Informe provisional - Informe núm. 244, Junio 1986

Caso núm. 1343 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:: 08-JUL-85 - Cerrado

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INTRODUCTION
A. Examen anterior del caso
D. Conclusiones del Comité
Recomendación del Comité
Z. ANEXO I

357. El Comité examinó este caso en su reunión de febrero de 1986 y presentó un informe provisional al Consejo de Administración (véanse 243.er informe del Comité, párrafos 570 a 587, aprobado por el Consejo de Administración en su 232.a reunión (febrero-marzo de 1986)).
358. Ulteriormente la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia presentó nuevos alegatos por comunicación de 12 de marzo de 1986 y la Federación Sindical Mundial por comunicaciones de 24 de marzo y 13 de mayo de 1986. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de 1.o, 16 y 30 de abril de 1986.
359. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Examen anterior del caso

360. Los querellantes habían alegado la suspensión por vía administrativa de la personería jurídica de las seis organizaciones sindicales que organizaron la jornada nacional de paro cívico del 20 de junio de 1985, y habían señalado que a raíz del mencionado paro se detuvieron a centenares de trabajadores y se despidieron trabajadores en la empresa Vianini Entrecanales (Sres. Rafael Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodríguez Rojas y Pablo Emilio Leal Cruz) y en la Compañía Colombiana de Tabaco (Sres. Jairo Bernal, Rolando López, Alirio Useche, Reinaldo Medina, Jorge Rey, Jaime Cepeda, Orlando Camacho, Jorge Nelsón Murcia, Fernando Acosta, Jairo Lesmes Bulla, Humberto Riaño y Justo Calderón). Por otra parte, los querellantes habían alegado el asesinato de los dirigentes sindicales Sres. Hernando Yate y Rubín Castaño.
361. El Gobierno declaró que la suspensión de la personalidad jurídica de las organizaciones en cuestión se debió a una conducta contraria a la ley, al convocar una huelga el 20 de junio de 1985, sin relación con actividades laborales para perturbar el orden público. El Gobierno indicó asimismo que en situaciones excepcionales de estados de emergencia, tal como en el del presente caso, el Presidente queda investido de las facultades necesarias para hacer frente a las alteraciones potenciales o reales de la ley y el orden público. Así, el decreto núm. 1658, de 19 de junio de 1985 (con vigencia para un año) - señalaba el Gobierno - establece sanciones (6 meses de suspensión de la personalidad jurídica) para los sindicatos que de una u otra manera participen en los paros laborales, de acuerdo con el deber constitucional del Gobierno de preservar el orden público. La advertencia del Gobierno en su decreto tendía a evitar que el sindicalismo fuera utilizado por grupos subversivos con fines extraprofesionales, tales como el perjuicio de la economía nacional y la paralización de los transportes. El Gobierno señala igualmente en una comunicación de 23 de octubre de 1985, que ya se habían condenado las penas que pesaban sobre las seis organizaciones y se había vuelto a reconocer su personalidad jurídica. Además, se había liberado a la inmensa mayoría de las personas detenidas el 20 de junio, y sólo diez de ellas permanecían en prisión cumpliendo la condena fijada por los tribunales.
362. El Comité señaló que, incluso cuando los gobiernos aducen circunstancias especiales, ha mantenido que cualquier medida de suspensión o disolución por vía administrativa que se adopte durante una situación de emergencia, debe ir acompañada de las garantías judiciales normales, incluido el derecho a recurrir ante los tribunales contra tal disolución o suspensión. La suspensión de la personalidad jurídica de los sindicatos se debe adoptar por vía judicial, y no administrativa. En el presente caso, el Comité observó que los seis sindicatos afectados recurrieron al Ministro del Trabajo contra la suspensión de su personalidad jurídica, y que no disponían de vía judicial para recurrir. Por tanto, el Comité consideró que las medidas adoptadas eran contrarias al artículo 4 del Convenio núm. 87.
363. En cuanto a la presunta detención de centenares de trabajadores durante la jornada de paro cívico, el Comité observó que el Gobierno declaraba que la inmensa mayoría de las personas detenidas habían sido liberadas, y que sólo diez permanecían en prisión cumpliendo condena. El Comité lamentó que ni los querellantes ni el Gobierno hubieran facilitado información suficientemente detallada sobre estas presuntas detenciones o sobre las circunstancias en que, según se afirma, ocurrieron.
