Rapport intérimaire - Rapport No. 246, Novembre 1986

Cas no 1343 (Colombie) - Date de la plainte: 08-JUIL.-85 - Clos

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INTRODUCTION
A. Misión de contactos directos
C. Conclusiones del Comité
Recomendación del Comité
Z. ANEXO

381. El Comité de Libertad Sindical examinó este caso por primera vez en su reunión de febrero de 1986 y presentó un informe provisional al Consejo de Administración (243. er informe, párrafos 570 a 587), el que lo aprobó en su 232.a reunión (febrero-marzo de 1986). Habiendo recibido nuevos alegatos de los querellantes así como también diversas observaciones por parte del Gobierno, el Comité volvió a examinar el caso en su reunión de mayo de 1986 y presentó otro informe provisional (244.0 informe, párrafos 357 a 383) al Consejo de Administración. Este lo aprobó en su 233.a reunión (mayo-junio de
1986).

A. Misión de contactos directos

382. Los querellantes habían solicitado que una misión de la
OIT se
desplazara a Colombia y en su reunión de mayo de 1986 el
Comité estimó,
"habida cuenta de la gravedad de los alegatos formulados en
este caso, que
seria de la mayor utilidad que se realice una misión al país para
la obtención
de todas las informaciones necesarias para un examen en
profundidad del caso"
(244. 8 informe del Comité, párrafo 383, d)).
383. Mediante una comunicación de fecha 12 de junio de
1986, el Ministro del
Trabajo y Seguridad Social de Colombia invitó a la OIT a que
"envie una misión
para que visite el país y entre en contacto con el Gobierno, con
las
organizaciones empresarias y de trabajadores democráticos,
con el objeto de
que se esclarezca debidamente la situación". El 13 de junio el
Presidente del
Comité se entrevistó con el Ministro de Trabajo de Colombia
para discutir
sobre el caso en instancia y determinar las modalidades de esta
misión.
384. El Director General de la OIT designó como representante
para llevar a
cabo esta misión al Sr. Geraldo von Potobsky, llevándose a
cabo la misión en
Bogotá del 14 al 18 de julio de 1986. En el transcurso de la
misión
acompañaron al representante del Director General el Sr.
Alberto Odero,
miembro del Servicio de Libertad Sindical del Departamento de
Normas
Internacionales del Trabajo, y el Sr. Luis Zamudio, consejero
regional para
las normas. El informe de misión figura en anexo II al final del
presente
informe.
385. La misión se entrevistó con el Excmo. Sr. Jorge Carrillo
Rojas, Ministro
de Trabajo y Seguridad Social, y con autoridades y altos
funcionarios de
varios ministerios, así como con representantes de las
organizaciones de
empleadores y trabajadores.
386. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad
sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el
Convenio sobre el
derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.
98).
* *
*
387. El Comité desea agradecer al Sr. Geraldo von Potobsky
que haya aceptado
llevar a cabo la misión de contactos directos, así como su
detallado informe
sobre el caso, que ha permitido el examen del mismo por parte
del Comité. El
Comité estima que el informe del representante del Director
General muestra la
utilidad de las misiones de este tipo en el esclarecimiento de las
cuestiones
planteadas en los alegatos de las organizaciones querellantes.
B. Evolución del caso después de la misión
Nuevos alegatos
388. Por comunicación de 6 de junio de 1986, la Federación
Sindical Mundial
alega que el 31 de mayo fue abaleado Eriberto Martínez,
dirigente de la CSTC
en Cartago.
389. Por comunicaciones de 9 y 14 de octubre de 1986, la
Confederación
Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC) y la Federación
Sindical Mundial
(FSM) respectivamente, alegaron el asesinato del dirigente
sindical Jairo
Berrio Cardona en Bucaramanga, el 7 de octubre de 1986; los
culpables serían
los patrones de la empresa COPETRAN. La FSM añade que en
la actualidad muchos
dirigentes sindicales son amenazados de muerte, como Jorge
Carrillo (CUT),
Abel Rodriguez (FECODE), Miguel Angel Castro, Gustavo Osorio
y Angelino Garzón
(CSTC). El contenido de estas comunicaciones fue transmitido
al Gobierno.
