Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Australie (Ratification: 1973)

Observación anterior y solicitud directa anterior

La Comisión toma nota de las observaciones del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU), recibidas con la memoria del Gobierno.

Artículos 1 y 2 del Convenio. Cambios legislativos y aplicación. Igualdad de género. Nivel federal. La Comisión toma nota con interés de los siguientes cambios legislativos: 1) la Ley de Enmienda de la Ley sobre la Discriminación por Motivo de Sexo y el Trabajo Justo (respeto en el trabajo), de 2021, que enmienda la Ley de la Comisión Australiana de Derechos Humanos, de 1986, y cambia de 6 a 24 meses el umbral para la facultad discrecional de tramitar una queja presentada en virtud de la Ley sobre la Discriminación por Motivo de Sexo, de 1984, desde que se produjo la supuesta discriminación ilegal; 2) la Ley de Enmienda de la Ley sobre el Trabajo Justo (puestos de trabajo seguros, mejores salarios), de 2022, que enmienda la Ley sobre el Trabajo Justo, entre otras cosas: a) ampliando las posibilidades de los trabajadores de solicitar flexibilidad en el trabajo; b) ampliando el derecho a una licencia parental no retribuida; c) añadiendo la lactancia materna, la identidad de género y la condición intersexual como motivos prohibidos de discriminación, y d) aclarando cómo y cuándo se considerará que una cláusula de «medida especial» de un acuerdo de empresa no es discriminatoria y cuándo se debe suprimir; 3) la Ley de Enmienda de la Ley contra la Discriminación y sobre los Derechos Humanos (respeto en el trabajo), de 2022, que modifica la Ley sobre la Discriminación por Motivo de Sexo, de 1984, la Ley de la Comisión Australiana de Derechos Humanos, de 1986, la Ley sobre la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo, de 2012, la Ley de Discriminación por Edad, de 2004, la Ley de Discriminación por Discapacidad, de 1992, y la Ley de Discriminación Racial de 1975. Esta Ley de Enmienda introduce, entre otras muchas medidas, una obligación positiva de la Comisión de Derechos Humanos de Australia (AHRC) en relación con la discriminación y amplía sus competencias para investigar cualquier asunto relacionado con la discriminación sistémica o presunta discriminación sistémica, y para garantizar el cumplimiento de la legislación, y 4) el Instrumento sobre la igualdad de género en el lugar de trabajo (cuestiones relativas a los indicadores de igualdad de género), de 2013, (núm. 1), para facilitar que los empleadores presenten informes a la Agencia para la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo (WGEA), tras una revisión de la Ley sobre la Igualdad de Género en el Lugar de Trabajo, de 2012, realizada a finales de 2021.

La Comisión toma nota de que el Gobierno informa en su memoria de que, en 2020 y 2021, la AHRC recibió 3 113 quejas en virtud de las leyes federales contra la discriminación y de derechos humanos. Durante ese periodo, la AHRC tramitó 2 624 quejas y llevó a cabo aproximadamente 1 517 procedimientos de conciliación, de los cuales el 70 por ciento se resolvieron satisfactoriamente. El 72 por ciento de las quejas presentadas en virtud de la Ley sobre la Discriminación por Motivo de Sexo se referían al empleo. La Comisión pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre: i) cualquier modificación o enmienda legislativa introducida en las leyes federales contra la discriminación, y ii) la aplicación en la práctica de las enmiendas legislativas mencionadas y su impacto en el logro efectivo de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación.