364. En estas condiciones, el Comité formuló las recomendaciones siguientes (véanse 243.er informe, párrafo 587):
"El Comité pide al Gobierno que le envíe sus observaciones sobre el despido de los 15 trabajadores mencionados, pertenecientes a las empresas Vianini Entrecanales y Compañía Colombiana de Tabaco, así como sobre la muerte de los dos mencionados dirigentes sindicales, el 28 de noviembre de 1985."
"El Comité considera que la suspensión administrativa de las seis organizaciones sindicales que participaron en la jornada de paro cívico del 20 de junio de 1985, aunque se dejó sin efecto en octubre de 1985, al no haber estado acompañada de garantías judiciales, fue contraria al artículo 4 del Convenio núm. 87."
B. Respuesta del Gobierno
365. El Gobierno declara en su comunicación de 1.o de abril de 1986 que las resoluciones que impusieron la suspensión de la personería jurídica de las seis organizaciones sindicales permitían expresamente la interposición del recurso de reposición ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social y además, es la propia ley (Código Contencioso-Administrativo) la que garantiza el ejercicio de la acción de nulidad o la de restablecimiento del derecho contra dichas resoluciones ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Por consiguiente, las organizaciones sindicales cuya personería jurídica fue suspendida, sí disponían de vía de éndole judicial para alegar la nulidad de las providencias correspondientes o exigir el restablecimiento del derecho. Habida cuenta de lo anterior, el Gobierno no considera que haya obrado contrariamente a lo establecido por el artículo 4 del Convenio núm. 87.
366. El Gobierno añade que en ningún momento persona alguna fue condenada a cumplir "condena de prisión". El Gobierno fue muy claro al informar al Comité que se encuentran cumpliendo pena de "arresto" por violación de la ley penal únicamente diez personas, previa la realización del respectivo proceso judicial con todas las garantías de defensa consagradas por la ley. Hubo además una serie de personas que fueron detenidas y liberadas en un lapso de 24 horas por incurrir, independientemente de su condición de trabajadores, en violaciones de la ley penal punibles con la pena de arresto.
367. El Gobierno señala en relación con los despidos en las empresas Vianini Entrecanales y Compañía Colombiana de Tabaco que transmitirá precisiones sobre los despidos en esta última empresa tan pronto como reciba la información que ha solicitado a la Dirección General del Trabajo. No obstante, el Gobierno indica que las causas de ilegalidad de las suspensiones colectivas del trabajo se hallan contenidas en el artículo 450 del Código sustantivo del trabajo y que una de ellas fue constatada en la empresa Vianini Entrecanales: perseguir "fines distintos de los profesionales o económicos".
368. En cuanto a los alegatos relativos al asesinato de los dirigentes sindicales Sres. Yate Bonilla y Rubín Castaño en el mes de noviembre de 1985, el Gobierno informa, en sus comunicaciones de 1.o y 16 de abril de 1986, que la investigación por la muerte del Sr. Yate fue iniciada por el Juez Tercero de Instrucción Criminal de Granada (Meta) y remitida al Juez Segundo Superior de Villavicencio, a quien corresponde adelantar el correspondiente proceso, cuando concluya la etapa de instrucción; actualmente en el marco del sumario, se efectúan diligencias de investigación para la averiguación de responsables. El Gobierno señala asimismo que las averiguaciones sobre el fallecimiento de Rubín Castaño fueron efectuadas por la Juez Quince de Instrucción Criminal de Manizales, quien las envió al Juzgado Primero Superior de esa ciudad para que lleve a cabo el proceso. El Gobierno indica que facilitará información adicional sobre ambos juicios. En cuanto a la desaparición de los dirigentes sindicales, Sres. Miguel Angel Díaz y Faustino López, el Gobierno informa que el 12 de febrero de 1986 fue llamado a juicio el Sr. Jorge Luis Barrero por el hecho punible de secuestro de los Sres. Díaz y López. El proceso se lleva a cabo ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Tunja (Boyacá).
369. En su comunicación de 30 de abril de 1986, el Gobierno remite una serie de informaciones provenientes de las autoridades militares (véanse anexo II) sobre los hechos alegados en las últimas comunicaciones de los querellantes. En dicha comunicación se indica que el Ejército no tiene conocimiento de lo relativo a las personas que no aparecen en dichas informaciones (que figuran en el anexo II), si bien éste continuará colaborando con las personas y organizaciones que hacen las denuncias en orden al pronunciamiento de las autoridades jurisdiccionales.