Nuevas informaciones del Gobierno
390. En sus comunicaciones de 8, 22 y 29 de octubre de 1986,
el Gobierno
facilita observaciones adicionales sobre algunos alegatos
pendientes, y que se
reproducen a continuación:
- Muerte de Jaime Bronstein Bonilla. La Juez Primero Superior
de Popayán
informó que su despacho adelanta el respectivo proceso por el
delito de
homicidio del Sr. Bronstein, contra personas sin identificar. La
muerte tuvo
lugar el día 8 de enero de 1986 en el perímetro urbano del
municipio de Timbío
(Cauca). En la época de su deceso, el occiso desempeñaba las
funciones de
vicepresidente de la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos (ANUC). La
investigación fue iniciada por el Juzgado 21 de Instrucción
Criminal Ambulante
del Cauca, según la comisión que le confirió la Dirección de
Instrucción
Criminal del mismo Departamento. Dicho Juzgado adelantó las
investigaciones
necesarias, incluyendo testimonios de numerosas personas
allegadas al Sr.
Bronstein, hasta el 10 de febrero del año en curso. Tales
testimonios fueron
ampliados ante el abogado asesor de la Policía Judicial y de la
Comisión de
Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación,
quien intervino en
forma directa en la etapa de instrucción (averiguatoria) del juicio.
El 10 de
febrero asumió el conocimiento del proceso del Juzgado 1. 8
Superior de
Popayán, el cual ordenó la práctica de las pruebas que aún
resultaban
procedentes para el esclarecimiento de la verdad. Con tal
propósito fue
comisionado, por razones de competencia territorial, el Juzgado
4.o de
Instrucción Criminal Ambulante del Departamento del Cauca y
en él, cumpliendo
órdenes expresas del Procurador General de la Nación, entró a
actuar como
Agente Especial del Ministerio Público (fiscal del juicio,
representante de la
sociedad y guardián de la legalidad), el Dr. Alberto Gómez Tello,
abogado
visitador adscrito a la Procuraduría Regional del Cauca, quien
tomó posesión
el 24 del mismo mes de febrero. El mencionado Juzgado 4.o de
Instrucción
Criminal Ambulante tomó declaraciones, con la presencia del
Agente Especial
del Ministerio Público, a otras personas y, aunque es seguro que
el autor del
delito fue visto en Timbío desde tempranas horas, todos
afirmaron no recordar
nada, ni proporcionaron algún detalle que pudiera contribuir a la
identificación de aquél. Hasta el presente la investigación
continúa, los
funcionarios judiciales y de la Procuraduría han permanecido en
contacto con
la familia Bronstein, han recibido una escasísima colaboración
de parte de la
Seccional Cauca de la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos (ANUC), la
cual no ha demostrado ningún interés en colaborar con la
investigación, ya que
en tres oportunidades el Juzgado 1. 8 Superior de Popayán le
ha solicitado por
escrito que informe el nombre completo y lugar de residencia de
una mujer
Gladys N., de quien se dice trabajaba como secretaria de Jaime
Bronstein en el
municipio de Timbío y lo acompañaba en el momento de su
muerte, pero no se ha
obtenido respuesta alguna. La señora Juez 1. 8 Superior de
Popayán señaló que
el Despacho a su cargo, con el concurso de los jueces de
instrucción criminal,
continuará adelantando todas las gestiones que sean
necesarias para obtener la
sanción del delito cometido contra Jaime Bronstein Bonilla. El
Gobierno llama
la atención sobre la ardua y completa tarea de investigación y
de
fiscalización de ésta cumplida por la Policía Nacional, los jueces
de
instrucción, el juez del conocimiento y el funcionario de la
Procuraduría,
para lograr sancionar al responsable(s) de la repudiable muerte
del dirigente
agrícola, así como sobre la falta de interés y de colaboración de
parte de la
Asociación sindical a la que el mismo pertenecía.
- Muerte de Tulio Manuel Castro Gil. El correspondiente
proceso cursa en el
Juzgado 25 Superior de Bogotá, pero como aún se está
llevando a cabo la etapa
sumarial, la misma se encuentra a cargo de la Juez 45 de
Instrucción Criminal
de dicha ciudad. La citada funcionaria judicial informó que no
ha sido posible
establecer todavía quién o quiénes sean los responsables, así
como tampoco los
móviles de la muerte del Dr. Castro Gil, Juez 1 Superior de
Bogotá. La
investigación penal continuará adelantándose para identificar al
responsable(s) de tan execrable delito, aunque se sospecha
que éste pudo ser
obra de hampones a sueldo pagados por las mafias de
narcotraficantes,
nacionales y extranjeros, que persisten en sembrar el terror y en
enfrentarse
a las autoridades que luchan contra esa nociva e ilícita
actividad.
