Cas individuel (CAS) - Discussion : 2023, Publication : 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Discusión por la Comisión

Presidente - Propongo que pasemos al siguiente caso de nuestro orden del día, que es el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), en Nicaragua. Tenemos más de 17 delegados inscritos para tomar la palabra. La reducción del límite de tiempo de cinco a tres minutos será aplicable a los demás delegados.

Representante gubernamental - En representación del pueblo trabajador y heroico de Nicaragua, el Gobierno de reconciliación y unidad nacional reitera sus fraternos saludos a todos los participantes de esta reunión.

En referencia al Informe de la Comisión de Expertos, de 2023, aclaramos que el Estado de Nicaragua establece en el artículo 27 de su Constitución que «Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. No habrá discriminación por motivo de nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social». La República de Nicaragua expresa que es inaceptable que esta comisión tome nota de informes de organismos que no son de competencia laboral. Resulta evidente que se pretende relacionar un tema que no se vincula con el objeto y el contenido del Convenio y lo establecido en la Constitución y los estatutos de la OIT, demostrando una vez más la intromisión y la politización con temas que no son de índole laboral. El Gobierno de Nicaragua, desde 2007, ha venido aplicando políticas de desarrollo social y económico de manera general a todos los sectores de la población, incluyendo a los pueblos indígenas y afrodescendientes. A raíz de ello, la región Costa Caribe ahora es considerada como una zona especial de desarrollo humano y socioeconómico, lo que permite que se desarrollen más fuentes de empleos para las familias indígenas y afrodescendientes. Entre las acciones que fomentan el empleo cabe citar: avances en la ampliación de cobertura educativa en los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe a través de cinco centros tecnológicos: Blufields, Héroes y Mártires de Puerto Cabeza; Bernardino Díaz Ochoa de Siuna; Waspam, Corn Island, Bonanza y Rosita; los programas de educación técnica y capacitación, en los que se incluyen diversas etnias y población afrodescendiente, en su propia lengua, que se aplican en cumplimiento del Plan nacional de lucha contra la pobreza y para el desarrollo humano 2022‑2026, que contempla asimismo un modelo de salud intercultural en las regiones autónomas; la seguridad jurídica de la propiedad; agua y saneamiento; la cobertura de energía eléctrica en los territorios de la Costa Caribe; los planes de ordenamiento de los sectores urbanos y rurales; la capacitación a docentes conforme a la trasformación cultural bilingüe de los tres niveles: educación inicial, primaria y secundaria; la atención a familias para la producción de alimentos en huertos diversificados con cultivos autóctonos de la Costa Caribe; la trasferencia de tecnología para mejorar la productividad en la Costa Caribe; la capitalización de las familias mediante planes de inversión productivos; el fortalecimiento del asociacionismo y la gestión cooperativa; el financiamiento mediante el programa de microcréditos para el emprendimiento de la Costa Caribe; el acompañamiento a familias en la promoción de sistemas agroforestales con cultivos estratégicos en el trópico húmedo; la atención a familias en el manejo de aves y cerdos para una producción sostenible en armonía con la madre tierra; la entrega de bonos tecnológicos, y el desarrollo y construcción de la infraestructura vial y productiva (carreteras, caminos y puentes) que conectan la Costa Caribe con la zona del Pacífico. La República de Nicaragua, por medio de su ordenamiento jurídico, integra disposiciones y procedimientos dirigidos a asegurar el cumplimiento de las políticas nacionales sobre la tutela de los derechos laborales de las y los trabajadores, que garantizan la igualdad y no discriminación en el ámbito laboral, que propician la armonía, la paz y la seguridad en el trabajo en equidad de género y sin ningún tipo de discriminación en cuanto a raza, religión, salario y discapacidades.

Expresamos que el Gobierno de Nicaragua ha venido evidenciando sobre el cumplimiento del Convenio núm. 111 por medio de las memorias de los últimos años que se han enviado oportunamente a la OIT. Por tal razón, el Estado de Nicaragua no acepta que la Comisión haya sometido a examen y discusión de la presente Comisión de la Conferencia temas que no corresponden al contenido del Convenio. Señalamos la manipulación de esta comisión al traernos aquí por este convenio y el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), revisado anteriormente, algo que evidencia el sesgo político y que deteriora la credibilidad de este mecanismo.

Para finalizar, una vez más, ratificamos nuestra posición y rechazamos todo tipo de señalamiento o intervención en los asuntos internos que atenten contra la paz, la soberanía y la estabilidad laboral y social de las familias nicaragüenses.

Miembros trabajadores - La Comisión de Expertos ha identificado varias causas de discriminación sobre las que ha formulado observaciones y las voy a comentar en el orden en que aparecen en el Informe. En primer lugar, el acoso sexual: Nicaragua cuenta con disposiciones legales para combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo. En el Código del Trabajo se prohíben todas las formas de acoso sexual y se proporciona un fundamento jurídico para que las víctimas presenten denuncias ante el Ministerio de Trabajo. Además, en la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres se establecen medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, y en particular el acoso sexual.

Tomamos nota de varias iniciativas del Gobierno destinadas a luchar contra el acoso sexual. De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión de Expertos, el Ministerio de Trabajo ha introducido procedimientos para atender reclamaciones en materia de trabajo, incluidas las denuncias de acoso contra mujeres en el lugar de trabajo. Estos procedimientos abarcan mecanismos que garantizan una acción inmediata y una investigación oportuna por parte de la inspección de trabajo en plena conformidad con la legislación laboral. A pesar de estos esfuerzos por combatir el acoso sexual, persisten algunos problemas. La escasa concienciación y comprensión entre los empleadores, el miedo a las represalias y los mecanismos de denuncia inadecuados dificultan una solución eficaz.

Un buen ejemplo es el de los centros de llamadas, que actualmente emplean a más de 11 700 trabajadores en más de 50 centros de externalización de servicios del país. La mayoría de los trabajadores de estos centros de llamadas son mujeres que se enfrentan a diario a la presión de llegar a unos objetivos que se hacen inalcanzables a medida que pasa el tiempo. Según sus testimonios, en muchos casos se despide a las víctimas para proteger a los agresores y evitar que algún caso pueda salir a la luz.

Los sindicatos del sector de la maquila, que emplea a unos 140 000 trabajadores en Nicaragua, también han denunciado múltiples casos de acoso contra mujeres. Instamos al Gobierno de Nicaragua a que aumente la infraestructura y el apoyo necesarios para llevar a cabo inspecciones del trabajo adecuadas, con el fin de hacer cumplir la legislación laboral y promover un entorno de trabajo seguro y saludable.

En segundo lugar, la discriminación política: la Comisión de Expertos también observa con preocupación la grave situación de discriminación política en Nicaragua. La Comisión de Expertos hace referencia a la Resolución núm. 49/3 aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 31 de marzo de 2022. En dicha resolución se destacan varios asuntos, entre ellos la gran preocupación por las violaciones de derechos civiles y políticos en el contexto del proceso electoral de 2021, la utilización de disposiciones jurídicas que restringen la participación en el proceso político y las detenciones arbitrarias de candidatos de la oposición, periodistas y otros defensores de los derechos humanos. La Comisión de Expertos también toma nota de que el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas expresan su preocupación por la represión y la discriminación contra quienes critican al Gobierno.

Por último, la Comisión de Expertos toma nota de un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que se destaca la intensificación de la represión y la persecución de los opositores políticos. En cuanto a las violaciones específicas del Convenio núm. 111, los sindicatos seguirán vigilando la situación para evaluar si desde 2021 se han producido actos de discriminación laboral contra trabajadores por expresar sus opiniones políticas. Instamos al Gobierno a que informe a la Comisión de Expertos sobre toda medida adoptada para eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación por motivos políticos y para proporcionar una protección adecuada a los trabajadores en caso de discriminación basada en motivos relativos a la opinión política, por ejemplo, acerca de los procedimientos legales y judiciales iniciados y su resultado.

