National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La Comisión toma nota con interés de las memorias presentada por el Gobierno en relación con los Convenios núms. 100 y 111 y sus detalladas informaciones y documentación.
En su solicitud directa anterior, la Comisión había solicitado al Gobierno se sirviera comunicar informaciones sobre toda medida tomada como consecuencia de la investigación realizada por el Instituto Nacional de Economía (NEI) en 1989, sobre las diferencias de ingresos entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina. El estudio había determinado que en 1986, pese a que el 38 por ciento de toda la mano de obra empleada a tiempo completo eran mujeres, la porción que les tocaba del total de ingresos de la mano de obra empleada a tiempo completo era sólo el 28 por ciento. Más aún, la diferencia entre las ganancias de los trabajadores y las ganancias de las trabajadoras había disminuido muy poco en los últimos años. El promedio nominal de ganancias de la mano de obra femenina era, en cifras redondas, un 60 por ciento de la ganancia nominal media de la mano de obra masculina. Esta diferencia era aún más espectacular para las remuneraciones que se pagaban entre los 35 y los 50 años de edad, en donde el ingreso medio de las trabajadoras alcanzaba apenas al 45 por ciento del ingreso medio de los trabajadores.
El Gobierno señala en su memoria que no hay unanimidad entre los expertos para explicar estas diferencias. Algunos han señalado una mayor educación o formación en el empleo o experiencia de trabajo de la mano de obra masculina. Sin embargo, según el Gobierno, el argumento de las calificaciones no se aplica a los trabajos en donde son menos necesarias ni tampoco la mayor experiencia laboral puede servir para justificar las diferencias de remuneración que se dan entre los jóvenes, dado que ya no se producen grandes deserciones del mercado de trabajo de las mujeres en edad de ocuparse de sus niños. El Gobierno expresa su grave preocupación por dicha situación y destaca varias medidas adoptadas para hacer surtir efectos al precepto legislativo según el cual los "hombres y las mujeres deberán recibir iguales salarios y gozar de los mismos beneficios de empleo por trabajos de igual valor o de valor comparable". Esta disposición se ha incluido, con ligeras modificaciones, en las leyes sobre la igualdad adoptadas desde 1976 y sigue figurando en el artículo 4 de la ley sobre la igualdad de condición y derechos, entre los hombres y las mujeres (núm. 28 de 1991).
2. La Comisión ha tomado nota con interés de las medidas adoptadas por el Gobierno y que a este respecto incluyen:
i) la adopción de la antes mencionada ley núm. 28 de 1991 cuyas disposiciones se comentan en la observación correspondiente al Convenio núm. 111;
ii) la adopción del segundo Plan de Acción de cuatro años para lograr la igualdad de entre los sexos (1991-1994), entre cuyas medidas se destacan la promoción de la igualdad entre los sexos en el sistema escolar, la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres y el mejoramiento de la condición femenina en el mercado de trabajo y en las regiones rurales. Entre los proyectos particulares enumerados para hacer surtir efectos al plan de acción, la Comisión toma nota con interés que se ha previsto realizar un estudio sobre los salarios y complementos de la remuneración de la mano de obra masculina y de la mano de obra femenina en cinco grandes instituciones del Gobierno como las que se encargan de la educación o de la salud públicas;
iii) la participación en varios programas adoptados por el Consejo Nórdico de Ministros incluyendo el proyecto "RYT" (ruptura) (1985-1989), encaminados a desarrollar y comprobar métodos para suprimir la segregación sexista del mercado de trabajo. Como parte de la acción del Gobierno para el Plan Nórdico de Cooperación en favor de la igualdad entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina (1989-1993), se está llevando a cabo un proyecto quinquenal de igualdad de remuneración para relacionar todos los datos disponibles sobre disparidades de remuneración entre trabajadores y trabajadoras con la finalidad de determinar sus causas y proponer medidas que superen los obstáculos que impiden la realización de la igualdad en materia de remuneración;
iv) el establecimiento de un programa de igualdad de derechos en unas 50 instituciones oficiales, donde se fijan objetivos específicos para aumentar el número de mujeres en los cargos de responsabilidad y el monto de sus remuneraciones.
3. La Comisión toma nota con interés de que en virtud del acuerdo sobre salarios y condiciones de empleo, concluidos entre, por una parte la Federación del Trabajo de Islandia y la Confederación de Empleadores Islandesa y por la otra parte la ciudad de Reykjavik, 1989, los interlocutores sociales designaron un grupo de estudio para examinar la evolución y motivos de las diferencias de remuneración e investigar cómo reducirlas. La Comisión también había tomado nota de una disposición sobre la revisión de la forma en que se evalúan los trabajos y el rendimiento, incluido en un acuerdo colectivo entre las autoridades locales y las federaciones de empleados municipales y del Estado, que condujo a una revisión del sistema de evaluación en más de la mitad de los organismos contratantes locales. Si bien todas estas medidas se refieren aparentemente a las diferencias de ingresos entre los empleados del sector público y los del sector privado, el Gobierno declara que las empleadas han podido beneficiarse de esta revisión.
4. La Comisión agradecería al Gobierno que continuara comunicando informaciones en sus futuras memorias sobre los resultados de las iniciativas antes mencionadas y de cualquier otra medida para reducir las diferencias de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina.