Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Benin (Ratificación : 1960)

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2021, Publicación: 110ª reunión CIT (2022)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

No disponible en español.

Observación (CEACR) - Adopción: 2014, Publicación: 104ª reunión CIT (2015)

Artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. Carácter puramente militar de los trabajos realizados en el marco de las leyes sobre el servicio militar obligatorio. Desde hace varios años, la Comisión viene señalando a la atención del Gobierno sobre la necesidad de modificar los textos en los que se regula el servicio militar obligatorio a fin de restringir el campo de aplicación de las actividades que pueden imponerse a los reclutas en el marco de esta obligación únicamente a los trabajos o servicios que revisten un carácter estrictamente militar. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala en su memoria que, si bien desde 2010 quedó interrumpida la práctica del servicio militar de interés nacional, la legislación de 2007 relativa a la instauración del servicio militar de interés nacional sigue sin ponerse en conformidad con las disposiciones de los convenios de la OIT sobre el trabajo forzoso.

La Comisión reitera que, para que los trabajos o servicios exigidos en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio sean excluidos del campo de aplicación del Convenio y no constituyan un trabajo forzoso, éstos deben revestir un carácter puramente militar. Así pues, tanto la Ley núm. 63-5 sobre el Reclutamiento en la República de Benin, de 26 de junio de 1963 como la Ley núm. 2007-27 sobre la Instauración del Servicio Militar de Interés Nacional, de 23 de octubre de 2007, y su decreto de aplicación (decreto núm. 2007-486, de 31 de octubre de 2007 relativo a las modalidades generales de organización y de cumplimiento del servicio militar de interés nacional) tienen como objetivo la movilización de los ciudadanos con miras a su participación en las tareas de desarrollo socioeconómico:

• -artículo 35 de la Ley núm. 63-5 sobre el Reclutamiento, según el cual el servicio militar activo tiene como objetivo tanto contribuir a la formación de los reclutas como a emplearlos, sobre todo en unidades especializadas del ejército de tierra para participar en las obras de construcción nacional;
• -artículos 2 y 5 de la ley núm. 2007-27, según los cuales el servicio militar de interés nacional tiene la finalidad de movilizar a los ciudadanos con miras a su participación en las tareas de desarrollo del país; y los reclutas movilizados podrán ser destinados a las administraciones, unidades de producción, instituciones y organismos con objeto de participar en el cumplimiento de las tareas pertinentes de carácter social o económico, de interés nacional;
• -artículo 18 del decreto núm. 2007-486, que prevé que, tras dos meses de formación militar, cívica y moral, los reclutas llevan a cabo durante nueve meses tareas de desarrollo socioeconómico.

Por consiguiente, la Comisión expresa su firme esperanza de que el Gobierno adoptará las medidas necesarias para poner de conformidad con el Convenio lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley núm. 63-5 sobre el Reclutamiento en Benin, así como las disposiciones de la Ley núm. 2007-27 sobre la Instauración del Servicio Militar de Interés Nacional y su decreto de aplicación (decreto núm. 2007-486).

La Comisión recuerda, además, que la ley núm. 83-007 de 17 de mayo de 1983, por la que se rige el servicio cívico patriótico, ideológico y militar, contradice el artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio, en la medida en que prevé que las personas sujetas a este servicio cívico y militar serán asignadas, en función de sus aptitudes laborales, a una unidad de producción y podrán imponérseles trabajos que no tengan un carácter estrictamente militar. La Comisión toma nota de la indicación del Gobierno según la cual la ley núm. 83-007 ha sido derogada, y por consiguiente confía en que el Gobierno no dejará de adoptar las medidas necesarias con miras a su derogación formal.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

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Observación (CEACR) - Adopción: 2010, Publicación: 100ª reunión CIT (2011)

Artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. Carácter puramente militar de los trabajos realizados en el marco de las leyes sobre el servicio militar obligatorio. En sus comentarios anteriores, la Comisión había señalado a la atención del Gobierno las disposiciones del artículo 35 de la Ley núm. 63-5 sobre el Reclutamiento, de 26 de junio de 1963, según las cuales el servicio militar activo tiene como objetivo, en un primer tiempo, dar a los conscriptos una instrucción militar y una instrucción destinada a desarrollar su sentido cívico y, en un segundo tiempo, perfeccionar su formación y emplearlos, especialmente en unidades especializadas del ejército de tierra, para participar en las obras de construcción nacional.

