Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 259, Novembre 1988

Cas no 1459 (Guatemala) - Date de la plainte: 20-JUIN -88 - Clos

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INTRODUCTION
A. Alegatos de la Confederación querellante
C. Conclusiones del Comité
Recomendación del Comité

275. La Confederación de Unidad Sindical de Guatemala
- (CUSG) presentó una
- queja contra el Gobierno de Guatemala por violación de la
- libertad sindical en
- una comunicación de fecha 20 de junio de 1988. El Gobierno
- envió sus
- informaciones y observaciones sobre este caso en una
- comunicación de fecha 7
- de septiembre de 1988.
276. Guatemala ha ratificado el Convenio sobre la libertad
- sindical y la
- protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el
- Convenio sobre el
- derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.
98).

A. Alegatos de la Confederación querellante

277. La CUSG alega en su queja que el Gobierno ha cometido
actos de
arbitrariedad en materia de derechos humanos y de libertad
sindical, sobre
todo demorando los trámites de inscripción de los sindicatos,
despidiendo a
los trabajadores que se habían agrupado en comités de
empresa para tratar de
formar sindicatos, negándose a ayudar a los trabajadores a
lograr la ejecución
de los acuerdos celebrados y desarrollando el "solidarismo".
278. Por lo que se refiere a las demoras en los trámites de
inscripción de
los sindicatos, la CUSG explica que la documentación exigida
para obtenerla
yace en las dependencias del Ministerio de Trabajo, sin que se
les dí el
trámite respectivo, y lo curioso es que esto sólo ocurre con las
organizaciones sindicales, ya que para las demás
organizaciones la inscripción
se realiza rápidamente. Entonces, señala la Confederación
querellante, dicho
Ministerio está violando el derecho de libre sindicación e
invalidando la ley.
279. Respecto de los despidos de trabajadores, señala la
CUSG que el alcalde
de la municipalidad de San Antonio Suchitepíquez cometió
grandes
arbitrariedades contra los trabajadores. Despidió a un grupo de
obreros,
incluso al comité ejecutivo del sindicato que estaba en plena
formación. La
CUSG relata los acontecimientos de la manera siguiente: en
primer lugar, el
alcalde trató de provocar un enfrentamiento que hubiera podido
causar pérdidas
lamentables de vidas humanas, haciendo creer al pueblo y a los
empleados de
confianza que los sindicalistas estaban atentando contra la
seguridad del
pueblo de San Antonio porque eran comunistas. En segundo
lugar, para evitar el
enfrentamiento, los trabajadores no realizaron su asamblea en el
lugar
convenido, sino que disimuladamente se dirigieron al cementerio
de la
localidad y allí se reunieron en asamblea general.
Posteriormente, los
trabajadores se presentaron ante los tribunales para reclamar
contra los
despidos ilegales que había decidido el alcalde. El Tribunal de
Trabajo ordenó
hace diez meses la reintegración de los trabajadores
despedidos, sin que los
interesados hayan hasta el momento reintegrado efectivamente
sus puestos.
Además, a instancias del alcalde, se creó un nuevo sindicato
que agrupa a los
empleados de confianza y cuyo secretario general es nada
menos que el jefe de
policía. Ahora bien, según el Ministerio de Trabajo, los miembros
del cuerpo
policial no están autorizados a integrar sindicatos, razón por la
cual la CUSG
se pregunta cómo es posible que se permita al jefe de policía de
esta
municipalidad actuar como secretario general de un sindicato. El
caso más
reciente de este año es el del Sindicato de Trabajadores de
Servicios
Telefónicos (GUATEL). Además del marcado interés empresarial
de dividir la
organización en dos sindictos, no se ha inscrito el sindicato a
que alude la
Confederación, a pesar de que se había cumplido con todos los
requisitos que a
tal fin exige la Dirección General de Trabajo, alega la CUSG.
280. Además, tratándose de otro asunto que data de 1987, los
trabajadores de
la fábrica LUNAFIL no tuvieron más alternativa que la de ir a la
huelga. Desde
el mes de septiembre de 1987 no habían recibido el apoyo del
Ministerio de
Trabajo para dar cumplimiento a las sentencias que los
afectaban, dando así a
la empresa la oportunidad de maniobrar. Los responsables
vendieron dicha
empresa a otras personas, logrando así que la fábrica fuera
desalojada por la
fuerza. A este respecto, la Confederación querellante adjunta
fotocopia de un
recorte de prensa publicado en el periódico Campo Pagado del
día 27 de mayo de
1988, en el que figuran mayores detalles sobre este alegato. El
Sindicato de
Trabajadores de la Fábrica LUNAFIL S.A. condena en dicho
recorte la acción
llevada a cabo el día 26 de mayo, cuando más de 500
elementos del pelotón
antimotines penetraron a las 6 horas de la mañana en el interior
de la fábrica
para desalojar a los 39 trabajadores que allí se encontraban
pacíficamente
para defender su trabajo y su libertad sindical. La policía
procedió a
desalojar a los ocupantes argumentando que se trataba de
ejecutar una orden
judicial, la cual en ningún momento fue mostrada a los
interesados. Durante la
acción, muchos vecinos se hicieron presentes en el lugar,
sucediéndose hechos
confusos motivados por la violencia de las fuerzas de seguridad,
durante los
cuales los policías hicieron varios disparos, resultando herido el
compañero
Julio Coj, miembro del comité ejecutivo del sindicato, y siendo
apresados y
posteriormente puestos en libertad dos compañeros de una
fábrica vecina. Según
consta en el recorte de prensa, la opinión del Sindicato es que
al proceder de
esta manera el Gobierno trata de reprimir y acallar al pueblo
trabajador, pues
está claro que las fuerzas de seguridad del Estado actuaron
solamente para
hacer cumplir órdenes judiciales que benefician a los
empleadores; pero
cuando estas órdenes son en favor de los trabajadores,
entonces las fuerzas de
seguridad no actúan.
281. La CUSG explica también que la Unidad de Acción
Sindical y Popular, que
es la máxima expresión de los trabajadores guatemaltecos, firmó
acuerdos
conjuntos con el Gobierno el 8 de marzo de 1988 sobre las
políticas económica,
agraria y social, los derechos humanos, la corrupción
administrativa y la
política energítica. En la esfera social, se aprobó un ajuste
salarial de 50
quetzales mensuales como mínimo para los trabajadores del
sector privado,
aumento que debía comenzar a regir dentro de los 45 días.
Ahora bien, informa
la Confederación querellante, han transcurrido 90 días sin que
se haya
concedido dicho aumento, con lo que se están violando los
acuerdos celebrados
el 8 de marzo y se están ignorando las necesidades económicas
y sociales de
los trabajadores y de los miembros de sus familias. Además, en
este mismo
acuerdo sobre política social también se había aprobado que,
con respecto a la
personalidad jurídica de los sindicatos, la Dirección General de
Trabajo
procedería a la inscripción inmediata de todos los sindicatos,
dando un plazo
de 30 días para revisar sus expedientes y formalizar la
inscripción
definitiva. También en este caso han transcurrido los 90 días,
sin que se
hayan hecho efectivas las inscripciones.
282. En cuanto al movimiento denominado "solidarismo", que
tiene su sede en
Costa Rica, la CUSG explica que se trata de un movimiento
totalmente
empresarial y, por ende, antisindical, que se está expandiendo a
pasos
agigantados, porque tiene lo que al obrero le hace falta, o sea,
el dinero.
Por esta razón, se envía regularmente a Costa Rica a
trabajadores que son allí
adoctrinados. A título ilustrativo, la Confederación cita el caso
de las
plantaciones bananeras de Izabal, cuyo sindicato está siendo
minado por los
"solidaristas" que se movilizan con cautela para engañar a los
trabajadores y,
finalmente, exterminar la organización sindical.
B. Respuesta del Gobierno
283. En su respuesta de fecha 7 de septiembre de 1988, el
Gobierno comunica
sus observaciones e informaciones pormenorizadas sobre cada
uno de los
alegatos presentados por la Confederación querellante.