C. Nuevos alegatos
370. En sus comunicaciones de 12 y 24 de marzo de 1986, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) y la Federación Sindical Mundial (FSM) alegan que entre 1984 y 1986 se han producido en Colombia numerosos ataques contra la vida, la seguridad y la integridad física de dirigentes sindicales y sindicalistas, e injerencias graves en las actividades sindicales como allanamientos y ataques contra locales sindicales, asalto a asambleas sindicales y ataques violentos contra trabajadores que ejercían el derecho de huelga. La CSTC y la FSM se refieren en particular al asesinato de 34 dirigentes sindicales y sindicalistas y a la desaparición o secuestro de ocho dirigentes sindicales y 70 trabajadores. (Las informaciones facilitadas por los querellantes figuran en anexo.)
371. Los querellantes añaden que en la ciudad de Cúcuta, Santander del Norte, el día 28 de enero de 1985, el comando de la policía, conminó a la Federación Nortesantandereana de Trabajadores - FENOSTRA - a suministrarle informaciones sobre el nombre de las organizaciones afiliadas a FENOSTRA, el nombre, dirección y telífono de todos sus dirigentes, y los cargos que desempeñan, incluidos los dirigentes de FENOSTRA. En la ciudad de Manizales, Caldas, el F-2, servicio secreto de la Policía Nacional, envió a la Federación de Trabajadores de Caldas - FEDECALDAS - una comedida solicitud para que les suministrara la nómina de la directiva de FEDECALDAS, incluyendo los datos personales de cada uno de los directivos, residencia, telífono y grupo político al que pertenece cada directivo; la nota, la firma el Teniente Carlos Arturo Henao Restrepo. En Nobsa, Boyacá, el día 3 de junio de 1985, el Comandante de la subestación de policía, Edgar Contreras Chaparro, dirigió una circular al presidente de los trabajadores de Cementos Boyacá, solicitándole nombres completos y apellidos, número de los documentos de indentificación, lugar de residencia y filiación política de cada uno de los trabajadores afiliados a la organización y de sus dirigentes.
372. Los querellantes alegan asimismo que el 20 de enero de 1985, en Bogotá grupos policiales dispararon gases lacrimógenos contra un grupo de trabajadores en la Empresa CROYDON que se encontraban en huelga. El 19 de febrero de 1985, en Barrancabermeja, Santander, tropas del batallón Colombia, cercaron y allanaron la sede de la Federación de Trabajadores del Petróleo, FEDEPETROL. El 25 de febrero de 1985, en Cali, grupos paramilitares colocaron explosivos en la sede de la Federación de Trabajadores del Valle del Cauca, FEDETAV. En los meses de abril y mayo de 1985 se produjeron atentados contra los locales de FEDETAV en Palmira, y del Sindicato de Cementos del Valle, en Yumbo; otro nuevo atentado contra la sede de FEDETAV en Cali y un atentado contra la sede de la Unión Sindical de Trabajadores de Santander (USITRAS) en Bucaramanga.
373. La FSM alega por otra parte en su comunicación de 13 de mayo de 1986, que el 30 de abril la policía disparó contra obreros ferroviarios en Cali y que el 6 de mayo la policía agredió a los huelguistas de la Empresa Textilera Unica en Manizales. Asimismo, el 7 de mayo fue incendiada la sede del Frente Amplio del Magdalena Medio.
374. Por último, la CSTC y la FSM solicitan que una misión de la OIT se desplace a Colombia.

D. Conclusiones del Comité

375. En primer lugar, el Comité observa con preocupación que, con posterioridad al anterior examen del caso, las organizaciones querellantes han sometido alegatos extremadamente graves, implicando en particular fuerzas militares, paramilitares y de policía, relativos a ataques a la vida, la seguridad y la integridad física de un elevado número de dirigentes sindicales y sindicalistas, así como a ataques violentos contra locales y asambleas sindicales, y contra trabajadores que ejercían el derecho de huelga, allanamiento de sedes sindicales, y diversas injerencias en las actividades sindicales. Observando que el Gobierno ha enviado solamente informaciones sobre algunos de estos alegatos (en particular los relativos a ciertas muertes y desapariciones de sindicalistas), el Comité hace un llamamiento al Gobierno para que transmita sus observaciones sobre los demás alegatos con toda urgencia.
376. El Comité toma nota de las informaciones del Gobierno sobre dos de los alegatos examinados por el Comité en su reunión de febrero de 1986, y que se referían a la suspensión de la personería jurídica de seis organizaciones sindicales y a la detención de trabajadores como consecuencia de la jornada nacional de paro cívico del 20 de junio de 1985. En lo que respecta a las mencionadas suspensiones de personería jurídica, el Comité toma nota de que las seis organizaciones sindicales afectadas disponían de acuerdo con la legislación de la posibilidad de interponer un recurso ante las autoridades judiciales. El Comité desea señalar sin embargo que en su anterior informe (véanse 243.er informe, párrafo 583), había observado que las seis organizaciones sindicales en cuestión recurrieron ante el Ministro de Trabajo contra la suspensión de su personería jurídica. Habida cuenta de que dicho recurso no tuvo efectos suspensivos y que por consiguiente tales organizaciones no pudieron funcionar legalmente durante la vigencia de la medida recurrida, el Comité debe reiterar que la medida de suspensión de la personería jurídica de estas organizaciones fue contraria al artículo 4 del Convenio núm. 87.
377. El Comité toma nota asimismo de que sólo se pronunciaron penas de arresto contra diez personas con ocasión de la jornada nacional de paro cívico de 20 de junio de 1985, y que fueron impuestas por violación de la ley penal.
378. En lo que respecta a los alegados despidos que se habían producido en las empresas Vianini Entrecanales y Compañía Colombiana de Tabaco, el Comité toma nota de las informaciones facilitadas por el Gobierno y queda a la espera de las informaciones suplementarias que anuncia antes de proceder al examen de estos alegatos.
379. En cuanto al alegado asesinato de los dirigentes sindicales, el Comité observa que se han iniciado procesos penales con respecto a la muerte de los Sres. Yate Bonilla, Rubín Castaño, Víctor Manuel Aroca, José Rutelio Quintero, Oscar Salazar Ospina, Jorge Luis Ortega Cogollo y Dionisio Hernán Calderón.
380. El Comité observa igualmente que se han iniciado procesos sobre la desaparición de los dirigentes sindicales, Sres. Miguel Angel Díaz, Faustino López y Gustavo Alcalde Ospina, así como que el Gobierno anuncia el envío de informaciones sobre otros alegatos de desaparición y declara que el Sr. José Antonio Villamizar Sánchez ha recobrado su libertad absoluta y que el Sr. José Aurelio Mesa no ha sido detenido ni está procesado.
381. En anteriores ocasiones al examinar alegatos de muerte o desaparición de dirigentes sindicales (véanse, por ejemplo, 207.o informe, casos núms. 997 y 999 (Turquía), párrafo 304), el Comité ha pedido al Gobierno que se proceda lo antes posible a una investigación judicial, con objeto de esclarecer plenamente los hechos y deslindar las responsabilidades correspondientes. El Comité deplora profundamente las muertes y desapariciones alegadas, y pide al Gobierno que le informe de la evolución de las investigaciones judiciales y de los resultados de los procesos en curso sobre algunas muertes y desapariciones, y que envíe sus observaciones sobre los demás casos de muerte o desaparición de sindicalistas a los que no ha respondido.
382. Habida cuenta de la gravedad de los alegatos formulados en este caso, el Comité estima que sería de la mayor utilidad que una misión de la OIT se desplace al país para la obtención de todas las informaciones necesarias para un examen en profundidad del caso.

Recomendación del Comité

383. En estas condiciones, el Comité recomienda al Consejo de Administración que apruebe el presente informe provisional y, en particular, las conclusiones siguientes:
- a) El Comité observa con preocupación que con posterioridad al anterior examen del caso, las organizaciones querellantes han sometido alegatos extremadamente graves implicando en particular fuerzas militares, paramilitares, y de policía, relativos a ataques a la vida, la seguridad y la integridad física de un elevado número de dirigentes sindicales y sindicalistas así como a ataques violentos contra locales y asambleas sindicales, y contra trabajadores que ejercían el derecho de huelga, allanamientos de sedes sindicales, y diversas injerencias en las actividades sindicales. Observando que el Gobierno sólo ha enviado informaciones sobre algunos de estos alegatos (en particular los relativos a ciertas muertes y desapariciones), el Comité hace un llamamiento al Gobierno para que transmita sus observaciones sobre los demás alegatos con toda urgencia.
