Informe definitivo - Informe núm. 294, Junio 1994

Caso núm. 1704 (Líbano) - Fecha de presentación de la queja:: 18-ENE-93 - Cerrado

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INTRODUCTION
A. Alegatos de la organización querellante
B. Respuesta del Gobierno
C. Conclusiones del Comité
Recomendación del Comité
Anexo

135. La Confederación General del Trabajo del Líbano (CGTL) presentó una queja por la violación de libertad sindical contra el Gobierno del Líbano en una comunicación del 18 de enero de 1993. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Comité se vio obligado a aplazar el examen de este caso en tres ocasiones y, en su reunión de marzo de 1994, dirigió un llamamiento urgente al Gobierno indicando que, conforme al procedimiento previsto en el párrafo 17 de su 127.o informe, aprobado por el Consejo de Administración, presentaría en su próxima reunión un informe sobre el fondo del caso, incluso si no hubiese recibido para la fecha prefijada las observaciones y las informaciones esperadas del Gobierno. El Gobierno envió sus observaciones por comunicación de 21 de abril de 1994.
136. El Líbano no ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), pero sí ha ratificado el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Alegatos de la organización querellante

137. En su comunicación de 18 de enero de 1993, la Confederación General del Trabajo del Líbano (CGTL) alega que el proyecto de ley sobre la "estructura sindical para los asalariados del Líbano" contraviene los principios de la libertad sindical. La CGTL transmite una copia del citado proyecto, cuyas principales disposiciones se reproducen en anexo.
138. La organización querellante especifica que, el 31 de diciembre de 1992, el Ministerio de Trabajo le transmitió el citado proyecto de ley, que él mismo había elaborado, a fin de que formulara observaciones al respecto. Después de las deliberaciones, el consejo ejecutivo de la CGTL decidió someter el proyecto, tal como lo había preparado el Ministerio, al Comité de Libertad Sindical para que formulara su opinión en cuanto a la conformidad del citado proyecto con los principios de la libertad sindical.
139. La CGTL estima, además, que el Ministerio de Trabajo no tiene derecho a preparar una ley sobre la estructura sindical, al quedar este derecho reservado exclusivamente a los trabajadores, en virtud de lo dispuesto en el Convenio núm. 87 de la OIT, y más en particular en los artículos 3 y 11 de este último. Considera que la estructuración sindical corresponde únicamente a los trabajadores, que sientan sus bases y sus principios.

B. Respuesta del Gobierno

140. En su comunicación de 21 de abril de 1994, el Gobierno indica que la Confederación General del Trabajo del Líbano había decidido en 1973 preparar un proyecto de nueva estructura sindical fijándose el plazo de un año para ejecutar esta decisión. Sin embargo, veinte años después la Confederación sigue sin haber preparado el proyecto, lo cual ha forzado al Ministerio de Trabajo a preparar un anteproyecto de nueva estructura sindical, teniendo en cuenta la evolución que se ha producido en los ámbitos obrero y sindical. Dicho anteproyecto fue sometido a su debido tiempo a la CGTL, solicitándole que creara un comité para discutirlo y presentar sus observaciones. Según el Gobierno, hubo varias reuniones del Ministerio con un comité de la CGTL que permitieron llegar a un acuerdo sobre varios artículos del anteproyecto; otros puntos están todavía pendientes de discusión. Las discusiones se suspendieron durante un largo período, a raíz de la preparación de las elecciones del consejo ejecutivo de la CGTL, que tuvieron lugar hace poco. El Gobierno declara que sigue esperando todavía conocer los nombres de los nuevos miembros del comité negociador para proseguir las discusiones sobre el anteproyecto.
141. El Gobierno señala que el Ministerio de Trabajo, consciente de la importancia del tema de la estructura sindical, que afecta a la mayor parte de la sociedad libanesa, quiere dialogar y discutir al respecto del mejor modo y ha asociado al estudio del anteproyecto al mayor número de responsables sindicales y de personas competentes, como magistrados y juristas, con objeto de que satisfaga las necesidades futuras en relación con los distintos temas tratados, de manera adecuada a la realidad de la sociedad libanesa.
142. En cuanto a los artículos del anteproyecto, el Gobierno indica que su contenido proviene de la Constitución libanesa y de las leyes que se aplican. Añade que el anteproyecto puede ser objeto de modificaciones que se juzguen adecuadas a la realidad libanesa. La principal idea contenida en el anteproyecto consiste en crear un solo sindicato por profesión; todas las propuestas que se inspiren en este principio son susceptibles de discusión, como puede constatarse si se tiene en cuenta que el Ministerio no es el único que ha elaborado el anteproyecto y que el diálogo sigue abierto; si ello no fuera así el Ministerio podría haber sometido el texto para su promulgación sin realizar ninguna consulta.
143. Por último, en cuanto a la declaración de la CGTL según la cual, en virtud del Convenio núm. 87, la elaboración de una nueva ley sobre la estructura sindical debería ser competencia de los trabajadores y de nadie más, el Gobierno señala que ello no se aplica a la situación del Líbano ya que el Convenio en cuestión no ha sido ratificado y no puede invocarse para sostener tal derecho.

C. Conclusiones del Comité

144. El Comité observa que la presente queja trata de la presunta incompatibilidad del proyecto de ley sobre "la estructura sindical para los asalariados del Líbano" con los principios de la libertad sindical.
145. Observando que el propio Gobierno ha declarado que el anteproyecto puede ser objeto de modificaciones, el Comité se ve en la obligación de presentar comentarios sobre este anteproyecto de ley a fin de asistir al Gobierno y permitirle en sus trabajos futuros para la elaboración de la ley que tenga en cuenta los principios de la libertad sindical.
146. Primero, en lo que respecta al alegato según el cual el Ministerio de Trabajo no tiene derecho a preparar ninguna ley sobre la estructura sindical, al corresponder este derecho, según la organización querellante, exclusivamente a los trabajadores, el Comité recuerda que el derecho de los trabajadores a crear las organizaciones que deseen y el derecho de las organizaciones a elaborar sus estatutos son aspectos fundamentales de la libertad sindical. Como indica la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en su Estudio general de 1994 (véase Libertad sindical y negociación colectiva, párrafo 109), para que el derecho a elaborar los estatutos se garantice plenamente deben cumplirse dos condiciones fundamentales: en primer lugar, las exigencias que pueden ser impuestas a los estatutos de los sindicatos de conformidad con la legislación nacional deberían ser sólo de forma, y en segundo lugar, los estatutos y reglamentos administrativos no deben ser objeto de una aprobación previa de carácter discrecional por parte de las autoridades. Así pues, el Comité no considera que la simple existencia de una legislación sindical constituya en sí una violación de los derechos sindicales, al poder darse el caso de que el Estado desee velar por que los estatutos sindicales se ciñan a la ley. Ahora bien, ninguna legislación adoptada en este ámbito puede menoscabar los derechos de los trabajadores definidos en el marco de los principios de la libertad sindical. El Comité recuerda asimismo que, a su modo de ver, prescripciones legislativas demasiado detalladas y estrictas en la materia pueden frenar en la práctica la creación y el desarrollo de las organizaciones sindicales.
