Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

Formulación y ejecución de una política activa del empleo. Consultas con los interlocutores sociales. La Comisión toma nota de la memoria recibida en septiembre de 2011 que incluye respuestas y documentación pertinente en relación con los comentarios anteriores. El Gobierno transmite una propuesta de política de empleo presentada al Gabinete económico del Consejo Nacional de Políticas Económicas y Sociales (CONAPES). El Gobierno reconoce que no existe aún un mecanismo que articule los planes y programas para generar empleo de manera específica y sistémica. La propuesta fue socializada mediante tres talleres con los interlocutores sociales, que contaron con el auspicio de la OIT. El Gobierno busca incrementar la inversión pública, las políticas crediticias y el establecimiento de un fondo financiero minero. Como resultado de la inversión pública, se estima que el programa de inversiones de 2009 había logrado la creación de aproximadamente 72 000 empleos directos y 148 000 empleos indirectos. La Comisión entiende que, según los datos preliminares publicados por la CEPAL, entre junio de 2010 y junio de 2011, la tasa de desempleo disminuyó del 6 por ciento al 5,5 por ciento, debido principalmente a la reducción del índice de desempleo de las mujeres, que pasó del 6,9 por ciento al 6,1 por ciento. La tasa de ocupación bajó levemente, del 53,7 por ciento al 52,8 por ciento, al igual que la tasa de participación, que se redujo del 45,5 por ciento al 44,8 por ciento. La Comisión invita al Gobierno a que en su próxima memoria indique si se adoptó la política de empleo y el impacto que han tenido las medidas y programas ejecutados para promover los objetivos del Convenio (artículos 1 y 2 del Convenio). La Comisión espera que la memoria incluya indicaciones sobre la manera en que los interlocutores sociales se pronunciaron sobre la política de empleo y participaron en las consultas requeridas para elaborar y ejecutar una política del empleo como requiere el artículo 3 del Convenio. La Comisión pide también que se agreguen informaciones sobre la manera en que los representantes de las categorías más vulnerables de la población — en particular, representantes de los trabajadores rurales y de la economía informal — han participado en la formulación de políticas y programas de empleo.

Empleo juvenil. En respuesta a comentarios anteriores, el Gobierno transmite documentación sobre el proyecto Mi Primer Empleo Digno, dirigido a los jóvenes en extrema o moderada pobreza y con escasa preparación académica formal. El proyecto se ejecuta en dos modalidades: capacitación para la inserción laboral y capacitación para el emprendimiento (a nivel municipal). El proyecto contó con financiamiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y beneficia a 2 562 jóvenes entre 18 y 24 años de edad en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La Comisión invita al Gobierno a que, en su próxima memoria, se agreguen indicaciones que permitan determinar si los jóvenes beneficiarios de los programas han logrado ingresar y permanecer en el mercado del trabajo. La Comisión invita al Gobierno a dar a conocer las nuevas medidas adoptadas para promover el empleo de los jóvenes.

Economía informal y empleo productivo. En su comentario anterior, la Comisión advirtió que, en el área urbana, de los 1,6 millones de personas que realizan actividades económicas informales, la mayoría se concentra en el sector comercio y servicios. En la economía informal, los empleos son de bajos ingresos, reducida productividad y prácticamente sin acceso a ningún beneficio social. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a describir en su memoria las medidas adoptadas de política del empleo y su contribución a que se integren progresivamente los trabajadores de la economía informal en el mercado formal del empleo.

Microempresas. En su comentario anterior, la Comisión observó que según el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, ocho de cada diez empleos se creaban en unidades microempresariales de gran precariedad, donde no parecían respetarse los derechos laborales. La Comisión invita nuevamente al Gobierno a que incluya información sobre las medidas adoptadas para mejorar la productividad y la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Cooperativas. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno indica que según el último relevamiento del sector minero existen 562 organizaciones que componen diez federaciones y 516 cooperativas de base en el país. Las cooperativas más pequeñas tienen 12 socios y la de mayor membresía alcanza a 4 000 cooperativistas. El aporte del sector es significativo dado que las ventas de las cooperativas mineras en el primer semestre de 2008 sumaron un total de 367 000 000 de dólares. La Comisión se remite a la Recomendación sobre la promoción de las cooperativas, 2002 (núm. 193) y pide al Gobierno que continúe brindado informaciones sobre la contribución de las cooperativas a la promoción del empleo productivo.

Coordinación de las políticas de educación y de formación profesional con la política del empleo. En respuesta a los comentarios anteriores, el Gobierno transmite el informe técnico del Servicio Nacional de Certificación de Competencias presentado en diciembre de 2009. Dicho informe técnico propone una reorganización administrativa del mencionado servicio nacional. La Comisión invita al Gobierno a incluir en su próxima memoria indicaciones sobre la coordinación de las políticas de educación y de formación profesional con las políticas de empleo y específicamente sobre como la oferta de capacitación que se genera desde los Institutos de Capacitación (ICAPs) se coordina con la demanda de conocimientos y habilidades requeridos y las necesidades del mercado de trabajo.