- b) El Comité deplora profundamente las muertes y desapariciones alegadas de dirigentes sindicales, y pide al Gobierno que le informe de la evolución de las investigaciones judiciales y de los resultados de los procesos en curso sobre algunas muertes y desapariciones a los que se ha referido específicamente.
- c) En lo que respecta a los alegados despidos que se habrían producido en las empresas Vianini Entrecanales y Compañía Colombiana de Tabaco, el Comité, antes de proceder al examen de estos alegatos, espera recibir las observaciones adicionales anunciadas por el Gobierno.
- d) Habida cuenta de la gravedad de los alegatos formulados en este caso, el Comité estima que sería de la mayor utilidad que una misión de la OIT se desplace al país para la obtención de todas las informaciones necesarias para un examen en profundidad del caso.

Z. ANEXO I

INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR LOS
QUERELLANTES SOBRE ATAQUES A LA VIDA,
SEGURIDAD E INTEGRIDAD FISICA DE DIRIGENTES
SINDICALES Y SINDICALISTAS
1. 1 Dirigentes sindicales y sindicalistas asesinados.
Nicolás López Londoño. Presidente del Sindicato de
Trabajadores de la Fábrica
New Stetic-CSTC, asesinado en el municipio de Medellín, el 26
de mayo de 1985.
Leonel Roldán. Dirigente sindical de la Fábrica Textil de
Rosellón-Coltejer,
asesinado el 24 de mayo de 1985, en la ciudad de Medellín,
Antioquia.
Francisco Javier Correa Muñoz. Dirigente sindical de la Fábrica
Textil de
Rosellón-Coltejer, asesinado en el municipio de
Envigado-Antioquia, el 7 de
junio de 1985.
Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López y Serafín Herrera.
Activistas
sindicales agrarios en el municipio de San Vicente de Chucurí,
Santander,
asesinados la noche del 27 de julio de 1985.
Dionisio Hernán Calderón. Presidente del Sindicato de
Trabajadores del
municipio de Yumbo y directivo nacional de FENALTRASE,
asesinado el 28 de
septiembre de 1985, dentro de su propia casa, ubicada en el
municipio de
Yumbo, Valle.
José Luis Ortega y Oscar Salazar. Integrantes de la junta
directiva del
Sindicato de Trabajadores Agrarios, Sintagro, asesinados en
Urabá, Antioquia,
el día 3 de octubre de 1985, cuando adelantaban la discusión
del pliego de
peticiones con varios patronos bananeros.
Miguel Puerta. Profesor y activista sindical de Fecode, fue
asesinado el 27
de agosto de 1985, en el municipio de Apartadó, Antioquia.
Hernán Yate. Integrante del comité ejecutivo de la Federación
Nacional
Sindical Agraria, Fensa, asesinado en el municipio de
Granada-Meta, el día 27
de noviembre de 1985.
Jaime Quintero Cruz. Presidente de la Asociación Mídica del
Valle, Asomeva,
asesinado el 7 de diciembre de 1985, dentro de su consultorio,
ubicado en la
ciudad de Cali.
Javier Sanabria Murcia. Profesor y activista sindical, asesinado
en
Florencia, Caquetá, el 10 de diciembre de 1985.
Rubín Castaño. Miembro de la dirección nacional de la CSTC y
presidente de la
Federación de Trabajadores de Caldas, FEDECALDAS-CSTC,
asesinado el 28 de
noviembre de 1985, frente a la sede de FEDECALDAS, en la
ciudad de Manizales.
Víctor Manuel Aroca. Dirigente del Sindicato de Trabajadores
Agrícolas del
departamento del Tolima y candidato por la Unión Patriótica, al
Consejo de
Villarrica Tolima, asesinado en esta población por el ejército el
1. día 26 de
febrero de 1986.
Camelo Gelves Ortega. Dirigente agrario de Tibuy, Norte de
Santander, fue
ejecutado por una patrulla militar, el día 4 de julio de 1985.
Rogelio Sánchez. Dirigente agrario regional de Urabá,
Antioquia. Fue
asesinado en Chirigodo, el 29 de noviembre de 1985.
Luis Jesús Leal Guerrero y Víctor Manuel Leal. Dirigentes
sindicales agrarios
de Tibuy, Norte de Santander. Fueron detenidos por el ejército
1. el 30 de
noviembre de 1985 y encontrados asesinados días después.