284. Respecto de la queja relativa a la intervención del
Ministerio de
Trabajo y Previsión Social en la agilización de la inscripción de
los
sindicatos, los datos estadísticos del Ministerio demuestran que
la
aseveración de la CUSG es incorrecta. Al iniciarse el actual
proceso
democrático, había 456 sindicatos inscritos; de 1979 a 1985,
etapa histórica
de gobiernos autoritarios, únicamente se inscribieron 39
sindicatos, es decir,
un promedio de 5,5 por año, sobresaliendo el año de 1983 en
que no se
inscribió ni un solo sindicato. Contando únicamente los dos
primeros años de
gestión del actual Gobierno se inscribieron 62 sindicatos y en el
curso de los
seis primeros meses del presente año se han inscrito 32. Informa
el Gobierno
que el plazo para la inscripción de un sindicato ha disminuido
considerablemente, pues en 1984 había una inscripción cada
121 días, en 1986
cada 24, en 1987 cada siete y en el curso de los seis primeros
meses del
presente año cada seis días.
285. El Gobierno reconoce asimismo que el Código de Trabajo
actualmente en
vigencia contiene una serie de normas que no agilizan el trámite
de la
inscripción de los sindicatos, como por ejemplo los artículos
212, 216, 218,
219 y 233. Consciente de esta realidad, el Ministerio de Trabajo
y Previsión
Social ha tomado la iniciativa de proponer la reforma de dicho
marco jurídico,
reforma que el poder legislativo debería examinar en los
próximos días y
gracias a la cual se aceleraría de manera importante la
inscripción de los
sindicatos. En consecuencia, el Gobierno rechaza los alegatos
de la
Confederación querellante y afirma que no está violando el
derecho a la libre
sindicación y que tampoco está invalidando la ley, sino que, por
el contrario,
está tratando de facilitar los trámites administrativos, a lo cual
obedecen
precisamente las reformas del Código de Trabajo que han sido
propuestas.
286. Respecto de la queja relativa a las supuestas
arbitrariedades cometidas
por el alcalde de la municipalidad de San Antonio
Suchitepíquez, la propia
Confederación querellante indica, según lo señala el Gobierno,
que el caso fue
planteado ante los Tribunales de Trabajo y Previsión Social. En
Guatemala,
como claramente lo regula el artículo 141 de la Constitución de
la República,
no hay subordinación alguna entre los poderes legislativo,
ejecutivo y
judicial. Uno de los pilares jurídicos esenciales del actual
proceso
democrático en nuestro país radica en la independencia entre
dichos poderes.
En consecuencia, el ejecutivo y, en el caso concreto, el
Ministerio de Trabajo
y Previsión Social, es totalmente ajeno a todo procedimiento
planteado ante un
tribunal de trabajo. Independientemente de lo anterior y
partiendo de que la
aseveración de la CUSG fuese cierta, el Código Penal
actualmente en vigencia
tipifica claramente el delito de desobediencia en los artículos
414 y 420, de
tal manera que los trabajadores tienen el derecho de promover
acciones penales
en el caso que plantean. En esta materia, concluye el Gobierno,
el Ministerio
de Trabajo y Previsión Social no tiene competencia alguna.
287. Por lo que se refiere al caso del Sindicato de
Trabajadores de
Servicios Telefónicos (GUATEL), el Gobierno señala que en la
Dirección General
de Trabajo, que es el órgano administrativo encargado de la
inscripción de los
sindicatos, no existe ningún trámite tendiente a obtener el
reconocimiento de
la personalidad jurídica y aprobación de estatutos de ningún
sindicato de
trabajadores de servicios telefónicos denominado GUATEL. En
consecuencia, la
aseveración de la CUSG no es cierta, pues no existe el
sindicato que se
menciona. A conocimiento del Gobierno, en la Dirección
General de Trabajo se
encuentra sólo un expediente relacionado con trabajadores de
telecomunicaciones. El Sindicato de Trabajadores de la
Tropical Radio
Telegraph Company fue constituido el 28 de abril de 1957 y
desde ese año data
la aprobación de sus estatutos y el reconocimiento de su
personalidad
jurídica. En 1966, dicho sindicato cambió de denominación por
la de Sindicato
de Trabajadores de Telecomunicaciones Internacionales de
Guatemala y en 1983
cambió nuevamente por la de Sindicato de Trabajadores de la
Empresa de
Telecomunicaciones de Guatemala, que es su nombre actual.
