Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Armenia (Ratificación : 1994)

Caso individual (CAS) - Discusión: 2023, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Información escrita proporcionada por el Gobierno

Artículo 1

En la actualidad, se está trabajando activamente para elaborar un proyecto de estrategia de empleo, que se considera el principal resultado directo de la segunda dirección prioritaria del Programa de Trabajo Decente por País (PTDP). El principal objetivo del proyecto es promover el empleo a través de la creación de una fuerza de trabajo competitiva y apta para el empleo, y la expansión de oportunidades de trabajo altamente productivas. El proyecto pretende contribuir enormemente al fortalecimiento del vínculo entre la educación y el mercado de trabajo en los próximos años. Sobre la base de la estrategia, como resultado del análisis profundo del mercado de trabajo, se ha previsto que los ciudadanos en edad de trabajar de las comunidades, incluidas las ciudades regionales de Armenia, los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan, las mujeres de mediana edad (30-40 años) que no trabajan ni tienen familia y los beneficiarios de prestaciones sociales sean el grupo destinatario de la estrategia, los beneficiarios aptos para el empleo a quienes estará dirigida principalmente la política estatal de empleo en los próximos años.

Uno de los objetivos estratégicos previstos por el proyecto es la transformación del sistema de política estatal en el ámbito del empleo orientada al desarrollo del capital humano (oferta del mercado de trabajo), al crecimiento de empleos de alta productividad (demanda del mercado de trabajo) y a la reducción de las discrepancias entre la oferta y la demanda de mano de obra. En el proyecto de estrategia se contemplan temas de regulación tales como los derechos laborales y la garantía de la inclusión y la igualdad de oportunidades (personas con discapacidad, igualdad de género, migrantes, personas desplazadas, minorías nacionales, etc.). En el marco de la elaboración del documento estratégico, también se está contemplando la posibilidad de introducir un sistema de seguro de desempleo. Durante la elaboración del proyecto, del 25 de noviembre al 6 de diciembre de 2022, tuvieron lugar seis discusiones de grupos focales entre los empleadores en los respectivos sectores de la economía, con miras a identificar las tendencias cambiantes de la estructura del empleo, la productividad laboral y la demanda de mano de obra en Armenia, así como los problemas de los grupos destinatarios de la estrategia que participarán en la fuerza de trabajo y las posibles soluciones a dichos problemas. Las recomendaciones formuladas como resultado de las discusiones se incluyeron en el proyecto de documento estratégico.

A día de hoy, se están elaborando la visión, los principales objetivos, los programas para lograr estos objetivos y las estrategias de aplicación del proyecto de estrategia de empleo. El proyecto está actualmente en la fase de discusión y coordinación con los órganos gubernamentales pertinentes. Al principio del próximo mes, se ha previsto asimismo organizar una reunión con los representantes de la Confederación de Sindicatos de Armenia (CTUA) y de diversas asociaciones de empleadores, cuyos resultados también se tendrán en cuenta en el proceso de mejora del proyecto.

Además de la elaboración del proyecto, cabe señalar asimismo que el PTDP ha contribuido enormemente al desarrollo de las capacidades de los trabajadores tanto del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales como del Servicio Social Unificado (USS) en el ámbito del empleo, ya que, en el marco de estos últimos, se han llevado a cabo iniciativas de fomento de la capacidad de gran escala, se han celebrado consultas, y se han traducido y proporcionado materiales de formación.

Los representantes de la OIT participaron activamente en la sesión estratégica para discutir la parte analítica, la visión, los objetivos y los programas del proyecto de estrategia de empleo. También llevaron a cabo un examen pormenorizado de los materiales conexos, y formularon comentarios detallados, que han sido de suma utilidad al revisar el documento.

Según los datos de Armstat, en 2022, el índice preliminar de la tasa de desempleo en Armenia fue del 13,0 por ciento, lo que representa una disminución de 2,5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior. Al mismo tiempo, el índice preliminar del nivel de empleo fue del 51,1 por ciento, lo cual constituye un incremento de 2,2 puntos porcentuales frente al año anterior. El índice preliminar del número de personas empleadas en 2022 fue de 1 139 100, lo que representa un aumento del 4,7 por ciento en relación con el año anterior.

Al mismo tiempo, el número de personas desempleadas fue de 170 100, lo que representa una disminución del 14,5 por ciento frente al año anterior. Los cuadros que figuran a continuación muestran los principales indicadores del empleo y del desempleo en Armenia, que son publicados por Armstat.

A finales de diciembre de 2021, el número de personas en busca de trabajo registradas en los centros territoriales del USS y del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales fue de 86 396, lo que representa un incremento del 1,8 por ciento frente al año anterior. Durante 2021, se empleó a 10 117 personas, cifra que constituye un incremento del 0,08 por ciento en comparación con el año anterior.

El número de personas desempleadas registradas en los centros territoriales en el USS a finales de diciembre de 2021 fue de 58 153, lo que muestra una disminución del 5,1 por ciento en comparación con el año anterior. A finales de diciembre de 2021, el porcentaje de mujeres desempleadas entre el número total de personas desempleadas fue del 64,2 por ciento o de 37 336 personas, lo que constituye una disminución de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el indicador del año anterior. El 4,3 por ciento de las personas desempleadas registradas, o 2 517 personas fueron personas con discapacidad.

A finales de diciembre de 2022, el número de personas en busca de trabajo registradas en los centros territoriales del USS fue de 70 544, lo cual representa una disminución del 18,3 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior. En 2022, desde principios del año, se empleó a 10 362 personas, lo cual constituye un incremento del 2,4 por ciento frente al año anterior.

El número de personas desempleadas a finales de diciembre de 2022 fue de 48 561, lo cual representa una disminución del 16,5 por ciento respecto del año anterior. A finales de diciembre de 2022, el porcentaje de mujeres desempleadas entre el número total de personas desempleadas fue del 62,8 por ciento o de 30 543 mujeres, lo cual muestra una disminución de 1,4 puntos porcentuales en comparación con el índice del año anterior (el 64,2 por ciento a finales de diciembre de 2021). El 4,4 por ciento de las personas desempleadas, o 2 140 personas, eran personas con discapacidad (a finales de diciembre de 2021, el 4,3 por ciento de las personas desempleadas).

A fin de garantizar el empleo de la población, en 2021 el USS adoptó una serie de medidas, tales como la facilitación de formación profesional, la indemnización parcial al empleador por el salario pagado a una persona con discapacidad, la adquisición de experiencia laboral, el empleo estacional y el apoyo a la cría de animales. También se adoptaron medidas para respaldar la organización de formación profesional para las madres que no son competitivas en el mercado de trabajo y no tienen una profesión, y la organización de servicios de cuidado infantil para las personas que trabajan.

En particular, el número de personas incluidas en el programa de formación profesional fue de 487, entre las cuales se contabilizaron 377 mujeres y 58 personas con discapacidad. Un total de 353 personas desempleadas fueron incluidas en el programa de adquisición de experiencia laboral, de las cuales 322 fueron jóvenes, 301 mujeres, y 9 personas con discapacidad. Un total de 106 personas fueron incluidas en el programa de formación profesional para las madres sin una profesión, de las cuales 34 fueron jóvenes. En general, en 2021, un total de 3 958 personas fueron incluidas en programas estatales de empleo, en particular 2 600 mujeres, 1 185 jóvenes y 314 personas con discapacidad.

Al mismo tiempo, en el periodo 2021-2022 siguieron estableciéndose medidas encaminadas a garantizar el empleo de los ciudadanos desempleados de Artsaj (Nagorno-Karabaj), que se vieron desplazados como resultado de la guerra desencadenada por Azerbaiyán el 27 de septiembre de 2020 y que estaban en Armenia. En particular, como consecuencia de la medida de apoyo para obtener experiencia laboral, en el periodo 2021-2022 unos 703 ciudadanos de Artsaj obtuvieron experiencia laboral y un empleo, y 93 ciudadanos de Artsaj obtuvieron un empleo temporal en el marco de la organización de obras públicas remuneradas.

A lo largo de 2022, aproximadamente 1 800 personas, con inclusión de 596 mujeres, 345 jóvenes y 200 personas con discapacidad, fueron incluidas en los programas estatales para garantizar un empleo.

En 2022, el USS estableció las siguientes medidas, cuyo establecimiento también está previsto para 2023:

1. Organización de formación profesional y facilitación de empleo para las personas desempleadas que tomaron parte en las operaciones militares desencadenadas por Azerbaiyán en 2016 y 2020. En el marco de esta medida, como resultado de la obtención de experiencia laboral o de la inclusión en programas de formación profesional o de la facilitación de una suma global como apoyo al empleador, en 2022 aproximadamente 276 ciudadanos que participaron en las operaciones militares obtuvieron un empleo, incluidos 224 jóvenes y 30 personas con discapacidad. En 2023, también se ha previsto incluir a unas 500 personas desempleadas en esta medida.

2. La medida de promoción del empleo estacional, en el marco de la cual aproximadamente 1 178 personas desempleadas, inclusive 321 mujeres, 14 jóvenes y 157 personas con discapacidad, tuvieron la oportunidad de realizar trabajo agrícola y de obtener un empleo temporal. En 2023, se ha previsto incluir en la medida a 2 300 personas desempleadas.

3. Como resultado de la facilitación de una suma global como apoyo al empleador en el marco de la medida «Garantizar el empleo de las personas desempleadas», 23 personas desempleadas obtuvieron un empleo, incluidas 10 personas desempleadas provenientes de familias beneficiarias. En 2023 se ha previsto incluir en la medida a otras 177 personas desempleadas.

Al mismo tiempo, en febrero de 2023, el Gobierno aprobó una nueva medida de promoción del empleo, en el marco de la cual, en caso de contratar a una persona desempleada, se proporciona una indemnización por los gastos incurridos por el empleador en términos de impuesto sobre la renta calculado a partir del salario de este último. Además, las cuantías y las condiciones de la indemnización son diferentes dependiendo de que se trate de una familia beneficiaria, de la edad, de que se tenga un hijo o no, y de que se tenga una discapacidad o no. En el marco de esta medida, también se ha previsto el pago de una indemnización al empleador por adaptar el lugar de trabajo de una persona con discapacidad.

En 2023 se ha previsto garantizar el empleo de aproximadamente 206 personas en el marco de la medida. Se ha previsto apoyar al empleador al nivel del 100 por ciento del impuesto sobre la renta calculado a partir del salario de la persona empleada y deducido del mismo, durante un periodo de doce meses, hasta un máximo de 50 000 drams armenios al mes, en caso de contratar a una persona desempleada de entre 16 y 29 años de edad proveniente de una familia que recibe prestaciones familiares o sociales; al nivel del 50 por ciento del impuesto sobre la renta, por un periodo de tres meses, hasta un máximo de 15 000 drams al mes, en caso de contratar a una persona proveniente de una familia que recibe prestaciones familiares o sociales; en el caso de miembros de una familia desempleados de entre 30 y 45 años de edad, al nivel del 30 por ciento del impuesto sobre la renta, durante un periodo de seis meses, hasta un máximo de 12 000 drams al mes, y en el caso de una madre con un hijo menor de 5 años de edad, la prolongación del apoyo durante otros tres meses. La prestación de asistencia al empleador con la misma medida está concebida asimismo para el empleo de personas desempleadas de otros grupos destinatarios.

Artículo 2

La legislación nacional no define mecanismos de control estatales para las actividades de las agencias de empleo privadas, pero actualmente están teniendo lugar discusiones sobre las posibilidades de cooperación entre las agencias estatales y privadas. En particular, se ha previsto adoptar medidas para garantizar que las agencias privadas participen en el proceso de establecimiento de programas estatales de empleo.

Trabajo no declarado

El Gobierno continuará proporcionando información desglosada actualizada sobre el impacto de las medidas encaminadas a reducir el número de trabajadores no declarados o no registrados, y a facilitar su integración en la economía formal.

