Informe provisional - Informe núm. 139, 1974

Caso núm. 712 (Guatemala) - Fecha de presentación de la queja:: 11-JUL-72 - Cerrado

1. 490. La queja de la Central Latinoamericana de Trabajadores figura en una comunicación de 11 de julio de 1972 dirigida directamente a la OIT. Esta queja fue apoyada por la Confederación Mundial del Trabajo por comunicación de 17 de julio de 1972, y por la Federación Internacional de Sindicatos del Personal del Transporte, por comunicación de 6 de septiembre de 1972. Los querellantes han presentado informaciones complementarias por comunicación de 8 de agosto de 1972. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de 2 de julio y 14 de agosto de 1973.
2. 491. Guatemala ha ratificado el convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. A. Alegatos de los querellantes

1. 492. Los querellantes alegan que el Sr. José Vicente Mérida Mendoza, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Transportes "Alianza Capitalina", había desaparecido alrededor del 26 de junio de 1972. Los representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores de Guatemala habían emprendido minuciosas búsquedas sin haber encontrado el menor rastro del desaparecido; no obstante, según sus informaciones, el interesado habría sido secuestrado por empresarios transportistas por razones derivadas de la discusión del pacto colectivo que favorecía grandemente a los trabajadores del transporte. El Gobierno y las autoridades públicas, a pesar de las reiteradas intervenciones, no habrían demostrado ningún interés por esclarecer la situación y conocer el paradero de la víctima, haciéndose así cómplices de esta situación que atenta contra los más elementales derechos de la persona humana y los derechos sindicales.
2. 493. En sus observaciones, el Gobierno transmite las informaciones recibidas del Ministerio de Gobernación, de fecha 31 de agosto de 1972, de las que se desprende que la policía nacional, desde que tuvo conocimiento por publicaciones de prensa de la desaparición del Sr. Mérida Mendoza, inició las investigaciones necesarias para dar con su paradero. Estas informaciones también indican que, como la Confederación Nacional de Trabajadores y otras entidades declaraban por medio de la prensa, boletines y hojas sueltas que los empresarios de un servicio de transporte eran los responsables del secuestro, los mismos fueron citados e investigados, habiéndose incluso practicado registros en los lugares donde podía estar secuestrado el Sr. Mérida Mendoza.
3. 494. Siempre según la nota del Ministerio de Gobernación, se invitó a los representantes de la Confederación Nacional de Trabajadores a que presentaran formal denuncia ante los tribunales de justicia si tenían evidencias o indicios que señalaran la culpabilidad de los acusados, pidiéndoles asimismo que colaboraran con la policía proporcionando informes o datos que facilitaran las investigaciones. En conclusión, se declara en dicha nota que no ha sido posible hasta el presente encontrar el paradero del Sr. Mérida Mendoza, a pesar de toda la actividad desplegada; se continúan pues los esfuerzos por localizarlo y establecer si existe culpabilidad por parte de las personas señaladas como presuntos responsables. En la comunicación de 14 de agosto de 1973 el Gobierno indica que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social también ha dado instrucciones para investigar los hechos.

B. B. Conclusiones del Comité

1. 495. De las informaciones del Gobierno que preceden parecería desprenderse que, contrariamente a lo afirmado por los querellantes, las autoridades públicas han emprendido investigaciones, vanas hasta el presente. Estas informaciones hacen pensar también que las autoridades no han encontrado pruebas de la responsabilidad de las empresas de transporte.

Recomendación del Comité

1. 496. En tales circunstancias, el Comité desea manifestar su preocupación ante la desaparición del dirigente sindical Mérida Mendoza y recomienda al Consejo de Administración que ruegue al Gobierno que lo tenga al corriente de la situación y de los resultados futuros de sus investigaciones.