En tercer lugar, la discriminación racial: la Comisión de Expertos también hace referencia a un reciente informe del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial sobre actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. Este comité de las Naciones Unidas instó al Gobierno a que tomara medidas inmediatas para proteger los derechos de estas comunidades y exigir responsabilidades a quienes los hubieran violado. Dicho comité de las Naciones Unidas también destacó que Nicaragua no cuenta con un marco legislativo nacional que prohíba la discriminación racial de conformidad con la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial ni con disposiciones sobre la cuestión en el Código Penal.

A pesar de los esfuerzos del Estado por restablecer los derechos sociales y culturales de los pueblos indígenas de la Costa Caribe, la realidad es que estas comunidades siguen sufriendo discriminación estructural. Esto se refleja en los índices de pobreza, la precariedad, la exclusión y la violencia constante que padecen. Este comité de las Naciones Unidas reiteró su preocupación por la falta de protección explícita y reconocimiento legal de los pueblos indígenas en las regiones del Pacífico, Central y del Norte. Además, expresó su gran preocupación por la información que apunta a un retroceso del Estado en cuanto a la protección y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Apoyamos la recomendación del organismo de las Naciones Unidas por la que insta a Nicaragua a que realice estudios independientes sobre las repercusiones sociales, medioambientales y culturales antes de otorgar licencias para proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales en territorios indígenas o afrodescendientes. Con el fin de evitar cualquier otro caso de discriminación o violación de los derechos humanos, las comunidades indígenas afectadas deben participar y ser consultadas en el proceso de toma de decisiones. En este sentido, y para abordar eficazmente la cuestión de la igualdad de oportunidades y de trato, es importante que se solicite el consentimiento de los pueblos indígenas antes de conceder licencias para que se exploten sus tierras. En vista de la gravedad de los problemas, Nicaragua debe adoptar medidas especiales o acciones afirmativas para eliminar la discriminación estructural que afecta a los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Miembros empleadores - Espero que este receso haya servido para la reflexión después de escuchar toda la discusión y el debate de estos asuntos de Nicaragua que, aunque corresponden a convenios diferentes, están entrelazados entre sí y forman parte de una forma de administrar sus obligaciones y de ejecutarlas. La representante gubernamental incluso en su última participación hizo mención al Convenio núm. 87, y creo que eso nos va a facilitar las tareas para verlo como un conjunto y no como un caso aislado.

Este caso trata del Convenio núm. 111 de la OIT que ratificó Nicaragua en 1967. El Grupo de los Empleadores queremos destacar la importancia de que se cumplan convenios como este convenio por tratarse de un convenio fundamental. Los convenios fundamentales lo son, no por capricho de nadie, sino por su importancia y objeto.

En el Informe de la Comisión de Expertos del presente año podemos identificar dos casos con nota a pie de página con respecto a Nicaragua, el primero relativo al Convenio núm. 87, que ya se ha tratado, y el segundo relativo al Convenio núm. 111, que estamos por tratar ahora, lo que deja ver que estamos en presencia de un caso, a nuestro juicio, extremadamente grave.

El caso que nos concierne se refiere al incumplimiento de este convenio y en vista de lo que se ha mencionado en las diversas participaciones quisiera leer parte del texto del Convenio para que nos ubiquemos a qué se refiere este convenio. En el artículo 1, 1), a) se establece que, a efectos de este convenio, el término de discriminación comprende: «cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación». En el apartado 2 del mismo artículo se establece que: «Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación». Pero el apartado 3, que es muy relevante, dice: «A los efectos de este Convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo». Precisamente de eso estamos hablando.

Yo quisiera distinguir el informe en dos elementos, uno de discriminación por motivo de opinión política; y el otro, la discriminación por motivo de sexo, acoso sexual, discriminación por motivo de raza a poblaciones indígenas y afrodescendientes, política de igualdad de oportunidades y de trato y control de aplicación mediante la inspección del trabajo, que está recogido en el texto de lo explicado por la Comisión de Expertos.

La Comisión de Expertos dice textualmente que observa una grave situación de discriminación política en el país y que esto ha quedado manifiesto en informes de diversas agencias de las Naciones Unidas, como Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Resolución 49/3.

En la citada resolución se pone de manifiesto la existencia de violaciones de derechos civiles y políticos en el contexto del proceso electoral sin garantizar el derecho de los ciudadanos de participar en los asuntos públicos y de votar y ser votados. Cabe destacar que la aprobación por parte del Gobierno de Nicaragua de disposiciones jurídicas cuyo objetivo es restringir la capacidad de los ciudadanos para ejercer sus libertades fundamentales y participar en los procesos políticos.

Asimismo, se denuncian detenciones arbitrarias de todo tipo de ciudadanos, ya los miembros trabajadores se han referido a ellas y no voy a abundar. Se teme, además, por la integridad de los detenidos por tratos que pueden ser constitutivos de torturas o tratos o penas crueles e inhumanas o degradantes, en particular a personas de edad, niñas y mujeres. todo esto conforme a los informes recibidos.

Las violaciones y abusos de derechos humanos señalados en los distintos reportes parecen ser una tónica general de conducta en el país, al punto de que la Presidencia del Consejo de Derechos Humanos acaba de crear una comisión de expertos para investigar este asunto.

Bajo el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales habla de la discriminación por motivos de opinión política de los que se opongan o critiquen al Gobierno en el disfrute de sus derechos. En fin, todo esto está en el Informe.

El Gobierno por su parte ha informado en su memoria que la Constitución reconoce la no discriminación, que las demandas judiciales deben estar exentas de discriminación política, que entre 2020 y 2021 los fueros laborales no atendieron ninguna causa por violación de los derechos, algo que ya mencionaban los trabajadores, pues evidentemente hay un temor de denunciar estas cuestiones. En fin, así una serie de cuestiones, pero la verdad es que todo lo que nos informa, lejos de generar tranquilidad, nos muestran que el Gobierno no está reconociendo o pretende desconocer la grave situación que prevalece en el país ante un cúmulo de restricciones y violaciones reportadas. No dudamos que personas como las que están aquí no son objeto de esas circunstancias, pero hay otras que sí lo son, tal como han reconocido distintas agencias de las Naciones Unidas.

Quisiera recordar al Gobierno que, dentro de los derechos humanos, hay un derecho muy humano, que son los derechos laborales: los derechos de los que estamos hablando aquí —los que están protegidos por los convenios internacionales, incluidos el Convenio núm. 111 y desde luego el Convenio núm. 87—.

Consideramos que no corresponden estos pronunciamientos a lo que se percibe de todo el cúmulo de información y análisis y conclusiones de todos quienes participan en los distintos órganos de la OIT y de otras agencias de las Naciones Unidas.

Hay que considerar que la Comisión de Expertos, después de analizar las evidencias del caso, manifestó que en Nicaragua hay un clima de violencia, inseguridad e intimidación que genera y propicia actos de discriminación en el empleo y la ocupación y en general en contra de todos aquello que no coinciden con el Gobierno y que expresan su opinión pública.

Lamentablemente lo que encontramos en el Informe de la Comisión no es el reconocimiento de condiciones políticas, lo que se observa son actos de discriminación, a los que ya me he referido.

Los hechos presentados dan cuenta —y perdón que lo diga así— del desprecio extremo del Gobierno de Nicaragua, a los planteamientos que se le han formulado para aceptar y corregir con acciones claras, comprobables, reparatorias, que den cuenta del cumplimiento de las obligaciones asumidas al ratificar el Convenio. Esta situación afecta en la práctica a trabajadores y empresarios y a la población en general.