- Muerte de Faeriel Alonso Santana Portillo. El Gobierno
informó a la OIT
que había solicitado al Juez 2. 8 Superior de Ocaña (Norte de
Santander)
información sobre el estado del respectivo proceso. El
mencionado funcionario
judicial indicó que los hechos materia de la investigación
ocurrieron en la
ciudad de Ocaña el 9 de enero del año en curso,
aproximadamente a las 22
horas, cuando tres individuos, uno de ellos enmascarado,
irrumpieron en la
casa de Faeriel Alonso Santana Portillo y lo mataron
disparándole. La
investigación fue iniciada el día 10 de los mismos mes y año por
el Juzgado 11
de Instrucción Criminal de esa ciudad y, durante su desarrollo,
se vinculó
como sospechoso a Jaime Alberto Navarro Max, de
conformidad con lo dispuesto
por el artículo 382 del Código de Procedimiento Penal. El 19 de
junio del
presente año se decretó el cierre de la investigación y el 31 de
julio el Juez
2. 8 Superior de la citada ciudad de Ocaña calificó el mérito
probatorio del
sumario (averiguaciones efectuadas y pruebas reunidas en la
etapa de
instrucción), habiíndose sobreseído temporalmente al sindicado
y ordenado
reabrir la investigación para realizar esfuerzos adicionales para
identificar
al autor(es) del delito. Con tal propósito fue comisionado el 11 de
agosto
pasado el Juez 11 de Instrucción Criminal de Ocaña, quien
deberá desarrollar
las averiguaciones pertinentes. Conviene anotar que el
sobreseimiento temporal
es una figura del procedimiento penal de acuerdo con la cual se
suspende
provisionalmente la vinculación de un sospechoso a un proceso
por no existir
pruebas suficientes contra él, pero se le vuelve a llamar a juicio
una vez se
reúnan las pruebas que demuestren su responsabilidad en el
delito. En relación
con la muerte del Sr. Santana, al igual que con la del Juez
Castro Gil, no
consta de ninguna manera en los procesos correspondientes
que ellas hayan
tenido relación con la actividad sindical de las víctimas y que
los hechos
están siendo objeto de investigaciones adecuadas, completas y
conforme a la
ley por los funcionarios jurisdiccionales.
- Muerte de Pedro Contreras Salcedo. El Juez Unico
Especializado de Cúcuta
(Norte de Santander) señaló que la investigación por los delitos
de secuestro
extorsivo y posterior muerte en hechos acaecidos el 5 de enero
de 1986 de
Pedro Contreras Salcedo fue iniciada por el Despacho a su
cargo el 9 de los
mismos mes y año. Teniendo en cuenta que la etapa de
instrucción, en la que no
fue posible identificar al autor(es) de los delitos, concluyó, el
proceso fue
remitido el 12 de marzo pasado al Juzgado 5.o Superior de
Cúcuta, al cual se
está dirigiendo esta entidad para que suministre información
adicional.
- Supuesta muerte de Meyer Rivas. El Juez Unico Superior de
Pitalito
(Huila) ha ínformado en el oficio núm. 354 que el 30 de octubre
de 1985 fue
víctima de un atentado por parte de desconocidos el profesor
Meyer Rivas
Montero y que uno de los disparos hechos contra él le afectó
una vértebra
dorsal. El 2 de noviembre de ese mismo año fue iniciada
legalmente por el
Juzgado 10 de Instrucción Criminal de Pitalito la correspondiente
investigación por el delito de tentativa de homicidio en
averiguación de
responsables. Conviene destacar que la queja formulada contra
el Gobierno no
se ajusta a la realidad, porque los querellantes denuncian la
muerte del Sr.
Rivas Montero, cuando él fue víctima de un atentado que le
ocasionó lesiones,
pero no el deceso. Es claro en este evento, como en otros que
forman parte del
caso núm. 1343 (respecto a los cuales el Gobierno ha
demostrado la falta de
coincidencia con la verdad), el propósito de causar perjuicios al
país que
anima a la organización querellante, presentando listas de
líderes sindicales
"asesinados" y "desaparecidos" que están vivos y se
encuentran en su sede
habitual de actividades. El Juez 10 de Instrucción Criminal ha
practicado
todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos
en que
resultó lesionado el Sr. Meyer Rivas, sin que hasta la fecha se
haya podido
identificar al(los) autor(es) y los esfuerzos continuarán hasta que
éstos sean
hallados.