Artículo 1, 1), a). Discriminación basada en la religión. Requisito inherente a un trabajo. Nivel de los estados. Victoria. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno indica que se ha modificado la Ley sobre Igualdad de Oportunidades, de 2010, para que establezca que, a la hora de tomar decisiones de empleo, las organizaciones religiosas y las instituciones educativas tienen prohibido discriminar a las personas por atributos protegidos como la sexualidad, la identidad de género o el estado civil (nuevos artículos 82A y 83A). Ahora, la Ley permite a los organismos religiosos y a las instituciones educativas discriminar a sus empleados o a los solicitantes de empleo únicamente por motivos de creencias o actividades religiosas cuando la conformidad con las creencias religiosas sea un requisito inherente (definido como «básico, esencial o importante») del puesto de trabajo y la discriminación sea razonable y proporcional teniendo en cuenta las circunstancias. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre cómo se aplica en la práctica la enmienda a la Ley sobre Igualdad de Oportunidades, facilitando ejemplos de casos en los que un empleador haya utilizado con éxito la condición de «requisito inherente» para discriminar a un empleado o a un solicitante de empleo, así como casos en los que tribunales o agencias hayan denegado al empleador el uso de dicha condición.

Discriminación por motivo de sexo. Acoso sexual. En relación con su comentario anterior, la Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, tras una investigación nacional sobre el acoso sexual realizada en 2020, la AHRC publicó el «informe Respect@Work», según el cual el 33 por ciento de los empleados australianos han sufrido acoso sexual en el lugar de trabajo en los últimos cinco años (el 39 por ciento de las mujeres y el 26 de los hombres). Aunque los empleados de algunos tipos de lugares de trabajo tienen más posibilidades de sufrir acoso que otros, el informe concluye que, en Australia, el acoso sexual se produce en todos los sectores, en todos los lugares y a todos los niveles. La Comisión toma nota de que en el informe Respect@Work se formulan 55 recomendaciones dirigidas a todos los estamentos de la Administración, el sector privado y la comunidad con el fin de reducir la prevalencia del acoso sexual en los lugares de trabajo y proporcionar un mayor apoyo cuando se produzca, incluidas 12 recomendaciones en las que se pide la modificación de parte de la legislación del Commonwealth. La Comisión toma nota de que el ACTU acoge favorablemente el compromiso del Gobierno de aplicar íntegramente las recomendaciones de la investigación. A este respecto, la Comisión toma nota con interés de la adopción, en noviembre de 2022, de la Ley de Enmienda de la Ley contra la Discriminación y sobre los Derechos Humanos (respeto en el trabajo), de 2022, que aplica algunas de las 12 recomendaciones legislativas formuladas en el informe Respect@Work. Entre los cambios realizados, la Comisión toma nota de: 1) la introducción del deber positivo de los empleadores y de las personas que dirigen un negocio o empresa, en virtud de la Ley sobre la Discriminación por Motivo de Sexo, de 1984, de adoptar medidas razonables y proporcionales para eliminar, en la medida de lo posible, el acoso sexual, la discriminación y el acoso por motivo de sexo, los entornos de trabajo hostiles y la victimización conexa (artículo 47B y C), y 2) la introducción de un umbral más bajo para determinar la existencia de «acoso por motivo de sexo» en virtud de la Ley sobre la Discriminación por Motivo de Sexo, que exige que la conducta pertinente sea «degradante» y ya no «gravemente degradante». La Comisión también toma nota de que la Ley de Enmienda de la Ley sobre el Trabajo Justo (puestos de trabajo seguros, mejores salarios), de 2022, aplica todas las modificaciones legislativas restantes recomendadas en el informe Respect@Work, entre las que se incluyen: 1) introducir la responsabilidad indirecta del empleador por el acoso sexual por parte de un empleado, a menos que haya tomado todas las medidas razonables para evitar el acoso sexual, y 2) modificar la Ley sobre el Trabajo Justo, de 2009, para establecer un proceso de resolución de conflictos en el que una persona afectada pueda solicitar a la Comisión sobre el Trabajo Justo que aborde el conflicto y/o dicte una «orden de cese del acoso sexual» (parte 8, anexo 1). La Comisión también toma nota de la información proporcionada en relación con las diversas acciones emprendidas por la AHRC y el Comisionado sobre la Discriminación Sexual para prevenir y abordar el acoso sexual en el lugar de trabajo. Observa que, en 2021, Safe Work Australia publicó material de orientación nacional para ayudar a los empleadores de toda Australia a prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo y responder a él, así como una hoja de información adaptada para ayudar a las pequeñas empresas a prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo. La Comisión toma nota de la información proporcionada por el Gobierno según la cual, en 2020 y 2021, la AHRC recibió 503 quejas en virtud de la Ley sobre la Discriminación por Motivo de Sexo, en 252 de las cuales se alegaba acoso sexual (26 por ciento). La mayor parte de estas quejas fueron sobre el ámbito del empleo (67 por ciento). El 61 por ciento del total de las quejas presentadas en virtud de la Ley sobre la Discriminación por Motivo de Sexo se resolvieron satisfactoriamente a través de la conciliación. La Comisión pide al Gobierno que proporcione información sobre la aplicación en la práctica de las nuevas disposiciones legislativas relativas al acoso sexual, en particular facilitando información sobre el número, la naturaleza y el resultado de los casos o quejas de acoso sexual tratados por los inspectores del trabajo, la Comisión sobre el Trabajo Justo, los tribunales o cualquier otra autoridad judicial o administrativa competente, así como sobre el impacto de esas disposiciones en la prevalencia del acoso sexual en los lugares de trabajo australianos. La Comisión también pide al Gobierno que continúe proporcionando información sobre cualquier actividad adicional llevada a cabo por la Comisión Australiana de Derechos Humanos, el Comisionado sobre la Discriminación Sexual y la Comisión sobre el Trabajo Justo para abordar el acoso sexual.