No queremos dramatizar ni exagerar, pero como se puede observar y considerando el debate que ya se dio en el Convenio núm. 87, este puede ser uno de los casos más serios de incumplimiento que tenemos para discutir en el seno de esta comisión, y esto adicionado con una actitud de rechazo que la verdad debe ser inaceptable para esta casa.

Hay las declaraciones de la última vez que tratamos este asunto en donde hacen un rechazo así definitivo de este y está reflejado en que no ha habido progreso en todas las cosas que se les pidió. Esperamos, y lo pedimos con todo respeto, que el Gobierno escuche a la comunidad internacional, muestre y demuestre el interés por cumplir y no solo para dar una imagen distinta de la realidad que impera.

Estaremos muy atentos al desarrollo de este debate y reservándonos para nuestra siguiente intervención.

Miembro trabajador, Nicaragua - Quisiera pedirle al representante de los empresarios más respeto para las y los trabajadores de Nicaragua. Hace rato que nosotros perdimos, y digo perdimos, el temor, el miedo y hemos enfrentado situaciones que nos han impuesto, incluidas guerras y hemos vencido. Por lo tanto, yo le pido respeto, si respeto quiere.

¿Cómo explicarse que se aplique a nuestro país doble nota a pie de página en dos convenios? Solo de una manera: es un asunto de interés político y de agresión por parte de los partidos político-empresariales que mienten y se victimizan para esconder sus intereses mezquinos y antipatrióticos.

Si hay alguien que discrimina y atenta contra los derechos de las y los trabajadores nicaragüenses son aquellos que, de manera aventurera, intentaron dar un golpe de Estado financiado y protegido por los que se llaman defensores de los derechos humanos, pero que a diario los violentan a través de imponer injerencias económicas para castigar a un pueblo digno y soberano como es Nicaragua.

En este escrito se señalan absurdos o desinformación para encubrir las verdaderas intenciones como es la agresión contra nuestro país. Bien pudiésemos responder a tantas calumnias y falsedades, pero es bueno responder para que los más sensatos tengan otra versión a la vertida por los medios de comunicación y de los organismos, que, ante sí, acusan, juzgan y condenan sin tener autoridad moral alguna.

Se señala que hay ambiente de trabajo hostil, ahora la pregunta, ¿de parte de quién? Estos señores políticos con ropajes de empresarios son los que despidieron a más de 225 000 trabajadores ante el fracaso de su intentona golpista. Estos son los mismos que niegan el derecho a sindicarse, son los que mantienen salarios de miseria y se oponen al pleno ejercicio del reclamo de los derechos laborales. Son los mismos que hoy destruyen el tejido social del Estado de bienestar en muchos países del jardín europeo, incluso uno cercano a esta sede.

Entonces, el ambiente hostil no lo promueve el Gobierno nicaragüense, lo promueven los que no acatan las disposiciones acordadas cuando las y los trabajadores exigimos el cumplimiento de las mismas. La cúpula empresarial se queja por las inspecciones que realiza el Ministerio de Trabajo para tutelar el derecho laboral, así que más hipócritas que ellos no hay.

Aclaramos, para cultura jurídica, la ley laboral considera que el acoso laboral es una acción que debe ser tratada y determina qué procede en cada caso conforme a las denuncias presentadas. El acoso o chantaje sexual es un delito que se castiga por la vía judicial. Por lo tanto, esta comisión no es un tribunal para atender o revisar estos casos.

Pregunto, ¿desde cuándo y con qué autorización esta comisión vela por los procesos electorales de cada país? Les aseguro que muchos escándalos de elecciones que se han dado en los países del jardín o de los llamados primer mundo no han sido cuestionados por esta instancia. Por lo tanto, las y los trabajadores tenemos que decidir nuestro destino y por eso seguiremos acudiendo a la urna de votación para garantizar nuestros derechos y fortalecer nuestra democracia y seguir desarrollando un modelo de desarrollo soberano e incluyente.

Cuando los golpistas en el año 2018 asesinaron a dirigentes sindicales, secuestraron a trabajadores, violaron a mujeres trabajadoras, destruyeron instalaciones y maquinarias de trabajo, no escuchamos a estos organismos alzar la voz por estas víctimas y sus familias, no leímos condena alguna, a pesar de presentarles pruebas de las atrocidades realizadas por sus protegidos. Por lo tanto, no tienen ninguna moral para ser una fuente creíble porque no son imparciales.

En nuestras organizaciones sindicales aglutinamos a las y los trabajadores sin ninguna discriminación por raza, sexo u opinión pública partidaria, credo político y respetamos su opción de vida. Esto contrasta con las cúpulas empresariales que sí consideran tu origen de apellido para determinar la opción laboral.

Sería bueno que los que escriben estos informes se documentaran mejor sobre el desarrollo y avance de nuestro país. Por primera vez en la historia existe un Gobierno que integra de manera plena la nación. Vayan y constaten cómo se ha impulsado la titulación de tierras a las comunidades indígenas, cómo se construyen carreteras, hospitales, centros de salud, conexión eléctrica, acceso al agua potable y centros de estudio para estas comunidades, y lo afirmamos con toda la autoridad y con mucho orgullo porque somos las y los trabajadores los que hemos construido estos proyectos garantizados por la inversión pública que desarrolla el Gobierno.

Cómo hablan o escriben sobre derechos humanos aquellos que los violentan día a día, qué moral tienen aquellos que promueven el uso de la economía para doblegar y someter a su voluntad a los pueblos que defienden su soberanía y autodeterminación. Señores miembros de esta comisión, les invitamos a leer los informes de organismos que reconocen el avance que tiene Nicaragua en materia de igualdad y equidad de género, informes según los cuales Nicaragua optimiza los recursos financiados para desarrollar programas que benefician a la población y, en particular a la clase trabajadora. Vayan y caminen por las calles de nuestras ciudades en paz y tranquilidad, respiren aire sin contaminarse de las mentiras y desinformaciones de las cadenas de medios de comunicación, a quienes ya se les entregó el libreto a desarrollar.

Reiteramos, todo el proceso que vive nuestro país está enmarcado en el marco jurídico. Todo aquél que ama Nicaragua tiene un lugar y su espacio. En Nicaragua no hay pena de muerte y la cadena perpetua solo se aplica a los asesinos que cometen delitos atroces.

Para concluir, consideramos que en el marco de respeto y de las buenas relaciones se puede construir cooperación y apoyo sin condiciones. Si realmente hay interés por los derechos humanos de las y los nicaragüenses que esta comisión solicite a los que aplican sanciones económicas, que las suspendan y tal vez así podamos creer que hay un verdadero interés por restituir una armonía y entendimiento.

Hermanas y hermanos trabajadores, nuestro Presidente Daniel Ortega, promueve el diálogo social que muchos de ustedes nos demandan. Respeta el derecho de organizarse sindicalmente y promueve la participación de la clase trabajadora en la toma de decisiones. ¿Será esa la razón por la que la cúpula empresarial y los enemigos de la paz nos agreden? Creo que podemos argumentar y podemos seguir señalando muchos elementos de cómo hemos avanzado en la restitución de los derechos humanos de los nicaragüenses. Podemos seguir hablando con ejemplos concretos y precisos de cómo hemos alcanzado el bienestar. Sin embargo, obviamente, en los procesos políticos y en las elecciones que se realizan, todo aquel partido político que no cumple los requisitos que establecen las leyes, en cualquier parte del mundo, obviamente no participa. Entonces no vemos nosotros que haya una discriminación y en Nicaragua sino más bien un interés por parte de aquellos que hoy siguen insistiendo en intervenir, en agredir y, obviamente, en facilitarle a tropas extranjeras que quieran regresar a nuestro país.

