Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Canadá (Ratificación : 1966)

Caso individual (CAS) - Discusión: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

Una representante gubernamental se refirió a la detallada memoria suministrada por su Gobierno a la Comisión de Expertos, en cuanto a la implementación de varios programas, medidas y políticas promulgadas por el Gobierno para alcanzar el objetivo de reducción del déficit, controlar la inflación y promover el crecimiento económico y los puestos de trabajo. La creación de un clima económico que conduzca a un real y sustancial crecimiento, es una precondición para el logro del incremento de las oportunidades de empleo en un mediano y largo plazo. Los objetivos del Programa de Estrategia Canadiense de Empleo, promulgado en 1985, eran mejorar el funcionamiento del mercado laboral, proteger los ingresos de los trabajadores desempleados, incrementar las técnicas ocupacionales de los recursos humanos del Canadá y promover la igualdad de acceso al trabajo.

El Programa de Estrategia Canadiense se dividió en cinco programas principales:

1) El Programa de Inversión en Actividades, establecido para ayudar a los trabajadores a ajustarse a los cambios en la tecnología y en los mercados.

2) El Programa de la Entrada al Empleo, asistiendo a grupos específicos tales como los jóvenes, quienes tenían dificultades en ingresar o reingresar en el mercado laboral.

3) El Programa para Desarrollar el Empleo, establecido para ayudar a los desempleados desde hace numerosos años a participar en el mercado laboral y para aumentar sus posibilidades de empleo a través de la formación de oficios y experiencia laboral mediante, entre otras medidas, empleos individuales subvencionados.

4) El Programa de Estrategia de Actitudes, establecido para ofrecer un soporte a los empleadores para casos particulares de formación de potenciales oficios.

5) El Programa para el Futuro de las Comunidades, que asiste a determinadas comunidades a resolver sus problemas económicos y a crear oportunidades de empleo a través del desarrollo de pequeñas empresas, ayuda financiera empresarial, formación y asistencia.

Los fondos destinados a estos programas superan los mil millones de dólares. Asimismo, su Gobierno ha establecido un programa de ayuda a los trabajadores en edad avanzada, finan ciado y administrado por el Gobierno federal y las provincias, que proveen asistencia económica a los trabajadores en servicio de edad avanzada que han sido víctimas de permanentes desempleos y que no tienen perspectivas de ser contratados de nuevo. Con referencia a las disparidades regionales, señaló que el problema mencionado por la Comisión de Expertos afecta a todos los países miembros de la OIT. El Programa de Estrategia Canadiense incluye consultas a nivel local por intermedio del establecimiento de un Consejo de Asesoramiento Local. Estos Consejos se componen de miembros de empresas locales, sindicatos y grupos comunales, que de manera conjunta con losrepresentantes del Gobierno, examinan y valoran los problemas de empleo locales. Además, el financiamiento previsto para este Programa está concebido sobre la base de un subprograma para que las diferentes regiones del país puedan determinar la dosificación de formación y de promoción del empleo de la manera más apropiada a su situación particular. La Agencia de Oportunidades Canadá Atlantic fue establecida para fomentar la creación de una situación favorable del crecimiento económico regional, a fin de reducir las disparidades de las cuatro provincias en ese sector del país y en el resto del Canadá. Una agencia similar, el Departamento de Diversificación Económica del Oeste, fue establecida en 1987 a efectos de aumentar el potencial económico de las cuatro provincias del Oeste del Canadá. Con respecto al mercado laboral y a los desarrollos económicos, desde la última memoria del Gobierno sobre el Convenio se informó que: la tasa prima de interés ha bajado actualmente a su mínimo nivel en relación con los últimos diecinueve años; el Producto Interior Bruto se ha incrementado en un 0,3 por ciento en el mes de marzo, 0,2 por ciento en enero y 0,2 por ciento en febrero; entre abril y mayo de 1992, hay un aumento en la tasa de empleo de 31 000 sobre el total; existió un incremento en el empleo de las manufactureras de 7 000; y el número de desempleados disminuyó a 6 000 en la provincia de Quebec y a 1 000 en la provincia de Saskatchewan.

La Ley de Seguro de Desempleo ha sido reformada, de manera que el Gobierno puede avanzar en una estrategia comprensiva a efectos de movilizar los esfuerzos de todos los integrantes del mercado laboral para aumentar las técnicas del trabajo; unos 800 millones de dólares fueron destinados a la formación y a medidas de asistencia de empleo, representando un incremento del 50 por ciento de los fondos estatales destinados a elevar el trabajo. La Junta de Desarrollo de la Mano de Obra canadiense, creada en enero de 1991, compuesta de representantes de organizaciones laborales, del sector empresarial, de grupos de acción social y de instituciones de formación. Su mandato era determinar sobre todo prioridades de formación, y plantear las cuestiones de normas para adquisición de oficios y calificaciones. Jugará un mayor papel en la preparación de un plan anual del desarrollo de los fondos del Seguro de Desempleo. En virtud de esta nueva agencia, podrán establecerse 75 consejos subregionales del mercado laboral. Además, se han llevado a cabo negociaciones federales-provinciales para promover el empleo de los beneficiarios de la asistencia social. Los nuevos y varios acuerdos incluyen mejores programas para mejorar las conexiones entre los centros de empleo del Canadá y las oficinas de bienestar. En conclusión, se ha realizado y se continúa realizando un esfuerzo concertado para promover una cultura sólida de formación con la cooperación conjunta y participación del sector laboral y empresarial, con el mismo objetivo de establecer normas nacionales y de mejorar el acceso a los programas de formación para aquellos que los necesitan, con un especial esfuerzo realizado en ayuda de los receptores de la asistencia social, y de mejorar las posibilidades de empleo de los grupos desfavorecidos.

Los miembros empleadores tomaron nota de la información brindada por el Gobierno y creen que, aunque este tema es muy complicado, parecería que el Gobierno se está moviendo en la dirección correcta. Señalaron que, según el informe de la Comisión de Expertos, la tasa de desempleo pareciera por lo menos estar un 2 por ciento más baja que cuando este caso se discutiera en esta Comisión en 1985. En lo que respecta a las disparidades regionales en el desempleo, señalaron que esto no resulta sorprendente en un país tan extenso y creen que la decisión del Gobierno de destinar recursos con una base regional fue acertada. Compartieron el enfoque del Gobierno de no permitir gastos que no estén dirigidos a disminuir el desempleo, sino más bien en invertir en la gente. Las inversiones deben tener en cuenta el mercado - el mercado en este caso consiste en las técnicas necesarias para satisfacer las ofertas de empleo de los empleadores. Señalaron en particular los esfuerzos realizados para ayudar a aquellos que tienen dificultades en insertarse en el mercado de empleo. Aunque resulta evidente que el Gobierno no ha encontrado todavía la respuesta a estos problemas, afirmaron estar convencidos de que el Gobierno se está moviendo en la dirección correcta e instaron al mismo a que tome las medidas necesarias para disminuir el nivel de desempleo.

Los miembros trabajadores agradecieron al Gobierno por la detallada información suministrada. Recordaron sus intervenciones anteriores con respecto a la sección de la parte general del informe de la Comisión de Expertos referida a este Convenio, que es muy importante, a pesar del nivel de industrialización del país. Creen que toda política de gobierno debería ser elaborada con miras a promover la libre elección y el empleo productivo. La política de empleo no debería limitarse a los ministerios de trabajo, empleo y de capacitación profesional. Pero debería ser una preocupación de todos los ministerios. Se mostraron consternados por las afirmaciones del Gobierno de que sus objetivos principales fueran la reducción del déficit fiscal y el control de la inflación como medio de promoción del crecimiento económico y de la creación de empleos. Señalaron que el Gobierno aún continúa aplicando su política de 1985, la cual consideran que no contempla una correcta relación entre los objetivos de una política de empleo y otros objetivos sociales y económicos. Recordaron que seguiodamente los objetivos de otras políticas se encuentran en oposición con el Convenio. El incremento del uso de formas de empleo de tiempo flexible, tal como el trabajo de tiempo parcial, tiempo flexible, contratos por tiempo determinado, etc., ponen en peligro los derechos de elegir libremente un empleo a los trabajadores más débiles del mercado laboral. Por lo tanto, no se mostraron completamente convencidos de que el Gobierno intente cumplir con los objetivos esenciales del Convenio. Esto resulta particularmente evidente por el incremento del desempleo y porque más bien el objetivo principal del Gobierno es el de controlar la inflación.

El miembro trabajador del Canadá se refirió a la sección de la parte general del informe de la Comisión de Expertos sobre la aplicación de este Convenio e indicó que el Canadá es uno de los países industrializados de economía de mercado de la OCDE cuyos niveles de desempleo superan los de 1988. Además, existe una fuerte disparidad regional con respecto al desempleo y un gran grupo de desempleados desde hace un largo tiempo. A pesar de estas realidades, el Gobierno del Canadá sigue empeñado en lograr, como objetivos inmediatos, la reducción de la inflación y el control de las finanzas públicas, que parecen predominar sobre los del pleno empleo establecidos en el Convenio. Señaló que las cifras de desempleo canadienses, puestas de relieve por la Comisión de Expertos, se encuentran desactualizadas. Nuevas cifras, de enero de 1992, revelan una tasa de desempleo a nivel nacional de un 10,4 por ciento y tasas en el ámbito provincial que varían entre 7,1 y 17,9 por ciento. Su país sufre una recesión desde hace dos años. El pronóstico del reciente presupuesto federal indica que la tasa de desempleo nacional permanecerá en su nivel actual, como mínimo, durante todo 1992 y en buena parte de 1993. Las recientes estimaciones de la Inspección de Estadísticas de la Mano de Obra del Canadá muestran, para mayo de 1992, un incremento de la tasa de desempleo nacional que alcanza el 11,2 por ciento, lo que representa 1 536 000 personas. Esto muestra el nivel más alto de desempleo en el Canadá desde 1984, e incluye tasas proviciales que varían del 7,7 al 20,1 por ciento. Por consiguiente, todas las estadísticas citadas son informaciones oficiales del Gobierno.