El establecimiento de la nueva medida de promoción del empleo, que se menciona en el artículo 1, facilitará enormemente que los trabajadores de la economía informal se incorporen al mercado de trabajo formal. El Gobierno proporcionará información sobre el impacto del evento.

Artículo 3

Con el fin de poner en práctica cualquier iniciativa en el ámbito del empleo, las opiniones de los interlocutores sociales se tuvieron continuamente en cuenta al elaborar los proyectos. Todos los proyectos de textos legales elaborados en el ámbito se sometieron tanto a la CTUA como a la Unión Republicana de Empleadores de Armenia (RUEA) para que dieran a conocer su opinión.

Además, como el principal documento estratégico del ámbito, los resultados de las discusiones de los grupos focales con diversos empleadores mencionadas anteriormente se tuvieron presentes en el marco de la elaboración del proyecto de estrategia de empleo.

Cuadros no reproducidos: Tasa de desempleo desglosada por género, 2020-2022; Tasa de empleo desglosada por género, 2020-2022; Niveles de subutilización de la fuerza de trabajo, 2020-2022; Personas empleadas por edad (1 000 personas); Personas desempleadas por edad (1 000 personas); El número de personas en busca de trabajo y de personas empleadas registradas en el USS, por género y edad, por Marzes de Armenia y Yerevan, 2020-2022

Discusión por la Comisión

Presidente - Quisiera abrir el debate sobre el caso de Armenia, en el que se va a discutir la aplicación del Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122). Quisiera invitar al representante gubernamental de Armenia, que se dirigirá a la Comisión a distancia, a tomar la palabra.

Representante gubernamental - Quiero comenzar expresando mi sincero agradecimiento a la OIT por su continua colaboración y el amplio apoyo a las reformas iniciadas por el Gobierno para mejorar el entorno laboral en el país. Permítanme también agradecer a la Comisión su contribución al desarrollo de unas relaciones laborales más justas y equitativas en Armenia.

Este año se cumple el 31.º aniversario de nuestra pertenencia a la OIT. Durante estos años, la OIT ha sido un socio de confianza de Armenia en la mejora de la justicia social, el desarrollo del diálogo social, la garantía de la seguridad y la salud en el trabajo, la promoción de la igualdad de género en el mundo del trabajo y muchos otros ámbitos.

El Gobierno concede especial importancia a la pertenencia a la OIT y ha llevado a cabo reformas fundamentales en materia de protección y promoción de los derechos laborales, el empleo sostenible y el trabajo decente. A lo largo de los últimos años, se han aplicado varias medidas en este sentido, incluidas reformas legislativas. En la actualidad, la política estatal se está adaptando y mejorando aún más para ajustarla plenamente a nuestras obligaciones y compromisos internacionales con el fin de hacer frente a la evolución de los retos.

Esta es la razón por la que el Gobierno estaba muy preocupado por haber sido incluido en la lista de países que incumplen los convenios.

Armenia ratificó el Convenio en 1994 y asumió importantes obligaciones internacionales para garantizar el empleo de su población. Siguiendo sus obligaciones internacionales y prioridades nacionales, Armenia aprobó en 2013 la Ley de Empleo, que estableció un nuevo modelo de empleo, dirigido a la ejecución de programas activos para garantizar el empleo estable de los desempleados, en particular aquellos que no son competitivos en el mercado de trabajo.

La Revolución de Terciopelo de 2018 en Armenia, que se desarrolló de manera pacífica y democrática, estableció una visión, unas prioridades y unas acciones nuevas para el desarrollo del país, en particular en cuanto a la modernización del entorno laboral.

En concreto, algunas de ellas están relacionadas con los progresos realizados en relación con el Convenio.

Actualmente, se está trabajando de manera activa en la elaboración de un proyecto de estrategia de empleo, que se considera el principal resultado directo de la segunda dirección prioritaria del PTDP. El principal objetivo de la estrategia es promover el empleo a través de la creación de una fuerza de trabajo competitiva y apta para el empleo, y la expansión de oportunidades de trabajo altamente productivas. La estrategia pretende contribuir enormemente al fortalecimiento del vínculo entre la educación y el mercado de trabajo en los próximos años.

A partir de un análisis profundo del mercado laboral de Armenia, en primer lugar, la estrategia se dirige a los ciudadanos en edad de trabajar de las comunidades, incluidas las capitales regionales de Armenia, a los jóvenes de entre 18 y 29 años que ni estudian ni trabajan ni reciben formación (NEET), a las mujeres de mediana edad (entre 30 y 40 años) que no trabajan ni tienen familia y a los beneficiarios de prestaciones sociales; grupos estos en los que se centrará la política estatal de empleo en los próximos años. Además de estos colectivos, la estrategia prevé abordar las necesidades de todos los demás grupos, por ejemplo, proporcionando una política de envejecimiento activo.

Uno de los objetivos estratégicos previstos en el proyecto de estrategia es la transformación del sistema de política estatal en el ámbito del empleo orientada al desarrollo del capital humano (oferta del mercado de trabajo), al crecimiento de empleos de alta productividad (demanda del mercado de trabajo) y a la reducción de las discrepancias entre la oferta y la demanda de mano de obra. En el proyecto de estrategia se contemplan temas de regulación tales como los derechos laborales y la garantía de la inclusión y la igualdad de oportunidades. En el marco de la elaboración del documento estratégico, también se está contemplando la posibilidad de introducir un sistema de seguro de desempleo, que el Gobierno considera como uno de los mecanismos clave para combatir el desempleo y proteger a los desempleados.

Durante la elaboración del proyecto de estrategia, del 25 de noviembre al 6 de diciembre de 2022, tuvieron lugar seis discusiones de grupos focales entre los empleadores en los respectivos sectores de la economía, con miras a identificar las tendencias cambiantes de la estructura del empleo, la productividad laboral y la demanda de mano de obra en Armenia, así como los problemas de los grupos destinatarios de la estrategia que participarán en la fuerza de trabajo y las posibles soluciones a dichos problemas. Las recomendaciones formuladas como resultado de las discusiones se incluyeron en el proyecto de estrategia.

En la actualidad, el proyecto de estrategia se encuentra en fase de debate y coordinación con los órganos gubernamentales pertinentes. También está previsto mantener un debate con los representantes de la CTUA y varias asociaciones de empleadores para que la estrategia sea más polifacética. En este sentido, el pasado viernes celebramos una reunión con representantes de los empleadores.

Los representantes de la OIT han participado activamente en las sesiones sobre el texto de la estrategia para debatir la parte analítica, la visión, los objetivos y los programas de la estrategia de empleo. También han examinado en profundidad el material relacionado y han aportado comentarios detallados, que han resultado muy útiles para revisar el documento.

Permítanme hacer hincapié en que la elaboración de la estrategia es solo uno de los múltiples pilares en los que Armenia está trabajando en el marco del PTDP 2019-2023. Este programa ha contribuido significativamente al desarrollo de las capacidades de los funcionarios que trabajan en el ámbito del empleo tanto en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de Armenia como en el USS. Ha permitido poner en marcha iniciativas de desarrollo de capacidades a gran escala. Además, se tradujo y distribuyó material de consultoría y formación.

El Gobierno espera con gran interés la continuidad del Programa después de 2023 para garantizar una colaboración más fluida y eficaz con la OIT en esta área.

Para seguir ocupándose de la cuestión del desempleo y garantizar el empleo de la población en Armenia, en 2021 el USS llevó a cabo medidas en materia de formación profesional, indemnización parcial al empleador por el salario pagado a una persona con discapacidad, adquisición de experiencia laboral, empleo estacional, así como apoyo a actividades de cría de animales. También se adoptaron medidas para respaldar la impartición de formación profesional para las madres que no son competitivas en el mercado de trabajo y no tienen una profesión, y la organización de servicios de cuidado infantil para las personas que trabajan.

A pesar de que aún no se ha adoptado la estrategia, se están poniendo a prueba numerosas actividades. En concreto, en 2022, se incluyó en los programas de formación profesional a 487 personas, de las cuales 377 eran mujeres y 58 personas con discapacidad. Se incluyó a 353 desempleados en el programa de adquisición de experiencia laboral, de los cuales 322 eran jóvenes, 301 mujeres y 9 personas con discapacidad. El programa de formación profesional para madres sin profesión se impartió a 106 mujeres, de las cuales 34 eran jóvenes. En general, en 2021, se incluyó a unas 3 958 personas en programas de empleo estatales, de las cuales 2 600 eran mujeres, 1 185 jóvenes y 314 personas con discapacidad.

En 2021-2022 se siguieron aplicando medidas destinadas a garantizar el empleo de los ciudadanos desempleados de Nagorno-Karabaj, desplazados a Armenia como consecuencia de la guerra desatada por Azerbaiyán el 27 de septiembre de 2020. El Gobierno puso en marcha no solo programas de empleo, sino iniciativas de protección social en general.

Además, a lo largo de 2022 el Gobierno puso a prueba programas de empleo para unas 1 800 personas, entre ellas 596 mujeres, 345 jóvenes y 200 personas con discapacidad. Todos los programas nuevos se basan en un enfoque basado en los resultados.

La ejecución de los programas piloto del USS de 2022 comprende las medidas siguientes:

En primer lugar, se organizan cursos de formación profesional y se ofrece empleo a las personas desempleadas que participaron en las actividades militares relacionadas con la agresión lanzada por Azerbaiyán en 2016 y 2020. En este marco y como resultado de la adquisición de experiencia laboral, la inclusión en programas de formación profesional o la prestación de una ayuda en un pago único al empleador, en 2022 alrededor de 276 ciudadanos que participaron en las operaciones militares obtuvieron un empleo, entre ellos 224 jóvenes y 30 personas con discapacidad. En 2023, el Gobierno tiene previsto ampliar este programa a todo el personal militar desmovilizado.

En segundo lugar, se aplican medidas de fomento del empleo estacional, de las cuales se han beneficiado alrededor de 1 178 desempleados. En 2023 se prevé incluir en la medida a unos 2 300 desempleados. Hay otros programas que están en proceso de planificación y aplicación.

La Comisión de Expertos tomó nota de que el Gobierno ha indicado que la legislación nacional no establece mecanismos de control para supervisar las actividades de las agencias de empleo privadas.

A este respecto, la legislación de Armenia no define mecanismos de control estatal para las actividades de las agencias de empleo privadas, pero actualmente se están debatiendo posibilidades de cooperación entre las agencias privadas estatales. En particular, se prevé adoptar medidas para que las agencias privadas participen en el proceso de ejecución de los programas de empleo estatales. En este contexto, el Ministerio, en cooperación con Democracy International, organización financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ya ha empezado a diseñar un programa para poner en marcha las medidas mencionadas. Además, existe un acuerdo preliminar con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Armenia para repartir costos en la aplicación de programas de empleo dirigidos por agencias privadas.

Al llevar a cabo cualquier iniciativa en el ámbito del empleo y en otros campos, se tuvieron en cuenta continuamente las opiniones de los interlocutores sociales a la hora de elaborar los borradores. Todos los proyectos de textos legales elaborados en este ámbito se presentaron a la CTUA y a la RUEA para que dieran su opinión.

Además, como principal documento estratégico en la materia, al elaborar el proyecto de estrategia de empleo se tomaron en consideración los resultados de las mencionadas discusiones de grupo con diversos empleadores.

Permítanme detenerme brevemente en algunas otras iniciativas, cuyo objetivo es promover un entorno laboral más adecuado en Armenia.

En particular, en 2022 el Gobierno y el PNUD cofinanciaron y pusieron a prueba un mecanismo de apoyo a la innovación a escala sectorial, la Plataforma núm. 5, para superar los desafíos combinados que frenan el empoderamiento económico de las mujeres, centrándose en la empleabilidad y la iniciativa empresarial. Tras el éxito de la Plataforma núm. 5, el Gobierno ha hecho un llamamiento a la OIT para que le permita unirse a su Programa de desarrollo de la iniciativa empresarial de la mujer con el fin de seguir apoyando conjuntamente a las mujeres en lo relativo al emprendimiento y el empleo.