Así que lamento efectivamente que se digan cosas falsas en esta comisión. Yo solicito y pido más respeto para los trabajadores porque somos nosotros los que construimos hoy esta Nicaragua libre, bendita y siempre libre.

Miembro empleador, Nicaragua - Realmente cuando he venido aquí lo que he sentido es una presión casi como de persecución en relación a los planteamientos que se hacen en este foro. Hemos explicado, y estamos participando aquí para hablar de nuestras realidades, no para oír informes de gente que, como se lo dije en 2019 al delegado empleador, que ni siquiera conocía nuestro país pero se llenaba la boca hablando y señalando barbaridades y realidades que no ocurren en nuestro país. Ahora vamos a hablar del Convenio núm. 111, referido al señalamiento de que Nicaragua no cumple. Sin embargo, quiero hacer una aclaración aquí a mis colegas empresarios en el sentido en que se viene hablando de representatividades de ciertas organizaciones y de ciertas personas que, efectivamente, eran muy conocidas en nuestro país. Estamos hablando del Chano Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Solo para aclaración, este señor no era empresario porque no tenía ninguna empresa. Era simple y sencillamente alguien que estaba administrando dicha organización, sujeto a financiamientos de lo que es el gran capital que hay en Nicaragua. Aquí el que les está hablando es dueño de varias empresas en Nicaragua, empresas con más de treinta años de existencia en el país, así como las empresas que están con nosotros afiliadas. En nuestras empresas, si hablamos de participación de los hombres y mujeres trabajadores, participan en igualdad de condiciones trabajadores hombres y mujeres: ambos son técnicos profesionales sin distinción alguna en su función ni salario. Así pues, los efectos de discriminación de los que se habla no se aplican en nuestro caso. Los empresarios hemos asumido la política de participación del 50 por ciento de hombres y 50 por ciento de mujeres en los diferentes cargos tanto en nuestras empresas como en el sector público, a tal resultado que Nicaragua está reconocido entre los primeros siete países en el mundo con este nivel de participación. Si hablamos de discriminación, pues yo me voy a referir a las vivencias que hemos tenido por acá. Puedo señalar situaciones vividas por nosotros aquí, en la OIT, en 2019, con los obstáculos que se nos pusieron cuando al querer autorizar organizaciones supuestamente representativas, primando siempre el enfoque político; más aún en un año anterior de manera virtual fue nuestra organización inhibida de poder expresarnos. Aprovecho hoy para solicitar que no vuelva a ocurrir y que podamos participar plenamente y presentar nuestra realidad y nos ayude más bien a vencer las problemáticas sobre el asunto del empleo y los salarios en igualdad de condiciones de hombres y mujeres y no dedicar tiempo y espacios en otros asuntos ajenos al tema de la discriminación por enfoques politizados.

Aprovecho esta oportunidad nuevamente para solicitar el apoyo de esta organización nuestra, la OIT, el apoyo de los colegas empresarios. Si quieren información precisa, diríjanse a nosotros, así como les dije, les invitamos a visitar nuestro país, los podemos acompañar para que observen las realidades que nosotros estamos viviendo. Solicitamos que nos apoyen a eliminar las nocivas sanciones de parte de algunos países, y ustedes ya saben a quién me refiero, porque nuestro país tiene presiones mayúsculas de estos países en donde se nos anulan los financiamientos externos, las inversiones privadas tan necesarias para el desarrollo económico y social de nuestro país. Aprovecho también para decirles que nosotros vamos a intervenir como sector privado empresarial ante el Gobierno de la República de Nicaragua, ante el Ministerio de Trabajo, para proponer esquemas de acercamiento, de diálogo, para que posibilite que nuestro Gobierno, nuestras organizaciones, entren en contacto y se pueda cumplir fielmente lo que son los objetivos que aquí se defienden para que sigamos caminando en orden.

Miembro gubernamental, Suecia - Hablo en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros. Los países candidatos Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, la República de Moldova, el país candidato potencial Georgia, y los países de la Asociación Europea de Libre Comercio Islandia y Noruega, miembros del Espacio Económico Europeo, se suman a esta declaración.

La Unión Europea y sus Estados miembros están comprometidos con la promoción, la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales. Promovemos activamente la ratificación universal y la aplicación de las normas internacionales del trabajo fundamentales. Apoyamos a la OIT en su papel indispensable de desarrollo, promoción y control de la aplicación efectiva de las normas internacionales del trabajo ratificadas y, en particular, de los convenios fundamentales. El principio de igualdad y de no discriminación es un elemento fundamental de la legislación internacional sobre derechos humanos. En los Tratados fundacionales de la Unión Europea y en las Constituciones de los Estados miembros de la Unión Europea, la prohibición de la discriminación es un principio básico. El Convenio núm. 111 de la OIT es la traslación de este derecho humano fundamental al mundo del trabajo, el empleo y la ocupación.

Desafortunadamente, Nicaragua ha atravesado una grave crisis social, política y de derechos humanos desde abril de 2018, cuando el Gobierno reprimió protestas masivas contra una propuesta de reforma de la seguridad social. El Gobierno nicaragüense ha llevado a cabo el encarcelamiento sistemático, el acoso y la intimidación de precandidatos presidenciales, líderes de la oposición, pueblos indígenas, estudiantes y dirigentes campesinos, periodistas, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y representantes empresariales. Desde entonces, los informes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, más recientemente, del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, muestran que la situación ha empeorado gravemente, con la erosión sistemática del espacio cívico, así como la persecución, la detención arbitraria y el desplazamiento forzoso de quienes son percibidos como disidentes u opositores.

Acogemos con agrado la liberación de 222 presos políticos el 9 de febrero de este año, pero deploramos la decisión adoptada el mismo día y al día siguiente de exiliarlos a ellos y a otros 94 disidentes apátridas. Seguimos alarmados por los informes sobre violaciones y abusos de los derechos humanos, incluida la discriminación por motivos de género. La renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 52/2, refleja el compromiso de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en el país.

Estamos muy preocupados por el clima de violencia, intolerancia, inseguridad e intimidación, agravado además por determinadas medidas, tanto legislativas como prácticas, que propician graves actos de discriminación en el empleo y la ocupación de las personas que expresan su opinión política. Nos hacemos plenamente eco de la solicitud de la Comisión de Expertos al Gobierno de Nicaragua de que implemente las medidas requeridas, a efectos de responder a sus observaciones relativas a la no discriminación en el empleo y la ocupación, y de asegurar la eliminación de la discriminación por motivos de opinión política. Asimismo, instamos al Gobierno a atender los asuntos reflejados en las resoluciones y observaciones adoptadas por los órganos de derechos humanos antes mencionados y a cumplir con lo solicitado en las mismas.

Tomamos nota de los esfuerzos de la Corte Suprema de Justicia para prevenir, atender y eliminar todas las formas de violencia derivadas del acoso laboral y sexual en todo el ordenamiento jurídico. Sin embargo, apoyamos plenamente la solicitud de la Comisión de Expertos de que se transmita información sobre la cobertura del «ambiente de trabajo hostil» en el Código del Trabajo, las sanciones por denuncias de acoso sexual confirmadas y las acciones legales emprendidas por acoso y chantaje sexual.