- Muerte de Angel Amable Arroyave Restrepo y Juan Alberto
Rodas Rúa. El
Juez 3.o Superior de Medellín informó en el oficio núm. 320 que
la
investigación fue iniciada el 31 de agosto de 1985 por el
Juzgado Promiscuo
Municipal de Carepa (Antioquia) y que actualmente el proceso
cursa en su
Despacho, sin que se haya podido vincular a ninguna persona
como sindicado del
delito.
- Muerte de Carmelo Gelves Ortega, dirigente agrario de Tibú
(Norte de
Santander). La investigación está a cargo del Juez 4. 8 Superior
de Cúcuta,
capital de dicho departamento. El proceso fue iniciado por el
Juzgado Penal
Municipal de Tibú el 4 de julio de 1985. Hasta la fecha, no ha
sido vinculada
a la investigación persona alguna y no ha sido posible hallar
mérito para
proceder contra ningún responsable. Es importante señalar que
si la muerte del
Sr. Gelves hubiera sido ocasionada por una patrulla militar,
como afirman los
querellantes, la investigación sería adelantada por la justicia
penal militar,
ya que ésta es la competente para juzgar los actos cometidos
por militares. Es
necesario hacer énfasis sobre el hecho de que, si los
querellantes tuvieran
pruebas o constancia de que una patrulla militar fue la autora
del delito, su
obligación legal como ciudadanos habría sido la de poner en
conocimiento del
juez dicha circunstancia para facilitar la investigación y no
guardar silencio
sobre el particular.
- Heriberto Ramírez Rengifo. Recibió una lesión en el lado
izquierdo del
abdomen al ser herido con un arma de fuego. La denuncia de la
FSM es vaga y
alarmista y ni siquiera es exacta al referirse al nombre del
interesado. Se ha
solicitado información sobre el funcionario judicial que adelanta
la
investigación.
- Muerte de Jairo Berrio. Es totalmente seguro que su muerte
dio origen a
la iniciación de una investigación penal. Cabe preguntarse a
que obedeció la
presencia de un sindicalista del sector de fabricación de
empaques en un mitin
del sector de los transportes. Se ha solicitado información sobre
el
funcionario judicial al que corresponde la investigación.
- Presunta intervención indebida de la Policía frente a la
Federación
Nortesantandereana de Trabajadores (FENOSTRA), la
Federación de Trabajadores
de Caldas (FEDECALDAS) y los trabajadores de Cementos
Boyacá. El Director
General de la Policía Nacional, Mayor General José Guillermo
Medina Sánchez,
informó que los diferentes comandos de los departamentos de
policía del país
adelantan una política de cordial acercamiento y colaboración
con las
organizaciones sindicales y en tal sentido deben interpretarse
las solicitudes
formuladas a las antes indicadas, pero nunca fueron requeridas
para
suministrar datos sobre la filiación política de sus miembros ni
otros datos
personales. Las organizaciones sindicales no deben calificar
como persecución
todo acto de acercamiento por parte de las autoridades
legalmente
establecidas, ya que generalmente se busca la colaboración
entre unas y otras,
lo mismo que la protección contra intromisiones de grupos
subversivos que
pretendan utilizar a las primeras como instrumentos para sus
acciones
ilegales.
* *
*
391. Habida cuenta de que el contenido de los demás alegatos
presentados en
el marco del presente caso y de las informaciones suministradas
por el
Gobierno al respecto, así como las informaciones obtenidas por
el
representante del Director General durante la misión figuran ya
en el informe
de misión (víase anexo ll al final del presente informe), el Comité
puede
proceder directamente a la formulación de sus conclusiones
sobre las distintas
cuestiones.

C. Conclusiones del Comité

392. El Comité toma nota del informe del representante del
- Director General
- sobre la misión efectuada del 14 al 18 de julio de 1986 en
- Bogotá. El Comité
- toma nota con interés de que el representante del Director
- General recibió
- todas las facilidades por parte de las autoridades para el
- cumplimiento de la
- misión. El Comité toma nota asimismo de las informaciones
- escritas facilitadas
- por el Gobierno con posterioridad a la misión.