En Armenia, desde 2012, se han emprendido reformas del Sistema de Apoyo al Desarrollo Profesional. El 2 de junio de 2023, el modelo nacional de orientación profesional de Armenia se presentó en la conferencia de la OCDE como buena práctica.

Mientras tanto, la Fundación Europea de Formación destaca el carácter único de la normativa estatal armenia dentro de los países de la Asociación Oriental.

El Gobierno, dando una gran prioridad a la adopción y aplicación de los valores y normas de la OIT, ya ha iniciado el proceso de ratificación del Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190). Además, en las modificaciones en curso del Código del Trabajo de Armenia ya se han incluido algunas de las disposiciones del Convenio núm. 190.

A modo de conclusión, me gustaría resaltar que, a pesar de la pandemia de COVID-19 y la agresión de Azerbaiyán contra el pueblo de Nagorno-Karabaj y el territorio soberano de Armenia, después de la Revolución de Terciopelo que se desarrolló en la primavera de 2018 de manera pacífica y democrática, el Gobierno está llevando a cabo amplias reformas, emprendiendo todas las medidas y desplegando todos los esfuerzos posibles para abordar las necesidades de sus ciudadanos y proporcionar un entorno laboral mejor. Con objeto de alcanzar la sostenibilidad y de cooperar de manera más eficaz con la OIT, sugerimos abrir una Oficina de la OIT en Armenia, ampliar el PTDP para Armenia, que finaliza en 2023, así como apoyar a Armenia para que se una al Programa de desarrollo de la iniciativa empresarial de la mujer de la OIT. Por último, el apoyo de la OIT a las iniciativas previstas en la estrategia de empleo de Armenia creará un valor adicional y global en la cooperación entre Armenia y la OIT.

Confío en que todo lo anterior proporcione a la Comisión la base necesaria para retirar a Armenia de la lista de países que comparecen ante ella, alentando a todas las partes interesadas a seguir aplicando reformas activas en el ámbito del empleo y los derechos laborales. Esto permitirá a la OIT desempeñar un papel de socio fiable para fomentar el desarrollo democrático no solo en Armenia, sino en todo el mundo.

Miembros trabajadores - La Declaración de Filadelfia reconoce la obligación oficial de la OIT de apoyar la aplicación de programas que ejecutan los distintos países del mundo destinados a lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida. El preámbulo de la Constitución de la OIT prevé la lucha contra el desempleo y la garantía de un salario que asegure condiciones de vida decentes.

Así, incumbe a la OIT examinar y considerar los efectos de las políticas económica y financiera sobre la política del empleo, teniendo en cuenta el objetivo fundamental de que «todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades». Este convenio es la norma internacional del trabajo que pone en práctica los objetivos establecidos en los textos fundacionales de nuestra Organización.

Hoy examinamos cómo aplica Armenia el Convenio. Según el artículo 1 del Convenio, Armenia debe formular y aplicar una política activa destinada a promover el pleno empleo, productivo y libremente elegido. Esta política garantizará que haya trabajo para todas las personas disponibles y que están en búsqueda de empleo, que dicho trabajo sea lo más productivo posible, que haya libre elección de empleo y que todo trabajador tenga plenas oportunidades de adquirir las cualificaciones necesarias para un empleo adecuado.

Según el Informe de la Comisión de Expertos, más de 60 000 personas están desempleadas en Armenia, lo que representa una tasa de desempleo del 13 por ciento, la mayoría de las cuales son mujeres, que representan casi el 65 por ciento de los desempleados. Según las estadísticas de 2020 de que dispone el Departamento de Estadística de la OIT, la tasa de actividad en Armenia era del 66,5 por ciento. Estas pocas estadísticas demuestran los numerosos retos a los que se enfrenta Armenia para establecer una política nacional de empleo. Armenia también se enfrenta a las consecuencias para el empleo que derivan del contexto geopolítico en el que se encuentra. En concreto, parte de su territorio ha sido escenario de conflictos armados, lo que ha provocado el desplazamiento de personas a otras regiones, aunque allí no puedan encontrar empleo. El Informe de la Comisión de Expertos menciona también la existencia de disparidades en estas estadísticas a nivel regional, lo que sugiere la necesidad de permitir que estas realidades regionales se tengan en cuenta en la política de empleo. El Informe de la Comisión de Expertos además pone de manifiesto que, a pesar de las reformas a gran escala llevadas a cabo en el ámbito del empleo en los últimos años, sigue habiendo cuestiones urgentes que abordar. A saber, el desfase entre la oferta y la demanda de mano de obra, las barreras existentes al empleo para los recién llegados al mercado laboral, los grupos en situación vulnerable y los trabajadores y trabajadoras cualificados.

En Armenia se están llevando a cabo numerosas iniciativas para trabajar en estos distintos ámbitos. Un ejemplo es el PTDP 2019-2023, que establece las prioridades del país y los resultados clave que se han desarrollado en estrecha consulta con los mandantes tripartitos. Estas prioridades incluyen el desarrollo de una nueva Estrategia Nacional de Empleo, que aborda estas y otras cuestiones como el empleo juvenil, el empleo rural y la informalidad. El Gobierno hace del fomento del empleo y la educación una prioridad para la erradicación de la pobreza en el país. Es inconcebible una política de empleo que cumpla el Convenio sin prestar especial atención a los grupos vulnerables, entre los que desgraciadamente siguen, seguimos, figurando las mujeres. A este respecto, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha observado con preocupación el limitado acceso al empleo estable y adecuadamente remunerado de los grupos de mujeres desfavorecidas y marginadas, incluidas las pertenecientes a minorías étnicas, las desplazadas internas, las que se encuentran en situaciones similares a la de los refugiados, las migrantes y las mujeres con discapacidad. Las escasas cifras de participación de personas con discapacidad en los programas de regulación de empleo son motivo de preocupación. Lo mismo cabe decir de la participación de los jóvenes de entre 16 y 29 años. Por lo tanto, los grupos vulnerables del mercado laboral, en particular las mujeres, las personas con discapacidad y los jóvenes, necesitarán una atención especial en el desarrollo de la política de empleo en Armenia.

En muchos países, las agencias privadas de empleo son uno de los instrumentos utilizados en el marco de las políticas de empleo. Este es también el caso de Armenia. No obstante, es esencial que estas agencias de empleo privadas estén sujetas a mecanismos de control. En la información escrita facilitada por el Gobierno, se afirma que se están manteniendo conversaciones para fomentar la colaboración entre las agencias de empleo públicas y privadas. Aunque esta colaboración es deseable, no resuelve la cuestión de los mecanismos de control de las agencias de empleo privadas. La ratificación por Armenia del Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81), podría ser una oportunidad para abrir camino en este ámbito.

La lucha contra el trabajo no declarado debe ser también parte integrante de la política de empleo. El Informe de la Comisión de Expertos indica que se han tomado medidas, incluidas medidas fiscales, para aumentar el número de trabajadores declarados. No podemos sino animar al Gobierno a proseguir sus esfuerzos en este sentido y a adoptar nuevas medidas.

Por último, permítanme recordar uno de los principios fundamentales que también figuran en el Convenio, a saber, el de la consulta con los interlocutores sociales sobre las políticas de empleo. No podemos sino alentar al Gobierno a que siga plenamente comprometido con la aplicación tripartita de una política de empleo que permita a los trabajadores y trabajadoras de Armenia proseguir su progreso material y su desarrollo espiritual en libertad y dignidad, con seguridad económica y en igualdad de oportunidades.

Miembros empleadores - Lamento profundamente que no haya sido posible para el delegado de los empleadores armenios participar y contribuir a esta discusión en persona, ya que sus credenciales para la Conferencia fueron retiradas por el Gobierno. El delegado de los empleadores armenios ha presentado una objeción a esta medida ante la Comisión de Credenciales.

Con respecto al Convenio, agradecemos al Gobierno el envío de información actualizada sobre este caso. El Convenio fue ratificado por Armenia en 1994 y hoy es la primera vez que la Comisión debate la aplicación de este convenio. La Comisión de Expertos ha hecho observaciones sobre la aplicación de este convenio en tres ocasiones: 2015, 2018 y 2022.

Con respecto a las observaciones de 2022, la Comisión de Expertos identificó tres cuestiones principales relativas a este caso. La primera cuestión se refiere a las tendencias del empleo y la aplicación de una política activa del empleo de conformidad con el artículo 1 del Convenio. Tomamos nota de los esfuerzos de Armenia en el ámbito del empleo, ya que ha puesto en marcha reformas como el PTDP para promover el empleo a través de la creación de una fuerza de trabajo competitiva y apta para el empleo, y la expansión de oportunidades de trabajo productivas. De acuerdo con la información suministrada, además, en 2022 el Gobierno desarrolló programas completos para facilitar la inclusión laboral de personas desempleadas que tomaron parte en las operaciones militares desencadenadas por Azerbaiyán en 2016 y 2020. También se adoptaron políticas en materia tributaria que han facilitado la formalización de las empresas y se espera, como consecuencia de ello, que también mejoren las indicaciones sobre empleo.

Desde hace varios años, observamos en Armenia una tendencia positiva en los indicadores de mercado laboral, tales como una reducción en la tasa de desempleo que en 2022 se redujo en 2,5 puntos porcentuales en comparación con 2021.

No obstante, y pese a todo, persisten cuestiones apremiantes que deben abordarse como la brecha entre la oferta y la demanda de trabajo y los obstáculos para hallar un empleo, tanto por parte de las personas que acceden por primera vez al mercado de trabajo, como los colectivos vulnerables, en particular las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad.

Según informa el Gobierno, al día de hoy están inmersos en una nueva estrategia para el empleo que prevén discutir próximamente con los representantes de la Confederación de Sindicatos y de diversas asociaciones de empleadores. Los miembros empleadores consideramos fundamental que el Gobierno ponga en marcha esta estrategia y cuantas medidas sean precisas cuanto antes para abordar los déficits del mercado laboral. Pero consideramos imprescindible que lo haga tras un proceso de diálogo social real y efectivo con los interlocutores sociales más representativos.

La segunda cuestión, se refiere a la adopción de medidas activas de mercado de trabajo de conformidad con el artículo 2 del Convenio. Tomamos nota de que, según la información facilitada por el Gobierno, la legislación nacional no define mecanismos de control estatales para las actividades de las agencias de empleo privadas, pero están teniendo lugar discusiones sobre las posibilidades de cooperación entre las agencias estatales y las privadas. Esta previsión del Gobierno de adoptar medidas para garantizar que las agencias privadas participen en el proceso de establecimiento de programas estatales de empleo podría contribuir positivamente a reforzar la inserción en el mercado de trabajo de las personas desempleadas. Asimismo, tomamos nota de que, con relación al trabajo no declarado, el Gobierno está tomando medidas encaminadas a reducir el número de trabajadores no declarados y a facilitar su integración en la economía formal. Sin embargo, debería aportar información sobre el impacto de esta medida para valorar su eficacia.

La tercera cuestión se refiere a la consulta a los interlocutores sociales, de conformidad con el artículo 3 del Convenio. Tomamos nota de que el Gobierno confirma haber sometido las políticas y los programas de empleo a opinión de la CTUA y de la RUEA. Sin embargo, los empleadores nos alineamos con la Comisión de Expertos al solicitar información más concreta sobre estos procesos de consulta con los interlocutores sociales para mayor garantía, más aun teniendo en cuenta que el estudio publicado recientemente por la RUEA y la investigación publicada por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América, indican que el diálogo social tripartito en Armenia es incipiente y tiene de hecho graves problemas relacionados con la legislación en materia de asociación, los constituyentes y su representatividad.

Miembro trabajadora, Armenia - La CTUA quisiera compartir con ustedes su enfoque sobre la aplicación del Convenio.

En cuanto a la aplicación del Convenio, el Gobierno elaboró un proyecto de nueva estrategia de empleo, como ha indicado el representante gubernamental, que también se consultó con la CTUA. La CTUA aportó comentarios y sugerencias, pero las discusiones continuarán en la próxima reunión de la Comisión Tripartita Republicana. Este año, la CTUA coordina dicha comisión.