147. El Comité toma nota a este respecto de que el Gobierno indica que se han mantenido varias reuniones con un comité de la CGTL para discutir sobre el anteproyecto de nueva estructura sindical y de que el Ministerio de Trabajo y dicho comité han podido ponerse de acuerdo sobre ciertos artículos, mientras que otros están todavía abiertos a la discusión. El Comité observa que el Gobierno pone de relieve que el Ministerio quiere dialogar y discutir del mejor modo posible, o que ha asociado al estudio del anteproyecto el mayor número de responsables sindicales y personas competentes, incluidos magistrados y juristas, y que el diálogo sigue abierto sobre este tema. El Comité expresa la firme esperanza de que el Gobierno, dando curso a las seguridades expresadas en su respuesta sobre su intención de seguir consultando a las organizaciones interesadas tomará medidas con miras a modificar el anteproyecto de ley en el sentido que el Comité indica más adelante, previa consulta con tales organizaciones, para que éste no pase de ser un marco formal de carácter genérico, dentro del cual las organizaciones podrán especificar con toda libertad en sus estatutos respectivos la índole y las modalidades de la estructura sindical que deseen establecer.
148. Dado que el Gobierno declara que, después de las elecciones del consejo ejecutivo de la CGTL celebradas recientemente, sigue esperando los nombres de los nuevos miembros del comité negociador de la Confederación para proseguir la discusión sobre el anteproyecto de ley, el Comité pide a la organización querellante que comunique al Gobierno todas las informaciones necesarias al respecto, con objeto de que puedan reanudarse las discusiones lo antes posible.
149. Tras examinar el anteproyecto de ley que motiva la presenta queja, el Comité destaca que no sólo algunas disposiciones citadas a título de ejemplo por la organización querellante, sino también otros preceptos de este anteproyecto plantean serias dificultades de compatibilidad con los principios de la libertad sindical. El Comité se propone, por lo tanto, efectuar a continuación un análisis del conjunto de las disposiciones que, en su opinión, limitan los derechos sindicales de los trabajadores del Líbano.
150. En primer lugar, el Comité observa que algunas disposiciones contienen restricciones al principio fundamental, en virtud del cual los trabajadores deben tener derecho a constituir las organizaciones que deseen, y afiliarse a las mismas. Señala, en efecto, que en el anteproyecto de ley se prevé una estructura sindical vertical y jerarquizada, organizada en todos los planos por profesión o profesiones similares o complementarias entre sí, en la cual los órganos sindicales situados en el plano superior deciden acerca de la constitución de los órganos de nivel inferior. Se trata más en particular de los artículos 1 (definición de las distintas instancias sindicales); 2 (composición de la estructura sindical de los asalariados en la República del Líbano); 5 (objetivos de las instancias sindicales); 8 (constitución de los comités sindicales por los sindicatos generales profesionales); 10 (designación de los miembros del comité sindical por el consejo ejecutivo del sindicato general); 14 (constitución de los sindicatos generales profesionales); 72 (constitución de las federaciones profesionales sectoriales); 79 (creación mediante ley de una sola confederación general de los asalariados del Líbano), y 87 (poder del Ministro de Trabajo para elaborar una lista en la que se definan las profesiones y las profesiones similares o complementarias entre sí, sobre cuya base se emitirán las autorizaciones para crear instancias sindicales).
151. Observando que, según el Gobierno, la idea principal del anteproyecto de ley consiste en la creación de un único sindicato por profesión, si bien todas las propuestas que se inspiren en este principio son susceptibles de discusión, el Comité subraya la importancia que atribuye a que los trabajadores y los empleadores puedan constituir de manera efectiva y con plena libertad las organizaciones de su elección y afiliarse libremente a ellas (véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, tercera edición, 1985, párrafo 222). Ello implica que una situación en la que se niega a un individuo toda posibilidad de elección entre distintas organizaciones, porque la organización sólo permite la existencia de una sola en la rama profesional en que el interesado ejerce su actividad, es incompatible con la libertad sindical, ya que tales disposiciones establecen por vía legislativa un monopolio sindical. Aunque apreciando en todo sentido el deseo que podría albergar un gobierno de promover un movimiento sindical fuerte, unido e independiente, el Comité señala que es preferible en tales casos que el Gobierno procure alentar a los sindicatos para que se asocien voluntariamente y formen organizaciones fuertes y unidas. El Comité estima que resulta inaceptable imponer por vía legislativa una unificación obligatoria que priva a los trabajadores del libre ejercicio de sus derechos sindicales y viola los principios de la libertad sindical (véase Recopilación, op. cit., párrafos 226 y 224). El Comité estima además que el establecimiento, a los efectos del reconocimiento del derecho de asociación, de una lista de profesiones con carácter limitativo (como se prevé en el artículo 87 del anteproyecto) estaría en contradicción con el principio de que los trabajadores, sin ninguna distinción, deben tener derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes y afiliarse a ellas (véase Recopilación, op. cit., párrafo 259). El Comité considera por tanto que, para conformarse a los principios de la libertad sindical, el conjunto de los puntos antes mencionados debe aprobarse exclusivamente por voluntad de los trabajadores.
152. En lo que respecta a la sumisión de la constitución de los sindicatos generales profesionales, de las federaciones profesionales y de la Confederación General de los Asalariados del Líbano a la autorización previa del Ministerio de Trabajo (artículos 2, párrafo 2, 14, 15 y 72, párrafo 2 del anteproyecto), el Comité recuerda que una disposición legal que supedita el derecho de asociación a una autorización dada de una manera puramente discrecional por un departamento ministerial es incompatible con el principio de la libertad sindical (véase Recopilación, op. cit., párrafo 264). Al advertir asimismo que en el anteproyecto de ley no se prevé recurso alguno ante ninguna instancia judicial contra la negativa eventual del ministerio a conceder una autorización, el Comité estima que el texto en cuestión viola los principios de la libertad sindical.
153. El Comité observa también que varias disposiciones del anteproyecto atentan contra el libre funcionamiento de las organizaciones de trabajadores. Se ha dedicado una primera serie de disposiciones a la elaboración de los estatutos de las instancias sindicales. Se trata especialmente de las disposiciones en virtud de las cuales el reglamento interno de las instancias sindicales sólo podrá aplicarse y modificarse previa aprobación del Ministerio de Trabajo (artículos 7, 15, último párrafo, y 17, último párrafo); de las disposiciones que versan sobre la incorporación a los estatutos de los sindicatos generales profesionales, de un control por estos últimos de los comités sindicales (artículo 16, 5)), y de los preceptos a tenor de los cuales los comités sindicales de los departamentos se rigen por el reglamento interno del sindicato general profesional (artículo 13). Según el Comité, el hecho de que la aprobación de los estatutos sindicales dependa de los poderes discrecionales de la autoridad o de los órganos sindicales competentes no es compatible con el principio generalmente admitido de que las organizaciones de trabajadores deben tener derecho a redactar sus estatutos y reglamentos administrativos con completa libertad (véase Recopilación, op. cit., párrafo 266). Por consiguiente, el anteproyecto de ley debería modificarse para que no contenga más disposiciones relativas a la elaboración, al contenido, a la modificación y a la aprobación de los estatutos y de los reglamentos administrativos que rebasen las exigencias formales.