Cuando el Congreso Laboral Canadiense calcula el "real nivel de desempleo", incluye el subempleo, el desempleo encubierto (personas sin empleo no registradas como tales normalmente), los involuntarios trabajadores de jornadas parciales y trabajadores contratados por un corto tiempo determinado o sin trabajo en parte de la semana. El mencionado organismo comprobó que el número de personas que se encontraban desempleadas o subempleadas alcanzaba en octubre de 1991 los 2 119 000 (15,2 por ciento de la mano de obra) y que el mismo aumentó a 2 358 000 en enero de 1992 (17 por ciento de la mano de obra). El presupuesto federal de 1992 que acaba de ser presentado pronostica una tasa de desempleo superior al 10 por ciento para fines de este año. Esto prueba que las políticas económicas seguidas no funcionaban. La verdadera causa del fracaso del presupuesto fue que no se realizó directamente actividad alguna para crear puestos de trabajo e incrementar la confianza. El camino a seguir por el Gobierno es el de eliminar los gastos públicos, tales como los cortes en las transferencias de los pagosa las provincias y la imposición de estrictos límites de crecimiento de todas las áreas del programa federal de gastos. Además, el presupuesto impone nuevos recortes que se elevan a un billón de dólares del Canadá. Entre estos recortes algunos atañen a gastos federales de formación que dependen de la Estrategia Canadiense de Empleo, estrategia que se menciona en el informe de la Comisión de Expertos, de un monto del orden de 100 millones de dólares del Canadá (en lugar de un incremento para ayudar a los desempleados) y a la continuación de la reducción de transferencia hacia las provincias para financiar la educación secundaria y la asistencia médica. El principal objetivo de la política económica del Congreso Laboral Canadiense es la creación de una economía de pleno empleo, economía capaz de proveer empleos decentes y bien retribuidos para todos aquellos que quieran y puedan trabajar. La economía de pleno empleo es la base indispensable de un sistema de seguridad para los trabajadores y sus familias, la piedra angular de una sociedad justa. Una economía de pleno empleo promoverá condiciones de igualdad - niveles de vida decentes para todos - y de oportunidad, particularmente para las mujeres, las minorías, los incapacitados, las comunidades indígenas y otras que enfrentan una discriminación en el mercado de empleo. El pleno empleo es la base de una elevada economía productiva. El desempleo masivo no es otra cosa que un masivo desperdicio del potencial productivo. Políticas económicas tales como las que comúnmente se aplican en su país, que crean desempleo en vez de una promoción del pleno empleo, no se encuentran ciertamente de acuerdo a la letra o al espíritu del Convenio.

Un miembro gubernamental de Alemania se mostró sorprendido de ver el caso del Canadá en la lista a tratar en esta Comisión, respecto a este Convenio. Refiriéndose a las cuestiones puestas de relieve en los comentarios de la Comisión de Expertos, relativas al pedido de mayor información por parte del Gobierno en lo que respecta a las dificultades específicas encontradas para cumplir con los objetivos del Convenio y a la posibilidad de evaluar el efecto de sus programas de empleo, se preguntó qué criterio se seguía para llamar al Gobierno ante esta Comisión sobre este Convenio. Hizo notar el objetivo principal del Gobierno de reducir el déficit del presupuesto y de combatir la inflación a efectos de promover el crecimiento económico y la creación de empleos, y recordó que el Artículo 1 del Convenio señala que: "con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema del desempleo y del subempleo, todo Miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido". En su opinión, la política del Gobierno no se halla tan alejada de los objetivos del Convenio.

El miembro empleador del Canadá mostró su sorpresa y desaprobación en cuanto a que este caso fuera llamado a la atención de esta Comisión. Apoyó las nuevas iniciativas llevadas a cabo por su Gobierno. El Gobierno ha destinado 1.000 millones de dólares para la creación de empleos, para nuevos programas de capacitación, recapacitación, continuación de educación, etc. Los programas de empleo en su país se hallan dentro de los mejores de todos los países industrializados en el mundo. Bajo el programa de estrategia de empleo, a ninguno que haya sido capacitado se le negará el seguro de desempleo. El objetivo del programa fue simplemente reemplazar el desempleo por puestos de trabajo. Es de la opinión que el trabajo básicamente esté de acuerdo con el programa, pero simplemente quiere que el Gobierno pague por él en vez de utilizar los fondos de la garantía de desempleo. Sin embargo, el Gobierno no paga por nada; son más bien los que pagan los impuestos quienes pagan. Los trabajadores ciertamente no quieren altos impuestos, superiores a los que ya pagan los ciudadanos canadienses.

Expresó la esperanza de que las nuevas iniciativas concernientes a la creación de puestos de trabajo, de capacitación y de modernización brindarán una oportunidad de demostrar su eficacia como mejor alternativa, en vez de arrojar el dinero al problema y hacer pagar el costo a los que pagan los impuestos.

Un miembro trabajador de Grecia señalo la importancia de este Convenio y recordó las serias consecuencias que pueden resultar de la ignorancia por parte de un gobierno de la necesidad de una política de empleo. Hizo notar que existe un problema en la aplicación de este Convenio en el Canadá.

Un miembro trabajador del Pakistán compartió las preocupaciones puestas de relieve por los trabajadores del Canadá, particularmente en lo concerniente al aumento del desempleo, a la disparidad regional y a lo relativo a la igualdad. Expresó la esperanza de que el Gobierno tomará las medidas necesariaspara reducir el desempleo y para destinar mayores recursos en las provincías a efectos de cumplir los objetivos del Convenio.

La representante gubernamental recordó que el Programa de Estrategia canadiense pone énfasis en la asistencia a los integrantes de la mano de obra en desventaja, tales como los jóvenes, las mujeres y otros grupos en desventaja. En lo que concierne a los objetivos principales de su Gobierno, señaló que el Convenio indica que los gobiernos deberían seguir una política en relación al pleno empleo y a la libre elección del mismo, pero que es a elección del Gobierno la designación de una polí tica que consideren resultará más eficaz en el cumplimiento de ese objetivo. Recalcó que las tasas de desempleo no significan necesariamente la violación del Convenio. Ningún país gobierna en el vacío y existen muchos factores dentro del mismo que afectan las tasas de desempleo, independientemente de la política del Gobierno. La creación de empleo implica la promoción de un clima económico que conducirá a la creación de puestos de trabajo, y que no podrá ocurrir sin una reducción del déficit y un control de la inflación.

Un miembro trabajador de Italia insistió acerca de la importancia de este Convenio e indicó que una política de mercado de empleo es suficiente para resolver el problema. No basta la simple transferencia de recursos o la realización de inversiones. La cuestión es muy complicada y es necesario llevar adelante políticas de capacitación profesional y alentar el espíritu de empresa. Debe darse a este problema una gran atención, tanto en los países desarrollados como en aquellos en desarrollo.

