Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Guatemala (Ratificación : 1988)

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

La Comisión toma nota de las observaciones del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales, y Financieras (CACIF), apoyada por la Organización Internacional de Empleadores (OIE), recibidas el 1.º de octubre de 2020, así como de la respuesta del Gobierno a las mismas, recibida el 14 de noviembre de 2020. La Comisión toma nota también de las observaciones del Movimiento Sindical y Popular Autónomo Guatemalteco y de Sindicatos Globales de Guatemala, recibidas el 16 de octubre de 2020. La Comisión pide al Gobierno que envíe sus comentarios al respecto.

Artículos 1 y 3 del Convenio.Aplicación de una política nacional del empleo.Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota con interés de los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno con miras a alcanzar los objetivos del Convenio en el marco de una política económica y social coordinada. En este sentido, la Comisión toma nota del lanzamiento en febrero de 2017 de la Política Nacional de Empleo Digno (PNED) 2017-2032, que se encuentra articulada con el Plan Nacional de Desarrollo K’atún 2032. La PNED fue elaborada con el apoyo técnico de la OIT y la participación de un amplio número de actores a nivel nacional y regional, tales como representantes de organizaciones de trabajadores y empleadores, así como de mujeres, pueblos indígenas y jóvenes. La PNED prevé la adopción de medidas en relación con cuatro ejes temáticos: generación de empleo, desarrollo de capital humano, entorno propicio para el desarrollo de empresas y formalización. La PNED incluye entre los grupos prioritarios de las medidas: personas con discapacidad, migrantes retornados, adultos mayores, población indígena, comunidad LGBTI, jóvenes en conflicto con la ley penal y refugiados. La Comisión toma nota asimismo de que el Gobierno informa de la creación de la Comisión Nacional de Empleo Digno como órgano responsable de la puesta en marcha de las acciones previstas en cada uno de los cuatro ejes temáticos de la PNED a través de una Mesa Técnica Institucional formada por cuatro subcomisiones que cuentan con representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. En relación con el eje sobre generación de empleo, este incluye entre sus acciones prioritarias la implementación de: i) el Plan Nacional para la Generación de Empleo Digno, que prevé la adopción de medidas con miras a generar empleos dignos en los sectores con mayor aporte al crecimiento económico y a la competitividad del país; ii) el Programa Nacional de Migración para el Desarrollo, que tiene como objetivo aprovechar los conocimientos adquiridos en el exterior por migrantes guatemaltecos que sean aplicables al desarrollo del país, y iii) el Programa para el Fortalecimiento del Servicio Público de Empleo, que prevé la adopción de medidas destinadas a la operacionalización de la Red Nacional de Servicios de Empleo. La Comisión toma nota también de la información proporcionada por el Gobierno en relación con las medidas implementadas en el marco del fortalecimiento de los servicios públicos de empleo, tales como la celebración de ferias y kioskos de empleo, la implementación de la ventanilla de atención al migrante retornado y la celebración de convenios con organizaciones enfocadas en la atención a migrantes. Por último, la Comisión toma nota de la información estadística enviada por el Gobierno relativa al número de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad que recibieron orientación y fueron vinculados al mercado laboral a través de los servicios públicos de empleo entre 2019 y 2020.

La Comisión toma nota, sin embargo, de que, en sus observaciones, el Movimiento Sindical Guatemalteco sostiene que no existe una efectiva política nacional de empleo que promueva el empleo decente, de manera que los ciudadanos tengan la oportunidad de escoger un trabajo acorde con su capacidad y experiencia. El Movimiento Sindical señala que, como consecuencia de ello, el trabajo en la economía informal crece de manera desproporcionada y aumenta el trabajo a tiempo parcial en la economía formal, lo que provoca una disminución de los derechos de los trabajadores, tales como el derecho a la seguridad social y a percibir un salario mínimo. Además, afirma que existe un aumento creciente de la población desocupada y de la migración a las capitales o cabeceras departamentales. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las medidas adoptadas con miras a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido, incluidas aquellas adoptadas en el marco de la PNED 20172032. La Comisión pide también al Gobierno que proporcione información, incluyendo ejemplos concretos, sobre la manera en que se han consultado y tomado en consideración los puntos de vista de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, así como representantes de otros grupos interesados (tales como mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y trabajadores de la economía informal) para desarrollar y aplicar las políticas y los programas de empleo, así como sobre la naturaleza, el alcance y el resultado de dichas consultas.

Educación y formación. La Comisión observa que el eje de la PNED relativo al desarrollo de capital humano incluye, entre otras acciones prioritarias, la ejecución del Programa nacional de formación para jóvenes en competencias transversales y específicas, con el objetivo de promover la formación para el trabajo. El Gobierno informa que, en este marco, se aprobó el Acuerdo Ministerial 3386-2018, por el que se institucionaliza el Sistema Nacional de Formación Laboral (SINAFOL), como la estructura que gestiona y articula el sector productivo del Gobierno y agentes sociales para definir e implementar políticas y estrategias de educación y formación técnica en el país. Entre los objetivos del SINAFOL se encuentra la mejora de los programas de formación técnica laboral y vocacional, la disminución de la brecha entre la oferta formativa y la demanda productiva, el diseño de oferta formativa asociada a familias ocupacionales y cualificaciones laborales. Asimismo, el Gobierno se refiere a la creación de la Comisión Nacional de Formación Laboral, con la finalidad de promover la articulación y coordinación de instituciones gubernamentales, del sector productivo y agentes sociales, con miras a implementar y revisar cada cinco años el modelo de formación técnica laboral. En 2018, se desarrolló e inició la implementación del Sistema de Certificación de Competencias (SCC), con el objetivo de reconocer y certificar los saberes, conocimientos, capacidades, habilidades y competencias de personas que desempeñan oficios y ocupaciones aprendidos a lo largo de la vida. En este sentido, el Gobierno informa del establecimiento de diversas mesas sectoriales para desarrollar los catálogos nacionales de familias ocupacionales, cualificaciones profesionales y módulos formativos. El Gobierno indica que en dichas mesas participaron representantes del sector productivo y de formación relacionados con cada familia ocupacional. La Comisión toma nota además de que el Gobierno se refiere a la implementación de varios programas en materia de educación y formación profesional, tales como la implementación del Programa Umbral de Guatemala Formación Laboral, con el apoyo de los Estados Unidos de América, que prevé la introducción de reformas al sector educativo y movilización de recursos con miras a mejorar la calidad y pertinencia del nivel de educación media; y el Programa de Certificación de Competencias Laborales, que promueve la certificación de competencias de ciudadanos que poseen algún conocimiento o habilidad. Respecto a este último programa, el CACIF propone buscar oportunidades bajo otros esquemas, tales como la educación dual. La Comisión toma nota también de la información incluida en la memoria del Gobierno relativa al número de participantes en el Programa de Capacitación Técnica para el Empleo, a través del cual se brinda oportunidades de capacitación a grupos en situación de vulnerabilidad (tales como jóvenes que ni estudian ni trabajan, personas desempleadas o subempleadas, personas con discapacidad y migrantes retornados) para reforzar sus habilidades y competencias a través de la tecnificación y formación para el trabajo para una adecuada inserción al mercado laboral. La Comisión pide al Gobierno que continúe enviado información actualizada sobre la naturaleza y el impacto, incluyendo información estadística desglosada por edad y sexo, de las medidas implementadas en el ámbito de la educación y la formación profesional y su relación con las posibles oportunidades de empleo. Además, pide al Gobierno que envíe información sobre las medidas adoptadas para asegurar la coordinación efectiva entre las políticas y programas de educación y formación profesional con las políticas y programas de empleo.

Información relativa al mercado del trabajo. La Comisión observa que, según información del Instituto Nacional de Estadística, en el segundo semestre de 2019, la tasa de participación era del 59,1 por ciento (83,1 por ciento entre los hombres y tan solo 38,7 por ciento entre las mujeres) y la tasa bruta de ocupación era del 58 por ciento (81,7 por ciento entre los hombres frente al 37,7 por ciento entre las mujeres). El Gobierno informa también de que la tasa de desempleo abierto era del 2 por ciento (1,7 por ciento entre los hombres y 2,5 por ciento entre las mujeres), mientras que la tasa de subempleo visible era del 6,5 por ciento (6,2 por ciento entre los hombres y 7,1 por ciento entre las mujeres). Por otro lado, la Comisión toma nota de que la PNED prevé el establecimiento de un Sistema Nacional de Información Laboral que busca implementar un sistema de evaluación y monitorio del PNED y poner a disposición de las instituciones involucradas en el mercado de trabajo, empleadores y la población en general toda la información disponible sobre el mercado de trabajo. Al tiempo que toma nota de que la tasa de empleo entre los hombres es más del doble que entre las mujeres, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre las medidas adoptadas o previstas para promover el trabajo productivo, sostenible y decente para las mujeres, así como sobre el impacto de estas medidas en el empleo de mujeres. La Comisión pide también al Gobierno que continúe enviando información estadística actualizada, desagregada por edad y sexo, sobrela evolución del mercado de trabajo, incluyendo sobre las tasas de empleo, desempleo y subempleo (visible e invisible) e informalidad, desglosadas por sexo, edad y zonas rurales y urbanas. Asimismo, pide al Gobierno que proporcione información estadística sobre la situación y las tendencias del mercado del trabajo que permitan distinguir el impacto que tienen las medidas adoptadas para favorecer el empleo de categorías particulares de trabajadores, tales como mujeres, jóvenes, adultos mayores, trabajadores migrantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, trabajadores que se encuentran en el sector rural y en la economía informal. La Comisión pide además al Gobierno que envíe información sobre la situación en la que se encuentra el establecimiento del Sistema Nacional de Información Laboral.

Empleo juvenil. La Comisión observa, con base en la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, que, en 2019, la tasa de desempleo juvenil era del 4,6 por ciento (4 por ciento entre los hombres y 5,7 por ciento entre las mujeres) y la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan era del 28,2 por ciento (9,5 por ciento entre los hombres y 45,8 por ciento entre las mujeres). La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno acerca de la implementación de diversos programas destinados a promocionar el empleo entre los jóvenes. El Gobierno se refiere, entre otras medidas, a la implementación del Plan Estratégico Institucional 2016-2021 del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), que incluye entre sus objetivos la ampliación de la cobertura de formación inicial certificable, con énfasis en la formación ocupacional de jóvenes. El Gobierno informa de que, en 2018, 145 496 hombres y 88 983 mujeres fueron atendidos por el INTECAP. La Comisión toma nota también de la información enviada por el Gobierno sobre la inserción laboral de jóvenes egresados de la formación certificable por el INTECAP. Asimismo, el Gobierno indica que, a través del Programa Social Beca Artesano, se proporciona transferencias monetarias condicionadas con la finalidad de fortalecer habilidades para la elaboración de productos artesanales. El Gobierno informa de que aproximadamente 3 000 personas en 51 municipios se han beneficiado de dicha beca, de las cuales el 98 por ciento son mujeres en situación de pobreza o extrema pobreza. El Gobierno se refiere también a la implementación del Programa Nacional de Escuelas Taller, que busca contribuir a la reducción de la pobreza de la población joven a través de la capacitación para el empleo, así como del Programa Beca Social Primer Empleo que tienen como objetivo facilitar la integración al mercado laboral formal de jóvenes de entre 18 y 25 años en situación de pobreza, pobreza extrema y desempleo, a través de la contratación temporal en una empresa en calidad de aprendiz. Por último, la Comisión toma nota de la detallada información proporcionada por el Gobierno sobre las medidas implementadas por el Servicio Nacional de Empleo para fomentar el empleo entre los jóvenes (tales como servicios de orientación e intermediación laboral, la celebración de ferias de empleo, y formación y capacitación para el trabajo), así como sobre el impacto de tales medidas. La Comisión pide al Gobierno que envíe información actualizada sobre la naturaleza y el impacto de las medidas ejecutadas para promocionar el empleo entre los jóvenes, particularmente entre las categorías de jóvenes más desfavorecidas. La Comisión pide además al Gobierno que continúe enviando información estadística actualizada, desglosada por edad y sexo, sobre las tendencias del empleo juvenil.