En otras palabras,
en la empresa dedicada a las telecomunicaciones, únicamente
ha existido y
existe un sindicato.
288. En cuanto al caso de los trabajadores de la fábrica
LUNAFIL, afirma el
Gobierno que desde el primer día en que inició su gestión la
actual
administración del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se
interesó
especialmente en el caso de los trabajadores de esta fábrica. El
problema se
había planteado ante los Tribunales de Trabajo y, por
consiguiente, el
Ministerio no podía intervenir. La única posibilidad de acción
residía en la
mediación entre empleadores y trabajadores buscando una
solución satisfactoria
para ambas partes. Consta en el expediente que sobre el caso
se abrió, que los
dirigentes del Sindicato de Trabajadores solicitaron la mediación
del Ministro
de Trabajo de Guatemala, quien participó en la apertura de la
fábrica y en la
solución definitiva del conflicto el día 23 de julio de 1988, en
presencia del
Ministro de Trabajo de Costa Rica. A este respecto, el Gobierno
adjunta copia
del convenio suscrito ante el Ministro de Asuntos Especiales
entre varios
dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la fábrica LUNAFIL
S.A. y varios
representantes de los empleadores, en el cual los interesados
manifiestan su
voluntad de llegar a un acuerdo para resolver definitivamente el
conflicto que
afecta a la empresa desde el 9 de junio de 1987. Una vez
finalizadas las
discusiones, los trabajadores convinieron en evacuar las zonas
pertenecientes
a la empresa el día 22 de julio. Se decidió que deberían
tomarse medidas para
que la empresa reanudase nuevamente la actividad a partir del
23 de agosto. La
empresa aceptó el reintegro de 24 de las personas que
empleaba anteriormente,
cuyos nombres fueron propuestos por el comité ejecutivo del
Sindicato; se
decidió asimismo que las partes se comprometían a estudiar un
proyecto de
pacto colectivo y a prescindir de toda medida judicial.
289. Respecto de los acuerdos suscritos entre el Gobierno y la
Unidad de
Acción Sindical y Popular y, más especialmente, respecto del
aumento salarial,
el Gobierno explica que el ejecutivo, cumpliendo con el
convenio suscrito,
remitió al poder legislativo un proyecto de ley sobre este
particular. No
obstante, el Gobierno reitera que, dada la absoluta
independencia que hay en
Guatemala entre los poderes del Estado, el ejecutivo no puede
obligar al
legislativo a promulgar una iniciativa de ley.
290. En cuanto al "solidarismo", el Gobierno declara que el
Ministerio de
Trabajo y Previsión Social tomó la decisión de no inscribir a
grupos de
trabajadores que se asocien con el objetivo de constituir una
"agrupación
solidarista". Las normas constitucionales (artículo 34) regulan el
derecho de
libre asociación, de tal manera que no se puede negar el
ejercicio de este
derecho. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo considera que
quienes deben
ejercitar ese derecho para constituir una "asociación solidarista"
deben
solicitarlo ante el Ministerio de Gobernación que, según la ley,
es el único
competente en esta materia. Independientemente de lo anterior,
el Gobierno
añade que el Ministerio de Trabajo sostiene la opinión de que
son los
trabajadores los llamados a denunciar los objetivos del
"solidarismo" y sus
incongruencias y contradicciones con los objetivos de los
sindicatos. Esta
acción no corresponde al Ministerio de Trabajo y Previsión
Social. De las
observaciones anteriores se deduce que los alegatos de la
CUSG carecen de
fundamento.