Orientación sexual. La Comisión toma nota con interés de que la Ley de Enmienda de la Ley sobre el Trabajo Justo (puestos de trabajo seguros, mejores salarios), de 2022, introduce la «identidad de género» y la «condición intersexual» como motivos prohibidos de discriminación (parte 9, anexo 1). También toma nota de que el Gobierno indica que, en 2020 y 2021, la AHRC recibió 504 quejas en virtud de la Ley sobre la Discriminación por Motivo de Sexo, de las cuales 69 estaban relacionadas con la identidad de género, 2 con la condición intersexual y 30 con la orientación sexual; el 67 por ciento de todas las quejas recibidas en este periodo estaban relacionadas con la discriminación en el empleo. La Comisión también toma debida nota de los datos estadísticos facilitados por el Gobierno sobre los casos judiciales en los diferentes estados y territorios. La Comisión pide al Gobierno que transmita información sobre la aplicación en la práctica de la Ley sobre el Trabajo Justo, en su forma enmendada en 2022, y, en particular, que siga proporcionando información sobre el número, la naturaleza y el resultado de las quejas o los casos de presunta discriminación por motivos de identidad de género, orientación sexual y condición intersexual en el empleo y la ocupación tratados por los inspectores del trabajo, los tribunales o cualquier otra autoridad judicial o administrativa competente.