Personas con discapacidad. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en relación con el número de personas con discapacidad que fueron incluidas laboralmente, así como el total de empresas y personas en los sectores público y privado que recibieron capacitaciones en temas de discapacidad en el marco del el programa de inclusión social (Empléate Inclusivo), por el que se promueve el acceso de las personas con discapacidad a un trabajo digno a través del fortalecimiento de su empleabilidad. Asimismo, el Gobierno se refiere a la celebración de talleres de socialización de la propuesta de iniciativa de ley para el fomento al trabajo, empleo y emprendimiento para personas con discapacidad. No obstante, el Gobierno indica que no dispone de información estadística relativa a la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, ya que las encuestas de empleo elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística no cubren la temática de discapacidad. La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas con miras a promocionar el acceso de las personas con discapacidad en el mercado abierto de trabajo. A este respecto, se pide al Gobierno que haga todo lo posible para recopilar, analizar y comunicar posteriormente los datos estadísticos sobre la situación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, a fin de permitir evaluar el impacto de las medidas adoptadas con miras a aumentar el acceso de las personas con discapacidad al mercado de trabajo abierto. La Comisión pide también al Gobierno que envíe información sobre el estado en el que se encuentra la propuesta de iniciativa de ley para el fomento al trabajo, empleo y emprendimiento para personas con discapacidad, y que envíe una copia de las misma una vez esta sea adoptada.

Economía informal. La Comisión toma nota de que, según información del Observatorio del Mercador Laboral, en el segundo semestre de 2019, el 65,3 por ciento de la población ocupada en el país trabajaba en la economía informal (63,8 por ciento entre los hombres y 68 por ciento entre las mujeres). La Comisión observa que la PNED incluye entre sus ejes temáticos la facilitación del tránsito hacia la formalidad de las unidades económicas y trabajadores de la economía informal. En este sentido, el Gobierno informa de que en 2019 se diseñó, con la asistencia técnica de la OIT y el apoyo de Eurosocial, la Estrategia Nacional para la Formalización, que prevé la adopción de medidas para aumentar la cobertura de la protección social, la facilitación de trámites administrativos, la simplificación tributaria, la formación profesional, así como acciones dirigidas al incremento de la productividad. El Gobierno informa también del establecimiento de la Subcomisión de Tránsito a la Formalidad, conformada por diversas instituciones nacionales, tales como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el CACIF y organizaciones de trabajadores. La Comisión toma nota igualmente de la información proporcionada por el Gobierno sobre una serie de medidas adoptadas para fomentar el tránsito de la informalidad a la formalidad, tales como la introducción de reformas al Código de Comercio para agilizar y simplificar la apertura de empresas formales; el desarrollo del portal «Así se hace» como herramienta para llevar a cabo los trámites administrativos de registro de empresas; realización de campañas de promoción de la formalización. A este respecto, el CACIF destaca la necesidad de implementar acciones preventivas en materia de inspección que permitan reducir las deficiencias actuales. En su respuesta, el Gobierno informa del desarrollo de un plan estratégico dirigido al fortalecimiento de la Inspección General del Trabajo con miras a incrementar el cumplimiento de la legislación laboral. La Comisión toma nota también de la indicación del Gobierno de que, desde 2017, se han llevado a cabo acciones, con la asistencia técnica de la OIT, dirigidas a definir una Política Nacional de Salarios con base en el diálogo social tripartito y garantizar el efectivo cumplimiento del salario mínimo, tanto en la economía formal como informal. La Comisión observa, no obstante, que, en sus observaciones, el CACIF señala que no se han producido avances en la formulación de la política nacional de salario. Al respecto, el Gobierno indica que actualmente se cuenta con una propuesta de proyecto y que se ha adoptado una hoja de ruta con miras a su adopción.

La Comisión toma nota, por otro lado, de que, en diciembre de 2018 se presentó el documento «Definición Estadística del Sector y el Empleo Informal en Guatemala», cuyo objetivo es establecer un concepto de economía informal en el país, conforme a las recomendaciones más actualizadas de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo de la OIT. El Gobierno informa también de la implementación de un plan piloto para la formalización con comerciantes de la economía informal de los municipios de Tecpán y Chimaltenango. Finalmente, la Comisión toma nota de las medidas implementadas para proporcionar asistencia a los trabajadores de la economía informal en el contexto de la crisis de la pandemia de COIVD-19. La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información detallada y actualizada sobre el alcance de la economía informal y sobre la naturaleza y el impacto de las medidas adoptadas de conformidad con la PNED para facilitar la transición hacia la economía formal, particularmente en las zonas rurales del país, e incluidas aquéllas adoptadas en el marco de la Estrategia Nacional para la Formalización.

Empleo rural. La Comisión toma nota de que, según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos del primer trimestre de 2019, el 31,9 por ciento de la población económicamente activa se dedicaba a actividades del sector de la agricultura, ganadería y silvicultura, y la tasa de subempleo visible en dicho sector era del 36,2 por ciento. La Comisión observa que, entre las acciones prioritarias de la PNED, se encuentra la elaboración del «Plan de Desarrollo Rural, una revolución agropecuaria», con la finalidad de promover el empleo digno en las áreas rurales con la participación de asociaciones de productores a través de la implementación de planes de inversión productiva para el campo y de paquetes tecnológicos. Por otro lado, la Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno sobre los resultados del diagnóstico sobre empleo juvenil rural decente elaborado por el Observatorio del Mercador Laboral con la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El objetivo del diagnóstico era identificar oportunidades para la generación de empleo y autoempleo en áreas rurales, identificar las tendencias ocupacionales y necesidades formativas y diseñar propuestas de intervención en materia de políticas activas de empleo con enfoque en la ocupación rural juvenil. El Gobierno indica también que se han logrado avances en la accesibilidad de los servicios de orientación e intermediación laboral en las áreas rurales, ya que se cuenta con al menos un gestor de empleo en cada uno de los 22 departamentos del país. Además, se dio un enfoque rural a las Ventanillas Únicas Municipales de Empleo (VUMES) ubicadas en municipios con poco tejido empresarial, con el objetivo de brindar atención a personas que residen en áreas rurales y desempeñan actividades agrícolas. El CACIF sostiene que es necesario establecer metas anuales para las VUMES que permitan medir su alcance e impacto con la finalidad de elaborar estrategias que permitan impulsarlas y generar empleo formal en las áreas rurales. Al respecto, el Gobierno indica que la estrategia de intervención de las VUMES contiene estándares de calidad e indicares de seguimiento y medición, así como metas anuales en relación con el número de beneficiarios a atender en atención a las necesidades de cada territorio. Por otro lado, el Gobierno se refiere también a la implementación del Proyecto de Educación Rural V (PROEDUC) con el apoyo del Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania. Dicho proyecto tiene como objetivo mejorar la oferta de educación técnica con miras a promover el acceso de jóvenes de escasos recursos, especialmente rurales e indígenas, a una formación para el trabajo de calidad y orientada a las necesidades del mercado laboral. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, el Movimiento Sindical denuncia las precarias condiciones de los trabajadores en el sector agrícola. Denuncia además la existencia de trabajo infantil en dicho sector, incluyendo en empresas de palma de aceite e irregularidades en la investigación de los mismos. La Comisión pide al Gobierno que continúe enviando información sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las medidas adoptadas para promover el empleo rural, incluyendo estadísticas actualizadas, desglosadas por sexo, edad, categorías socio profesionales, sector económico y región. En relación con las preocupaciones expresadas por el Movimiento Sindical sobre las precarias condiciones de trabajo y la existencia de casos de trabajo infantil en las plantaciones, la Comisión se remite al Gobierno a sus comentarios de 2021 sobre el Convenio sobre las plantaciones, 1958 (núm. 110), y pide al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre las inspecciones realizadas en las plantaciones, que incluyan las infracciones constatadas a las normas laborales.

Observación (CEACR) - Adopción: 2016, Publicación: 106ª reunión CIT (2017)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Aplicación de una política nacional del empleo. Consultas con los interlocutores sociales. En su memoria el Gobierno menciona los principales programas y proyectos desarrollados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social a través de la Dirección General de Empleo vinculados al desarrollo de la Política Nacional de Empleo 2012-2021. La Comisión toma nota de que durante el período 2014-2016, alrededor de 100 000 personas participaron en distintos programas de empleabilidad y ferias de empleo a nivel metropolitano y regional, de las cuales más de 25 000 personas fueron colocadas en puestos de trabajo. La Comisión recuerda su observación de 2014, en la que indicó que conviene tomar en cuenta la opinión y obtener el apoyo de los interlocutores sociales para asegurarse de que los programas ejecutados generen empleos de calidad. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Política Nacional del Empleo y que indique si se han alcanzado los objetivos establecidos en la misma. Sírvase también agregar informaciones detalladas sobre las consultas llevadas a cabo con los interlocutores sociales en relación con el Convenio para tomar en cuenta sus puntos de vista y lograr su cooperación y apoyo para la ejecución de una política activa del empleo. Asimismo, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que incluya informaciones sobre las consultas que requiere el Convenio con todos los sectores interesados, en particular con quienes representan al sector rural y la economía informal.

Artículo 1, párrafo 2, c). Coordinación de la política de enseñanza y de formación con las oportunidades de empleo. La Comisión toma nota de que, según datos proporcionados por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) sobre el impacto de la formación profesional a través de la inserción laboral de los egresados, en 2014, el 71 por ciento de los egresados entrevistados estaba trabajando en la especialidad que estudiaron, mientras que para el 2015 el porcentaje fue de 72 por ciento. Asimismo, la Comisión toma nota de que, según informa el Gobierno, una de las metas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para el año 2016 es trabajar conjuntamente con el Ministerio de Economía en el diseño de un nuevo modelo de formación técnica en el marco del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo. La Comisión pide al Gobierno que informe acerca del desarrollo de este nuevo modelo de formación técnica y lo invita a seguir brindando indicaciones sobre el impacto alcanzado por los distintos planes y programas, incluidos los del INTECAP, para que cada persona que haya adquirido una formación pueda ocupar un empleo que le convenga y utilizar en dicho empleo la formación y las facultades que posea.

Artículo 2. Información relativa al mercado del trabajo. La Comisión observa que, según los resultados obtenidos en la Encuesta Nacional de Empleos e Ingresos 2016, la tasa de desempleo abierto a nivel nacional se mantiene en niveles relativamente bajos y estables, siendo del 3,1 por ciento. La Comisión observa, sin embargo, que persiste un alto nivel de la informalidad, siendo que el 69,8 por ciento de la población ocupada a nivel nacional se emplea en la economía informal. Sobresale el dominio rural nacional, dado que ocho de cada diez trabajadores están ocupados en dicho sector. La Comisión toma nota de que en octubre de 2016, representantes de la OIT y la Unión Europea presentaron el proyecto «Fortalecimiento del Impacto en el Empleo de las Políticas Sectoriales y Comerciales» que se ejecutará en Guatemala a partir de este año y que tiene por objeto reforzar la dimensión del empleo en las políticas y programas sectoriales y comerciales para fomentar la creación y la mejora del empleo en los ámbitos de la agricultura, desarrollo rural, infraestructura y energía. La Comisión pide al Gobierno que incluya informaciones detalladas sobre la situación, el nivel y las tendencias del mercado del trabajo que permitan distinguir el impacto que tienen las medidas adoptadas para favorecer el empleo de categorías particulares de trabajadores (mujeres, jóvenes, trabajadores de edad, trabajadores migrantes, personas con discapacidad, trabajadores que se encuentran en el sector rural y en la economía informal). Sírvase agregar datos actualizados sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo y del subempleo.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que en el período 2014-2015, alrededor de 1 000 jóvenes de entre 16 y 29 años provenientes de áreas en situación de pobreza extrema participaron en los programas «Beca Mi Primer Empleo» y «Escuelas Taller», en los que tuvieron acceso a capacitaciones brindadas por las propias empresas. La Comisión toma nota asimismo del programa «Empleo Juvenil», apoyado por la Unión Europea, que pretende becar a 600 jóvenes en el año 2016 para que perfeccionen su nivel de inglés. La Comisión pide al Gobierno que siga comunicando informaciones específicas sobre las medidas adoptadas para fortalecer los programas que facilitan la inserción de la población joven en el mercado laboral y el impacto de las mismas.