154. El Comité observa que otras disposiciones del anteproyecto son incompatibles con el derecho de las organizaciones a elegir libremente a sus representantes, estos son: los artículos 10 (designación de los miembros de los comités sindicales por el consejo ejecutivo del sindicato general); 11 (nombramiento de los comités sindicales de los departamentos por el consejo del sindicato general); 19, párrafo 2 (prohibición de que los extranjeros sean candidatos o sean elegidos para desempeñar funciones sindicales); 47 (condiciones excesivas para que una persona sea elegida para el desempeño de una función sindical); 48 (restricciones a la reelección); 49 (fijación de la fecha de las elecciones en coordinación con el Ministerio de Trabajo); 51 y 57 (fijación del quórum y de las mayorías necesarias); 52, 53, 56 y 59 (reglamentación detallada de la celebración de las elecciones); 54 (decisión del Ministerio en caso de rechazo de una candidatura); 55 (estrecha fiscalización de las elecciones por funcionarios del Ministerio de Trabajo), y 58 (aprobación de las elecciones por el Ministerio de Trabajo). El Comité subraya a este respecto que el derecho de las organizaciones de trabajadores a elegir libremente a sus dirigentes constituye una condición indispensable para que puedan actuar efectivamente con toda independencia y promover con eficacia los intereses de sus afiliados. Para que se reconozca plenamente este derecho, es menester que las autoridades públicas se abstengan de intervenciones que puedan entorpecer el ejercicio de ese derecho, ya sea en la fijación de las condiciones de elegibilidad de los dirigentes o en el desarrollo de las elecciones mismas. Debería dejarse a las propias organizaciones la tarea de determinar en sus estatutos o reglamentos la mayoría de votos necesaria para elegir a los dirigentes sindicales, y el control de las elecciones debería en última instancia ser competencia de las autoridades judiciales (véase Recopilación, op. cit., párrafos 295, 300 y 296).
155. Además, las disposiciones que confieren amplias prerrogativas al Ministerio de Trabajo para disolver el consejo ejecutivo de un sindicato y para resolver su sucesión (artículos 66, 67, 68, 69, 89 y 90) también atentan, según el Comité, contra los principios de la libertad sindical. A este respecto, el Comité recuerda que es esencial que las medidas de destitución de un dirigente de su cargo sindical se tomen por decisión de la organización misma conforme a sus estatutos y que, en caso de inhabilitación fundada en la ley, tales medidas sólo sean ejecutables sobre la base de procedimientos judiciales que garanticen los derechos de la defensa y un examen imparcial del asunto en el cual quepa tomar en cuenta el derecho de las organizaciones de elegir libremente a sus representantes (véase Recopilación, op. cit., párrafo 485).
156. Siguiendo con el libre funcionamiento de las organizaciones, y especialmente con el derecho de las organizaciones de trabajadores a organizar libremente su gestión y su actividad, el Comité observa que las siguientes disposiciones del anteproyecto limitan este derecho, en contra de los principios de la libertad sindical: artículos 9 (funciones y atribuciones de los comités sindicales fijadas por el sindicato general profesional); 27, párrafo 2 (poder discrecional del Inspector del Trabajo, para examinar los registros de un sindicato); 32 y 33 (restricciones a la gestión financiera de los sindicatos); 34 (control ejercido por la federación profesional sectorial, la Confederación General de los Asalariados del Líbano y el Ministerio de Trabajo sobre la gestión financiera de los sindicatos); 35, 77 y 86 (obligación para los sindicatos de abonar a las instancias sindicales superiores un porcentaje de sus ingresos, so pena de disolución); 38 a 43 (reglamentación detallada de las reuniones de la asamblea general de los sindicatos); 45 (posibilidad de impugnar las decisiones de la asamblea general y del consejo ejecutivo de un sindicato ante el Ministerio de Trabajo, al cual competerá zanjar al respecto); 60 a 63 (reglamentación detallada del funcionamiento del consejo ejecutivo de los sindicatos); 73 y 74 (composición del consejo ejecutivo y de la asamblea general de las federaciones profesionales), y 80 a 82 (composición del consejo ejecutivo y de la asamblea general de la Confederación General de los Asalariados del Líbano). El Comité recuerda que la libertad sindical implica el derecho de los trabajadores y de los empleadores a elegir libremente a sus representantes y organizar su administración y actividades sin injerencia alguna de las autoridades públicas (véase Recopilación, op. cit., párrafo 319). El Comité señala a la atención del Gobierno lo que a este respecto recordó la Comisión de Expertos: "las disposiciones legislativas que regulan detalladamente el funcionamiento interno de las organizaciones de trabajadores y de empleadores entrañan graves riesgos de injerencia por las autoridades públicas. En caso de que su adopción fuera considerada indispensable por las autoridades, estas disposiciones deberían limitarse a establecer un marco general, dejando a las organizaciones la mayor autonomía posible para regir su funcionamiento y administración. Las restricciones a este principio deberían tener como únicos objetivos garantizar el funcionamiento democrático de las organizaciones y salvaguardar los intereses de sus afiliados. Por otra parte, debería preverse un recurso ante un órgano judicial, imparcial e independiente, a fin de evitar todo riesgo de injerencia excesiva o arbitraria en el libre funcionamiento de las organizaciones" (véase Estudio general de 1994, op. cit., párrafo 135).
157. Según el Comité, el artículo 91, en virtud del cual el Ministerio puede anular las decisiones relativas a la creación de las instancias sindicales, vulnera el principio según el cual las organizaciones de trabajadores no deberían ser ni disueltas ni suspendidas por vía administrativa. El Comité subraya que toda medida de suspensión y de disolución de las organizaciones sindicales constituyen formas extremas de intervención de las autoridades en las actividades de las organizaciones, por lo cual han de acompañarse de todas las garantías judiciales necesarias. Estas pueden brindarse mediante un procedimiento judicial ordinario, que por lo demás debería tener un efecto suspensivo. En lo que respecta al reparto del patrimonio sindical en caso de disolución, los bienes deberían asignarse a los fines para los cuales fueron adquiridos (véase también Recopilación, op. cit., párrafos 488, 491, 493, 496 y 504).
