Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 1961)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Mauritanie (Ratification: 2016)

Seguimiento de las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas (Conferencia Internacional del Trabajo, 105.ª reunión, mayo-junio de 2016)

Artículo 1, 1), artículo 2, 1), y artículo 25 del Convenio. Esclavitud y secuelas de la esclavitud.

En sus comentarios anteriores, la Comisión instó al Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para movilizar a las autoridades competentes y al conjunto de la sociedad a fin de continuar luchando contra la esclavitud y sus secuelas garantizando que la nueva legislación adoptada se aplique estrictamente y que las víctimas de la esclavitud sean identificadas y tengan acceso a la justicia. La Comisión toma nota de la discusión que tuvo lugar en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia en junio de 2016 y observa que la Comisión de la Conferencia señaló su profunda preocupación por el hecho de que, en la práctica, el Gobierno aún no haya adoptado las medidas necesarias para combatir la esclavitud. En seguimiento de esta discusión, el Gobierno aceptó recibir una misión de contactos directos, que visitó Mauritania del 3 al 7 de octubre de 2016. La Comisión toma nota del informe de esta misión. Asimismo, toma nota de las observaciones formuladas por la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación General de Trabajadores de Mauritania (CGTM), recibidas respectivamente el 31 de agosto y el 1.º de septiembre de 2016.

a) Aplicación efectiva de la legislación. La Comisión había pedido al Gobierno que complementara la adopción de la ley de 2015 que incrimina la esclavitud y reprime las prácticas análogas a la esclavitud (en adelante ley de 2015) con medidas concretas a fin de garantizar su aplicación efectiva. Esta ley refuerza el marco legislativo de lucha contra la esclavitud previendo en particular la posibilidad de que las asociaciones de defensa de los derechos humanos que disfrutan de personalidad jurídica desde hace al menos cinco años emprendan acciones judiciales y se constituyan en parte civil, así como el establecimiento de tribunales colegiados con competencia para juzgar las infracciones en materia de esclavitud.

A este respecto, la Comisión toma nota de que según la información que figura en el informe de la misión y la información comunicada por el Gobierno los tres tribunales penales especiales competentes en materia de esclavitud que se han establecido en Nema, Nouakchott y Nouadhibou son operativos. El tribunal de Nema ha dictado una primera sentencia por la que dos personas han sido condenadas a penas de cinco años de prisión (cuatro de ellos de ejecución condicional) y a pagar daños y perjuicios a las víctimas. Además, los jueces de instrucción ya han remitido algunos casos a los tribunales de Nema y Nouadhibou, que serán juzgados con arreglo a la ley de 2015. El Gobierno precisa que las causas pendientes ante los tribunales antes de la adopción de la ley de 2015 también serán juzgados por los tribunales penales especiales, pero con arreglo a la ley de 2007.

Asimismo, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el proyecto de cooperación técnica que la Oficina está llevado a cabo en Mauritania para apoyar la aplicación de la ley de 2015 destina una parte importante de sus recursos al reforzamiento de los actores pertinentes para la identificación de las prácticas de esclavitud, en particular la fiscalía, los jueces de instrucción y otros actores que intervienen en el procedimiento, tales como la policía, la gendarmería y las autoridades administrativas. El Gobierno considera que este apoyo le permitirá reafirmar su voluntad política, que ha reiterado regularmente, de acabar definitivamente con las secuelas de la esclavitud y las prácticas de esclavitud que puedan subsistir.

La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, la CSI indica que la policía y las autoridades judiciales se resisten a investigar o a entablar procedimientos cuando las víctimas o las asociaciones presentan denuncias de esclavitud. Según la CSI, varios casos de esclavitud presentados a las autoridades han sido recalificados como delitos menos graves. En otros casos, estos asuntos se han resuelto a través de soluciones informales. Reconociendo la importancia de la adopción de la ley de 2015 y de la sentencia dictada por el Tribunal Penal de Nema, la CSI considera que la condena pronunciada es poco severa teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido.