Debemos destacar que Armenia ha estado en guerra durante casi treinta años y, desde septiembre de 2020, las acciones militares activas tenían lugar en Nagorno-Karabaj y Armenia se enfrentó a una guerra activa durante 44 días. Miles de personas de Nagorno-Karabaj pasaron a ser refugiados en Armenia, en malas condiciones de vida y sin trabajo. Estas personas se sumaron al círculo del desempleo, lo que dio lugar a nuevos desafíos para el Gobierno y los interlocutores sociales. Se desarrollaron algunos programas para los mencionados refugiados, con el fin de hacerles la vida menos difícil.

Otro gran reto al que se enfrenta Armenia son las personas que vienen de la Federación de Rusia huyendo de la movilización. Estas personas también influyen en el mercado de trabajo de Armenia. Salvo, por supuesto, los que trabajan en el sector de las tecnologías de la información, que lo hacen a distancia y no influyen en el mercado laboral.

El Gobierno hace todo lo posible por mejorar la vida en el sector del empleo. Hay deficiencias en el ámbito del empleo de Armenia en cuanto a la falta de seguro de desempleo y a la ausencia de prestaciones por desempleo, aunque estos estén previstos en la Constitución de Armenia. De todos modos, el Gobierno tiene algunos programas de empleo en los que la gente puede recibir una nueva formación y crear su propia empresa con el apoyo de estos programas.

La estrategia de empleo incluye también los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad y los jóvenes, especialmente en las zonas rurales, donde también es muy difícil encontrar trabajo. No obstante, debo subrayar que mantenemos una buena cooperación con la Oficina de Actividades para los Trabajadores de la OIT en el marco del PTDP. Asimismo, la CTUA ve ahora la oportunidad de mejorar la situación en cuanto a la aplicación del Convenio, también con el apoyo técnico de la OIT, en lo que respecta a la concertación social y a la aplicación de la estrategia que se adoptará tras algunas discusiones. Vamos a discutirlo una y otra vez en el marco de la concertación social y en la Comisión Tripartita Republicana.

Miembro trabajadora, Alemania - La situación actual de Armenia está marcada por crisis de muy diversa índole. En septiembre de 2020, volvió a estallar el conflicto armado en Nagorno-Karabaj. Esto llevó a que hubiera muchos desplazados internos. La situación ejerce una gran presión sobre el mercado de trabajo armenio, que se ha visto agravada por el reciente aumento de las migraciones procedentes de la Federación de Rusia. En consecuencia, acogemos con agrado todos los esfuerzos realizados por el Gobierno armenio, en términos de legislación laboral, protección de los grupos vulnerables, formalización de las relaciones laborales y, por último, pero no menos importante, la creación de una Estrategia Nacional de Empleo.

Para cualquier país del mundo, cualquiera de estas reformas representaría un gran esfuerzo. Armenia no solo está abordando todas estas reformas de manera simultánea, sino también en el marco del diálogo social. Elogiamos este enfoque y nos complace ver una mayor representación sindical en el proceso. A principios de mayo, se revisó a fondo el Código del Trabajo armenio, enmendándose 122 de los 296 artículos. Hay mejoras en las disposiciones específicas sobre el empleo de los menores, la licencia de maternidad y los periodos de vacaciones. Por ejemplo, ahora los trabajadores pueden trasladar de un año al siguiente las vacaciones que no han disfrutado. También se ha facilitado el acceso a los programas de formación. Además, la legislación incluye una sección sobre la prohibición de la violencia sexual en el lugar de trabajo, y allana el camino para la ratificación del Convenio núm. 190. De hecho, acabamos de examinar esa ratificación en mi país y esperamos que esta semana se apruebe la ratificación necesaria. También hemos observado que sería posible ratificar el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), pudiendo considerar algún tipo de asociación. Por lo que se refiere a la Estrategia Nacional de Empleo, hasta ahora tenemos algunas señales muy prometedoras, incluidas las propuestas sobre el seguro de desempleo y una mayor inclusión de los grupos desfavorecidos. Teniendo en cuenta el nivel de desempleo femenino, desproporcionadamente más elevado, la atención anunciada a la igualdad de género nos parece imperativa. Estos cambios también han tenido lugar con el asesoramiento de la OIT en el marco del PTDP. Apoyamos la iniciativa del Gobierno de ampliar aún más este programa. Todas estas reformas son muy prometedoras, pero aún queda mucho por hacer. Tenemos dudas, por ejemplo, en cuanto a la eficacia de la reforma de la legislación laboral, dado el gran sector informal que sigue existiendo en Armenia. Aparte de eso, la sostenibilidad del seguro de desempleo propuesto es de carácter limitado.

En consonancia con la Comisión de Expertos, recomendamos mayores esfuerzos para formalizar las relaciones laborales en particular. La integración de los trabajos informales en el mercado de trabajo es un paso adelante indispensable hacia la consolidación de un estado del bienestar armenio. La CTUA tiene una nueva presidenta y esta hace campaña en la actualidad a favor de un aumento del salario mínimo y de una ampliación del derecho de huelga. Hay que reforzar las estructuras y los procesos tripartitos. Hay que salvar la distancia entre los acuerdos sobre el papel y su aplicación real. La tensa situación económica provoca un gran desequilibrio de poder a favor de los empleadores. Hay pocos convenios colectivos amplios y los sindicatos no participan suficientemente en muchas negociaciones.

Observador, Organización Internacional de Empleadores (OIE) - Me gustaría presentar las observaciones de la RUEA sobre el Convenio.

En primer lugar, quisiera dar las gracias por esta oportunidad de participar en la reunión de la Comisión y de expresar nuestras preocupaciones sobre el estado actual de la concertación social y de la aplicación del Convenio en Armenia. Me gustaría dar las gracias a la OIE por permitirme intervenir hoy en la presente reunión. Nuestro delegado sindical quería asistir a la Conferencia, pero entonces el Gobierno le retiró las credenciales, sin justificación y vulnerando la Constitución de la OIT. Estas acciones han impedido a nuestro delegado sindical participar en la Conferencia. Por supuesto, a pesar de las muchas transformaciones a mejor, Armenia sigue enfrentándose a retos sociales y económicos que siguen sin resolverse, y las alianzas sociales se han visto debilitadas. Existe una brecha significativa entre el nivel de la oferta y la demanda. Quienes acceden por primera vez al mercado de trabajo han de superar algunos obstáculos. Para apoyar al Gobierno en sus compromisos de superar obstáculos y mejorar la política de empleo, la RUEA ha presentado al Gobierno desde 2016 los resultados de sus investigaciones, soluciones de mejora y recomendaciones.

Nuestra organización no ha recibido ningún borrador de la Estrategia Nacional de Empleo y no se realizaron consultas con nuestra organización para la elaboración del documento. Por supuesto, tenemos entendido que hubo algunas reuniones con algunos empleadores en el marco de varios grupos de discusión, pero nuestro sindicato no fue informado de estas reuniones, no participamos en ellas y no recibimos ningún borrador de la estrategia. Tampoco el Gobierno compartió con nosotros las observaciones del Informe de la Comisión de Expertos, que nos llegaron únicamente a través de la OIT. Ha sido difícil participar cuando el Gobierno no nos consulta y nos sigue ocultando información crucial.

En cuanto a la cooperación con las agencias de empleo privadas, que también se menciona en la observación de la Comisión de Expertos, estaríamos encantados de reforzar nuestra cooperación con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el marco de la colaboración con las agencias privadas de empleo y del seguimiento de sus actividades, así como de la ratificación del Convenio núm. 181.

La concertación social se encuentra en un nivel débil. El Ministerio ha llevado a cabo una reunión de la Comisión Nacional de Informes en lugar de las ocho previstas inicialmente. El Ministerio no ha emprendido medidas concretas y significativas para la organización de reuniones y debates, con conocimiento mutuo entre los interlocutores a la hora de presentar los puntos de vista de los interlocutores sociales al Gobierno, etc.

Hemos expresado al Gobierno nuestra preocupación por la escasa eficacia de la concertación social y nuestra organización envió una carta al Gobierno, el pasado agosto de 2022, que ha quedado sin respuesta hasta la fecha.

Hemos intentado mejorar la situación y mantuvimos una reunión con el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Sin embargo, tampoco tuvo lugar. Hasta la fecha, como presidente de la Unión, nunca me he reunido con el Ministro en los dos años transcurridos desde que ocupó el cargo. Nuestra organización sigue dispuesta a trabajar con los interlocutores sociales y con la OIT para superar los retos actuales en la aplicación del Convenio. Sin embargo, esto será difícil si el Gobierno continúa con la práctica actual de ocultar información crucial a los empleadores y realizar consultas ignorando a las organizaciones empresariales y negando a los empleadores el derecho a participar en el proceso, incluida la participación en la Conferencia.

En conclusión, me gustaría mencionar que como organización de empleadores con una nutrida representación en el país, estamos deseosos de apoyar al Gobierno para elaborar una Estrategia Nacional de Empleo y lograr la plena aplicación del Convenio. Con esta participación, esperamos contribuir a una concertación social eficaz en Armenia. Sin un diálogo social adecuado, no se puede avanzar en la aplicación de las normas del trabajo esenciales, ni en Armenia, ni en ningún otro país.

Observador, IndustriALL Global Union - Hago esta declaración en nombre de IndustriALL Global Union con el apoyo de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA).

Mi organización cuenta con sindicatos afiliados en los sectores minero, metalúrgico, energético y manufacturero de Armenia y seguimos de cerca la evolución de la situación en el país. Junto con nuestras organizaciones afiliadas, acogemos con satisfacción el compromiso del Gobierno de cumplir las exigencias de las normas internacionales, así como la Carta Social Europea.

Nos hemos enterado de que el 3 de mayo de 2023 se aprobó una ley por la que se introducían amplias modificaciones en el Código del Trabajo de Armenia con un objetivo específico sobre la concertación social. También observamos que se están ultimando las enmiendas a la ley sobre sindicatos, así como a las asociaciones de empleadores, y esperamos que esto proporcione una base sólida para el desarrollo del diálogo social a todos los niveles.

También observamos que el Gobierno aplica el PTDP para el periodo 2019-2023 y que recientemente ha solicitado la prórroga del Programa.

Animamos encarecidamente a la OIT a que continúe con los programas de asistencia técnica existentes y a que apoye la solicitud de Armenia de apoyo continuo en el marco del PTDP. Nuestras organizaciones afiliadas informan de que el Gobierno ha finalizado el borrador de la Estrategia Nacional de Empleo, que proporciona un enfoque creíble encaminado a la modernización del entorno laboral en el país. Esta estrategia aborda la cuestión de los derechos laborales, previendo la introducción del sistema de seguro de desempleo. Esperamos que todas estas iniciativas se apliquen en un futuro próximo.

Cabe señalar que el diálogo social entre el Gobierno y la CTUA se ha revitalizado en los últimos seis meses, lo que consideramos un paso positivo.

Esperamos que también se implique a los empleadores, de forma unificada, en los trabajos de los órganos tripartitos del país. Hay que señalar que, debido a ello, en Armenia no se ha concluido ni un convenio general ni convenios sectoriales. Este dato reviste una gran importancia porque en el mundo laboral de Armenia hay graves problemas que afectan a los trabajadores. Los trabajadores se ven obstaculizados en el ejercicio de su libertad sindical. Cuando quieren obtener la protección de un convenio colectivo negociado, se enfrentan a la resistencia de los empleadores. Cuando quieren ejercer su derecho de huelga o de reunión pacífica, se ven expuestos a presiones. Así pues, existen graves problemas de salud, seguridad y, sobre todo, de protección en el país, que deben abordarse seriamente mediante el diálogo social general y la ayuda de la OIT.

El país también se enfrenta a elevados niveles de desempleo y a un nivel de vida extremadamente bajo entre los refugiados procedentes de Nagorno-Karabaj o de los países vecinos, en particular de la Federación de Rusia.

