Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Sénégal (Ratification: 2000)

La Comisión toma nota de las observaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI), del 1.º de septiembre de 2021.

Artículo 3, a), y artículo 7, 1) del Convenio. Peores formas de trabajo infantil y sanciones. Venta y trata con fines de explotación económica y trabajo forzoso. Mendicidad. En sus comentarios anteriores, la Comisión tomó nota de que se calculaba que, en 2019, en el Senegal había más de 100 000 niños talibés que estaban obligados a mendigar. La Comisión toma nota de que el artículo 3 de la Ley núm. 2005-06, de 29 de abril de 2005, relativo a la lucha contra la trata de personas y prácticas análogas y a la protección de las víctimas, prohíbe organizar la mendicidad ajena con el fin de sacar provecho de ella, o contratar, incitar o engañar a una persona para que se dedique a la mendicidad, o ejercer alguna presión para que mendigue, pero que el artículo 245 del Código Penal dispone que « el hecho de pedir limosna en los días, lugares y condiciones establecidos por las tradiciones religiosas no constituye un acto de mendicidad». A este respecto, la Comisión pidió al Gobierno que garantizara la prohibición de la mendicidad de los niños talibés mediante la adopción de leyes que eliminen esta ambigüedad legislativa. Asimismo, la Comisión tomó nota de la información proporcionada por la CSI, así como en las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos y del Comité contra la Tortura, en las que se señala que las investigaciones y los enjuiciamientos de quienes utilizan la mendicidad infantil forzosa seguían siendo escasos y que, lejos de disminuir, la explotación de niños por parte de los maestros coránicos a través de la mendicidad forzosa era un fenómeno creciente.

La Comisión toma nota de que, en la información escrita sobre la aplicación del Convenio núm. 182 proporcionada a la Comisión de Aplicación de Normas durante la 109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en 2021, el Gobierno indica que durante la revisión de la Ley núm. 2005-06, se decidió finalmente mantener el artículo 245 del Código Penal que complementa la Ley núm. 2005-06. El Gobierno indica que el artículo 245 del Código Penal no autoriza la mendicidad en ninguna de sus formas, y que solo constata una realidad que forma parte de una práctica religiosa, la de pedir o recibir limosna. El Gobierno destaca que el Código Penal prohíbe formalmente la mendicidad a los menores de 18 años y castiga a quien permita que un niño bajo su custodia mendigue. Además, el Gobierno indica que el Ministerio de la Mujer, la Familia, el Género y la Protección de la Infancia (MFFGPE) organizó un taller con los agentes de la Brigada Especial de Menores para reforzar su colaboración durante las operaciones de retirada y promover los procedimientos de enjuiciamiento. En este sentido, entre 2007 y 2019 se realizaron 32 investigaciones judiciales en relación con maestros coránicos, que se saldaron con 29 procesamientos y 25 condenas por mendicidad forzosa, abuso o muerte de menores.

Sin embargo, la Comisión toma nota de nota de la observación de la CSI de que, a pesar del carácter generalizado y visible de los abusos en cuestión, las investigaciones y los enjuiciamientos siguen siendo extremadamente escasos y, con frecuencia, la policía sigue sin investigar los casos de mendicidad forzosa. Los cargos contra los maestros coránicos siguen siendo retirados o son menos graves que obligar a los talibés a mendigar en virtud de las disposiciones de la Ley núm. 2005-6 o del Código Penal. La CSI indica que la escasa aplicación de la ley y la falta de recursos para los niños talibés maltratados han continuado. La CSI también observa que las autoridades no han iniciado investigaciones en relación con los sospechosos de obligar a los talibés a mendigar que fueron identificados durante el programa de «retirada de niños de la calle», llevado a cabo por el MFFGPE, y no han tomado medidas contra los funcionarios que se han negado a investigar esos casos. Además, durante el periodo de memoria, no se enjuició ni condenó a ningún presunto traficante de niños con fines de mendicidad forzosa. En lugar de realizar investigaciones penales, a menudo se imponen sanciones administrativas a las personas que presuntamente imponen la mendicidad forzosa, en parte debido a la presión pública y a la influencia social de los maestros coránicos. A pesar de las acusaciones de complicidad de funcionarios del Gobierno que se negaron a investigar casos de trata de personas o presionaron al poder judicial para que abandonara los casos, el Gobierno no informó de ninguna investigación, enjuiciamiento o condena de cómplices.

Aunque toma nota de la información del Gobierno de que se abrieron varias investigaciones judiciales que dieron lugar a varios enjuiciamientos y condenas entre 2007 y 2019, la Comisión también lamenta tomar nota de que el Gobierno no proporciona ninguna información nueva sobre la aplicación de sanciones a las personas que utilizan la mendicidad de niños talibés menores de 18 años. Refiriéndose al Estudio General de 2012 sobre los convenios fundamentales, la Comisión recuerda que, si bien la cuestión de la limosna preceptiva como herramienta educativa queda fuera de su mandato, es indudable que la utilización de los niños para la mendicidad con fines puramente económicos no puede aceptarse en virtud del Convenio núm. 182 (párrafos 483 y 484). Por consiguiente, la Comisión expresa su profunda preocupación por la persistencia del fenómeno de explotación económica de los niños talibés y lamenta profundamente el reducido número de enjuiciamientos en virtud del artículo 3 de la Ley núm. 2005-06. Recordando que las sanciones previstas solo son eficaces si se aplican efectivamente, la Comisión insta de nuevo al Gobierno a que adopte sin demora las medidas necesarias para que el artículo 3 de la Ley núm. 2005-06 se aplique efectivamente en la práctica y para que se castigue a quienes utilizan la mendicidad de los niños talibés menores de 18 años con fines de explotación económica. La Comisión insta una vez más al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para reforzar de manera efectiva la capacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y garantizar que los autores de tales actos, así como los funcionarios del Estado que no investigan las denuncias, sean enjuiciados y se les impongan en la práctica sanciones lo suficientemente disuasorias. Lamentando profundamente tomar nota de nuevo de que no se proporciona información a este respecto, la Comisión pide una vez más al Gobierno que proporcione estadísticas sobre el número de enjuiciamientos realizados, condenas dictadas y sanciones impuestas en virtud de la Ley núm. 2005-06.

Artículo 7, 2). Medidas efectivas y en un plazo determinado. Apartados a) y b). Impedir que los niños se vean involucrados en las peores formas de trabajo infantil y prestarles ayuda para librarlos de esas formas de trabajo. Niños talibés. 1. Proyectos y programas de retirada de los niños de la calle. La Comisión había instado al Gobierno a redoblar sus esfuerzos y a tomar sin demora las medidas necesarias para proteger a los niños talibés frente a la venta, la trata y el trabajo forzoso u obligatorio, y para garantizar su rehabilitación e integración social.

En la información escrita sobre la aplicación del Convenio núm. 182 que proporcionó a la Comisión de Aplicación de Normas durante la 109.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, en 2021, el Gobierno indica que además de las medidas comunicadas en 2019 en materia de lucha contra la trata, la mendicidad y el trabajo forzoso u obligatorio de niños, en 2020 se adoptaron otras medidas para reforzar esta lucha en el contexto de la COVID-19, a través de las cuales la protección se ha incrementado considerablemente. El Gobierno informa de las siguientes nuevas medidas:

• – El proyecto de apoyo a la protección de los niños víctimas de violaciones de sus derechos (PAPEV): Este proyecto, iniciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en colaboración con el Ministerio de Justicia, contribuye significativamente a reforzar el sistema de protección de la infancia en el Senegal. El Comité Directivo Nacional del proyecto fue establecido con arreglo a la Orden núm. 005016, de 3 de febrero de 2020, del Ministro de Justicia. En 2020, el PAPEV apoyó al Estado senegalés en la reintegración familiar de los niños retirados de la calle mediante la aplicación de un programa de protección de emergencia para los niños de la calle. Este programa permitió retirar y colocar en centros de acogida a 5 067 niños, entre ellos 175 de Gambia, Guinea-Bissau y la República de Guinea, e integrar 52 niños en familias, de los cuales 34 eran de Gambia y 18 de Guinea-Bissau. El PAPEV también garantizó el refuerzo de los servicios ofrecidos en los centros de acogida, en particular, el apoyo educativo y sanitario a los niños.
• – El proyecto «cero niños en la calle», que forma parte del programa «sacar a los niños de la calle», y cuya tercera fase se puso en marcha en abril de 2020: Sobre la base del plan nacional de contingencia para responder a las necesidades específicas de protección de los niños en el contexto de la COVID 19, el proyecto «cero niños en la calle» ha permitido retirar a 5 333 niños de la calle de edades comprendidas entre los 4 y los 17 años y ubicarlos en albergues, y proporcionarles alimentos, productos higiénicos y sanitarios y diversos equipos para contribuir a que reciban la atención adecuada. La unidad de coordinación, control y seguimiento del proyecto «cero niños en la calle» es el órgano nacional de seguimiento de la situación de los niños talibés. Reúne a las estructuras estatales, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los socios técnicos y financieros implicados en la lucha contra el fenómeno de los niños de la calle, incluidos los representantes de los líderes religiosos. El informe de ejecución del proyecto, compartido el 20 de noviembre de 2020, muestra que 6 187 niños, de entre 4 y 17 años, fueron retirados de la calle. Además, la proporción de niños devueltos a sus familias aumentó un 37,3 por ciento, pasando del 22,7 por ciento en 2019 al 60 por ciento en 2020.
• – El Programa de Niños Desfavorecidos (PED): Entre 2016 y 2020, el Ministerio de Salud y Acción Social (MSAS) se ha beneficiado de un presupuesto para niños vulnerables (huérfanos, discapacitados, talibés, niños de familias afectadas por la lepra). Los resultados de este programa incluyen: la colocación de 700 talibés en prácticas en talleres o centros de formación; la inscripción de 5 950 talibés en mutuas de salud a través de la cobertura sanitaria universal; el suministro de alimentos y equipamiento a 70 daaras piloto; y subvenciones para 140 daaras tradicionales.

Además, la Comisión toma nota de la información proporcionada por la CSI en relación a que el Gobierno ha tomado efectivamente medidas positivas en favor de los niños talibés en respuesta a la pandemia de COVID-19. Según la CSI, el Gobierno ha trabajado con organizaciones internacionales, la sociedad civil y las poblaciones locales para incluir las necesidades de los talibés en los programas y proyectos de respuesta a la COVID-19, incluido el proyecto «cero niños en la calle». La CSI informa de que el número de niños retirados de la calle durante esta tercera fase del programa de «retirada» ha superado claramente al de la primera y la segunda fase, y que los Comités Departamentales de Protección de la Infancia (CDPE), que incluyen a representantes de la sociedad civil, han supervisado el programa a nivel regional.

Sin embargo, la CSI informa de varios retos planteados por la aplicación de esos diversos proyectos y programas. La CSI señala que las autoridades han observado que los niños que fueron retirados de las calles han vuelto a ellas. Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron que los procesos de supervisión del programa de retirada volvieron a ser inadecuados, sobre todo por la falta de seguimiento de los niños talibés que habían sido devueltos a sus familias. En consecuencia, en la mayor parte de los casos, los niños talibés que habían regresado con sus familias fueron enviados de nuevo a las escuelas coránicas donde se habían visto obligados a mendigar. Además, la CSI informa de que ha habido dificultades en la aplicación del programa de retirada en todo el Senegal. Por ejemplo, el prefecto de Kédougou se negó a acceder a la petición de las autoridades de devolver a los niños talibés de una daara concreta a sus familias; en Matam, las autoridades religiosas locales se opusieron enérgicamente al programa y no se realizó ninguna retirada; en Sédhiou, no se retiró a ningún niño de la calle; en Ziguinchor y Thiès, los niños talibés fueron confinados en daaras en lugar de ser devueltos a sus familias. El CSI también indica que los recursos asignados a los CDPE eran insuficientes y que había falta de comunicación entre el MFFGPE y los actores locales encargados de las operaciones de retirada, lo que dificultaba la ejecución de estas operaciones y el seguimiento adecuado de los niños talibés retirados. Además, el programa de «retirada» ha contado con la fuerte oposición de algunos maestros coránicos y solo una minoría de daaras han aceptado facilitar el regreso de los niños talibés a sus familias. Por ejemplo, solo seis de las 247 daaras de Louga han permitido el retorno voluntario de los talibés a sus familias. Por último, el MFFGPE debía llevar a cabo una evaluación de la aplicación de esta tercera fase del programa de retirada antes de proceder a una cuarta fase, pero esta evaluación no se ha realizado y no se sabe si la fase adicional se está considerando actualmente. Al tiempo que toma nota de las medidas adoptadas por el Gobierno, la Comisión lo insta a reforzar los programas pertinentes para poder seguir retirando a los niños víctimas de la mendicidad con fines exclusivamente económicos y rehabilitarlos e integrarlos socialmente de manera duradera, entre otras cosas garantizando un seguimiento eficaz de la retirada de estos niños de las calles y dotando a los CDPE de los recursos necesarios para llevar a cabo su función con eficacia. La Comisión pide al Gobierno que siga proporcionando información sobre las medidas adoptadas a este respecto y que facilite estadísticas sobre el número de niños talibés retirados de las peores formas de trabajo infantil y que se han beneficiado de medidas de rehabilitación e integración social.

2. Proyecto de modernización de las daaras. La Comisión tomó nota anteriormente de los diversos programas de modernización de las daaras y de formación de maestros, así como de varios planes marco para eliminar las peores formas de trabajo infantil, incluido el Proyecto de Apoyo a la Modernización de las Daaras (PAMOD). Sin embargo, también observó que el programa de modernización de las daaras parecía centrarse más en la construcción de nuevas «daaras modernas» que en la mejora de las infraestructuras y las prácticas de las daaras existentes.

La Comisión toma nota de las observaciones de la CSI en relación a que el programa de modernización de las daaras tiene dos componentes: el PAMOD, que se puso en marcha en noviembre de 2013, y el Proyecto de Mejora de la Calidad y la Equidad de la Educación Básica (programa PAQUEEB), financiado por el Banco Mundial. En la primera fase del programa PAQUEEB, se renovaron y modernizaron 100 daaras en todo el país. En marzo de 2020, el Ministerio de Educación organizó un taller para seleccionar las daaras que se beneficiarían de la segunda fase del programa PAQUEEB. Se seleccionaron 417 daaras, con lo que el número total de daaras beneficiarias ascendió a 517. La CSI también informa de que el Ministerio de Educación tiene previsto realizar una reunión con los inspectores de las daaras para debatir la mejor manera de integrar la protección de la infancia en sus inspecciones, con la ayuda de las organizaciones de la sociedad civil. Además, la CSI observa que hay deficiencias en la actuación del cuerpo de inspectores de las daaras. En general, los inspectores parecen carecer de directrices e instrucciones centrales claras y no parecen desarrollar planes para combatir la mendicidad y el abuso de los niños en las daaras. Tampoco está claro si el cuerpo de inspectores pretende inspeccionar todas las daaras, o solo las registradas como «daaras modernas», lo que crea el riesgo de que las otras daaras, en las que persisten los peores abusos, sigan funcionando sin supervisión. Además, la CSI denuncia que el Ministerio de Justicia no se ha implicado lo suficiente en el programa de modernización de las daaras, lo que limita la posibilidad de cerrar las daaras explotadoras y perseguir a los maestros abusivos.

La Comisión toma nota de la información del Gobierno según la cual la política de modernización de las daaras se ha emprendido en el Senegal a través de varias reformas, como la elaboración de un proyecto de ley sobre el estatuto de las daaras, el desarrollo de un plan de estudios de las daaras que integra el Corán, el francés y las materias científicas, y la introducción de disciplinas como la lectura y las matemáticas en los planes de estudios. Sin embargo, también toma nota de la indicación de la CSI de que el proyecto de ley sobre el estatuto de las daaras, presentado por primera vez en 2010 y reintroducido en 2013, aún no ha sido aprobado. Este proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros en 2018, pero por tercer año consecutivo ha permanecido en la Asamblea Nacional a la espera de su aprobación. Por lo tanto, la Comisión insta al Gobierno a redoblar sus esfuerzos para que el programa de modernización de las daaras, a través de los programas PAMOD y PAQUEEB, se aplique de manera que contribuya a proteger a los niños talibés de las peores formas de trabajo infantil y garantice la rehabilitación y la integración social de estos niños, y le pide que proporcione información sobre los resultados obtenidos. La Comisión también insta al Gobierno a tomar medidas para reforzar el cuerpo de inspectores de las daaras y garantizar que se inspeccionan todas las daaras, no solo las « daaras modernas», para que los niños talibés que son víctimas de la mendicidad forzosa sean efectivamente identificados y luego retirados e integrados en la sociedad. Por último, la Comisión pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para que el proyecto de ley sobre el estatuto de las daaras se apruebe en un futuro próximo. Asimismo, pide al Gobierno que facilite información sobre cómo esta ley, una vez aprobada, contribuye a la modernización de las daaras y a proteger a los niños talibés de la mendicidad forzosa.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.