Empleo rural. La Comisión toma nota de que, según informa el Gobierno, dentro de los compromisos recientemente adoptados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para la promoción del empleo rural en el país, se encuentra la realización de un diagnóstico sobre empleo juvenil rural decente, por parte del Observatorio del Mercado Laboral, con la cooperación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Como resultado del diagnóstico se realizará la capacitación de al menos 100 jóvenes en las diferentes especialidades formativas que sean detectadas, facilitando con ello su inserción laboral al tejido productivo local o bien brindándoles herramientas para el autoempleo ya sea individual o asociativo. Otra de las medidas que se ejecutarán con la cooperación de la FAO es el establecimiento de una Ventanilla única municipal de empleo en el departamento de San Marcos, la cual concentrará todas las políticas, programas y proyectos en materia de empleo con enfoque rural juvenil. La Comisión pide al Gobierno que siga presentando informaciones sobre las medidas adoptadas para promover el empleo rural y su impacto, incluyendo estadísticas actualizadas, desglosadas por sexo, edad, categorías socioprofesionales, sector económico y región.

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Artículos 1 y 3 del Convenio. Ejecución de una política nacional del empleo. Consultas con los interlocutores sociales. El Gobierno indica en la memoria recibida en 2013 que lanzó la Política Nacional del Empleo en marzo de 2012 con el objetivo de mejorar el nivel de vida de las familias, creando las condiciones que promuevan la generación de empleo seguro, decente y de calidad en Guatemala. En relación con los comentarios que se formulan desde hace muchos años, la Comisión toma nota con interés del documento Efectos del comercio en el empleo: Informe Guatemala, publicado por la OIT en junio de 2013, en el marco de un proyecto financiado por la Unión Europea. Los estudios técnicos realizados y las discusiones multidisciplinarias permiten nuevamente concluir que el fomento del comercio debe incluir una perspectiva que ponga en el centro al desarrollo de los recursos humanos para fomentar las oportunidades socioeconómicas que provean empleo y salarios dignos. La Comisión recuerda que conviene tomar en cuenta la opinión y obtener el apoyo de los interlocutores sociales para asegurarse de que los programas ejecutados generen empleos de calidad. La Comisión invita al Gobierno a presentar informaciones sobre la manera en que se han alcanzado los objetivos establecidos en la Política Nacional del Empleo. Sírvase también agregar informaciones detalladas sobre las consultas destinadas a lograr la cooperación de los interlocutores sociales para ejecutar una política activa del empleo (artículo 3). Asimismo, la Comisión pide nuevamente al Gobierno que incluya informaciones sobre las consultas que requiere el Convenio con todos los sectores interesados, en particular con quienes representan al sector rural y a la economía informal.

Artículo 1, párrafo 2, c). Coordinación de la política de enseñanza y de formación con las oportunidades de empleo. La Comisión toma nota de la información proporcionada respecto a los resultados para el año 2012, de la ejecución del Programa de Formación para el Trabajo en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, El Quiché, Sololá, Quetzaltenango y Totonicapán. La Comisión invita al Gobierno a seguir brindando indicaciones sobre el impacto alcanzado por los planes y programas del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) y por aquellos ejecutados por el Ministerio de Educación, por el Sistema Nacional del Empleo, para que cada persona que haya adquirido una formación pueda ocupar un empleo que le convenga y utilizar en dicho empleo la formación y las facultades que posea.

Artículo 2. Información relativa al mercado del trabajo. La Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) consideró en las observaciones recibidas en agosto de 2013 que la información atinente al mercado laboral es inadecuada. Según la información estadística facilitada por el Gobierno en su memoria, el 97 por ciento de la población económicamente activa (PEA) se encuentra ocupada (6 055 826 personas) y la población desocupada representa el 3 por ciento de la PEA. La población subocupada visible representa el 18 por ciento de la población total ocupada (1 111 954 personas). Según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 2012, se calcula que un 25,5 por ciento de la población ocupada se encuentra en la informalidad. La Comisión invita al Gobierno a seguir incluyendo informaciones actualizadas sobre la situación, el nivel y las tendencias del mercado del trabajo que permitan distinguir el impacto que tienen las medidas adoptadas para favorecer el empleo de categorías particulares de trabajadores (mujeres, jóvenes, trabajadores que se encuentran en el sector rural y en la economía informal). Sírvase agregar datos actualizados sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo y del subempleo.

Empleo juvenil. La Comisión toma nota de que según el diagnóstico efectuado en el documento de la Política Nacional de Empleo, el país cuenta con una fuerza laboral joven y poco calificada; el 70 por ciento de la población guatemalteca tiene menos de 30 años de edad, mientras que el 53 por ciento tiene menos de 20 años. Según el Panorama Laboral 2013 publicado por la OIT, en Guatemala los jóvenes desempleados representan más de la mitad del total de desempleados. La Comisión invita al Gobierno a incluir informaciones más específicas sobre las medidas adoptadas para fortalecer los programas que facilitan la inserción de la población joven en el mercado laboral.

Empleo rural. La Comisión toma nota de que según el diagnóstico de la Política Nacional de Empleo, a pesar de los esfuerzos realizados para diversificar la producción, el sector agrícola sigue siendo el mayor empleador (37 por ciento de la PEA). En dicho sector se suelen ocupar personas con menor escolaridad y sueldos más bajos. La Comisión también toma nota de que en el documento de Política Agropecuaria 2011-2015, se contempla el fortalecimiento de las capacidades y la asistencia técnica a los productores así como la generación y transferencia tecnológica. La Comisión invita al Gobierno a presentar informaciones sobre las medidas adoptadas para promover el empleo rural.

Observación (CEACR) - Adopción: 2012, Publicación: 102ª reunión CIT (2013)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con la reducción de pobreza. En respuesta a los comentarios formulados en la observación de 2010, el Gobierno informa en una memoria recibida en septiembre de 2011 sobre los resultados del Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica (PNERE). La Comisión toma nota de que los objetivos y metas de la política de empleo del PNERE favorecieron la creación de puestos de trabajo, lo que se obtuvo mediante inversiones para financiar la construcción de infraestructura productiva y social, el otorgamiento de créditos a las pequeñas y medianas empresas y la creación de plazas en los sectores de la educación, la salud y la administración pública. El Gobierno también indica que los estímulos a la obra pública en infraestructura física y social permitieron reducir el impacto de la recesión. En la construcción de infraestructura vial se invirtieron más de 4 500 millones de quetzales (GTQ), agregándose un primer anticipo para la construcción de la Franja Transversal del Norte por 332 millones de GTQ. En educación, se equiparon cerca de 2 000 aulas, 800 servicios sanitarios y 86 nuevos centros escolares. La Comisión invita al Gobierno a comunicar en su próxima memoria informaciones actualizadas que permitan examinar la manera en que se han alcanzado las nuevas metas relativas al empleo establecidas en los programas gubernamentales.

Artículo 2. Información relativa al mercado del trabajo. La Comisión toma nota de que los datos de la encuesta de empleo e ingresos de 2010 son los primeros datos formales y oficiales del empleo para el país de los que se dispone desde la anterior encuesta en 2004. La población económicamente activa (PEA) se incrementó en un 16,3 por ciento respecto de 2004 (alcanza ahora 5 769 262 personas). Se encontraban desempleadas cerca de 202 876 personas (un 3,52 por ciento de la PEA), más de 3 400 000 personas se encuentran subempleadas o en el sector de la economía informal. La Comisión advierte que casi el 60 por ciento de la PEA se encuentra sin prestaciones legales. El Gobierno reconoce que el subempleo se convierte en uno de los problemas más graves y complejos que enfrenta el país. La gravedad reside en la magnitud y la persistencia de un fenómeno con consecuencias sociales devastadoras. La Comisión invita al Gobierno a que incluya en su próxima memoria informaciones actualizadas sobre la situación, el nivel y las tendencias del mercado del trabajo que permitan distinguir el impacto que tienen las medidas adoptadas para favorecer el empleo de los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, trabajadores que se encuentran en el sector rural y en la economía informal). La Comisión pide al Gobierno que se incluyan en la memoria datos actualizados sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, la naturaleza y extensión del desempleo y del subempleo.

Impacto de la política comercial para satisfacer las demandas de empleo. En respuesta a comentarios anteriores, el Gobierno indica que, pese a que Guatemala es un país de renta media-baja, su desempeño educativo y la falta de mecanismos de protección social son similares a los países de bajos ingresos. El Gobierno reconoce que el país gozará de los beneficios del acceso al mercado mundial si incluye estrategias de desarrollo humano como parte integral de su estrategia de crecimiento y competitividad. La estructura de las exportaciones fue cambiando durante la última década (aumentaron las exportaciones de productos manufacturados, crecieron los servicios y disminuyeron las exportaciones agrícolas). El Gobierno expresa su preocupación por que en las exportaciones predominen los productos agrícolas y las manufacturas poco sofisticadas — lo que genera empleos de baja calidad. La Comisión invita al Gobierno a que siga brindando informaciones sobre el impacto que tienen los acuerdos comerciales para la generación de empleo productivo.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno indica que para la realización del PNERE se conformó una comisión ejecutiva integrada por representantes ministeriales. En el comité de crisis figuraron representantes del sector privado, de las cooperativas y de la sociedad civil. La Comisión considera que una mayor participación de los interlocutores sociales permitiría obtener mejores resultados en materia de empleo y superar las dificultades persistentes en el mercado del trabajo. La Comisión invita al Gobierno a presentar informaciones detalladas sobre los esfuerzos realizados para celebrar las consultas con los interlocutores sociales que requiere el Convenio, consultas destinadas a diseñar y ejecutar una política activa del empleo. En este sentido, la Comisión insiste en la importancia de tomar en cuenta la opinión y obtener el apoyo de los interlocutores sociales para asegurarse de que los programas aplicados hayan generado empleos de calidad. La Comisión reitera su pedido de que se incluyan informaciones sobre las consultas con todos los sectores interesados, como son quienes representan al sector rural y al sector informal.

Coordinación de la política de enseñanza y de formación con las oportunidades de empleo. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno recuerda el papel que tienen los interlocutores sociales en la junta directiva del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) donde se definen planes y programas para cumplir con la formación profesional en el país y asistir técnicamente a las empresas para incrementar la productividad nacional. El Gobierno menciona varias iniciativas adoptadas por las autoridades y expresa que disminuyó la tasa de analfabetismo hasta el 18,46 por ciento (en 2005, la tasa de analfabetismo de los adultos rozaba el 26 por ciento). La Comisión invita al Gobierno a seguir brindando indicaciones sobre el impacto alcanzado por los planes y programas del INTECAP y por aquellos ejecutados por el Ministerio de Educación y por el Sistema Nacional del Empleo, para que cada persona que haya adquirido una formación pueda ocupar un empleo que le convenga y utilizar en este empleo esta formación y las facultades que posea (artículo 1, párrafo 2, c)).

Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de las indicaciones detalladas transmitidas por el Gobierno en la memoria recibida para el período que termina en septiembre de 2009. El Gobierno incluye el Plan General de Empleo para el período 2008-2009, mediante el cual se pretende desarrollar el potencial productivo del país. El Gobierno declara en la memoria que en este momento de crisis mundial, la labor gubernamental se encamina hacia la consecución de un desarrollo sostenible basado en el trabajo decente. En enero de 2009, se puso en marcha el Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica (PNERE) para mitigar los efectos negativos de la crisis, mediante el cual se había previsto la generación pública y privada de empleos a través de la construcción de infraestructura vial, centros de salud, hospitales y escuelas y la promoción de la inversión nacional y extranjera. Las políticas sectoriales prioritarias del Gobierno son las políticas de energía, desarrollo rural, vivienda y microcrédito. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre el impacto que tuvo el Plan General de Empleo 2008-2009 y el PNERE para crear puestos de trabajo productivos y duraderos.