Nos cuesta entender por qué Armenia ha sido incluida en la lista de países que han incumplido este convenio, ya que existen muchos otros problemas graves en el mundo laboral en el país que deben atajarse urgentemente.

Pedimos al Gobierno que acelere los procesos legislativos para que los empleadores tengan derecho a proteger sus intereses de acuerdo con las normas internacionales. Pedimos a los empleadores que sean constructivos y vuelvan al diálogo social para encontrar soluciones a muchos asuntos sociales y laborales, incluida la coordinación de la Estrategia Nacional de Empleo, elaborada por el Gobierno en consulta con la CTUA.

También pedimos a la OIT que siga prestando apoyo al Gobierno, a los trabajadores y a los empleadores de Armenia, para fomentar el diálogo social y reforzar los mecanismos que garanticen a los trabajadores el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en el trabajo.

Representante gubernamental - Quiero dar las gracias a todos los interlocutores por haber compartido sus observaciones. Como dije durante mi primera intervención, el Gobierno está emprendiendo reformas masivas y exhaustivas, también en el ámbito del empleo y las relaciones de trabajo. El objetivo es abordar todas las cuestiones difíciles y, entre otras cosas, cumplir las obligaciones de la Constitución de la OIT y los convenios ratificados. Mientras tanto, permítanme responder brevemente a las principales cuestiones planteadas durante esta reunión. En primer lugar, la cuestión de la proporcionalidad entre la demanda y la oferta en el mercado de trabajo es un tema importante en el que el Gobierno se está centrando. La nueva estrategia abordará la cuestión para ofrecer soluciones globales y multifuncionales. En segundo lugar, el Gobierno prosigue con su programa de trabajo activo. La estrategia prevé múltiples acciones para establecer diferentes evoluciones en el conjunto del mercado de trabajo, pero se centra especialmente en los grupos vulnerables, como los jóvenes, entre otros. Sin embargo, a pesar de esto, la estrategia aún no ha sido adoptada. El Gobierno ya ha adoptado los principales programas de empleo para promover los derechos y la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo.

Por ejemplo, en 2022, el Gobierno y el PNUD cofinanciaron y pusieron a prueba un mecanismo de apoyo a la innovación a escala sectorial. Como líder en tecnología e igualdad de género, Armenia se ha embarcado en un ambicioso viaje para desarrollar una acción audaz de transformación para el empoderamiento económico de las mujeres en sectores de alta productividad laboral.

Tras el éxito obtenido, el Gobierno pide a la OIT que siga apoyando los esfuerzos del Gobierno para impulsar el espíritu empresarial de las mujeres.

Por último, permítanme referirme rápidamente a la observación formulada por el presidente de la RUEA. Apreciamos su disposición a desarrollar la cooperación con el Gobierno. Sin embargo, nos ha sorprendido recibir la carta precisamente durante la reunión de la Comisión. Por ello, y con anterioridad a la mencionada carta de la RUEA relativa a la suspensión de la cooperación, no se confirmó la participación de la parte empleadora en la reunión de la Conferencia.

Todas esas medidas están llamadas a desarrollar la justicia social en Armenia, la cual requiere aún más atención y apoyo en tiempos de incertidumbre y turbulencias mundiales.

Para concluir, permítanme reiterar la disposición y voluntad del Gobierno de seguir profundizando y desarrollando la cooperación con la OIT para promover la justicia social en Armenia y en todo el mundo. Confío en que la Comisión tendrá en cuenta todas aquellas medidas que la Comisión de Expertos reconoció como positivas y de progreso.

Miembros empleadores - Los empleadores agradecemos a los distintos oradores que han tomado la palabra y, en particular, al Gobierno sus intervenciones y la información facilitada.

En nuestras observaciones finales quisiéramos subrayar, una vez más, que el Convenio prevé la declaración y aplicación de una política activa destinada a promover el pleno empleo productivo y libremente elegido. Esta política debe tener por objeto asegurar que haya trabajo para todo el que busca empleo, trabajo productivo y libre elección del empleo, y mejorar el desajuste de competencias en el mercado de trabajo.

Hacemos un llamamiento al Gobierno para que tenga en cuenta que el empleo productivo y sostenible es la base del trabajo decente, de la creación de riqueza y de la justicia social. Si bien tomamos buena nota de los pasos adelante dados por el Gobierno, no podemos ignorar que es necesario un mayor esfuerzo a nivel nacional para lograr subsanar los déficits del mercado laboral en Armenia, donde persisten barreras para el ingreso al empleo, en particular, para grupos vulnerables y trabajadores cualificados. Además, los grupos de mujeres desfavorecidos y marginados tienen acceso limitado al empleo y no son adecuadamente remuneradas, dado que aún persisten las brechas en materia de empleo en Armenia se requieren soluciones a largo plazo. Por ello, los miembros empleadores hacemos un llamamiento para que los interlocutores sociales más representativos reciban información clave y participen de forma activa en el diseño y en la puesta en marcha de las políticas de empleo de conformidad con el Convenio, que exige la celebración de consultas con los interlocutores sociales.

En línea con las recomendaciones de la Comisión de Expertos, los miembros empleadores desearíamos solicitar al Gobierno que siga trabajando en el desarrollo y en la posterior implementación de medidas de la estrategia para el empleo, y sobre todo que lo haga en el marco del diálogo social, con los interlocutores sociales más representativos, para garantizar que sean medidas eficaces y duraderas; también que continúen impulsando la reducción de la economía informal y faciliten información sobre el impacto de las medidas. Confiamos en que el Gobierno tenga en cuenta estas recomendaciones para la total aplicación del Convenio.

Miembros trabajadores - Queremos agradecer al representante del Gobierno la información facilitada a la Comisión. Como hemos escuchado durante nuestro debate, la promoción del empleo se enfrenta a muchos retos en Armenia. No nos cabe duda de que el Gobierno está dispuesto y es capaz de hacer frente a estos retos y de tomar todas las medidas necesarias para promover un empleo digno para toda la población trabajadora de Armenia.

Nos parece que, para cumplir este objetivo, el Gobierno tendrá que:

- seguir desarrollando, en consulta con los interlocutores sociales, una política de empleo que se centre también en los grupos vulnerables, incluidos los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad;

- continuar proporcionando información actualizada y detallada sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las medidas adoptadas para promover el pleno empleo productivo, incluidas las adoptadas en el marco del PTDP 2019-2023;

- comunicar información actualizada y detallada sobre los progresos realizados con respecto a la elaboración y adopción de la Estrategia Nacional de Empleo;

- transmitir una copia de la misma una vez sea adoptada;

- continuar comunicando información actualizada y detallada, incluidos datos estadísticos desglosados por sexo y edad, sobre las tendencias del empleo en el país, en particular sobre el empleo, el desempleo y el subempleo;

- continuar comunicando información actualizada y detallada, incluidos datos estadísticos desglosados por sexo, edad y región, sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las medidas y programas llevados a cabo para promover el empleo de los grupos vulnerables a los déficits de trabajo decente, en particular: las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas vulnerables a la discriminación interseccional;

- comunicar información sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las medidas adoptadas en el ámbito de la educación y formación profesional en relación con la mejora de la empleabilidad de los jóvenes;

- proporcionar información detallada sobre toda medida adoptada o prevista, en consulta con los interlocutores sociales, a fin de regular las actividades de las agencias de empleo privadas que despliegan su actividad en el territorio armenio;

- establecer mecanismos de control de las agencias de empleo privadas y contemplar la posibilidad de ratificar el Convenio núm. 181, por tratarse del instrumento más actualizado en este ámbito;

- continuar proporcionando información actualizada y desglosada sobre el impacto de las medidas adoptadas para reducir el número de los trabajadores y las trabajadoras no declarados y facilitar su integración en la economía formal, y

- en último lugar, proporcionar ejemplos concretos de la manera en que las opiniones de los interlocutores sociales se tienen en cuenta en la elaboración, la aplicación y el examen de las políticas y programas de empleo.

Para poner en práctica todas estas recomendaciones, pedimos al Gobierno que recurra a la asistencia técnica de la OIT.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión tomó nota de la información oral y escrita proporcionada por el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación.

La Comisión tomó nota de las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir la informalidad laboral y promover el empleo entre las mujeres y los jóvenes, las personas con discapacidad y otros grupos marginados.

La Comisión también señaló que es necesario adoptar nuevas medidas, en consulta con los interlocutores sociales, en estos ámbitos, así como en la educación y formación profesionales y en las actividades de las agencias de empleo privadas, para garantizar la aplicación del Convenio tanto en la legislación como en la práctica.

Habida cuenta de la discusión, la Comisión insta al Gobierno a que, en consulta con los interlocutores sociales:

- continúe elaborando una política de empleo que aborde, tanto en la legislación como en la práctica, los problemas que persisten, en particular los obstáculos existentes para el empleo de los grupos desfavorecidos, incluidas las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas vulnerables a la discriminación interseccional;

- tome medidas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, en particular mediante programas de educación y formación profesional;

- adopte medidas con miras a establecer mecanismos de control en el marco de la legislación nacional para supervisar las actividades de las agencias de empleo privadas, incluido contemplar la posibilidad de ratificar el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y

- garantice la cooperación con los interlocutores sociales sobre las cuestiones relativas al mercado de trabajo, los programas de empleo anuales, así como sobre su aplicación, y proporcione ejemplos concretos de la manera en que se incluye a los interlocutores sociales en la elaboración, la aplicación y el examen de las políticas y los programas de empleo y se tienen debidamente en cuenta sus opiniones.

La Comisión pide al Gobierno que presente antes del 1.º de septiembre de 2023 información detallada a la Comisión de Expertos sobre:

- las medidas adoptadas para promover el pleno empleo productivo, incluidas las adoptadas en el marco del Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) 2019-2023;

- la elaboración y adopción de la Estrategia Nacional de Empleo (NES) y que transmita una copia de la misma una vez sea adoptada;

- datos estadísticos desglosados por sexo y edad, sobre las tendencias del empleo en el país, en particular sobre el empleo, el desempleo y el subempleo;

- datos estadísticos desglosados por sexo, edad y región, sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las medidas y programas llevados a cabo para promover el empleo de los grupos vulnerables a los déficits de trabajo decente, en particular las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas vulnerables a la discriminación interseccional, y

- el impacto de las medidas adoptadas para reducir el número de trabajadores no declarados y facilitar su integración en la economía formal.

Representante gubernamental - Quisiera agradecer a la Comisión su ardua labor y la cooperación tripartita, en particular en estos últimos tiempos, en la discusión del caso individual de Armenia relativo al Convenio núm. 122. El Gobierno de Armenia concede especial importancia a la pertenencia a la OIT y ha venido aplicando reformas fundamentales en materia de protección y promoción de los derechos laborales, el empleo sostenible y el trabajo decente. A lo largo de los últimos años se han aplicado una serie de medidas en este sentido, incluidas reformas en el ámbito ejecutivo. Hasta la fecha, la política estatal se está ajustando y mejorando aún más para que cumpla plenamente con nuestras obligaciones y compromisos internacionales y haga frente a la evolución de los desafíos.

Me complace que la Comisión haya decidido tomar en consideración la información sobre todos los progresos y esfuerzos que el Gobierno de Armenia ha venido realizando para mejorar el empleo y el entorno laboral en el país. El Gobierno proseguirá las reformas, entre otras cosas, basándose en las recomendaciones formuladas por la Comisión. Permítanme concluir reiterando la disposición y la voluntad del Gobierno de seguir profundizando y desarrollando la cooperación con la OIT y los interlocutores sociales para impulsar la justicia social en Armenia y en todo el mundo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2023, Publicación: 112ª reunión CIT (2024)

Comentario anterior

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) recibidas el 27 de septiembre de 2023, y de las observaciones de la Organización Internacional de Empleadores (OIE) recibidas el 1.º de septiembre de 2023. La Comisión pide al Gobierno que comunique sus comentarios al respecto.