Instamos al Gobierno a que, en consonancia con el Informe de la Comisión de Expertos, emprenda las acciones urgentes necesarias para garantizar que los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, especialmente en la región de la Costa Atlántica, sean efectivamente protegidos y respetados. Esto incluye promover la inclusión social y abordar la pobreza y la desigualdad, a través de medidas específicas para eliminar la discriminación estructural que aún sufren. Deploramos el exilio forzoso de varios representantes de estos pueblos, incluidos los expertos que fueron invitados por las Naciones Unidas a testificar sobre la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua. Además, se deben realizar esfuerzos para abordar las diversas formas de discriminación contra las mujeres indígenas y afrodescendientes, mediante la integración de una perspectiva de género en todas las políticas y estrategias destinadas a erradicar la discriminación racial. Destacamos la importancia de garantizar la igualdad de acceso a todos sus derechos, incluidos la educación, el empleo y la salud, teniendo en cuenta y respetando plenamente las especificidades y diferencias culturales y lingüísticas.

La Unión Europea seguirá observando de cerca la situación y apoyando al pueblo de Nicaragua en su legítima aspiración a la democracia, al respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, y al Estado de derecho.

Miembro trabajador, República Bolivariana de Venezuela - El informe del Frente Nacional de Trabajadores Nicaragüense sobre el Convenio núm. 111 expresa lo siguiente: a los casos de acoso laboral se les hace seguimiento desde el sector sindical y desde el Ministerio de Trabajo nicaragüense, ya que está normado por esta ley que lo contiene: el caso del acoso sexual es ámbito de los tribunales de justicia, quienes asumen la investigación. En Nicaragua existe una ley que aplica la no discriminación y permite igualdad de condiciones en los puestos de trabajo y la obtención de los mismos, ley que cumple de manera precisa con el Convenio. Dicha ley denominada 50/50 se aplica en el ámbito laboral y en los cargos públicos, pero también en los de elección popular. A las comunidades indígenas se les respeta en el marco de la Ley de Autonomía de la Costa del Caribe, cumpliendo con el mandato de la OIT, y se ha utilizado para esto la entrega de 50 000 kilómetros cuadrados de territorio aproximadamente.

En el caso señalado por la Organización Internacional de Empleadores (OIE) en relación al tema electoral del pueblo nicaragüense, entendemos y lo apreciamos como una injerencia fuera de la competencia de esta comisión, por tratarse de una cuestión inherente al propio pueblo nicaragüense. La central mayoritaria de los trabajadores de la República Bolivariana de Venezuela, junto a la delegación de los trabajadores de la República de Cuba, partimos del principio de la autodeterminación de los pueblos, de la no injerencia, de su soberanía y de su independencia. Quiero hacer al pie de esta lectura algunas observaciones, por ejemplo: hoy escuchamos a un responsable empleador expresando que eran la mayoría y que el empresario o empleador nicaragüense no debería estar en este espacio. Tiene una contradicción: pide participación para los demás empleadores, pero este no debería estar. Esa es una democracia donde, de manera correcta, en este punto, en el Convenio núm. 111, se quitaron el antifaz y se desvela la posición político-partidista de estos empleadores con un recetario para la Federación de Rusia, para China, para la República Islámica del Irán, para Nicaragua, para la República Bolivariana de Venezuela, para Cuba y para el Estado Plurinacional de Bolivia, el mismo libreto. Pero no dicen, o no expresan de manera correcta, que las sanciones inciden en el salario, en la salud, en la educación, en la economía de estos países, y por eso entiendo que la OIT debe asumir de manera correcta con los trabajadores y los empleadores una construcción correcta y verdadera donde se cumplan los Convenios núms. 87 y 111 y no darle paso a los políticos-empleadores.

Miembro gubernamental, Cuba - Mi delegación ha tomado nota de las informaciones proporcionadas por la delegación gubernamental de Nicaragua en relación con el cumplimiento del Convenio. También ha analizado con detenimiento las observaciones realizadas por la Comisión de Expertos. Consideramos que el tema que nos ocupa requiere de mayor dialogo entre la OIT y los interlocutores sociales y representantes de los Gobiernos, los trabajadores y los empleadores de Nicaragua. Deseamos destacar la cooperación que ha mantenido el Gobierno nicaragüense con la Comisión de Expertos, en virtud de sus compromisos con la Organización. Por otra parte, reiteramos que no puede desconocerse que, en Nicaragua, entre 2018 y 2021, se constituyeron 111 nuevas organizaciones sindicales, afiliando a 3 902 trabajadores; y se actualizaron otras 2 884 organizaciones que aglutinan a 222 370 trabajadores, además de que el Gobierno nicaragüense ha desarrollado numerosos programas sociales en favor del pueblo y los trabajadores nicaragüenses. Reiteramos nuestro rechazo a la utilización de los mecanismos de control de la OIT para canalizar alegaciones de carácter político. Consideramos que deben analizarse de forma imparcial las políticas de apoyo a los trabajadores implementadas por el Gobierno de Nicaragua. Como hemos expresado en otras ocasiones, resulta muy importante continuar promoviendo el tripartismo y el intercambio social en cada país, en aras de promover el espíritu de diálogo y la cooperación. Alentamos a la Comisión a adoptar conclusiones objetivas, técnicas y equilibradas, sobre la base de la información brindada por las autoridades del país concernido.

Miembro empleador, Honduras - En esta ocasión, comparecemos en esta comisión a exponer la violación del Gobierno de Nicaragua del Convenio por discriminaciones, por razones de opinión ideológica, laboral y política. Estos aspectos ya han sido debatidos en esta comisión y el Gobierno no quiere dar un paso atrás, violentando el sagrado derecho de opinión. Quienes se atreven a opinar distinto a la versión oficial son sancionados.

El diálogo social es la fuerza motriz de esta casa y cada uno de los componentes del tripartismo ha tenido claro que su objetivo es el de promover siempre el consenso, que tiene como fundamento las acciones democráticas del respeto de opinión ideológica de los componentes del tripartismo.

La democracia se fortalece cuando se respetan las ideas, a pesar del disenso en algunos momentos, pero no es concebible y aceptable que un Gobierno no respete la opinión de los ciudadanos y esa opinión los lleve a la cárcel o a la expulsión del país que los vio nacer, por opiniones o exigencias laborales o políticas, como ha sido señalado por la Comisión de Expertos.

Seguimos todavía este año sin recibir la información que la Comisión de Expertos le solicitó al Gobierno el año pasado. Con lo que deberíamos señalar para cada uno de los acápites del informe para el año 2023 un párrafo especial por incumplimiento de este Convenio, y que no hay muestras de que el Gobierno quiera dar cumplimiento al mismo.

Nuestra obligación es hacer un fuerte llamado enérgico a defender el diálogo social como el pilar de la democracia y el respeto de las opiniones sin discriminación alguna y menos aún en el mundo del trabajo. No debe ser tolerable por esta casa la amenaza política y policial por tener una opinión distinta de los funcionarios del Gobierno de Nicaragua. Nos unimos a la propuesta de los Miembros empleadores.

Miembro gubernamental, República Bolivariana de Venezuela - El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela agradece la presentación de la distinguida delegación del Gobierno de Nicaragua, con relación al cumplimiento del Convenio.

Hemos tomado nota de que el Gobierno de Nicaragua ha explicado que el artículo 27 de la Constitución de su país prohíbe todo tipo de discriminación, incluyendo, entre otras, la discriminación por razones políticas, y así lo hace respetar el Gobierno para todos los ciudadanos, incluyendo sin distinción a las comunidades indígenas.

En este sentido, vistos los argumentos del Gobierno de Nicaragua, es preciso advertir que el Convenio persigue que se respete la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

Recordamos que el artículo 4 del Convenio es claro y categórico al establecer que se debe respetar la legalidad y que, por ende, no serán discriminatorias las medidas que afecten a una persona sobre la que recaiga sospecha legítima de que se dedica a una actividad en perjuicio de la seguridad del Estado, y debe respetarse si así lo dictamina un tribunal competente conforme a la práctica y la legislación nacional. Y este es el caso preciso que se presenta en esta oportunidad respecto a Nicaragua.