158. El Comité observa que también el anteproyecto de ley restringe el derecho de las organizaciones a crear libremente federaciones y confederaciones. El Comité efectúa primero una remisión a las conclusiones que formuló anteriormente respecto a la estructura sindical. Observa además que todo conflicto relativo a la afiliación de una instancia sindical inferior a una instancia sindical superior será dirimido por el Ministerio de Trabajo en virtud de una decisión obligatoria para ambas partes (artículo 4, párrafo 2, y artículo 76) y que el libre funcionamiento de las federaciones y de la Confederación General de los Asalariados del Líbano queda restringido en la medida en que el proyecto dispone que estas organizaciones van regidas por las mismas disposiciones que aquellas aplicables a los sindicatos (artículo 78 y 85). Según recuerda el Comité a este respecto, la Comisión de Expertos indicó que, para poder defender mejor los intereses de sus mandantes, las organizaciones de trabajadores y de empleadores han de tener derecho a constituir las federaciones y las confederaciones que estimen convenientes, las cuales, por su parte, deberían disfrutar de los distintos derechos que se reconocen a las organizaciones de base, especialmente en lo que respecta a la libertad de funcionamiento, de actividades y de programas de acción (véase el Estudio general de 1994, op. cit., párrafo 198).
159. Concretamente, el Comité pide al Gobierno que tenga a bien tomar en consideración las conclusiones formuladas a fin de introducir, en estrecha consulta con las organizaciones sindicales, las modificaciones necesarias en el anteproyecto de ley sobre la estructura sindical para los asalariados del Líbano, y de ajustar este último a los principios de la libertad sindical. El Comité ruega al Gobierno que le mantenga informado de toda evolución de la situación y, especialmente, le comunique todo nuevo proyecto de ley o texto legal que se adopte a raíz de esta labor.
160. A este respecto, el Comité indica al Gobierno que la Oficina Internacional del Trabajo pone a su disposición la asistencia técnica necesaria para que prepare su proyecto de ley con miras a garantizar su absoluta conformidad con los principios de la libertad sindical.

Recomendación del Comité

161. En vista de las conclusiones que anteceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes:
- a) recordando que, en su opinión, prescripciones legislativas demasiado detalladas frenan en la práctica la creación y el desarrollo de las organizaciones sindicales, el Comité expresa la firme esperanza de que el Gobierno, dando curso a las seguridades expresadas en su respuesta sobre su intención de seguir consultando a las organizaciones interesadas tomará medidas a fin de modificar el anteproyecto de ley sobre la estructura sindical para los asalariados del Líbano en el sentido indicado por el Comité en sus conclusiones, en consulta con tales organizaciones, de tal suerte que el proyecto se limite a ofrecer un marco formal genérico dentro del cual se deje a la organización especificar en sus estatutos la índole y las modalidades de la estructura sindical que desee establecer;
- b) el Comité pide a la organización querellante que comunique al Gobierno todas las informaciones necesarias al respecto, con objeto de que puedan reanudarse las discusiones lo antes posible;
- c) el Comité señala a la atención del Gobierno que numerosas disposiciones del anteproyecto de ley no se encuentran en conformidad con los principios de la libertad sindical;
- d) el Comité pide al Gobierno que elabore un nuevo proyecto de ley, teniendo en cuenta los comentarios formulados en las conclusiones y señala a su atención que la asistencia técnica de la Oficina Internacional del Trabajo queda a su disposición para la elaboración de este proyecto con miras a garantizar su plena conformidad con los principios de la libertad sindical.

Anexo

Anteproyecto de ley sobre la estructura sindical en el Líbano
(texto facilitado por la organización querellante)
Título I. Disposiciones generales
Capítulo I. Definiciones
Artículo 1. Para el cumplimiento de la presente ley, los términos
siguientes
tendrán el significado indicado a continuación:
a) Comité sindical: es la organización sindical destinada a los
asalariados
que tengan el mismo oficio u oficios similares o complementarios
entre sí en
el mismo departamento.
b) Sindicato general profesional: es la organización sindical de
los
asalariados de un mismo oficio o de un conjunto de oficios
similares o
complementarios entre sí en el plano nacional.
c) Federación profesional sectorial: es la organización sindical
de un
conjunto de sindicatos profesionales generales similares o
complementarios
entre sí en el plano nacional.
d) Confederación General de los Asalariados del Líbano: es la
organización
sindical de los asalariados en el plano nacional.
e) Departamento: es la zona geográfica delimitada siguiendo la
división
administrativa del país.
f) Decreto de reglamentación: es el decreto emitido a propuesta
del Ministro
de Trabajo en cumplimiento de la presente ley.
g) Orden ministerial: es la orden emitida por el Ministro de
Trabajo a
propuesta del director general del Ministerio para el cumplimiento
de las
disposiciones contenidas en la presente ley.
h) Reglamento interno: es el reglamento establecido por los
organismos
sindicales conforme a las disposiciones de la presente ley, el
cual define las
funciones y las responsabilidades de la instancia de que se trate
y de su
consejo, así como sus relaciones con las demás instancias que
configuran la
estructura sindical y todos los demás aspectos que la propia
instancia
considere útiles para alcanzar sus objetivos, siempre y cuando
no esté en
contradicción con el orden público y con las disposiciones de la
presente ley.
Artículo 2. La estructura sindical de los asalariados de la
República libanesa
está integrada por los siguientes elementos:
a) el comité sindical de departamento;
b) el sindicato general profesional para una sola profesión o un
conjunto de
profesiones similares o complementarias entre sí;
c) la federación profesional sectorial;
d) la Confederación General de los Asalariados del Líbano.
Los sindicatos generales profesionales, las federaciones
profesionales
sectoriales y la Confederación General de los Asalariados del
Líbano, sólo
pueden constituirse previa autorización del Ministerio de
Trabajo.
...
Artículo 4. La afiliación a las instancias mencionadas en el
artículo 2 de la
presente ley es libre. Todo afiliado puede retirarse de ellas
cuando lo desee.
Asimismo, cualquier organismo, con la salvedad de los comités
sindicales de
los departamentos, puede retirarse de la instancia sindical
superior cuando lo
estime oportuno.
No se puede ni dificultar ni rechazar la afiliación de un
asalariado a un
comité sindical o a un sindicato general profesional, salvo si la
situación
del aspirante a la afiliación es ilegal o contraria a lo preceptuado
en la
presente ley. Todo conflicto surgido en este ámbito será dirimido
por el
Ministerio de Trabajo, en virtud de una decisión que será
obligatoria para
ambas partes.
Artículo 5. Las instancias sindicales mencionadas en la
presente ley tienen
por objeto proteger la profesión o las profesiones similares o
complementarias
entre sí; unificar la actuación de los trabajadores de la profesión
de que se
trate; tutelar sus intereses y sus derechos; elevar su grado de
conciencia
profesional y sindical y fomentar su capacidad productiva, y
mejorar su
situación económica y social. Estas instancias entablan diálogos
entre sí para
velar por la homogeneidad y el equilibrio de las relaciones
laborales,
garantizar la paz social y ayudar a los poderes públicos a definir
la política
económica y social.
...
Artículo 7. Cada instancia sindical prepara un reglamento
interno, el cual es
adoptado por una asamblea general extraordinaria por mayoría
de dos tercios de
los miembros de la asamblea general en la primera sesión, y por
mayoría
absoluta en las demás sesiones.
Este reglamento sólo será aplicable una vez lo haya aprobado el
Ministerio de
Trabajo.
El reglamento interno se modifica según el mismo procedimiento
aplicado para
su elaboración.
Título II. Instancias sindicales de los asalariados
Capítulo I. Del comité sindical de departamento
Artículo 8. Los sindicatos generales profesionales sólo pueden
constituir un
comité sindical en cada uno de sus departamentos siempre y
cuando el número de
afiliados al sindicato del departamento de que se trate no sea
inferior a 50
miembros.
Artículo 9. El comité sindical desempeñará las funciones y
estará revestido de
las atribuciones que determine el sindicato general profesional...
Artículo 10. El comité sindical se compone de un mínimo de seis
miembros, y de
un máximo de diez, atendiendo al número de afiliados. Estos
miembros serán
designados por el consejo ejecutivo del sindicato general por un
período de
tres años.
Artículo 11. El consejo del sindicato designa los comités
sindicales de los
departamentos y determina las funciones y responsabilidades de
cada uno de sus
miembros. El comité tendrá un presidente, un secretario general
y un tesorero.
...
Artículo 13. Los comités sindicales del departamento se rigen
por lo dispuesto
en el reglamento interno del sindicato general profesional, a
menos que en
alguna disposición particular del presente capítulo se disponga
otra cosa.
Capítulo II. Del sindicato general profesional
Condiciones de autorización y de afiliación
Artículo 14. Los asalariados de todas las categorías y
profesiones pueden
obtener autorización para fundar un solo sindicato general
profesional de
ámbito nacional, el cual tendrá personalidad jurídica y derecho
a ejercitar
acciones judiciales, siempre y cuando el número de sus afiliados
no sea
inferior a 300. Este sindicato no puede incluir a personas de
profesiones
distintas, sino que todos sus miembros deben ejercer el mismo
oficio, u otros
oficios similares o complementarios entre sí.
Artículo 15. Los procedimientos de autorización son los
siguientes:
1) los fundadores del sindicato, miembros practicantes de la
profesión de que
se trate, presentarán una solicitud escrita al Ministerio de
Trabajo para
comunicarle su intención de fundar un sindicato a tenor de lo
prescrito en el
artículo 14 de la presente ley;
...
En el plazo de un mes desde la fecha de registro de la citada
solicitud en el
Ministerio, éste estudiará aquélla, así como los documentos
anexos a la misma
para cerciorarse de que se reúnen las condiciones requeridas
por virtud de la
presente ley. De ser así, se da traslado del asunto al Ministerio
para que dé
o deniegue su autorización.
Artículo 16. El acto constitutivo del sindicato debe contener
obligatoriamente
las siguientes menciones:
...
5) el comité sindical de los departamentos, sus competencias y
atribuciones,
el procedimiento oportuno para establecer una coordinación
con él, las reglas
de nombramiento, las modalidades de control, las sanciones,
etc.;
...
Artículo 17.
...
Se considera este acto fundacional como un reglamento interno
del sindicato,
al que éste quedará sujeto una vez lo haya aprobado el
Ministerio de Trabajo.
Artículo 18. Además de las condiciones especiales mentadas
en el reglamento
interno vigente, todos los aspirantes a afiliarse a un sindicato
deben:
1) haber cumplido 18 años;
2) ejercer un oficio en el momento de su afiliación. Sólo se
puede estar
afiliado a un sindicato;
3) tener nacionalidad libanesa y gozar de los derechos civiles;
4) no haber sido condenado por crimen o por un acto criminal
infamante;
5) no haber alcanzado la edad legal de la jubilación, fijada con
arreglo al
oficio ejercido.
Artículo 19. Los extranjeros debidamente autorizados para
trabajar en el
Líbano pueden afiliarse al sindicato de su oficio si reúnen las
condiciones
particulares previstas en el reglamento interno, así como las
condiciones
mencionadas en los apartados 1), 2), 4) y 5) del artículo 18 de la
presente
ley.
Con todo, los miembros extranjeros no pueden ser aspirantes ni
elegidos. En
cambio, sí pueden delegar a uno de sus colegas a fin de que
les represente o
les defienda ante el consejo sindical.
...
Artículo 27.
...
El inspector del trabajo puede examinar, a instancia de la
administración
competente del Ministerio, los registros del sindicato e informar
acerca de
los mismos.
...
Las finanzas del sindicato
Artículo 32. Los fondos del sindicato sólo pueden asignarse y
gastarse con la
finalidad para la cual éste fue constituido. En particular, el
consejo
ejecutivo del sindicato no puede:
- contraer préstamos o aceptar donaciones, legados o subsidios,
sin previo
acuerdo de la asamblea general y del Ministerio de Trabajo;
- invertir fondos en negocios financieros, comerciales,
patrimoniales o
industriales, sin previo acuerdo de la asamblea general y del
Ministerio de
Trabajo.
...
Artículo 33. El sindicato debe depositar sus fondos en un banco
designado por
su consejo ejecutivo y comunicar al servicio de sindicatos del
Ministerio de
Trabajo el nombre del susodicho banco en el plazo de una
semana a partir de la
fecha de su designación.
...
Artículo 34. El sindicato es una persona jurídica con derecho a
disponer de
sus fondos dentro de los límites de las reglas generales de
derecho y de la
presente ley. Con todo, la federación profesional sectorial a la
que
pertenezca este sindicato tendrá derecho a informarse sobre la
manera en que
éste habilita sus fondos para saber si los gastos se realizan
dentro de los
límites prescritos por la ley. De ser necesario, la federación tiene
derecho a
señalar a la atención del consejo ejecutivo del sindicato los
actos que, a su
modo de ver, constituyan un incumplimiento de lo prescrito. De
no aceptar el
consejo estas propuestas u observaciones, la federación podrá
hacer uso de las
atribuciones enunciadas en el artículo 66 de la presente ley,
previa
notificación obligada al Ministerio de Trabajo.
En el caso de los sindicatos que no sean miembros de la
federación profesional
sectorial, el control financiero, arriba mencionado, competerá a
la
Confederación General de los Asalariados del Líbano y al
Ministerio de
Trabajo.
Artículo 35. El sindicato debe abonar a las instancias sindicales
superiores
dentro de la estructura, un porcentaje de sus ingresos a guisa
de cotización
anual acogiéndose a las siguientes escalas:
- el 15 por ciento de los ingresos anuales efectivos a sus
comités sindicales
de departamento;
- el 20 por ciento de sus ingresos anuales efectivos a la
federación
profesional sectorial a la que pertenezca el sindicato;
- el 15 por ciento de sus ingresos anuales efectivos a la
Confederación
General de los Asalariados.
El incumplimiento de las disposiciones del presente artículo por
un consejo
ejecutivo constituirá un menoscabo grave que justificará la
solicitud de su
disolución en virtud del artículo 66 de la presente ley.