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 111.ª reunión, 5-16 de junio de 2023)

La Comisión recuerda la discusión que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en su 111.ª reunión, celebrada del 5 al 16 de junio de 2023, en relación con la aplicación del Convenio. La Comisión observa que la Comisión de Aplicación de Normas, si bien reconoció las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir la informalidad y promover el empleo entre las mujeres y los jóvenes, las personas con discapacidad y otros grupos marginados, señaló que era necesario adoptar nuevas medidas en estos ámbitos, así como en lo relativo a la educación y la formación profesional y las actividades de las agencias de empleo privadas. La Comisión toma nota de que, en sus conclusiones, la Comisión de Aplicación de Normas pidió al Gobierno que, en consulta con los interlocutores sociales: i) continúe elaborando una política de empleo que aborde, tanto en la legislación como en la práctica, los problemas que persisten, en particular los obstáculos existentes para el empleo de los grupos desfavorecidos, incluidas las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas vulnerables a la discriminación interseccional; ii) tome medidas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, en particular mediante programas de educación y formación profesional; iii) adopte medidas con miras a establecer mecanismos de control en el marco de la legislación nacional para supervisar las actividades de las agencias de empleo privadas, como contemplar la posibilidad de ratificar el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), y iv) garantice la cooperación con los interlocutores sociales sobre las cuestiones relativas al mercado de trabajo, los programas de empleo anuales, así como sobre su aplicación, y proporcione ejemplos concretos de la manera en que se incluye a los interlocutores sociales en la elaboración, la aplicación y el examen de las políticas y los programas de empleo, y se tienen debidamente en cuenta sus opiniones. Asimismo, la Comisión también toma nota de que la Comisión de Aplicación de Normas pidió al Gobierno que presentara antes del 1.º de septiembre de 2023 información detallada a la Comisión sobre: i) las medidas adoptadas para promover el pleno empleo productivo, incluidas las adoptadas en el marco del Programa de Trabajo Decente por País (PPTD) 2019-2023; ii) la elaboración y adopción de la Estrategia Nacional de Empleo (NES) y que transmita una copia de la misma una vez sea adoptada; iii) datos estadísticos desglosados por sexo y edad, sobre las tendencias del empleo en el país, en particular sobre el empleo, el desempleo y el subempleo; iv) datos estadísticos desglosados por sexo, edad y región, sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las medidas y programas llevados a cabo para promover el empleo de los grupos vulnerables a los déficits de trabajo decente, en particular las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas vulnerables a la discriminación interseccional, y v) el impacto de las medidas adoptadas para reducir el número de trabajadores no declarados y facilitar su integración en la economía formal.

Artículo 1 del Convenio. Tendencias del empleo y aplicación de una política activa del empleo. Grupos vulnerables a los déficits de trabajo decente. La Comisión acoge con agrado la información complementaria proporcionada por el Gobierno a la luz de las conclusiones antes mencionadas adoptadas por la Comisión de Aplicación de Normas. Con respecto a las medidas adoptadas para promover el empleo pleno y productivo, incluidas las adoptadas en el marco del PPTD, el Gobierno declara que el Programa de promoción del empleo estacional ofrece oportunidades a los solicitantes de empleo, incluidas las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad, para realizar trabajos agrícolas temporales. El Gobierno también indica que en junio de 2023 aprobó el Decreto núm. 968-L, por el que se amplía el alcance de los programas estatales de empleo para cubrir a las personas que participaron en operaciones militares en Azerbaiyán en 2022, así como a las personas que fueron desmovilizadas después de 2020. El Gobierno afirma además que diversos programas de empleo, como el Programa para garantizar el empleo de los desempleados y el Programa de promoción del empleo (programa piloto puesto en marcha en febrero de 2023), ofrecen beneficios financieros a los empleadores que contratan a solicitantes de empleo. Además, en 2021 se adoptaron medidas específicas para fomentar el empleo de los ciudadanos de la República de Artsaj desplazados a Armenia como consecuencia de la guerra con Azerbaiyán. Asimismo, el programa ImpactAIM Venture Accelarator (un acelerador de empresas de impacto) instaurado en Armenia ha dado lugar a iniciativas como la Plataforma Nacional para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, que apoya a las empresarias y financia su formación. El Gobierno indica que también está elaborando un nuevo programa piloto para la formación y el empleo de las mujeres. Además, en mayo y julio de 2023, se aprobaron varias enmiendas al Código del Trabajo para facilitar la entrada de los jóvenes y las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, entre ellas: la creación de un instituto de prácticas para ayudar a los recién graduados a adquirir experiencia laboral, la consagración del derecho de los trabajadores con hijos de hasta 2 años a reducir su jornada laboral y del derecho de las mujeres en periodo de lactancia a hacer descansos adicionales, la creación de un derecho prioritario para los antiguos militares con pensiones de invalidez a conservar su puesto de trabajo en caso de reducción de plantilla, y la regulación del trabajo voluntario, que contribuye a que los jóvenes adquieran experiencia profesional. El Gobierno también declara que Armenia está considerando la posibilidad de ratificar el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190).

En cuanto a las medidas adoptadas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de programas de educación y formación profesional, el Gobierno indica que el programa nacional de orientación profesional de Armenia en las escuelas secundarias está incluido en la lista de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) junto a países como Alemania, el Canadá, los Estados Unidos de América, Finlandia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Asimismo, el Gobierno señala que el programa de formación profesional adoptado en 2021 benefició a 487 personas, de las cuales el 77 por ciento eran mujeres y el 12 por ciento personas con discapacidad. Del Programa de formación profesional para madres sin una profesión se beneficiaron 106 personas, de las cuales el 32 por ciento eran madres jóvenes. Además, en el periodo 2021-2022, el Programa de adquisición de experiencia laboral apoyó a 353 desempleados, de los cuales el 91 por ciento eran jóvenes. No obstante, la Comisión observa que el Gobierno no proporciona información sobre las medidas adoptadas en el ámbito de la educación y la formación profesional destinadas específicamente a promover el empleo entre los jóvenes.

En cuanto a la elaboración y la adopción de la NES, el Gobierno indica que se está debatiendo un borrador en consulta con los interlocutores sociales. El principal objetivo del proyecto de NES es la promoción del empleo mediante el fomento de una fuerza de trabajo competitiva. La estrategia del Gobierno consiste en reducir la divergencia entre la oferta y la demanda de mano de obra reforzando la correspondencia entre los programas educativos y el mercado de trabajo. La NES abordará temas como los derechos laborales, la inclusión y la igualdad de oportunidades para varios grupos específicos de trabajadores vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, las mujeres, los migrantes, las personas desplazadas y las minorías nacionales. Además, el Gobierno indica que contempla la posibilidad de introducir un sistema de seguro de desempleo.

En cuanto al efecto de las medidas y programas ejecutados en Armenia, la Comisión observa que, en 2021, 3 958 personas se inscribieron en programas estatales de empleo (frente a 5 675 personas en 2020), de las cuales el 65 por ciento eran mujeres, el 30 por ciento jóvenes y el 8 por ciento personas con discapacidad. La Comisión toma nota asimismo de que, en 2022, solo 1 800 personas estaban inscritas en estos programas, de las cuales el 33 por ciento eran mujeres, el 20 por ciento jóvenes y el 11 por ciento personas con discapacidad. Además, el Gobierno proporciona datos estadísticos detallados para el periodo 2020-2022, según los cuales, en 2022, de los 70 544 solicitantes de empleo que estaban inscritos en el Servicio Social Unido (la antigua Agencia Estatal de Empleo), el 14,7 por ciento encontró empleo. La Comisión también toma nota de la información proporcionada por el Gobierno en lo relativo al efecto de los programas destinados específicamente a promover el empleo de los grupos vulnerables a los déficits de trabajo decente. El Gobierno indica que las medidas adoptadas para promover el empleo de los ciudadanos de la República de Artsaj permitieron que, de estos, 703 ciudadanos encontraran empleo y 93 ciudadanos fueran contratados temporalmente para obras públicas. El Gobierno también señala que la Plataforma Nacional para el Empoderamiento Económico de las Mujeres apoyó a más de 200 mujeres empresarias en el lanzamiento de sus negocios y formó a 1 400 mujeres en el ámbito del marketing digital, que posteriormente encontraron un empleo estable. En cuanto al Programa de promoción del empleo estacional, el Gobierno comunica que 1 178 personas se beneficiaron del mismo.

En lo referente a los datos estadísticos sobre la evolución del empleo en el país, el Gobierno indica que, en el primer trimestre de 2023, la tasa de desempleo se situó en el 13,7 por ciento, la tasa de empleo en el 50,9 por ciento y la tasa de subempleo en el 2,3 por ciento. Además, el Gobierno señala que, en julio de 2023, había 44 678 solicitantes de empleo inscritos en los centros regionales del Servicio Social Unido, de los cuales el 63 por ciento eran mujeres y el 4,4 por ciento personas con discapacidad. El Gobierno también proporciona datos estadísticos para el periodo 2018-2021, que en esencia ya contenía su memoria anterior.

La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información detallada y actualizada sobre las medidas adoptadas para promover el pleno empleo productivo y para eliminar, tanto en la legislación como en la práctica, los obstáculos al empleo de los grupos desfavorecidos, en particular las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas vulnerables a la discriminación interseccional. Con respecto a las medidas dirigidas a los jóvenes, la Comisión también pide al Gobierno que comunique información sobre las medidas adoptadas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través de la educación y la formación profesional. Además, la Comisión solicita al Gobierno que continúe transmitiendo información detallada y actualizada sobre los progresos realizados en relación con la elaboración y la adopción de la Estrategia Nacional de Empleo (NES), y que proporcione un ejemplar de la misma una vez que se haya adoptado. Por otra parte, la Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información detallada y actualizada, incluyendo datos estadísticos desglosados por sexo, edad y región, sobre el efecto de las medidas y los programas ejecutados para promover el empleo de los grupos vulnerables a los déficits de trabajo decente, como las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas vulnerables a la discriminación interseccional. La Comisión también pide al Gobierno que indique la proporción de personas que se beneficiaron de los servicios de empleo antes de encontrar empleo con respecto al número total de personas que accedieron al empleo durante el periodo objeto de la memoria. Con respecto a las prestaciones financieras concedidas a los empleadores, se pide específicamente al Gobierno que indique la cuantía de esta ayuda financiera; si esta ayuda a los empleadores aumenta en caso de empleo de las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad; y si los pagos efectuados implican una obligación de duración mínima del empleo. Asimismo, la Comisión solicita al Gobierno que continúe aportando información detallada y actualizada, en particular datos estadísticos desglosados por sexo y edad, sobre las tendencias del empleo en el país, en concreto sobre el empleo, el desempleo y el subempleo. La Comisión pide asimismo al Gobierno que indique de qué manera la regulación del trabajo voluntario ha contribuido a que los jóvenes adquieran experiencia profesional. Además, al tiempo que toma nota con interés de que el Gobierno está considerando la posibilidad de ratificar el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190), la Comisión le pide que proporcione información actualizada a este respecto en su próxima memoria.

Artículo 2. Adopción de medidas activas del mercado de trabajo. En su comentario anterior, la Comisión tomó nota de que el Gobierno había indicado que no se ha establecido ningún mecanismo de control en virtud de la legislación nacional para supervisar las actividades de las agencias de empleo privadas. El Gobierno no proporcionó información actualizada a este respecto. Por consiguiente, la Comisión reitera su solicitud al Gobierno de que proporcione información sobre las medidas adoptadas o previstas con miras a establecer mecanismos de control en virtud de la legislación nacional para supervisar las actividades de las agencias de empleo privadas. A este respecto, la Comisión se remite a las orientaciones que figuran en el Convenio núm. 181 y la Recomendación núm. 188, sobre las agencias de empleo privadas, 1997.