La Comisión advierte que según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2008, el crecimiento del PIB fue de un 4 por ciento, en comparación con el 6,3 por ciento registrado en 2007. Según el Gobierno, en 2008, la tasa de desempleo se situaba en el 5,67 por ciento (421.451personas) siendo Guatemala, Huehuetenango y San Marcos los municipios que tuvieron mayor tasa de desempleo. Además, según Panorama Laboral 2009, como consecuencia de la crisis económica, en 2008 disminuyeron las remesas familiares, que alcanzaron un monto equivalente al 11,3 por ciento del PIB. La reducción de las exportaciones tuvo una repercusión negativa en el empleo. En el Estudio General de 2010, Instrumentos relativos al empleo, la Comisión había observado que el Gobierno intentó calcular el impacto del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (TLCCA) sobre el empleo. Algunas organizaciones de trabajadores expresaron su preocupación de que el TLCCA provocara la pérdida de numerosos empleos, especialmente en la agricultura y las pequeñas y medianas empresas, en el primer año de su aplicación (párrafo 32 del Estudio General de 2010). La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria informaciones sobre el impacto que la política comercial haya tenido para satisfacer las demandas de empleo.

Artículo 3. Fortalecimiento de instituciones del mercado del trabajo. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno informa sobre la creación del Sistema Nacional de Empleo para establecer políticas activas para la creación de empleo. El Gobierno también indica que el diseño y la formulación del Sistema Nacional de Empleo se han validado de forma tripartita. La Comisión se remite a su solicitud sobre la aplicación del Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88), en donde se expresó el interés por tener más indicaciones sobre la manera en que los interlocutores sociales cooperan en las actividades del servicio público del empleo. En este sentido, la Comisión se remite nuevamente al Estudio General de 2010, donde subrayó que el diálogo social es esencial en circunstancias normales, y más aún en tiempos de crisis. Los instrumentos sobre el empleo requieren que los Estados Miembros promuevan y participen en consultas tripartitas genuinas (párrafo 794 del Estudio General de 2010). La Comisión invita al Gobierno a indicar la manera en que los interlocutores sociales participaron en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas de empleo para superar los efectos negativos de la crisis. La Comisión pide al Gobierno que incluya informaciones sobre las consultas que requiere el Convenio con todos los sectores interesados, tales como los representantes del sector rural, de la economía informal y de los trabajadores que se encuentran afectados por el descenso de las exportaciones.

Artículo 2. Recopilación y utilización de información relativa al mercado del trabajo. La Comisión toma nota de la reactivación del Observatorio del Mercado del Trabajo. En el marco del PNERE, se realizará una encuesta trimestral de situación del empleo a nivel nacional que permita dar seguimiento a las condiciones del mercado laboral e identificar sectores productivos y áreas geográficas que requieran estímulos adicionales para preservar los puestos de trabajo. El Plan Operativo de 2009 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social estableció que se promuevan proyectos y programas para favorecer a los sectores más vulnerables como son los jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con alguna discapacidad y facilitar su inserción laboral. Pese al incremento de la participación de la mujer en el mercado laboral, según Panorama Laboral 2009, la tasa de participación activa de las mujeres sigue siendo sustancialmente inferior a la de los hombres, situándose en un 45,2 por ciento (la tasa de participación de los hombres alcanza un 82,5 por ciento). Además la tasa de analfabetismo de personas de 15 y más años de edad, se sitúa en un 25,2 por ciento, encontrándose la tasa femenina en un 32,1 por ciento y la masculina en un 18,3 por ciento. La Comisión pide al Gobierno que incluya en su próxima memoria informaciones actualizadas sobre la situación, nivel y tendencias del mercado del trabajo que permitan distinguir el impacto que han tenido las nuevas medidas adoptadas para favorecer el empleo de los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, trabajadores de edad avanzada, trabajadores rurales y de la economía informal). Para los trabajadores con discapacidades, la Comisión se remite a la solicitud que formula en relación con el Convenio núm. 159.

Coordinación de la política de enseñanza y de formación con las oportunidades de empleo. El Gobierno expresa en su memoria que se les encarga a los empresarios que manifiesten sus necesidades específicas para generar mecanismos de formación para el trabajo, según las necesidades específicas del mercado laboral. Los empresarios conocen más de cerca las necesidades de formación para incorporar trabajadores al sector productivo y manifiestan dichas necesidades dentro de las actividades del Sistema Nacional de Empleo. En su Estudio General de 2010, la Comisión puso de relieve la función cada vez más importante de los interlocutores sociales y de las instituciones de formación para la definición de estrategias de desarrollo de los recursos humanos. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria indique la manera en que los representantes de los trabajadores y de los empleadores han contribuido para desarrollar mecanismos de formación para el trabajo. La Comisión pide también al Gobierno que informe sobre el impacto alcanzado por los planes y programas del Ministerio de Educación y de INTECAP, así como aquéllos ejecutados por el Sistema Nacional del Empleo, para que las personas que hayan adquirido la formación puedan ocupar empleos que les «convenga y utilizar en este empleo la formación y las facultades que posean» (artículo 1, párrafo 2, c), del Convenio).

Observación (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

1. Artículos 1 y 2 del Convenio. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de las indicaciones detalladas transmitidas por el Gobierno en agosto de 2007 y de los ilustrativos anexos relacionados con su observación de 2006. El Gobierno indica que el componente de empleo corresponde a uno de los objetivos fundamentales del Programa de Reactivación Económica y Social. En el marco de dicho Programa, se impulsa la creación de empleo mediante la promoción de sectores claves como el turismo, las industrias agrícolas, forestales y manufactureras. Se busca además la generación de un mejor clima para atraer inversiones. La gestión integral de las acciones del sector público para reducir la pobreza y cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio se incluyen en el marco del programa Guate Solidaria Rural — según indica la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. El Gobierno menciona también el respaldo recibido de la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos (USAID) para elaborar políticas públicas que atiendan a los trabajadores de la economía informal y trabajadores migrantes de Guatemala. En la propuesta preliminar (mayo de 2007) del Programa Nacional de Trabajo Decente se ha previsto la adopción tripartita y ejecución de un Plan Nacional de Empleo y Trabajo Decente. La Comisión pide al Gobierno que, en su próxima memoria, informe sobre los progresos alcanzados por la ejecución del Plan Nacional de Empleo y Trabajo Decente de manera de asegurar que el empleo ocupa un lugar central de las políticas macroeconómicas y sociales.

2. Artículo 2. Recopilación y utilización de información relativa al empleo. La Comisión toma nota de las informaciones detalladas agregadas por la Dirección General de Empleo y el Instituto Nacional de Estadística. Los datos disponibles indicarían que la situación del empleo se mantuvo estable desde 2004. La Comisión pide al Gobierno que, teniendo en cuenta los resultados de sus encuestas más recientes sobre empleo y desempleo, incluya en su próxima memoria informaciones sobre la situación, nivel y tendencias del mercado de trabajo. La Comisión espera que los datos que se hayan reunido permitan determinar nuevas medidas que favorezcan el empleo de los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, trabajadores de edad avanzada, trabajadores rurales y de la economía informal).

3. Coordinación de la política de enseñanza y de formación con las oportunidades de empleo. La Comisión toma nota con interés de las informaciones transmitidas por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) en cuyo plan estratégico 2006-2010 se consideran aspectos tales como la certificación de las competencias, el fortalecimiento de la formación ocupacional inicial, el apoyo a los procesos administrativos y de calidad de las organizaciones, la atención a grupos vulnerables y el fortalecimiento del talento humano y de la infraestructura institucional. Por su parte, el Ministerio de Educación ha contribuido con un detallado informe sobre las medidas tomadas para mejorar el currículo nacional, la cobertura educativa, el apoyo de la competitividad — y otras medidas destinadas a mejorar las escuelas y la capacitación del personal docente. La Comisión pide al Gobierno que continúe informando sobre el impacto alcanzado por los beneficiarios de los planes y programas del Ministerio de Educación y de INTECAP para que las personas que hayan adquirido la formación necesaria puedan ocupar empleos decentes.

4. Zonas francas e impacto de los acuerdos comerciales. En respuesta a la observación de 2006, el Gobierno ha transmitido informaciones detalladas proporcionadas por la Dirección de Política Industrial del Ministerio de Economía sobre el empleo generado en las zonas francas y en las maquilas. Cerca de 200 fábricas de vestimenta ocupan a 90.335 trabajadores. El Gobierno indica además que, para estimar el impacto del empleo generado por el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (CAFTA), se recurre a la medición de la elasticidad entre el crecimiento del PIB y del empleo formal. La elasticidad crecimiento-empleo de los sectores agrícola e industrial lleva a estimar que ante un aumento del 1 por ciento del PIB en dichos sectores, el empleo habría disminuido un 0,86 por ciento en el sector agrícola y aumentado en un 2,19 por ciento en el sector industrial. Unos 700 empleos formales se habrían perdido en el sector agrícola y cerca de 4.400 empleos adicionales se habrían generado en el sector industrial en los primeros nueve meses de vigencia del CAFTA. En observaciones del Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco en defensa de los derechos de los y las trabajadores, que se transmitieron al Gobierno en septiembre de 2007, se evocó que el CAFTA conllevaría la pérdida de aproximadamente 60.000 empleos en su primer año de vigencia. La organización sindical alude también a la recrudescencia del desempleo por la pérdida de fuentes de trabajo debido a la destrucción de la agricultura nacional y de la pequeña y mediana empresa. La Comisión pide al Gobierno que siga informando sobre las medidas adoptadas para el desarrollo de infraestructuras y su impacto en la creación de empleos, así como la contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad y el impacto que han tenido los acuerdos comerciales en el mercado laboral.

5. Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno informa sobre las labores de la Subcomisión Tripartita sobre Generación de Empleo. Además, en el documento preliminar del Programa Nacional de Trabajo Decente figura como segunda prioridad la de fortalecer al Gobierno y a las organizaciones de empleadores y a las organizaciones de trabajadores, en el desarrollo de sus capacidades para la adopción y ejecución de un Plan Nacional de Empleo y Trabajo Decente y para mejorar la calidad y cobertura de los servicios que ofrecen. La Comisión insiste en que el artículo 3 del Convenio requiere que se realicen consultas con los representantes de todas las personas interesadas — y en particular, con representantes de empleadores y de trabajadores — para la elaboración y la adopción de las políticas de empleo. La Comisión estima que es responsabilidad común de los gobiernos y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los sectores más frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase el párrafo 493 del Estudio general de 2004, Promover empleo). En este sentido, la Comisión espera que la próxima memoria incluirá informaciones más concretas sobre las medidas ejecutadas como consecuencia de los consensos tripartitos alcanzados en relación con la política del empleo. La Comisión confía en que la memoria incluirá también informaciones sobre las consultas celebradas para la elaboración y aplicación de las medidas tendientes a alcanzar los objetivos del pleno empleo productivo establecidos por el Convenio, incluyendo indicaciones sobre las consultas con todos los sectores interesados, tales como los representantes del sector rural, de la economía informal y del sector de la maquila.

Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

1. Coordinación de la política del empleo con la reducción de la pobreza. La Comisión toma nota de las indicaciones detalladas transmitidas por el Gobierno en relación con los comentarios de 2004. El Gobierno menciona el documento solicitado a la Oficina Subregional de la OIT, «Orientaciones de políticas de empleo y trabajo decente en Guatemala», presentado a fines de 2004 a la Comisión Tripartita sobre Asuntos Internacionales de Trabajo, en cuyo seno se conformó una subcomisión de generación de empleo donde se analiza el documento, para enriquecerlo y reunir las opiniones de otras instancias nacionales. El Gobierno afirma que elabora una política nacional de empleo y trabajo decente destinada a promover el acceso masivo al empleo productivo, mejorar los niveles de empleo, combatir el desempleo y el subempleo, garantizar la seguridad en el empleo y de los ingresos de los trabajadores. La política de empleo y trabajo decente tiene como ejes transversales los temas de género y los pueblos indígenas. La Comisión reitera su interés por continuar recibiendo indicaciones sobre la manera en que se ha asegurado que el empleo ocupe un lugar central de las políticas macroeconómicas y sociales al elaborarse y llevarse a cabo la estrategia nacional para la reducción de la pobreza y promover trabajo decente. La Comisión considera esencial que se tomen en cuenta los objetivos del empleo, «como un objetivo de mayor importancia», desde el inicio de las discusiones para la formulación de políticas económicas y sociales, de modo que dichos objetivos formen realmente parte integrante de las políticas que se adopten (véase el párrafo 490 del Estudio general, de 2004, Promover empleo). En este sentido, la Comisión ha tomado conocimiento de la Declaración tripartita para el fomento del empleo y el trabajo decente en Centroamérica y República Dominicana, suscrita por los Ministros de Trabajo y representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en Tegucigalpa, en junio de 2005. En dicha Declaración tripartita, se acordó, entre otras orientaciones importantes, incorporar el objetivo de creación de empleos dignos, sostenibles y de calidad, según los parámetros de la OIT, en el centro de la política macroeconómica — los esfuerzos se deben concentrar no sólo en el control de la inflación y del déficit fiscal, sino también y con igual prioridad, en la promoción de la inversión y en el crecimiento con equidad. La Comisión agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, se incluyan indicaciones sobre las iniciativas que han contado con el apoyo de la OIT para promover, tanto a nivel nacional como subregional, los objetivos de creación de empleo productivo del Convenio (parte V del formulario de memoria).