393. El Comité debe subrayar en primer lugar la gravedad de los
- alegatos que
- le han sido sometidos y que se refieren en particular a ataques a
- la vida y a
- la seguridad personal de un importante número de dirigentes
- sindicales y
- sindicalistas. Diversas personas han señalado al representante
- del Director
- General la complejidad de la situación reinante así como el
- entrecruzamiento
- de cuestiones sindicales, políticas y subversivas, y a veces
- relacionadas con
- el narcotráfico, que conducen a actos de violencia de distinto
- origen, e
- inclusive a procedimientos ilegales por parte de ciertos miembros
- de las
- Fuerzas Armadas y de la policía. Según las autoridades, se
- trataría de
- comportamientos a título individual. El Comité expresa su
- preocupación
- observando que según se desprende del informe de misión,
- actúan en el país
- grupos denominados paramilitares y grupos armados a sueldo,
- así como que los
- ataques a la vida y a la seguridad personal de sindicalistas
- afectan
- mayoritariamente a sindicalistas de una determinada tendencia.
394. El Comité observa asimismo con preocupación que en
- varias partes del
- informe de misión se deja constancia de la dificultad de
- determinar los
- responsables de los delitos y las circunstancias en que se
- produjeron por el
- temor que inspiran a los eventuales testigos las posibles
- represalias que
- pueden sufrir, particularmente en algunas zonas especialmente
- conflictivas. El
- Comité considera que deben adoptarse todas las medidas
- adecuadas para
- garantizar que cualquiera que sea la tendencia sindical, los
- derechos
- sindicales puedan ejercerse con normalidad, dentro del respeto
- de los derechos
- humanos fundamentales y en un clima desprovisto de violencia,
- presiones,
- temores y amenazas de toda índole.
- Alegatos relativos al asesinato, secuestro o desaparición de
- dirigentes
- sindicales y sindicalistas
395. El Comité observa que prácticamente en todos los casos
- alegados de
- asesinato, secuestro o desaparición de dirigentes sindicales y
- sindicalistas,
- se ha abierto una investigación judicial, en consonancia con las
- recomendaciones del Comité formuladas en sus reuniones de
- febrero y mayo de
1986. El Comité observa sin embargo que el Gobierno señala
- que las autoridades
- de San Vicente de Chucurí (Santander) desconocen la muerte
- de los
- sindicalistas agrarios Leonor Marle, Omar Vergara, Solón López
- y Serafín
- Herrera, así como que necesita precisiones sobre la muerte del
- médico y
- dirigente gremial Gabriel Anchique Gómez, (en particular el lugar
- de la muerte
- y demás circunstancias relevantes) y sobre la desaparición de
- José Jairo Gómez
- Cadena. El Comité pide a las organizaciones querellantes que
- faciliten toda
- información que esté a su alcance sobre estos alegatos con
- objeto de que el
- Gobierno pueda responder con precisión a los mismos.
396. El Comité toma nota de que el responsable de la muerte
- de Nicolás López
- Londoño fue condenado el 16 de julio de 1986 y que según se
- desprende del
- expediente procesal el delito en cuestión no tuvo nexo alguno
- con violaciones
- a la libertad sindical. El Comité toma nota asimismo de que
- según las
- investigaciones efectuadas por la autoridad judicial existen
- indicios de que
- el homicidio de Miguel Puerta (sindicalista de FECODE)
- obedeció a problemas de
- índole personal relacionados con negocios particulares y, en
- concreto,
- problemas de deudas monetarias. El Comité toma nota asimismo
- de que Víctor
- Manuel Aroca murió en un enfrentamiento armado entre una
- patrulla de la
- Escuela de Lanceros y un grupo de las autodenominadas
- Fuerzas Armadas
- Revolucionarias de Colombia-FARC, que operan regularmente
- en el área general
- de Villarrica, Tres Esquinas y Galilea. El Comité toma nota
- también de que las
- muertes de los Dres. Medina Ochoa y Castro Gil no obedecieron
- al carácter de
- miembros de una organización sindical que tenían las víctimas,
- sino que fueron
- obra de hampones pagados por las mafias del narcotráfico
- empeñadas en impedir
- la administración de justicia. Por último, el Comité toma nota de
- que los
- sindicalistas Meyer Rivas y Heriberto Ramírez Rengifo no fueron
- asesinados,
- sino objeto de una tentativa de homicidio que les ocasionó
- lesiones, así como
- de que se encuentran en marcha los correspondientes
- procesos. El Comité pide
- al Gobierno que le informe de la evolución de los mismos.