291. A modo de conclusión, el Ministro de Trabajo deja
constancia de que,
desde el 17 de octubre de 1987, día en que asumió su gestión,
han sido
inscritos 59 sindicatos y nueve más están pendientes de
inscripción. Al
respecto, la comunicación del Gobierno viene acompañada de
los informes
estadísticos de la Dirección General de Trabajo sobre la
inscripción de los
sindicatos, estadísticas que confirman las informaciones
facilitadas por el
Gobierno.

C. Conclusiones del Comité

292. En primer lugar, el Comité observa con interés que,
- contrariamente a
- que había ocurrido en el pasado, en el presente caso el
- Gobierno ha colaborado
- con el procedimiento enviando ya desde el mes de septiembre
de 1988 sus
- respuestas detalladas a las quejas que la Confederación
- querellante había
- presentado en junio de 1988. Toma buena nota de ello sobre
- todo teniendo en
- cuenta que durante largos años el Comité debió lamentar la falta
- de
- colaboración del Gobierno con el procedimiento, lo que le puso
- muchas veces en
- la obligación de examinar el fondo de muchas quejas sin poder
- contar con las
- informaciones y observaciones del Gobierno.
293. En segundo lugar y en cuanto al fondo del asunto, el
- Comité toma nota
- de que las respuestas oficiales a los distintos alegatos
- expuestos en el
- presente caso dejan entrever que en algunos puntos el
- Gobierno trató de acoger
- favorablemente las quejas presentadas por la CUSG, por lo
- menos en parte. Esto
- no excluye, no obstante, que la versión del Gobierno y la de la
- Confederación
- querellante sean a menudo contradictorias y que las medidas
- tomadas por el
- Gobierno para reparar los atentados cometidos contra la libertad
- de
- sindicación no siempre parezcan satisfactorias.
294. En efecto, en opinión de la CUSG, las autoridades
- públicas cometen
- actos de arbitrariedad contra los derechos humanos y la libertad
- de
- sindicación al no inscribir a los sindicatos, al permitir que se
- despida a los
- miembros de los comités de empresa que desean fundar nuevos
- sindicatos, al no
- dar a los trabajadores el apoyo oficial necesario para la
- ejecución de los
- acuerdos celebrados y al favorecer el desarrollo del
- "solidarismo".
295. En cambio, respecto de la primera queja relativa a las
- demoras de los
- trámites de inscripción de los sindicatos en el Ministerio de
- Trabajo y
- Previsión Social, declara el Gobierno que si bien es verdad que
- desde 1979 a
1985 los gobiernos autoritarios que se sucedieron en el poder
- inscribían muy
- lentamente a los sindicatos, habiéndose registrado únicamente
39 inscripciones
- en el período mencionado, desde el retorno a la democracia en
1985, se
- inscribieron 94 sindicatos, de los cuales 59 desde el mes de
- octubre de 1987.
- El Gobierno afirma asimismo que ha disminuido
- considerablemente el promedio de
- días para la inscripción de un sindicato, y reconoce que el
- Código de Trabajo
- actualmente vigente contiene una serie de normas que no
- agilizan el trámite de
- inscripción de los sindicatos; anuncia que se tomarán medidas
- de carácter
- legislativo para solucionar este problema.
296. A este respecto, el Comité confía en que, de conformidad
- con las
- garantías que ha dado el Gobierno en su respuesta, la
- reestructuración de la
- legislación vigente permitirá adoptar disposiciones que se
- ajusten a lo
- dispuesto en los artículos 2, 3 y 7 del Convenio sobre la libertad
- sindical y
- la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), que
- Guatemala ha
- ratificado. El Comité insiste sobre todo en la importancia que
- concede al
- principio según el cual la adquisición de la personalidad jurídica
- por las
- organizaciones de trabajadores no puede estar sujeta a
- condiciones que limiten
- la aplicación de las garantías establecidas en el Convenio,
- especialmente el
- derecho de los trabajadores de constituir las organizaciones que
- estimen
- convenientes sin autorización previa y sin injerencia de las
- autoridades
- públicas.