2. El Gobierno ha comunicado indicaciones sobre las personas inscritas en la Bolsa Electrónica de Empleo, las plazas disponibles y las personas colocadas. Además, se han agregado informaciones sobre los avances alcanzados para certificar competencias en la actividad pirotécnica y en la industria de vestuario y textiles. La Comisión pide al Gobierno que en su próxima memoria incluya informaciones detalladas sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo indicando la medida en que afectan los sectores más vulnerables (mujeres, jóvenes, trabajadores de edad avanzada, trabajadores rurales y de la economía informal). La Comisión invita al Gobierno a indicar la medida en que se han coordinado los objetivos de la política de enseñanza y de formación profesional con las oportunidades de empleo.

3. La Comisión recuerda que se invitó al Gobierno a que informe sobre la influencia en el mercado de trabajo local de los movimientos de trabajadores migrantes temporales o permanentes. La Comisión reitera su interés por conocer las medidas adoptadas para el desarrollo de infraestructuras y su impacto en la creación de empleos, así como la contribución de las zonas francas de exportación a la creación de empleo duradero y de calidad y el impacto que han tenido los acuerdos comerciales en el mercado laboral.

4. Participación de los interlocutores sociales. El Gobierno declara que para fortalecer el diálogo en materia de empleo, se sigue promocionando los consejos de empleo en relación con la intermediación, capacitación de recursos humanos y autoempleo. Además, se informa de que la Dirección de Empleo ha realizado 16 reuniones de la Subcomisión tripartita sobre generación de empleo. La Comisión se remite nuevamente al artículo 3 del Convenio el cual requiere que se realicen consultas con los representantes de todas las personas interesadas — y en particular, con representantes de empleadores y de trabajadores — para la elaboración y la adopción de las políticas de empleo. La Comisión estima que es responsabilidad común de los gobiernos y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los sectores más frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios (véase el párrafo 493 del Estudio general, de 2004, Promover empleo). En este sentido, la Comisión reitera su interés por conocer las propuestas para la generación de empleo de los sectores empleador y trabajador, así como las medidas ejecutadas por el Gobierno como consecuencia de los consensos alcanzados. La Comisión confía en que el Gobierno continuará brindando informaciones sobre las consultas celebradas para la elaboración y aplicación de las medidas tendientes a alcanzar los objetivos del pleno empleo productivo establecidos por el Convenio, incluyendo indicaciones sobre las consultas con otros sectores interesados, tales como los representantes del sector rural, de la economía informal y del sector de la maquila.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

La Comisión se remite a su observación y agradecería al Gobierno que en su próxima memoria incluya también indicaciones en relación con los siguientes asuntos.

1. La Comisión toma nota de que mediante el acuerdo gubernativo núm. 242-2003, de 20 de abril de 2003, se ha establecido la Dirección General de Capacitación y Formación Profesional (encargada de diseñar políticas de capacitación del recurso humano y formación profesional) y la Dirección General del Empleo (encargada de diseñar la política nacional del empleo). La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas de una política activa del empleo que se han formulado y llevarán a cabo. En particular, la Comisión confía en que el Gobierno podrá mostrar que el empleo ocupa un lugar central de las políticas macroeconómicas y sociales al elaborarse y llevarse a cabo la estrategia nacional para la reducción de la pobreza. La Comisión considera esencial que se tomen en cuenta los objetivos del empleo, «como un objetivo de mayor importancia», desde el inicio de las discusiones para la formulación de políticas económicas y sociales de modo que dichos objetivos formen realmente parte integrante de las políticas que se adopten (párrafo 490 del Estudio general de 2004, Promover empleo.

2. La Comisión ha tomado nota con interés de que se han realizado arreglos con el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadística para generar encuestas nacionales trimestrales de empleo e ingresos y que se impulsa el uso de datos estadísticos, el análisis y la investigación de problemas sociales. En este sentido, la Comisión espera que el Gobierno tenga a bien seguir incluyendo en sus memorias informaciones estadísticas y evaluaciones que permitan examinar la manera en que la promoción del empleo ha sido considerado como un objetivo central de todos los mecanismos de política macroeconómica disponibles, especialmente de las políticas monetaria, presupuestaria, comercial y de desarrollo (artículos 1 y 2 del Convenio).

3. Sírvase continuar brindando informaciones sobre los progresos realizados en relación con la certificación de competencias laborales y describir la medida en que se han coordinado los objetivos de la política de enseñanza y de formación profesional con las oportunidades de empleo.

4. El Gobierno indica en su memoria que de la industrialización derivada de la maquila se pretende tener elementos competitivos en los diversos escenarios del comercio internacional, tales como el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos con Centroamérica. El Gobierno se refiere también a la migración de trabajadores agrícolas hacia Belice para el corte de caña de azúcar y al programa de migración temporal - realizado en colaboración con el Gobierno de Canadá y la Organización Internacional para las Migraciones - para la recolección de frutas y verduras en fincas canadienses. La Comisión agradecería al Gobierno que continúe informando sobre la manera en que se ajustan las medidas de política del empleo a los cambios que se producen en la política comercial. Sírvase continuar informando sobre la influencia en el mercado de trabajo local de los movimientos internacionales de trabajadores migrantes temporales o permanentes.

Observación (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

1. Participación de los interlocutores sociales en la elaboración y aplicación de políticas. La Comisión ha tomado nota con interés de las informaciones transmitidas por la memoria del Gobierno, recibida en agosto de 2003, sobre los avances celebrados en el marco de la Subcomisión tripartita de generación de empleo. Para las labores de la subcomisión, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ofreció datos estadísticos sobre el mercado laboral formal para el período 1997-2001. En el sector formal se encuentran solamente 928.000 trabajadores afiliados al IGSS - mientras que en la economía informal se ubican 2.300.000 trabajadores rurales informales y 1.600.000 trabajadores por cuenta propia. Con la asistencia de la OIT, la subcomisión estableció temas y se realizaron talleres tripartitos sobre los lineamientos de políticas de empleo para la estrategia de reducción de la pobreza en Guatemala. De acuerdo con los datos gubernamentales, seis de cada diez habitantes son pobres - siete de cada diez en el área rural - tres indígenas de cada cuatro son pobres o indigentes. Las propuestas para la generación de empleo del sector gubernamental preveían la asistencia técnica de la OIT y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para lograr la capacitación de la fuerza laboral rural pobre, el fortalecimiento de la intermediación laboral y la implementación de un sistema de estadísticas laborales. La Comisión pide al Gobierno incluir en su próxima memoria informaciones sobre las medidas adoptadas para llevar a cabo una política activa del empleo en el sentido del Convenio como consecuencia de la asistencia técnica que haya prestado la OIT.

2. La Comisión ha tomado nota de las observaciones formuladas en agosto de 2003 por la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) en relación con la aplicación del Convenio núm. 122 y que fueran transmitidas al Gobierno en octubre de 2003. UNSITRAGUA manifiesta su alarma por el incremento que ha existido tanto en los índices de desempleo como en la economía informal. UNISTRAGUA sostiene que el trabajo disponible no representa una garantía real para los trabajadores debido a que el nivel salarial se encuentra muy por debajo de la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador y su familia. La oferta de mano de obra estaría dispuesta a trabajar en condiciones muy inferiores a las mínimas que establece la legislación nacional.

3. La Comisión recuerda que el artículo 3 del Convenio requiere que se realicen consultas con todas las personas interesadas - y en particular, con representantes de empleadores y de trabajadores - para la elaboración y la adopción de las políticas de empleo. La Comisión estima que es responsabilidad común de los gobiernos y de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores velar por que los representantes de los sectores más frágiles o marginales de la población económicamente activa participen en la medida de lo posible en la elaboración y en la aplicación de unas medidas de las que deberían ser los principales beneficiarios [véase párrafo 493 del Estudio general, de 2004, Promover empleo]. En este sentido, la Comisión desearía conocer las propuestas para la generación de empleo de los sectores empleador y trabajador, así como las medidas ejecutadas por el Gobierno como consecuencia de los consensos alcanzados. En general, la Comisión confía en que el Gobierno continuará brindando informaciones sobre las consultas celebradas para la elaboración y aplicación de las medidas tendientes a alcanzar los objetivos del pleno empleo productivo establecidos por el Convenio incluyendo consultas con otros sectores interesados, tales como los representantes del sector rural, de la economía informal y del sector de la maquila.

4. En una solicitud directa, la Comisión continúa el examen de la aplicación del Convenio en relación con la formulación de políticas económicas y sociales; la coordinación de los objetivos de la política de enseñanza y de formación profesional con las oportunidades de empleo; la creación de empleo en la industria de la maquila y la influencia en el mercado de trabajo local de los movimientos internacionales de trabajadores migrantes temporales o permanentes.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2002, Publicación: 91ª reunión CIT (2003)

1. La Comisión toma nota de las memorias del Gobierno, recibidas en septiembre de 2001 y agosto de 2002, y de los anexos estadísticos que acompañan la última memoria del Gobierno. La Comisión toma nota de que mediante acuerdo gubernativo núm. 872-2000 de 28 de diciembre de 2000, se buscó modernizar la organización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social creándose la Dirección General de Capacitación, Formación Profesional y Empleo (DICAFORE). El Gobierno reconoce que la prolongada crisis económica ha determinado elevados niveles de desempleo abierto y subempleo y una reducción significativa del ingreso real de los trabajadores. El Gobierno se propone elaborar una estrategia de generación de empleo y de ingresos provenientes de la agroindustria, la industria y los servicios, conforme a esquemas apropiados al medio rural y la preservación de los recursos naturales. El Gobierno menciona también los programas de radio denominados: Tiempo para el empleo, el diseño del observatorio de empleo del mercado de trabajo o la realización de cuatro kioscos de empleo - sin agregar indicaciones precisas sobre la cobertura de los programas ejecutados, el impacto de los talleres realizados o la manera en que se han utilizado las estadísticas recopiladas para elaborar medidas destinadas a promover empleo. La Comisión solicita nuevamente al Gobierno que facilite, en su próxima memoria, informes, estudios y encuestas, datos estadísticos, de manera de permitirle apreciar la naturaleza, extensión y tendencias del desempleo y subempleo, así como las repercusiones sobre el empleo de las medidas gubernamentales de política económica y social (parte VI del formulario de memoria). Sírvase asimismo precisar las medidas de política de empleo que se han formulado y llevarán a cabo en los planes de Gobierno (artículo 1 del Convenio). En particular, la Comisión solicita al Gobierno que indique la manera en que las medidas destinadas a fomentar el desarrollo económico o lograr otros objetivos económicos y sociales han tomado en consideración su impacto sobre el mercado de trabajo (artículo 2).

2. Sírvase describir las actividades realizadas por la DICAFORE en relación con la capacitación de los recursos humanos, la formación profesional y la certificación oficial de las competencias laborales. Sírvase precisar la medida en que se han coordinado los objetivos de la política de enseñanza y de formación profesional con las oportunidades de empleo.

3. La Comisión agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, agregue datos sobre la evolución del empleo en el sector de la maquila y del café así como las medidas que se hayan podido adoptar para reorientar en el mercado de trabajo a los/as trabajadores/as afectados por las pérdidas de puestos en dichos sectores.

