Rapport intérimaire - Rapport No. 259, Novembre 1988

Cas no 1465 (Colombie) - Date de la plainte: 28-JUIN -88 - Clos

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INTRODUCTION
Caso núm. 1429
B. B. Conclusiones del Comité
Recomendación del Comité
ANEXO I

589. La queja correspondiente al caso núm. 1429 fue presentada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de Olivetti Colombiana S.A.
- por comunicación de 20 de octubre de 1987. El Gobierno respondió por comunicaciones de 11 de noviembre de 1987 y 9 de septiembre
de 1988.
590. Las quejas correspondientes al caso núm. 1434 fueron presentadas por las
- siguientes organizaciones: Central Unitaria de Trabajadores de
- Colombia (CUT)
(18 de febrero, 10 de marzo, 8 y 29 de abril, 13 de mayo, 29 de
- junio y 2 de
- agosto de 1988), Confederación Internacional de
- Organizaciones Sindicales
- Libres (CIOSL) (29 de febrero, 14 de abril, 4 y 30 de mayo, 11 de
- agosto y 6
- de septiembre de 1988), Confederación Mundial de
- Organizaciones de
- profesionales de la Enseñanza (CMOPE) (18 de abril y 24 de
- agosto de 1988) y
- Federación Sindical Mundial (FSM) (27 de abril, 4 de mayo y 26
- de julio de
1988). El Gobierno respondió por comunicaciones de 15 de
- marzo, 12 y 13 de
- abril, 3, 10 y 27 de mayo, 1, 8, 9 y 14 de junio, y 9 de septiembre
y 20 de
- octubre de 1988.
591. La queja correspondiente al caso núm. 1436 fue
- presentada por el
- Sindicato de Trabajadores Ferroviarios por comunicaciones de
10 de febrero y 8
- de marzo de 1988. El Gobierno responió por comunicaciones de
3 de mayo y 29 de
- junio de 1988.
592. La queja correspondiente al caso núm. 1457 fue
- presentada por la Unión
- Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines por
- comunicación de
14 de junio de 1988. Esta organización presentó informaciones
- complementarias
- por comunicación de julio de 1988. El Gobierno respondió por
- comunicaciones de
5 de julio y 9 de septiembre de 1988.
593. La queja correspondiente al caso núm. 1465 fue
- presentada por el
- Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios por
- comunicación de 28 de
- junio de 1988. El Gobierno envió sus observaciones al respecto
- en una
- comunicación recibida en la OIT en septiembre de 1988 y en
- una comunicación
- fechada el 9 de septiembre de 1988.
594. A petición de la CUT, el Director General de la OIT se
- dirigió al
- Gobierno de Colombia con objeto de que se realizara una misión
- de la OIT en
- Colombia para examinar los alegatos. El Gobierno aceptó dicha
- misión por
- comunicación de 16 de junio de 1988, cuyo objetivo sería
- examinar los alegatos
- en instancia ante el Comité de Libertad Sindical y ciertos
- aspectos de la
- legislación en materia de relaciones profesionales.
595. La mencionada misión fue llevada a cabo del 31 de
- agosto al 7 de
- septiembre de 1988 por el Sr. Philippe Cahier, profesor del
- Instituto de Altos
- Estudios Internacionales (Ginebra), acompañado del Sr. Alberto
- Odero, miembro
- del Servicio de Libertad Sindical, en lo relativo a las quejas ante
- el Comité
- de Libertad Sindical. El Sr. Emilio Morgado, Jefe de la Oficina de
- la OIT en
- Costa Rica se ocupó de las cuestiones relativas a la legislación
- en materia de
- relaciones profesionales. El informe de misión del profesor Cahier
- figura en
- el anexo II al final del presente informe.
596. La misión se entrevistó con el Ministro de Trabajo y
- Seguridad Social,
- Excmo. Sr. Juan Martín Caicedo Ferrer, con el Ministro de
- Justicia, Excmo. Sr.
- Guillermo plazas Alcid, con el presidente del Consejo de Estado,
- con el
- procurador General de la Nación, con el Consejero presidencial
- para los
- Derechos Humanos, con varios magistrados de la Corte
- Suprema, con autoridades
- y altos funcionarios de varios ministerios, y con representantes
- de
- organizaciones de empleadores y trabajadores.
597. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad
- sindical y la
- protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87), y el
- Convenio sobre el
- derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm.
98). Colombia no
- ha ratificado el Convenio sobre los representantes de los
- trabajadores, 1971
- (núm. 135).
598. El Comité desea agradecer al profesor Philippe Cahier que
- haya aceptado
- llevar a cabo la misión de contactos directos, así como su
- detallado informe
- sobre el caso, que ha permitido el examen del mismo por parte
- del Comité. El
- Comité estima que el informe del representante del Director
- General muestra la
- utilidad de las misiones de este tipo en el esclarecimiento de las
- cuestiones
- planteadas en los alegatos de las organizaciones querellantes.

Caso núm. 1429

Alegatos del querellante
599. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Olivetti
Colombiana S.A. alega
en su comunicación de 20 de octubre de 1987 que la empresa
de la industria
informática Olivetti Colombiana S.A. ha venido realizando una
persecución
sindical con el fin de acabar con la organización sindical,
propósito éste que
ha sido declarado públicamente por el representante legal de la
empresa. Así
pues, entre enero de 1982 y agosto de 1987, por medio de
despidos, compra de
renuncias, etc., la empresa ha pasado de 252 a 85 trabajadores
y, en los
últimos 60 días, el número de afiliados al sindicato ha disminuido
de 62 a 35,
cuando la legislación colombiana exige 25 trabajadores
afiliados para la
existencia de un sindicato.
600. De manera particular la organización querellante alega los
siguientes
hechos:
- Olivetti Colombiana S.A. ha sido sancionada en los últimos
24 meses en
seis oportunidades, mediante multas, conminaciones, etc., por
violación al
contrato colectivo y desconocimiento de las normas laborales
de Colombia;
además, Olivetti Colombiana S.A. enfrenta en este momento tres
investigaciones
de carácter administrativo laboral: dos por violación al contrato
colectivo
con sus trabajadores y uno por persecución sindical.
- El representante legal de Olivetti, junto con el encargado de
las
relaciones con los trabajadores, obligaron a renunciar a todos
los
trabajadores del Departamento Comercial, que eran
sindicalizados, a cambio de
grandes sumas de dinero, para ingresar personal temporal con la
condición de
no afiliarse al sindicato; las personas mencionadas pagan las
renuncias al
sindicato a razón de US$1 200 y ya lo han logrado hacer con
seis trabajadores
afiliados, acompañando la oferta con la amenaza del despido en
caso de no
aceptación.
- Olivetti Colombiana S.A. sometió a tortura sicológica a tres
trabajadores
sindicalizados y con más de 25 años de servicio ininterrumpidos
a la firma,
con métodos como desmejoramiento degradante en sus labores
y finalmente con la
suspensión de toda actividad laboral, pero con la obligación de
hacer
presencia física en la planta, obligando al tratamiento siquiátrico
de uno de
ellos y su posterior retiro de la empresa en una conciliación
desesperada y
desventajosa para el trabajador.
- Olivetti Colombiana S.A. llama permanentemente a los
directivos
sindicales para sobornar su conciencia, mediante ofrecimientos
económicos y
ascensos laborales, con el propósito de desmoralizar a los
demás compañeros.
Respuesta del Gobierno
601. El Gobierno declara en su comunicación de 11 de
noviembre de 1987 que
los despidos de trabajadores son materia que compete conocer
a la justicia
ordinaria laboral, sea cual sea la causa de ellos y recaigan o no
sobre
personal sindicalizado. Los trabajadores despedidos que estén
sindicalizados
tienen derecho a iniciar la acción de reintegro ante la citada
jurisdicción y
el mismo será ordenado por ésta si encuentra probado que se
produjo sin el
permiso previo del juez laboral. El trabajador no sindicalizado
que sea
despedido injustamente tiene derecho a la acción de
indemnización de
perjuicios. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha
actuado de
conformidad con las facultades que le asigna la ley al sancionar
con multas y
conminaciones a la empresa por incumplimiento de las normas
legales y
convencionales. Conviene destacar que a esta entidad, como
autoridad
administrativa, no le está permitido adoptar medidas distintas
frente al
incumplimiento de las normas por parte de los particulares. La
existencia de
los procesos laborales contra 01ivetti Colombiana S.A. no es, en
modo alguno,
causal de sanción por parte de la autoridad administrativa, sino
la clara
demostración del derecho que ampara a los trabajadores de
acudir ante los
jueces cuando consideren que sus derechos han sido
vulnerados. El Gobierno
declara asimismo que la conciliación y las investigaciones que
se adelantan
actualmente contra la compañía constituyen mecanismos de
solución de
conflictos entre empleadores y trabajadores, que tienen lugar
ante la
autoridad administrativa laboral y que buscan el acuerdo entre
las partes, con
fuerza obligatoria, sobre puntos en controversia sin necesidad
de someter al
juez las diferencias.
602. El Gobierno añade que la obligación impuesta a un
trabajador para que
renuncie, los sobornos para que se desafilie del sindicato, el
desmejoramiento
en las condiciones de trabajo como método para forzar el retiro
de los
trabajadores, entre otros, constituyen conductas ilícitas y
punibles. El
artículo 290 del Código penal establece que quien, mediante
violencia o
maniobra engañosa, logre el retiro de operarios o trabajadores
de los
establecimientos donde laboran o, por los mismos medios,
perturbe o impida el
libre ejercicio de la actividad de cualquier persona, incurrirá en
arresto de
seis meses a tres años y en multa de 2 000 a 20 000 pesos. A
su vez, el
artículo 292 del mismo Código dispone que quien impida o
perturbe una reunión
lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes
laborales o tome
represalia con motivo de huelga, reunión o asociación legitimas,
incurrirá en
arresto de uno a cinco años y multa de 1 000 a 50 000 pesos.
Las conductas
señaladas por los querellantes en los numerales que se
comentan tipifican
claros delitos contra los derechos de trabajo y asociación de
conformidad con
el Estatuto penal y es deber de las personas naturales y
jurídicas afectadas
ponerlos en conocimiento de los jueces competentes. Mal
pueden pretender los
trabajadores que un organismo de la rama ejecutiva del poder
público, como es
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se pronuncie sobre
la comisión de
un ilícito penal y menos aún que imponga una sanción privativa
de la libertad
a los responsables, ya que ello es competencia exclusiva de la
jurisdicción
penal.
603. por último, el Gobierno considera necesario que la OIT
obtenga de la
organización querellante los nombres, cargos, fechas y motivos
de despido de
los ciento sesenta y siete trabajadores cuya desvinculación
entre 1982 y 1987
ha conducido a que la empresa cuente con ochenta y cinco
empleados de los
doscientos cincuenta y dos que tenía; también es preciso que
suministre la
identidad y los cargos de todos los trabajadores del
Departamento Comercial
que fueron obligados a renunciar, los mismos datos de los seis
trabajadores
que presuntamente con sobornos se desafiliaron del sindicato,
de los tres
trabajadores "torturados sicológicamente" y de los veintisiete
afiliados cuyo
retiro de la organización sindical ha reducido de sesenta y dos a
treinta y
cinco el número de miembros. (La OIT se dirigió a la
organización querellante
con objeto de que facilitara precisiones sobre los mencionados
puntos pero no
se recibió respuesta alguna.)
604. En una comunicación posterior de fecha 8 de febrero de
1988, el Gobierno
declara que la investigación sobre la presunta persecución
sindical por parte
de 0livetti Colombiana S.A. contra el Sindicato de Trabajadores
de la misma
fue iniciada por la Inspección de Trabajo con base en el
memorial radicado el
16 de septiembre de 1987 suscrito por el secretario general de
la organización
sindical, ordenándose dos días después la citación del
presidente del
sindicato el 25 de septiembre de 1987 para que ratificara los
hechos
denunciados, pero éste no acudió a dicha citación.
Posteriormente, por auto
del 2 de octubre, fue comisionado el inspector competente para
que continuara
con la investigación y él citó nuevamente al representante legal
del sindicato
para el 28 del mes indicado, pero tampoco cumplió la citación.
Sin embargo, el
inspector del trabajo, en aplicación del principio de celeridad en
las
actuaciones administrativas consagrado por el Código
Contencioso-Administrativo, citó otra vez al presidente del
sindicato para el
23 de noviembre de 1987, pero tampoco se hizo presente. El
Gobierno subraya
que la inasistencia del directivo sindical a las reiteradas
citaciones
formuladas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las
cuales son
indispensables para el buen resultado de la investigación, es
clara
demostración de la falta de interés por que la autoridad
administrativa logre
cumplir adecuadamente su función de protección a los
trabajadores y también
confirma la forma temeraria e inexacta con que, frecuentemente,
las
organizaciones que los agrupan hacen uso del derecho de
presentar quejas ante
la OIT.
605. por último, el Gobierno señala que estima necesario que el
Sindicato de
Trabajadores de Olivetti Colombiana S.A. explique por qué no
ha cooperado con
las autoridades para que se establezca la realidad de la
supuesta persecución
sindical y que demuestre, para evitar que ésta de ser cierta
quede impune, la
veracidad de sus acusaciones. (Véase también el informe de
misión.)
Caso núm. 1434
Alegatos relativos a asesinatos de dirigentes sindicales y
sindicalistas
606. La Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres
(CIOSL) alega en su comunicación de 29 de febrero de 1988
que está constatando
con alarma un aumento increible de la violencia en Colombia
que ha afectado en
un alto porcentaje a dirigentes sindicales y líderes campesinos
muertos en el
transcurso de los dos últimos años, por el solo hecho de
defender los
legítimos derechos sindicales y los intereses de los trabajadores.
A ello se
suman múltiples atentados y asesinatos que se registran casi a
diario lo que
hasta ahora han dejado como resultado miles de personas
muertas, demostrando
así que Colombia vive un clima de violencia aguda. La
impunidad con que en
Colombia se violan los derechos humanos y con ello los
derechos sindicales, es
producto no sólo de una demostrable ineficiencia de los
aparatos policiales y
judiciales sino también de una historia de desigualdades
económicas y
sociales, de accesos diferenciales a los bienes materiales y de
obstáculos a
la realización de los col ombianos, ya no exclusivamente como
ciudadanos, sino
como simples miembros de una sociedad. Los últimos gobiernos
de Colombia han
concentrado su atención en la violencia política y en el
narcotráfico,
mientras que han mirado con cierta indiferencia el crecimiento
alarmante de
las otras modalidades de violencia que, en su conjunto, generan
un porcentaje
mucho mayor de víctimas y están afectando profundamente la
vida diaria de los
colombianos. Junto a estas formas difusas y entremezclándose
frecuentemente
con ellas, existen formas altamente organizadas del crimen. Se
trata en este
caso, de organizaciones vinculadas a actividades que movilizan
considerables
volúmenes de capital (explotación de esmeraldas, narcotráfico)
o, lo que
representa un peligro aún mayor para la democracia, de
organizaciones
claramente vinculadas a propósito de control social y político.
De sus
entrañas ha surgido un personaje siniestro: el sicario, entrenado,
pagado y
protegido por fuerzas a veces innombrables. Los actos de
violencia en Colombia
se atribuyen de manera general a diversos grupos paramilitares
como a sicarios
vinculados con los narcotraficantes, la guerrilla izquierdista y
criminales
comunes. La característica común de todos estos grupos es
que operan con
aparente impunidad. En el mes de octubre pasado, el Ministro
de Gobernación
hizo pública una lista de 138 grupos paramilitares activos en el
país; pero,
el Gobierno parece incapaz de identificar y desmantelarlos.
607. Aunque la violencia colombiana se muestra,
cuantitativamente hablando,
como un fenómeno muy alarmante, más del 90 por ciento de sus
víctimas no han
de considerarse de naturaleza política ya que no provienen de
la confrontación
del Estado actual con grupos e individuos que buscan
sustituirlo. Son,
esencialmente, las víctimas de una violencia originada en las
desigualdades
sociales, muchas veces en situaciones de pobreza absoluta
que se expresa en
formás extremas de resolver los conflictos que en otras
circunstancias
tomarían vías muy diferentes. Sin embargo, debe quedar claro
que paralelamente
a la baja intensidad de los enfrentamientos entre los ciudadanos
y el Estado,
se registra otro inquietante fenómeno: el desbordamiento de la
violencia
contra amnistiados, contra los que han entrado en una fase de
incorporación a
la vida democrática y, en el último año especialmente, contra
simples
militantes sindicales y políticos que dentro de los contextos
institucionales
luchan por la toma del poder o por el favor de las
organizaciones de masas que
vienen siendo sometidos a una sistemática y selectiva campaña
de exterminio.
La oposición responsabiliza directamente a las fuerzas militares
de ser los
principales responsables de la violencia política en Colombia y
los acusa de
auspiciar a los grupos paramilitares que han dado muerte a la
mayoría de sus
militantes y dirigentes en los últimos años. por su parte, el
Gobierno niega
la existencia de una política de represión sistemátíca contra la
oposición
política aunque algunos funcionarios han dicho públicamente
que elementos
militares estarían vinculados a los grupos paramilitares, pero, a
título
personal. No se han efectuado investigaciones serias en cuanto
a estas
posibles vinculaciones. Sin embargo, grupos de derechos
humanos dentro y fuera
de Colombia, organizaciones sindicales, sociales y políticas
citan diversos
hechos que parecerían indicar responsabilidad oficial en la ola
de violencia
que azota el país. Estos incluyen, entre otros, el uso de armas
militares o
vehículos sin matriculación que habrían sido vistos
estacionados en recintos
militares o policiales. La guerra sucia en Colombia ha tenido
como resultado
miles de personas asesinadas y un clima de inseguridad, temor y
confusión
entre la población en general.
608. Además, prosigue la CIOSL, el sistema de justicia en
Colombia no
funciona. Debido en gran medida a la actuación de los
pistoleros al servicio
de los narcotraficantes que en los últimos tres años han matado
a un ministro
de justicia, cerca de 50 jueces y más de una decena de
periodistas que se
atrevieron a desafiar el poder de los cabecillas del 11amado
Cartel de
Medellín, se ha destruido eficazmente el sistema de
administración de justicia
que ahora parece incapaz de enfrentarse a grupos organizados
paramilitares y
criminales. Innumerables denuncias dan cuenta del estado de
inseguridad
permanente en que vive la población en general y los dirigentes
sindicales en
particular. Este clima de constante peligro se agrava aún más
con la aparición
de varios "listados negros" durante el año pasado. La última de
ellas contiene
los nombres de 370 personas, incluyendo a varios dirigentes
sindicales. por lo
menos dos de las personas que figuraban en estas listas, Jaime
pardo Leal y
Híctor Abad, de la Comisión de Derechos Humanos han sido ya
asesinados.
609. La CIOSL destaca la íntima relación que existe entre la
posibilidad de
hacer efectiva la realización de los derechos humanos y
sindicales y la lucha
contra la violencia en sus diversas manifestaciones. La
violencia impide hoy
en Colombia, la realización de los derechos humanos y
sindicales, comenzando
por el fundamental: el derecho a la vida.
610. La CIOSL indica que el movimiento sindical colombiano ha
sido afectado
directamente. En 1987, sólo entre dirigentes sindicales y
sindicalistas, han
sido asesinadas 74 personas. Cabe destacar que ésta es sólo
una cifra parcial
que la CIOSL ha recogido de diferentes informaciones
comprobadas.
611. En Colombia, añade la CIOSL, hay signos preocupantes
que indican cómo
dentro de algunas secciones del Estado hay complicidad con
los atropellos a
los derechos humanos y sindicales e incluso, sectores más o
menos organizados
dentro de sus instituciones utilizan el escudo estatal para
cometer delitos
como torturas, desapariciones forzadas y asesinatos para
mencionar sólo los
más graves. Esta conducta es inadmisible, ya que el Estado no
puede luchar
contra el delito delictivamente o no puede reivindicar un
derecho, como el
derecho a la vida, cuando algunos de sus funcionarios no lo
respetan,
amparados por la institución. La CIOSL estima que es el
Gobierno colombiano el
que debe poner todo el empeño y voluntad para aclarar las
desapariciones
forzadas, para identificar a los responsables de los asesinatos y
juzgarlos,
para garantizar la vida de los ciudadanos, cambiar las leyes por
otras que
permitan una real y verdadera protección de todos los derechos
humanos y
sindicales. Es el Gobierno que debe exigir justicia contra los
grupos
privilegiados que, so pretexto de defender los intereses más
mezquinos
promueven la violencia. En general, la actitud del Gobierno de
Colombia sobre
el conjunto de los derechos humanos y sindicales resulta
definitiva para la
construcción de una nación más democrática y menos violenta.
La situación
existente en Colombia compromete gravemente la libertad del
movimiento
sindical en su conjunto.
612. La CMOPE subraya que varios grupos paramilitares
operan en Colombia,
haciendo insegura la vida de profesores y sindicalistas. El
ejército en
Colombia parece estar implicado en los asesinatos y amenazas
de muerte. Un
"reglamento de combate de contraguerrillas" de 9 de abril de
1969, artículo
184, propone la creación de "comités de autodefensa". El
artículo 185 define
esos comités como "una organización militar compuesta de
personas civiles
seleccionadas en la zona en que tenga lugar una lucha. Estas
personas son
entrenadas y equipadas para actuar contra grupos de guerrilla
que amenacen la
zona; o a actuar en coordinación con las unidades militares,
implicadas en la
lucha". Algunos de los asesinatos han sido ejecutados por
personas en
uniforme. Como la autoridades colombianas no parecen ser
capaces de garantizar
la protección, cierto número de profesores se ha visto obligado
a abandonar
sus hogares y refugiarse en la capital.