297. Respecto de la queja relativa al despido de algunos de
- los miembros del
- comité de empresa que estaban tratando de crear un sindicato,
- el Comité
- observa que los alegatos de la CUSG relativos a los actos
- cometidos por la
- municipalidad de San Antonio Suchitepíquez no son muy claros,
- si bien, según
- se desprende de la queja, fueron despedidos unos trabajadores
- que trataban de
- fundar un sindicato de empleados municipales y éstos se
- presentaron ante los
- tribunales para reclamar por la ilegalidad de su despido. El
- Gobierno no ha
- refutado este alegato, habiendo reconocido incluso que los
- interesados
- plantearon el caso ante los tribunales de trabajo, pero se
- ampara en la
- separación de los poderes ejecutivo y judicial para concluir que
- no tiene
- competencia alguna en esta materia.
298. Cada vez que el Comité ha debido conocer en materia de
- medidas
- antisindicales contra trabajadores que trataban de formar un
- sindicato, ha
- reiterado en cada oportunidad que uno de los principios
- fundamentales de la
- libertad sindical es que los trabajadores deben beneficiar de una
- protección
- adecuada contra todos los actos discriminatorios que puedan
- vulnerar la
- libertad sindical en materia de empleo - despido, transferencia,
- pasaje a una
- categoría o grado inferior y demás actos perjudiciales -, y que
- esta
- protección es especialmente necesaria para los fundadores de
- los sindicatos,
- puesto que, para poder cumplir con estas funciones con total
- independencia,
- deben tener la garantía de que no sufrirán perjuicio alguno en
- razón del
- mandato sindical al que aspiran o que ya ejercitan. En opinión
- del Comité, los
- fundadores de sindicatos necesitan la garantía de esta
- protección para
- asegurar el respeto del principio fundamental según el cual los
- trabajadores,
- sin ninguna distinción, tienen el derecho de constituir las
- organizaciones que
- estimen convenientes (véase 254. informe, caso núm. 1396
- (Haití), párr. 389).
299. En el presente caso, el Comité subraya que al ratificar el
- Convenio
- núm. 87, el Gobierno se comprometió libremente a garantizar a
- todos los
- trabajadores, incluidos los empleados municipales, el derecho
- de constituir
- las organizaciones que estimen convenientes para promover y
- defender sus
- intereses profesionales, económicos y sociales. Por
- consiguiente, el Comité
- pide al Gobierno que le indique: 1) si los trabajadores
- despedidos de la
- municipalidad de San Antonio Suchitepíquez por haber querido
- fundar un
- sindicato fueron reintegrados a sus puestos de trabajo y, 2) si
- estos
- trabajadores querellantes habían podido constituir el sindicato
- que estimaban
- conveniente, según el deseo por ellos mismos expresado.
300. En cuanto a la queja relativa al hecho de que el Gobierno
- no
- contribuiría con el apoyo que necesitan los trabajadores para
- obtener el
- cumplimiento de los acuerdos celebrados y más especialmente,
- en el caso de la
- fábrica LUNAFIL S.A., sobre los atentados contra el derecho de
- huelga
- resultantes del conflicto de trabajo que afectó a dicha fábrica, el
- Comité
- lamenta observar que, según el recorte de prensa enviado por
- la CUSG y cuyo
- contenido el Gobierno no ha desmentido, en un primer momento
- elementos del
- pelotón antimotines penetraron en el interior de la fábrica para
- evacuar por
- la fuerza a los 39 trabajadores que allí se habían reunido para
- defender
- pacíficamente su trabajo y su libertad sindical, a raíz de lo cual
- hirieron a
- un sindicalista y detuvieron a otros dos.