...
La asamblea general
...
Artículo 38. La asamblea general se mantendrá en forma de
reuniones ordinarias
que se celebrarán como mínimo una vez al año, previa
convocatoria por el
consejo ejecutivo del sindicato. El presidente, por decisión del
consejo
ejecutivo, podrá convocarla en forma de reunión extraordinaria
en caso de
necesidad, o por solicitud escrita motivada y firmada por al
menos un tercio
de los miembros de la asamblea general, y ello en el plazo de un
mes a partir
de la fecha de recepción de la solicitud.
En este último caso, si el consejo ejecutivo se abstuviera de
enviar la
convocatoria, la federación profesional sectorial a la que
pertenezca el
sindicato puede, al igual que el Ministerio de Trabajo, enviar
dicha
convocatoria, siempre y cuando anteponga a la misma, una
intimación a la
instancia que incumpla, en la cual se concederá a esta última
un plazo de al
menos 15 días para actuar.
Artículo 39. Las reuniones de la asamblea general sólo son
válidas en
presencia de al menos la mitad de los miembros del sindicato
que abonaron la
totalidad de su cotización. Si no hubiere quórum, la reunión se
aplazará en 15
días como máximo, y la segunda reunión será válida fuera cual
fuere el número
de personas presentes.
Artículo 40. El presidente del consejo ejecutivo del sindicato
debe preparar
un orden del día para la asamblea general y exponerlo en la
sede del sindicato
antes de la fecha de la reunión, indicando el lugar y la fecha de
esta última.
La asamblea general deliberará sobre los temas inscritos en su
orden del día.
Artículo 41. Las reuniones de la asamblea general serán
presididas por el
presidente del consejo ejecutivo del sindicato, y el secretario
general será
responsable de elaborar las actas correspondientes. Si los
temas debatidos
versaren sobre la exclusión de uno o de varios miembros del
consejo del
sindicato o sobre la disolución de este último, la asamblea
general elegirá de
entre los miembros presentes a una persona para que asegure
la presidencia, y
a otra para que se encargue de la secretaría general. En este
caso, el quórum
debe alcanzar los dos tercios de los miembros de la asamblea
general en la
primera sesión, y en la mayoría absoluta en las demás sesiones.
Artículo 42. Las decisiones de la asamblea general se toman
por mayoría
absoluta de sus miembros. Las decisiones relativas a la
aprobación del
reglamento interno o a la modificación de este último; a la
exclusión de uno o
de varios miembros del consejo ejecutivo del sindicato; y a la
disolución de
dicho consejo o del sindicato, se toman por mayoría de dos
tercios de los
miembros en la primera sesión, y por mayoría absoluta de los
miembros en las
demás sesiones.
Artículo 43. Las resoluciones de la asamblea general no son
aplicables a todos
los miembros del sindicato. Los miembros de la asamblea
general sólo pueden
votar una vez, no admitiéndose representación por poderes ni
para la
presencia, ni para la aprobación.
...
Artículo 45. Todas las decisiones de la asamblea general deben
notificarse
dentro de los 15 días siguientes a su adopción al Ministerio de
Trabajo y a la
federación profesional sectorial a la que pertenezca el sindicato.
Cada
miembro tendrá derecho a impugnar las decisiones de la
asamblea general o los
del consejo ejecutivo del sindicato ante el Ministerio de Trabajo
en el plazo
de 15 días a partir de la fecha de la resolución. El Ministerio se
pronunciará
en el plazo de un mes, como máximo, calculado a partir del
registro de la
impugnación.
La administración del sindicato
...
Artículo 47. Además de las condiciones generales de afiliación
establecidas en
virtud de la presente ley, los miembros del consejo ejecutivo
deben:
1) gozar de sus derechos civiles y no haber sido condenados
por crimen,
tentativa de crimen o delito infamante. Se consideran delitos
infamantes el
robo, la estafa, el abuso de confianza, la extensión de cheques
sin provisión
de fondos, la malversación de fondos, la corrupción, la
violación, la
falsificación o el uso de falsificaciones, el falso testimonio, el
perjurio,
así como los delitos vinculados a los estupefacientes o a las
buenas
costumbres;
...
Artículo 48. El consejo ejecutivo del sindicato es elegido por
votación
secreta y por tres años. Los miembros pueden volver a
presentar su candidatura
una vez concluido su mandato. En caso de disolución del
consejo ejecutivo, el
presidente y los miembros del consejo no podrán ser reelegidos
durante el
intervalo de un mandato. Esta prohibición no se aplica a los
miembros que,
según el texto de la decisión, se hayan opuesto a las medidas
que motivaron la
resolución.
Artículo 49. La asamblea general elegirá, por votación secreta,
el consejo
ejecutivo del sindicato por invitación de la asamblea constitutiva
durante el
período prefijado en la resolución que autoriza la creación del
sindicato.
La fecha de las elecciones se fija en coordinación con el
Ministerio de
Trabajo, tras lo cual se notifica a los miembros del sindicato al
menos 15
días antes de la fecha de las elecciones.
En la convocatoria de las elecciones figurarán la fecha y el
lugar de las
votaciones, la hora de comienzo y de cierre de estas últimas, y
la fecha
límite para la presentación de las candidaturas (a saber, tres
días antes de
la fecha de las elecciones). Esta convocatoria se expondrá en
la sede del
sindicato y en las sedes de los comités sindicales de los
departamentos, y
será publicada en dos diarios locales de gran tirada.
Si el consejo ejecutivo o la asamblea constituyente se
abstuviera de enviar la
convocatoria, la federación profesional sectorial a la que
pertenezca el
sindicato podrá, al igual que el Ministerio de Trabajo, enviar esta
convocatoria, siempre y cuando ésta vaya precedida de una
intimación la
instancia que incumpla, concediéndose a esta un plazo de 15
días, como mínimo,
para actuar.
...
Artículo 51. El quórum requerido para que puedan celebrarse
las elecciones es
de la mitad más uno de los miembros de la asamblea general en
la primera
vuelta. Si no hubiere quórum, las elecciones se aplazarán por
un período de
siete a quince días, siendo válida la segunda vuelta fuera cual
fuere el
número de personas presentes. En este caso, no se admiten
nuevas candidaturas.
Artículo 52. Tres días antes de procederse a las votaciones, el
consejo
ejecutivo del sindicato prepara una lista en tres ejemplares de
los nombres y
apellidos de los miembros de la asamblea general con derecho
de voto. Estos
tres ejemplares irán precintados con el sello del sindicato y
llevarán la
firma del presidente y del tesorero. El primero de ellos será
entregado al
servicio de sindicatos del Ministerio de Trabajo, el segundo a los
miembros
del comité electoral, y el tercero al consejo del sindicato para
que lo
exponga en un lugar visible. En los tres debe certificarse que
todas las
personas mencionadas en la lista pagaron las cotizaciones que
debían.
