Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Croatie

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (Ratification: 1991)
Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 (Ratification: 1991)
Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 (Ratification: 1991)

Con el fin de proporcionar una visión de conjunto de las cuestiones relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre la seguridad y salud en el trabajo (SST), la Comisión considera oportuno examinar los Convenio núms. 155 (SST), 161 (servicios de salud en el trabajo) y 162 (asbesto) en un mismo comentario.

La Comisión toma nota de las observaciones de la Unión de Sindicatos Autónomos de Croacia (UATUC) y de los Sindicatos Independientes de Croacia (NHS), recibidas en 2016.

A. Disposiciones generales

Convenio sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155)

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de la información que figura en el registro del Instituto Croata de Protección de la Salud y Seguridad en el Trabajo (CIHPSW) para 2017, y toma nota con preocupación de que el número total de casos registrados de enfermedades profesionales aumentó entre 2016 y 2017, pasando de 153 en 2016 a 172 en 2017. También toma nota de que, según el informe anual de 2017 de la Inspección del Trabajo, 22 accidentes mortales ocurrieron en 2017. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre la manera en que se aplica el Convenio y que continúe suministrando información sobre el número, la naturaleza y la causa de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales denunciadas.

Convenio sobre los servicios de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161)

Artículos 5, a), b), c), e), g), h), i) y k), y 6 del Convenio. Establecimiento y funciones de los servicios de salud en el trabajo. La Comisión toma nota de la derogación de la antigua ley en materia de SST por la Ley sobre SST de 2014, y recuerda que los artículos 22 y 82 de la ley derogada daban efecto al artículo 5 del Convenio. La Comisión nota que el artículo 80 de la Ley sobre SST de 2014 obliga al empleador a proporcionar a los trabajadores servicios de salud en el trabajo para asegurar una vigilancia de la salud de los trabajadores apropiada a los riesgos, peligros y exigencias del lugar de trabajo, con el fin de proteger la salud de los trabajadores. El artículo 81 de la Ley sobre SST de 2014 prevé además que las actividades de medicina del trabajo, así como el plan y el programa de medidas de protección de la salud, deben ser prescritos en nomas específicas en materia de protección y aseguramiento de la salud, y que el número mínimo de horas que el especialista en medicina del trabajo debe estar presente en el lugar de trabajo debe ser estipulado en una ordenanza. A este respecto, el Comité toma nota de las observaciones de la UATUC y de los NHS según las cuales, hasta 2016, el Ministerio de Salud no había adoptado normas que establezcan cuestiones tales como la presencia mínima del especialista en medicina del trabajo en el lugar de trabajo o los procedimientos para administrar los primeros auxilios. También nota que el Gobierno indica que la participación del especialista en medicina del trabajo en la evaluación de los riesgos en el lugar de trabajo no se encuentra prevista en la legislación nacional y que la experiencia muestra que, en la práctica, el empleador raramente consulta con un especialista en medicina del trabajo para realizar esta evaluación, a pesar de que el artículo 5, a), del Convenio establece que las funciones de los servicios de salud en el trabajo deberán incluir la identificación y la evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo. Adicionalmente, el artículo 20 de la Ley de Asistencia Sanitaria (en su versión modificada) define los tipos de atención sanitaria que se encuentran dentro del ámbito de las atenciones específicas para los trabajadores, pero establece que el contenido de las medidas relativas a las atenciones específicas para los trabajadores y el método para implementarlas deben ser establecidos por el Ministerio de Salud mediante una ordenanza a propuesta del CIHPSW, previa aprobación del Ministerio de Trabajo y del Sistema de Pensiones. Sin embargo, la UATUC y los NHS indican que estas medidas no han sido prescritas. Tomando nota de que la Ley sobre SST de 2014 no da efecto a la mayoría de las disposiciones del artículo 5 del Convenio y de que requiere la adopción de normas especiales que aún no han sido adoptadas, la Comisión insta firmemente al Gobierno a que proporcione información sobre las medidas adoptadas para dar pleno efecto a los artículos 5 y 6 del Convenio. La Comisión también pide al Gobierno que indique si se han tomado medidas dirigidas a la adopción de las normas especiales relativas a las actividades relacionadas a la salud en el trabajo y al plan y al programa de medidas de protección de la salud, según lo previsto en el artículo 81 de la Ley sobre SST de 2014, así como las ordenanzas indicadas en el artículo 20 de la Ley de Asistencia Sanitaria. La Comisión pide al Gobierno que proporcione una lista de tales normas, en caso de haber sido adoptadas.