613. La CUT, la CIOSL, la CMOPE y la FSM han informado de
los siguientes
asesinatos:
AÑO 1986
- JOSE ELI PAEZ, trabajador de la finca Villanueva, afiliado al
Sindicato de
Trabajadores Agrícolas de Antioquéa SINTAGRO, asesinado
en 1986.
- FRANCISCO ANTONIO JIMENEZ, trabajador de la finca
Villanueva, afiliado al
Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Antioquia SINTAGRO,
masacrado el 27 de
febrero de 1986.
- MARIO TABORDA, masacrado el 27 de febrero de 1986,
también trabajador de la
finca Villanueva y afiliado a SINTAGRO.
- VICTOR HERNANDEZ, celador al servicio de la Federación
de Trabajadores del
Quindio FETRAQUIN, asesinado el 26 de marzo de 1986 en
Armenia (Quindio).
- WALTER ROLDAN, asesinado el 27 de marzo de 1986 en el
corregimiento El Tres
municipio de Turbo, luego de haber sido sacado de su casa por
paramilitares,
afiliado al Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Antioquia
SINTAGRO.
- JULIO CESAR SANTACRUZ, profesor afiliado a la Asociación
de Institutores de
Antioquia ADIDA, y SIMEON RAMIREZ, trabajador de la finca
La Suerte y afiliado
a SINTAGRO.
- AURELIO DE JESUS ORTIZ, asesinado el 13 de abril de
1986 en Apartadó
(Antioquia), afiliado al Sindicato Nacional de la Industria del
Banano
SINTRABANANO.
- RUBEN PINEDA, presidente de SINTRAAGRARIOS,
asesinado el 20 de abril de
1986 por grupos paramilitares en Apartadó (Antioquia).
- PEDRO LEON PINEDA, directivo del Sindicato Nacional de la
Industria Frutera
SINALTRAFRUIT y trabajador de la Compañía Exportadora de
Banano PROBAN,
asesinado el 23 de abril de 1986 en Zungo, municipio de
Apartadó (Antioquia)
ocho días antes había sido detenido por la policía nacional en
el mismo lugar
y amenazado de muerte.
- CARLOS JULIO ORTIZ, profesor afiliado a la Asociación de
Institutores del
Huila ADIH, fue asesinado en Palermo (Huila) el 16 de abril de
1986.
- GABRIEL HOLGUIN OLAVE, dirigente de SINTRABANANO,
desaparecido el 7 de mayo
de 1986 en Mutata (Antioquia).
- SAUL VILLADA, miembro de la Comisión Obrero-Patronal de
SINTAGRO, asesinado
el 28 de junio de 1986 en Currulao (Antioquia).
- BALDOMERO MOSQUERA, afiliado a SINTAGRO, asesinado
por paramilitares el 2
de julio de 1986.
- LUIS ENRIQUE ESPANA, LUIS FELIPE MURILLO, LUIS
CARLOS TORRES, asesinados
por paramilitares el día 14 de julio de 1986 en la finca Malí del
municipio de
Apartadó, afiliados a SINTAGRO.
- JOSUE EDUARDO FUEMAYOR, educador afiliado al
Sindicato de Maestros de
Nariño SIMANA, asesinado el 7 de septiembre de 1986 en
Mocoa (Putumayo).
- JOSE LELEALDO HERRERA CANO, presidente del Sindicato
de Trabajadores de
Cementos Argos, asesinado en Itagüí (Antioquia) el 20 de
septiembre de 1986.
- GUSTAVO MAYA CARVAJAL, presidente de la Subdirectiva
del Sindicato Nacional
de Telecomunicaciones SITTELECOM, asesinado en
Valledupar (Cesar) el 20 de
septiembre de 1986.
- OSCAR DARIO TORRES, empleado de SINTAGRO,
asesinado el 7 de noviembre de
1986, en Apartadó (Antioquia).
- JOSE MARIA IMBET ARRIETA, fiscal del Sindicato de
Jornaleros de Antioquia,
asesinado en Apartadó el 11 de noviembre de 1986.
- MARIO CORREZ, trabajador bananero afiliado a SINTAGRO,
asesinado en
Apartadó (Antioquia) el 11 de noviembre de 1986.
- INES ARRIETA, fiscal del Sindicato de Jornaleros de
Antioquia
SINDEJORNALEROS, asesinada el 2 de diciembre de 1986 en
Apartadó (Antioquia).
- JULIO CESAR URIBE, presidente de Sintra Cementos Nare,
ejecutivo de la
Federación Nacional de Trabajadores del Cemento
FENALTRACONCEM filial de la
CUT y dirigente de la Unión patriótica, asesinado por sicarios en
puerto
Boyacá (Cundinamarca) el 8 de diciembre de 1986.
- TOBIAS TORRES, trabajador bananero afiliado a
SINTAGRO, asesinado el 10 de
diciembre de 1986.
AÑO 1987
- JAIRO ANTONIO CHAMORRO ROMERO, dirigente
campesino de la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, asesinado por dos
sicarios en el
municipio de Corozal Sucre el 13 de enero de 1987.
- RICARDO EMILIO CORREA, trabajador bananero, asesinado
por sicarios en
Apartadó el 28 de enero de 1987, pertenecía a SINTAGRO.
- PEDRO HERNANDEZ, fiscal del resguardo indígena de San
Andrés de Sotavento
(Córdoba) detenido por agentes de la policía y el terrateniente
JULIAN
CUMPLIDO, torturado y luego asesinado en enero de 1987.
- FREDI TAPIAS, trabajador de "Inversiones del Darien"
afiliado a SINTAGRO,
torturado y asesinado en Apartadó (Antioquia) el 16 de febrero
de 1987.
- RANULFO SERRANO Y ADALBERTO GONZALEZ,
trabajadores bananeros afiliados a
SINTAGRO, asesinados por paramilitares en presencia de sus
esposas e hijos el
16 de febrero de 1987.
- OSCAR EXTREMOR, dirigente campesino, asesinado en la
vereda Catía municipio
de Turbo (Antioquia) el 16 de febrero de 1987.
- OVIDIO CANO PEÑATE, dirigente de SINTRABANANO-CUT,
asesinado en la finca
Praga del municipio de Apartadó (Antioquia) el 26 de febrero de
1987.
- OBDULIO PALACIOS, presidente de SINDEJORNALERO,
acribillado en Chigorodó
(Antioquia) el 28 de febrero de 1987.
- JOSE HERNAN USUGA, presidente de SINTRAGRICOLA
(Sindicato de Trabajadores
Agrícolas y directivo nacional de la Confederación de
Trabajadores de Colombia
CTC), asesinado en Turbo Antioquia el 7 de marzo de 1987
luego de hacer
denuncias contra el Batallón Voltígeros.
- JESUS ANTONIO MOLINA, directivo del Sindicato Unico de
los Trabajadores de
la Industria de la Construcción y el Cemento SUTIMAC,
asesinado el 9 de marzo
en Puerto Nare (Antioquéa) por sicarios.
- NEMESIO CORDOBA SALAS, PASCUAL ACOSTA PEREZ Y
GERARDO DIAZ, trabajadores
bananeros afiliados a SINTAGRO, asesinados en Turbo
(Antioquia) el 11 de marzo
de 1987.
- FIDEL ANTONIO PICO, asesinado el 14 de marzo, trabajador
bananero afiliado
a SINTAGRO.
- ESTEBAN AGUASLIMPIAS PEREA y FABIO DE JESUS
LONDOÑO GARCIA, socios de
SINTAGROCUT, asesinados el 14 de marzo de 1987.
- SAMUEL VALDEZ RIOS, presidente del Sindicato de
Pequeños y Medianos
Agricultores de Plato (Magdalena), torturado y asesinado en
Plato el 1 de
abril de 1987.
- MARIO ACORO CUERO, dirigente del Sindicato de
Trabajadores Agrícolas
(SINTAGRO), fue asesinado a machetazos el 22 de mayo de
1987 Por varios
desconocidos en la finca donde trabajaba.
- ELADIO RENTERIA y GILDARDO MENA, asesinados en
Apartadó el 3 de junio de
1987 por paramilitares.
- ANTONIO FERNANDEZ, PEDRO EZEQUIEL GIL y JUAN
ANTONIO LOPEZ, trabajadores
agrarios asesinados en Turbo (Antioquia) el 13 de junio de 1987.
- DARIO GARRIDO RUIZ, profesor de la Asociación de
Institutores de Antioquia,
asesinado en Urrá (Antioquia) el 3 de julio de 1987.
- NARCISO MOSQUERA SANCHEZ, dirigente de SINTAGRO,
asesinado por sicarios en
Medellín (Antioquia), el 4 de julio de 1987 cuando hacía parte
de la Comisión
Negociadora de SINTAGRO.
- ESTEBAN FERNANDEZ, trabajador bananero, afiliado a
SINTRABANANO, fue
asesinado el 6 de junio de 1987 en Apartadó (Antioquia).
- FRANCISCO ANTONIO PALACIO, afiliado a SINTAGRO
asesinado el 16 de julio de
1987 en Apartadó (Antioquia).
- EUCLIDES GARZON, exdirigente de la Unión Sindical Obrera
(USO). Fue
asesinado en Barrancabermeja por sicarios, el 16 de julio de
1987.
- BERNARDO GARCIA, JAIME BLANDON y LUIS GUZMAN,
dirigentes del Sindicato
Nacional de la Industria del Gas (SINDEGAS) fueron asesinados
por
paramilitares cuando laboraban en la distribución de gas cerca a
Barrancabermeja (Santander).
- ARAN GONZALEZ, dirigente de SINTRABANANO, asesinado
en Apartadó (Antioquéa)
el 18 de julio de 1987.
- ALBERTO COGUELLO, expresidente de SINTAGRO,
asesinado en la finca "La
Negra" de Apartadó el 19 de julio de 1987.
- HAROLD JIMENEZ, dirigente de SINTRABANANO,
asesinado por paramilitares el
19 de julio en Turbo (Antioquéa).
- HERNANDO DE JESUS SANGUINO YACOME, profesor
afiliado a la Asociación de
Institutores de Norte de Santander ASINORT, asesinado el 23
de julio de 1987
al salir del colegio donde laboraba por sicarios pertenecientes al
grupo
paramilitar Sociedad de Amigos de Ocaña.
- IGNACIO BEDOYA, asesinado el 8 de agosto de 1987 en su
puesto de trabajo,
en la seccional Caracolí (canteras), por elementos paramilitares.
- CARLOS LOPEZ BEDOYA, profesor asesinado el 3 de agosto
de 1987 en Medellín.
- JESUS HERNANDO RESTREPO, profesor asesinado el 4 de
agosto de 1987 en
Medellín.
- PEDRO LUIS VALENCIA G. , profesor asesinado el 14 de
agosto de 1987 en
Medellín.
- REYNALDO ALZATE, profesor asesinado el 18 de agosto en
Acevedo (Huila).
- LEONARDO BETANCUR, profesor asesinado el 25 de agosto
de 1987 en Medellín.
- ALEJANDRO JOSE GOMEZ, trabajador bananero afiliado a
SINTAGRO, asesinado el
25 de agosto de 1987 en Urabá.
- LUIS FELIPE VELEZ HERRERA, abogado, profesor,
presidente de la Asociación
de Institutores de Antioquéa ARIDA y miembro de la dirección
regional de la
Central Unitaria de Trabajadores,integrante del Frente Popular;
asesinado por
sicarios a las 7 a.m. del 25 de agosto de 1987, cuando
ingresaba a la sede
sindical, había sido detenido en la 4.a Brigada y varías veces
fue amenazado
de muerte.
- HECTOR ABAD GOMEZ, prestigioso médico colombiano,
profesor de la
Universidad de Antioquéa, presidente del Comité de Derechos
Humanos de
Antioquia ampliamente conocido por las Organizaciones
Internacionales de
derechos humanos por sus valerosas denuncias en torno a la
violación de los
derechos humanos en Colombia, liberal de profundas ideas
democráticas,
afiliado a la Asociación de Institutores de Antioquéa ADIDA,
asesinado
vilmente por sicarios en la sede sindical cuando asistía al velorio
de LUIS
FELlPE VELEZ en las horas de la tarde del 25 de agosto de
1987.
- LUIS OVIDIO ESTRADA BETANCOURT, directivo del
Sindicato Unico de
Trabajadores de la Educación del Valle SUTEV, asesinado en
presencia de sus
familiares en la noche del 30 de agosto de 1987 en Toro (Valle).
- MARCIANO BERRIO, empleado de SINTAGRO, asesinado el
3 de septiembre de 1987
en Apartadó.
- FULTON GARCES, directivo de SINTRABANANO, asesinado
el 6 de septiembre de
1987 en Urabá (Antioquia).
- JOSE FIDEL MANJARRES, profesor afiliado al Sindicato
Unico de Trabajadores
de la Educación del Guaviare SUTEG, asesinado en San José
del Guaviare el 8 de
septiembre de 1987 de 1987.
- WILLIAN ALFONSO CARENA, secretario general de
ASOCHOCOL (Asociación de
Choferes Colombianos), asesinado en Bogotá el 9 de septiembre
de 1987.
- MARCO TULIO VILLA, dirigente de la Asociación de
Empleados de la
Universidad Nacional de Medellín, torturado delante de su
familia y
posteriormente asesinado por un grupo paramilitar de 18
hombres en la noche
del 9 de septiembre de 1987.
- AROLINO HERNANDEZ DE LA ROSA, 26 años. Dirigente
sindical en las fincas
bananeras de Urabá. Fue asesinado por desconocidos que le
hicieron varios
disparos, el 13 de septiembre. Fue atacado cerca de su
residencia en un sector
rural del municipio de Apartadó y falleció cuando era trasladado
para recibir
atención médica.
- DORA TORRES, educadora afiliada al Sindicato de
Educadores de Santander
"SES", asesinada en Rionegro Santander el 18 de septiembre
de 1987.
- GILBERTO CHAVERRA ROBLEDO, dirigente del Sindicato
de Trabajadores
Bananeros. Fue asesinado el 20 de septiembre de 1987 por
hombres no
identificados en una hacienda de la región de Apartadó.
Departamento de
Antioquia. Dos trabajadores que lo acompañaban resultaron
heridos por los
atacantes.
- EUCLIDES MONTES NEGRETE, profesor directivo de la
Subdirectiva de la
Asociación de Maestros de Córdoba ADEMACOR en el
municipio de Tierra Alta
(Córdoba), asesinado el 24 de septiembre de 1987 por un grupo
de sicarios.
- JOSE URIEL RAMIREZ MILLAN, afiliado al SUTEV
(Sindicato Unico de
Trabajadores del Valle), asesinado en la Victoria (Valle) por
sicarios el 25
de septiembre de 1987.
- DOMITILA SIGUA GUANAY, profesora asesinada el 27 de
septiembre de 1987 en
Támara (Casanare).
- JUAN PAULINO LOPEZ MENA, secretario general del
Sindicato de Trabajadores
Agrícolas de Antioquia SINTAGRO, destacado dirigente
sindical, dirigente del
Frente popular, asesinado por sicarios en la noche del 30 de
septiembre en
Apartadó.
- ALBERTO ANGULO, presidente de SINTRABANANO y
concejal de la UP en Apartadó,
destacado dirigente en Apartadó, asesinado en la noche del 29
de septiembre de
1987.
- JOSE ALDEMAR GONZALEZ, integrante de la Comisión
Negociadora de
SINTRABANANO, asesinado en Apartadó en la noche del 29
de septiembre de 1987.
- PABLO EMILIO MADRIGAL CORDOBA, ejecutivo de la
Federación Nacional de
Trabajadores de la Construcción y el Cemento
PENALTRACONCEM, asesinado en
puerto Nare (Antioquia) el 30 de septiembre por paramilitares.
- ALFONSO MIGUEL LOZANO, trabajador cementero directivo
de SINTRACOLCARBUROS,
asesinado en la Sierra (Antioquia) en octubre de 1987.
- JOSE ARISTIDES GIRON, afiliado a SINTRABANANO,
asesinado en Urabá en
octubre de 1987.
- JESUS CORDOBA QUINTERO, de 37 años de edad, fue
abaleado el 25 de octubre
por hombres no identificados en la zona de Urabá. Era dirigente
del Sindicato
de Trabajadores Bananeros.
- MIGUEL DURAN SARMIENTO, dirigente de la Asociación de
Maestros de Córdoba.
Fue acribillado por cuatro individuos, el 7 de diciembre en el
interior de su
vivienda en el municipio de Puerto Escondido.
- RODRIGO GUZMAN MARTINEZ, vicepresidente de la
Asociación Nacional de
Médicos Internos y Residentes ANIR (Seccional Antioquia),
integrante del
Frente popular, asesinado por sicarios en su consultorio en
Medellín en
octubre de 1987.
- CARLOS ALFREDO VANEGAS OSSA, profesor en el
municipio de Girardota,
(Antioquia), asesinado por dos sicarios dentro de un bus urbano
cuando viajaba
de Medellín al sitio de trabajo en octubre de 1987. Afiliado a la
Asociación
de Institutores de Antioquia ADIDA.
- ALFONSO LOAIZA y GUSTAVO CALLEJAS, fueron
asesinados en 16 de noviembre de
1987 a las 10 a.m., socios del Sindicato Unico de Trabajadores
de la Industria
de Materiales de Construcción SUTIMAC, Seccional Caracolí,
al servicio de la
empresa Cementos del Nare a escasos 20 pasos del puesto de
policía de La
Sierra.
- JOSE GABRIEL CUADROS, secretario general de
SINTRAIME, asesinado el 3 de
diciembre a las 12 a.m. , cuando ingresaba a las instalaciones
de la empresa
FURESA S.A., en Medellín.
- ARGEMIRO COLORADO, secretario general del Sindicato de
Trabajadores de
Maderas de la Ceja (Antioquia), asesinado el 4 de diciembre de
1987, a las 8
p.m. , en la sede sindical.
- ANGEL MANUEL GUTIERREZ RODRIGUEZ, presidente del
Sindicato de la Industria
del automóvil en Duitama, obrero de Sofasa-Renault
ASINTRAUTO, quien murió el
26 de diciembre de 1987, luego de ser detenido y golpeado por
la policía el 16
de diciembre de 1987.
AÑO 1988
- GILDARDO GONZALEZ, fue víctima de un atentado el 3 de
enero de 1988, por
elementos paramilitares, trabajador de la Compañía Colombiana
de Carburo
COLCARBURO, socio del Sindicato, el cual recibió tres
impactos de bala.
- OVIDIO ASSIA, exdirectivo de la Asociación de profesores de
Sucre "ADES".
Asesinado el 8 de enero de 1988 en el municipio de Corozal,
departamento de
Sucre.
- MANUEL GUSTAVO CHACON SAMIENTO, dirigente sindical
de la USO, asesinado el
15 de enero de 1988, en Barrancabermeja.
- ARGEMIRO CORREA, vicepresidente de SINTAGRO,
vicepresidente de FENSUAGRO
asesinado el viernes 15 de enero de 1988, a las 7 p.m., cuando
se encontraba
en el restaurante del hotel Buena Vista en Apartadó (Antioquia).
- AUGUSTO GUERRERO MARQUEZ, artista, presidente de la
Asociación de Músicos
de Santander, secuestrado el lunes 8 de enero apareció muerto
en Bucaramanga
el 19 de enero de 1988 con brutales muestras de tortura.
- ARTURO SALAZAR, dirigente sindical de la Empresa
Cementos Nare fue
secuestrado por elementos paramilitares en puerto
Nare-Antioquia, y apareció
muerto el 19 de enero de 1988.
- HECTOR JULIO MEJIA, tesorero de SUTIMAC-Seccional
puerto Nare, fue víctima
de un cruel atentado y se encuentra en grave estado de salud.
- DARIO GOMEZ, trabajador de la empresa Cementos del Nare
y miembro de
SUTIMAC, desaparecido el 19 de enero de 1988 en horas de la
mañana, cuando
navegaba en aguas del río Nare. pocos días después apareció
en aguas del río
Magdalena su cadáver.
- JESUS EMILIO MONSALVE, trabajador de la empresa
Cementos del Nare y
afiliado a SUTIMAC, desaparecido el 24 de enero de 1988,
encontrándose días
después su cadáver en el río Nare con huellas de tortura.
- ANIBAL DIAZ, activista del Sindicato de Educadores del
Guaviare, muerto el
25 de enero de 1988.
- HUBER ANIBAL CABEZAS, activista del Sindicato de
Educadores del Guaviare,
muerto a manos de sicarios cuando ingresaba a la Escuela
Rural donde laboraba,
el 1 de febrero de 1988.
- BERNARDO ARBELAEZ, director de la Concentración de
Desarrollo Rural de San
José de Guaviare, acribillado, cuando regresaba de los
funerales del compañero
asesinado, el 2 de febrero de 1988.
- JULIO ALBERTO MARTINEZ FAURO, profesor del municipio
de Arauca,
departamento de Arauca, afiliado a ASEDAR, asesinado el 2 de
febrero de 1988.
- JUAN de JESUS GRISALES, trabajador de la empresa y socio
de SUTIMAC, fue
asesinado el 3 de febrero de 1988, estando en el salón cultural
del campamento
de la empresa Cementos del Nare.
- HECTOR JULIO MEJIA, dirigente del Sindicato Unico de
Trabajadores de la
Industria de Materiales de Construcción SUTIMAC, Seccional
del Nare y
trabajador de la misma empresa, recibió siete impactos de bala,
cuatro en el
cuerpo y tres en la cabeza el 8 de febrero de 1988, cuando se
dirigía de su
casa al trabajo. El atentado criminal, según la información
obtenida, fue
cometido por cuatro elementos paramilitares quienes utilizaron
dos motos de
alto cilindraje.
- OMAR OCHOA, IVAN DARIO MOLINA, GUILLERMO LEON
VALENCIA, JOSE BLANCO, JULIAN
CARRILLO, MANUEL COGOLLO ESPITIA, GUIDO
GONZALES MARTINEZ, BIENVENIDO GONZALEZ
MARTINEZ, PEDRO GONZALEZ MARTINEZ, ENRIQUE
GUISADO MIRANDA, RITO MARTINEZ
REYES, GILBERTO MENESES PINEDA, JOAQUIN
MENDOZA, JOSE MENA SANCHEZ, SANTIAGO
ORTIZ, RODRIGO GUZMAN, MANUEL DURANGO, ALIRIO
ROJAS, JOSE PINEDA, NATANAEL
ROJAS, NESTOR MARINO GALVlS y ABEL MENESES,
asesinados en la carretera
Turbo-Medellín (fincas Honduras y la Negra) después de
obligárseles a bajar de
un bus. Miembros activos del Sindicato de Trabajadores
Agrarios, "SINTAGRO",
asesinados bárbara y violentamente, a altas horas de la noche,
del 4 de marzo
de 1988, vale decir que fueron despertados y sacados a rastras
en presencia de
todos sus familiares para proceder a masacrarlos.
- ROGELIO RIOS, asesinado el 9 de marzo de 1988, en
Apartadó, afiliado a
SINTAGRO.
- VALENTIN VASCO CAMARGO, presidente de ANUC,
asesinado en Serrito,
Santander.
- JOSE ANTONIO BOHORQUEZ, directivo de la Asociación de
Empleados de la
Universidad industrial de Santander, asesinado el 16 de marzo
de 1988.
- El 3 de abril de 1988, un grupo paramilitar asesinó a 28
campesinos e hirió
a más de 20 personas. Los hechos ocurrieron en la vereda "La
Mejor Esquina"
del municipio de Buena Vista, departamento de Córdoba. Esta
es una zona
altamente militarizada en la que con toda facilidad se desplazan
grupos
paramilitares dotados de armamentos y vehículos modernos
asesinando
indiscriminadamente a la población civil indefensa, sin que hasta
ahora las
autoridades respectivas adopten ninguna medida contra estos
criminales. Los
campesinos asesinados son los siguientes: JUAN SAEZ
MARTINEZ; TOMAS BERRIO
WILCHES; DONALDO BENITEZ BENITEZ; DIONISIO
BENITEZ BENITEZ; LUIS SIERRA; FREDY
MARTINEZ; TOMAS RIVERO AGUIRRE; JOSE GUEVARA;
PEDRO PABLO MARQUEZ BENITEZ;
CARLOS MARQUEZ BENITEZ; OSCAR SIERRA MERCADO;
DOMINGO SALAS; CARMEN BARRAGAN;
JAIME PATERNINA; IVAN ACEVEDO; RAMON NISPERUZA;
ROGELIO MEJIA MEDRANO;
MATENCIO SAENZ; SILVERIO SAENZ; SILVIO PEREZ
PEREZ; SILVIO MELENDEZ; JUAN
RUIZ; CLETO MARTINEZ; MARCOS MARTINEZ; un
campesino de apellido BERTEL y otro
de apellido ENZU. Se desconocen los nombres de otros
campesinos asesinados.
- ROBINSON GIRALDO, afiliado a SINTAGRO asesinado el 4
de abril de 1988.
- El 9 de abril de 1988, un grupo de sicarios a sueldo lanzó
granadas e hizo
uso de armas de fuego contra los participantes de una
celebración organizada
por el sindicato INDUPALMA, afiliado a la CUT. Esta agresión
dejó un balance
de dos sindicalistas muertos - JOSE FRANCISCO POLO
VILLALOBOS y HUMBERTO
MARTINEZ GUALDERON -, resultando gravemente heridos
Arcesio Pinzón Jimínez,
Isabel Vargas de Coruela, María Esther Ponzón Libardo, Vargas
López, Fílix
María Pérez, Larrota Híctor Pinzón, Jairo Pérez Piracon, David
Darío Gómez,
José Arley Bedoya y Antonio Hoyos Hernández.
- El 11 de abril, un grupo paramilitar destruyó las casas de
varias familias
campesinas y raptó a 23 trabajadores, miembros de la
Cooperativa Agrícola
Aruba Coouhisa. Más tarde se encontraron en la Vereda
Coquitos los cuerpos de
José Durango Zapata, Manuel González, Tutizo Leonardo
Palacio, Román Pablo,
Emilio Mazo Murillo, Orlando Ballesteros, Martínez, Calixto
Antonio Gonzáles,
Turizo Ludas, Hernández Madariaga y Manuel Martínez. El 13
de abril, se
encontraron también los cuerpos de Herminio Ballesteros, Never
López,
Edilberto Avila, Calixto Herrera, Hernando Segura, Gilberto
Quintero Tirso,
Noí Garavíto, Mario Anaya, Domingo Delgado Francisco,
Heisen Torres, Mildiades
Hurtado así como el cuerpo de dos niños.
- OSWALDO TEHERAN, dirigente nacional de la organización
indígena ONIC,
asesinado el 16 de abril de 1988 en el municipio Tuchín
(Córdoba).
- AUGUSTO MUÑOZ CASTRILLON, presidente de la
subdirectiva de SINTRACANAZULOL,
seccional de Virginia, asesinado el 21 de abril de 1988 en el
municipio de
Cartago, departamento El Valle.
- MATIAS BARRANZA, fiscal del Sindicato de Pequeños
Agricultores, asesinado
el 24 de abril en la vereda Tamarindo Atlántico.
- HERNANDO COLON HERNANDEZ, RAFAEL DUQUE
PEREZ, ambos sindicalistas
maestros, asesinados el 27 de abril de 1988 en la ciudad de
Montería,
departamento de Córdoba.
- OVIDIO BERMUDEZ, dirigente del Sindicato de Trabajadores
del Seguro Social,
asesinado el 2 de mayo de 1988 por sicarios en Santander,
Quilichao,
departamento del Cauca.
- JUAN DIEGO ARANGO MORALES, dirigente de
SINTRAFOFASA RENAULT, seccional de
Envigado (Antioquia), asesinado el 5 de mayo de 1988 por
grupos paramilitares.
- CAMILO RENTERIA, miembro de la comisión obreropatronal
de la Finca San
Antonio (Envigado, Antioquia), asesinado el 12 de mayo de
1988.
- RAMON RESTREPO, OSCAR RESTREPO y GUILLERNO
OSORIO, miembros del Sindicato
de Trabajadores de Empresas Públicas de Medellín, asesinados
el 26 de junio de
1988.
- FRANCISCO TRIVINO, dirigente del Sindicato de
Trabajadores de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia, asesinado por grupos
paramilitares.
Desaparecido el 28 de mayo de 1988, su cuerpo fue
encontrado sin vida el 8 de
junio en las cercanías del cementerio Santander de
Quilichao-Canca.
- CESAR GENARO SERPA, EDISON GARCIA, FELIX
BOHORQUEZ, sindicalistas de
SINTAGRO (seccional de SACASARA) fueron secuestrados y
asesinados el 14 de
julio de 1988 por una banda paramilitar; asimismo dicha banda
saqueó la sede
del sindicato.
- GERARDO JEREZ QUIROGA, tesorero de
SINTRAEMPOSAN (Barrancabermeja),
desaparecido el día 12 y encontrado muerto con señales de
tortura (rostro
quemado con ácido, sin uñas y amarrado con alambre de púas),
el día 15 de
julio.
- LUIS ANTONIO MARTINEZ DUARTE, testigo del asesinato
de Hamet Consuegra y
JUAN JOSE HERNANDEZ DUEÑAS de 37 años de edad,
trabajadores de ECOPETROL y
activistas de la U.S.O. , asesinados por sicarios el día 28 de
julio.
- HAMET CONSUEGRA LLORENTE, ex vicepresidente de la
U.S.O. , asesinado por
agentes del F-2, en Barrancabermeja (Santander), el 26 de
mayo.
- ALIRIO ZARAZA MARTINEZ, abogado y asesor laboral,
asesinado por sicarios en
moto, en Bucaramanga (Santander), el 29 de julio.
- MELBA AMARILES HERNANDEZ, asesinada a tiros frente al
liceo de bachillerato
León de Greiff en Medellín (Antioquia). Era dirigente de la
Asociación de
Institutores de Antioquia, ARIDA, el día 29 de julio.
- RICARDO RIOS SERANO, activista de SINTRAELECOL
seccional Bucaramanga,
asesinado por sicarios frente a los predios de la empresa
Electrificadora de
Santander S.A. en Bucaramanga (Santander), en las horas de la
noche del día 26
de agosto.
- LEON CARDONA ISAZA, presidente del Sindicato Unico de
Trabajadores de la
Industria de Materiales de Construcción, hacía parte del comité
ejecutivo de
la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la
Construcción,
Cemento, Madera y Materiales de Construcción; SERGIO
OSPINA, miembro de la
comisión de reclamos del Sindicato Unico de Trabajadores de la
Industria de
Materiales de Construcción, seccional del Nare (Antioquia),
quien se encuentra
gravemente herido y WILLIAM ARBOLEDA, conductor del taxi
donde se
transportaban los compañeros del aeropuerto Olaya Herrera al
centro de la
ciudad de Medellín (Antioquia), hecho ocurrido el 30 de agosto.
614. En una comunicación de 24 de agosto de 1988, la
CMOPE alega los
siguientes asesinatos de dirigentes y sindicalistas del sector
docente,
ocurridos en 1988.
- CARLOS TELLEZ, profesor del colegio Camilo Torres de
Bucaramanga,
departamento de Santander, afiliado a la Asociación de
Educadores de Santander
"SES", asesinado el 22 de febrero en la ciudad de Cúcuta.
- JAIRO SAJONERO GOMEZ, profesor del colegio Camilo
Torres, municipio de
Barrancabermeja, departamento de Santander, afiliado a la
Asociación de
Educadores de Santander "SES", asesinado el 26 de febrero
en la misma ciudad.
- BALANCA ISMELIA MORENO, profesora de la
concentración escolar del
corregimiento India Medía del municipio de puerto parra,
departamento de
Santander, afiliada a la Asociación de Educadores de
Santander "SES",
asesinada el 4 de marzo.
- ALFONSO KUJAVANTE, profesor catedrático de la
Universidad de Córdoba,
departamento de Córdoba, afiliado a la Asociación Sindical de
Profesores
Universitarios "ASPU", asesinado el 15 de marzo.
- BENIGNO AGUALIMPIA IBARGUEN, director de la
concentración "Agustín Nieto
Caballero" de Betoyes, jurisdicción de Tame, intendencia
Arauca, afiliado a la
Asociación de Educadores de Arauca "ASEDAR", asesinado el
22 de marzo.
- TOMAS BERRIO WILCHES, director de la escuela de la
vereda La Mejor
Esquina, del municipio Buenavista, en el departamento de
Córdoba, afiliado a
la Asociación de Maestros de Córdoba "ADEMACOR",
asesinado el 3 de abril.
- GUILLERMO OCHOA, ex tesorero de la Asociación
Colombiana de Profesores de
Enseñanza Secundaria "ACPES", profesor del Instituto Superior
de Medellín,
desaparecido el 21 de abril y encontrado muerto el 25 de abril
en el municipio
de Caldas, departamento de Antioquéa.
- JOSE OCTAVIO BUITRAGO IBAÑEZ, profesor de la escuela
liceo León de Greiff
de Bogotá, D.E. , afiliado a la Asociación Distrital de
Educadores "ARE",
asesinado de varios disparos en la espalda el día 25 de abril
cuando se
encontraba en una cafetería.
- JULIO C. GUTIERREZ, profesor del municipio de Bolívar,
departamento del
Valle, afiliado al Sindicato Unico de los Trabajadores de la
Educación del
Valle "SUTEV".
- MANUEL SALVADOR RAMIREZ, profesor del municipio de
Doradal, afiliado a la
Asociación de Institutores de Antioquia "ALIDA", asesinado el
20 de mayo. Fue
obligado a bajarse del bus.
- LUIS GREGORIO TORRES MORA, profesor del Colegio
Cooperativo del municipio
El Retín, corregimiento de Aracataca, departamento del
Magdalena, afiliado al
Sindicato de Educadores del Magdalena "EDUMAG",
secuestrado el 29 de mayo por
cinco hombres fuertemente armados, apareció asesinado el 30
de mayo cerca del
municipio de Fundación.
- HECTOR JULIO ORTlZ, vicepresidente del Sindicato de
Educadores de Caldas
"EDUCAL", asesinado el 8 de junio.
- EFRAIN PENA REYES, profesor del Externado Nacional
Camilo Torres, cayó en
poder de plagiarios el 13 de diciembre de 1987 en el sector de
Río Dulce, tres
kilómetros abajo de la población de Sasaima, departamento de
Cundinamarca,
afiliado a la Asociación Distrital de Educadores "ARE".
615. Las organizaciones querellantes se refieren también a
numerosos
asesinatos y muertes de trabajadores sin indicar la afiliación
sindical de los
mismos o su participación en actividades sindicales.
Respuesta del Gobierno
616. El Gobierno declara que al igual que las organizaciones
querellantes se
encuentra consternado por el incremento de la violencia en el
país en los
últimos tiempos y realiza todas las acciones para combatirla y
para garantizar
la paz a los ciudadanos. Desafortunadamente Colombia
atraviesa una etapa muy
difícil de su desarrollo social y de su proceso histórico, en la que
actúan
grupos subversivos de izquierda marginados voluntariamente de
la participación
política que sí están realizando movimientos de esa ideología
como la Unión
Patriótica y, como rechazo a aquéllos, han surgido
agrupaciones de extrema
derecha que pretenden administrar justicia por mano propia
sembrando el terror
entre la población. Tales agrupaciones funcionan en el absoluto
anonimato y en
la clandestinidad, contratan delincuentes comunes que cumplen
las tareas
delictivas y, aunque el Gobierno ha intensificado la acción
policíaca y ha
creado estímulos para que los particulares, con total protección,
denuncien
los delitos e identifiquen a los autores, ha sido imposible suprimir
a unas y
otras. La violencia por parte del narcotráfico está íntimamente
ligada con la
de los grupos de derecha, ya que ambos han estimulado
económicamente a la
delincuencia común, que ve en su vinculación con ellos una
fuente de
enriquecimiento fácil, a costa de la vida y la tranquilidad de
personas
inocentes. Es evidente que la acción del Estado debe dirigirse
contra todos
los focos de violencia y que es su obligación moral,
constitucional y legal la
de luchar contra todos porque todos están alterando la vida del
país y porque
no pueden considerarse menos peligrosos unos que otros. La
desigualdad social
constituye motivo prioritario de interés para el Gobierno y es por
ello que su
plan de desarrollo tiene como objetivo fundamental erradicar la
pobreza
absoluta, para lo cual trabajan no únicamente la Consejería
presidencial
creada al efecto, sino todos los organismos gubernamentales.
Naturalmente es
una meta que no se alcanza de manera instantánea, pero es un
proceso del cual
pueden esperarse resultados en un mediano plazo. Es
indispensable hacer
especial ínfasis en que las fuerzas militares de la República no
tienen
responsabilidad alguna en la situación de violencia que
lamentablemente vive
el país. El ejército y la policía colombianos son ejemplo de
respeto por la
civilidad y la democracia y numerosísimos de sus miembros
también han sido
víctimas de la acción de los violentos en la historia del país.
Son muchos los
soldados, agentes, suboficiales y oficiales que han muerto por
defender las
instituciones. Por ello es inadmisible que se los acuse de
fomentar o de
causar la violencia que enfrenta la nación. El Gobierno indica
que no cesará
un momento en su lucha contra la violencia y en sus esfuerzos
por garantizar a
todos los habitantes la paz y la seguridad.
617. Refiriéndose a la región de Urabá, el Gobierno declara
que, inmensamente
preocupado por la situación demencial de terror que azota a
esta región,
particularmente porque no ha sido posible ubicar el origen
material del mismo
(narcotráfico, guerrilla, extrema derecha o izquierda,
terratenientes, etc.),
adoptó en los últimos días una serie de drásticas medidas que
contribuyan a
solucionar tan delicado problema. El señor presidente de la
República, en
alocución televisada a todo el país el 14 de abril de 1988, cuya
parte
pertinente anexa, anunció las medidas que, en virtud de las
facultades del
estado de sitio vigente, previstas por el artículo 121 de la
Constitución
Nacional, el Consejo de Ministros decidió establecer en la región
de Urabá un
régimen especial. Dicho régimen esencialmente consiste en la
declaratoria de
la región como zona de emergencia y de operaciones militares,
la creación de
una jefatura militar de la misma, que contará con la colaboración
del
Gobernador de Antioquia y de los alcaldes de los municipios de
la región. Se
dota además a dicho oficial de las facultades necesarias para
realizar la
difícil misión de lograr la paz en Urabá. El señor presidente de la
República
también destacó en su alocución que los problemas de la zona
no requieren
únicamente una solución militar, sino que ". . . tienen hondas
raíces sociales
y económicas. por eso hemos creado una Junta, compuesta por
los Ministros de
Gobierno, Justicia, Defensa, Agricultura, Trabajo y el
Gobernador de
Antioquéa, con la función de elaborar propuestas para el plan
de
Rehabilitación Económica y Social del área". Mediante el
decreto núm. 678 fue
creada la Jefatura Militar del Urabá antioqueño, con jurisdicción
en los
municipios de Arboletes, Turbo, Necoclí, Apartadó, Chigorodó,
Mutatá, Murindó,
Vigía del Fuerte, San Juan de Urabá, Carepa, San Pedro de
Urabá y Dabeiba.
Según se indica en el texto de este decreto, el Gobierno funda
su decisión en
la honda consternación que han causado en el país los
recientes genocidios
perpetrados por grupos de antisociales en los municipios de
Turbo y Apartadó,
lo mismo que en el deber que tiene el Gobierno, ante lo crítico
de la
situación, de adoptar las medidas tendientes a restablecer el
orden público y
la paz en esa región convulsionada del país. Inmediatamente
después de la
expedición del mencionado acto fue dictado el decreto núm.
680 del 15 de abril
del presente año, por el cual se nombró como Jefe de la citada
región al
general Fernando Gómez Barros, oficial de reconocida
trayectoria en la labor
de pacificación de zonas como El Valle y el Magdalena Medio.
El general Gómez,
según sus declaraciones, es perfectamente consciente de que,
aunque una mayor
presencia militar en la zona puede contribuir a evitar las
matanzas de
trabajadores, considera que son muy numerosas las causas de
los problemas que
ella padece y que todas deben atacarse desde diferentes
puntos, uno de los
cuales es el incremento de los juzgados que operan en el área,
porque son
insuficientes y las investigaciones no logran los resultados
esperados, no por
incapacidad de los jueces, sino por escasez de los mismos para
estudiar el
cúmulo de procesos que se les asignan. Cabe destacar también
que para combatir
la ola de violencia en Urabá el Gobierno tiene como meta
primordial a corto
plazo la aplicación de la reforma agraria, en lo cual están muy
interesados
los militantes del partido de izquierda Frente Popular, cuyos
miembros han
sido víctimas de aquélla. El día 16 de abril el Gobierno, a travís
del
Ministro de Justicia, anunció medidas complementarias para la
solución del
problema de Urabá, que incluyen el establecimiento de una
oficina seccional
del trabajo, de una del Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria-INCORA, de
diez despachos judiciales penales y de diez juzgados laborales
con sede en
Apartadó. Las máximas autoridades no sólo buscan encontrar y
castigar a los
responsables de las matanzas, sino que tienen especial interés
en mejorar las
condiciones de vida de los habitantes del área, por medio de
planes de reforma
agraria, vivienda, educación y comercialización de productos
agrícolas.
618. Es igualmente importante destacar, prosigue el Gobierno,
la extraña
posición adoptada por la CUT y sus sindicatos bananeros
afiliados frente a las
medidas tomadas por el Gobierno, pues aunque muchas de las
víctimas de la
violencia han sido miembros suyos, no comparten el
fortalecimiento de la
presencia militar en la zona y no se han pronunciado sobre las
demás medidas
de orden económico y social que se proyecta poner en marcha.
La situación en
el área mencionada es bastante grave y las autoridades están
enfrentándola con
mecanismos igualmente efectivos y severos para que retorne a
ella la paz
adoptando todas las medidas necesarias de índole económica,
social y militar
para contrarrestar la ola de violencia que azota al país.
619. En una comunicación posterior, el Gobierno declara que la
difícil
situación por la que atraviesa en la actualidad principalmente la
región de
Urabá y que se ha extendido desafortunadamente a
departamentos antes tan
pacíficos, prósperos y tranquilos como Cesar y Córdoba, no
tiene un origen
fácilmente ubicable y es, por consiguiente, difícil de solucionar
porque las
autoridades no pueden atacar un solo frente, sino que son
muchos, todos ellos
amparados por el miedo que infunden en los pobladores de las
respectivas
regiones, la mayoría campesinos dedicados a la agricultura y la
ganadería.