Discriminación basada en la raza, el color y el origen social. Pueblos indígenas. Nivel federal. Desde hace varios años, la Comisión expresa su preocupación por cuestiones relacionadas con la limitación de los derechos a la tierra y el reconocimiento y uso de las propiedades de los pueblos indígenas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que la Ley de Enmienda de la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes, de 2021, (Ley de Enmienda, 2021) que enmienda la Ley de Títulos de Propiedad de los Aborígenes, de 1993, y la Ley de Corporaciones (pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres), de 2006, se aprobó en 2021, introduciendo una serie de cambios, entre los que se incluyen: 1) la posibilidad de presentar solicitudes de indemnización en relación con más zonas en las que se hayan visto afectados los títulos de propiedad y los intereses de los aborígenes; 2) nuevas funciones de la medición ante el Tribunal nacional que se ocupa de los títulos de propiedad aborígenes, y 3) que todos los asuntos judiciales relacionados con la Ley de Corporaciones (pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres) deben iniciarse ante el Tribunal Federal. El Gobierno añade que se llevaron a cabo amplias consultas en relación con la elaboración de la Ley de Enmienda de 2021. Durante las consultas, el Gobierno recibió propuestas y celebró reuniones con una amplia gama de partes interesadas en el sistema de títulos de propiedad aborígenes, incluidos los órganos representativos de los títulos de propiedad aborígenes, las entidades jurídicas registradas que se ocupan de los derechos sobre las tierras indígenas y otras partes interesadas indígenas. La Comisión toma nota de que el Gobierno señala que, a 29 de julio de 2022, aproximadamente el 80 por ciento de las determinaciones de títulos de propiedad aborígenes se habían realizado con consentimiento (566 determinaciones realizadas en total). El Gobierno afirma que se ha reconocido el título de propiedad aborigen sobre más del 42 por ciento del territorio australiano y más de 91 000 kilómetros cuadrados de los mares de Australia. La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que el Programa de guardabosques indígenas y el Programa de áreas protegidas indígenas ayudan a los pueblos de las primeras naciones a gestionar la tierra de acuerdo con sus objetivos como propietarios tradicionales. Asimismo, el Gobierno señala que, además de apoyar la conexión con la tierra y la cultura, estos programas ofrecen oportunidades económicas a los pueblos de las primeras naciones y resultados medioambientales que benefician a todos los australianos. Por último, la Comisión toma nota de la Estrategia 2023 para cerrar la brecha, un compromiso formal de los gobiernos federal, estatales y territoriales para lograr la igualdad de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en un plazo de 25 años, en la que el Resultado 15 es que los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres mantengan una relación cultural, espiritual, física y económica distintiva con su tierra y sus aguas. En el marco de este resultado se establecen dos objetivos: 1) Objetivo 15a: para 2030, un aumento del 15 por ciento de la superficie terrestre de Australia sujeta a los derechos o intereses legales de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, y 2) Objetivo 15b: para 2030, un aumento del 15 por ciento de las zonas de mar sujetas a los derechos o intereses legales de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. El Gobierno indica que la información disponible pone de relieve que, en julio de 2023, la meta 15a estaba en vías de alcanzarse. A pesar de que el Gobierno señala que se están realizando progresos en áreas importantes de las reivindicaciones marítimas y que se espera que los datos de la meta 15b estén bien encaminados en el próximo periodo de presentación de memorias, la Comisión toma nota de que, según el informe de 2023 sobre el cierre de la brecha, los resultados para el logro del objetivo 15b han mejorado, pero todavía no lo suficiente como para que se alcance el objetivo. La Comisión pide al Gobierno que prosiga sus esfuerzos, en colaboración con los pueblos indígenas y otras partes interesadas pertinentes, para garantizar que los pueblos indígenas tengan acceso a la tierra y a los recursos necesarios para poder dedicarse a sus ocupaciones tradicionales y acceder al empleo sin discriminación. Por consiguiente, pide al Gobierno que siga facilitando información sobre cualquier otra medida adoptada a este efecto, en particular sobre la aplicación del Programa de guardabosques indígenas y del Programa de áreas protegidas indígenas, en lo que respecta al acceso a la formación profesional, al empleo y a determinadas ocupaciones, así como a las condiciones de empleo.

Artículo 2. Igualdad de oportunidades y de trato de los pueblos indígenas. Reconocimiento constitucional. La Comisión había tomado nota del compromiso del Gobierno de reconocer a los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres en la Constitución. Sin embargo, la Comisión también toma nota de que en un referéndum reciente el pueblo australiano rechazó la propuesta de cambiar la Constitución insertando «el reconocimiento de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres como los primeros pueblos de Australia» y de establecer un órgano denominado «la voz de los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres». La Comisión pide al Gobierno que facilite información sobre las medidas adoptadas en relación con estas cuestiones tras el resultado del referéndum.