301. Al estudiar los casos de este tipo que se le han
- presentado en el
- pasado, el Comité ha considerado, por lo general, que el recurso
- a las fuerzas
- de seguridad no es contrario al respeto de la libertad sindical
- cuando los
- hechos prueban que esta intervención se ha limitado al
- mantenimiento del orden
- público y no ha menoscabado el ejercicio legítimo del derecho
- de huelga. En
- cambio, el Comité ha considerado en todos los casos que el
- empleo de la fuerza
- militar para quebrantar una huelga es un atentado contra los
- derechos
- sindicales. (Véase, sobre todo, 230. informe, caso núm. 1187,
- párr. 674
- (República Islámica del Irán) y 234. informe, caso núm. 1227,
- párr. 312
- (India)). El Comité sostiene la idea de que los gobiernos
- deberían dar
- instrucciones estrictas e iniciar procedimientos disciplinarios
- eficaces en
- los casos en que la dispersión de los trabajadores por las
- fuerzas policiales
- provoca heridos graves; a su juicio, detener huelguistas es una
- medida que
- comporta graves peligros para la libertad sindical.
302. Asimismo, el Comité observa con interés que el Gobierno
- ha propuesto
- ser el mediador en el conflicto que se suscitó en la fábrica
- LUNAFIL S.A., y
- que, a raíz de un acuerdo celebrado bajo los auspicios del
- Ministerio de
- Asuntos Especiales, la empresa aceptó la reintegración de 24
- de las personas
- que empleaba anteriormente y cuyos nombres fueron
- suministrados por el comité
- ejecutivo del sindicato, y que las partes se pusieron de acuerdo
- en examinar
- conjuntamente un proyecto de pacto colectivo y en no recurrir a
- ninguna medida
- de carácter judicial. Siendo esta la situación e insistiendo en la
- importancia
- que concede a los principios enunciados en el párrafo anterior,
- el Comité
- considera que no procede seguir examinando esta cuestión.
303. Respecto al alegato relativo al desarrollo del
- "solidarismo",
- movimiento que según la Confederación querellante el Gobierno
- estaría
- favoreciendo, el Comité toma nota de que el Gobierno niega
- esta imputación,
- así como de las indicaciones que suministra según las cuales el
- Ministerio de
- Trabajo y Previsión Social ha decidido no inscribir a grupos de
- trabajadores
- que se asocien con el objetivo de constituir una "agrupación
- solidarista". No
- obstante, explica el Gobierno, el derecho de libre asociación
- está garantizado
- en la Constitución y quienes desean constituir asociaciones de
- este tipo deben
- enviar su solicitud al Ministerio de Gobernación.
304. A juicio del Comité, es conveniente señalar que, en
- materia de
- desarrollo del "solidarismo", en 1985 ya había dejado bien en
- claro, al tratar
- un proyecto de ley tendiente a fortalecer las "asociaciones de
- solidaridad"
- (del "movimiento solidarista") y que, en opinión de los
- querellantes, son
- asociaciones que cuentan con el apoyo de los empleadores y
- paralelas al
- movimiento sindical, que la reglamentación relativa a las
- "asociaciones
- solidaristas" debería respetar las actividades de los sindicatos
- garantizadas
- en el Convenio núm. 98. (Véase, caso núm. 1304 en el 240.
- informe, párr. 94
- (Costa Rica)).
305. En el presente caso, el Comité señala a la atención del
- Gobierno el
- artículo 2 del Convenio sobre el derecho de sindicación y de
- negociación
- colectiva, 1949 (núm. 98), cuyo texto dispone que las
- organizaciones de
- trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada
- protección contra todo
- acto de injerencia de unas respecto de las otras y que se
- consideran actos de
- injerencia las medidas que tienden a fomentar la constitución de
- organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o
- una organización
- de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma,
- organizaciones
- de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones
- bajo el control de
- un empleador o de una organización de empleadores. Además,
- en el Convenio
- sobre los representantes de los trabajadores, 1971 (núm. 135), y
- en el
- Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 (núm. 154),
- también figuran
- disposiciones expresas para garantizar que cuando en una
- misma empresa existan
- sindicatos y representantes elegidos por los trabajadores, se
- adopten medidas
- apropiadas para garantizar que la existencia de representantes
- electos no se
- utilice en menoscabo de la posición de los sindicatos
- interesados.

Recomendación del Comité

306. En vista de las conclusiones que preceden, el Comité
- invita al Consejo
- de Administración a que apruebe las recomendaciones
- siguientes:
  - a) El Comité observa con interés que, contrariamente a lo que
- había ocurri
- en el pasado, en el caso actual el Gobierno ha colaborado con
- el procedimiento
- enviando rápidamente sus observaciones e informaciones en
- respuesta a los
- alegatos que presentó la Confederación querellante en junio de
1988.