397. El Comité observa que los dirigentes campesinos Andrés
- Luna y Yate Aroca
- fueron retenidos en la vereda Nueva Esperanza, municipio de
- Coyaima, por
- denuncia de Miguel González Guarnizo, quien afirmó haber sido
- extorsionado y
- amenazado de muerte por estas dos personas, y puestos
- finalmente a disposición
- del Juzgado 36 de Instrucción Criminal Especializado de Ibagué,
- quien dictó
- providencia el 29 de noviembre de 1985 dejándolos en libertad.
- El Comité toma
- nota asimismo de que el sindicalista Eric Ariza Roncancio fue
- encontrado por
- la policía en su casa el 14 de mayo de 1986, presentando
- efectos por consumo
- de narcóticos y algunas escoriaciones en el cuerpo que, según
- manifestó, le
- fueron producidas por individuos desconocidos que lo atacaron.
398. El Comité observa también que la autoridad judicial
- condenó a Jorge Luis
- Barrero como responsable del secuestro de Miguel Angel Díaz y
- Faustino López.
- El Comité subraya sin embargo que estos dos dirigentes
- sindicales siguen en
- situación de desaparecidos y que la esposa del primero
- manifestó a la misión
- que Jorge Luis Barrero no había sido capturado.
399. En relación con los restantes alegatos de asesinato o
- desaparición de
- dirigentes sindicales y sindicalistas (víase anexo al presente
  - caso), el
- Comité observa que son objeto de una investigación judicial y
- del
- correspondiente proceso. El Comité pide al Gobierno que le
- mantenga informado
- de la evolución de los distintos procesos y expresa la esperanza
- de que pronto
- podrá darse con el paradero de los desaparecidos. El Comité
- pide al Gobierno
- que facilite informaciones sobre el alegato relativo a la
- desaparición de
- setenta trabajadores del Servicio de Erradicación de la Malaria
- en abril de
1985.
- Alegatos sobre amenazas a dirigentes sindicales
400. El Comité toma nota de que según el Gobierno seis de las
- personas
- supuestamente amenazadas no se presentaron a la
- Procuraduría Delegada para las
- Fuerzas Militares para formular la correspondiente denuncia a
- pesar de haber
- sido invitadas. De las dos restantes personas amenazadas,
- según señala el
- Gobierno, una de ellas (amenazada en julio de 1985) no aceptó
- la protección
- oficial, y la otra no puede afirmar con certeza de quién
- provienen las
- amenazas y ha señalado que la última amenaza que recibió
- tuvo lugar en junio
de 1985.
401. Teniendo en cuenta estas circunstancias, el Comité se
- remite a sus
- conclusiones generales formuladas antes de examinar los
- distintos alegatos.
- Alegatos sobre injerencias en las actividades sindicales
402. El Comité toma nota de que el Gobierno niega que el 30
- de abril de 1986
- la Policía Nacional haya disparado contra los obreros
- ferroviarios en Cali, y
- señala que la intervención de la policía el 6 de mayo de 1986
- en la huelga
- declarada en la Empresa Textilera Unica de Manizales se debió
- a que los
- huelguistas encendieron antorchas amenazando las
- instalaciones de la fábrica.
403. En lo que respecta al alegado incendio de la sede del
- Frente Amplio del
- Magdalena Medio, el Comité toma nota de las explicaciones del
- Gobierno y
- observa en particular que el mencionado Frente es un
- movimiento político y no
- una organización sindical. En estas condiciones, el Comité
- considera que no
- procede proseguir el examen de este alegato.
404. El Comité toma nota de que el Gobierno niega que la
- Policía haya pedido
- informaciones sobre la filiación política u otros datos personales
- de los
- miembros de la Federación Nortesantandereana de
- Trabajadores (FENOSTRA), la
- Federación de Trabajadores de Caldas (FEDECALDAS), y el
- Sindicato de Cementos
- Boyacá. Por último, el Comité observa que el Gobierno
- manifiesta que tan
- pronto como las obtenga enviará las informaciones sobre el
- resto de los
- alegatos: disparos de gases lacrimógenos por la Policía de
- Bogotá contra un
- grupo de trabajadores de la empresa Croydon que se
- encontraban en huelga;
- allanamiento de la sede de la Federación de Trabajadores del
- Petróleo
- (FEDEPETROL); colocación de explosivos por grupos
- paramilitares en la sede de
- la Federación de Trabajadores del Valle del Cauca (FEDETAV);
- atentados contra
- los locales de FEDETAV en Palmira y en Cali; y del Sindicato de
- Cementos del
- Valle en Yumbo; y el atentado contra la sede de la Unión
- Sindical de
- Trabajadores de Santander (USITRAS) en Bucaramanga. El
- Comité queda pues a la
- espera de las observaciones del Gobierno sobre estos alegatos.