Política nacional y programas para los pueblos indígenas. La Comisión toma nota de que el Gobierno indica que, el 27 de julio de 2020, entró en vigor un nuevo acuerdo nacional sobre la Estrategia para cerrar la brecha. No obstante, también toma nota de que, según el informe anual de 2023 sobre el cierre de la brecha, es difícil que muchos de los objetivos fijados puedan alcanzarse en 2031. Por ejemplo, se informa de que el objetivo 4, que consiste en aumentar el porcentaje de niños aborígenes e isleños del Estrecho de Torres que se considera que mejoran en los cinco ámbitos de la estadística australiana sobre el desarrollo temprano con miras a poder alcanzar un 55 por ciento en 2031, no va por buen camino y que, de hecho, empeoró, pasando del 35,2 por ciento en 2018 (año de referencia) al 34, 3 por ciento en 2021. Asimismo, en cuanto a los objetivos 5, 6 y 7, para aumentar el porcentaje de jóvenes aborígenes e isleños del Estrecho de Torres (15-24 años) que han terminado la enseñanza secundaria y/o tienen un empleo, cursan estudios superiores o reciben formación, el informe indica que, aunque se han logrado mejoras, no son suficientes para alcanzar los objetivos. La Comisión toma debida nota de que el objetivo 8, en relación con el porcentaje de aborígenes e isleños del Estrecho de Torres de entre 25 y 64 años que tienen empleo, muestra una «buena mejora» (del 51 por ciento en 2016 (año de referencia) al 55,7 por ciento en 2021), con el objetivo nacional del 62 por ciento en vías de cumplirse. La Comisión toma nota con interés de que el Gobierno indica que se ha comprometido a sustituir el Programa de Desarrollo Comunitario por un nuevo programa con verdaderos puestos de trabajo, salarios adecuados y condiciones de trabajo decente, desarrollado en colaboración con los pueblos de las primeras naciones. El Gobierno añade que el nuevo programa aumentará las oportunidades económicas y la oferta de empleo en las zonas remotas y dará más poder a las comunidades para determinar proyectos locales que apoyen el desarrollo económico. La Comisión toma nota de que, en sus observaciones, el ACTU acoge con agrado el compromiso del Gobierno de dar por terminado el Programa de Desarrollo Comunitario, que considera discriminatorio para los pueblos de las primeras naciones. La Comisión también toma nota de que el Gobierno indica que está adaptando sus inversiones en empleo para las personas pertenecientes a las primeras naciones a fin de garantizar que se adecuan a su propósito, sirven de apoyo para la recuperación económica y se ajustan al cambio en los servicios generales de empleo. El Gobierno se refiere al Programa de Competencias y Empleo Indígena, una inversión que se anunció en el Presupuesto 2021-2022, que se espera que contribuya a cerrar la brecha en materia de empleo mediante el apoyo a itinerarios que potencien el empleo significativo y sostenible para los pueblos de las primeras naciones a través de inversiones flexibles y con un enfoque local.

Nivel de los estados. La Comisión toma nota de las diversas iniciativas emprendidas en algunos de los estados y territorios para promover la igualdad de oportunidades y de trato de los pueblos indígenas y hacer frente a la discriminación. También toma nota de que algunos estados, como Queensland, Nueva Gales del Sur y Australia Occidental, siguen aplicando medidas de discriminación positiva para mejorar el empleo de los aborígenes y los isleños del Estrecho de Torres, en particular en el sector público. Entre estas, la Comisión toma nota de la Estrategia para las Mujeres de Queensland 2022-2027, que se centra en promover a las mujeres de las primeras naciones y reforzar la seguridad económica general de las mujeres, e incluye el compromiso específico de trabajar para derribar las barreras que impiden a las mujeres de las primeras naciones acceder al empleo. A la luz de la persistente situación de desventaja de los pueblos indígenas en materia de educación y empleo, la Comisión pide al Gobierno que siga realizando esfuerzos y proporcione información sobre: i) cualquier evaluación que se realice sobre el impacto de las diferentes medidas adoptadas para mejorar el acceso de los pueblos indígenas al mercado de trabajo, así como sobre cualquier medida correctiva adoptada o prevista como consecuencia; ii) los progresos realizados en la consecución de los objetivos de cerrar la brecha, en particular en materia de empleo, educación y formación profesional; iii) la aplicación del Programa de Competencias y Empleo Indígena, incluida información sobre su contribución a los objetivos de cerrar la brecha, y iv) las políticas y programas llevados a cabo para hacer frente a la discriminación y promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación para los pueblos indígenas a nivel federal, de los estados y territorial, así como sobre su impacto.

La Comisión plantea otras cuestiones en una solicitud dirigida directamente al Gobierno.