Dada la complejidad de las quejas presentadas al Comité de
Libertad Sindical,
su tratamiento requiere en particular un estudio profundo porque
su solución
implica la toma de profundas medidas de política económica y
social. El
Gobierno continuará remitiendo a la OIT informaciones acerca
de las diversas
soluciones que adopte para dar a todo el territorio nacional la
garantía de la
paz y de respeto por los derechos de la población a que está
obligado y que
desea lograr. En ese sentido, el Gobierno anexa informaciones
publicadas por
el diario de mayor importancia y circulación en el país, en
relación con el
reconocimiento hecho por la Unión Interparlamentaria Mundial
(UIP) a Colombia
por los esfuerzos realizados en defensa de los derechos
humanos y la
cooperación con Argentina y Perú para combatir el narcotráfico.
El Gobierno
anexa igualmente informes que precisan las medidas adoptadas
para la región de
Urabá, los planteamientos formulados por el jefe militar de ésta
respecto a su
política de apertura, el importante programa de desarrollo
económico y social
para el área anunciado por el Gobernador de Antioquia, las
acciones que se
emprenderán en las zonas de violencia en el marco del plan
Nacional de
Rehabilitación, la vinculación de 23 municipios más a tal plan y
el
trascendental proyecto de protección a los testigos que
colaboren con las
autoridades para evitar la impunidad de los delitos. Este
proyecto
complementará las normas sobre la materia vigentes en la
actualidad. Asimismo,
mediante el decreto núm. 769 el Gobierno creó los cargos de los
cuatro
colaboradores civiles que trabajarán con el jefe militar de Urabá:
delegado
para la reforma agraria, delegado para las relaciones
obreropatronales y la
protección de la dignidad humana, delegado para la
pacificación y el
representante de la Consejería presidencial para la
Reconciliación,
Normalización y Rehabilitación, además de un veedor para los
derechos humanos
y el representante de la Consejería Presidencial para la
Defensa, Protección y
promoción de los Derechos Humanos. El Gobierno espera que
en un plazo
relativamente corto las variadas medidas adoptadas para el
restablecimiento de
la paz en Urabá empiecen a producir resultados que le
devuelvan la prosperidad
que antes tuvo.
620. En relación con los alegatos de la CMOPE, el Gobierno
señala que
evidentemente el país está viviendo una difícil situación de
orden público,
pero también se insiste en que ella afecta por igual a todos los
grupos de la
población (políticos, empresariales, judiciales y laborales) y que
no se trata
en ningún momento de una persecución sindical. La
Constitución Nacional y las
leyes consagran los derechos inalienables de la persona a la
vida, al trabajo,
a la asociación y las autoridades realizan todos los esfuerzos
posibles para
garantizar la efectividad de los mismos. El sector docente ha
sido ciertamente
uno de los más afectados por la acción de los delincuentes
auspiciados por
grupos desconocidos de extrema derecha que buscan combatir
por mano propia a
la guerrilla y a los movimientos de izquierda. Sin embargo, es
inadmisible la
afirmación de que el ejército de la República esté implicado en
asesinatos y
amenazas, porque justamente es él quien ha puesto más
víctimas en la lucha
contra la subversión y en la protección de los derechos de los
ciudadanos. No
se entiende por qué las organizaciones sindicales, que conocen
como todos los
habitantes la situación delicada por la que atraviesa el país y
saben que la
violencia proviene de diversos frentes ya indicados a la OIT en
comunicaciones
precedentes, persisten en acusar a las fuerzas armadas de
delitos que no han
cometido y en hacerlas aparecer como otras que sí pretenden
ejercer el poder y
dominar a los civiles. El decreto de abril de 1969, mencionado
por la CMOPE
en su escrito, fue expedido por el Gobierno en uso de las
facultades del
estado de sitio para combatir en esa época a grupos de
bandoleros que estaban
sembrando el terror entre los campesinos. Los artículos citados
por la
organización querellante no pueden considerarse violatorios de
ningún derecho,
cuando, por el contrario, su propósito era el de permitir a los
grupos civiles
que vivían en zonas de guerrillas ejercer el derecho de legitima
defensa
frente a la agresión injustificada de que eran víctimas. La
colaboración con
las unidades militares es indispensable para que éstas puedan
cumplir con su
deber de protección a los habitantes. Se estima equévoca la
frase "Algunos de
los asesinatos fueron ejecutados por personas en uniforme",
porque pretende
hacer creer de manera tendenciosa que son atribuibles al
ejército y ello no es
así porque toda la opinión pública sabe que la guerrilla utiliza
permanentemente prendas de uso privativo de las fuerzas
armadas y en algunas
regiones el uniforme militar no es distintivo entonces del personal
militar.
621. El Gobierno informa también que la estrategia
gubernamental para
erradicar la violencia opera a travís de cuatro mecanismos de
acción: convocar
a la ciudadanía para reactivar su solidaridad y dinamizar una
cultura de
derechos humanos; la puesta en funcionamiento de una unidad
operativa para la
defensa y promoción de los derechos humanos, coordinada por
la consejería
presidencial; un plan de desarrollo social financiado mediante
inversiones de
finanzas públicas; mejoramiento operativo y financiero de la
administración de
justicia. Asimismo, el señor presidente de la República, doctor
Virgilio Barco
Vargas, a travís de las Consejerías Presidenciales para el
Desarrollo Social,
la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la
Reconciliación y
Normalización está ejecutando una política amplia y armónica
para que las
medidas contra la violencia vayan acompañadas de los
mecanismos para la lucha
contra la pobreza, raíz de muchas situaciones de conflicto. El
Gobierno ha
facilitado otras informaciones que figuran en el informe de
misión. En fin, en
una extensa comunicación del Gobierno fechada el 20 de
octubre de 1988 y
recibida en la OIT un día antes de la reunión del Comité, el
Gobierno facilita
informaciones sobre el inicio o el desarrollo de numerosos
procesos
emprendidos a raíz del asesinato de personas mencionadas en
las quejas (entre
otras, Mario Taborda, Walter Roldán, Rubín Píneda, Gustavo
Maya Carvajal,
Mario Acoro Cuero, Apolino Hernández de la Rosa, Gilberto
Chaverra Robledo,
Jesús Córdoba Quintero, Camilo Rentería, Luis Antonio
Martínez Duarte, Juan
José Hernández Dueñas, Hamet Consuegra Llorente y Alirio
Zaraza Martínez). El
Gobierno señala que informará sobre los recientes alegatos de
asesinatos que
han sido presentados e índica que en la investigación judicial
sobre la muerte
de la profesora Melba Amariles Hernández se ha identificado a
dos delincuentes
comunes conocidos que dispararon contra ella ante su
resistencia a que le
robaran el automóvil.
Alegatos relativos a desapariciones y a ataques a la
integridad física de sindicalistas
622. Las organizaciones querellantes alegan asimismo las
siguientes
desapariciones:
- JAIME CASAS ROJAS, afiliado a ASINORT, desaparecido
en Chitagá (Norte de
Santander) el 22 de marzo de 1986.
- LUIS VILLADIEGO y GABRIEL HOLGUIN, trabajadores
bananeros afiliados al
Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Antioquia SINTAGRO,
desaparecidos en
abril de 1986 en Parabandó (Turbo) Antioquia.
- MARINA ELVIA DIAZ, presidente del Sindicato de
Trabajadores de Grulla,
desaparecida el 31 de enero de 1987 en Itagüí (Antioquia).
- MARCIAL ALONSO GONZALEZ, trabajador de la Empresa
Colombiana de Carburos
(COLCARBUROS), desaparecido en puerto Nare (Antioquia) el
9 de marzo de 1987.
- LUCIO SERRANO LUNA, trabajador de la Compañía de
Cementos Nare y miembro
de SUTIMAC, desaparecido el 30 de marzo de 1987.
- MARLENE MEDINA GOMEZ, educadora, desaparecida en
Lajas, municipio de
Sabana de Torres, el 15 de mayo de 1987.
- LUIS ALBERTO BUILES y ALVARO USUGA, trabajadores
bananeros, desaparecidos
en Mutatá (Antioquia) el 3 de junio de 1987.
- CHRISTIAN ROA, presidente de SINTRAUIS, desaparecido
el 27 de junio de
1988 en Bucaramanga.
623. Las organizaciones querellantes se refieren también a los
siguientes
ataques a la integridad física:
- el 21 de marzo de 1988, en el municipio de puerto Nare,
grupos
paramilitares dispararon contra JESUS ANIBAL PARRA
CASTRILLON, directivo del
Sindicato de Cementos del Nare, encontrándose en grave
estado de salud;
- el 4 de abril de 1988, en Medellín, un grupo paramilitar
disparó contra
ASDRUBAL JIMENEZ VACCA, asesor sindical de SINTAGRO,
encontrándose gravemente
herido;
- el 27 de febrero fue detenido el compañero FRANCISCO
CANTILLO, miembro de
la directiva de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
de Colombia
(ANUC), por miembros de las Fuerzas Armadas. El Sr. Cantillo
fue detenido
junto con 15 campesinos y trasladado a la base militar de El
Bagre. Se
desconocen los cargos; sin embargo, es necesario indicar que
el Sr. Cantillo
no hace ni ha hecho uso de la violencia.
624. Las organizaciones querellantes se refieren también a
otras
desapariciones de trabajadores sin indicar la afiliación sindical
de los
mismos o su participación en actividades sindicales.
Respuesta del Gobierno
625. Las informaciones comunicadas por el Gobierno figuran en
el informe de
misión.
Alegatos relativos a detenciones y
amenazas de sindicalistas
626. Las organizaciones querellantes alegan por otra parte que
el 18 de
febrero de 1987 fue dinamitada la sede de SINTAGRO en
Turbo (Antioquia)
dejando pérdidas por cerca de 17 millones de pesos al
sindicato. Asimismo, las
organizaciones querellantes alegan que durante una marcha
convocada en mayo de
1988 por organizaciones sindicales, políticas, estudiantiles y
cívicas para
reivindicar el derecho a la vida en el Nororiente colombiano
fueron detenidos
por las fuerzas militares, entre otros, Leonardo Chacón, dirigente
de FECODE y
Blanca Vera, dirigente magisterial.
627. La CMOPE envía en anexo asimismo una lista de
centenares de profesores y
dirigentes docentes que han sido amenazados de muerte. El
presidente de la
Federación Colombiana de Educadores, Sr. Abel Rodríguez
Céspedes, ha sido
también amenazado de muerte y sólo puede desplazarse con la
protección de
guardaespaldas.
Respuesta del Gobierno
628. Acerca de los numerosos profesores supuestamente
amenazados, el Gobierno
declara que, aunque pedirá a las autoridades competentes la
respectiva
información, es indispensable para que éstas proporcionen la
protección
requerida que aquéllos hayan formulado las denuncias a que
están obligados
como ciudadanos víctimas de un hecho ilícito. En cuanto al
atentado contra las
oficinas de SINTAGRO el Juzgado Segundo Especializado de
Medellín realiza la
correspondiente investigación. En el informe de misión se
consignan
informaciones adicionales del Gobierno sobre los diferentes
alegatos.
Alegatos relativos a la legislación sindical
629. La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT)
alega en su
comunicación de 18 de febrero de 1988 que durante 1986,
1987 y 1988 se ha
negado la personería jurídica y reformas estatutarias a varios
sindicatos y
congelado fondos sindicales, así como que la Oficina Jurídica
del Ministerio
del Trabajo mantiene la tesis de que las centrales obreras y las
federaciones
sindicales no pueden asesorar a los sindicatos en la mesa de
negociación. La
CUT considera, en lo que respecta a la negativa de la
personería jurídica y de
reformas estatutarias a varios sindicatos, que ciertas
disposiciones de la
legislación violan el Convenio núm. 87. La CUT se refiere de
manera particular
a las disposiciones siguientes del Código del Trabajo:
ORGANIZACION:
ART. 359.- "NUMERO MINIMO DE AFILIADOS.- Todo
sindicato de trabajadores
necesita para constituirse o subsistir un número no inferior a
veinticinco
(25) afiliados; y todo sindicato patronal no menos de cinco (5)
patronos
independientes entre sí."
ART. 362.- "ESTATUTOS.- Los estatutos deben expresar:
1. La denominación del sindicato y su domicilio.
2. Su objeto.
3. Condiciones y restricciones de admisión.
4. Obligación y derecho de los asociados.
5. Número, denominación, periodo y funciones de los
miembros de la
directiva central y de las seccionales en su caso; modo de
integrarlas o
elegirlas, reglamento de sus reuniones y causales y
procedimiento de remoción.
6. Organización de las comisiones reglamentarias y
accidentales.
7. Cuantía y periodicidad de las cuotas ordinarias y su forma
de pago.
8. Procedimiento para decretar y cobrar cuotas
extraordinarias.
9. Sanciones disciplinarias y motivos y procedimiento de
expulsión, con
audiencia, en todo caso, de los inculpados.
10. Epocas de celebración de asambleas generales
ordinarias y de
asambleas de delegatarios, en su caso; reglamento de las
sesiones; quórum;
debates y votaciones.
11. Reglas para la administración de los bienes y fondos
sindicales; para
la expedición y ejecución de los presupuestos y presentación de
balances y
expedición de finiquitos.
12. Normas para la liquidación del sindicato.
13. Las demás prescripciones que se estimen necesarias
para su
funcionamiento."
ART. 369.- "MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS.- Toda
modificación a los
estatutos debe ser aprobada por la asamblea general del
sindicato y remitida
al Ministerio del Trabajo, Departamento Nacional de
Supervigilancia Sindical,
con tres (3) copias del acta de la reunión donde se hagan
constar las reformas
introducidas y firmadas por todos los asistentes. El
Departamento Nacional de
Supervigilancia Sindical emitirá concepto en los quince (15)
días siguientes,
y dentro de un término igual, el Ministerio aprobará u objetará la
reforma
indicando en el segundo caso las razones de orden legal."
ART. 425.- "ESTATUTOS.- El período de las directivas o
comités ejecutivos
reglamentarios y las modalidades de su elección, la integración
de los mismos,
el quórum y la periodicidad de las reuniones ordinarias de las
asambleas, la
vigencia de los presupuestos y los requisitos para la validez de
los gastos se
rigen por las disposiciones de los estatutos federados o
confederales
aprobados por el Ministerio del Trabajo."
ART. 370.- "VALIDEZ DE LA MODIFICACION.- Ninguna
modificación de los
estatutos sindicales tiene validez sin la aprobación del Ministerio
del
Trabajo; una vez aprobada se harán las anotaciones del caso
en los respectivos
expedientes."
PERSONERIA JURIDICA:
ART. 364.- "SOLICITUD.-
1. Para el reconocimiento de la personería jurídica, veinte (20)
de los
fundadores, cuando menos, por sí o mediante apoderado
especial, deben elevar
al Ministerio del Trabajo, por conducto del Departamento
Nacional de
Supervigilancia Sindical, la solicitud correspondiente
acompañándola de los
siguientes documentos, todo en papel común.
a) Copia del acta de fundación, con las firmas autógrafas de
los
asistentes y la anotación de sus respectivas cídulas, o de
quienes firman por
ellos.
b) Copia del acta de la elección de la junta directiva
provisional, con
los mismos requisitos del ordinal anterior.
c) Copias del acta de la reunión en que fueron aprobados los
estatutos.
d) poder de quien solicite el reconocimiento de la personería
jurídica,
cuando la solicitud no sea suscrita por veinte (20) asociados
directamente. El
poder pebe ser presentado por no menos de veinte (20)
poderdantes, para su
autenticación, ante autoridad competente.
e) Dos copias del acta de fundación, autenticadas por el
secretario
provisional.
f) Tres (3) ejemplares de los estatutos del sindicato
autenticados por el
secretario provisional.
g) Nómina de la junta directiva provisional, por triplicado, con
la
indicación de la nacionalidad, la profesión u oficio, el
documento de
identidad y domicilio de cada director.
h) Nómina completa del personal de afiliados, por triplicado,
con
especificación de la nacionalidad, sexo y profesión u oficio de
cada uno de
ellos.
i) Certificación del correspondiente inspector del trabajo
sobre la
inexistencia de otro sindicato, si se trata de un sindicato de base
que pueda
considerarse paralelo; sobre la calidad de patronos o de
trabajadores de los
fundadores en relación con la industria o actividad que se trate
o de su
calidad de profesionales del ramo del sindicato, sobre la
antigüedad, si fuera
el caso, de los directores provisionales en el ejercicio de la
correspondiente actividad, y sobre las demás circunstancias
que considere
conducente. En los lugares en donde no haya inspección del
trabajo, la
certificación debe ser expedida por la primera autoridad política
y refrendada
por el inspector del trabajo más cercano.
2. Los documentos de que tratan los apartes a), b) y c),
pueden estar
reunidos en un solo texto o acta."
ART. 365.- "TRAMITACION.- Recibida la solicitud por el
Departamento
Nacional de Supervigilancia Sindical, éste dispone de un
término máximo de
quince (15) días para revisar la documentación acompañada,
examinar los
estatutos y formular a los interesados las observaciones
pertinentes."
ART. 366.- "RECONOCIMIENTO.-
1. El Ministerio del Trabajo reconocerá la personería jurídica,
salvo el
caso de que los estatutos del sindicato sean contrarios a la
Constitución, a
las leyes o a las buenas costumbres o contravenga
disposiciones especiales de
este Código que determinen la negativa."
ART. 423.- "PERSONERIA JURIDICA.- para el
reconocimiento de la personería
jurídica de una federación o confederación se procederá en la
misma forma que
para la de sindicatos, en lo pertinente."
ART. 372.- "EFECTO JURIDICO DE LA PERSONERIA.-
Ningún sindicato puede
actuar como tal, ni ejercer las funciones que la ley y sus
respectivos
estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos que le
corresponden, mientras
no tenga el reconocimiento de su personería jurídica y sólo
durante la
vigencia de este reconocimiento."
FUNCIONAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES:
ART. 385.- "REUNIONES DE LA ASAMBLEA.- La asamblea
general debe reunirse
por lo menos cada seis (6) meses.
Decreto-ley núm. 672/56.
ART. 1.8 "para celebrar cualquier reunión de carácter sindical
bastará un
aviso dado por escrito con cinco (5) días de anticipación por lo
menos, por el
representante legal de la organización sindical respectiva, en
forma
simultánea al comandante de la brigada y al inspector del
trabajo que tengan
jurisdicción en el lugar en donde debe efectuarse la reunión, en
el que
consten el día, hora, el local y el temario de la reunión.
Cuando la entidad sindical que desee reunirse sea de primer
grado, el aviso
podrá darse por la federación o confederación a que esté
afiliada."
Respuesta del Gobierno
630. El Gobierno declara que los actos administrativos por los
cuales se
reconocen o niegan personerías jurídicas, se aprueban
reformas estatutarias y,
eventualmente, se congelan fondos sindicales siempre deben
tener fundamentos
jurídicos que justifiquen las decisiones que se adopten. Nunca
están sujetos
al arbitrio del correspondiente funcionario y' de otra parte, gozan
tales
actos de los recursos de reposición y apelación en la vía
gubernativa, así
como de las acciones pertinentes ante la jurisdicción de lo
contencioso
administrativo.
631. Por otra parte, el Gobierno señala que el procedimiento de
negociación
colectiva exige, para su estabilidad y seriedad, que las partes
designen sus
respectivos representantes, quienes tienen la vocería de cada
una de ellas y,
a la vez, la facultad de comprometerlas. Tales representantes
gozan de la
posibilidad de efectuar todas las consultas que consideren
necesarias, pero no
en la mesa de negociaciones, de la cual evidentemente sólo
pueden formar parte
los representantes del empleador y de los trabajadores, por
obvias razones de
representatividad, eficiencia y necesidad de ausencia de
presiones por parte
de terceros.
632. En el informe de misión se consignan informaciones
complementarias del
Gobierno sobre los alegatos.
Caso núm. 1436
Alegatos del querellante
633. El Sindicato de Trabajadores Ferroviarios
(SINTRAFERRAT), sindicato por
rama de actividad, alega en sus comunicaciones de 10 de
febrero y 8 de marzo
de 1988 que en la convención colectiva firmada el 26 de marzo
de 1987 la
empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia y el sindicato de
la base de esta
empresa (SINTRAFERROVIARIOS), que es el sindicato
mayoritario, se incluyó una
cláusula que preví que "a partir de la vigencia de la presente
convención los
trabajadores no afiliados a SINTRAFERROVIARIOS quedan
obligados a contribuir
con una cuota mensual igual a la que aportan los afiliados", la
cual equivale
al 1,5 por ciento del sueldo básico mensual, poniendo como
argumento el
"beneficio convencional". De este modo, los afiliados al
Sindicato de
Trabajadores Ferroviarios (sindicato por rama de actividad) son
objeto de un
doble descuento sindical mensual. El resultado de esta situación
es que más de
mil afiliados se han retirado del Sindicato de Trabajadores
Ferroviarios,
quienes han quedado sin representación sindical o se han
afiliado por coacción
a otro sindicato. por otra parte, la empresa niega los permisos
sindicales, a
los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Ferroviarios, así
como la
concesión de becas a sus afiliados.
634. La organización querellante subraya que no se le permitió
participar en
la negociación de la mencionada convención colectiva y que
hasta el momento
las autoridades del Ministerio del Trabajo a pesar de los recursos
planteados
no ha ordenado que deje de hacerse el doble descuento
sindical. Dada la
lentitud de los procesos, emprender un pleito ante los tribunales
puede
suponer que cuando falle no quede ningún socio.