4. Artículo 3. El Gobierno indica en la memoria recibida en agosto de 2002 que se han conformado los Consejos de Empleo, en tanto que órganos de carácter consultivo, dependiente del Ministerio de Trabajo, facultado para tomar decisiones de índole técnica y política en materia de empleo, integrados por representantes de empleadores y de trabajadores que actúan en el territorio nacional. La Comisión recuerda que las consultas que requiere el Convenio deben versar sobre las medidas que se hayan de adoptar en relación con la política del empleo con el objeto de tener plenamente en cuenta las experiencias y opiniones de las personas consultadas y, además, lograr su plena cooperación en la labor de formular la citada política y de obtener el apoyo necesario para su ejecución. Las consultas con representantes de las personas interesadas debieran incluir sobre todo a representantes de los empleadores y de los trabajadores, y también a representantes de otros sectores de la población activa, tales como aquellos que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado. La Comisión confía en que el Gobierno tendrá a bien incluir en su próxima memoria ejemplos de las recomendaciones formuladas por los consejos de empleo en relación con las consultas que requiere esta importante disposición del Convenio.

5. Parte V del formulario de memoria. La Comisión toma nota de la asistencia recibida en el marco del proyecto de modernización de las Administraciones del Trabajo de América Central (MATAC) que auspicia un intercambio de experiencias entre los servicios públicos de empleo de la región. La Comisión solicita al Gobierno que en su próxima memoria también incluya informaciones sobre las acciones emprendidas como resultado de la asistencia técnica de la OIT en materia de políticas de empleo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

La Comisión toma nota de que no se ha recibido la memoria del Gobierno. La Comisión espera que se envíe una memoria para examinarla en su próxima reunión y que dicha memoria contenga informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en su solicitud directa anterior, que estaba redactada del modo siguiente:

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que finalizó en junio de 1998. La Comisión agradecería al Gobierno que se sirva facilitar, en su próxima memoria, informes, estudios y encuestas, datos estadísticos, de manera de permitirle apreciar la naturaleza, extensión y tendencias del desempleo y subempleo, así como las repercusiones sobre el empleo de las medidas gubernamentales de política económica y social (parte VI del formulario de memoria). Sírvase asimismo indicar si se han alcanzado los objetivos del empleo fijados por el Plan de Acción de Desarrollo Social 1996-2000 y precisar las medidas de política de empleo que se han formulado y llevarán a cabo en futuros planes y programas de desarrollo (artículo 1 del Convenio). En particular, la Comisión agradecería al Gobierno que indique la manera en que las medidas destinadas a fomentar el desarrollo económico o lograr otros objetivos económicos y sociales han tomado en consideración su impacto sobre el mercado de trabajo (artículo 2).

2. La Comisión toma nota con interés que se viene ejecutando un Programa Nacional para el Fomento de la Microempresa y Pequeña Empresa tendiente a reducir el subempleo en la medida en que los beneficiados pasan a ser autoempleados. La Comisión ruega al Gobierno que continúe facilitando informaciones sobre el empleo duradero creado en el marco del mencionado programa. El Gobierno puede considerar útil consultar las disposiciones de la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189).

3. Sírvase aportar indicaciones (incluyendo datos estadísticos y categorías de trabajadores beneficiarios) sobre la manera en que los fondos sociales - que evoca el Gobierno en su memoria - han contribuido a la creación de empleo duradero en favor de las comunidades.

4. Sírvase continuar comunicando informaciones sobre las medidas tomadas en favor de la generación de empleo productivo por la Unidad de Asistencia Social a Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sírvase también precisar si se han tomado medidas en favor de la inserción duradera en el mercado de trabajo de mujeres y jóvenes que buscan un primer empleo.

5. Sírvase comunicar datos sobre los resultados en materia de empleo alcanzados por los programas de reinserción laboral de los desmovilizados y los programas para trabajadores migrantes.

6. La Comisión ha tomado nota con interés de la memoria de labores de 1996 del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP). La Comisión solicita al Gobierno que continúe comunicando ese tipo de información y, en particular, que indique en qué medida se han alcanzado los objetivos de la política de enseñanza y de formación profesional en relación con las oportunidades de empleo.

7. Artículo 3. La Comisión vuelve a recordar que las consultas exigidas en virtud de esta disposición del Convenio deberían extenderse al conjunto de los aspectos de la política económica y social que tienen una incidencia sobre el empleo; y asociar, además de los representantes de los empleadores y de los trabajadores, a representantes de otros sectores de la población activa, tales como las personas que trabajan en el sector rural o en el sector informal. La Comisión invita al Gobierno a comunicar informaciones sobre el efecto dado a esta importante disposición del Convenio. Sírvase precisar si ha funcionado el Consejo Consultivo del Departamento Nacional del Empleo, tal como el Gobierno lo vienen evocando desde sus anteriores memorias.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que finalizó en junio de 1998. La Comisión agradecería al Gobierno que se sirva facilitar, en su próxima memoria, informes, estudios y encuestas, datos estadísticos, de manera de permitirle apreciar la naturaleza, extensión y tendencias del desempleo y subempleo, así como las repercusiones sobre el empleo de las medidas gubernamentales de política económica y social (parte VI del formulario de memoria). Sírvase asimismo indicar si se han alcanzado los objetivos del empleo fijados por el Plan de Acción de Desarrollo Social 1996-2000 y precisar las medidas de política de empleo que se han formulado y llevarán a cabo en futuros planes y programas de desarrollo (artículo 1 del Convenio). En particular, la Comisión agradecería al Gobierno que indique la manera en que las medidas destinadas a fomentar el desarrollo económico o lograr otros objetivos económicos y sociales han tomado en consideración su impacto sobre el mercado de trabajo (artículo 2).

2. La Comisión toma nota con interés que se viene ejecutando un Programa Nacional para el Fomento de la Microempresa y Pequeña Empresa tendiente a reducir el subempleo en la medida en que los beneficiados pasan a ser autoempleados. La Comisión ruega al Gobierno que continúe facilitando informaciones sobre el empleo duradero creado en el marco del mencionado programa. El Gobierno puede considerar útil consultar las disposiciones de la Recomendación sobre la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas, 1998 (núm. 189).

3. Sírvase aportar indicaciones (incluyendo datos estadísticos y categorías de trabajadores beneficiarios) sobre la manera en que los fondos sociales -- que evoca el Gobierno en su memoria -- han contribuido a la creación de empleo duradero en favor de las comunidades.

4. Sírvase continuar comunicando informaciones sobre las medidas tomadas en favor de la generación de empleo productivo por la Unidad de Asistencia Social a Trabajadores del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Sírvase también precisar si se han tomado medidas en favor de la inserción duradera en el mercado de trabajo de mujeres y jóvenes que buscan un primer empleo.

5. Sírvase comunicar datos sobre los resultados en materia de empleo alcanzados por los programas de reinserción laboral de los desmovilizados y los programas para trabajadores migrantes.

6. La Comisión ha tomado nota con interés de la memoria de labores de 1996 del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP). La Comisión solicita al Gobierno que continúe comunicando ese tipo de información y, en particular, que indique en qué medida se han alcanzado los objetivos de la política de enseñanza y de formación profesional en relación con las oportunidades de empleo.

7. Artículo 3. La Comisión vuelve a recordar que las consultas exigidas en virtud de esta disposición del Convenio deberían extenderse al conjunto de los aspectos de la política económica y social que tienen una incidencia sobre el empleo; y asociar, además de los representantes de los empleadores y de los trabajadores, a representantes de otros sectores de la población activa, tales como las personas que trabajan en el sector rural o en el sector informal. La Comisión invita al Gobierno a comunicar informaciones sobre el efecto dado a esta importante disposición del Convenio. Sírvase precisar si ha funcionado el Consejo Consultivo del Departamento Nacional del Empleo, tal como el Gobierno lo vienen evocando desde sus anteriores memorias.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

1. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que finaliza en junio de 1996, que contiene informaciones detalladas en respuesta a su solicitud anterior y comunica una documentación útil en anexo. La Comisión toma nota de que, según el Gobierno, la pobreza, el desempleo y el subempleo se deben esencialmente a la falta de inversión productiva. La tasa de desempleo abierto alcanzaba 4,3 por ciento en 1995, pero la característica principal del mercado del empleo sigue siendo el subempleo de la mayoría de los trabajadores en empleos poco calificados, poco productivos y mal remunerados.

2. La Comisión observa con interés que los objetivos del Plan de Acción 1996-2000 del Gobierno en materia de elevación de niveles de vida, de lucha contra el subempleo y de libre elección del empleo se conforman en gran parte con los del Convenio. Además, la Comisión toma nota de las estipulaciones pertinentes del Acuerdo sobre los aspectos socioeconómicos y situación agraria suscrito en mayo de 1996, en el marco de los Acuerdos de Paz. La Comisión toma nota de que el Plan de Acción de Desarrollo Social se propone en particular reducir a 45 por ciento la tasa de subempleo y alcanzar una tasa de actividad de 30 por ciento para las mujeres. La Comisión solicita al Gobierno se sirva indicar en su próxima memoria los primeros resultados obtenidos en la consecución de dichos objetivos, mediante la descripción de las medidas puestas en práctica y precisando las dificultades enfrentadas. La Comisión invita al Gobierno a seguir adjuntando a sus memorias ejemplares de informes, encuestas o estudios que analicen las repercusiones de las medidas de política económica y social sobre el empleo.

3. Además, la Comisión ha tomado nota con interés de la memoria de labores de 1995 del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP). La Comisión solicita al Gobierno se sirva seguir comunicando ese tipo de información, e indicar en qué medida se han alcanzado los objetivos de la política de enseñanza y de formación profesional.

4. Sírvase facilitar informaciones detalladas sobre la puesta en práctica de las medidas destinadas a fomentar la inserción duradera de las mujeres en el empleo productivo. Sírvase indicar si se prevén programas específicos para los jóvenes que buscan su primer empleo.

5. Sírvase describir los progresos realizados en lo que se refiere a la cooperación entre la Oficina Nacional del Empleo y los servicios privados de colocación a fin de dar una mejor atención a las necesidades de los trabajadores del sector informal, habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los Convenios núms. 88 y 96.

6. Sírvase seguir facilitando informaciones sobre las actividades desarrolladas en materia de migraciones para el empleo, y en particular sobre la ejecución del proyecto piloto Tecun Umán.

7. En relación con sus comentarios anteriores, la Comisión toma nota con interés de la creación del Consejo Consultivo del Departamento Nacional del Empleo. La Comisión agradecería al Gobierno se sirviera indicar si recurrió, como lo tenía previsto, a la asistencia del equipo técnico multidisciplinario de la OIT de San José (Costa Rica) para mejorar el funcionamiento de dicho Consejo. La Comisión recuerda a este respecto que las consultas exigidas en virtud del artículo 3 del Convenio deberían extenderse al conjunto de los aspectos de la política económica y social que tienen una incidencia sobre el empleo, y asociar, además de los representantes de los empleadores y de los trabajadores, a representantes de otros sectores de la población activa, tales como las personas que trabajan en el sector rural o en el sector informal. La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando informaciones sobre el efecto dado a esta disposición esencial del Convenio.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 82ª reunión CIT (1995)

La Comisión toma nota de que no ha sido recibida la correspondiente memoria. La Comisión espera que una memoria será enviada para examinarla en su próxima reunión y que dicha memoria contendrá informaciones completas acerca de las cuestiones planteadas en su solicitud directa anterior que estaba así redactada:

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que termina en junio de 1992. La Comisión le agradece al Gobierno haber transmitido anexo a su memoria los boletines de estadísticas del trabajo para 1990 y 1991. Se desprende de los datos comunicados que sólo cerca de un 33 por ciento de la población activa puede ser considerada como plenamente ocupada, mientras que el subempleo afecta a un 60 por ciento de la población y al resto se la considera desocupada. Estos datos confirman que hay en Guatemala una proporción muy alta de su población inserta en actividades de bajos niveles de productividad e ingresos, habiéndose comprobado un incremento de la extensión e intensidad de la pobreza y de precarización del trabajo. En un documento de trabajo del PREALC, Guatemala: políticas de empleo e ingresos en el marco del Pacto Social, septiembre de 1992, se sugiere que los costos y beneficios de los procesos de ajuste y recuperación económica durante el período 1986-1989, no se distribuyeron equitativamente entre los diferentes grupos de la sociedad.