Eder Lascarro, Celso Rojas y Jesús Flores. Trabajadores de la
Texas Petroleum
Company y activistas sindicales de la región petrolera. Fueron
decapitados en
la ciudad de Barrancabermeja por un grupo terrorista paramilitar
denominado
MAS.
Angel Amable Arroyabe y Luis Alberto Roa. Profesores y
dirigentes sindicales
de la Asociación de Educadores de Antioquia. Fueron
ultimados por un grupo
paramilitar en el municipio de Carepa, Urabá, Antioquia.
Miguel Puerta. Profesor y activista sindical de la Federación
Colombiana de
Educadores, FECODE, fue asesinado el 27 de agosto de 1985,
en el municipio de
Apartadó, Urabá, Antioquia.
Meyer Rivas. Profesor y activista sindical de FECODE. Fue
asesinado el 30 de
octubre de 1985, en Pitalito, Huila.
Alvaro Medina Ochoa. Miembro de la Asociación Nacional de
Empleados de la
Rama Jurisdiccional (ASONAL JUDICIAL). Abogado, y
Magistrado del Tribunal
Superior de Medellín, Antioquia. Fue asesinado en Medellín.
Julio Manuel Castro Gil. Miembro de ASONAL JUDICIAL.
Abogado y Juez Primero
Superior de Bogotá, quien tenía a su cargo la investigación del
asesinato del
Ministro de Justicia, Dr. Rodrigo Lara Bonilla. Fue asesinado en
Bogotá el 24
de julio de 1985.
Pedro Contreras. Activista de la Unión Sindical Obrera del
Petróleo - USO -
Seccional Tribu -, fue asesinado a tiros de metralleta por una
organización
paramilitar.
Faeriel Santana. Presidente del Sindicato de Trabajadores del
Ministerio de
Educación, seccional Ocaña, Norte de Santander, fue
asesinado en su propio
domicilio y en presencia de su esposa y sus hijos por tres
asesinos
asalariados, quiénes pregonaban su función de exterminadores
de sindicalistas.
Gabriel Anchique Gómez. Mídico y dirigente gremial. Fue
asesinado en su
propio consultorio el día 14 de enero de 1986.
Jaime Bronsteun. Dirigente departamental de la Asociación
Nacional de
Usuarios Campesinos. Fue asesinado el 11 de enero de 1986,
en el municipio de
Timbio.
José Rutelio Quintero. Trabajador bananero (Turbo, Urabá,
Antioquia) murió el
1. 19 de junio de 1985, cuando unidades del Batallón Voltigeros
dispararon contra
una concentración de trabajadores bananeros que
acompañaba a la comisión
negociadora de un pliego de peticiones en el momento de hacer
entrega del
pliego al alcalde de Turbo. En esta acción militar resultaron
heridos también
Ovidio Becerra Puerta, Jesús Mendoza González y Domingo
Estrada Guerra.
1. 2 Dirigentes sindicales y sindicalistas secuestrados o
desaparecidos.
Miguel Angel Díaz. Dirigente de la Federación Nacional de
Trabajadores al
Servicio del Estado, Fenaltrase, secuestrado en septiembre de
1. 1984, por el
grupo paramilitar MAS, en el municipio de Puerto Boyacá.
Faustino López. Dirigente de la Federación Nacional Sindical
Agraria, Fensa,
secuestrado en septiembre de 1984 por el grupo paramilitar
MAS, en el
municipio de Puerto Boyacá.
Gustavo Alcalde Ospina. Presidente del Sindicato de
Trabajadores de la
Central Elíctrica de Anchicayá, detenido el día 12 de agosto de
1. 1985 por una
patrulla militar en el municipio de Cali.
José Antonio Villamizar Sánchez. Dirigente del Sindicato de
Educadores de
Santander, detenido por una patrulla de seis militares en el
municipio de
Guaca Santander, el día 2 de agosto de 1985.
José Aurelio Mesa. Dirigente campesino y cévico en la
intendencia de
Casanare, detenido por una patrulla militar en el municipio de
Paz de Aripro,
1. el 31 de agosto de 1985.
Andrés Luna y Roque Yate Aroca. Dirigentes campesinos de
Coyaima, Tolima,
detenidos por una patrulla policial el 22 de noviembre de 1985.
José Jairo Gómez Cadena. Dirigente de los tipógrafos del
municipio de
Armenia, Quindío, fue detenido el 22 de junio de 1985 por tres
hombres que se
identificaron como agentes del F-2, organismo secreto de la
policía nacional.