Repuesta del Gobierno
635. El Gobierno declara en su comunicación de 3 de mayo de
1988, que la jefe
de la sección de visitaduría de la División de Inspección de la
Dirección
General del Trabajo conminó mediante la resolución núm. 104,
del 18 de octubre
de 1982 a la empresa . Ferrocarriles Nacionales de Colombia
para que se
abstuviera de hacer doble descuento de cuota sindical a los
trabajadores que
pertenecían a SINTRAFERRAT, el cual se configuraba al
retenerse sumas por
concepto de afiliación y por bneficio de convención. Dicha
resolución fue
objeto de apelación por parte del empleador y fue confirmada
por el entonces
jefe de la División de Inspección, por medio de la resolución
núm. 03 del 8 de
abril de 1983. Años más tarde y con base en nueva querella
que el
representante legal de SINTRAFERRAT elevó en el mismo
sentido, la jefatura de
la sección de visitaduría, a cargo de otra persona, dictó la
resolución núm.
172, del 11 de junio de 1987, en la que se volvía a conminar a
la empresa para
que no hiciera dobles descuentos a quienes formaban parte de
esta organización
sindical. El acto administrativo citado fue objeto del recurso de
reposición
por parte del presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores
Ferroviarios
(SINTRAFERROVIARIOS) y fue revocado por la resolución
núm. 202 del 29 de julio
de 1987, proferida por la jefe de la sección de visitaduría del
trabajo. La
funcionaria basó su decisión de revocar la resolución núm. 172
en que el
análisis de si debe o no hacerse un doble descuento por
concepto de cuotas
sindicales a quienes se benefician de la convención celebrada
con el sindicato
nacional surge de una controversia de tipo jurídico y su solución
implica la
declaración de derechos acerca de los cuales no compete
pronunciarse a la
autoridad administrativa, sino a la justicia laboral (artículo 486
del Código
Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 41 del decreto
ley 2351 de
1965). El Gobierno añade que el Consejo de Estado, en
sentencia del 12 de
septiembre de 1980, sostuvo: "Es nítida y tajante la línea que
separa las
competencias de la jurisdicción ordinaria del trabajo y de los
funcionarios
administrativos. La primera tiene a su cargo el juzgamiento y
decisión de los
conflictos jurídicos mediante juicios de valor que califiquen el
derecho de
las partes; los segundos ejercen funciones de policía
administrativa para la
vigilancia y el control del cumplimiento de las normas sociales,
control que
se refiere a situaciones objetivas y que no implica en ninguna
circunstancia
función jurisdiccional. para la efectividad de sus labores estos
funcionarios
están autorizados para imponer multas, pero todo dentro de la
órbita de su
competencia".
636. El Gobierno señala que el apoderado de
SINTRAFERRAT, doctor Augusto A.
Cepeda Romero, solicitó la revocación directa de la resolución
núm. 202, que
había a su vez revocado la núm. 172, ante el Director General
del Trabajo,
quien de conformidad con la legislación vigente, se declaró
impedido por haber
emitido con anterioridad concepto en el caso sub judice y en su
reemplazo, el
Ministro de Trabajo designó un director general del trabajo ad
hoc, quien,
mediante la resolución núm. 03555 del 20 de octubre de 1987,
no accedió a la
petición contra el acto, con lo cual quedó agotada la vía
gubernativa.
637. El Gobierno concluye que la actuación del Ministerio
frente a la
situación presentada en los Ferrocarriles Nacionales ha sido
oportuna y
ajustada estrictamente a la ley, tanto en las facultades que ésta
confiere a
la autoridad administrativa, como en el respeto de la
imparcialidad que deben
observar los funcionarios en todos sus actos. Corresponde a
SINTRAFERRAT
someter el conflicto a la decisión de los tribunales laborales.
638. En lo concerniente al reconocimiento de becas a los
afiliados de
SINTRAFERRAT y a la concesión de permisos sindicales, el
Gobierno declara que
es importante tener en cuenta la fusión que se presentó entre
aquél y
SINTRAFERROVIARIOS, así como la posterior separación, ya
que durante la
vigencia de la primera los permisos y las becas fueron revertidos
por parte de
la empresa en un solo compromiso convencional y, después de
la división, ella
continuó reconociéndolos al sindicato nacional, por considerarlo
mayoritario.
Sin embargo, en la convención colectiva vigente la parte final
del articulo 8
del capítulo IV establece que la empresa garantiza el
cumplimiento "de lo
pactado con el sindicato ferroviario de Antioquia y el extinto
SINTRAFERRAT".
La falta de cumplimiento de esta cláusula ha sido objeto de un
nuevo proceso
administrativo laboral, que concluyó en la primera instancia con
la resolución
núm. 261 del 18 de noviembre de 1987, en la cual se conminó a
la empresa
Ferrocarriles Nacionales de Colombia para que, dentro del plazo
que allí se
fijó acreditara el restablecimiento de los permisos sindicales en
favor de
SINTRAFERRAT, de acuerdo con la convención colectiva de
trabajo celebrada en
1973, al igual que de las becas que beneficiaban a los socios
de dicha
organización. El mencionado acto administrativo se encuentra
en la Jefatura de
la División de Inspección de Trabajo para decisión del recurso
de apelación
interpuesto contra él. Inmediatamente el mismo sea resuelto será
comunicado a
la OIT. No obstante parece necesario hacer ínfasis en que no
ha habido
negligencia alguna del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
frente al
problema de los Ferrocarriles Nacionales ya que, a pesar de las
dificultades
que naturalmente generó la unión y posterior separación del
sindicato nacional
y el de base, se han adoptado las medidas permitidas por la ley
frente a los
actos de la empresa que puedan vulnerar los derechos de los
trabajadores
afiliados al segundo.
639. En una comunicación posterior, fechada el 29 de junio de
1988, el
Gobierno informa que por resolución núm. 012, de 28 de abril de
1988, se
decidió el recurso de apelación interpuesto por la empresa
Ferrocarriles
Nacionales de Colombia ante la autoridad administrativa,
resolviéndose
confirmar la decisión impugnada que conminaba a la empresa a
restablecer
permisos sindicales en favor de SINTRAFERRAT. (Véase
también el informa de
misión.)
Caso núm. 1457
Alegatos del querellante
640. La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación
(UITA) alega,
en sus comunicaciones de 14 de junio y 22 de julio de 1988,
que debido a la
ruptura de negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores de
Bavaria S.A. y
sus filiales y la Compañía Cervecera Colombiana Bavaria, con
motivo del cierre
de una maltería en Bogotá en violación de la cláusula 12 del
convenio
colectivo vigente, los trabajadores ocuparon las instalaciones
de dicha
maltería y convocaron una huelga general en todas las
empresas de Bavaria. La
UITA añade que la maltería mencionada se encuentra rodeada
actualmente por
fuerzas policiales, temiéndose que ingresen violentamente y
desalojen a los
ocupantes. La UITA añade que en la ciudad de Pasto, donde
se encuentra una de
las empresas de Bavaria, la policía se ha presentado en el
domicilio de los
trabajadores conduciéndoles por la fuerza a sus lugares de
trabajo. Por
último, la empresa impartió en todas las factorías del país la
orden de
impedir el acceso de los dirigentes sindicales. En su última
comunicación, la
organización querellante anexa un acuerdo de fecha 16 de
junio de 1988 entre
la empresa y el sindicato en el que la empresa se compromete a
cesar las
acciones disciplinarias emprendidas a raíz del conflicto y se
compromete a la
ubicación en la empresa de los trabajadores de la maltería
cerrada afiliados
al sindicato.
Respuesta del Gobierno
641. El Gobierno declara en su comunicación de 5 de julio de
1988 que ha
solicitado a la División de Relaciones Colectivas de Trabajo
información
acerca del desarrollo de la mencionada negociación, de los
motivos del
supuesto cierre de una maltería en Bogotá y demás
afirmaciones de los
querellantes. No obstante, el Gobierno señala que la ruptura de
conversaciones
entre el empleador y la organización sindical durante la
negociación del
pliego petitorio es un fenómeno muy común y generalizado y
aquéllas se
reanudan después de un receso a lo largo del cual una y otra
de las partes
analizan análisis objetivos de la situación. En ningún caso la
ruptura del
diálogo faculta a los trabajadores para ocupar las instalaciones
de la
empresa, ya que tal conducta constituye delito de acuerdo con
lo establecido
por el artículo 285 del Código Penal. ("El que permanezca en
habitación ajena
o en sus dependencias inmediatas en forma engañosa o
clandestina o contra la
voluntad de quien tiene el derecho de impedírselo, incurrirá en
arresto de
tres a dieciocho meses.") El artículo 287 del mismo Código
reduce hasta en la
mitad la pena cuando la conducta descrita se realice en el lugar
de trabajo.
En consecuencia, es claro que los miembros del Sindicato de
Trabajadores de
Bavaria, que alegan la presunta violación de los Convenios
núms. 87 y 98,
están cometiendo con la ocupación de las instalaciones de la
empresa un acto
ilícito que, ni. tales instrumentos, ni la legislación interna pueden
permitir
o favorecer. De otra parte, además de que dicha ocupación es
ilegal, la
presencia en el exterior de las instalaciones de las fuerzas
policiales busca
preservar la seguridad de los ocupantes y de la sede, como es
su obligación
legal. Efectivamente, el artículo 448 del Código Sustantivo del
Trabajo,
subrogado por el artículo 33 del decreto-ley 2351, de 1965,
establece que,
durante el desarrollo de la huelga, las autoridades policiales
tienen a su
cargo la vigilancia del curso pacífico del movimiento y ejercerán
de modo
permanente la acción preventiva y represiva que les
corresponda, a fin de
evitar que los huelguistas o cualesquiera personas en conexión
con ellos
excedan las finalidades jurídicas de la huelga o intenten
aprovecharla para
promover desórdenes o cometer infracciones o delitos. Los
ocupantes ilegales
de las instalaciones de Bavaria no deben temer ningún acto
violento por parte
de la policía, pero ésta ingresará en cumplimiento de sus
funciones a las
mismas si la conducta de aquéllos deja de ser pacífica.
642. El Gobierno informa que ha solicitado al comandante del
Departamento de
policía Nariño información sobre la veracidad de la supuesta
acción de la
policía en pasto para 11evar por la fuerza a los trabajadores a
su lugar de
trabajo, aunque considera poco ajustada a la realidad esa
acusación, pues
nunca en Colombia se obliga a alguien a ir a trabajar.
643. En el informe de misión, se consignan numerosas
informaciones del
Gobierno sobre los alegatos.
Caso núm. 1465 (Colombia)
Alegatos del querellante
644. El Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios
(SINTRAFERROVIARIOS)
alega en su comunicación de 28 de junio de 1988 que a partir
de 1987 la Junta
Directiva de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia, tomó la
determinación
en forma arbitraria y mediante un presunto acuerdo de recortar,
reducir y
suprimir los beneficios extralegales de tipo convencional y legal
que se han
venido reconociendo desde hace cerca de 20 años a los
obreros y empleados de
la Empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Así pues,
mediante decretos
ejecutivos núms. 1044 de 1987 y 510 de 1988 se dispuso una
reclasificación de
478 trabajadores de carácter oficial que han pasado a ser
empleados públicos,
alegándose una reforma estatutaria (decreto núm. 1242 de
1970), violando los
contratos de trabajo de 478 trabajadores oficiales, violando las
convenciones
colectivas que los amparan come trabajadores oficiales,
reduciéndoles sus
prestaciones sociales, su estabilidad en el empleo, decretando
insubsistentes
sus cargos etc. La organización querellante precisa que el
carácter del
trabajador oficial o empleado público no nace o se tipifica en
una
clasificación realizada por la administración de una empresa
industrial y
comercial del Estado sino que la misma depende del poder
legislativo (Congreso
de la República). Constitucionalmente no les compete a ninguno
de los
administrativos de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia
(Ministro de Obras
públicas, Junta Directiva, Gerente General, etc.), decidir
quiénes son
empleados públicos o trabajadores oficiales, y así lo ha reiterado
el Consejo
de Estado en múltiples decisiones.
645. SINTRAFERROVIARIOS añade que cuando la empresa
realizó la clasificación
de sus trabajadores en 1970 (decreto núm. 1242 de 25 julio de
1970), tenía la
facultad legal de hacerla pero lo que ha hecho ahora es una
reclasificación
del personal invocando unas facultades que se hallan agotadas
o prescritas.
646. A juicio de SINTRAFERROVIARIOS se ha violado el
Convenio núm. 87, ya que
con la reclasificación su número de afiliados ha disminuido en
casi 50O
personas, el Convenio núm. 98 violándose la convención
colectiva de 1987-1988,
al excluir de los beneficios convencionales a varios centenares
de
trabajadores que venían amparados desde hace más de 20
años, y el Convenio
núm. 135 ya que al declararse empleados públicos a directivos
sindicales, se
ha violado el fuero sindical y atentado gravemente contra la
propia existencia
de su organización sindical.
Repuesta del Gobierno
647. por otra parte, el Gobierno declara que, en virtud de una
querella de
SINTRAFERROVIARIOS, la Sección de Relaciones Colectivas
del Ministerio de
Trabajo estaba realizando una investigación, aún no concluida,
por presunta
persecución sindical en los Ferrocarriles Nacionales de
Colombia. En cuanto a
la reclasificación propiamente dicha en la empresa, el Gobierno
declara que en
ningún momento se configuró violación o desconocimiento de
derechos
adquiridos, ni menos aún, de los derechos humanos, con la
reclasificación del
personal de la empresa industrial y comercial del Estado
denominada
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, ya que es clara y
reiterada la
jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de
Justicia en el
sentido de que en Derecho público no cabe la figura de los
derechos adquiridos
porque es contraria a la dinámica del Estado. En materia de
prestaciones,
respecto a las cuales SINTRAFERROVIARIOS estima que se
da el desconocimiento
de los derechos adquiridos, la Corte afirmó que se fijan no en
vista de una
persona determinada, sino objetivamente por la función; forman
un status, una
situación jurídica objetiva, legal y reglamentaria, que, en
consecuencia,
puede ser modificada en cualquier tiempo.
648. El Gobierno envía en anexo un dictamen del Secretario
General del
Departamento Administrativo del Servicio Civil corroborando sus
declaraciones
y en el que se relata la evolución histórica de las relaciones
laborales del
Estado con sus servidores, así como las características del
sistema vigente y
las decisiones más significativas de la Corte Suprema de Justicia
y del
Consejo de Estado confirmando que en materia de Derecho
público no hay
derechos adquiridos (véase también el informe de misión).

B. B. Conclusiones del Comité

Conclusiones del Comité
1. 649 El Comité toma nota del informe del representante del
Director General
sobre la misión efectuada en Colombia del 31 de agosto al 7 de
septiembre de
1. 1988 El Comité toma nota con interés de que el representante
del Director
General contó con una amplia cooperación del Gobierno a lo
largo de la misión.
El Comité toma nota asimismo de las informaciones escritas
facilitadas por el
Gobierno sobre los distintos casos.
- a) Conclusiones sobre el caso núm 1434
  1. 650 En primer lugar, el Comité debe expresar su consternación
- ante los
hechos alegados que se refieren a la muerte violenta y a la
desaparición de
más de doscientos dirigentes sindicales o sindicalistas desde el
1. año 1986,
ataques a la integridad física, detenciones, amenazas de
muerte a centenares
de sindicalistas y al asalto a la sede de un sindicato. El Comité
expresa su
consternación ante el elevadísimo número de asesinatos y
desapariciones y
expresa su particular preocupación ante el elevado número de
víctimas que son
dirigentes sindicales o sindicalistas, la mayoría de los cuales
están
vinculados de una u otra manera con la Central Unitaria de
Trabajadores,
central más representativa del país. Sin duda, el Comité se
encuentra ante uno
de los casos más graves que se le han sometido en lo relativo al
respete del
derecho a la vida.
1. 651 El Comité observa que según se desprende del informe de
misión, en la
compleja, difícil y grave situación de violencia que vive
Colombia se
encuentran una serie de hechos preocupantes reconocidos por
la mayoría de las
personas entrevistadas por el representante del Director
General: 1) aunque la
violencia afecta a todos los sectores sociales y políticos de la
población y
los sindicalistas no constituyen la mayor parte de las víctimas,
esta
categoría de personas es uno de los grupos que se halla
especialmente
amenazados; 2) los asesinatos de sindicalistas se deben en su
mayoría a
sicarios y a los denominados grupos paramilitares que son
financiados en una
gran proporción por personas que representan intereses
económicos importantes,
grandes propietarios y narcotraficantes; estos grupos
paramilitares atacan a
todos aquellos, sindicalistas o no, que consideran, con o sin
razón, como
progresistas o de izquierda, es decir todos aquellos que son
favorables a
reformas en profundidad (derechos humanos, modificación de la
constitución,
reforma agraria, desarrollo de las libertades sindicales y mejoras
en la
repartición de la riqueza); 3) existen versiones divergentes en
cuanto a la
implicación de miembros de las fuerzas armadas y la policía en
los asesinatos
y desapariciones: según el Gobierno se trata de casos y
comportamientos
individuales aislados (el Consejero presidencial para los
derechos humanos se
refirió a 16 casos en que se había acusado a militares, sobre un
total de 700
asesinatos políticos que se habían producido desde principios
de años);
mientras que para la CUT habría muchos casos en que militares
incluso de alto
rango estarían implicados; 4) uno de los factores que favorece
el aumento de
la violencia es la impunidad de que gozan los asesinos,
impunidad que está
íntimamente relacionada con el deficiente funcionamiento
actual del sistema
judicial (lento, anticuado, poco eficaz y disponiendo de pocos
jueces y medios
materiales) y con las amenazas de muerte de que son objeto
jueces y testigos.
1. 652 El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno
sobre las causas
de la violencia y de su voluntad de luchar contra todas las
formas de
violencia privada y en favor del respeto de los derechos
humanos. El Comité
observa con interés en este sentido que se han tomado una
serie de medidas
positivas: acción en ciertas zonas conflictivas para hacer
posible una mayor
presencia institucional (jueces, inspectores de trabajo, etc.), así
como
programas de desarrollo económico y social que incluyen entre
otras cosas
importantes inversiones públicas, reforma agraria, creación de
viviendas y
escuelas, etc., para erradicar la pobreza; realización de una
investigación
sobre los grupos paramilitares por parte del procurador Delegado
para las
Fuerzas Militares; jurisprudencia reciente de la Corte Suprema
que sustrae de
la jurisdicción militar los actos realizados por las fuerzas armadas
contra
civiles, de manera que la jurisdicción militar sólo sería
competente para
juzgar actos de militares cumplidos con motivo de actos de
servicio;
estrategia gubernamental para el mejoramiento operativo y
financiero de la
administración de justicia; creación de un cuerpo especial de
policía judicial
encargado de investigar sobre los delitos y sus autores;
creación de la
consejería presidencial para los derechos humanos;
implantación de un proyecto
de protección a los testigos que colaboren con las autoridades;
todas las
acciones emprendidas contra el narcotráfico, etc.
1. 653 El Comité debe constatar sin embargo que las medidas
adoptadas por las
autoridades para erradicar la violencia no han logrado alcanzar
el resultado
esperado y que, por el contrario, la situación, desde el punto de
vista de la
protección al derecho a la vida, se ha degradado de manera
muy acentuada desde
la anterior misión de contactos directos en 1986 toda vez que el
número de
dirigentes sindicales y sindicalistas asesinados se ha
multiplicado.
1. 654 A este respecto, el Comité desea insistir en dos puntos
fundamentales
evocados en el informe de misión para poner freno a la violencia
que sufre el
mundo sindical: la adopción de medidas vigorosas para
desarticular los grupos
paramilitares y un reforzamiento de los efectivos y de los medios
de que
dispone el poder judicial. En lo que respecta al primer punto, el
Comité
subraya que el Gobierno ha identificado 138 grupos
paramilitares, si bien
algunos de ellos actuarían utilizando varios nombres a la vez;
que, según el
procurador General de la Nación, se conocerían las zonas de
acción de algunos
de ellos; y que ciertos grupos paramilitares podrían haber
coordinado sus
actividades a escala nacional. El Comité subraya asimismo, que,
según el
informe de misión, en la prensa se hace mención de los
denominados comités de
autodefensa (compuestos por miembros de la población civil de
las localidades
donde los movimientos de guerrilla actúan y que tendrían
funciones de defensa
pero también de colaboración con el ejército en operaciones
militares),
señalándose en el informe de misión que algunos de estos
comités podrían
haberse reconvertido a actividades terroristas. Aunque toma
nota de que la
reglamentación de 1969 sobre los comités de autodefensa a la
que alude una de
las organizaciones querellantes ya no estaría en vigor, el Comité
ruega al
Gobierno que facilite todo tipo de precisiones sobre la existencia
y contenido
de disposiciones en vigor sobre estos comités de autodefensa,
el control que
pueda existir sobre sus acciones y las eventuales condenas que
se hayan
dictado en caso de abusos de poder. Asimismo, el Comité pide
al Gobierno que
le comunique los resultados de la investigación realizada por el
procurador
Delegado para las Fuerzas Militares, sobre los grupos
paramilitares.
1. 655 En cuanto al reforzamiento de los efectivos y medios de
que dispone el
poder judicial, el Comité hace especial hincapií en su
importancia ya que el
principio fundamental de la jurisprudencia del Comité en casos
de asesinatos,
desapariciones o ataques a la integridad física de sindicalistas
insiste en la
necesidad de que se proceda a una investigación judicial
independiente con
objete de esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y
sancionar a los
culpables.