La Comisión se felicitó de la información brindada y de la iniciativa llevada a cabo por el Gobierno. En vista de la importancia de las medidas tomadas y previstas, por un lado, y las dificultades económicas, incluido un alto porcentaje de desempleo existente en el país, por el otro, expresó la esperanza de que el Gobierno podrá tener éxito en sus esfuerzos de promoción del crecimiento económico y de creación de empleos, y que mantendrá informada a la OIT de todos los progresos realizados a este respecto.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Artículos 1 y 2 del Convenio. Tendencias del empleo y medidas activas del mercado de trabajo. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de las preocupaciones planteadas por el Congreso del Trabajo del Canadá (CLC) en relación con la falta de una política activa para fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido, que esté articulada e integrada en un proceso de toma de decisiones socioeconómicas coordinado, tal y como se establece en el artículo 1 del Convenio. El CLC indicó que las medidas establecidas en el artículo 2 son difíciles de aplicar de forma coherente a través de objetivos mensurables que puedan dar lugar a informes concretos para la evaluación de los programas. La Comisión pidió al Gobierno que indicara la forma en que las medidas activas del mercado de trabajo se van revisando en el marco de una política económica y social global y coordinada. El Gobierno indica que los Acuerdos para el Desarrollo del Mercado de Trabajo (LMDA) y los Acuerdos para el Desarrollo de la Fuerza de Trabajo (WDA) incluyen una estrategia de medición del rendimiento. Los datos recogidos en el marco de la estrategia permiten a los Gobiernos provinciales y territoriales apoyar la mejora continua de los programas y servicios y garantizar que las inversiones producen resultados concretos para la población, como el aumento de los ingresos y de los empleos sostenibles. Con arreglo a la estrategia de medición del rendimiento, las provincias y los territorios proporcionan al Gobierno federal datos sobre el número de personas que se benefician de las medidas de empleo y de las intervenciones realizadas en el marco de los LMDA y de los WDA. La Comisión toma nota de que, según el informe de seguimiento y evaluación del seguro de desempleo 2020-2021, las personas que reciben ayudas a la formación y al empleo mientras perciben prestaciones del seguro de desempleo ganan más y reducen su dependencia del seguro de desempleo y de la asistencia social. Los LMDA proporcionan medidas de apoyo al mercado laboral dirigidas a los trabajadores y empleadores de todo el Canadá. Estas ayudas van desde el asesoramiento laboral y la asistencia en la búsqueda de empleo menos intensivos hasta medidas más intensivas como el desarrollo de competencias y las actividades de enseñanza basadas en la experiencia a través de subvenciones salariales específicas. En evaluaciones recientes se ha examinado la eficacia de las ayudas financiadas por la LMDA y se han identificado las lecciones aprendidas para el diseño y la aplicación eficaces de determinadas medidas. Según el informe citado, el análisis del impacto gradual puso de relieve que tanto los servicios de asistencia al empleo, como el desarrollo de capacidades y los subsidios salariales específicos dieron lugar a mejoras en la vinculación general al mercado laboral. También se ha demostrado que estas ayudas benefician a subgrupos de participantes: mujeres, hombres, jóvenes, trabajadores de más edad, pueblos indígenas, personas con discapacidad, inmigrantes recientes y minorías visibles. La Comisión observa que, en el presupuesto de 2022, el Gobierno federal asigna más de 3 000 millones de dólares canadienses a la financiación anual de las provincias y territorios con el fin de proporcionar formación y apoyo al empleo a través de los Acuerdos de Transferencia en el Mercado de Trabajo. Estas inversiones ayudan cada año a más de un millón de canadienses a prepararse para su próximo trabajo a través de programas que van desde el desarrollo de competencias y los subsidios salariales, hasta el asesoramiento profesional y la asistencia en la búsqueda de empleo. En el presupuesto para 2022 también se propone modificar la parte II de la Ley de Seguro de Desempleo para garantizar que un mayor número de trabajadores tenga derecho a percibir ayuda antes de quedarse sin empleo, así como para garantizar que los empleadores puedan recibir ayuda directa para reciclar a sus trabajadores. Durante los primeros meses de la pandemia, la economía canadiense experimentó el mayor descenso de la producción desde que, en 1960, se registraron por primera vez datos trimestrales. La Comisión toma nota de que, en febrero de 2022, la tasa de desempleo se situó en el 5,5 por ciento, cifra inferior a la registrada antes de la pandemia COVID-19. Además, en el presupuesto para 2022 se señala que, con una tasa de desempleo que alcanza mínimos históricos, algunas empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores, mientras que muchos canadienses —mujeres con hijos pequeños, recién licenciados, recién llegados, canadienses de raza negra, personas pertenecientes a pueblos indígenas y personas con discapacidad, entre otros— se enfrentan a obstáculos para conseguir un trabajo provechoso y bien remunerado. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para alcanzar los objetivos del Convenio y, en particular, sobre la forma en que dichas medidas han ayudado a los beneficiarios a obtener un empleo pleno, productivo y sostenible y un trabajo decente. Además, pide al Gobierno que siga proporcionando información, incluidos datos estadísticos desglosados por sexo, edad y sector económico, sobre la situación actual y las tendencias de la población activa, así como sobre el empleo, el desempleo y el subempleo.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y aplicación de políticas. El Gobierno informa de que, en virtud de los LMDA y los WDA, el pago de la financiación anual a las provincias y los territorios está vinculado a los resultados, incluidos los planes e informes anuales a través de los que las provincias y los territorios deben proporcionar información sobre las consultas realizadas con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Más concretamente, las provincias y los territorios han de proporcionar una descripción del proceso de consulta y los resultados del mismo en sus planes e informes anuales, así como una lista de las partes interesadas consultadas. Las amplias consultas con las provincias, los territorios y las partes interesadas brindan la oportunidad de identificar formas de mejorar los acuerdos de transferencia en el mercado de trabajo y orientar las futuras inversiones para reforzar la programación del mercado de trabajo. La información recabada en las consultas sobre los acuerdos de transferencia en el mercado de trabajo celebradas en 2016 a través del Foro de Ministros del Mercado de Trabajo (FLMM) dio lugar a una importante reforma de esos acuerdos a fin de ampliar y mejorar las ayudas al desarrollo de competencias y al empleo. También se realizan consultas, en función de las necesidades, con el Gobierno federal, y con los Gobiernos provinciales y territoriales a través del grupo de trabajo del FLMM sobre acuerdos de transferencia en el mercado de trabajo y medición de los resultados. Este foro permite a los socios supervisar y examinar la aplicación del plan de medición de resultados de los LMDA y WDA, para garantizar que recoge los indicadores clave de rendimiento necesarios para captar plenamente los resultados de los programas y servicios. La Comisión recuerda que el artículo 3 del Convenio establece que las medidas y programas relacionados con la política nacional de empleo se adoptarán y aplicarán a través de un proceso inclusivo de consultas con los interlocutores sociales y las personas interesadas (Estudio General de 2020, Promover el empleo y el trabajo decente en un panorama cambiante, párrafo 94). En el párrafo 5 de la Recomendación núm. 169 se indica que las políticas, planes y programas adoptados en el marco de la política de empleo deberían ser formulados y aplicados en consulta y cooperación con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y con otras organizaciones representativas de las personas interesadas. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada sobre el contenido y los resultados de las consultas efectivas celebradas con los interlocutores sociales sobre las cuestiones cubiertas por el Convenio, incluidas las consultas en las que participan los representantes de las personas a las que concernirán las medidas de empleo que se adopten.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por el Congreso del Trabajo del Canadá (CLC), recibidas el 31 de agosto de 2017 y transmitidas después a la vez que la memoria del Gobierno junto con las observaciones del Consejo Patronal de Quebec (CPQ).

Artículos 1 y 2 del Convenio. Tendencias del empleo y medidas activas del mercado de trabajo. En comentarios anteriores, la Comisión solicitó al Gobierno que indicase de qué manera, con arreglo al artículo 2 del Convenio, revisaba regularmente las medidas que se adoptan con arreglo a los resultados obtenidos en la prosecución de los objetivos del Convenio, especificados en el artículo 1. La Comisión toma nota de la información detallada que ha proporcionado el Gobierno en lo relativo a las medidas del mercado laboral adoptadas y previstas a escala federal y provincial. El Gobierno indica que se invierten más de 2 000 millones de dólares canadienses al año en los acuerdos para el desarrollo del mercado de trabajo (LMDA) en colaboración con las provincias y los territorios para ofrecer orientación y formación profesionales a los desempleados. En virtud de estos acuerdos, las prestaciones laborales permiten a los beneficiarios de seguros de desempleo antiguos y actuales adquirir competencias y experiencia laboral mediante una combinación de intervenciones, como la formación y los subsidios salariales. El Gobierno añade que en 2016 y 2017 se modificó la Ley de Seguro de Desempleo con vistas a eliminar los estrictos requisitos para acceder al seguro, que restringían el acceso de aquellos que llegan o se reincorporan al mercado de trabajo, ampliando la definición de «antiguo beneficiario» de tres a cinco años, y ampliando la admisibilidad para permitir a grupos infrarrepresentados que accedan a la formación y la ayuda financiadas con cargo al seguro de desempleo, en virtud de los LMDA. Sin embargo, el CLC señala que el Gobierno no invirtió en un acceso notablemente más amplio a las prestaciones regulares del seguro de desempleo, por lo que los trabajadores pueden ver que se les concede formación con cargo al seguro, sin que puedan optar a las prestaciones regulares proporcionadas por el seguro de desempleo. Por otra parte, a partir de los resultados de las consultas celebradas en 2016 con las provincias, los territorios y otras partes interesadas, el Gobierno anunció reformas de los LMDA en el presupuesto de 2017, para introducir los nuevos acuerdos para el desarrollo de la fuerza de trabajo (WDA), que complementan a los LMDA y consolidan los acuerdos para la financiación del empleo en el Canadá, los acuerdos del mercado de trabajo para personas con discapacidad y la iniciativa dirigida específicamente a trabajadores de edad avanzada. En virtud de los WDA, se ofrece financiación adicional para el desarrollo y la prestación de programas y servicios que ayudan a los canadienses a formarse, desarrollar sus competencias y adquirir experiencia laboral. Los WDA ofrecen flexibilidad para responder a las diversas necesidades en materia de empleo y formación profesional de los canadienses, sin olvidar a las personas con discapacidad, las personas especialmente alejadas del mercado de trabajo y los empleadores. La Comisión toma nota asimismo de que el CPQ, en sus observaciones, acoge con satisfacción el plan de innovación y competencias incluido en el presupuesto de 2017 con el fin de crear un número mayor de trabajos de calidad y bien pagados y de que aumente la clase media. Además, las medidas del presupuesto de 2018 están dirigidas a ampliar el acceso a las deducciones impositivas a los ingresos fruto del trabajo (WITB), que son créditos fiscales reembolsables que complementan los salarios de los trabajadores de bajos ingresos. Al permitir que estos trabajadores lleven a casa más dinero mientras están trabajando, esta prestación anima a más gente a ingresar y mantenerse en el mercado de trabajo. Por último, la Comisión toma nota de las preocupaciones suscitadas por el CLC sobre la falta de una política activa que fomente el pleno empleo, productivo y libremente elegido, y que esté articulada e integrada en un proceso de toma de decisiones socioeconómicas coordinado, tal y como se establece en el artículo 1 del Convenio. El CLC indica que es difícil llevar a cabo de forma coherente los objetivos definidos en el artículo 2 a través de metas mensurables que permitan la evaluación de los programas. Con respecto a las tendencias del empleo, con arreglo a las estadísticas de la fuerza del trabajo del Canadá, el empleo ajustado estacionalmente aumentó de 17 991 100 trabajadores en junio de 2016 a 18 628 000 trabajadores en junio de 2018, y la tasa de desempleo descendió del 6,8 por ciento al 6 por ciento en el mismo período. Sin embargo, el CLC señala que la calidad del empleo ha disminuido y el empleo a tiempo parcial sigue representando un porcentaje considerable y creciente del mercado de trabajo. El CLC añade que los jóvenes, las mujeres, las personas indígenas, los recién llegados al Canadá y los trabajadores con discapacidad tienen más probabilidades de trabajar en empleos de bajos ingresos con horarios impredecibles, sin prestaciones ni permisos por enfermedad, y poca seguridad laboral. La Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando información actualizada sobre las medidas adoptadas o previstas para lograr los objetivos del Convenio, y en particular acerca de la manera en que éstas contribuyen a que los beneficiarios obtengan un empleo pleno, productivo y sostenible. Habida cuenta de las preocupaciones formuladas por el CLC, la Comisión pide de nuevo al Gobierno que indique el modo en que revisa regularmente las medidas activas del mercado de trabajo en el marco de una política económica y social general coordinada. Asimismo, solicita al Gobierno que proporcione información actualizada, y que incluya datos estadísticos desglosados por sexo, edad y sector económico, sobre la situación actual y las tendencias en materia de población activa, empleo, desempleo y subempleo.