Tal como se señaló en el informe de la misión, la Comisión considera que es indispensable que los tres tribunales penales especiales funcionen de manera eficaz en todo el territorio y que estén dotados del personal necesario y de recursos materiales y logísticos adecuados. La Comisión recuerda, que en virtud del artículo 25 del Convenio, los Estados tienen la obligación de cerciorarse de que las sanciones impuestas por la ley por exigir ilegalmente trabajo forzoso son realmente eficaces y se aplican estrictamente. Por consiguiente, la Comisión confía en que el Gobierno seguirá realizando esfuerzos importantes para reforzar el sistema judicial y que tomará las medidas necesarias para permitir que los tribunales penales especiales hagan justicia a fin de que ningún caso de esclavitud quede impune. Habida cuenta de que para alcanzar este objetivo es indispensable reforzar toda la cadena penal, la Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para continuar sensibilizando y formando a los actores encargados de la aplicación de la ley y para crear unidades especializadas en el ministerio público y las fuerzas del orden. En efecto, resulta primordial que estas autoridades puedan reunir pruebas, tipificar correctamente los hechos e iniciar los procedimientos judiciales correspondientes. Por último, la Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre el número de casos de esclavitud denunciados ante las autoridades, y que especifique en cuántos de estos casos se han interpuesto acciones judiciales así como el número y la naturaleza de las condenas pronunciadas. A este respecto, la Comisión recuerda que para poder tener carácter disuasorio las condenas pronunciadas deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos. Sírvase asimismo indicar si las víctimas de esclavitud han sido indemnizadas por los perjuicios sufridos, de conformidad con el artículo 25 de la ley de 2015.

b) Situación de la esclavitud en la práctica. La Comisión señaló la complejidad del fenómeno de la esclavitud y de sus secuelas, y la necesidad de que el Gobierno actúe en el marco de una estrategia global coordinada. A este respecto, la Comisión observa que la misión de contactos directos consideró que «una serie de datos concretos que se le presentaron ponen de relieve que en Mauritania existe la esclavitud. La misión señaló que la esclavitud y sus secuelas son dos fenómenos que no cubren las mismas situaciones y que no tienen la misma amplitud, y que, por consiguiente, requieren medidas diferentes y añadió que es preciso comprender mejor estos dos fenómenos. También indicó que un estudio cualitativo y/o cuantitativo debería permitir plantear de manera concreta y objetiva las cuestiones objeto de debate, lo cual contribuiría a apaciguar el debate y desmitificarlo, tanto a nivel nacional como internacional». A este respecto, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que ha inscrito como medida prioritaria en el proyecto de cooperación técnica llevado a cabo por la Oficina la realización de un estudio que permitirá recopilar datos suficientes y fiables sobre casos de esclavitud y de forma general sobre el trabajo forzoso. Asimismo, la Comisión toma nota de que la CSI se refirió a que ciertas autoridades niegan la existencia de la esclavitud y sólo reconocen los «vestigios» de la esclavitud. La Comisión considera que las declaraciones de este tipo envían un mensaje perjudicial a las autoridades responsables de aplicar la legislación de lucha contra la esclavitud.

La Comisión recuerda que, al igual que la Comisión de la Conferencia, insiste desde hace algunos años en la importancia de realizar investigaciones que permitan disponer de un inventario cuantitativo y cualitativo de la esclavitud en Mauritania. La Comisión espera que el Gobierno adopte las medidas necesarias para realizar un estudio que le permita disponer de datos fiables sobre la naturaleza y la prevalencia de la esclavitud en Mauritania. La Comisión también espera que estos datos permitan planificar y orientar mejor las intervenciones públicas para, por una parte, llegar a las personas que son víctimas de la esclavitud y protegerlas, y, por otra parte, definir mejor las medidas destinadas a luchar contra las secuelas de la esclavitud.