1. 656 En este sentido, el Comité toma nota de la declaración del
Gobierno de
que todo hecho ilícito - muerte, lesiones, secuestro, etc. - es
objeto siempre
de la intervención de las autoridades de policía y de las
autoridades
judiciales. El Comité observa que sobre un total de 217
asesinatos de
sindicalistas alegados, el Gobierno ha informado de la apertura
de una
investigación judicial con respecto a 182 víctimas; ha indicado
con respecto a
dos personas (Híctor Julio Mejía y Ramón Restrepo) que no se
trataba de
asesinatos sino de lesiones y con respecto a otra más (Aníbal
- Díaz) que no
consta en los registros su alegado asesinato. Faltan pues
informaciones sobre
el alegado asesinato de 32 personas (de las cuales 15 han sido
objeto de
alegatos recientes). De las informaciones de fuente judicial
facilitadas por
el Gobierno se desprende que en algunos casos en que se
abrió una
investigación judicial (Luis Ovidio Estrada Betancourt, José Uriel
Ramírez
Millán, Angel Manuel Gutiérrez Rodríguez, Matías Barraza Utria,
y Melba
Amariles Hernández), los asesinatos no tuvieron nexo alguno
con la libertad
sindical por tratarse de muertes accidentales u homicidios con
móviles
estrictamente personales o en el marco de delitos contra la
propiedad. Según
las informaciones del Gobierno se ha podido detener a
presuntos autores - no
siempre todos - en diez casos (entre ellos figuran las masacres
de las fincas
"Honduras" y "La Negra" - 21 muertos -, "La Mejor Esquina" -
1. 24 muertos - y la
vereda "Coquitos" - 20 muertos -) y en seis casos más parece
que se ha podido
identificar a los presuntos autores. Como señala el informe de
misión se
constata una cierta mejora con respecto a la misión de 1986,
aunque sea
limitada, en el número de casos en que las investigaciones
judiciales han
permitido identificar a los supuestos culpables y se ha podido
proceder a su
detención.
1. 657 El Comité pide al Gobierno que envíe observaciones
sobre el alegado
asesinato de los 32 sindicalistas sobre las que no ha respondido
(véase anexo
I) y que le mantenga informado de la evolución de las
investigaciones
judiciales en curso sobre el asesinato de los demás sindicalistas
a los que se
ha referido en sus respuestas.
1. 658 En lo que respecta a la desaparición de sindicalistas, el
Comité toma
nota de que no existe constancia de la desaparición de Jaime
Casas Rojas y de
que se han abierto investigaciones judiciales, si bien no parece
que haya
resultados por ahora, sobre la desaparición de Marlene Medina
Gómez, Luis
Alberto Builes, Alvaro Usuga, Marina Elvia Díaz, Marcial Alonso
González y
Christian Roa. El Comité pide al Gobierno que le mantenga
informado de la
evolución de dichas investigaciones judiciales y que envíe sus
observaciones
sobre la desaparición de los sindicalistas Luis Villadiego, Gabriel
Holguin y
Lucio Serrano Luna.
1. 659 El Comité toma nota de que los ataques a la integridad
física de Jesus
Aníbal parra Castrillón y Asdrúbal Jimínez Vacca son objeto de
investigación
criminal y que Franciso Cantillo que había sido detenido por el
ejército por
sospechas de contribuir a la perturbación del orden público, fue
puesto
rápidamente en libertad. El Comité toma nota asimismo de que
no existe
constancia de la detención de Leonardo Chacón y Blanca Vera.
El Comité observa
asimismo que el atentado conra la sede de SINTAGRO está
siendo objeto de
investigación judicial.
1. 660 En cuanto a las alegadas amenazas de muerte a
centenares de
sindicalistas (mencionados por sus nombres), particularmente del
sector
docente, el Comité toma nota de las declaraciones de las
autoridades al
representante del Director General según las cuales se pueden
hacer denuncias
concretas ante las autoridades competentes, habiéndose
dispuesto en algunos
casos, a solicitud de dirigentes sindicales amenazados, la
correspondiente
protección oficial. El Gobierno señala que las amenazas forman
parte de la ola
de violencia que azota al país y que indagará sobre la
veracidad de las
amenazas recibidas si han sido denunciadas. El Comité subraya
que el ambiente
de temor que resulta de tales amenazas no puede sino incidir
desfavorablemente
en el ejercicio de las actividades sindicales, y subraya que dicho
ejercicio
sólo es posible dentro del respeto de los derechos humanos
fundamentales y en
un clima desprovisto de violencia, de presiones o amenazas de
toda índole.
1. 661 En cuanto a los alegatos relativos a la legislación y
práctica en
materia de constitución de organizaciones sindicales y
modificación de
estatutos, el Comité toma nota de que el Ministerio de Trabaje
creó una
comisión tripartita que está estudiando en forma concertada las
eventuales
modificaciones al Código Sustantivo de Trabajo, así como que,
según las
estadísticas, en 1986 se aprobaron 103 personerías jurídicas y
se negaron 9;
1. en 1987 se aprobaron 101 y se negaron 34 y en 1988 (hasta
agosto) se aprobaron
1. 69 y se negaron 25. En cuanto a la modificación de estatutos
2. en 1986 se
aprobaron 154 y se negaron 5; en 1987 se aprobaron 128 y se
negaron 8 y en
1. 1988 (hasta agosto) se aprobaron 86 y se negaron 8. El Comité
toma nota de las
razones jurídicas, ilustradas con ejemplos, invocadas por el
Gobierno para la
no aprobación de algunas personerías jurídicas, así como de
las distintas
etapas en la tramitación de los expedientes en el Ministerio de
Trabajo. En
este sentido, el Comité observa que en la actualidad el término
1. de 15 días
hábiles (articulo 365 del Código de Trabajo) no es suficiente
dada la gran
cantidad de solicitudes de personería jurídica y el reducido
número de
funcionarios para tramitarlas.
1. 662 El Comité toma nota por otra parte de que las centrales
entrevistadas
por la misión declararon - y esto parece ser corroborado por las
estadísticas
del Gobierno - que la concesión de personerías jurídicas o la
modificación de
estatutos se negaba con cierta frecuencia, así como que su
tramitación era
objeto de excesivas demoras. Asimismo según tales centrales,
aunque no existe
una política del Ministerio de Trabajo en ese sentido,
funcionarios del
Ministerio se dejaban corromper por ciertos empresarios y el
mismo fenómeno se
encontraba a nivel local.
1. 663 En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno - que
reconoce que no
pueden respetarse los plazos legales - que tome las medidas
necesarias para
acelerar en la práctica la tramitación de las personerías jurídicas
de los
sindicatos y las modificaciones de sus estatutos, y que realice
una
investigación administrativa sobre la supuesta corrupción de
ciertos
funcionarios - también a nivel local - que, según las centrales
sindicales,
tendría como resultado la negativa o demora de la concesión
de personerías
jurídicas o la modificación de estatutos.
1. 664 En cuanto a las disposiciones de la legislación en materia
de concesión
de personerías jurídicas objetadas por las organizaciones
querellantes, el
Comité desea subrayar de manera general, que sería deseable
que se
simplificasen los trámites y los numerosos requisitos de forma
exigidos, con
objeto de agilizar la concesión de las personerías jurídicas. El
Comité somete
este aspecto del caso a la Comisión de Expertos en Aplicación
de Convenios y
Recomendaciones con objeto de que examine las disposiciones
objetadas por las
organizaciones querellantes en un contexto más amplio que
cubra la totalidad
de la legislación sindical.
1. 665 En lo que respecta a la posibilidad de que asesores de
una central
sindical asistan a los dirigentes de un sindicato de base en la
negociación
colectiva y, más concretamente, en la etapa de arreglo directo,
el Comité toma
nota de que, según el informe de misión, el Gobierno veía con
buenos ojos
dicha asistencia y que de hecho el Ministerio de Trabajo
intercede en casos
concretos para que la misma pueda hacerse efectiva. El Comité
toma nota de que
la comisión tripartita que se ocupa de la modificación de la
legislación
laboral está estudiando esta cuestión.
1. 666 En cuanto al decreto ley núm. 672/56 que exige que se
avise al inspector
de trabajo y al jefe de la brigada militar antes de cualquier
reunión
sindical, el Comité toma nota de que las autoridades del
Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social informaron al representante del Director
General que se
trataba de un decreto de estado de sitio cuya vigencia había
expirado al
terminar el mismo.
- b) Conclusiones sobre los casos núms. 1429, 1436, 1457 y
  1. 1465
  2. 667 En lo que respecta al caso núm. 1429, el Comité debe
- lamentar en primer
lugar la falta de cooperación de la organización querellante
(Sindicato
Nacional de Trabajadores de 01ivetti Colombiana S.A. ) con la
OIT (ya que no
facilitó las informaciones complementarias que se le solicitaron),
con la
misión (ya que no acudió a la cita que tenía concertada con
- ella) y con las
autoridades del Ministerio de Trabajo (que a raíz de una
denuncia del
sindicato le habían convocado en tres ocasiones en el marco
de una
investigación administrativa, sin que se presentara en ninguna
de ellas).
1. 668 El Comité toma nota de que, según declaraciones a la
misión de la
representante de una organización a la que está afiliado el
sindicato de
Olivetti, los alegatos de despidos antisindicales y de
desmejoramiento en las
condiciones de trabajo se sitúan dentro de las medidas de la
empresa
tendientes a reducir costos de producción que implicaron una
importante
reducción de personal a travís de despidos y a travís de
cambios de estructura
de la relación entre la empresa y sus trabajadores permanentes.
El Comité toma
nota de que, según la mencionada representante sindical,
premeditadamente
tales medidas habían incidido en un primer momento en
dirigentes sindicales y
afiliados al sindicato, alcanzando posteriormente a los demás
trabajadores. El
Comité observa que el sindicato de Olivetti está a punto de
desaparecer en
razón de que el número de afiliados había disminuido hasta casi
el mínimo
legal (25 trabajadores) y que los pocos dirigentes que quedaban
a menudo se
ocupaban sólo de sus propios intereses personales.
1. 669 Teniendo en cuenta estas circunstancias, y habida
cuenta de la falta de
colaboración del sindicato de 01ivetti con la OIT, el Comité
considera que no
procede proseguir el examen de este caso, pero dada la manera
en que había
procedido la empresa en el momento de los despidos, desea
subrayar el , sobre
la protección y facilidades que deberían otorgarse a los
representantes de los
trabajadores en la empresa, que propugna entre las medidas
específicas de
protección "reconocer la prioridad que ha de darse a los
representantes de los
trabajadores respecto de su continuación en el empleo en caso
de reducción de
personal".
1. 670 En lo que respecta al case núm. 1436, la cuestión
principal se refiere
al alegado alcance excesivo del descuento sindical que deben
soportar los
afiliados a SINTRAFERRAT en concepto de beneficio
convencional derivado de la
convención colectiva firmada entre la empresa Ferrocarriles
Nacionales de
Colombia y otro sindicato (SINTRAFERROVIARIOS) que es
mayoritario. Los
representantes de SINTRAFERRAT indicaron a la misión que
los desembolsos que
deben soportar los trabajadores de la empresa eran los
siguientes:
- - afiliados a SINTRAFERRAT (organización querellante):
cuota sindical
ordinaria (1 por ciento del salario cada mes) y cuota en
concepto de beneficio
convencional (1,5 por ciento del salario cada mes);
- - afiliados a SINTRAFERROVIARIOS (organización que había
negociado el
convenio colectivo): cuota sindical ordinaria (1,5 por ciento del
salario cada
- mes) y monto correspondiente a tres días de salario en
concepto de beneficio
convencional (deducible sólo una vez durante la vigencia de la
convención
colectiva);
- - trabajadores no afiliados (1,5 por ciento del salario cada
  - mes). El
- Comité toma nota también de que las autoridades del Ministerio
de Trabajo y
Seguridad Social declararon a la misión que su posición
consistía en
desalentar la práctica del doble descuento; asimismo, según se
desprende de
las informaciones del Gobierno, la cuestión concreta del doble
descuento a los
afiliados a SINTRAFERRAT fue sometida por vía de recurso a
las autoridades del
Ministerio, quienes finalmente decidieron que la cuestión
debatida surgía "de
una controversia de tipo jurídico y su solución implica la
declaración de
derechos acerca de los cuales no compete pronunciarse a la
autoridad
administrativa sino a la justicia laboral".
1. 671 El Comité desea señalar que en casos anteriores en los
que se había
alegado un descuento o cuota impuestos por la legislación en
concepto de
beneficios derivados de la negociación colectiva, había
insistido en el
siguiente principio: "cuando el agente negociador goza por ley
del derecho de
negociación exclusiva de todos los trabajadores de una unidad,
el pago
obligatorio al agente negociador de un suma fija de dinero por
parte de los no
socios de ese agente a cambio de los beneficios que les aporta
el contrato
colectivo no parece incompatible con los principios de libertad
sindical; no
obstante, la suma fijada por ley no debería ser tan baja que
alentara el
retiro de los socios del sindicato negociador o tan alta que
constituyera una
carga excesiva para los trabajadores que pagan cotizaciones a
otro sindicato
de su elección" (véase 187.o informe, caso núm. 796
(Bahamas), párrafo 242).
En efecto, una suma demasiado alta podría comprometer en la
práctica el
ejercicio del derecho de los trabajadores de afiliarse a la
organización que
estime conveniente, consagrada en el artículo 2 del Convenio
núm. 87.
1. 672 Ahora bien, en el caso de SINTRAFERRAT, los afiliados a
esta
organización están obligados a pagar - no en virtud de la ley
sino de una
convención colectiva - una cotización a
SINTRAFERROVIARIOS (organización que
negoció la convención colectiva) en concepto de beneficio
convencional
equivalente a la que pagan como cotización sindical ordinaria
los afiliados a
SINTRAFERROVIARIOS. Teniendo en cuenta las
peculiaridades del sistema
colombiano de relaciones profesionales y observando el
importantísimo descenso
que se ha producido en el número de afiliados a
SINTRAFERRAT como consecuencia
del doble descuento sindical, el Comité pide a las autoridades
competentes que
tomen medidas, en particular a travís de la mediación del
Ministerio de
Trabajo, con objeto de que los sindicatos concernidos 11eguen
a un acuerdo
sobre el montante de la cotización en concepto de beneficio
convencional.
1. 673 Por último, el Comité constata que la cuestión de las
becas de favor de
SINTRAFERRAT está resuelta, así como que por resolución
administrativa se
ordenó la restitución de 12 permisos sindicales a
SINTRAFERRAT. El Comité
observa sin embargo que de hecho estos permisos sindicales no
han sido
restituidos todavía y expresa la esperanza de que en un futuro
muy próximo
podrán superarse las dificultades que han surgido como
consecuencia del
procedimiento seguido por la empresa para aplicar la
mencionada resolución
administrativa.
1. 674 En lo que respecta al caso núm. 1457, el Comité observa
que la empresa
Bavaria S.A. y el sindicato firmaron un acuerdo por el que
ponían fin al
conflicto colectivo que había surgido como consecuencia del
cierre de una
maltería en Bogotá, quedando claro que los trabajadores no
serían despedidos
sino trasladados a otro centro de trabajo de la empresa en
Bogotá. El Comité
observa por otra parte que el representante del sindicato de
Bavaria S.A. no
se presentó a la cita que tenía con la misión y que el Gobierno
ha negado
categóricamente que la policía hubiera forzado a los
trabajadores a que
acudieran a su lugar de trabajo, o que éstos hubieran corrido
algún riesgo.
Según el Gobierno, la policía se limitó a facilitar el ingreso en la
empresa
de los trabajadores que querían hacerlo. En estas condiciones,
habiéndose
firmado el mencionado acuerdo, el Comité considera que no
procede proseguir el
examen de este caso.
1. 675 En lo que respecta al caso núm. 1465, el Comité observa
que el Sindicato
Nacional de Trabajadores Ferroviarios
(SINTRAFERROVIARIOS) ha alegado que en
virtud de decretos ejecutivos de la junta directiva de
Ferrocarriles
Nacionales de Colombia se ha procedido a una reclasificación
ilegal de 478
"trabajadores oficiales" que han pasado a ser "empleados
públicos",
atentándose así contra su estabilidad en el empleo y a los
beneficios
consagrados en las convenciones colectivas. Cabe señalar a
este respecto que
contrariamente a los "trabajadores oficiales", los empleados
públicos son por
ley de libre nombramiento y remoción y no pueden celebrar
convenciones
colectivas.
1. 676 El Comité toma nota de las declaraciones del Gobierno,
indicando las
garantías seguidas en la tramitación de la reclasificación,
justificando la
legalidad de la misma y señalando que los interesados pueden
recurrir ante la
jurisdicción contencioso administrativa.
1. 677 El Comité considera que no le corresponde pronunciarse
sobre la
legalidad o la constitucionalidad de la reclasificación en
cuestión y de
manera general sobre las que puedan producirse en las demás
empresas
comerciales o industriales del Estado, pero desea subrayar que
desde el punto
de vista de la aplicación de los Convenios núms. 87 y 98 el
estatuto legal de
los "empleados públicos" no es satisfactorio en la medida en
que tales
trabajadores de empresas comerciales o industriales del Estado
deberían poder
negociar convenciones colectivas, disponer de una protección
adecuada contra
los actos de discriminación antisindical e incluso disfrutar del
derecho de
huelga en la medida en que la interrupción de los servicios que
prestan no
ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona
en toda o
parte de la población. El Comité desea recordar que en
anteriores ocasiones ha
debido pronunciarse en este sentido sobre diversas cuestiones
relacionadas con
el estatuto legal de los "empleados públicos" desde el punto de
vista de los
Convenios núms. 87 y 98 (véase por ejemplo, 236.8 informe,
caso núm. 1248
(Colombia), párrafos 339 y 342) . En estas condiciones, el
Comité pide al
Gobierno que tome medidas con miras a que la legislación
conceda a los
"empleados públicos" las garantías y derechos fundamentales
derivados de la
aplicación de los Convenios núms. 87 y 98.

Recomendación del Comité

678. En vista de las conclusiones provisionales que preceden,
- el Comité
- invita al Consejo de Administración a que apruebe las
- recomendaciones
- siguientes:
  - a) El Comité toma nota del informe del representante del
- Director General
- sobre la misión efectuada en Colombia del 31 de agosto al 7 de
- septiembre de
1988. El Comité toma nota con interés de que el representante
- del Director
- General contó con una amplia cooperación del Gobierno a lo
- largo de la misión.
- El Comité toma nota asimismo de las informaciones escritas
- facilitadas por el
- Gobierno sobre los distintos casos.
  - b) El Comité está vivamente preocupado por la dramática
- situación de
- violencia que afronta Colombia que de manera general hace
- imposible las
- condiciones normales de existencia de la población e impide el
- pleno ejercicio
- de las actividades sindicales.
  - c) En lo que respecta al caso núm. 1434, el Comité expresa su
- consternación
- ante el elevadísimo número de asesinatos y desapariciones y
- expresa su
- particular preocupación ante el elevado número de víctimas
- que son dirigentes
- sindicales o sindicalistas (más de 20O desde 1986), la mayoría
- de los cuales
- están vinculados a la CUT, central más representativa del país.
- El Comité toma
- nota de una serie de medidas positivas del Gobierno para poner
- freno a la
- violencia pero observa que no han logrado alcanzar el resultado
- esperado.
  - d) El Comité pide al Gobierno que adopte medidas vigorosas a
- escala
- nacional y emplee todos sus esfuerzos para desarticular los
- denominados grupos
- paramilitareas que actúan en el país, que según se desprende
- del informe de
- misión son autores - junto con los asesinos a sueldo - de la
- mayoría de los
- asesinatos de sindicalistas. El Comité confía en que a tales
- grupos y a
- aquellos que los financian se les aplicará lo antes posible todo el
- rigor de
- la ley penal y ruega al Gobierno que le informe sobre todos estos
- puntos. El
- Comité pide asimismo al Gobierno que comunique los resultados
- de la
- investigación realizada por el procurador delegado para las
- fuerzas militares
- sobre los grupos paramilitares.
  - e) El Comité pide al Gobierno que facilite todo tipo de
- precisiones sobre
- la existencia y contenido de disposiciones en vigor sobre los
- denominados
- "comités de autodefensa" de la población civil (formados por
- civiles de
- localidades donde opera la guerrilla, con funciones de
- autodefensa y de
- colaboración con el ejército) y sobre el control que pueda existir
- sobre sus
- acciones y las eventuales condenas que se hayan dictado en
- caso de abuso de
- poder.
  - f) Habida cuenta del elevado grado de impunidad de que
- gozan de hecho los
- responsables de la mayoría de los asesinatos de sindicalistas, el
- Comité pide
- al Gobierno que tome las medidas necesarias para un
- reforzamiento radical de
- los efectivos y de los medios de que dispone el poder judicial, y
- que le
- informe al respecto.
  - g) El Comité pide al Gobierno que envíe observaciones sobre
- el alegado
- asesinato de los 32 sindicalistas sobre lo que no ha respondido
- (véase anexo
- I) y que le mantenga informado de la evolución de las
- investigaciones
- judiciales en curso sobre el asesinato de los demás sindicalistas
- a los que se
- ha referido en sus respuestas.