- Alegatos de despidos a raíz del paro civico del 20 de junio de
1985
405. Los querellantes habían alegado que con motivo del paro
- cívico del 20 de
- junio de 1985 se despidió a tres trabajadores de la empresa
- Vianini
- Entrecanales (Sres. Rafael Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro
- Antonio Rodríguez
- Rojas y Pablo Emilio Leal Cruz) y a doce trabajadores de la
- Compañía
- Colombiana de Tabaco (Sres. Jairo Bernal, Rolando López,
- Alirio Useche,
- Reinaldo Medina, Jorge Rey, Jaime Cepeda, Orlando Camacho,
- Jorge Nelson
- Murcia, Fernando Acosta, Jairo Lesmes Bulla, Humberto Riaño y
- Justo Calderón).
406. El Comité toma nota de que las autoridades indicaron al
- representante
- del Director General que los trabajadores de la Compañía
- Colombiana de Tabaco
- mencionados en la queja continúan trabajando en la empresa
- salvo uno de ellos
- que se retiró voluntariamente tras haber llegado a un acuerdo
- con la misma. El
- Comité observa asimismo que en relación con el despido de tres
- trabajadores de
- la empresa Vianini Entrecanales, el Gobierno no ha suministrado
- informaciones
- suficientemente específicas, limitándose a señalar de manera
- general que
- algunas de las terminaciones de trabajo que se produjeron en
- esa empresa no
- fueron despidos sino terminaciones de contratos de trabajo a
- término fijo, y
- que los interesados era casi seguro que habían iniciado juicios
- ante la
- justicia laboral.
407. El Comité ruega al Gobierno que indique si los tres
- trabajadores de la
- empresa Vianini Entrecanales mencionados por los querellantes
- fueron
- despedidos y, en caso afirmativo, los motivos, y los resultados
- de cualquier
- acción judicial que hayan podido emprender con miras a su
- reintegro.

Recomendación del Comité

408. En estas condiciones, el Comité recomienda al Consejo de
- Administración
- que apruebe el presente informe provisional y, en particular, las
- siguientes
- conclusiones:
- Conclusiones generales
  - a) El Comité toma nota del informe del representante del
- Director General
- sobre la misión efectuada del 14 al 18 de julio de 1986 en
- Bogotá. El Comité
- toma nota con interés de que el representante del Director
- General recibió
- todas las facilidades por parte de las autoridades para el
- cumplimiento de la
- misión.
  - b) El Comité debe subrayar en primer lugar la gravedad de los
- alegatos que
- le han sido sometidos y que se refieren en particular a ataques a
- la vida y a
- la seguridad personal de un importante número de dirigentes
- sindicales y
- sindicalistas. Diversas personas han señalado al representante
- del Director
- General la complejidad de la situación reinante así como el
- entrecruzamiento
- de cuestiones sindicales, políticas y subversivas, y a veces
- relacionadas con
- el narcotráfico, que conducen a actos de violencia de distinto
- origen, e
- inclusive a procedimientos ilegales por parte de ciertos miembros
- de las
- Fuerzas Armadas y de la Policía. Según las autoridades se
- trataría de
- comportamientos a título individual. El Comité expresa su
- preocupación
- observando que según se desprende del informe de misión,
- actúan en el país
- grupos denominados paramilitares y grupos armados a sueldo,
- así como que los
- ataques a la vida y a la seguridad personal de sindicalistas
- afectan
- mayoritariamente a sindicalistas de una determinada tendencia.
  - c) El Comité observa asimismo con preocupación que en
- varias partes del
- informe de misión se deja constancia de la dificultad de
- determinar los
- responsables de los delitos y las circunstancias en que se
- produjeron por el
- temor que inspiran a los eventuales testigos las posibles
- represalias que
- pueden sufrir, particularmente en algunas zonas especialmente
- conflictivas.
  - d) El Comité considera que deben adoptarse todas las
- medidas adecuadas para
- garantizar que cualquiera que sea la tendencia sindical, los
- derechos
- sindicales puedan ejercerse con normalidad, dentro del respeto
- de los derechos
- humanos fundamentales y en un clima desprovisto de violencia,
- presiones,
- temores y amenazas de toda índole.