Resulta preocupante que la Comisión de Expertos, o cualquier otro órgano de control de la OIT, critique sentencias emitidas conforme a derecho en el marco constitucional y legal y dentro de la competencia de los tribunales nacionales.

Valoramos que la Comisión de Expertos ha saludado la iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, sobre el Protocolo para la prevención y atención contra el acoso laboral y sexual en el Poder Judicial nicaragüense.

Asimismo, valoramos que el Ministerio de Trabajo ha implementado las denuncias, incluidas las de acoso laboral y el Gobierno ha brindado información sobre las medidas para proteger a los pueblos indígenas y afrodescendientes contra la discriminación racial en materia de empleo y ocupación.

Como siempre, hacemos un llamado para que los órganos de control de la OIT se alejen de consideraciones políticas, por cuanto se extralimitan en sus comentarios y esto le resta seriedad, credibilidad y le hace daño al noble objetivo de la OIT e invade la soberanía de los Estados.

Finalmente, el Gobierno de Venezuela espera que las conclusiones de sean objetivas y equilibradas, con la finalidad de que el Gobierno de Nicaragua siga avanzando y fortaleciendo el cumplimiento del Convenio.

Miembro gubernamental, Belarús - Acogemos con agrado la participación activa de Nicaragua, su cooperación con la OIT y su presentación de memorias a los órganos de control de esta organización internacional. Saludamos los esfuerzos desplegados por el Gobierno para garantizar que todas las categorías de ciudadanos tengan condiciones favorables para hacer realidad los derechos consagrados en la legislación nacional, el derecho al trabajo, la creación activa de empleos y el desarrollo en el ámbito de la cultura y la educación. Acogemos con beneplácito los esfuerzos realizados por el Gobierno para apoyar a los pueblos indígenas, así como la prohibición de la desacreditación en el ámbito del empleo y la ocupación a nivel estatal.

La información proporcionada por el Gobierno pone en duda la objetividad de la OIT. Quisiéramos poner de relieve que es inaceptable que las organizaciones internacionales vayan más allá de su mandato, y adopten enfoques y realicen evaluaciones de la situación que sean claramente sesgados.

Miembro gubernamental, China - Agradecemos a la representante gubernamental de Nicaragua la información que ha facilitado. Tomamos nota debidamente del Informe de la Comisión de Expertos. El Gobierno de Nicaragua ha cumplido de forma seria con sus obligaciones contraídas en virtud del Convenio. En el artículo 27 de su Constitución se establece claramente que todas las personas son iguales ante la ley y tienen el mismo derecho a la protección. Se prohíbe toda discriminación por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

El Gobierno de Nicaragua concede gran importancia al desarrollo económico y social integral de su país; protege los derechos de los grupos vulnerables y mejora continuamente las condiciones de vida y de trabajo de su población, así como las relativas a la educación, la cultura y la salud. En 2022 se construyó el puente Wawa, en la costa norte del Caribe, del que se benefician directamente más de 48 000 personas e indirectamente cerca de 150 000, lo cual genera empleo e impulsa la producción. Esto es buena prueba de que el Gobierno presta mucha atención al bienestar de las personas y ha tomado medidas concretas y eficaces.

Instamos a esta comisión a que, al debatir este caso y llegar a sus conclusiones, tenga en cuenta la información presentada por el Gobierno de Nicaragua; respete su ordenamiento jurídico; se centre en el mandato de esta comisión y de la OIT y evite redactar las conclusiones de manera que interfieran con la soberanía del país, su ordenamiento jurídico y sus asuntos internos. De lo contrario, se dañará la credibilidad del mecanismo de control y la reputación de la OIT.

Miembro gubernamental, Federación de Rusia - Agradecemos al Gobierno de Nicaragua su explicación relativa al Convenio. La situación de la legislación en Nicaragua se refleja al más alto nivel en la Constitución política del país, que prohíbe claramente cualquier forma de discriminación, incluso por motivos políticos. Estas normas se aplican en la práctica, permitiendo el desarrollo de las personas, de los pueblos indígenas y de los afrodescendientes en el mercado laboral. Al mismo tiempo, existen infraestructuras desarrolladas en pleno reconocimiento de la legislación y de las normas que se aplican. La situación del país y su evaluación se basan, en gran medida, en fuentes no gubernamentales, por lo que destacamos que este enfoque no es adecuado. Es importante que se tengan en cuenta todas las posiciones en los documentos finales sobre estas cuestiones. De lo contrario, existirían dudas fundadas sobre la objetividad y el enfoque imparcial de la Comisión.

Interpretación del árabe: Miembro gubernamental, República Árabe Siria - Sobre la base de la información proporcionada por el Gobierno de Nicaragua en relación con las medidas y los procedimientos aplicados en el marco de la aplicación del Convenio, habida cuenta de la cooperación que ha mostrado con esta Organización, y sabiendo que Nicaragua ha aportado las respuestas dentro de los plazos establecidos, nuestra delegación suscribe plenamente las observaciones de Nicaragua.

Consideramos que es necesario reforzar la cooperación con el Gobierno y con todos los interlocutores sociales. Hay que evitar la adopción de medidas que acaben politizando las actividades de nuestra Organización, lo que no está en absoluto de conformidad con el respeto del principio de soberanía y de no injerencia en los asuntos internos de los Estados Miembros, principio cardinal del sistema de las Naciones Unidas.

Observador, Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) - Desde el movimiento sindical tenemos una posición firme y definida en favor de la erradicación de cualquier forma de discriminación en el mundo del trabajo y fuera de él, entendiendo que la garantía de la no discriminación es una obligación de los Estados, en tanto se trata de un derecho humano fundamental de todas las personas.

Asimismo, tal como lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva respecto a «los derechos de libertad sindical, negociación colectiva y huelga y su relación con otros derechos, con perspectiva de género», entendemos que el Convenio y el resto de los convenios de la OIT, deben articularse interpretativamente desde una óptica a favor de la persona con las normas del sistema interamericano, otros instrumentos internacionales de derechos humanos y las opiniones y recomendaciones del Comité de Libertad Sindical y de la Comisión de Expertos, a fin de efectuar una interpretación armónica de las obligaciones internacionales.

Lo que queremos señalar entonces es que entendemos la preocupación de la Comisión de Expertos ante las denuncias presentadas, las vinculadas directamente con las nomas de la OIT, y las que se refieren a otros derechos humanos concurrentes, porque un organismo de su naturaleza debe necesariamente esforzarse por verificar la garantía de cumplimiento de los convenios que afectan directamente a las personas. Por tanto, es muy importante para los trabajadores este debate en el cual el Gobierno y los actores sociales pueden expresar sus posiciones, y desde la Comisión a través de las conclusiones, con el aporte de la Oficina, podremos trazar una hoja de ruta para colaborar en la búsqueda de soluciones que colaboren en definitiva a la pacificación de las relaciones laborales que seguramente colaborarán en la pacificación política en Nicaragua.

Nicaragua es un país joven, que ha sufrido una historia reciente de enfrentamientos violentas entre sectores en conflicto. En América Latina, desgraciadamente convivimos desde hace tiempo con las grietas, las posiciones antitéticas, las diferencias políticas extremas que en algún caso derivan en situaciones violentas como por ejemplo la reciente toma del Palacio Presidencial en el Brasil, fenómeno que no es exclusivo del sur si recordamos los episodios del Capitolio norteamericano, y otros, de distinta escala, pero mismo fundamento, producidos en Europa.