B. Protección contra riesgos específicos

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162)

Efectiva compensación de los trabajadores de la fábrica de Salonit. En sus comentarios anteriores, la Comisión pidió información sobre la aplicación en la práctica de la ley sobre compensación de los trabajadores empleados en Salonit d.d. (núm. 84/11), en virtud de la cual los trabajadores empleados en la fábrica Salonit (que elabora productos que contienen asbesto), cuando se declaró la quiebra en 2006, podían solicitar una compensación dentro de los sesenta días (artículo 2). A este respecto, la Comisión toma nota de la indicación del Gobierno en su memoria de que el pago de la compensación debida a los trabajadores por la pérdida del empleo fue planeado en cuotas durante dos años, en 2011 y 2012. La Comisión toma nota con interés de la indicación del Gobierno de que todas las solicitudes de compensación han sido atendidas, todos los trabajadores de la fábrica de Salonit, 170 personas, han sido compensados en los casos en que tenían derecho a recibir una compensación y que han presentado una solicitud al Fondo de Protección del Medio Ambiente y la Eficiencia Energética, para ser compensados. La Comisión también toma nota de la información proporcionada por el Gobierno relativa al establecimiento de una comisión de quejas para resolver los recursos contra las decisiones adoptadas por el Fondo, integrada por representantes del Ministerio de Protección del Medio Ambiente, Planificación Física y Construcción, Ministerio de Economía, Trabajo y Actividades Empresariales, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Justicia y el Fondo para la Protección del Medio Ambiente y la Eficiencia Energética. La Comisión pide al Gobierno que siga suministrando información sobre toda evolución a este respecto, incluyendo el número de recursos presentados, y sobre las decisiones adoptadas por la comisión de reclamaciones ad hoc.

Comisión para la solución de reclamaciones de compensación de los trabajadores afectados por enfermedades profesionales causadas por la exposición al asbesto (la Comisión de reclamaciones). La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno de que, desde la creación de la Comisión de reclamaciones en 2007 hasta mediados de 2016, se han resuelto 1 318 reclamaciones (1 072 finalizaron con el pago de compensaciones), 22 están pendientes de resolverse ante los tribunales y 245 todavía no están resueltas. La Comisión toma nota de las observaciones formuladas por el UATUC y el NHS, que proporcionan diferentes estadísticas relativas a las reclamaciones de compensación resueltas y sin resolver. La Comisión también toma nota de la falta de información relativa a las medidas adoptadas para sensibilizar a los trabajadores en relación con las posibilidades de buscar una reparación. La Comisión pide al Gobierno que siga garantizando que todas las reclamaciones y solicitudes de compensación por parte de los trabajadores afectados por una enfermedad profesional, causada por la exposición al asbesto en el curso de su trabajo, se traten con la mayor rapidez posible. Pide al Gobierno que suministre información sobre los progresos a este respecto, así como sobre las medidas adoptadas para sensibilizar a dichos trabajadores en relación con las posibilidades de buscar una reparación.

Aplicación del Convenio en la práctica. La Comisión toma nota de la información suministrada por el Gobierno relativa al registro del CIHPSW sobre las enfermedades profesionales causadas por el asbesto, que se publica anualmente en línea y que incluye datos y estadísticas actualizados sobre las enfermedades causadas por el asbesto, desglosados por distribución geográfica, tipos de enfermedades, género, edad, tipos de educación y formación y otras mediciones. La Comisión toma nota de que, según los datos del CIHPSW, 89 casos de enfermedades profesionales causadas por el asbesto fueron registrados en 2017, de los cuales 79 (88,8 por ciento) afectaron a hombres y 10 (11,2 por ciento) a mujeres. Además, la Comisión toma nota de que, según los datos del CIHPSW, el porcentaje de enfermedades profesionales causadas por la exposición al asbesto en 2017 fue del 52 por ciento (89 de un total de 172 casos registrados). Tomando nota del porcentaje, que permanece alto, de enfermedades profesionales causadas por el asbesto, la Comisión insta al Gobierno a que incremente sus esfuerzos para asegurar en la práctica la supervisión médica de los trabajadores que están o han estado expuestos al asbesto. La Comisión también pide al Gobierno que siga facilitando información relativa a la aplicación de este Convenio en la práctica, incluyendo todas las medidas adoptadas a nivel institucional para la aplicación del Convenio. Además, la Comisión pide al Gobierno que suministre información sobre la aplicación en la práctica de la prohibición del uso del asbesto y de materiales que contengan asbesto en Croacia, que entró en vigor el 1.º de enero de 2006.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.