- Conclusiones particulares sobre los distintos alegatos
  - a) El Comité observa que prácticamente en todos los casos
- alegados de
- asesinato, secuestro o desaparición de dirigentes sindicales y
- sindicalistas,
- se ha abierto una investigación judicial, en consonancia con las
- recomendaciones del Comité formuladas en sus reuniones de
- febrero y mayo de
1986. El Comité observa, sin embargo, que el Gobierno señala
- que precisa
- informaciones suplementarias de la organización querellante en
- relación con
- las alegadas muertes de los sindicalistas agrarios Leonor Marle,
- Omar Vergara,
- Solón López y Serafín Herrera y del médico y dirigente gremial
- Gabriel
- Anchique Gómez, así como de la desaparición de José Jairo
- López Cadena. El
- Comité pide a las organizaciones querellantes que faciliten toda
- información
- que esté a su alcance sobre estos alegatos con objeto de que
- el Gobierno pueda
- responder con precisión a los mismos.
  - b) El Comité observa que según se desprende de las
- informaciones
- facilitadas algunas muertes de dirigentes sindicales y
- sindicalistas no tienen
- relación con la condición o actividad sindical de los interesados,
- y que se ha
- dado con el paradero de algunas personas cuya desaparición
- había sido alegada.
  - c) En relación con los restantes alegatos de asesinato o
- desaparición de
- dirigentes sindicales y sindicalistas (víase anexo al presente
  - caso), el
- Comité observa que son objeto de una investigación judicial y
- del
- correspondiente proceso. El Comité pide al Gobierno que le
- mantenga informado
- de la evolución de los distintos procesos, y expresa la
- esperanza de que
- pronto podrá darse con el paradero de los desaparecidos. El
- Comité pide al
- Gobierno que facilite informaciones sobre los recientes alegatos
- relativos a
- las amenazas de muerte a varios dirigentes sindicales, y sobre el
- alegato
- relativo a la desaparición de setenta trabajadores del Servicio
- de
- Erradicación de la Malaria en abril de 1985.
  - d) El Comité pide al Gobierno que le informe sobre la evolución
- de los
- procesos relativos a las lesiones sufridas por los sindicalistas
- Meyer Rivas y
- Heriberto Ramírez Rengifo.
  - e) El Comité queda a la espera de las observaciones
- anunciadas por el
- Gobierno sobre los alegatos pendientes de injerencia en las
- actividades
- sindicales a los que no ha respondido.
  - f) El Comité ruega al Gobierno que indique si los tres
- trabajadores de la
- empresa Vianini Entrecanales mencionados por los querellantes
- (Sres. Rafael
- Mauriao Mendoza Aguilar, Pedro Antonio Rodriguez Rojas y
- Pablo Emilio Leal
  - Cruz) fueron efectivamente despedidos y, en caso afirmativo, los
- motivos, y
- los resultados de cualquier acción judicial que hayan podido
- emprender con
- miras a su reintegro.

Z. ANEXO

Dirigentes sindicales o sindicalistas cuyo asesinato ha sido
objeto de una
investigación judicial y sobre cuya evolución el Comité desea
que se le
informe
1. 1 Leonel Roldán
2. 2 Francisco Javier Correa Muñoz
3. 3 Dionisio Hernán Calderón
4. 4 José Luis Ortega
5. 5 Oscar Salazar
6. 6 Hernán Yate
7. 7 Jaime Quintero Cruz
8. 8 Javier Sanabria Murcia
9. 9 Rubén Castaño
10. 10 Carmelo Gelves Ortega
11. 11 Rogelio Sánchez
12. 12 Luis Jesús Leal Guerrero
13. 13 Victor Manuel Leal
14. 14 Eder Lascarro
15. 15 Celso Rojas
16. 16 Jesús Flores
17. 17 Angel Amable Arroyabe
18. 18 Juan Alberto Rodas
19. 19 Pedro Contreras
20. 20 Faeriel Santana
21. 21 Jaime Bronstein
22. 22 José Diomedes Cedeño
23. 23 Héctor Perdomo Soto
24. 24 José Rutilio Quintero
25. 25 Jairo Berrio
Dirigentes sindicales o sindicalistas cuya desaparición o
secuestro sobre los
que el Comité pide al Gobierno que facilite informaciones sobre
la evolución
de la investigación que se sigue al respecto
1. 1 Miguel Angel Díaz
2. 2 Faustino López
3. 3 Gustavo Alcalde Ospina