Desde el movimiento sindical creemos firmemente que, en principio en materia laboral, y extendiéndonos en articulación con otras agencias de las Naciones Unidas, los actores sociales, el grupo de Gobiernos de nuestra región, el grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), y la Oficina debemos y podemos hacer un esfuerzo conjunto para ayudar en la pacificación, el respeto de la democracia, el Estado de derecho y la garantía de no discriminación en todas sus formas en Nicaragua.

Representante gubernamental - Nuevamente reitero y agradezco las intervenciones de los países que aportan un diálogo genuino y que contribuyen al espíritu laboral de esta Organización. El Gobierno de la República de Nicaragua ha venido desarrollando políticas sociolaborales que incluyen la restitución de los derechos en general para las mujeres nicaragüenses, con condiciones para que las mujeres sean protagonistas del sistema educativo y la mejora continua de sus competencias laborales, y gocen de salud gratuita y seguridad social. Existen convenios colectivos donde se incluyen cláusulas especiales en beneficio de las mujeres trabajadoras como es el pre y post natal por un periodo de tres meses, la lactancia materna, el cuidado materno, las casas maternas. También existen capacitaciones y recursos para el emprendimiento por medio de programas y proyectos dirigidos a las mujeres con fundamento en la Constitución Política, el Código Laboral y otras leyes especiales que protegen y restituyen los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en general, sin ningún tipo de discriminación. Las mujeres forman parte activa de la gestión de sus centros de trabajo e integran federaciones, confederaciones, sindicatos y comisiones mixtas con capacidad de liderazgo, fortaleciendo el tripartismo y la libertad sindical. La participación en el desarrollo económico, social y político de las mujeres nicaragüenses es una base importante para asegurar la igualdad y equidad de género con resultados a nivel mundial muy significativos, ya que Nicaragua cuenta con el reconocimiento del Foro Económico Mundial, posicionándonos este esfuerzo en el séptimo lugar de las mujeres nicaragüenses en igualdad de género, y en primer lugar de los países de América. Nicaragua, por medio de las políticas nacionales y la Ley núm. 648, de Igualdad de Derechos y Oportunidades, ha logrado ubicar el esfuerzo y capacidades de formación profesional de las mujeres en todos los espacios del quehacer económico, político, social, cultural y productivo en consonancia con el avance de la erradicación de la pobreza y el desarrollo humano de las familias nicaragüenses. Como ejemplo, podemos expresar que Nicaragua cuenta con el primer lugar de mujeres en cargo de dirección como ministeriales, diputadas, alcaldesas, vicealcaldesas, concejales y ministras. Asimismo, hablar de acoso sexual en Nicaragua es hablar de un delito; es tipificado como delito en el Código Penal, y es el Poder Judicial el que está encargado de la competencia de juzgar, procesar y sentenciar. Asimismo, la Ley Especial núm. 779 trata sobre el tema de la discriminación política; entiendo que eso en mi país lo lleva el proceso electoral. El tema político de la organización para poder acceder al poder está estipulado en la Constitución de Nicaragua y está radicado en el poder electoral de nuestro país, igual en su Ley Electoral núm. 331.

Por otra parte, Nicaragua ha respondido todos los interrogantes de la Comisión. El 15 de marzo enviamos una respuesta ante la interrogante sobre la desaparición de la extinta COSEP, organización que no estaba adscrita al Ministerio de Trabajo, sino que se reconocía ella misma como una organización no gubernamental sin fines de lucro, por lo cual ella no cumplía con lo establecido por la ley. En Nicaragua todos deben de cumplir con la ley, no se puede confundir los privilegios con derechos. Asimismo, el artículo 4 del Convenio reza que no se consideran como discriminatorias las medidas que afectan a una persona sobre la que recaiga sospecha legítima de que se dedica a una actividad perjudicial a la seguridad del Estado. Estos señores, ya mencionados respecto de la actividad delictiva del 2018 atentando contra la seguridad de nuestra nación, ejercieron y financiaron el intento de golpe de Estado frustrado de Nicaragua.

Ahora bien, nosotros instamos a que se restablezca el espíritu laboral de la Comisión. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reitera su vocación por la paz, por el trabajo y por el bien común de todos. Los diálogos genuinos requieren de igualdad de condiciones en el marco del respeto y sin imposiciones que pretendan interferir en la soberanía nacional. Es inadmisible para Nicaragua la injerencia que pretenda perturbar la paz y la estabilidad laboral de Nicaragua. El diálogo, el tripartismo, es una realidad nicaragüense, la cual seguirá a pesar de los ataques financieros y hegemónicos de algunos miembros de esta organización. Nicaragua seguirá siempre luchando por la paz, por la seguridad social, y sobre todo por los derechos de los y las trabajadoras nicaragüenses.

Miembros empleadores - Primero, quisiera destacar que nuestras intervenciones siempre son respetuosas, no las hacemos a título personal, nos basamos en la información que aparece en los reportes. Información que genera esta Organización que me parece siempre que todos le hemos dado el mérito de que se hace con profesionalismo y con la mejor intención de asentar los hechos y circunstancias que prevalecen en los distintos países Miembros de la OIT. Respetamos a todos los participantes y en particular a los trabajadores. Lo que hemos hecho aquí desde hace unas horas, cuando se trató el Convenio núm. 87 y ahora el Convenio núm. 111, fue precisamente buscar que los trabajadores puedan ejercer los derechos derivados de los convenios internacionales que ha ratificado el Estado Miembro del que estamos hablando. Así es me parece que no puede habar mayor prueba de respeto y de participación propositiva.

Hecha esta aclaración, yo quisiera reiterar que este asunto, aunque está puesto en un cajón distinto del Convenio núm. 87, me parece que debería analizarse de manera conjunta, no aislada. Se tiene que resolver con acciones conjuntas. Hay una serie de derechos que la Comisión de Expertos ha determinado que violan o restringen el ejercicio de los derechos que corresponden a los trabajadores y unos están en un convenio y otros están en otro, pero al final del día es un conjunto de acciones y omisiones que intervienen en ambos ámbitos y que deben corregirse. Así es que, nosotros por parte de los miembros empleadores no podemos sino hacernos eco de lo planteado por la Comisión de Expertos, y en ese sentido proponemos que en las conclusiones del presente caso se destaque la gravedad de la situación y que se solicite urgentemente al Gobierno de Nicaragua que cumpla a cabalidad con las últimas recomendaciones que formuló esta comisión; que actúe de manera inmediata para acabar con el clima de violencia, inseguridad e intimidación que se vive en el país, y acabe inmediatamente con las detenciones arbitrarias por motivos de discrepancia política, así como por motivos de género, y que informe a la Comisión de Expertos en su próxima memoria.

También pedimos que se acepte una misión de contactos directos y la asistencia técnica de la Oficina, como ya se había propuesto. Sobre este particular, quisiera mencionar que muchos de los oradores que han participado y el propio Gobierno insisten en que estas violaciones de derechos y omisiones que impiden el libre ejercicio de los mismos no están sucediendo; que se han tomado acciones y que se han arreglado las cosas. Qué mejor oportunidad que constatar esto, no con una visita que amablemente nos han ofrecido que próximamente nos harán, sino a través de permitir abrirle la puerta a la OIT, para el efecto de que pueda constatarlo, bajo los lineamientos que se tienen en esta organización.

Todos los países que han recibido la asistencia técnica y que han recibido una misión de contactos directos han generado mejores condiciones para la aplicación de los convenios, y el cumplimiento de las obligaciones y el ejercicio de los correspondientes derechos.

Así es que yo quisiera insistir que, en ese sentido nos daría, creo que a todos, mucha tranquilidad recibir un sí, y ver esto como un apoyo y no como una persecución, como se ha manifestado. No lo digo yo, así lo han dicho varios oradores. En fin, nosotros quisiéramos insistir, y nos parece de la mayor importancia.