c) Medidas inclusivas y coordinadas. En lo que respecta a la necesidad de adoptar un enfoque global y coordinado, la Comisión tomó nota anteriormente de que la lucha contra la esclavitud y sus secuelas se inscribe en el marco de la Hoja de ruta para la lucha contra las secuelas de la esclavitud cuyo seguimiento de la aplicación es llevado a cabo por el Comité ministerial presidido por el Primer Ministro. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que el 70 por ciento de la recomendaciones que figuran en la Hoja de ruta ya se han aplicado. Se han realizado numerosas actividades de sensibilización en colaboración con la sociedad civil y las autoridades religiosas, como por ejemplo: caravanas de sensibilización que han recorrido gran parte del territorio (diez regiones de las 15 que tiene el país); la organización de coloquios y debates en la radio y la televisión para sensibilizar sobre la ilegitimidad de la esclavitud; y el examen durante varios meses en la comunidad de Ulémas de la postura del Islam en relación con la prohibición de la esclavitud que ha llevado a esta comunidad a posicionarse en relación con este tema y la decisión de uniformizar la oración del viernes. En lo que respecta a la lucha contra la pobreza, la Comisión toma nota de que la agencia Tadamoun (Agencia nacional para la lucha contra las secuelas de la esclavitud) continúa desarrollando programas dirigidos a las zonas en las que el Estado está poco presente y las zonas en las que se concentran los descendientes de esclavos (adwabas), especialmente el triángulo de la esperanza. El objetivo de estos programas es proporcionar servicios básicos en los ámbitos sanitario y educativo. Los programas llevados a cabo también tienen por objetivo poner a disposición de la población medios de producción. Por último, en lo que respecta a la educación, la Comisión toma nota de las medidas aplicadas en las zonas educativas prioritarias así como de los programas de aprendizaje elaborados para los adolescentes que no han ido nunca a la escuela.

La Comisión toma nota de que la misión saludó los esfuerzos realizados por el Gobierno en estos ámbitos. Asimismo, saludó el enfoque multisectorial y la coordinación interministerial a fin de luchar contra la esclavitud y sus secuelas. Sin embargo, la misión señaló que esta coordinación debería ir acompañada de una mayor comunicación y visibilidad de las medidas llevadas a cabo. Estas medidas deben inscribirse en el marco de un enfoque inclusivo de los interlocutores sociales y la sociedad civil. A este respecto, la Comisión toma nota de que la CGTM critica la falta de concertación, especialmente con las organizaciones sindicales representativas, lo que puede poner en peligro los programas gubernamentales y los esfuerzos realizados en el ámbito de la lucha contra la esclavitud y sus secuelas.

La Comisión espera que el Gobierno continúe aplicando todas las recomendaciones de la Hoja de ruta y que el Comité técnico interministerial realice una evaluación sobre el impacto de las medidas adoptadas en este contexto. Recordando que la lucha contra la esclavitud requiere la participación de todos, la Comisión espera que cuando se realice esta evaluación y se definan nuevas medidas el Gobierno continúe colaborando con la sociedad civil y las autoridades religiosas, y que cuente con los interlocutores sociales. La Comisión también espera que el Gobierno continúe dotando a la Agencia Tadamoun de los medios necesarios para luchar contra las secuelas de la esclavitud que se ponen de relieve a través de la pobreza, la dependencia y la estigmatización de las que pueden ser víctimas los descendientes de esclavos.

d) Identificación y protección de las víctimas. La Comisión señaló que las víctimas de la esclavitud se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad que requiere medidas específicas por parte del Estado. La Comisión toma nota de que, en su informe, la misión señaló que la relación existente entre las víctimas y sus amos es multidimensional. La dependencia económica, social y psicológica que sufren las víctimas reviste diversos grados e incluye un amplio abanico de situaciones que requieren muchos tipos de medidas complementarias. Las víctimas desconocen sus derechos y si denuncian su situación puede ejercerse una presión social muy fuerte sobre ellas. La misión consideró que sería apropiado establecer un mecanismo de atención a las presuntas víctimas que presenten quejas o sean identificadas. La Comisión expresa la firme esperanza de que el Gobierno continúe adoptando medidas para deslegitimar la esclavitud a fin de llegar a todas las personas a las que esto podría concernir, tanto si son amos como esclavos. La Comisión pide al Gobierno que indique las medidas adoptadas para garantizar que las víctimas identificadas o que denuncian su situación reciben asistencia y protección para poder hacer valer sus derechos y enfrentar toda presión social que pueda ejercerse contra ellas. Sírvase indicar si está previsto establecer un mecanismo público de asistencia y precisar la manera en que las autoridades colaboran con las asociaciones que protegen y defienden a los esclavos. Por último, la Comisión pide al Gobierno que indique la asistencia que se proporciona a las víctimas para que puedan reconstruir sus vidas y para evitar que se encuentren en una situación de dependencia que las estigmatice y las convierta en vulnerables frente a los abusos.