Artículo 3. Participación de los interlocutores sociales en la formulación y ejecución de las políticas. En respuesta al comentario de la Comisión de 2014, el Gobierno indica que, a través del Foro de Ministros del Mercado de Trabajo (FLMM), se celebraron en 2016 amplias consultas sobre los acuerdos de transferencia en el mercado de trabajo con expertos, empleadores, trabajadores y proveedores de servicios. La Comisión toma nota de que el presupuesto de 2018 prevé consultas con los trabajadores, los empleadores y otras partes interesadas sobre diversas medidas laborales. No obstante, la Comisión constata que el CLC destaca que hay deficiencias en la aplicación de este artículo del Convenio en lo que respecta a las consultas con las organizaciones de los trabajadores. Añade que, a pesar de que se informe a estas organizaciones acerca de las políticas de empleo, no se tienen en cuenta sus opiniones. El CLC lamenta la falta de un proceso institucionalizado para tomar en consideración los puntos de vista de los interlocutores sociales respecto de la elaboración y ejecución de las políticas de empleo. Dadas las preocupaciones suscitadas por el CLC, la Comisión solicita una vez más al Gobierno que proporcione información detallada sobre la frecuencia, el contenido y el resultado de las consultas que celebre con los interlocutores sociales sobre los asuntos que abarca el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Artículos 1-3 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno que incluye información detallada en respuesta a la observación de 2011 e información específica transmitida por las provincias. La Comisión también toma nota de las observaciones formuladas por el Congreso del Trabajo del Canadá (CLC) y por la Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN), transmitidas por el Gobierno. El Gobierno indica que, a través de la iniciativa: Conectar a los canadienses con los trabajos disponibles, el presupuesto de 2014 invierte en medidas de empleo, mediante un enfoque de tres vertientes: garantizar que la formación refleje las necesidades del mercado laboral; la formación de la fuerza de trabajo del futuro; y el fortalecimiento del mercado laboral del Canadá. La Comisión toma nota del Informe de empleos de 2014 — El estado del mercado laboral del Canadá — que dispone una evaluación del estado del mercado laboral, su preparación para hacer frente a los futuros desafíos, y concluye con una descripción de las acciones emprendidas por el Gobierno para establecer un entorno que conduzca a un mercado laboral dinámico y a la creación de trabajos de alta calidad. Según el Estudio sobre la fuerza del trabajo de octubre de 2014, la tasa de desempleo alcanzó el 6,5 por ciento, el porcentaje más bajo desde noviembre de 2008. Durante el período de 12 meses hasta octubre de 2014, el empleo aumentó en 182 000 personas, con un empleo a tiempo parcial que se elevó en 101 000 y el empleo a tiempo completo, en 81 000. En relación con sus observaciones formuladas en 2009, el CLC manifiesta su preocupación por el hecho de que no exista aún un claro compromiso hacia el pleno empleo o hacia alguna medida exitosa. La CSN considera que la política del empleo requiere una revisión para situar al pleno empleo como su objetivo fundamental. La CSN indica que los problemas relativos al desempleo en el Canadá se vinculan, en su mayor parte, con una falta de oportunidades de empleo y de empleo de calidad, y lo ilustra con la información de Estadísticas del Canadá, en la que se indica que, en febrero de 2014, hubo siete personas desempleadas por cada oferta de empleo. Además, el porcentaje de personas desempleadas durante más de seis meses, es extraordinariamente elevado y los demandantes de empleo aceptan un empleo a tiempo parcial, debido a la falta de oportunidades de empleos a tiempo completo. En relación con el tema de la inseguridad laboral, que se trató en el Informe VI, «Políticas de empleo para una recuperación y un desarrollo sostenibles», presentado a la 103.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2014, la CSN es de la opinión de que se requiere con urgencia que los gobiernos federal y provinciales aborden la cuestión de la precariedad en el empleo. A la luz de las preocupaciones del CLC y de la CSN, la Comisión invita al Gobierno a que indique de qué manera, en virtud del artículo 2 del Convenio, revisa regularmente las medidas y las políticas adoptadas con arreglo a los resultados obtenidos en la prosecución de los objetivos del Convenio, especificados en el artículo 1. La Comisión también invita al Gobierno a que comunique más información acerca de las consultas eficaces celebradas con los interlocutores sociales sobre los asuntos comprendidos en el Convenio.

Políticas educativas y de formación. El Gobierno indica que Empleo y Desarrollo Social en el Canadá (ESDC) convocó, en junio de 2014, una Cumbre Nacional sobre las Calificaciones, que reunió a varios actores del mercado laboral y del sistema de formación para debatir los asuntos pertinentes relativos a las calificaciones e identificar las mejores prácticas y prioridades para la acción. La Cumbre Nacional sobre las Calificaciones fortaleció la importancia de las alianzas y la necesidad de un diálogo continuo, como soluciones para los numerosos desafíos en materia de calificaciones que requieren que trabajen juntas las múltiples partes interesadas. En sus observaciones, el CLC indica que el desarrollo de las calificaciones es esencial para mejorar la empleabilidad, la movilidad y los ingresos de los trabajadores, y para mejorar la productividad, la creación de empleo y el crecimiento económico de un país a largo plazo. Sin embargo, el CLC añade que el Canadá tiene un pobre desempeño en el desarrollo de las capacidades fuera del sistema educativo formal, dado que el Canadá no cuenta con un sistema de aprendizaje de adultos y de formación en el lugar de trabajo amplio o equitativo. A la luz de las preocupaciones planteadas por el CLC, la Comisión invita al Gobierno a que comunique información sobre el impacto de las medidas adoptadas en el área de las políticas de educación y formación, incluyéndose el aprendizaje y la formación en el lugar de trabajo de los adultos, y sobre su relación con las oportunidades futuras de empleo.

Empleo juvenil. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno indica que se completó, en 2009, una evaluación final de la Estrategia del Empleo Juvenil (YES), según la cual la estrategia asiste a los jóvenes en la mejora de sus calificaciones para la empleabilidad, al tiempo que aumenta el número de jóvenes capacitados en la fuerza de trabajo. La evaluación final de la YES indicó que en general los programas se tradujeron en resultados positivos para los participantes. Se programa, para 2015, una nueva evaluación resumida. La Comisión toma nota de que, en 2012-2013, la YES ayudó a casi 48 000 jóvenes a obtener las calificaciones y la experiencia laboral que necesitaban para entrar con éxito en el mercado laboral. La Comisión toma nota de que el presupuesto de 2014, anunció la financiación durante más de dos años de la YES, de manera de apoyar hasta 3 000 pasantías a tiempo completo para los graduados de enseñanza terciaria en áreas de gran demanda. Además, para facilitar las vinculaciones entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) y los jóvenes, el Gobierno asignará fondos con carácter anual para apoyar hasta 1 000 pasantías en las PYME. La Comisión invita al Gobierno a seguir comunicando información sobre el impacto de las medidas relativas al mercado laboral adoptadas para apoyar el empleo productivo y duradero para los jóvenes. Sírvase también incluir información sobre de la evaluación de 2015 de la Estrategia para el Empleo Juvenil.

Pueblos aborígenes. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno indica que está en curso una única evaluación que abarca a los programas de la Estrategia para la Capacitación y el Empleo de los Aborígenes (ASETS) y de la Alianza de Inversiones para la Capacitación (SPF). La evaluación abarca a las actividades de la ASETS y de la SPF, desde abril de 2010 hasta enero de 2014. La Comisión toma nota de que la más reciente evaluación de la Alianza para la Capacitación y el Empleo de los Aborígenes (ASEP), que se completó en 2013, demostró que aquellos que participaron en los proyectos de la ASEP de 2003, aumentaron sus ingresos laborales y la incidencia del empleo en el período de cuatro años, tras el inicio de su participación. La Comisión toma nota del Informe de empleos de 2014, según el cual garantizar el empleo constituye un desafío para algunos canadienses, incluidos los pueblos aborígenes, que tienen tasas de desempleo que se sitúan por encima de otros canadienses. La CSN considera que los pueblos aborígenes aún continúan haciendo frente a la discriminación en el empleo y de que siguen existiendo deficiencias respecto de la educación y la formación. A la luz de las preocupaciones planteadas por la CSN, la Comisión invita al Gobierno a incluir información sobre el impacto de las medidas adoptadas para aumentar las oportunidades de empleo productivo para los pueblos aborígenes.

Medios de promoción del empleo para las otras categorías de trabajadores vulnerables. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno indica que, hasta el presente, se aplicaron en todas las provincias y territorios, 687 proyectos de la Iniciativa destinada a los trabajadores de edad (TIOW), asistiendo a más de 32 230 trabajadores de edad desempleados. Una evaluación final de la Iniciativa destinada a los trabajadores de edad (TIOW), completada en 2014, detectó que la mayoría de los participantes en el estudio (el 75 por ciento) obtuvieron un empleo remunerado tras la participación en la TIOW. Con respecto a las personas con discapacidad, el Gobierno indica que aproximadamente 300 000 intervenciones asisten a las personas con discapacidad cada año, a través de más de 100 programas concebidos y ejecutados por las provincias. El presupuesto de 2013 anunció la introducción de una nueva generación de acuerdos del mercado de trabajo para personas con discapacidades (LMAPD), a efectos de responder mejor a las necesidades de empleo de las empresas canadienses y para mejorar las perspectivas de empleo de las personas con discapacidad. En el presupuesto de 2014 se reiteró dicho compromiso. Cada provincia y cada territorio se comprometieron a elaborar una evaluación de los programas financiados en 2018, cuyos resultados se harán públicos. Además, se está procediendo a completar una evaluación resumida del Fondo de Oportunidades (OF) para las personas con discapacidad. La Comisión toma nota del Informe sobre empleos de 2014, según el cual, a pesar de los elevados niveles de logros educativos, los inmigrantes recientes tienen unos resultados más bajos en el mercado laboral que los trabajadores nacidos en el Canadá, incluidas unas tasas de desempleo más altas y unos ingresos más bajos. Con respecto a los trabajadores temporales extranjeros, tanto el CLC como la CSN manifiestan su preocupación de que esos trabajadores migrantes se encuentren en una situación vulnerable, considerando que su residencia temporal y sus permisos de trabajo están vinculados con un contrato de trabajo con un empleador específico. En su respuesta, el Gobierno afirma que está comprometido a garantizar que el Programa temporal para el trabajador extranjero siga siendo justo y equitativo para trabajadores y empleadores. La Comisión invita al Gobierno a seguir incluyendo información sobre la eficacia de las medidas del mercado laboral relativas a los trabajadores de edad, a los trabajadores con discapacidad, a los inmigrantes, a los trabajadores temporales extranjeros y a otros trabajadores vulnerables.

Observación (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

Aplicación de una política activa del empleo. Participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en septiembre de 2011, que incluye información detallada proporcionada por los gobiernos provinciales. La Comisión también toma nota de los comentarios e informaciones útiles sobre el mercado de trabajo comunicados por el Congreso del Trabajo del Canadá (CLC) y la Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN). El Gobierno indica que entre octubre de 2008 y julio de 2009, la economía canadiense perdió 427.900 puestos de trabajo (en términos ajustados estacionalmente). La Comisión observa que Canadá se ha recuperado más rápidamente de esta recesión que de las del decenio de 1980 y 1990. Durante la recuperación, el mercado laboral recobró aproximadamente 590.000 puestos de trabajo desde julio de 2009. La tasa de desempleo aumentó al 8,6 por ciento en julio de 2009, un porcentaje sin precedentes durante los últimos 11 años, aunque disminuyó de 1,2 puntos porcentuales, situándose en el 7,4 por ciento en junio de 2011. El Gobierno indica que publicó un informe sobre el impacto del Plan de acción económica sobre el empleo (presupuesto de 2009) en enero de 2011. El informe confirma que el presupuesto de 2009 alcanzó su objetivo, estimándose que se han creado o mantenido más de 220.000 empleos desde diciembre de 2010. El Gobierno indica que se celebraron consultas con los empleadores del sector privado en febrero y marzo de 2010 para examinar la evolución del mercado de trabajo durante la recesión y al iniciarse la recuperación económica, así como para examinar la naturaleza de las respuestas de la gestión de recursos humanos. La Comisión toma nota de que el presupuesto de 2011 incluye nuevas medidas destinadas a apoyar el empleo y el crecimiento. La Comisión también toma nota de que el CLC reitera en sus comentarios que no hay indicio de que el Gobierno haya formulado y llevado a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido, integrada plenamente en la toma de decisiones socioeconómicas del país. El CLC expresa su preocupación porque el desempleo en la actualidad es más elevado que antes de la recesión, y muchos trabajadores sólo pueden encontrar trabajo temporario, a tiempo parcial y escasamente remunerado. En 2010, el empleo a tiempo parcial alcanzó la cifra sin precedentes de uno de cada cinco trabajadores. En el período de recuperación, los empleos cubiertos por contratos de corta duración se incrementaron a un ritmo mucho más rápido que el de los empleos permanentes. La tasa de desempleo real, teniendo en cuenta a los trabajadores desalentados y que ocupan un empleo a tiempo parcial porque no encuentran otro tipo de trabajo, aún era superior al 10 por ciento a principios de 2011. En respuesta a los comentarios formulados por el CLC, el Gobierno indica que todos los gobiernos provinciales canadienses llevan a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido, y que dichas políticas apoyan los objetivos identificados en el artículo 2 del Convenio. Esas políticas se revisan para dar respuesta a las cambiantes circunstancias económicas y en todas las jurisdicciones se han establecido amplios programas para la aplicación de esas medidas. Se consulta a las personas afectadas por esas medidas, incluyendo a los representantes del empleador y del trabajador. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas en relación con el empleo y sus resultados con el objetivo de mantener el pleno empleo. La Comisión también invita al Gobierno a tener presente las inquietudes planteadas por los interlocutores sociales y proporcionar información complementaria sobre las consultas efectivas celebradas sobre las cuestiones cubiertas por el Convenio.

Políticas educativas y de formación. El Gobierno indica que en el marco de la iniciativa de ayuda a la transición de carrera (CTA), que entró en vigor el 31 de mayo de 2009, se ha prestado ayuda a más de 14.000 empleados durante largo tiempo que necesitaban asistencia para su reorientación profesional y encontrar nuevos empleos. Si bien el acceso a las medidas de la iniciativa CTA está cerrado desde mayo de 2010, los solicitantes que reunieran las condiciones de participación podían comenzar su formación hasta mayo de 2011 y seguir recibiendo prestaciones hasta mayo de 2012. La Comisión toma nota de que desde 2006, el organismo de recursos humanos y desarrollo de las calificaciones del Canadá asignó más de 31,3 millones de dólares canadienses para apoyar la iniciativa sobre la innovación Pan Canadiense (Pan Canadian Innovations Initiative (PCII)). El Gobierno informa que aunque algunos proyectos PCII se han completado y los resultados son favorables, aún no se dispone de información que permita su evaluación. La Comisión pide al Gobierno que continúe comunicando información relativa a las medidas adoptadas en el ámbito de las políticas educativas y de formación y sobre su relación con las posibles oportunidades de empleo.

Empleo juvenil. El Gobierno indica que invierte aproximadamente 340 millones de dólares canadienses en la Estrategia para el Empleo Juvenil con objeto de ayudar a los jóvenes entre los 15 y 30 años de edad a adquirir las calificaciones y experiencia laboral necesaria para tener posibilidades de éxito en el mercado laboral y encontrar empleos en el futuro. El objetivo esencial de esta estrategia es mejorar las calificaciones para la empleabilidad, incentivar el logro de un nivel de escolaridad y facilitar la transición de los jóvenes en el mercado laboral. La Comisión toma nota de las preocupaciones planteadas por la CSN indicando que la tasa de desempleo de los jóvenes entre los 15 y 24 años de edad alcanzó el 14,1 por ciento en julio de 2011, mientras que en octubre de 2008 fue del 11,7 por ciento. La CSN espera que el Gobierno concederá atención a la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo. La Comisión invita al Gobierno a comunicar una evaluación de las medidas del mercado de trabajo relativas a los jóvenes.

Pueblos aborígenes. El Gobierno informa que el organismo de recursos humanos y desarrollo de las calificaciones del Canadá aplica programas complementarios del mercado de trabajo que apoyan la participación de los pueblos aborígenes en la economía canadiense. Iniciada en abril de 2010, la Estrategia para la Capacitación y Empleo de los Aborígenes (ASETS) es una estrategia quinquenal diseñada para ayudar a las poblaciones aborígenes a prepararse para empleos de elevada demanda, encontrar esos empleos y conservarlos a largo plazo. Las poblaciones indígenas, independientemente de su condición o lugar de residencia, pueden tener acceso a programas y servicios que incluyen: calificaciones y formación para encontrar trabajo, programas para los jóvenes, actividades para personas con discapacidades y acceso para el cuidado de los niños de las personas que siguen cursos de capacitación. La Comisión toma nota de que en el período 2010-2011, más de 14.300 personas encontraron empleo y más de 7.000 retornaron a la escuela a través de la mencionada estrategia. La Comisión también toma nota de otras medidas destinadas a aumentar las posibilidades de empleo de los pueblos aborígenes, como por ejemplo, la Alianza de Inversiones para la Capacitación (SPF) y la Alianza para la Capacitación y Empleo de los Aborígenes (ASEP). La Comisión invita al Gobierno a que incluya información sobre el impacto de las medidas tomadas para fomentar la creación de oportunidades de empleo productivo para los pueblos aborígenes.

Medidas de promoción del empleo para las otras categorías de trabajadores vulnerables. El Gobierno indica que los acuerdos del mercado de trabajo para personas con discapacidades (LMAPD) y el fondo de oportunidades (OF) para personas con discapacidades responden a las necesidades de los empleadores en el mercado laboral y al apoyo para el desarrollo de la educación, el conocimiento y las calificaciones de las personas con discapacidades para fomentar su participación en el mercado de trabajo. Los LMAPD proporcionan a las provincias aproximadamente 218 millones de dólares canadienses destinados a programas que benefician a cerca de 300.000 personas. El LMAPD Canadá Manitoba fue evaluado en 2010 y los resultados indicaron que el programa tiene la finalidad de eliminar los obstáculos al empleo, tales como el escaso nivel de educación y falta de calificaciones esenciales para el trabajo y que las intervenciones relacionadas con el empleo tenían por objeto obtener mejoras en los resultados (ingresos/horas trabajadas). Se asignó financiación adicional a la iniciativa destinada a los trabajadores de edad (TIOW) para extender el programa hasta 2013-2014. Participan en el programa todas las provincias y territorios y a julio de 2011, se habían aprobado 294 proyectos por los que se prestaba asistencia a unos 15.500 trabajadores desempleados de edad avanzada. Los resultados de la evaluación realizada en 2007 sobre esta iniciativa muestran que el 75 por ciento de los participantes encontraron empleo durante o posteriormente a su participación en el programa y el 80 por ciento consideró estar en mejores condiciones de empleabilidad como consecuencia de las actividades del proyecto. El Gobierno indica también que en febrero y marzo de 2011, el organismo de recursos humanos y desarrollo de las calificaciones del Canadá mantuvo consultas con empleadores y trabajadores de más edad (mayores de 50 años) en ocho ciudades de Canadá para investigar los factores que influyen en las decisiones y capacidad de estos trabajadores para seguir trabajando, las mejores prácticas actuales para conservar y contratar a trabajadores de esa categoría, y el rol potencial del Gobierno y otras partes interesadas del mercado laboral. Además, el Gobierno indica que se ha comprometido a trabajar con los interlocutores sociales y partes interesadas para que el Canadá se convierta en un destino de elección para los migrantes y eliminar los obstáculos para la integración, que incluyen el reconocimiento de los títulos académicos adquiridos en el extranjero. Con este objetivo, en noviembre de 2009, se anunció el marco Pan Canadiense para la evaluación y el reconocimiento de las calificaciones adquiridas en el extranjero. Desde el inicio de este programa los gobiernos han colaborado para la mejora en todo el país del proceso de reconocimiento de las calificaciones adquiridas en el extranjero de manera que los trabajadores formados en el plano internacional puedan integrarse más rápida y efectivamente en el mercado laboral. La Comisión invita al Gobierno a que incluya información sobre la eficacia de las medidas del mercado de trabajo relativas a los trabajadores con discapacidades, trabajadores de edad avanzada, inmigrantes y otras categorías vulnerables de trabajadores.

Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Tendencias del empleo, políticas activas de mercado de trabajo y participación de los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la memoria del Gobierno, recibida en septiembre de 2009, que incluye la información detallada proporcionada por los gobiernos provinciales y los comentarios transmitidos por el Congreso del Trabajo del Canadá (CLC). El Gobierno indica que entre octubre de 2008 y mayo de 2009, la economía canadiense perdió 362.500 puestos de trabajo (en términos ajustados estacionalmente) y el desempleo aumentó al nivel más alto alcanzado en los últimos 11 años, pasando de un 6,3 por ciento en octubre de 2008 a un 8,4 por ciento en mayo de 2009. En respuesta a la crisis económica, el 27 de enero de 2009, el Gobierno introdujo el Plan de Acción para la Economía del Canadá (Presupuesto 2009). El Presupuesto 2009 prevé un gasto de más de 46.000 millones de dólares canadienses durante los próximos dos años, casi 62.000 millones de dólares del Canadá cuando se combina con el apoyo que proporcionan otros estamentos gubernamentales para apoyar a la economía canadiense y ayudar a la creación de empleo. Junto con las reducciones de impuestos anunciadas en la declaración económica de 2007, se estima que el Presupuesto 2009 ayudará a crear o mantener más de 265.000 puestos de trabajo hasta finales de 2010. Las iniciativas del Presupuesto 2009 tienen como objetivo reducir los impuestos de manera permanente, ayudar a los desempleados, crear empleos a través de un gasto significativo en infraestructuras, apoyar a las industrias y las comunidades más afectadas por la recesión mundial, y mejorar el acceso a la financiación de los hogares y las empresas canadienses y la disponibilidad de ésta. Además, la Comisión toma nota de que las diversas medidas de mercado de trabajo adoptadas a escala federal y provincial tienen por objetivo crear oportunidades de empleo e impulsar la salida de la crisis. La Comisión recuerda que el artículo 1 del Convenio dispone que todo Miembro deberá formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido. A este respecto, la Comisión toma nota de las observaciones del CLC en los que esta organización indica que encuentra pocas pruebas recientes de que dicha declaración haya sido señalada como «un objetivo de mayor importancia» (artículo 1, párrafo 1) por el Canadá o la mayor parte de sus provincias, al menos con la suficiente claridad y convicción para que el público sea verdaderamente consciente de ese objetivo. Además, el CLC indica que no tiene información respecto a que, en la práctica, esta política se haya integrado plenamente en la toma de decisiones socioeconómicas del país, ya que parece que está casi totalmente ausente de la formulación de políticas macroeconómicas, incluidas las políticas financiera, comercial y de desarrollo. En sus comentarios, el CLC también se refiere al Estudio General de 2004, Promover empleo, y recomienda firmemente que el Gobierno y los interlocutores sociales revisen este documento con miras a determinar cómo mejorar la coordinación interministerial, los mecanismos de control y de presentación de informes, los procesos de evaluación del empleo y los programas para prevenir la discriminación en el empleo y para el reempleo de los trabajadores que pierden su empleo por motivos económicos. La Comisión insta al Gobierno a proporcionar en su próxima memoria información en relación al impacto de las medidas adoptadas en el Presupuesto 2009 sobre el mercado de trabajo y que indique la manera en la que dichas medidas se revisan periódicamente en el marco de una política económica y social coordinada (artículo 2, a)). Asimismo, la Comisión invita al Gobierno a que tenga en cuenta las inquietudes planteadas por el CLC y transmita más información sobre las consultas efectivas realizadas con los interlocutores sociales sobre las cuestiones cubiertas por el Convenio (artículo 3).

Políticas educativas y de formación. El Gobierno informa de que, en 2008-2009, el organismo de recursos humanos y desarrollo de las calificaciones del Canadá (Human Resources and Skills Development Canada) decidió conceder anualmente 12,9 millones de dólares canadienses para apoyar la iniciativa sobre la innovación Pancanadiense (Pan Canadian Innovations Initiative (PCII)). Los proyectos PCII deben llevarse a cabo en colaboración con las provincias o territorios y centrarse en una o más de las siguientes prioridades: alfabetización y calificaciones esenciales, inmigrantes, pueblos aborígenes, grupos subrrepresentados, formación en el lugar de trabajo y aprendizaje. La Comisión toma nota de que ejemplos de proyectos son el Partners Building Futures de Nueva Brunswick y el Reclamation and Prospecting Teams de la Columbia Británica. El Gobierno indica que, aunque los resultados provisionales de estos proyectos son positivos, todavía no están disponibles los datos de la evaluación. Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno concede 8.300 millones de dólares canadienses a la estrategia de calificaciones y transición (Canadian skills and transition strategy) que incluye un apoyo suplementario a las personas que han perdido su empleo, mejoras en el seguro de desempleo y más financiación para el desarrollo de calificaciones y la formación a fin de ayudar a los canadienses a obtener mejores empleos. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiéndole información relativa a las medidas adoptadas en el ámbito de las políticas educativas y de formación y sobre su relación con las posibles oportunidades de empleo. Además, pide al Gobierno que le transmita los datos de la evaluación del PCII cuando estén disponibles.

Medidas especiales para las categorías de trabajadores vulnerables. El Gobierno indica que desde octubre de 2008 la pérdida de empleos ha afectado más a ciertos grupos de trabajadores, provincias e industrias, lo cual hace que estén sobrerrepresentados en lo que respecta a la pérdida neta de empleos. Por ejemplo, los inmigrantes recién llegados representan el 3 por ciento de las personas empleadas en el Canadá pero el 12 por ciento de la pérdida neta de empleos. El impacto es aún más pronunciado en las ciudades de Montreal, Toronto y Vancouver (53 por ciento de pérdida neta de empleos). En relación con los trabajadores con discapacidad, la Comisión toma nota de las medidas adoptadas a escala federal y provincial tales como el «10 by 10 Challenge» en la Columbia Británica y el programa de apoyo a las personas con discapacidad de Ontario. En relación con los trabajadores de edad, la Comisión toma nota de que el Gobierno proporcionará financiación adicional para ampliar la iniciativa destinada a los trabajadores de edad (Targeted initiative for older workers) (TIOW) hasta marzo de 2012, para ayudar a más trabajadores pertenecientes a esta categoría a seguir formando parte de manera productiva de la población activa. La TIOW proporciona apoyo a trabajadores de edad desempleados en áreas afectadas por importantes reestructuraciones y cierres de empresas, o por un alto nivel de desempleo, a través de programas cuyo objetivo es reintegrarles en la fuerza de trabajo. En otoño de 2009 se prevé iniciar una evaluación que se espera que aborde la importancia, éxito y la rentabilidad del programa. La Comisión invita al Gobierno a continuar transmitiéndole información y datos sobre la evaluación de las medidas de mercado de trabajo en relación con los trabajadores con discapacidad, los trabajadores de edad, los inmigrantes, y otras categorías de trabajadores vulnerables.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2005, Publicación: 95ª reunión CIT (2006)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2003, Publicación: 92ª reunión CIT (2004)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

1. La Comisión toma nota de la información contenida en la memoria del Gobierno para el período que finalizaba en junio de 1998. La Comisión declara que el empleo en el sector privado se había incrementado durante ese período en el 4,9 por ciento, 90 por ciento del cual había sido trabajo a tiempo completo, mientras que el empleo en el sector público había descendido en el 1,3 por ciento. En total, el empleo había crecido en el 1,9 por ciento, en 1997, y en el 2,8 por ciento, en 1998. En 1998, el desempleo llegó al 8,4 por ciento, por debajo del 9,7 por ciento de 1996. Según la OCDE, el producto interior bruto creció a un tasa del 3,8 por ciento, en 1997, y a una tasa del 3 por ciento, en 1998 y se prevé que siga creciendo por encima de la media de la OCDE para 1999-2000. El desempleo de larga duración (superior a los 12 meses) se situó en aproximadamente el 12,5 por ciento del desempleo total de 1997 y en el 10,1 por ciento de 1998. La Comisión toma nota también de la información contenida en la recopilación de documentos, para un seminario celebrado en 1997, bajo el título de "Ingresos y productividad en Norteamérica", presentada por el Gobierno en respuesta a los comentarios anteriores. La Comisión confía en que el Gobierno siga observando el impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) en la aplicación del Convenio, en consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores y con representantes de otros sectores de la población económicamente activa, de conformidad con el artículo 3.

2. La Comisión toma nota de que el desempleo juvenil había descendido del 16,6 por ciento al 15,7 por ciento, durante el período de presentación de memorias de dos años, y de que son muchos los programas que se han aplicado o impulsado para aumentar aún más el empleo juvenil. La Comisión agradecerá que se mantenga informada de los progresos realizados en aplicación del Convenio al respecto.