La Comisión toma nota de las informaciones sucintas comunicadas por el Gobierno en su memoria, según las cuales los jóvenes gozan, en el marco del servicio militar, de una formación para la vida activa, al final de la cual son libres de todo compromiso.

Sin embargo, el Convenio no prohíbe que los militares de carrera que se incorporaron voluntariamente a las Fuerzas Armadas realicen trabajos que no revisten un carácter puramente militar (véase párrafo 46 del Estudio General de 2007, Erradicar el trabajo forzoso).

La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio, los trabajos o los servicios exigidos en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio, sólo están excluidos del campo de aplicación del Convenio con la condición de que revistan un carácter puramente militar. De las mencionadas disposiciones, se deriva que los trabajos exigidos a los conscriptos, pueden no revestir un carácter puramente militar, pudiendo ser, por tanto, considerados como trabajos forzosos u obligatorios en el sentido del Convenio. En consecuencia, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para poner las disposiciones del artículo 35 de la ley núm. 63-5 de conformidad con el Convenio.

En sus comentarios anteriores, la Comisión ha tomado nota de la adopción de la ley núm. 2007-27, de 23 de octubre de 2007, sobre la institución del servicio militar de interés nacional, en aplicación de la ley núm. 63-5 sobre el reclutamiento, de 26 de junio de 1963, que ha sido objeto de los comentarios de la Comisión (véase supra), así como de la adopción del decreto núm. 2007-486, de 31 de octubre de 2007, sobre las modalidades generales de organización y de cumplimiento del servicio militar de interés nacional. Ha tomado nota de que, en virtud de los artículos 2 y 5 de la ley núm. 2007-27, el servicio militar de interés nacional — servicio de 12 meses de carácter obligatorio al que están sujetos todos los nacionales de Benin de los dos sexos de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años —, completa el servicio militar activo. La Comisión ha tomado nota de que, en virtud del artículo 3 de la ley, el servicio militar de interés nacional tiene como objetivo la movilización de los ciudadanos con miras a su participación en las tareas de desarrollo del país. El artículo 4 precisa que, tras una primera fase de instrucción, los reclutas son, en una segunda fase, asignados a las administraciones, a las unidades de producción, a las instituciones y a los organismos, a efectos de participación en el cumplimiento de las tareas pertinentes de interés nacional de carácter social o económico. Según el artículo 18 del decreto núm. 2007-486, tras dos meses de formación militar, cívica y moral, los reclutas cumplen durante nueve meses tareas de desarrollo socioeconómico. La Comisión ha tomado nota de que las disposiciones de la ley núm. 2007-27 y del decreto núm. 2007-486, no satisfacen las condiciones del artículo 2, párrafo 2), a), del Convenio, en la medida en que los reclutas para el servicio militar de interés nacional son asignados a tareas de desarrollo socioeconómico que no revisten un carácter puramente militar. En consecuencia, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que adopte las medidas necesarias para modificar o derogar la ley núm. 2007-27 y el decreto núm. 2007-486, de modo de asegurar su conformidad con el Convenio.

En sus comentarios anteriores, la Comisión ha señalado que la ley núm. 83‑007, de 17 de mayo de 1983, que rige el servicio cívico patriótico, ideológico y militar, no está de conformidad con el Convenio, en la medida en que los que tienen que realizar ese servicio cívico y militar obligatorio son asignados, en función de sus aptitudes laborales, a una unidad de producción, y pueden imponérseles trabajos que no tienen un carácter puramente militar. La Comisión ha tomado nota de la declaración del Gobierno, según la cual, en la práctica, esta ley ha dejado de aplicarse. Solicita nuevamente al Gobierno que tenga a bien indicar, en su próxima memoria, si se ha efectivamente derogado la ley núm. 83-007, de 17 de mayo de 1983 y, si procediera, comunicar una copia del texto derogatorio.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

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Observación (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

Artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio. Carácter puramente militar de los trabajos realizados en el marco de las leyes sobre el servicio militar obligatorio.  En sus comentarios anteriores, la Comisión había solicitado al Gobierno que volviera a examinar las disposiciones del artículo 35 de la ley núm. 63-5 sobre el reclutamiento, de 26 de junio de 1963, y que comunicara informaciones acerca de su aplicación práctica. Con arreglo a esas disposiciones, el servicio militar activo tiene como fin, en un primer tiempo, dar a los conscriptos una instrucción militar y una instrucción destinada a desarrollar su sentido cívico y, en un segundo tiempo, perfeccionar su instrucción y emplearlos, ínter alia, en las unidades especializadas del ejército de tierra, para participar en las obras de construcción nacional. De esas disposiciones se desprende que, contrariamente al artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio los trabajos exigidos a los conscriptos pueden no revestir un carácter puramente militar y ser considerados, por tanto, como un trabajo forzoso u obligatorio en el sentido del Convenio. En su memoria de 2006, el Gobierno había indicado que se comunicarían próximamente las informaciones relativas a la aplicación práctica del artículo 35. Sin embargo, la Comisión comprueba que la última memoria del Gobierno, no contiene información alguna sobre este punto. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para armonizar las disposiciones del artículo 35 de la ley núm. 63-5 con las del Convenio.

La Comisión toma nota de la adopción de la ley núm. 2007-27, de 23 de octubre de 2007, sobre la institución del servicio militar de interés nacional, en aplicación de la ley núm. 63-5 sobre el reclutamiento, de 26 de junio de 1963, que ha sido objeto de los comentarios de la Comisión (véase el punto 1 de esta observación), así como de la adopción del decreto núm. 2007-486, de 31 de octubre de 2007, sobre las modalidades generales de organización y de cumplimiento del servicio militar de interés nacional. Toma nota de que, en virtud de los artículos 2 y 5 de la ley núm. 2007-27, el servicio militar de interés nacional — servicio de 12 meses de carácter obligatorio al que están sujetos todos los nacionales de Benin de los dos sexos de edades comprendidas entre los 18 y los 35 años — completa el servicio militar activo. En virtud del artículo 3, el servicio militar de interés nacional tiene por objetivo la movilización de los ciudadanos con miras a su participación en las tareas de desarrollo del país. El artículo 4 precisa que, tras una primera fase de instrucción, los reclutas son, en una segunda fase, asignados a las administraciones, a las unidades de producción, a las instituciones y a los organismos, a efectos de participación en el cumplimiento de las tareas pertinentes de interés nacional de carácter social o económico. Además, la Comisión toma nota de que el artículo 18 del decreto núm. 2007-486, precisa que, tras dos meses de formación militar, cívica y moral, los reclutas cumplen durante nueve meses tareas de desarrollo socioeconómico. La Comisión recuerda que, en virtud del artículo 2, párrafo 2, a), del Convenio los trabajos o servicios exigidos en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio, sólo están excluidos del campo de aplicación del Convenio con la condición de que revistan un carácter puramente militar. La Comisión toma nota de que las disposiciones de la ley núm. 2007-27 y del decreto núm. 2007-486 no satisfacen esta condición, en la medida en que los reclutas para el servicio militar de interés nacional son asignados a tareas de desarrollo socioeconómico que no revisten un carácter puramente militar. En consecuencia, la Comisión solicita al Gobierno que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para modificar o derogar la ley núm. 2007-27 y el decreto núm. 2007-486, de modo de asegurar la conformidad con el Convenio.

A lo largo de muchos años, la Comisión ha venido señalando a la atención del Gobierno la necesidad de modificación de la ley núm. 83-007, de 17 de mayo de 1983, que rige el servicio cívico patriótico, ideológico y militar. La Comisión ha señalado que esa ley está en contradicción con esta disposición del Convenio, en la medida en que los sometidos a ese servicio cívico y militar obligatorio están asignados, en función de sus aptitudes laborales, a una unidad de producción y puede imponérseles unos trabajos que no tienen un carácter puramente militar. Habiendo precisado el Gobierno a este respecto que, en la práctica, ha dejado de aplicarse esta ley, la Comisión le ha solicitado que confirme que ha sido formalmente derogada. En su memoria recibida en noviembre de 2006, el Gobierno ha indicado que las informaciones sobre esta cuestión serían comunicadas a la OIT. Sin embargo, la última memoria del Gobierno no aporta información alguna acerca de este punto. Por consiguiente, la Comisión solicita nuevamente al Gobierno que se sirva indicar si ha sido efectivamente derogada la ley núm. 83-007, de 17 de mayo de 1983, y, si es el caso, comunicar una copia del texto derogatorio.

La Comisión plantea otros puntos en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2004, Publicación: 93ª reunión CIT (2005)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2001, Publicación: 90ª reunión CIT (2002)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1994, Publicación: 81ª reunión CIT (1994)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1992, Publicación: 79ª reunión CIT (1992)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1991, Publicación: 78ª reunión CIT (1991)

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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1990, Publicación: 77ª reunión CIT (1990)

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