  - h) En lo que respecta a la desaparición de sindicalistas, el
- Comité toma
- nota de que no existe constancia de la desaparición de Jaime
- Casas Rojas y de
- que se han abierto investigaciones judiciales, si bien no parece
- que haya
- resultados por ahora, sobre la desaparición de Marlene Medina
- Gómez, Luis
- Alberto Builes, Alvaro Usuga, Marina Elvia Díaz, Marcial Alonso
- González y
- Christian Roa. El Comité pide al Gobierno que le mantenga
- informado de la
- evolución de dichas investigaciones judiciales y que envíe sus
- observaciones
- sobre la desaparición de los sindicalistas Luis Villadiego, Gabriel
- Holguin y
- Lucio Serrano Luna.
  - i) En cuanto a los alegatos relativos a amenazas de muerte, el
- Comité
- subraya que el ambiente del temor que resulta de tales
- amenazas no puede sino
- incidir desfavorablemente en el ejercicio de las actividades
- sindicales y
- subraya que dicho ejercicio sólo es posible dentro del respeto
- de los derechos
- humanos fundamentales y en un clima desprovisto de violencia,
- de presiones o
- amenazas de toda índole.
  - j) En lo que respecta a la concesión de personerías jurídicas
- a las
- organizaciones sindicales, el Comité pide al Gobierno que tome
- las medidas
- necesarias para acelerar en la práctica la tramitación de las
- personerías
- jurídicas de los sindicatos y las modificaciones de sus estatutos,
- y que
- realice una investigación administrativa sobre la supuesta
- corrupción de
- ciertos funcionarios - también a nivel local - que, según las
- centrales
- sindicales, tendrían como resultado la negativa o demora de la
- concesión de
- personerías jurídicas o la modificación de estatutos. El Comité
- somete el
- aspecto legislativo de esta cuestión a la atención de la Comisión
- de Expertos
- en Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
  - k) En cuanto al caso núm. 1429, el Comité subraya el principio
- contenido en
- la Recomendación núm. 143, sobre la protección y facilidades
- que deberían
- otorgarse a los representantes de los trabajadores en la
- empresa, que
- propugna entre las medidas específicas de protección
- "reconocer la prioridad
- que ha de darse a los representantes de los trabajadores
- respecto de su
- continuación en el empleo en caso de reducción de personal".
  - l) En cuanto al caso núm. 1436 en el que se alega la
- imposición de un
- descuento excesivo en nómina a los trabajadores afiliados a
- SINTRAFERRAT en
- concepto de beneficios convencionales derivados de una
- convención colectiva
- firmada por otro sindicato (SINTRAFERROVIARIOS), el Comité
- pide a las
- autoridades competentes que tomen medidas, en particular a
- travís de la
- mediación del Ministerio de Trabajo, con objeto de que los
- sindicatos
- concernidos 11eguen a un acuerdo sobre el montante de la
- cotización en
- concepto de beneficio convencional.
  - m) En lo que respecta al caso núm. 1457, el Comité considera
- que no
- requiere un examen más detenido.
  - n) En lo que respecta al caso núm. 1465, el Comité pide al
- Gobierno que
- tome medidas con miras a que la legislación conceda a los
- "empleados públicos"
- de las empresas comerciales o industriales del Estado las
- garantías y derechos
- fundamentales derivados de la aplicación de los Convenios
- núms. 87 y 98, de
- manera que puedan negociar convenciones colectivas,
- disponer de una protección
- adecuada contra los actos de discriminación antisindical e
- incluso disfrutar
- del derecho de huelga en la medida en que la interrupción de
- los servicios que
- prestan no ponga en peligro la vida, la seguridad o la salud de la
- persona en
- toda o parte de la población. El Comité somete este aspecto del
- caso a la
- Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
- Recomendaciones.
  - o) El Comité pide a las organizaciones querellantes que
- faciliten
- informaciones complementarias sobre el alegado asesinato de
- Anibal Díaz, la
- desaparición de Jaime Casas Rojas y la detención de Leonardo
- Chacón y Blanca
- Vera, ya que, según el Gobierno, no existe constancia de tales
- hechos.

ANEXO I

Lista de sindicalistas cuyo asesinato ha sido alegado y sobre
las que el
Gobierno no ha enviado observaciones TD
a) Sindicalistas cuyo asesinato fue alegado en las primeras
comunicaciones de
las organizaciones querellantes y fecha del mismo:
- JOSUE EDUARDO FUEMAYOR (7-IX-86)
- ESTEBAN FERNANDEZ (6-VI-87)
- NARCISO MOSQUERA SANCHEZ (4-VII-87)
- HAROLD JIMENEZ (19-VII-87)
- IGNACIO BEDOYA (8-VIII-87)
- MARCO TULIO VILLA (9-IX-87)
- JOSE GABRIEL CUADROS (3-XII-87)
- MIGUEL DURAN SARMIENTO (7-XII-87)
- GILDARDO GONZALEZ (3-I-88)
- JESUS EMILIO MONSALVE (24-I-88)
- JUAN DE JESUS GRISALES (3-II-88)
- ROGELINO RIOS (9-III-88)
- ROBINSON GIRALDO (4-IV-88)
- OSWALDO TEHERAN (16-IV-88)
- HERNANDO COLON HERNANDEZ (27-IV-88)
- RAFAEL DUQUE PEREZ (27-IV-88)
- JUAN DIEGO ARANGO MORALES (5-V-88)
b)Sindicalistas cuyo asesinato fue alegado en las
comunicaciones de las
organizaciones querellantes y fecha del mismo:
- EFRAIN PEÑA REYES (13XII-87)
- RICARDO RIOS SERRANO (26-VIII-88)
- LEON CARDONA ISAZA (30-VIII-88)
- CARLOS TELLEZ (22-II-88)
- JAIRO SAJONERO GOMEZ (26-II-88)
- BLANCA ISMELIA MORENO (4-III-88)
- ALFONSO KUJAVANTE (15-III-88)
- BENIGNO AGUALIMPIA IBARGUEN (22-III-88)
- TOMAS BERRIO WILCHES (3-IV-88)
- GUILLERMO OCHOA (25-IV-88)
- JOSE OCTAVIO BUITRAGO IBANEZ (25-IV-88)
- JULIO C. GUTIERREZ (V-88)
- MANUEL SALVADOR RAMIREZ (20-V-88)
- LUIS GREGORIO TORRES MORA (29-V-88)
- HECTOR JULIO ORTIZ (8-VI-88)
ANEXO
ANEXO II
INFORME DEL PROFESOR PHILIPPE CAHIER SOBRE LA
MISION REALIZADA EN COLOMBIA
DEL 31 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 1988
Página
Caso núm. 1434 ................................................. 272
A. Alegatos relativos a asesinatos, desapariciones y amenazas
de muerte dirigentes sindicales y sindicalistas ........... 272
1. Alegatos generales ..................................... 272
a) Resumen de los alegatos de las organizaciones
sindicales .......................................... 272
b) Resumen de la respuesta del Gobierno comunicada
antes de la misión .................................. 273
c) Resultados de la misión ............................. 274
2. Informaciones del Gobierno sobre sindicalistas
cuyos nombres figuran en las listas facilitadas
por las organizaciones querellantes .................... 279
a) Sindicalistas cuyo asesinato ha sido alegado ........ 279
b) Sindicalistas cuya desaparición ha sido alegada ..... 295
3. Otros alegatos ......................................... 296
B. Alegatos relativos a la legislación y práctica en
materia de constitución de organizaciones sindicales y
y a ciertas disposiciones restrictivas de los derechos
sindicales ................................................ 298
Caso núm. 1429 ................................................ 301
Caso núm. 1436 ................................................ 302
Caso núm. 1457 ................................................ 304
Caso núm. 1465 ................................................ 306
LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS ..............................
309
Informe sobre una misión de contactos directos efectuada en
Colombia
Esta misión de contactos directos fue realizada en el marco del
examen por
parte del Comité de Libertad Sindical de varias quejas
presentadas a la OIT
(casos núms. 1429, 1434, 1436, 1457 y 165) realativas, entre
otros temas, al
asesinato y a la desaparición de dirigentes sindicales (caso núm.
1434). Cabe
recordar que se había realizado ya una misión de contactos
directos en
Colombia del 14 al 18 de julio de 1986.
Tras la presentación de estas quejas, y a petición de la CUT, el
Director
General de la OIT solicitó al Gobierno de Colombia que recibiera
una misión de
la OIT. En una comunicación fechada el 16 de junio de 1988, el
Gobierno aceptó
recibir esta misión, cuyo objeto sería examinar los hechos
alegados ante el
Comité de Libertad Sindical así como ciertos aspectos de la
legislación en
materia de relaciones profesionales.
El Director General de la OIT me designó como representante
para llevar a
cabo esta misión en lo que respecta a las quejas presentadas
ante el Comité de
Libertad Sindical. La misión tuvo lugar del 31 de agosto al 7 de
septiembre de
1988 y fui acompañado por el Sr. Alberto Odero, miembro del
Servicio de
Libertad Sindical. Su colaboración me ha sido muy valiosa por lo
que deseo
agradecerle vivamente. El Sr. Emilio Morgado, jefe de la oficina
de la OIT en
Costa Rica, se ocupó de los aspectos relativos a la legislación
en materia de
relaciones profesionales.
Durante la misión fuimos recibidos por el Dr. Juan Martín
Caicedo Ferrer,
Ministro de Trabajo y de Seguridad Social; el Dr. José Noí Ríos,
Viceministro
de Trabajo; el Dr. Guillermo plazas Alcid, Ministro de Justicia; el
Dr.
Carmelo Martinez, presidente del Consejo de Estado; los
doctores Guillermo
Aldana y Jacobo Pérez, magistrados de la Corte Suprema; el Dr.
Horacio Zerpa
Uribe, procurador General de la Nación; el Dr Alvaro Tirado
Mejía, Consejero
presidencial para la defensa, protección y promoción de los
derechos humanos;
el Dr. Fernando Navas de Brigard, Subsecretario de política
Exterior
(Ministerio de Relaciones Exteriores); el Mayor General Pedro
Nel Molano,
Inspector General de las Fuerzas Militares, y el Dr. Víctor Rojas,
vicepresidente del Tribunal Supremo Militar.
Asimismo nos entrevistamos con el Dr. Alfredo Sánchez
Carrizosa, presidente
de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, con
representantes de la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT), de la Confederación
General de
Trabajadores (CGT) y de la Confederación de Trabajadores de
Colombia (CTC),
así como con representantes de las organizaciones de
empleadores.
El Gobierno nos ha prestado una ayuda muy eficaz a lo largo
de la misión y
deseo expresarle mi agradecimiento.
Caso núm. 1434
A. Alegatos relativos a asesinatos, desapariciones y amenazas
de muerte a
dirigentes sindicales y sindicalistas
En primer lugar examinarí los alegatos generales y después
consignarí las
informaciones sobre los sindicalistas.
1.Alegatos generales
a) Resumen de los alegatos de las organizaciones sindicales
La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales
Libres (CIOSL)
declara en su comunicación de 28 de febrero de 1988 constata
con inquietud un
aumento considerable de los actos de violencia en Colombia en
los dos últimos
años; tales actos han sido cometidos en gran parte contra
dirigentes
sindicales y campesinos a quienes se mata por el solo hecho de
haber defendido
derechos sindicales legítimos y los intereses de los trabajadores.
A ello se
añaden múltiples atentados y asesinatos casi cotidianos, con un
saldo de miles
de muertos, lo cual demuestra el exacerbado clima de violencia
que reina en
este país.
En Colombia, los actos de violencia son atribuidos de manera
general a
diversos grupos paramilitares, asesinos a sueldo (sicarios),
vinculados a los
narcotraficantes, a la guerrilla de izquierda y a la delincuencia
común. Todos
estos grupos se caracterizan por actuar con total impunidad. El
pasado mes de
octubre, el Ministro del Interior publicó una lista de 138 grupos
paramilitares activos en el país, pero el Gobierno parece
incapaz de
identificarlos y desarticularlos.
La CIOSL subraya que existe una relación estrecha entre, de
una parte el
ejercicio efectivo de los derechos humanos y sindicales y de
otra, la lucha
contra la violencia en todas sus formas. Actualmente, en
Colombia, la
violencia impide el ejercicio de los derechos humanos y de los
derechos
sindicales, empezando por el derecho fundamental que es el
derecho a la vida.
La CIOSL pone de relieve que el movimiento sindical
colombiano ha sido
afectado directamente. En 1987, fueron asesinados 74
dirigentes sindicales y
sindicalistas.
La CIOSL añade que en Colombia pueden observarse signos
preocupantes que
indican que ciertas esferas del Estado son cómplices de las
infracciones a los
derechos del hombre y a los derechos sindicales, y que incluso
algunos
sectores más o menos organizados en el seno de las
instituciones estatales se
escudan detrás del Estado para cometer crimenes, torturas,
desapariciones
forzadas y asesinatos, por no mencionar sino los hechos más
graves. La CIOSL
estima que corresponde al Gobierno de Colombia hacer prueba
de diligencia y
voluntad para esclarecer las desapariciones forzadas e
identificar a los
responsables de los asesinatos y juzgarlos. La situación que
reina en Colombia
compromete gravemente la libertad de todo el movimiento
sindical.
La Confederación Mundial de Organizaciones de profesionales
de la Enseñanza
(CMOPE) subraya que varios grupos paramilitares actúan en
Colombia y ponen en
peligro la vida de profesores y sindicalistas. En este país, el
ejército
parece estar implicado en los asesinatos y amenazas de muerte.
Una
reglamentación sobre la lucha antiguerrilla, fechada el 9 de abril
de 1969
preví en su artículo 84 la creación de comités de
"autodefensa". El artículo
185 define estos comités como "una organización militar
compuesta de personas
civiles seleccionadas en la zona en que tenga lugar la lucha.
Estas personas
son entrenadas y equipadas para actuar contra grupos de
guerrilla que amenazan
la zona o para actuar en coordinación con las unidades militares
implicadas en
la lucha".
Algunos de estos argumentos han sido reproducidos en un
documento escrito
presentado por la CUT poco antes de mi partida de Bogotá. De
conformidad con
la práctica habitual, la totalidad de los alegatos será sin duda
reproducida
en el informe del Comité de Libertad Sindical.
b) Resumen de la respuesta del Gobierno comunicada antes de
la misión
El Gobierno declara que, al igual que las organizaciones
querellantes, está
consternado por el aumento de la violencia en el país en los
últimos años y
que hace todo lo posible para combatirla y asegurar la paz civil.
Desgraciadamente Colombia atraviesa una etapa muy difícil de
su desarrollo
social y de su historia: grupos subversivos de izquierdas se han
puesto
voluntariamente al margen de la vida política y, en oposición a
éstos se han
formado otros grupos de extrema derecha pretendiendo
administrar justicia
ellos mismos y sembrando el terror entre la población. La
violencia de los
traficantes de droga está íntimamente ligada a la de los grupos
de derecha y
unos y otros han estimulado económicamente la delincuencia
común. Es evidente
que el Estado debe actuar contra todos estos focos de
violencia y que tiene la
obligación moral constitucional y legal de luchar contra ellos ya
que afectan
a la vida del país y que todos, unos y otros, son igualmente
peligrosos.
Es indispensable subrayar que las fuerzas armadas no tienen
ninguna
responsabilidad en la situación de violencia que
desgraciadamente vive el
país, y que el ejército y la policía colombianos respetan la
sociedad civil y
la democracia y un gran número de sus miembros han sido
igualmente víctimas de
actos de violencia. Las soldados, agentes, suboficiales y
oficiales que han
muerto por defender las instituciones son numerosos. por tanto
es inadmisible
que se les acuse de fomentar o causar la violencia que vive el
país.
En cuanto a los alegatos de la CMOPE, el gobierno señala que
ciertamente el
país vive una situación difícil pero subraya que esta situación
afecta por
igual a todos los grupos de la población (políticos, abogados,
empleadores y
trabajadores) y que no se trata en ningún caso de persecución
sindical. La
reglamentación de abril de 1969 mencionada por la CMOPE en
su comunicación fue
promulgada por el Gobierno de conformidad con las facultades
del estado de
sitio a fin de combatir en esa época a los grupos de delicuentes
que sembraban
el terror entre los campesinos. Los artículos citados tenían por
objetivo
permitir a los grupos de civiles que vivían en las zonas de
guerrilla ejercer
su derecho a la legítima defensa contra la agresión injusta de
que eran
víctimas. La colaboración con las unidades militares es
indispensable para que
estas últimas pudieran cumplir su deber de proteger a los
habitantes.
Por último, el Gobierno ha reiterado las declaraciones anteriores
en un
documento escrito, remitido la víspera de mi partida, y ha
insistido en la
importancia que presta a la existencia de un movimiento sindical
fuerte que
pueda participar en las decisiones de política social y
económica. Sin duda,
las respuestas del Gobierno en conjunto serán reproducidas, de
conformidad con
la práctica habitual, en el informe del Comité de Libertad
Sindical.
c) Resultados de la misión
Lo que me ha 11amado más la atención en esta misión en
Colombia, y que sin
duda ha facilitado enormemente mi tarea, ha sido que el
conjunto de los
testimonios provenientes de autoridades gubernamentales,
empleadores y
sindicatos, así como de personas independientes, concuerda
en un cierto número
de cuestiones planteadas en esta queja, aunque puedan
divergir en ciertos
puntos.
1. Aunque Colombia tiene una larga tradición de violencia, la
situación por
la que atraviesa actualmente inquieta profundamente a todas
las personas
entrevistadas. En efecto, no pasa un día sin que una persona u
otra o varias
sea asesinada por razones ideológicas. Según algunos
interlocutores, las
raíces de la violencia deben buscarse en particular en la
pobreza de una
importante parte de la población, en la concentración de riqueza
en pocas
manos y en la ineficacia del sistema judicial, lo cual tiene por
consecuencia
la impunidad de los criminales y la existencia de una justicia
privada.
Actualmente, las formas de violencia son diversas. Sobre todo
se encuentran
cuatro: la de la delincuencia común; la que deriva de las
operaciones de
guerrilla; la vinculada al mundo de la droga; y en fin la que
resulta de los
actos de los grupos paramilitares y sicarios.
2. Esta violencia afecta a todos los estratos de la población:
miembros de
partidos políticos, diputados, funcionarios, sindicalistas,
periodistas,
jueces, profesores, empresarios y, por supuesto, obreros y
campesinos. Todas
mis fuentes, incluida la CUT, reconocen que los sindicalistas no
constituyen
la mayor parte de las víctimas. Sin embargo, esta categoría de
personas es uno
de los grupos que se halla especialmente amenazados. Es un
hecho que desde la
última misión realizada en Colombia en 1986, el número de
sindicalistas
asesinados o desaparecidos ha aumentado considerablemente
(desde entonces,
según los alegatos, el número sobrepasaría los 200). El
Gobierno, al igual que
las organizaciones de empleadores excluyen una voluntad
específica de
persecución de los sindicatos. La inseguridad sindical no seria
sino un
aspecto de la inseguridad general.
A juicio de la CUT - confirmado por la CGT y la CTC - los
asesinatos de
sindicalistas han afectado casi exclusivamente a los que
estaban afiliados a
esta organización. La CUT estima que estos asesinatos tienen
por finalidad
intimidarla y frenar sus actividades. Es un hecho por ejemplo
que en la región
donde se cultiva la banana se ha matado a sus mejores
dirigentes. El número de
asesinatos es particularmente alto en ciertas regiones: el
Magdalena Medio,
Urabá y el Valle del Cauca. El procurador General de la Nación,
que goza en el
país de una autoridad moral tanto más grande cuanto que su
predecesor fue
asesinado por terroristas al servicio de traficantes de droga,
puso el acento
sobre la violencia de los grupos revolucionarios de la guerrilla y
sobre la de
los grupos paramilitares contrarrevolucionarios financiados por
sectores
económicos poderosos que se sienten amenazados por todo
proyecto de reforma,
así como por narcotraficantes. Estos grupos paramilitares - y en
esto el
procurador comparte la opinión de los sindicatos, del presidente
del Comité
permanente de Derechos Humanos y de las organizaciones de
empleadores - son
seguramente los más activos. No sólo atacan a los sindicalistas
sino también a
todas las personas que consideran con o sin razón, come
progresistas o de
izquierda, es decir todas aquellas que son favorables a reformas
en
profundidad: derechos humanos, modificación de la
Constitución, reforma
agraria, desarrollo de las libertades sindicales, y mejoras en la
repartición
de la riqueza. De este modo, por ejemplo, el partido Unión
patriótica cuenta
entre sus miembros un gran número de víctimas.
La CUT, cuyo pluralismo ideológico es una realidad, se ha
quejado en varias
ocasiones de que oficiales superiores de las fuerzas armadas y
ciertos
sectores de opinión hayan declarado públicamente que las
organizaciones de la
CUT y sus miembros colaboraban activamente con la guerrilla:
las fórmulas
"sindicalistas de día, guerrilleros de noche" o "la CUT brazo
sindical de la
guerrilla" explicarían por qué esta central sindical cuenta entre
sus miembros
con un gran número de víctimas. Sin embargo, ninguna de las
personas
entrevistadas ha parecido compartir este punto de vista, incluso
si reconocen
que miembros de las fuerzas armadas y otras personas se han
expresado en este
sentido. El Ministro de Trabajo y los empleadores indicaron que
la CUT era una
organización independiente, que se preocupaba de los
intereses de los
trabajadores. El representante de las fuerzas armadas declaró
que en el
pasado, sindicalistas habían estado implicados en actividades
subversivas,
pero que actualmente el sindicalismo era independiente. Ello no
quiere decir
que, según estas personas, ciertos sindicalistas no sean a
veces cómplices de
movimientos vinculados a la guerrilla, pero todas han excluido
que la CUT como
institución participe en tales actividades.