- b) Respecto de la queja presentada por la Confederación
  - querellante sobre la
  - demora en los trámites de inscripción de los sindicatos, el Comité
  - observa que
  - en los hechos y según informa el Gobierno, desde el retorno a la
  - democracia se
  - han inscrito muchos sindicatos y han disminuido los plazos de
  - inscripción. No
  - obstante, el Comité invita al Gobierno a conferir mayor
  - flexibilidad a su
  - legislación - el propio Gobierno ya había manifestado su
  - intención en este
  - sentido - a fin de eliminar los obstáculos a la adquisición de la
  - personalidad
  - jurídica de los sindicatos.
- c) El Comité señala a la atención de la Comisión de Expertos
  - en Aplicación
  - de Convenios y Recomendaciones este aspecto del caso, en
  - relación con la
  - aplicación del Convenio núm. 87.
- d) En cuanto a las medidas antisindicales que afectan a los
  - trabajadores
  - que tratan de fundar un sindicato de empleados municipales, el
  - Comité reitera
  - que en aplicación del artículo 2 del Convenio núm. 87 que
  - Guatemala ha
  - ratificado, los trabajadores, incluidos los trabajadores
  - municipales, deben
  - tener el derecho de constituir las organizaciones que estimen
  - convenientes
  - para defender sus intereses profesionales. Por consiguiente, el
  - Comité pide al
  - Gobierno que le informe si los trabajadores de la municipalidad
  - de San Antonio
  - Suchitepíquez, despedidos por haber querido fundar un
  - sindicato, fueron
  - reintegrados a sus puestos de trabajo como consecuencia de la
  - reclamación que
  - habían presentado ante los tribunales y si el sindicato de
  - trabajadores de
  - dicha municipalidad obtuvo la personalidad jurídica.
- e) Por lo que se refiere al conflicto que se desarrolló en la
  - fábrica
  - LUNAFIL S.A., y a raíz del cual un huelguista resultó herido y
  - otros dos
  - fueron detenidos, el Comité reitera la importancia que concede
  - al principio
  - según el cual la huelga pacífica es uno de los medios
  - indispensables de que
  - deben poder disponer los trabajadores para defender sus
  - intereses económicos y
  - sociales.
- f) Por consiguiente, con respecto a las heridas que infligieron
  - a un
  - trabajador huelguista las fuerzas de seguridad encargadas de
  - desalojar a los
- 39 huelguistas que ocupaban los locales de la fábrica, y que,
  - según los
  - querellantes, defendían pacíficamente su trabajo y su libertad
  - de sindicación,
  - el Comité reitera que los gobiernos deberían dar instrucciones
  - estrictas e
  - iniciar procedimientos disciplinarios eficaces en los casos en
  - que la
  - dispersión de los trabajadores por las fuerzas policiales
  - provoque heridas
  - graves.
- g) Respecto de la detención de dos huelguistas durante este
  - conflicto
  - laboral, el Comité subraya que las detenciones de este tipo
  - pueden entrañar
  - graves riesgos de abuso para la libertad sindical.
- h) No obstante, el Comité observa con interés que el conflicto
  - laboral
  - ocurrido en la fábrica LUNAFIL S.A. pudo resolverse gracias a
  - la mediación de
  - las autoridades públicas y considera que ya no hay razón para
  - seguir
  - examinando este aspecto del caso, sin dejar por ello de insistir
  - en la
  - importancia de los principios enunciados en los apartados
  - anteriores.
- i) En cuanto a los alegatos relativos al "solidarismo", el Comité
  - recuerda
  - la importancia que presta a que, de conformidad con el artículo
- 2 del Convenio
  - núm. 98, se garantice la protección contra los actos de
  - injerencia de los
  - empleadores tendientes a fomentar la constitución de
  - organizaciones de
  - trabajadores dominadas por un empleador.