Trabajo no declarado. El Gobierno indica que, en 2021, había 389 100 trabajadores no declarados en Armenia, lo que representa una disminución del 12 por ciento con respecto a 2018. El Gobierno señala también que está trabajando para adoptar una medida que alivie a los desempleados de su carga crediticia, con la esperanza de facilitar su transición de la economía informal a la formal. Además, el Gobierno tiene previsto implantar un sistema digital para registrar los contratos de trabajo en Armenia, con el objetivo de mejorar la detección de trabajadores no declarados. La Comisión toma nota con interés de esta información y pide al Gobierno que continúe proporcionando información actualizada sobre el efecto de las medidas adoptadas para reducir el número de trabajadores no declarados, facilitando su integración en la economía formal.

Artículo 3. Consulta a los interlocutores sociales. Al tiempo que toma nota de que el Gobierno no aporta información a este respecto, la Comisión le reitera su solicitud de que proporcione ejemplos concretos de la manera en que se incluye a los interlocutores sociales en la elaboración, la aplicación y el examen de las políticas y programas de empleo, y se tienen debidamente en cuenta sus opiniones. La Comisión también solicita al Gobierno que transmita sus comentarios sobre las preocupaciones expresadas por la OIE en relación con la concertación social y sobre sus observaciones según las cuales la Unión Republicana de Empleadores de Armenia (RUEA) no ha sido consultada en el marco de la elaboración del proyecto de NES.

Observación (CEACR) - Adopción: 2022, Publicación: 111ª reunión CIT (2023)

Artículo 1 del Convenio. Tendencias del empleo y aplicación de una política activa del empleo. La Comisión toma nota de la firma del Programa de Trabajo Decente por País (PTDP) para 2019-2023, que establece las prioridades y los principales resultados del país que se determinaron en estrecha consulta con los mandantes tripartitos y otras partes interesadas nacionales. La Comisión toma nota de que, según la información disponible en el sitio web de la OIT, a pesar de las reformas a gran escala en el ámbito del empleo llevadas a cabo en los últimos años, persisten cuestiones apremiantes que deben abordarse. Entre ellas figuran la brecha entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo, y los obstáculos para hallar un empleo a los que se enfrentan las personas que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo, los grupos en situaciones de vulnerabilidad y los trabajadores calificados. En el marco de la segunda prioridad del PTDP, los mandantes nacionales se comprometen a elaborar una nueva Estrategia Nacional de Empleo (NES), abordando estas y otras cuestiones, tales como el empleo juvenil y rural, la informalidad laboral y el desarrollo de la iniciativa empresarial. La NES, una vez elaborada y adoptada, se convertirá en un documento esencial de política nacional para un marco integral de política de empleo a fin de apoyar el crecimiento económico inclusivo y sostenible en Armenia. La Comisión toma nota además de que, según indica el Gobierno, el programa de 2021 del Gobierno de la República de Armenia comprende entre sus principales prioridades la erradicación de la pobreza a través de la promoción del empleo y la educación. En este contexto, el Gobierno indica que está tomando medidas para examinar las políticas de empleo, una de las cuales es el programa de gran escala «¡Trabajo Armenia!», que se centra en promover el empleo entre las mujeres y los jóvenes. Por último, el Gobierno indica que se han adoptado medidas para introducir actividades de orientación profesional en las instituciones de formación y educación profesional, inclusive en el marco del Acuerdo de Apoyo Presupuestario «Mejores calificaciones para mejores empleos 2017-2019» concluido entre el Gobierno de la República de Armenia y la Unión Europea.

En lo referente a las tendencias del empleo, el Gobierno indica que, el 1.º de enero de 2021, se registraron 87 999 solicitantes de empleo en los centros regionales del Servicio Social Unido (la antigua Agencia Estatal de Empleo) del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, lo cual representa un incremento del 3,6 por ciento en comparación con el mismo periodo el año anterior. En el mismo periodo, 10 109 personas fueron empleadas (el 25,2 por ciento menos en comparación con el año anterior) y 1 450 personas no fueron incluidas en los programas estatales de regulación del empleo (lo que representa una disminución del 40 por ciento en comparación con el año anterior). Además, se registró un total de 61 320 personas desempleadas (lo que representa una disminución del 0,7 por ciento en comparación con el año anterior). El Gobierno añade que el número de mujeres desempleadas seguía siendo alto (39 653 mujeres), lo que representa el 64,7 por ciento del total de personas desempleadas. Además, el Gobierno indica que persisten asimismo las disparidades regionales y que en 2020 la tasa de empleo más alta se registró en Yerevan (se contrató a 2 253 solicitantes de empleo) y la más baja en Vayots Dzor (solo se contrató a 273 solicitantes de empleo). En este contexto, el Gobierno se refiere a la puesta en marcha del programa «Apoyo a la ganadería» desde 2019, con el objetivo de promover el empleo y de superar la pobreza en ciertas regiones. El Gobierno señala que, en 2019, el programa contó con la participación de 1 098 personas. La Comisión toma nota además de que, según la información extraída de la Encuesta de la Fuerza de Trabajo en los Hogares de que dispone el Departamento de Estadística de la OIT (ILOSTAT), en 2020, la tasa de participación de la fuerza de trabajo fue del 66,5 por ciento (el 71,1 por ciento para los hombres y el 62,6 por ciento para las mujeres), y la relación empleo-población fue del 58,4 por ciento (el 60,5 por ciento para los hombres y el 56,6 por ciento para las mujeres). Por último, la tasa de desempleo fue del 12,2 por ciento (el 14,9 por ciento para los hombres y el 9,6 por ciento para las mujeres). La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información actualizada detallada sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las medidas adoptadas para promover el pleno empleo productivo, incluidas las adoptadas en el marco del PTDP 2019-2023. Pide asimismo al Gobierno que comunique información actualizada y detallada sobre los progresos realizados con respecto a la elaboración y adopción de la Estrategia Nacional de Empleo, y que transmita una copia de la misma una vez sea adoptada. Además, la Comisión pide al Gobierno que continúe comunicando información actualizada y detallada, incluidos datos estadísticos desglosados por sexo y edad, sobre las tendencias del empleo en el país, en particular sobre el empleo, el desempleo y el subempleo.

Grupos vulnerables a los déficits de trabajo decente. La Comisión toma nota de que, según indica el Gobierno, en 2020 un total de 5 675 personas fueron registradas en programas estatales de regulación del empleo, de las cuales el 54,5 por ciento eran mujeres, el 22,4 por ciento eran jóvenes de 16 a 29 años de edad, y el 6,2 por ciento eran personas con discapacidad. El Gobierno añade que, a lo largo de 2020, 1 162 de los participantes en estos programas obtuvieron un empleo estable o se establecieron como trabajadores por cuenta propia, y que 62 de ellos eran personas con discapacidad. El Gobierno añade que se empleó temporalmente a 3 256 personas en obras públicas estacionales remuneradas, incluidas 265 personas con discapacidad. La Comisión toma nota asimismo de la información facilitada por el Gobierno sobre la adopción de nuevos programas encaminados a promover el empleo de las mujeres. El Gobierno indica que se presta apoyo a los solicitantes de empleo con hijos menores de 3 años de edad. Se proporciona asimismo asistencia en materia de cuidado infantil a los padres que se reincorporan al trabajo mientras el niño es menor de 2 años de edad. Estas medidas tienen por objeto facilitar la reincorporación al trabajo de las personas que gozan de una licencia para el cuidado de los hijos. Además, se imparte formación en el empleo a las madres que no tienen calificaciones profesionales competitivas en el mercado de trabajo, para que puedan adquirir competencias laborales competitivas. No obstante, la Comisión toma nota de que, en sus observaciones finales de 31 de octubre de 2022, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) tomó nota con preocupación del limitado acceso al empleo estable y remunerado para los grupos desfavorecidos y marginados de mujeres, incluidas las mujeres pertenecientes a minorías étnicas, las mujeres desplazadas internas, las mujeres en una situación análoga a la de los refugiados , las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad (documento CEDAW/C/ARM/CO/7, párrafo 35, f)). Además, la Comisión toma nota de la información comunicada por el Gobierno sobre la puesta en marcha y el impacto de diferentes programas encaminados a promover el empleo de las personas con discapacidad, incluida la prestación de asistencia financiera (el reembolso del 50 por ciento del salario mensual durante un año) a quienes emplean a personas con discapacidad. El Gobierno se refiere asimismo al pago de una indemnización única a los empleadores que contratan a personas con discapacidad, a fin de que les impartan formación para que adquieran competencias y aptitudes adecuadas, y de que adapten el lugar de trabajo a sus necesidades. El Gobierno indica que, en 2020, se contabilizaron 522 beneficiarios de apoyo financiero para la formación y 4 beneficiaros de apoyo financiero para la realización de adaptaciones en el lugar de trabajo. Asimismo, el Gobierno se refiere a la adopción de la decisión núm. 1616-N, de 14 de noviembre de 2019, que introdujo enmiendas a varios programas gubernamentales de empleo con miras a expandir su alcance y a mejorar su puesta en práctica. Por ejemplo, se suprimió el requisito de tener la condición de persona desempleada durante al menos tres meses. El Gobierno indica que este requisito condicional estaba obstaculizando la puesta en marcha de los programas de empleo que requieren una respuesta rápida para lograr que los solicitantes de empleo sean más competitivos en el mercado de trabajo, y que permiten a estos últimos atender rápidamente las necesidades del empleador. Por último, el Gobierno se refiere a la puesta en práctica de programas de empleo encaminados a promover el empleo de los ciudadanos desempleados de la República de Artsakh, que fueron deportados en 2020 debido a la guerra con Azerbaiyán: estos programas específicos comprenden un programa de pasantías de 3 meses y un programa que proporciona empleo temporal a través del sistema de obras públicas remuneradas. No obstante, la Comisión toma nota de que el Gobierno no comunica información sobre las medidas adoptadas en el ámbito de la educación y formación profesional encaminadas a promover el empleo entre los jóvenes. La Comisión pide al Gobierno que continúe comunicando información actualizada y detallada, incluidos datos estadísticos desglosados por sexo, edad y región, sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las medidas y programas llevados a cabo para promover el empleo de los grupos vulnerables a los déficits de trabajo decente, en particular las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad y las personas vulnerables a la discriminación interseccional. Con respecto a las medidas activas del mercado de trabajo orientadas a los jóvenes, la Comisión pide al Gobierno que comunique información sobre la naturaleza, el alcance y el impacto de las medidas adoptadas en el ámbito de la educación y formación profesional en relación con la mejora de la empleabilidad de los jóvenes.

Artículo 2. Adopción de medidas activas del mercado de trabajo. La Comisión toma nota de que, según indica el Gobierno, no se ha establecido ningún mecanismo de control en virtud de la legislación nacional a fin de supervisar las actividades de las agencias de empleo privadas. Por consiguiente, la Comisión pide al Gobierno que proporcione información detallada sobre toda medida adoptada o prevista, en consulta con los interlocutores sociales, a fin de regular las actividades de las agencias de empleo privadas que despliegan su actividad en el territorio armenio. En relación con esto último, la Comisión invita al Gobierno a contemplar la posibilidad de ratificar el Convenio sobre las agencias de empleo privadas, 1997 (núm. 181), por tratarse del instrumento más actualizado en este ámbito.

Trabajo no declarado. El Gobierno indica que, durante el periodo de examen, se introdujeron enmiendas al Código Tributario de la República de Armenia con miras a fortalecer los requisitos relativos a la formalización de los trabajadores. El Gobierno señala que estas enmiendas han contribuido a aumentar el número de trabajadores registrados, así como la eficiencia de los controles de exactitud efectuados para formalizar a los trabajadores contratados, de conformidad con la legislación, y/o a la presentación de una declaración de registro del trabajador. El Gobierno indica que, entre 2018 y 2020, se identificó a un total de 6 235 trabajadores no registrados. Además, el número de empleos ocupados por contribuyentes con ingresos declarados aumentó de 513 000 en enero de 2019 a 593 000 en enero de 2021. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información actualizada y desglosada sobre el impacto de las medidas adoptadas para reducir el número de trabajadores no declarados y facilitar su integración en la economía formal.