3. La Comisión toma nota de que el Gobierno ha establecido un programa de reformas del seguro de empleo (EI). En el marco de dicho programa, el Gobierno federal debe dar a las provincias la opción de participar más directamente en todos los aspectos de la planificación, del diseño y de la puesta en marcha de políticas activas de mercado laboral. Los gobiernos provinciales pueden optar entre asumir toda la responsabilidad o ninguna, o acordar la coadministración entre los ámbitos provincial y federal. Según el Gobierno, la mayoría de las provincias había optado por asumir, ya fuera toda la responsabilidad, ya fuera la coadministración. La Comisión espera que se la mantenga informada del impacto de esta transferencia de competencias en el cumplimiento de los objetivos del Convenio e incluyendo información sobre cómo se garantizan en este contexto las consultas debidas en virtud del artículo 3.

Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

1. En relación con su observación anterior, la Comisión toma nota de la memoria del Gobierno correspondiente al período que finaliza en junio de 1996, que contiene un conjunto de informaciones útiles acerca de las políticas de empleo aplicadas, tanto a nivel federal como a nivel de las provincias. La Comisión toma nota de que la tasa de crecimiento del empleo total, que alcanzaba 2,1 por ciento en 1994, sólo era de 1,6 por ciento en 1995 y, según los datos más recientes publicados por la OCDE, de 1,3 por ciento en 1996. El Gobierno indica que el crecimiento del empleo en el sector privado, principalmente bajo la forma de empleos de tiempo completo, ha coincidido con una importante contracción del empleo en el sector público como consecuencia del programa de reestructuración y de reducción del gasto público. La baja de la tasa de desempleo, que pasó de 10,4 por ciento en 1994 a 9,5 por ciento en 1995, se ha visto favorecida en un primer momento por una disminución importante de las tasas de participación en la actividad económica, en particular entre los jóvenes menores de 25 años. No obstante, éstos siguen enfrentando una tasa de desempleo netamente más alta que la tasa promedio, y la disminución del desempleo aparentemente se ha interrumpido desde entonces, con una tasa de 9,7 por ciento en 1996.

2. La Comisión toma nota de que se han confirmado, mediante el presupuesto de 1996, las principales orientaciones de la política económica del Gobierno, que la Comisión había advertido en su observación anterior, y que están encaminadas en particular a restablecer el equilibrio de las finanzas públicas. A este respecto, la Comisión observa que los progresos realizados con respecto a la reducción de los déficit públicos y el control de la inflación no se acompañan, por ahora, de progresos significativos en la lucha contra el desempleo. En este contexto, la Comisión recuerda que, de conformidad con el artículo 2 del Convenio, las medidas que deben adoptarse para lograr los objetivos del pleno empleo, productivo y libremente elegido deben ser determinadas y analizadas periódicamente "en el marco de una política económica y social coordinada". La Comisión agradecería al Gobierno que precisara si se han realizado evaluaciones acerca de la incidencia del esfuerzo de saneamiento presupuestario sobre el empleo. Además, la Comisión desearía disponer de informaciones sobre los efectos comprobados o esperados sobre el empleo de la aplicación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC-AN) y del Acuerdo sobre el Comercio Interior. Por otra parte, la Comisión toma nota de que la principal reforma estructural del período considerado, tiene por objeto, con la entrada en vigor en julio de 1996 de la ley de seguro de empleo, una mejor coordinación del sistema de prestaciones de desempleo con la política activa del empleo, mediante el fortalecimiento de los incentivos al trabajo, y la asignación de recursos más importantes a las medidas de apoyo para la reinserción en el empleo. La Comisión invita al Gobierno a que se sirva comunicar toda evaluación disponible relativa a la aplicación de esta reforma.

3. La Comisión toma nota con interés de las importantes informaciones comunicadas acerca de la puesta en práctica de las diferentes medidas de política activa de mercado de trabajo. La Comisión observa que el Gobierno subraya en su memoria el carácter prioritario de los programas de inserción de los jóvenes y que durante el otoño de 1996 debía anunciarse una estrategia para el empleo de los jóvenes. Además, la Comisión toma nota de las informaciones según las cuales las responsabilidades de los gobiernos de las provincias deberían ser aumentadas en relación con esta estrategia y, de manera más general, en materia de política del empleo. La Comisión agradecería al Gobierno que se sirviera precisar la manera en que las nuevas modalidades de cooperación entre el Gobierno federal y las provincias contribuyen a una política del empleo más eficaz, en particular en favor de las regiones cuyas tasas de desempleo son las más elevadas.

Observación (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

1. La Comisión tomó nota de la memoria del Gobierno para el período que concluyó en junio de 1994 y de dos anexos. Según las informaciones publicadas por la OCDE, la Comisión observa que en este período se ha podido apreciar una reactivación lenta del crecimiento del empleo (la OCDE había evocado una "reactivación sin empleo") y un descenso en la tasa de desempleo al término del período, donde se estabilizaba en el 10,4 por ciento, después de haber alcanzado el 11,3 por ciento en 1992. El Gobierno subraya sin embargo que la tasa de desempleo sigue siendo superior a su nivel anterior a la recesión y uno de los más elevados de los siete grandes países industrializados. El Gobierno también informa de una rápida y continua progresión del empleo a tiempo parcial (involuntario para el 40 por ciento de los trabajadores) con respecto al empleo a tiempo completo, así como de una disminución sin precedentes de la tasa de actividad desde el principio del decenio.

2. El Gobierno asegura que el empleo constituye su más alta prioridad como se desprende del presupuesto de febrero de 1994. Se persigue la creación de empleos a través de políticas de sostenimiento al crecimiento económico y de oferta de posibilidades de adquirir las calificaciones necesarias para afrontar los desafíos de un mercado de trabajo en rápida mutación. Según el Gobierno, una política de disminución regular del déficit presupuestario principalmente a través de la reducción de gastos, debería instaurar un clima favorable para un crecimiento económico activado por el sector privado y que permita la creación de empleo. La Comisión toma nota de que el otro objetivo principal de control de la inflación parece haber sido alcanzado ampliamente y espera que esta prioridad dada en lo inmediato al reequilibrio de las finanzas públicas tendrá los efectos previstos en el empleo. La Comisión observa asimismo que el Gobierno Federal y las provincias se han comprometido en una vasta reforma del sistema de seguridad del ingreso y de seguro de desempleo, para que contribuya más eficazmente al retorno al empleo de sus beneficiarios. La Comisión invita a este respecto al Gobierno a que comunique informaciones detalladas sobre las medidas tomadas o previstas para coordinar mejor el régimen de protección contra el desempleo con la política activa del empleo.

3. La Comisión toma nota por otra parte de las informaciones relativas a los programas de política del mercado de trabajo que, en particular, se aplican para favorecer la adaptación de las cualificaciones de los trabajadores empleados y de los desempleados, así como la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. La Comisión ha tomado nota con interés de los informes de evaluación de los diferentes programas, a propósito de los cuales el Gobierno indica que deberían ser modificados en profundidad en el marco de la reforma en curso del sistema de seguridad social. La Comisión agradecería al Gobierno que continuara enviando toda evaluación disponible acerca de la eficacia de las medidas de formación y de inserción.

4. En relación con sus comentarios anteriores y con la discusión en la Comisión que hubo en la Conferencia (1992), la Comisión espera poder comprobar, cuando examine la próxima memoria del Gobierno, nuevos progresos en la realización de los objetivos enunciados en el artículo 1 del Convenio, tanto a nivel federal como a nivel de las provincias.

Observación (CEACR) - Adopción: 1993, Publicación: 80ª reunión CIT (1993)

1. En relación con su observación anterior, la Comisión tomó nota de la memoria del Gobierno, así como de las explicaciones comunicadas por el Gobierno a la 79.a reunión de la Conferencia (junio de 1992) y de la discusión en el seno de la Comisión de la Conferencia.

2. La Comisión toma nota de la declaración a la Comisión de la Conferencia de la representante gubernamental, que se reproduce y se presenta en la memoria como la respuesta a su observación anterior. Confirmó que su Gobierno seguía considerando que la instauración de un medio ambiente económico favorable al crecimiento constituía la condición previa necesaria para la expansión del empleo en un plazo determinado. Al recordar los programas de política del mercado del trabajo aplicados en el marco de la Estrategia Canadiense del Empleo, señaló que la modificación de la ley sobre el seguro del desempleo había permitido liberar nuevos recursos en favor de medidas activas de capacitación de la mano de obra. Informó a la Comisión de la Conferencia sobre el establecimiento en enero de 1991 del Consejo de Evaluación de la Mano de Obra, de estructura tripartita y relevado por comités subregionales del mercado del trabajo. La representante gubernamental indicó asimismo que el Gobierno Federal negociaba con las Provincias la mejora de los diferentes programas y que se seguía haciendo un esfuerzo especial con miras a promover el empleo de los grupos desfavorecidos de la población. Los miembros empleadores señalaron los aspectos positivos de la política gubernamental sobre inversiones en recursos humanos, los esfuerzos en favor de los grupos con dificultades de inserción profesional, o incluso la aplicación de programas de empleo sobre una base regional, al recomendar al Gobierno que se acometieran acciones sin demora para modificar la tasa de desempleo. El miembro empleador de Canadá apoyó las nuevas iniciativas de su Gobierno, considerando que los programas de empleo de Canadá se cuentan, por su amplitud y calidad, entre los más desarrollados del conjunto de países industrializados. En cuanto a los miembros trabajadores, lamentaron comprobar que el Gobierno persistía en dar prioridad a su política económica de reducción del déficit presupuestario y de la inflación, en detrimento de la prosecución de los objetivos del empleo. El miembro trabajador de Canadá señaló la agravación de la tendencia a la precarización del empleo y consideró que una evaluación exacta del subempleo y del desempleo debería tener en cuenta a los desempleados desalentados a la hora de buscar un empleo y a los trabajadores a tiempo parcial involuntario o con contratos de corta duración. Manifestó por último la no conformidad de la política gubernamental con el espíritu y la letra del Convenio, al afirmar que una economía de pleno empleo era la condición básica para garantizar la seguridad del ingreso y un factor determinante para promover la igualdad de oportunidades y de condiciones.