1. Artículo 1 del Convenio. En su comentario anterior, la Comisión había solicitado al Gobierno que indique el grado en que se alcanzarían los objetivos de empleo que figuraban entre las políticas y acciones del Departamento Nacional de Empleo. En su respuesta, el Gobierno declara que sólo en un mediano plazo se espera alcanzar los objetivos de empleo, ya que por limitaciones económicas derivadas de un presupuesto relativamente corto, no era posible impulsar esas acciones con la celeridad que sería de desear. La Comisión confía en que el Gobierno incluirá en su próxima memoria precisiones sobre las dificultades particulares que se han presentado para alcanzar los objetivos del pleno empleo productivo e indicará en qué medida se han superado estas dificultades.

El Gobierno puede estimar útil referirse a las disposiciones de las Recomendaciones núms. 122 y 169 - que complementan al Convenio núm. 122 y cuyo texto se reproduce en el formulario de memoria para el Convenio -, las cuales contienen orientaciones generales sobre la manera en que se puede formular una política del empleo, en el sentido del Convenio.

Sírvase asimismo agregar a la próxima memoria los textos que definan la política del empleo que se está llevando a cabo en la actualidad.

2. El Gobierno indica que en 1993 se impulsará un plan de regionalización para crear oficinas-sedes de empleo y formación profesional en diferentes departamentos del país. Sírvase indicar, en su próxima memoria, las actividades desarrolladas por las nuevas dependencias para intervenir en los mercados de trabajo de manera de hacer frente a las necesidades particulares de los trabajadores de las distintas regiones, así como de aquellos que se encuentran en el sector informal, tanto en el sector urbano como en el sector rural. La Comisión invita al Gobierno a referirse a las disposiciones contenidas en los Convenios núm. 88 sobre servicio de empleo, 1948; y núm. 96 sobre agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 - ambos ratificados por Guatemala y en los comentarios en curso formulados por la Comisión.

3. La Comisión toma nota de que se ha reemplazado la compensación económica por tiempo de servicio, por una bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público (decreto núm. 42-92, del Congreso de la República, de 2 de julio de 1992). La Comisión agradecería al Gobierno que indique el número de trabajadores afectados por el mencionado texto y la cantidad de trabajadores que han podido recobrar su empleo.

4. La Comisión toma nota con interés de que en agosto de 1991 comenzó la ejecución de un proyecto de la OIT en favor del "apoyo a la inserción laboral y al desarrollo de actividades generadoras de ingreso de las personas con discapacidades". Agradecería al Gobierno que incluya indicaciones sobre los resultados alcanzados por dicho proyecto y su impacto sobre el empleo de los inválidos. La Comisión sugiere nuevamente al Gobierno que consulte, si lo considera útil, las disposiciones de los instrumentos de la OIT de 1983 sobre readaptación profesional y empleo de las personas inválidas (Convenio núm. 159 y Recomendación núm. 168).

5. El Gobierno indica en su memoria que la Oficina Nacional de la Mujer estudia la puesta en marcha de proyectos que protejan a la mujer y al menor trabajador. De los datos estadísticos transmitidos por el Gobierno, se deduce que la situación de las mujeres y de los jóvenes trabajadores es particularmente preocupante. Sírvase indicar si se han previsto programas de empleo específicos para mujeres y jóvenes trabajadores que se encuentran desocupados.

6. En su memoria anterior, el Gobierno había mencionado un programa de orientación y formación profesional. La Comisión había solicitado indicaciones sobre las medidas adoptadas para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo. En este sentido, la Comisión se permite solicitar al Gobierno tener a bien incluir datos sobre las tareas desarrolladas por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), en favor de la capacitación profesional y la inserción laboral. Sobre este asunto, el Gobierno puede considerar útil referirse a los instrumentos sobre el desarrollo de los recursos humanos a los cuales consagró su Estudio general de 1991.

7. Artículo 2. La Comisión reitera su satisfacción por la calidad de los datos estadísticos transmitidos por el Gobierno. Comprueba que, con la asistencia del proyecto GUA/87/024 de la OIT, el Gobierno ha alcanzado una capacidad de procesamiento y almacenaje de datos que le permiten conocer la situación del mercado del trabajo. Estos conocimientos deberían asistirlo, de acuerdo con el artículo 2, a) del Convenio, para "determinar y revisar regularmente las medidas (de política del empleo) que habrá de adoptar". Las medidas de política del empleo deberán hacer parte de una política económica y social coordinada.

En su memoria, el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social forma parte del gabinete social, y que su política de empleo tiene que ser decidida y cumplida en el marco de la política económica y social acordada por el Gobierno. La Comisión ruega al Gobierno seguir agregando a su memoria informes, estudios y encuestas, datos estadísticos, etc., que le permitan comprender mejor la manera en que se han tomado en cuenta las repercusiones sobre el empleo de las otras medidas de política económica y social adoptadas.

8. Artículo 3. El Gobierno indica en su memoria que en el marco del Consejo Consultivo del Departamento Nacional del Empleo y Formación Profesional, el cual se integra en forma tripartita, se daría la consulta que requiere esta importante disposición del Convenio. La Comisión ruega al Gobierno tener a bien incluir en su próxima memoria ejemplos de la manera en que se han tomado en cuenta las "experiencias y opiniones" de los representantes de los empleadores y de los trabajadores en el seno del Consejo Consultivo mencionado, y de los resultados alcanzados por sus deliberaciones y recomendaciones.

La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contendrá informaciones sobre cualesquiera otras iniciativas tomadas para promover las consultas en materia de política del empleo, consultas que pueden abarcar a representantes de otros sectores de la población económicamente activa tales como los que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado.

9. Parte V del formulario de memoria. La Comisión se refiere al documento antes mencionado del PREALC, de septiembre de 1992, sobre la política de empleo y de ingresos en el marco del Pacto Social. La Comisión agradecería al Gobierno que indique la consideración que reservó a los análisis, sugerencias y consejos que contiene dicho documento.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

La Comisión tomó nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período comprendido entre julio de 1993 y junio de 1994, recibida en junio de 1995. La memoria del Gobierno, a diferencia de las comunicadas anteriormente, no incluye datos estadísticos ni documentos que le permitan a la Comisión apreciar plenamente la manera en que se dan efecto a las disposiciones del Convenio. Si bien la Comisión puede comprender que, tal como lo declara el Gobierno, dadas las dificultades económicas que persisten en el país, no ha sido posible superar los obstáculos para alcanzar los objetivos de pleno empleo, productivo y libremente escogido, mucho apreciaría que al preparar la próxima memoria detallada sobre la aplicación del Convenio, el Gobierno no escatime esfuerzos para obtener las indicaciones que requiere el formulario de memoria correspondiente. En este sentido, se apreciarían informaciones sobre la situación, nivel y tendencias del empleo, desempleo y subempleo en el país, indicando la medida en que afectan a las categorías particulares de trabajadores que suelen tener dificultades para encontrar empleo duradero, en particular las mujeres, los menores que trabajan, los jóvenes que desean ingresar en el mercado del trabajo, los trabajadores rurales y campesinos. Refiriéndose nuevamente a los puntos planteados en sus solicitudes directas anteriores, la Comisión apreciaría además que en la próxima memoria se aborden también los siguientes asuntos:

1. Artículo 1 del Convenio. Sírvase agregar los textos que hayan definido la política activa destinada a fomentar el pleno empleo productivo y libremente elegido que actualmente se esté llevando a cabo.

2. La Comisión toma nota de que se está desarrollando un proyecto piloto en Tecún Umán para el registro y control de los trabajadores agrícolas guatemaltecos que temporalmente son contratados para prestar sus servicios en las fincas del sur del Estado de Chiapas (México). Sírvase indicar los resultados alcanzados por dicho proyecto para velar por que las migraciones tengan lugar en condiciones en que se promueva el pleno empleo, productivo y libremente elegido (el Gobierno puede considerar útil referirse al párrafo 39, b), de la Recomendación sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984 (núm. 169).

3. Teniendo presente los comentarios relacionados con la aplicación del Convenio sobre el servicio del empleo, 1948 (núm. 88) y del Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (núm. 96), la Comisión le agradecería al Gobierno tener a bien de indicar la manera en que cuenta intervenir en el mercado del trabajo para hacer frente a las necesidades particulares de los trabajadores que se encuentran en el sector informal, tanto en el sector urbano como en el sector rural.

4. La Comisión se felicita de que se haya ratificado el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159), y espera poder continuar recibiendo indicaciones sobre la inserción laboral de las personas con incapacidades al examinar las memorias sobre la aplicación del mencionado Convenio.

5. El Gobierno indica que dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social se han creado la Unidad de Protección al Menor Trabajador y la Unidad de Protección y Capacitación de la Mujer Trabajadora, las cuales habrían previsto soluciones respecto de las mujeres y jóvenes trabajadores desocupados. Sírvase comunicar mayores indicaciones sobre los programas emprendidos y los resultados alcanzados para lograr que mujeres y jóvenes trabajadores encuentren empleo duradero.

6. Sírvase agregar informaciones sobre los programas de capacitación ejecutados por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), así como las medidas para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo. La Comisión recuerda que sobre este asunto el Gobierno puede considerar útil referirse a los instrumentos sobre el desarrollo de los recursos humanos (Convenio sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142) y Recomendación sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 150)) a los cuales consagró su Estudio general de 1991.

7. Artículo 2. En sus comentarios anteriores, habiendo mostrado su satisfacción por la calidad de los datos estadísticos transmitidos por el Gobierno, la Comisión había expresado su esperanza de que el procesamiento de la información estadística laboral le permitiría al Gobierno estar en condiciones para que, de acuerdo con el artículo 2, a), del Convenio, se determinen y revisen regularmente las medidas de política del empleo que se habrían de adoptar. Las medidas de política del empleo deberían hacer parte de una política económica y social coordinada. En su memoria, el Gobierno señala que la situación no se ha modificado desde la memoria anterior. En estas circunstancias, la Comisión ruega al Gobierno que agregue indicaciones que le permitan comprender mejor la manera en que se han tomado en cuenta las repercusiones sobre el empleo del conjunto de las medidas de política económica y social adoptadas.

8. Artículo 3. El Gobierno indica en su memoria que desafortunadamente no se logró la integración del Consejo Consultivo del Departamento Nacional del Empleo, pero que esa dependencia continuaba trabajando en el tema. La Comisión subraya la importancia que tienen las consultas con los representantes de las personas interesadas sobre las medidas de política del empleo que se hayan de adoptar. En este sentido, no puede sino confiar en que el Gobierno hará cuantos esfuerzos estén a su alcance para que se efectúen las consultas que requiere el Convenio, consultas que pueden abarcar a representantes de otros sectores de la población económicamente activa tales como los del sector rural y los del sector no estructurado. La Comisión agradecería al Gobierno que incluya indicaciones completas sobre los resultados alcanzados a este respecto.

Por último, la Comisión considera conveniente recordar, tal como lo establece el formulario de memoria, que muchos aspectos de una política activa del empleo rebasan la competencia del ministerio encargado de asuntos laborales, de tal modo que la preparación de una memoria puede exigir consultas con los demás ministerios u organismos gubernamentales involucrados, como son, por ejemplo, aquellos que se ocupan de la planificación, la economía y la estadística. La Comisión no duda en que el Gobierno recabará sus informaciones para estar en condiciones de comunicar una memoria detallada y completa, recurriendo también, si lo considera conveniente, a los consejos y asistencia que en este campo le podrían brindar los servicios de la Oficina de Area y del Equipo técnico multidisciplinario de la Oficina.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que termina en junio de 1992. La Comisión le agradece al Gobierno haber transmitido anexo a su memoria los boletines de estadísticas del trabajo para 1990 y 1991. Se desprende de los datos comunicados que sólo cerca de un 33 por ciento de la población activa puede ser considerada como plenamente ocupada, mientras que el subempleo afecta a un 60 por ciento de la población y al resto se la considera desocupada. Estos datos confirman que hay en Guatemala una proporción muy alta de su población inserta en actividades de bajos niveles de productividad e ingresos, habiéndose comprobado un incremento de la extensión e intensidad de la pobreza y de precarización del trabajo. En un documento de trabajo del PREALC, Guatemala: políticas de empleo e ingresos en el marco del Pacto Social, septiembre de 1992, se sugiere que los costos y beneficios de los procesos de ajuste y recuperación económica durante el período 1986-1989, no se distribuyeron equitativamente entre los diferentes grupos de la sociedad.