Finalmente, y por la gravedad del presente asunto. Pedimos formalmente que las conclusiones del presente caso figuren en un párrafo especial del informe de esta comisión.

Miembros trabajadores - La Comisión de Expertos tomó nota de la información proporcionada por la representante gubernamental y agradecemos a esta última por ello, y también tomamos nota de la discusión que tuvo lugar a continuación.

Los miembros trabajadores reiteran que lamentan profundamente la persistencia del acoso sexual y de la violencia de género en el país, en particular en las industrias indicadas en las observaciones preliminares. La violencia y el acoso no tienen cabida en el mundo del trabajo, y el Gobierno debe redoblar sus esfuerzos para garantizar que ningún trabajador sea objeto de tales abusos. Acogeríamos con agrado a este respecto que Nicaragua ratificara el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) y tomara medidas para garantizar su aplicación en la legislación y en la práctica.

Reiteramos asimismo nuestra profunda preocupación por la ausencia de un marco legislativo nacional que prohíba la discriminación racial de conformidad con la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. No hay cabida para el racismo en el lugar de trabajo, o en la sociedad en su conjunto. Los nicaragüenses afrodescendientes han sido objeto, y siguen siéndolo, de discriminación en el empleo y la ocupación en la práctica. Nicaragua debe establecer sin demora el marco legislativo adecuado e invertir recursos para poner fin a la discriminación en la práctica. Al mismo tiempo, también tomamos nota de la discriminación continua contra los pueblos indígenas, e instamos al Gobierno a que consulte con los pueblos indígenas en el proceso de toma de decisiones relacionado con el desarrollo y la explotación de los recursos naturales en sus territorios.

Por último, tomamos nota del entorno de discriminación política, en el que han tenido lugar detenciones arbitrarias de dirigentes políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas, dirigentes campesinos y estudiantes, y miembros de las organizaciones de la sociedad civil. Una vez más, debemos reiterar que los trabajadores no pueden aceptar la discriminación por motivos políticos. La verdadera representación de los intereses económicos y sociales de las organizaciones de trabajadores y de empleadores pueden menoscabarse seriamente en un entorno de discriminación política e intolerancia para la expresión de diferentes opiniones políticas.

Instamos al Gobierno a que se abstenga de dicha discriminación y a que brinde protección a los trabajadores que son objeto de discriminación por motivo de su opinión política.

A la luz de la discusión, los miembros trabajadores instan al Gobierno de Nicaragua a que:

- proporcione la información solicitada por la Comisión de Expertos sobre el acoso sexual, y tome todas las medidas para garantizar en la práctica la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo;

- facilite información sobre todas las medidas adoptadas o previstas para proteger a los pueblos indígenas y afrodescendientes contra la discriminación racial en el empleo y la ocupación, y adopte medidas concretas en la práctica para brindar protección a los pueblos indígenas y afrodescendientes contra la discriminación racial en el empleo y la ocupación;

- tome medidas inmediatas para poner fin al clima de violencia, inseguridad e intimidación en el país, y para garantizar la eliminación de la discriminación en el empleo por razón de opinión política. Instamos al Gobierno a que comunique información actualizada a este respecto, inclusive sobre el resultado de cualquier investigación llevada a cabo de las quejas presentadas a las autoridades administrativas o judiciales por actos de discriminación por motivo de opinión política, y

- proporcione información sobre los resultados de las numerosas medidas adoptadas en el contexto de la política nacional de igualdad de oportunidades y de trato, incluida la naturaleza de las violaciones detectadas en la aplicación del convenio, las medidas correctivas tomadas y las sanciones impuestas.

Por último, los miembros trabajadores recuerdan al Gobierno que puede beneficiarse de la asistencia técnica de gran calidad de la OIT. Por consiguiente, alentamos al Gobierno a beneficiarse de ella lo máximo posible.

Conclusiones de la Comisión

La Comisión tomó nota de la información oral y escrita proporcionada por el Gobierno y de la discusión que tuvo lugar a continuación. 

La Comisión tomó nota con profunda preocupación del clima de violencia, inseguridad e intimidación que prevalece en el país, propicio para actos de discriminación en el empleo y la ocupación basados en la opinión política.

También tomó nota de las detenciones arbitrarias y de las continuas denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, incluida la discriminación por motivos de género.

Habida cuenta de la discusión, la Comisión insta al Gobierno a que adopte, en consulta con los interlocutores sociales, las medidas siguientes:

- poner fin al clima de violencia, inseguridad e intimidación en el país;

- eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación y proporcionar una protección adecuada a los trabajadores en caso de discriminación por motivos de opinión política;

- abstenerse de discriminar por motivos políticos, garantizar que no se impongan sanciones y proporcionar protección adecuada en caso de discriminación por motivos de opinión política;

- proporcionar medios de reparación adecuados, en particular el restablecimiento de la nacionalidad y la restitución de los bienes incautados, a quienes hayan sido discriminados por motivos de opinión política;

- facilitar información sobre cualquier medida adicional adoptada para eliminar la discriminación por motivos políticos y sobre el resultado de cualquier investigación realizada en relación con las denuncias presentadas ante las autoridades administrativas o judiciales por actos de discriminación por motivos de opinión política;

- indicar en qué medida la disposición del Código del Trabajo (artículo 17, inciso p)) cubre también el «ambiente de trabajo hostil», y

- proporcionar detalles sobre cualquier denuncia administrativa o acción judicial presentada ante los tribunales laborales o penales en virtud de las disposiciones del Código del Trabajo o del Código Penal vinculadas con el acoso y chantaje sexual, así como sobre las sanciones impuestas en caso de que las denuncias presentadas ante el Ministerio de Trabajo sean estimadas y se identifiquen como actos de acoso sexual.

La Comisión también pide al Gobierno que persista en:

- la adopción de todas las medidas encaminadas a garantizar en la práctica la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y facilitar información a la Comisión de Expertos sobre todas las medidas tomadas en materia de acoso sexual, incluidas las de sensibilización y prevención;

- adoptar medidas específicas en la práctica para proteger a los pueblos indígenas y afrodescendientes contra la discriminación racial en el empleo y la ocupación y comunicar información sobre todas las medidas adoptadas o previstas para proteger a los pueblos indígenas y afrodescendientes contra la discriminación racial en el empleo y la ocupación;

- transmitir información sobre los resultados de las numerosas medidas adoptadas en relación con la política nacional de igualdad de oportunidades y de trato, y

comunicar información sobre el tipo de violaciones detectadas en relación con la aplicación del Convenio, las medidas correctivas introducidas y las sanciones impuestas.

La Comisión recuerda al Gobierno que puede recurrir a la asistencia técnica de la OIT si lo considera necesario.

La Comisión pide al Gobierno que informe, en consulta con los interlocutores sociales, sobre los progresos realizados en la aplicación del Convenio, antes del 1.º de septiembre de 2023.

Representante gubernamental - Nuevamente hemos tomado debida nota de las conclusiones emitidas por la honorable Comisión.

Nos preocupa que insistan en desvirtuar la realidad de Nicaragua. En Nicaragua se protege y se vela por las mujeres, los indígenas, los afrodescendientes, por todos y todas. Nuestro marco jurídico protege a todos y a todas sin discriminación. Nuevamente no admitimos ni la interferencia ni la injerencia ni el tratamiento desigual. Las motivaciones políticas de estas conclusiones vulneran al Convenio y al espíritu de la OIT, lo cual nos preocupa muchísimo.

Nicaragua seguirá protegiendo a todas y todos los nicaragüenses buscando la estabilidad laboral y la paz con trabajo y vida digna.