aumentar las oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de trabajo de las personas del sector rural y de la economía informal.

5. Consulta con los representantes de las personas interesadas. La Comisión toma nota de la satisfacción expresada por el Congreso Nacional del Trabajo de Tailandia (NCTL) sobre los resultados generales obtenidos por el Ministerio de Trabajo. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno ha tomado en cuenta la recomendación realizada por el Consejo Nacional de Desarrollo y Asesoramiento sobre el Trabajo en la formulación e implementación de políticas del empleo, en particular, el programa de seguro de desempleo antes mencionado. Sin embargo, el NCTL indica que las consultas realizadas en los órganos tripartitos interesados en lo que respecta a las políticas de desarrollo de las calificaciones carecen de efecto práctico. El NCTL invita al Gobierno a tomar más en cuenta las opiniones expresadas por los interlocutores sociales y garantizar que se celebrarán consultas de buena fe. La Comisión estima que es responsabilidad común de los gobiernos y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los sectores más frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase el párrafo 493 del Estudio general, de 2004, Promover empleo). Por lo tanto, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las consultas tripartitas que traten de las políticas de empleo, y que indique las medidas tomadas o previstas para garantizar que los representantes del sector rural y de la economía informal toman parte en dichas consultas. En lo que respecta a los trabajadores migrantes, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la participación de los representantes de empleadores y trabajadores, incluidos los representantes de los trabajadores migrantes, en la adopción y aplicación de medidas sobre migración. Asimismo, insta al Gobierno a que informe tanto a los empleadores como a los trabajadores de las políticas gubernamentales y de las normas del trabajo que protegen los derechos de los trabajadores migrantes.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

No disponible en español.