Setenta trabajadores del Servicio de Erradicación de la Malaria.
1. El 25 de
abril de 1985, Aldo Cadena, presidente del Sindicato Nacional
de la Salud -
SINDES - denunció que 70 trabajadores del Servicio Nacional
de Erradicación
de la Malaria, SEM, habían desaparecido en zonas de trabajo y
reclamó del
Gobierno su retorno con vida y medios de subsistencia para sus
familias.
1. 3 Amenazas de muerte.
Gustavo Osorio. Presidente de la Confederación Sindical de
Trabajadores de
Colombia, CSTC, y presidente de la Federación Nacional de
Trabajadores de la
Construcción y el Cemento, recibe diaria y constantemente
amenazas de muerte
por telífono y carta.
Angelino Garzón. Líder y dirigente sindical de los trabajadores
al servicio
del Estado y secretario general de la Confederación Sindical de
Trabajadores
de Colombia, CSTC, es cotidianamente amenazado de muerte
por medio de llamadas
telefónicas o de cartas. También han recibido amenazas los
demás miembros de
la dirección de la CSTC, así como miembros de la directiva de
organizaciones
afiliadas.
Aída Avella. Presidente de la Federación Nacional de
Trabajadores al Servicio
del Estado - FENALTRASE - recibe por telífono y cartas
amenazas de muerte.
Jaime Dussan. Secretario general de FECODE, recibe
permanentemente amenazas
de muerte.
Gerardo González. Secretario general de la Federación
Nacional Agraria de
Colombia - FENSA.
José Galvis. Miembro del secretariado ejecutivo de FENSA.
Argemiro Correa. Presidente de SINTRAGRO, Urabá,
Antioquia.
Manuel Míndez. Secretario de SINTRABANANO, Urabá,
Antioquia.
ANEXO
ANEXO II
INFORMACIONES DEL GOBIERNO CONTENIDAS EN SU
COMUNICACION DE 30 DE ABRIL DE
1. 1986
La desaparición del Sr. Gustavo Alcalde Ospina es investigada
por la
Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, organismo al
cual se está
dirigiendo el Gobierno para que suministre datos detallados.
El Sr. José Antonio Villamizar Sánchez fue procesado como
responsable del
delito de porte ilegal de armas por el Comando de la Quinta
Brigada del
Ejército, con sede en Bucaramanga y fue sancionado con pena
de libertad
condicional, con presentaciones en aquíl, las cuales finalizaron
1. el 17 de
abril de 1986, con lo cual ha recobrado su libertad absoluta.
El Sr. José Aurelio Mesa no ha sido detenido por ninguna
autoridad militar,
ni se tiene conocimiento de que esté siendo procesado por
algún despacho de la
Justicia Penal Militar u ordinaria.
El Sr. Víctor Manuel Aroca es investigado por el Juzgado 39 de
Instrucción
Penal Militar de la Dícima Brigada, con sede en Melgar (Tolima),
al cual el
Gobierno se dirige para que proporcione los datos
correspondientes.
La muerte del Sr. José Ruterio Quintero sucedió el 19 de junio
1. de 1985 cuando
la víctima trató de desarmar a un soldado con ocasión de los
actos
preparatorios del mal llamado "paro cívico nacional", en los
cuales también
intervinieron los Sres. Ovidio Briceño Puerta, Jesús Mendoza
González y
Domingo Estrada Guerra. La investigación es adelantada por el
Juzgado 12 de
Instrucción Criminal de Apartadó (Antioquia), al cual se dirige el
Gobierno
para obtener los datos pertinentes.
En lo concerniente a los Sres. Oscar Salazar Ospina y Jorge
Luis Ortega
Cogollo, la investigación fue iniciada por el Juzgado 5 de
Instrucción
Criminal de Turbo (Antioquia) y remitida al Juzgado 10 de
Instrucción Criminal
de Medellín, al cual se está dirigiendo el Gobierno.
La muerte del Sr. Dionisio Hernán Calderón está siendo
investigada por el
Juzgado 4 Penal Superior de Cali, al cual se dirige el Gobierno.
Respecto a los Sres. Andrés Luna, Roque Yate Aroca y José
Jairo Gómez, ha
sido solicitada información a la Policía Nacional, ya que, según
los
querellantes, fueron detenidos por ésta.