1. Artículo 1 del Convenio. En su comentario anterior, la Comisión había solicitado al Gobierno que indique el grado en que se alcanzarían los objetivos de empleo que figuraban entre las políticas y acciones del Departamento Nacional de Empleo. En su respuesta, el Gobierno declara que sólo en un mediano plazo se espera alcanzar los objetivos de empleo, ya que por limitaciones económicas derivadas de un presupuesto relativamente corto, no era posible impulsar esas acciones con la celeridad que sería de desearse. La Comisión confía en que el Gobierno incluirá en su próxima memoria precisiones sobre las dificultades particulares que se han presentado para alcanzar los objetivos del pleno empleo productivo e indicará en qué medida se han superado estas dificultades. El Gobierno puede estimar útil referirse a las disposiciones de las Recomendaciones núms. 122 y 169 - que complementan al Convenio núm. 122 y cuyo texto se reproduce en el formulario de memoria para el Convenio -, las cuales contienen orientaciones generales sobre la manera en que se puede formular una política del empleo, en el sentido del Convenio. Sírvase asimismo agregar a la próxima memoria los textos que definan la política del empleo que se está llevando a cabo en la actualidad.

2. El Gobierno indica que en 1993 se impulsará un plan de regionalización para crear oficinas-sedes de empleo y formación profesional en diferentes departamentos del país. Sírvase indicar, en su próxima memoria, las actividades desarrolladas por las nuevas dependencias para intervenir en los mercados de trabajo de manera de hacer frente a las necesidades particulares de los trabajadores de las distintas regiones, así como de aquellos que se encuentran en el sector informal, tanto en el sector urbano como en el sector rural. La Comisión invita al Gobierno a referirse a las disposiciones contenidas en los Convenios núm. 88 sobre servicio de empleo, 1948; y núm. 96 sobre agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 - ambos ratificados por Guatemala y en los comentarios en curso formulados por la Comisión.

3. La Comisión toma nota de que se ha reemplazado la compensación económica por tiempo de servicio, por una bonificación anual para los trabajadores del sector privado y público (decreto núm. 42-92, del Congreso de la República, de 2 de julio de 1992). La Comisión agradecería al Gobierno que indique el número de trabajadores afectados por el mencionado texto y la cantidad de trabajadores que han podido recobrar su empleo.

4. La Comisión toma nota con interés de que en agosto de 1991 comenzó la ejecución de un proyecto de la OIT en favor del "apoyo a la inserción laboral y al desarrollo de actividades generadoras de ingreso de las personas con discapacidades". Agradecería al Gobierno que incluya indicaciones sobre los resultados alcanzados por dicho proyecto y su impacto sobre el empleo de los inválidos. La Comisión sugiere nuevamente al Gobierno que consulte, si lo considera útil, las disposiciones de los instrumentos de la OIT de 1983 sobre readaptación profesional y empleo de las personas inválidas (Convenio núm. 159 y Recomendación núm. 168).

5. El Gobierno indica en su memoria que la Oficina Nacional de la Mujer estudia la puesta en marcha de proyectos que protejan a la mujer y al menor trabajador. De los datos estadísticos transmitidos por el Gobierno, se deduce que la situación de las mujeres y de los jóvenes trabajadores es particularmente preocupante. Sírvase indicar si se han previsto programas de empleo específicos para mujeres y jóvenes trabajadores que se encuentran desocupados.

6. En su memoria anterior, el Gobierno había mencionado un programa de orientación y formación profesional. La Comisión había solicitado indicaciones sobre las medidas adoptadas para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo. En este sentido, la Comisión se permite solicitar al Gobierno tener a bien incluir datos sobre las tareas desarrolladas por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), en favor de la capacitación profesional y la inserción laboral. Sobre este asunto, el Gobierno puede considerar útil referirse a los instrumentos sobre el desarrollo de los recursos humanos a los cuales consagró su Estudio general de 1991.

7. Artículo 2. La Comisión reitera su satisfacción por la calidad de los datos estadísticos transmitidos por el Gobierno. Comprueba que, con la asistencia del proyecto GUA/87/024 de la OIT, el Gobierno ha alcanzado una capacidad de procesamiento y almacenaje de datos que le permiten conocer la situación del mercado del trabajo. Estos conocimientos deberían asistirlo, de acuerdo con el artículo 2, a) del Convenio, para "determinar y revisar regularmente las medidas (de política del empleo) que habrá de adoptar". Las medidas de política del empleo deberán hacer parte de una política económica y social coordinada.

En su memoria, el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social forma parte del gabinete social, y que su política de empleo tiene que ser decidida y cumplida en el marco de la política económica y social acordada por el Gobierno. La Comisión ruega al Gobierno seguir agregando a su memoria informes, estudios y encuestas, datos estadísticos, etc., que le permitan comprender mejor la manera en que se han tomado en cuenta las repercusiones sobre el empleo de las otras medidas de política económica y social adoptadas.

8. Artículo 3. El Gobierno indica en su memoria que en el marco del Consejo Consultivo del Departamento Nacional del Empleo y Formación Profesional, el cual se integra en forma tripartita, se daría la consulta que requiere esta importante disposición del Convenio. La Comisión ruega al Gobierno tener a bien incluir en su próxima memoria ejemplos de la manera en que se han tomado en cuenta las "experiencias y opiniones" de los representantes de los empleadores y de los trabajadores en el seno del Consejo Consultivo mencionado, y de los resultados alcanzados por sus deliberaciones y recomendaciones.

La Comisión espera que la próxima memoria del Gobierno contendrá informaciones sobre cualesquiera otras iniciativas tomadas para promover las consultas en materia de política del empleo, consultas que pueden abarcar a representantes de otros sectores de la población económicamente activa tales como los que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado.

9. Parte V del formulario de memoria. La Comisión se refiere al documento antes mencionado de PREALC, de septiembre de 1992, sobre la política de empleo y de ingresos en el marco del Pacto Social. La Comisión agradecería al Gobierno que indique la consideración que reservó a los análisis, sugerencias y consejos que contiene dicho documento.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

La Comisión ha tomado nota de la primera memoria del Gobierno sobre la aplicación del Convenio. El Gobierno transmite un documento elaborado por el Departamento Nacional de Empleo y Formación Profesional en el que se enumeran las políticas y acciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social dentro del campo del empleo-ingreso. Asimismo, se refiere al diseño de una propuesta de reestructura para el Departamento Nacional de Empleo que, según indica, incluye acciones contenidas dentro del Convenio núm. 122, las que permitirían el análisis de las características de las ofertas de empleo y la perspectiva de un mejor conocimiento del mercado laboral a corto plazo.

La Comisión ha recibido también informaciones del Programa de Empleo para América Latina (PREALC), quien brindó al Gobierno asistencia técnica a través del proyecto GUA/87/024 Fortalecimiento del Ministerio de Trabajo en administración del trabajo, legislación y empleo. La Comisión ha tomado conocimiento del documento Medición, análisis y formulación de políticas del empleo y los ingresos en Guatemala, publicado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en noviembre en 1988.

La Comisión agradecería al Gobierno que, en su próxima memoria, se sirva brindar las informaciones que requiere el formulario de memoria, en particular sobre los siguientes asuntos:

i) Artículo 1 del Convenio. Sírvase precisar el grado en que se han alcanzado, o van a alcanzarse, los objetivos de empleo que figuren entre las políticas y acciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social enumeradas en el documento del Departamento Nacional de Empleo adjuntado a la memoria.

ii) Sírvase hacer referencia a las medidas de política de empleo adoptadas en pro de un desarrollo regional equilibrado, especialmente en el Norte del país, y para fomentar relaciones de complementariedad entre el sector estructurado (urbano y rural) y el sector no estructurado. El Gobierno puede considerar útil consultar los textos anexos al formulario de memoria relativa al Convenio (véase en particular el capítulo V de la Recomendación (núm. 169) sobre la política del empleo (disposiciones complementarias), 1984).

iii) Sírvase precisar el impacto en el mercado del trabajo de la ley de compensación económica por tiempo de servicio (Documentos de Derecho Social 1991/1, 1990-GTM), en particular el número de trabajadores que han recibido el auxilio de cesantía y el número de trabajadores que han podido encontrar nuevamente trabajo desde que se ha puesto en vigencia el mecanismo.

iv) La Comisión ha tomado nota con interés de las disposiciones del acuerdo ministerial núm. 12, de 29 de junio de 1983, por el que se ha creado una Sección de Colocación de Minusválidos en el Departamento Nacional de Empleo y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (SL, 1983-Gua. 1). Sírvase describir el funcionamiento del servicio mencionado y su impacto sobre el empleo de los inválidos. La Comisión se permite sugerir al Gobierno consultar las disposiciones de los instrumentos de la OIT de 1983 sobre readaptación profesional y empleo de las personas inválidas (Convenio núm. 159 y Recomendación núm. 168).

v) Sírvase precisar las medidas adoptadas o previstas con miras a satisfacer las necesidades de otras categorías de personas que tienen frecuentemente dificultades para encontrar empleo duradero (como, por ejemplo, las mujeres, los trabajadores jóvenes, etc.; véase párrafos 15 y siguientes de la Recomendación (núm. 169), ya mencionada).

vi) En el anexo a su memoria, el Gobierno menciona un "programa de orientación y formación profesional" destinado a la capacitación de los trabajadores para que adquieran la calificación necesaria para facilitar una "mejor oportunidad de empleo". Sírvase describir el impacto de las medidas adoptadas para coordinar las políticas de enseñanza y formación profesional con la prospección de las oportunidades de empleo.

vii) Artículo 2. La Comisión ha tomado nota con interés de los datos estadísticos, transmitidos por el Gobierno, elaborados en base a la encuesta nacional socio-demográfica 1986-1987 realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas. Según informaciones recibidas de PREALC, el proyecto GUA/87/024 logró establecer una capacidad de procesamiento y almacenaje de datos, para disponer de un banco de datos sobre el mercado de trabajo de Guatemala. Sírvase indicar las medidas subsiguientes adoptadas para recopilar y analizar información estadística y de otro tipo sobre la magnitud y la distribución de la mano de obra, naturaleza y extensión del desempleo y tendencias al respecto, como fase para la adopción de medidas en materia de política de empleo. La Comisión estaría reconocida al Gobierno que tenga a bien agregar a su memoria ejemplares o extractos de informes, estudios y encuestas, datos estadísticos, que permitan mejor comprender las repercusiones sobre el empleo de las medidas de política económica y social (parte VI del formulario de memoria).

viii) Sírvase indicar los procedimientos previstos para garantizar que las medidas principales de política del empleo son decididas y revisadas regularmente en el marco de una política económica y social coordinada.

ix) Artículo 3. El Gobierno indica en su memoria que para el mejor funcionamiento del Departamento Nacional de Empleo y Formación Profesional se ha creado un consejo consultivo nacional, de composición tripartita. La Comisión se refiere a su solicitud directa de 1990 sobre la aplicación de los artículos 4 y 5 del Convenio núm. 88 sobre el servicio del empleo, 1948, y ruega al Gobierno que se sirva precisar en qué modo los representantes de las personas interesadas son consultados en relación con la política del empleo.

x) La Comisión ha tomado conocimiento del reciente acuerdo gubernativo núm. 129-91, de 1.o de marzo de 1991, por el que se acordó convocar a los sectores laboral, empresarial y cooperativista del país para que, conjuntamente con el Gobierno de la República, participen en el estudio, negociación y formalización del Pacto Social. Sírvase brindar indicaciones sobre la manera que han influido estas consultas en relación con la política del empleo, y hacer referencia a consultas con representantes de otros sectores de la población económicamente activa tales como los que trabajan en el sector rural y en el sector no estructurado.

xi) Parte V del formulario de memoria. Sírvase indicar la acción emprendida o los factores que hayan impedido o retrasado las acciones sugeridas por la asistencia técnica brindada por la Oficina en materia de política del empleo.