Artículo 53. El plazo de presentación de las candidaturas al
consejo ejecutivo
del sindicato quedará abierto en cuanto la asamblea general
haya decidido
celebrar elecciones.
Las candidaturas serán presentadas al comité constitutivo y al
consejo del
sindicato, el cual expedirá un recibo que se entregará a los
candidatos. Serán
rechazadas las candidaturas presentadas dentro de los tres
días que precedan a
las elecciones. A la solicitud de candidatura deberá adjuntarse
una
certificación sobre los antecedentes penales que date de
menos de un mes, así
como un certificado según el cual el interesado sigue ejerciendo
el oficio
atendiendo lo dispuesto en los artículos 18, párrafo 5, y 47 de la
presente
ley.
Artículo 54. Los nombres y apellidos de los candidatos se
expondrán en la sede
del sindicato y se comunicarán al Ministerio de Trabajo. Todo
candidato cuya
candidatura sea denegada podrá impugnar tal decisión, previa
exposición de los
motivos que procedan ante el Ministerio de Trabajo, y antes de
cerrarse el
plazo de presentación de las candidaturas. El Ministerio debe
pronunciarse
antes de la fecha de las elecciones.
Artículo 55. La celebración de las elecciones será fiscalizada
por una oficina
electoral integrada por uno o varios delegados del Ministerio de
Trabajo; un
miembro designado por el consejo del sindicato, y un miembro
por categoría de
candidatos, siempre y cuando el número de miembros no sea
superior a seis. Si
el consejo sindical o los miembros no designaren a sus
representantes, serán
los representantes del Ministerio de Trabajo quienes se
encarguen de velar por
la buena marcha de las elecciones, junto con algunos
observadores que ellos
mismos elegirán de entre los miembros de la asamblea general.
Artículo 56. La oficina electoral procederá al recuento de los
votos y
redactará un acta en la que constarán los nombres y apellidos
de los
candidatos, así como sus objeciones si las hubiere. Este acta
será firmada en
dos ejemplares, cuyo original conservará el representante del
Ministerio de
Trabajo, quedando el segundo ejemplar en la oficina electoral.
Toda abstención
de firma se hará constar en el acta.
Artículo 57. Se considera electo a quien obtenga la mayoría
relativa de los
votos emitidos por los miembros votantes. En caso de empate,
una vez
transcurrido el plazo de una semana se repetirán las elecciones
solamente
entre los candidatos que hayan empatado. De producirse un
nuevo empate, saldrá
elegido el vencedor de edad más avanzada.
Artículo 58. Toda impugnación de los resultados de las
elecciones será
presentada al Ministerio de Trabajo dentro de los siete días
siguientes a las
elecciones, fecha a partir de la cual no se aceptarán. En
cualquier caso los
resultados de las elecciones no serán definitivos mientras no los
haya
aprobado el Ministerio de Trabajo.
Artículo 59. De quedar vacante o vacantes uno o varios
puestos en el consejo
ejecutivo del sindicato, por cualquier motivo que fuere, el
consejo seguirá en
funciones mientras el número de sus miembros supere la mitad
del pleno. El
consejo puede completar este número incorporando a su seno a
los candidatos
que obtuvieron el mayor número de votos en las últimas
elecciones organizadas
por el sindicato, aunque no lograran ser elegidos. El nuevo
miembro ocupará el
puesto vacante durante el resto del mandato del antiguo
miembro.
Artículo 60. El nuevo consejo ejecutivo del sindicato se reunirá
dentro de los
15 días siguientes a la proclamación de los resultados de las
elecciones para
elegir su Mesa, la cual estará integrada por un presidente, un
secretario
general, un tesorero y varios consejeros. Esta Mesa deberá
comunicar al
Ministerio de Trabajo los nombres y apellidos de sus nuevos
miembros, así como
sus atribuciones sindicales, y ello dentro de los 15 días a partir
de la fecha
de su elección para su aprobación por el Ministerio. La
federación profesional
sectorial a la que pertenezca el sindicato debe ser informada de
la
composición de la Mesa.
Artículo 61. El consejo ejecutivo del sindicato se reúne por
convocatoria del
presidente y bajo la presidencia de este último, el cual, de estar
ausente,
será sustituido en su cargo por el vicepresidente, el cual, de
estar ausente,
será a su vez sustituido por el secretario general.
Las sesiones del consejo ejecutivo sólo serán válidas en
presencia de la mitad
más uno de sus miembros. Si no hubiere quórum en la primera
sesión, la reunión
se aplazará en una semana y será válida si a ella asistiere la
mitad de los
miembros del citado consejo. Las decisiones se toman por
mayoría relativa de
los miembros presentes. En caso de empate, el presidente
tendrá voto de
calidad.
Artículo 62. El consejo ejecutivo del sindicato se reúne por lo
menos una vez
al mes, y el presidente puede convocarlo si así lo considerare
necesario, o a
instancia de la tercera parte de los miembros.
Artículo 63. Se considera que los miembros del sindicato han
dimitido si se
ausentan, sin causa legal, de tres sesiones consecutivas a las
que hayan sido
convocados por escrito. Este hecho debe mencionarse en la
última convocatoria
enviada al miembro y consignarse en las actas de la sesión. El
consejo toma la
decisión de excluir a estos miembros después de haberles
convocado por escrito
para oír sus argumentos.
...
Artículo 66. La asamblea general podrá disolver el consejo
ejecutivo si éste
no cumpliere sus deberes, si realizare algún acto que no entrare
en sus
atribuciones o desvirtuara la finalidad por la cual se creó el
sindicato. La
solicitud de disolución se presentará mediante carta firmada por
la tercera
parte de los miembros de la asamblea general y dirigida al
consejo ejecutivo.
Este último deberá convocar la asamblea general a una reunión
pública para
deliberar y decidir al respecto. Si éste se abstuviere de enviar la
convocatoria dentro de los 15 días a partir de la fecha de
recepción de la
solicitud, la federación profesional sectorial podrá, al igual que el
Ministerio de Trabajo, convocar esta reunión de la asamblea
general.
Artículo 67. Si la asamblea general no emprendiere los trámites
mencionados en
el artículo que antecede, el Ministerio de Trabajo investigará en
breve al
respecto y presentará sus conclusiones en un plazo máximo de
tres meses al
Ministerio de Trabajo para que tome la decisión apropiada.
Artículo 68. Si la asamblea general o el Ministerio de Trabajo
decidiere la
disolución del consejo ejecutivo, el órgano que la haya
ordenado nombrará un
comité provisional para dirigir el sindicato a la espera de la
elección del
nuevo consejo ejecutivo. Esta decisión se notificará al
Ministerio, así como a
la federación profesional sectorial y a la Confederación General
de los
sindicatos de los asalariados. El comité invitará a que se elija un
nuevo
consejo ejecutivo dentro de los 15 días siguientes a la decisión
de
disolución. De no hacerlo, o de resultar imposible dirigir dicha
invitación,
el Ministerio podrá exhortar a que se celebren elecciones dentro
de los 15
días transcurridos desde la expiración del plazo concedido al
comité de
administración provisional.