Artículo 3. Consulta a los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de que, según indica el Gobierno, la Agencia Estatal de Empleo ha seguido cooperando activamente con los Comités de Coordinación Republicanos y Territoriales en lo que respecta a las cuestiones del mercado de trabajo y a los programas de empleo anuales, y proporcionando información sobre la puesta en práctica de programas estatales anuales de regulación del empleo. El Gobierno señala que, cada año, el Comité Republicano de Armonización discute y presenta sus opiniones sobre el proyecto de programa anual a la Comisión Tripartita Republicana, que es responsable de garantizar la aplicación del Acuerdo Colectivo Republicano. El proyecto de programa anual final, que contiene las opiniones expresadas por ambas partes, se transmite a continuación al Gobierno de la República de Armenia para su aprobación. La Comisión pide al Gobierno que proporcione ejemplos concretos de la manera en que las opiniones de los interlocutores sociales se tienen en cuenta en la elaboración, la aplicación y el examen de las políticas y programas de empleo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2018, Publicación: 108ª reunión CIT (2019)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Unión Republicana de Empleadores de Armenia (RUEA) y la Confederación de Sindicatos de Armenia (CTUA), transmitidas junto con la memoria del Gobierno. Se solicita al Gobierno que presente sus comentarios al respecto.

Artículo 1 del Convenio. Tendencias del empleo y aplicación de una política activa del empleo. El Gobierno comunica que en 2016, para reducir el riesgo de corrupción, valorar el nivel de satisfacción de los beneficiarios y mejorar la aplicación efectiva de los programas llevados a cabo en el marco de la estrategia de empleo 2013 2018, evaluó 14 programas en diversas regiones, pidiendo a los empleadores su opinión. Además de introducir medios electrónicos para el intercambio de información y la prestación de asistencia, la evaluación llevó a personalizar más los servicios que se prestan a los solicitantes de empleo. El Gobierno indica que, a finales de 2016, había 95 800 solicitantes de empleo registrados (62 200 de los cuales eran mujeres y 22 300 jóvenes); entre los solicitantes, 85 500 personas (el 84 por ciento) estaban desempleadas. En 2016, 9 546 personas encontraron empleo, 6 912 de las cuales no estaban registradas en los programas de empleo estatales; entre las que encontraron empleo, el 66 por ciento eran mujeres y el 30,9 por ciento jóvenes. La Comisión constata las disparidades regionales a este respecto; las proporciones más elevadas se registraron en Ereván (2 391 mujeres y 716 jóvenes) y las más bajas en Vayots Dzor (156 mujeres y 109 jóvenes). El mismo año, gracias a programas de asistencia ideados para la economía rural en forma de empleo estacional y participación en obras públicas, 13 006 solicitantes de empleo (el 13,6 por ciento) se beneficiaron de medidas activas del mercado de trabajo, de los cuales 3 768 eran mujeres (el 74 por ciento) y 1 878 eran jóvenes (el 36,8 por ciento). La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información detallada y actualizada, que incluya datos estadísticos desglosados por año, sector, sexo y edad, sobre las tendencias del empleo en el país, en especial acerca del empleo, el desempleo y el subempleo. Asimismo, pide al Gobierno que aporte información sobre las repercusiones de las medidas activas del mercado de trabajo aplicadas en las diversas regiones del país.

Grupos vulnerables ante los déficits de trabajo decente. En sus observaciones, el sindicato sostiene que las iniciativas del Gobierno para reducir el desempleo y la pobreza, que se describen detenidamente en la memoria, son insuficientes. Exige que se ejecuten proyectos dirigidos a las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad. La Comisión toma nota de la información detallada que proporciona el Gobierno sobre la situación de las mujeres y los jóvenes. El Gobierno indica que es consciente de la alta tasa de desempleo de las mujeres: el 66 por ciento. La tasa de desempleo de los jóvenes era del 23,7 por ciento. En este sentido, la Comisión toma nota de los diversos programas e iniciativas dirigidas principalmente a los jóvenes de zonas tanto urbanas como rurales; en particular, en lo relativo a la orientación profesional, cuyo objeto es dar a conocer las necesidades del mercado de trabajo y aumentar la empleabilidad. La Comisión solicita al Gobierno que proporcione información sobre los resultados de las medidas y los programas puestos en práctica para fomentar el empleo de los grupos vulnerables ante los déficits de trabajo decente, en particular las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad. En cuanto a las medidas activas del mercado de trabajo dirigidas a los jóvenes, se pide al Gobierno que aporte información sobre la repercusión de las medidas adoptadas en el ámbito de la educación y la formación profesionales y acerca de sus efectos a la hora de aumentar la empleabilidad de los jóvenes.

Artículo 2. Aplicación de medidas activas del mercado de trabajo. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno señala que, si bien sigue habiendo obstáculos a la cooperación entre las agencias de empleo privadas y la Agencia Estatal de Empleo de Armenia, se realizan pagos a agencias de empleo privadas que contratan a personas que tienen dificultad para entrar en el mercado de trabajo. La Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas o previstas para reforzar la cooperación entre los servicios de empleo públicos y las agencias de empleo privadas. La Comisión solicita también al Gobierno que proporcione información acerca del número de personas recrutadas, los criterios empleados para identificar a las personas que tienen dificultad para entrar en el mercado de trabajo, así como los resultados obtenidos por las agencias privadas de empleo en relación con la colocación de tales personas.

Trabajo no declarado. En respuesta a los comentarios anteriores de la Comisión, el Gobierno comunica que en 2017, había 2 241 trabajadores no declarados. El Gobierno hace referencia al Código Tributario de la República de Armenia, que entró en vigor el 1.º de enero de 2018, y contempla el registro electrónico de todos los trabajadores antes de comenzar su empleo. La Comisión solicita al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas o previstas para reducir el número de trabajadores no declarados y facilitar su integración en la economía formal.

Artículo 3. Consultas a los interlocutores sociales. El Gobierno indica que, en virtud del nuevo contrato colectivo, el Gobierno y los interlocutores sociales normalmente definen y ponen en práctica las medidas activas del mercado de trabajo en el Comité republicano tripartito, que se reúne al menos una vez por trimestre. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información más detallada sobre las actividades del Comité republicano tripartito y otros comités tripartitos a escala regional y nacional, en lo relativo a la definición y puesta en práctica de medidas y programas activos del mercado de trabajo.

Observación (CEACR) - Adopción: 2015, Publicación: 105ª reunión CIT (2016)

La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por la Unión Republicana de Empleadores de Armenia (RUEA) y la Confederación de Sindicatos de Armenia (CTUA), transmitidas junto con la memoria del Gobierno.

Artículo 1 del Convenio. Aplicación de una política activa del empleo. En su memoria, el Gobierno indica que, habida cuenta de la necesidad de un nuevo modelo de política, se iniciaron reformas y, en este contexto, en 2012, se adoptó la Estrategia de Empleo 2013-2018. El Gobierno señala que el programa anual de regulación estatal del empleo es de naturaleza exclusivamente activa y tiene la flexibilidad necesaria para su desarrollo y aplicación teniendo en cuenta la situación objetiva del mercado del trabajo. Los fondos del presupuesto del Estado se han redistribuido, y determinados fondos que se destinaban a prestaciones de desempleo ahora se destinan a programas activos de empleo. En relación con la situación del mercado del trabajo, la Comisión toma nota de que el 31 de diciembre de 2013, el número de personas que buscaban empleo registradas en los centros regionales de la Agencia Estatal de Empleo era de alrededor de 65 200 (15 800 jóvenes), lo que representa una cifra inferior a la del año anterior que era de 72 600 personas. Asimismo, la Comisión toma nota de que el 85,8 por ciento de ese número total de solicitantes de empleo eran desempleados y que las mujeres representaban el 73,8 por ciento del número total de desempleados. En 2013, 12 659 solicitantes de empleo, 3 912 de los cuales eran jóvenes, encontraron un trabajo. La RUEA considera que no se realizan análisis completos de la demanda del mercado del trabajo y no se utiliza una metodología exacta para calcular correctamente el nivel de desempleo. En sus observaciones, la CTUA señala que la Ley de Empleo, de 11 de diciembre de 2013, se adoptó sin que incluyera disposiciones sobre los subsidios por desempleo. La Comisión pide al Gobierno que transmita información detallada sobre el impacto de los programas de empleo establecidos y las medidas aplicadas, incluidas las medidas específicas dirigidas a las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad, sobre la situación del empleo. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que incluya estadísticas actualizadas sobre el volumen y la distribución de la fuerza de trabajo, la naturaleza y la amplitud del desempleo y el subempleo, y las tendencias al respecto, desglosadas por región.

Artículo 2. Creación de instituciones de mercado del trabajo. La Comisión había tomado nota de que, dado que no se cuenta con la colaboración eficaz de la Agencia Estatal de Empleo, las actividades de las agencias de empleo privadas han quedado fuera del ámbito de la política estatal de regulación del empleo. La Comisión toma nota de que, según la memoria del Gobierno, la Ley del Empleo, de 11 de diciembre de 2013, ahora regula las actividades de las agencias de empleo privadas y su colaboración con el Servicio Público de Empleo. La RUEA considera que la cooperación entre las agencias de empleo privadas y el Servicio Público de Empleo ha sido regulada principalmente por la Ley del Empleo, pero señala que no se garantiza la igualdad de condiciones de competencia. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre los logros alcanzados en lo que respecta a reforzar los servicios públicos de empleo y regular las agencias de empleo privadas. Asimismo, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre las medidas adoptadas para garantizar la cooperación entre los servicios públicos de empleo y las agencias de empleo privadas a fin de que cumplan con sus funciones de promoción del empleo.

Empleo y política de formación. El Gobierno indica que el establecimiento del sistema de orientación profesional es uno de los principales desafíos señalados en la Estrategia de Empleo 2013-2018. En particular, en las principales directivas de la política del empleo y en los mecanismos de aplicación se indica que el establecimiento del sistema de orientación profesional es un requisito previo importante para garantizar la conexión entre el mercado del trabajo y el sistema educativo. El Gobierno indica que 2012-2015 es el período piloto para el establecimiento del sistema y que la evaluación de los resultados de ese período permitirá definir las medidas estratégicas a largo plazo. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la evaluación de las reformas emprendidas en el sistema de orientación profesional. Asimismo, la Comisión pide que se proporcione información sobre el impacto de las medidas adoptadas en el ámbito de la educación y la formación y sobre su relación con las posibles oportunidades de trabajo.

Trabajo no declarado. El Gobierno indica que el trabajo no declarado es una cuestión que no sólo incumbe a la inspección estatal del trabajo, y añade que, en 2013, las autoridades fiscales registraron 1 287 casos de infracciones en los que se encontraron 2 300 trabajadores no declarados que trabajaban sin contrato de empleo. Asimismo, el Gobierno indica que el Código del Trabajo se modificó en 2014 para añadir una definición de «trabajo ilegal». Sobre la base de esta enmienda, los trabajadores pueden solicitar a los tribunales que reconozcan su relación de empleo. La Comisión pide al Gobierno que continúe transmitiendo información sobre el impacto de las medidas adoptadas para reducir el número de trabajadores no declarados y facilitar su integración en la economía formal.

Artículo 3. Consultas con los interlocutores sociales. El Gobierno indica que, con arreglo a la legislación actual, se han creado comités tripartitos nacionales y regionales a fin de adoptar decisiones armonizadas sobre cuestiones relacionadas con la elaboración y aplicación de los programas de empleo nacionales y regionales. En sus observaciones, la RUEA indica que, a diferencia de lo que ocurre con el comité nacional tripartito, el trabajo y la eficacia de los comités tripartitos regionales no pueden considerarse suficientes. La Comisión pide al Gobierno que proporcione más información sobre las actividades de los comités tripartitos, tanto a nivel nacional como regional, en materia de formulación y aplicación de medidas de política laboral y programas de empleo.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2013, Publicación: 103ª reunión CIT (2014)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2011, Publicación: 101ª reunión CIT (2012)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2009, Publicación: 99ª reunión CIT (2010)

No disponible en español.

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

No disponible en español.