3. La Comisión toma nota de que, según las nuevas informaciones comunicadas por el Gobierno en su memoria y los datos que figuran en los estudios de la OCDE (a los que se refirió el Gobierno), la recesión que conoció el país en 1991 ha entrañado una nueva progresión del desempleo, según una tendencia que el débil crecimiento posterior no ha permitido revertir. La tasa de desempleo quedó establecida en más del 11 por ciento de la población activa a finales del período de la memoria y, según la OCDE, se estabilizaría a este nivel únicamente si se produjera una contracción de la tasa de actividad de más de tres puntos en relación con 1990. Además, los datos para 1991 acusan evoluciones divergentes del empleo a tiempo completo (que disminuye en un 3 por ciento en relación con 1990) y del empleo a tiempo parcial (que aumenta en aproximadamente el 5 por ciento). La incidencia de este último es proporcionalmente elevado en las mujeres (que constituyeron el 70 por ciento del total de los trabajadores a tiempo parcial en 1991).

4. El Gobierno comunica en su memoria nuevas informaciones sobre la puesta en práctica de las reformas estructurales, especialmente en materia de fiscalidad, de política comercial, de desreglamentación, de privatización y de reforma del seguro de desempleo. Este último se inscribe en el marco de una política de mercado del trabajo destinada a reducir el carácter disuasorio de un sistema de protección considerado demasiado generoso y pone el acento en las medidas activas. La Comisión toma nota de los resultados alcanzados en términos de control de la inflación, de reducción de las tasas de intereses y de disminución del déficit presupuestario. Observa que, de este modo, parecen reunirse, según los propios criterios del Gobierno, las condiciones para una recuperación del crecimiento favorable del empleo, mientras que la OCDE, por su parte, no cree prácticamente en una disminución notable del desempleo en 1992-1993, a pesar de las previsiones de recuperación de la actividad. Al tratar las medidas de política del mercado de trabajo, que se inscriben en el marco de la Estrategia Canadiense de Empleo, la Comisión invita nuevamente al Gobierno a que comunique cualquier evaluación disponible del efecto de los diferentes programas en el empleo de las categorías de las personas interesadas. Agradecería asimismo al Gobierno que facilitara todos los documentos pertinentes relativos a las actividades del nuevo Consejo de Evaluación de la Mano de Obra y, de modo más general, que comunicara al mismo tiempo informaciones sobre las consultas con los representantes de las personas interesadas, en aplicación del artículo 3 del Convenio. Espera que, a continuación de la Comisión de la Conferencia, las próximas memorias comuniquen los progresos realizados para la consecución de los objetivos de empleo, tal y como están definidos en el Convenio.

Observación (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

1. La Comisión ha tomado nota de la memoria del Gobierno para el período que finalizó en junio de 1990, así como de las informaciones sobre las provincias que figuran en su memoria general para 1990-1991. La memoria sobre la aplicación del Convenio indica que con respecto al período anterior, la tasa de crecimiento del empleo continuaba declinando y que se preveía que el desempleo, después de haber alcanzado en 1988-1989 su nivel más bajo desde 1981, es decir, de 7,5 por ciento, cesaría de disminuir en 1990 para establecerse en un 7,7 por ciento. La OCDE ha confirmado que esta tendencia desfavorable para el empleo se habría agravado desde entonces y que el desempleo, en fuerte aumento, superaría la tasa del 10 por ciento para 1991. La Comisión toma nota además de que según las estadísticas comunicadas por el Gobierno en junio de 1990, antes del deterioro de la situación, subsistían fuertes disparidades regionales, especialmente en las cinco provincias con tasas de desempleo muy superiores a la media nacional (como por ejemplo 9,1 por ciento para Quebec y 18,6 por ciento para Terranova). Los datos correspondientes al mismo período muestran que el empleo a tiempo parcial involuntario representaba casi un cuarto del total de los empleos de tiempo parcial en 1989-1990, con un descenso notable que afectaba solamente a la mano de obra femenina. La reciente evolución de la situación general del empleo y del desempleo contrasta con la que observó la Comisión en su comentario anterior.

2. El Gobierno ha vuelto a afirmar que, al adoptar los presupuestos para 1989-1990, se había fijado como objetivo prioritario reducir el déficit presupuestario y luchar contra la inflación para promover el crecimiento económico y la creación de empleos. El Gobierno indica en su memoria que la Estrategia Canadiense de Empleos (CJS), formulada en 1985, continúa siendo el punto central de su política de empleo. También menciona la estrategia de desarrollo de la mano de obra, introducida en 1989, que se propone modificar la afectación de gastos en materia de política de empleo en forma coherente con la política de reducción del déficit del presupuesto. Esta estrategia, junto con la reforma del sistema de seguro por desempleo y la política de desarrollo regional, prefiere reforzar las medidas activas de formación para el empleo y no las pasivas consistentes en mantener el ingreso de las personas sin empleo. Uno de sus objetivos es aumentar el papel que desempeña el sector público en la formación de los trabajadores para que éstos se adapten mejor a las necesidades actuales del mercado de trabajo. La Comisión agradecería al Gobierno se sirviera precisar qué dificultades ha encontrado para alcanzar el objetivo del pleno empleo establecido en el Convenio y conciliarlo con los demás objetivos económicos y sociales.

3. La Comisión ha tomado nota del programa de formación y desarrollo del empleo que, en el marco de la Estrategia Canadiense de Empleos continúa prestando ayuda a las personas con dificultades especiales para encontrar y conservar un empleo duradero, tales como los jóvenes, las mujeres que ingresan o reingresan al mercado de trabajo, los desempleados de larga duración o los trabajadores amenazados de desempleo. Según el Gobierno, pese a que no se dispone de ninguna estimación de las consecuencias que han tenido esos programas sobre el empleo, ciertos estudios indican que han mejorado la situación de los participantes en el mercado de trabajo y que podrían aún desarrollarse, en especial para favorecer a los trabajadores de edad avanzada, las personas menos instruidas y los beneficiarios del seguro por desempleo que habían perdido recientemente su empleo. La Comisión espera que el Gobierno podrá evaluar los efectos que han tenido esos programas en relación con el empleo de las categorías mencionadas. La Comisión toma nota de que en 1989, el Gobierno federal y las provincias emprendieron en forma conjunta un estudio de la estrategia de desarrollo de los recursos humanos del Canadá. La Comisión agradecería al Gobierno se sirviera comunicarle informaciones sobre los resultados y conclusiones de dicho estudio.

Observación (CEACR) - Adopción: 1989, Publicación: 76ª reunión CIT (1989)

La Comisión toma nota de la información completa suministrada en respuesta al formulario de memoria y a su observación anterior. El Gobierno describió en detalle la situación del empleo en las provincias y entre las distintas categorías de la población, así como también las medidas adoptadas en el marco de la estrategia canadiense de empleos (Canadian Jobs Strategy, CJS), un nuevo enfoque para la creación, formación y desarrollo de empleos, introducido en 1985. El Gobierno ha tomado medidas, en particular, en el campo de la seguridad social de manera de facilitar la movilidad de los trabajadores y atenuar las desventajas que de otra manera los trabajadores sufrirían al ser transferidos de un puesto a otro. Indica que el empleo ha crecido en una tasa relativamente alta (2,8 por ciento en 1987), mientras que los que tienen ocupaciones de tiempo parcial (72 por ciento son mujeres) se han transformado en un sector permanente y muy representativo de la fuerza de trabajo (15,2 por ciento en 1987), sector que podría ser objeto de un tratamiento desleal. El desempleo global ha caído de un 8,9 por ciento en 1987 al 7,5 por ciento en 1988, según el Gobierno (la tasa normalizada de la OCDE para Canadá es 8,8 por ciento, en 1988); los niveles del desempleo continúan declinando para todas las edades y en todas las provincias (por ejemplo, de 12,6 por ciento en 1988 al 10,8 por ciento en la primera mitad de 1988 en Columbia Británica).

La Comisión confía en que el Gobierno continuará brindando informaciones sobre las medidas adoptadas en el marco de la CJS. Espera, en particular, que buscará mostrar los resultados de las medidas adoptadas en términos de empleo, señalando la medida en que se han beneficiado las regiones más afectadas por el desempleo, y también cuánto empleo a tiempo completo ha sido creado y cuánto resulta ser empleo a tiempo parcial, estacional o eventual. La Comisión agradecería al Gobierno se sirva describir en lo posible las consecuencias para el empleo de las políticas económicas globales a que se refiere en su memoria, especialmente en relación con la política comercial (considerando que el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos requerirá el ajuste de la mano de obra en un período de diez años, como sugieren las medidas que ya han previsto las autoridades de Alberta), así como también en relación con las políticas fiscales y monetarias. Esta información permitirá a la Comisión apreciar mejor la manera en que se da efecto a los objetivos del Convenio.

Finalmente, en lo que se refiere a la aplicación de las disposiciones del artículo 3 del Convenio, la Comisión ha tomado nota con interés de que varios elementos de las políticas y servicios del Gobierno para el mercado del trabajo incluyen mecanismos consultivos tripartitos y que en la provincia de Alberta, en particular, se toma en cuenta la posibilidad de aumentar los procedimientos formales de consulta existentes mediante el establecimiento de consejos regionales de formación. Agradecería al Gobierno se sirva continuar suministrando informaciones sobre la evolución futura en esta materia, tanto a nivel federal como en las provincias.