Artículo 69. El presidente y los miembros del consejo ejecutivo
disuelto
quedan obligados a devolver toda la documentación y a restituir
todos los
fondos del sindicato al comité encargado de su administración,
so pena de ser
denunciados por abuso de confianza ante las autoridades
competentes.
...
Capítulo III. Federación profesional sectorial
Artículo 72. Es la organización sindical profesional de un
conjunto de
sindicatos generales profesionales similares o complementarios
entre sí en el
ámbito nacional.
Esta federación será fundada por al menos tres sindicatos
generales
profesionales similares o complementarios entre sí, y por
resolución del
Ministro de Trabajo.
Artículo 73. El reglamento interno de la federación fija las reglas
de
afiliación y determina el número de miembros que integrarán el
consejo
ejecutivo, el cual no debe ser inferior a 10, ni superior a 20.
Cada sindicato
estará representado al menos por un miembro.
Artículo 74. La asamblea general de la federación comprende
miembros de todos
los consejos ejecutivos de los sindicatos afiliados a la misma. El
reglamento
interno de la federación debe fijar el porcentaje de
representación de cada
sindicato miembro en el consejo ejecutivo de la federación.
...
Artículo 76. De ser rechazada la solicitud de afiliación de un
sindicato a la
federación, o la exclusión de un sindicato que ya esté afiliado a
la misma, el
sindicato de que se trate podrá impugnar la decisión
correspondiente ante la
Confederación General antes de someter el caso al Ministerio de
Trabajo para
que tome la decisión apropiada.
Artículo 77. Los recursos de la federación profesional sectorial
se componen
del porcentaje procedente de los recursos de los sindicatos
miembros, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 35 de la presente ley, y de todos
los demás
recursos previstos en el artículo 31, además de las
asignaciones procedentes
de la Confederación General de los Asalariados del Líbano
destinados a cubrir
los gastos de esta última. La federación profesional sectorial
quedará
sometida a un régimen financiero especial, el cual será fijado por
decisión de
su asamblea general y quedará preceptuado en su reglamento
interior.
Capítulo IV. Confederación General de los Asalariados del
Líbano
Artículo 79. La Confederación General de los Asalariados del
Líbano es la
organización sindical de los asalariados del Líbano. Las
autoridades la
consideran como la organización más representativa de los
asalariados del
citado país. Está integrada por federaciones profesionales,
sectoriales y por
sindicatos que no cuentan con federación sectorial alguna.
Artículo 80. La asamblea general de la Confederación está
integrada por los
miembros de los consejos ejecutivos de las federaciones
profesionales de los
distintos sectores, así como por los miembros de los consejos
ejecutivos de
los sindicatos miembros de la unión que no pertenecen a una
federación
profesional sectorial.
El reglamento interno de la Confederación General fija las reglas
de
afiliación de estos representantes, así como el número
correspondiente a cada
federación sectorial y a cada sindicato atendiendo al número de
miembros
afiliados.
Artículo 81. La Confederación General está dirigida por un
consejo ejecutivo
cuyo número de miembros se halla fijado en el reglamento
interno, siempre y
cuando no sea éste inferior al número de federaciones
sectoriales y de
sindicatos miembros. El consejo ejecutivo es elegido por la
asamblea general,
por tres años y por votación secreta; cada federación
profesional sectorial y
cada sindicato estará representado ante el consejo ejecutivo en
virtud de lo
que disponga el reglamento interior de la Confederación.
Artículo 82. De quedar vacante un puesto en el consejo
ejecutivo de la
Confederación General por cualquier motivo que fuere, la
asamblea general será
convocada en sesión extraordinaria para elegir a un miembro de
la federación
sectorial o del sindicato al que perteneciere la persona que dejó
el puesto
vacante.
...
Artículo 85. La Confederación General de los Asalariados del
Líbano, así como
su asamblea general y su consejo ejecutivo, se rigen por las
mismas
disposiciones que aquellas aplicadas al sindicato general
profesional, a la
asamblea general y al consejo ejecutivo de este último, salvo en
lo referente
a los aspectos regidos por disposiciones particulares del
presente capítulo
relativas a estos dos organismos.
Artículo 86. Los recursos de la Confederación General se
componen del
porcentaje asignado a ésta en virtud de lo dispuesto en el
artículo 35 de la
presente ley, así como de los demás recursos previstos en el
artículo 31.
Capítulo V. Disposiciones transitorias y finales
Artículo 87. Por orden del Ministro de Trabajo se adjuntará en
anexo a la
presente ley un cuadro en el que se definirán las profesiones y
las
profesiones similares o complementarias entre sí, sobre cuya
base se emitirán
las autorizaciones oportunas para la creación de organismos
sindicales.
Artículo 89. En caso de disolución del consejo ejecutivo de
algún organismo
sindical por el Ministro de Trabajo según lo dispuesto en la
presente ley, el
Ministro confiará al director de la dirección general del trabajo y
de
relaciones profesionales del Ministerio de Trabajo la gestión de
los asuntos
puramente administrativos que competían al consejo disuelto,
en espera de que
se elija el nuevo organismo. El director deberá desempeñar
asimismo las tareas
que cumplía el citado consejo en materia de elecciones, y
podrá recurrir a los
funcionarios del Ministerio para que ejecuten las tareas
necesarias.
Artículo 90. En caso de disolución de un consejo, el Ministerio
de Trabajo
deberá tomar las medidas siguientes:
a) avisar al banco depositario de los fondos del consejo para
que se abstenga
de efectuar el pago de cualquier importe que fuere al presidente
o a los
miembros;
b) informar al Ministro del Interior (a las fuerzas de seguridad
interna) de
la decisión de disolución;
c) informar al presidente del consejo y al órgano sindical
superior, por vía
administrativa de la decisión de disolución, o exponer esta
decisión en un
lugar visible en la sede del consejo o en el Ministerio de Trabajo;
d) ordenar a un inspector del trabajo o a un oficial de policía
judicial que
embargue los documentos y registros del consejo en presencia
de uno de los
miembros del consejo o de otro miembro y, de ser necesario,
ante un miembro
del servicio de seguridad o ante el alcalde.
Se levantará acta del inventario en dos ejemplares, el primero
de los cuales
se incluirá en el expediente del consejo que obre en poder del
Ministerio de
Trabajo, y el segundo se entregará a los interesados. El nuevo
consejo entrará
en funciones una vez se haya levantado esta acta.
Artículo 91. En virtud de las disposiciones de la presente ley, el
Ministro de
Trabajo tendrá, derecho a anular la decisión relativa a la
creación de
instancias sindicales y a confiar al director de la gestión general
de trabajo
y de relaciones profesionales, la adopción de las medidas
necesarias
contempladas en el artículo anterior. La dirección general
precintará las
puertas y expondrá una copia de la resolución de anulación en
la puerta
exterior, además de publicarla en la Gaceta Oficial.