3. Los asesinatos de sindicalistas se deben en su mayoría a los
denominados
grupos paramilitares y a sicarios. La expresión "grupos
paramilitares" también
conocidos como grupos de autodefensa o de justicia privada,
tiene una
significación muy amplia en Colombia y designa grupos armados
que teniendo a
menudo una organización y una acción de tipo militar cometen
homicidios y
actos de intimidación. La composición de estos grupos y la
identidad de los
que les financian no siempre son objeto de una opinión
unánime. Se ha
mencionado a asesinos a sueldo, militares jubilados, reservistas,
vigilantes o
militares en activo. La CUT se ha referido a muchos casos en
que militares,
incluso de alto rango, estarían implicados; algunos miembros de
esta
organización han hablado incluso de una complicidad de ciertos
sectores del
ejército, mientras que el Gobierno habla de casos y
comportamientos
individuales aislados. No está en tela de juicio que estos grupos
son
financiados en una gran proporción por personas que
representan intereses
económicos importantes, en particular por grandes propietarios
inmobiliarios y
traficantes de droga que han pasado a ser grandes propietarios.
Estos se
oponen en particular a toda reforma económica o política que
podría afectar su
riqueza y sus privilegios, de ahí el asesinato de numerosos
campesinos y
sindicalistas susceptibles de presentar reivindicaciones, o que
consideran
cómplices de los movimientos de guerrilla, o simplemente
peligrosos a causa de
su simple presencia en la zona que controlan. No hace mucho
tiempo, el
Gobierno ha identificado 138 grupos paramilitares. Según el
procurador General
de la Nación, algunos de estos grupos actuarían utilizando
varios nombres a la
vez y se conocería sus zonas de acción; algunos de estos
movimientos podrían
haber coordinado sus actividades a escala nacional.
Hay que referirse aqué también a los "comités de autodefensa"
que ya habían
sido previstos por una reglamentación militar sobre la lucha
antiguerrila de 9
de abril de 1969, a la que se alude después. Según esta
reglamentación, estos
comités, nacidos de la inseguridad que reina en el país, están
formados por
miembros de la población civil de las localidades donde los
movimientos de
guerrilla actúan y tendrían funciones de defensa pero también
de coloboración
con el ejército en operaciones militares. Algunos de estos
comités podrían
haberse recovertido a actividades terroristas. En cuanto a la
existencia de
esta reglamentación las opiniones son divergentes. Según los
sindicatos
seguiría estando en vigor, mientras que el Ministro de la Justicia
nos declaró
que había caído en desuso. En una comunicación escrita, el
Ministro de Trabajo
ha indicado que esta disposición no estaría ya en vigor en la
medida en que
autoriza los grupos de autodefensa. Sin embargo, informaciones
posteriores
mostrarían que las autoridades han adoptado nuevas reglas en
la materia. Sea
como fuere, la prensa se refiere a estos comités.
4. Frente a esta violencia, la actitud del Gobierno y el
funcionamiento
actual del sistema judicial son objeto de numerosas críticas.
Antes de
analizarlas, conviene señalar que ninguna de las personas
entrevistadas,
incluidos los dirigentes de sindicatos, ha afirmado que el
Gobierno instigaba
estos crímenes. Lo anterior se aplica igualmente a las fuerzas
armadas en
tanto que institución. Según el procurador General de la Nación,
esto no
excluye la participación individual de ciertas autoridades civiles
o de
oficiales; cuando las investigaciones permiten descubrir a los
culpables, la
presencia de oficiales es excepcional. En ninguno de los casos
y de ninguna
manera - ha indicado el procurador - sus actos han sido el
resultado de
órdenes del alto mando. El Consejero presidencial para los
derechos humanos ha
indicado que sobre un total de alrededor de 700 asesinatos
políticos que se
han producido desde principios de año, sólo se habría acusado
en 16 casos a
militares. para la CUT en cambio, la participación de miembros
de las fuerzas
armadas sería mucho más frecuente de lo que se quiere admitir,
sólo que estos
miembros no serían objeto de procesos ni de medidas
disciplinarias. Dicho
esto, la víspera de mi partida tres oficiales, entre ellos un Mayor
fueron
detenidos por complicidad en ciertos asesinatos que habían
tenido lugar a
principios de año.
El reproche principal que se dirije al Gobierno reside en su
inacción. Las
autoridades han indicado públicamante en varias ocasiones su
apego a la paz y
su deseo de hacer respetar la legalidad, pero esto no parece
traducirse en
acciones que den lugar a resultados convincentes.
En lo que respecta a la justicia, los sindicatos han subrayado
en varias
ocasiones que las investigaciones no tienen resultados y que no
se procesa a
los autores de los crímenes. Todas las personas entrevistadas
han insistido en
la impunidad de que gozan los asesinos. Esta impunidad 11eva
a un aumento de
violencia. De una parte, en efecto, las víctimas e parientes de
las víctimas
tienden a hacerse justicia por ellos mismos y, de otra parte, los
criminales,
seguros de que no se les procesará, persisten en sus
actividades. La
inseguridad que se deriva de ello, se ha dicho, es también
propicia a la
creación de grupos de autodefensa; algunos de ellos persiguen
posteriormente
finalidades ilícitas.
El procurador General de la Nación ha reconocido qua la
justicia en conjunto
era lenta, anticuada y poco eficaz. Los jueces carecen de
medios materiales,
son pocos, están mal pagados y, amenazada su vida, son a
veces peco inclinados
a proceder contra los eventuales culpables. El Ministro de
Trabajo ha
subrayado sin embargo las dificultades de las investigaciones,
ya que el
Gobierno debe actuar dentro de los límites de una estricta
legalidad y que los
testigos, a menudo amenazados de muerte, no se presentan y
se niegan a
colaborar con la justicia. Miembros de la Corte Suprema han
señalado, además,
que el derecho colombiano preví exigencias severas en materia
de prueba.
También se han formulado críticas con respecto a las fuerzas
del orden. La
CUT han insistido en que incluso en las regiones fuertemente
controladas por
el ejército en razón de la lucha contra la guerrilla, los
movimientos
paramilitares actúan libremente y con total impunidad. Según la
CUT, no habría
una verdadera voluntad política de eliminar tales movimientos.
Ha añadido que
nunca había habido enfrentamientos entre el ejército y tales
movimientos, lo
cual implicaría por parte del primero una pasividad
sorprendente. Otras
personas interrogadas a este respecto se declararon también
extrañadas. Del
lado gubernamental, se ha hecho mención de ciertas
dificultades encontradas:
territorios vastos y montañosos, vías de comunicación a
menudo insuficientes,
carácter clandestino de los grupos paramilitares, que se
confunden con la
población.
5. Queda entonces por saber si hay signos y esperanzas de
cambio. puede
constatarse en primer lugar que el Gobierno ha expresado sin
reticencias su
voluntad de luchar contra todas las formas de violencia privada
y en favor del
respeto de los derechos humanos. Sobre este punto, hay que
señalar la
creación, hace diez años del Consejero presidencial para los
derechos humanos.
La función de este departamento consiste ante todo en
sensibilizar a la
opinión pública, así como a los estudiantes, la policía y los
Militares sobre
este problema, pero puede también ser 11amado a actuar por
cualquier persona
que se sienta amenazada o que haya sido detenida. En casos
de este tipo, el
Consejero alerta a las autoridades - gobernador, procurador, jefe
de la
policía local - para que el procedimiento se desarrolle de manera
plenamente
legal o para conceder protección a la persona amenazada.
Este departamento ha
solicitado que se efectúen investigaciones detalladas, lo cual ha
conducido a
la detención de ciertas personas sospechosas de haber
cometido crímenes, entre
ellas algunos militares. El Consejero me indicó, además, que se
había creado
un cuerpo especial de policía judicial encargado de investigar
sobre los
autores de la violencia. El Ministro del Trabajo me informó
también que el
procurador Delegado para las Fuerzas Militares realizadaba una
investigación
sobre los grupos paramilitares.
Conviene referirse además, a una reciente jurisprudencia de la
Corte Suprema
que tiene por resultado sustraer a la jurisdicción militar los actos
realizados por las fuerzas armadas contra civiles.
Esta jurisdicción sólo sería por tanto competente para juzgar
actos de
militares cumplidos con motivo de actos de servicio.
Por otra parte, el Gobierno ha emprendido una acción en
ciertas zonas
especialmente conflictivas como Urabá, a fin de hacer posible
una mayor
presencia institucional (jueces, inspectores de trabajo, etc.), así
como
medidas de orden social y económico (viviendas, escuelas,
etc.).
Parecería en fin, según las informaciones concretas del
Gobierno sobre un
gran número de asesinatos, que con relación a la misión de
1986 se constata
una cierta mejora, aunque sea limitada, en lo que respecta al
número de
investigaciones judiciales que permiten identificar a los
supuestos culpables
(15 casos) y a su detención (10 casos). Sin duda estas medidas
son alentadoras
y muestran la voluntad del Gobierno de luchar contra la
violencia existente,
pero los sindicatos consideran que si se tiene en cuenta el
elevado número de
asesinatos las medidas gubernamentales son netamente
insuficientes.
Ciertamente, sería deseable, a fin de poner freno a la violencia
que sufre el
mundo sindical, que el Gobierno reforzara los efectivos y los
medios de que
dispone el poder judicial y que adoptara medidas vigorosas para
desarticular
los grupos paramilitares.
2. Informaciones del Gobierno sobre sindicalistas cuyos
nombres figuran en
las listas facilitadas por las organizaciones querellantes
a) Sindicalistas cuyo asesinato ha sido alegado
Muerte de José Elí Páez:
La investigación correspondió al Juzgado 27 de instrucción
criminal de
Turbo.
Muerte de Francisco Antonio Jimínez:
El Juzgado promiscuo municipal de Chigorodó dio comienzo a
la
investigación, la cual fue remitida al Juzgado superior (reparto)
de Medellín
el 8 de mayo de 1987.
Muerte de Víctor Hernández:
El correspondiente proceso se encuentra a cargo del Juez
cuarto superior de
Armenia.
Muertes de Julio César Santacruz, Aurelio de Jesús Ortiz y
Pedro León pineda:
Su investigación es 11evada a cabo por el Juzgado 16 de
instrucción
criminal de Apartadó.
Carlos Julio Ortiz:
La investigación es 11evada a cabo por el Juez 19 de
instrucción criminal
de Neiva.
Muertes de Antonio Fernández y Pedro Ezequiel Gil:
La investigación está a cargo del Juzgado 65 de instrucción
criminal de
Turbo.
Muerte de Juan Antonio López David:
La inspección de policía de Currulao adelanta la
investigación.
Muertes de Gabriel Holguín Olave, Saúl Villada y Baldomero
Mosquera:
Su investigación es 11evada a cabo por el Juzgado 16 de
instrucción
criminal de Apartadó.
Muertes de Luis Enrique España, Luis Felipe Murillo y Luis
Carlos Torres:
Las correspondientes investigaciones son adelantadas por el
Juzgado 27 de
instrucción criminal de Turbo.
Muerte de José Lealdo Herrera Cano:
El Juez cuarto superior de Medellín indicó que el
correspondiente sumario
fue enviado, por competencia, al Juzgado de instrucción
criminal (reparto) de
Itagüí.
Muerte de Oscar Darío Torres Zapata:
La investigación fue remitida a la inspección de policía de
Apartadó por el
Juzgado 47 de instrucción criminal de dicha localidad.
Muerte de José Maria Imbett Arrieta:
El Juez 11 superior de Medellín comunicó que el sumario está
radicado
contra sindicado desconocido por la muerte del citado señor,
ocurrida el 11 de
noviembre de 1986. La investigación fue iniciada por el Juzgado
47 de
instrucción criminal de Apartadó, pero lamentablemente hasta el
momento no ha
sido posible la vinculación de ninguna persona como sindicada
porque de los
testimonios recibidos no surge ningún cargo para el efecto.
Muerte de Mario Correz y de Inís Arrieta:
La investigación es adelantada por el Juzgado de instrucción
criminal de
Apartadó.
Muerte de Julio César Uribe Rúa:
El comandante del departamento de policía Boyacá indicó
que, revisados los
archivos del Octavo distrito, se estableció que el Sr. Julio César
Uribe,
presidente del Sindicato de Trabajadores de Cementos Nare,
ejecutivo de la
Federación Nacional de Trabajadores de
Cemento-FENALTRACONCEM (filial de la
CUT) y dirigente de la Unión patriótica, perdió la vida el 8 de
diciembre de
1986, a las 13.OO horas a bordo de un bus de la empresa
CONORTE en el terminal
de transportes de puerto Boyacá.
El Juez 19 de instrucción criminal de puerto Boyacá (Boyacá),
informó en el
oficio núm. 272 que su despacho inició el 9 de diciembre de
1986 el sumario
núm. 351 por la muerte del citado señor, se practicaron las
pruebas posibles
y, al vencer la etapa instructiva, aquél fue enviado al Juez
superior
(reparto) de la ciudad de Tunja, el 27 de febrero de 1987. El
proceso
correspondió al Juzgado sexto superior de dicha ciudad, el cual
lo remitió en
comisión al mencionado Juzgado 19 de instrucción criminal de
puerto Boyacá.
Este despacho solicitó autorización a la dirección seccional de
instrucción
criminal de Boyacá para el desplazamiento de dos funcionarios
del mismo al
corregimiento de La Sierra (puerto Nare-Antioquia) para la
recepción de
algunos testimonios. De conformidad con lo dispuesto por el
nuevo Código de
procedimiento penal, el sumario quedó nuevamente radicado en
el Juzgado 19,
bajo el núm. 107, folio 107, Tome I del libro radicador. Con base
en las
actuaciones adelantadas existen indicios contra una persona,
cuyo nombre no
fue precisado por el Juez en virtud de la reserva del sumario,
como supuesto
participe del delito, habiéndose librado contra él orden de
captura ante las
autoridades del DAS de puerto Boyacá, Medellín y Bogotá. Aún
no ha sido
posible su aprehensión, pero los esfuerzos continúan.
Muerte de Tobías Torres Jaramillo:
La investigación fue remitida en febrero de 1987 por el
Juzgado 27 de
instrucción criminal de Turbo al Juzgado superior (reparto) de
Medellín.
Muerte de Jairo Chamarro Romero:
El comandante del departamento de policía Sucre señaló en
el oficio núm.
824/DESUC.UINDI 744 que este señor fue herido con arma de
fuego el 13 de enero
de 1987 a las 23.00 horas en el corregimiento Chapinero,
jurisdicción del
municipio de Corozal, por personas que se movilizaban en una
motocicleta. Fue
trasladado al hospital Nuestra Señora de las Mercedes en dicha
ciudad, donde
falleció. La correspondiente investigación se encuentra a cargo
del Juzgado
tercero de instrucción criminal de Corozal. El proceso en
averiguación de
responsables se encuentra en la etapa sumarial y no ha sido
posible hasta el
momento vincular al(los) responsable(s) del delito.
Muerte de Ricardo Emilio Correa:
La investigación radica en el Juzgado 27 de instrucción
criminal de Turbo.
Muerte de Pedro Hernández Torres:
El comandante del departamento de policía Córdoba informó
que el mencionado
señor fue muerto por desconocidos en la noche del 31 de
octubre de 1986 en la
zona rural del municipio de Ciénaga de Oro. Su cadáver fue
hallado hacia las
16.00 horas en el sitio conocido como "Charco de Ají". El
levantamieno fue
practicado por el inspector central de policía de aquella zona y
la necropsia
por el médico Hugo Rufo Mendoza, quien dictaminó
desprendimiento de la piel
por graves quemaduras ocasionadas con arma de fuego.
La investigación fue iniciada por el Juzgado promiscuo
municipal de Ciénaga
de Oro, pasó luego al Juzgado 16 de instrucción criminal de
Montería;
posteriormente la seccional de instrucción criminal designó al
Juzgado octavo
para la práctica de algunas diligencias, entre ellas la
exhumación del
cadáver. El Juzgado 16 antes mencionado 11amó a rendir
indagatoria a Henry
Daza y a Julián Cumplido Orozco, a quienes se les dictó auto de
detención, el
cual fue revocado por el tribunal superior. Actualmente la
investigación está
a cargo el Juzgado cuarto de instrucción criminal de Ceretí.
Conviene destacar
que era imposible que Pedro Hernández fuera "detenido,
torturado y asesinado",
por la policía en enero de 1987, como afirman los querellantes,
porque, además
de no constar ningún antecedente de su retención en los libros
de registro de
la estación de policía de Ciénaga de Oro, su muerte por
desconocidos se
produjo el 31 de octubre de 1986.
Muerte de Freddy Tapias:
La investigación la adelanta el Juzgado 16 de instrucción
criminal de
Apartadó.
Muerte de Ranulfo Enrique Serrano Mora:
La investigación fue iniciada por el Juzgado 47 de instrucción
criminal de
Apartadó y se encuentra en la actualidad en el Juzgado 13 de
instrucción
criminal ambulante.
Muerte de Adalberto Manuel González:
La investigación radica en el cuerpo técnico de la policía
judicial de
Antioquia.
Muerte de Oscar Extremor Paz:
El respectivo sumario está radicado contra sindicado
desconocido por la
muerte ocurrida el 17 de febrero de 1987. La investigación fue
adelantada por
el Juzgado 27 de instrucción criminal de Apartadó, pero
tampoco se han
obtenido resultados positivos por la escasa colaboración de los
testigos.
Actualmente el Juzgado 11 superior de Medellín adelanta el
correspondiente
proceso.
Muerte de Ovidio Cano Peñate:
El Juzgado 16 de instrucción criminal de Apartadó adelanta la
investigación.
Muerte de Obdulio palacio Lemus:
El Juzgado 68 de instrucción criminal de Chigorodó adelanta
la respectiva
investigación.
Muerte de José Hernán Usuga:
Se encuentra esta investigación en la inspección de policía
de Currulao,
después de haber sido iniciada por el Juzgado 65 de instrucción
criminal de
Turbo.
Muerte de Jesús Antonio Molina:
El Juez 21 de instrucción criminal de puerto Berrío (Antioquia)
comunicó
telegráficamante que el sumario por la muerte del Sr. Molina fue
remitido al
Juez superior de reparto de Medellín el 9 de abril de 1987,
radicado bajo el
núm. 2532, con sindicado desconocido. El juez 64 de
instrucción criminal de
puerto Nare informó que el sumario núm. 220 por la muerte del
citado señor con
sindicado desconocido fue remitido a la inspección
departamental de policía La
Sierra el 20 de mayo del presente año, en cumplimiento del
artículo 2 del
decreto 120O de 1987.
Muertes de Gerardo Díaz Chaverra, pascual Acosta Pérez y
Nemesio Córdoba
Salas:
El Juzgado 27 de instrucción criminal de Turbo también
conoce de las
correspondientes investigaciones.
Muerte de Fidel Antonio Pino Quiroz:
La investigación fue iniciada por el Juzgado 27 de instrucción
criminal de
Turbo, el cual la remitió, en cumplimiento de las normas de
procedimiento
penal, a la inspección de policía de Currulao, donde se
encuentra en la
actualidad.
Muerte de Fabio Jesús Londoño García:
La investigación está a cargo del Juzgado 27 de instrucción
criminal de
Turbo.
Muerte de Esteban Agualimpia Pérez:
La investigación pasó a la inspección de policía de Apartadó,
proveniente
del Juzgado 47 de instrucción criminal del mismo municipio.
Muerte de Samuel Valdís Ríos:
El comandante del departamento de policía Magdalena
remitió la información
proporcionada por el tercer distrito (Fundación). El comandante
de este
distrito precisó que el Sr. Valdís fue muerto con arma de fuego
el 27 de marzo
de 1987 en predios de la hacienda "La Pola", jurisdicción de
Chivolo. Según
versiones de varies campesinos de la región, el autor del delito
fue José
María Cantillo Montenegro, jefe de una banda de fascinerosos
que se opone a la
adjudicación de tierras por parte del Instituto Colombiano de la
Reforma
Agraria INCORA, con el cual colaboraba la víctima en su
calidad de líder
campesino. El autor del delito es solicitado por un juzgado de
Fundación por
el delito de hurto de ganado. La investigación por la muerte del
Sr. Valdís
cursa en el Juzgado único penal municipal de Chivolo
(Magdalena), al cual se
ha dirigido el Ministerio. Ulteriormente, el Gobierno informó que el
Juez
promiscuo municipal de Chivalo (Magdalena) comunicó
telegráficamente que el
despacho a su cargo inició diligencias sumarias contra José
María Cantillo
Montenegro como presunto autor del delito. El 26 de junio de
1987 las mismas
fueron remitidas por competencia al Juzgado superior de reparto
de Santa
Marta.
Muerte de Eladio Rentería:
El Juzgado 27 de instrucción criminal de Turbo está a cargo
de la
investigación.
Muerte de Darío Garrido Ruiz:
El Juzgado 95 de instrucción criminal de Urrao investiga la
muerte.
Muerte de Francisco Antonio palacio:
La investigación fue empezada por el Juzgado 16 de
instrucción criminal de
Apartadó, el cual la remitió a la inspección de policía del mismo
municipio.
Muerte de Adán González:
Esta investigación se encuentra a cargo del Juzgado 13 de
instrucción
criminal ambulante.
Muerte de Alberto Cogüello:
El Juzgado 16 de instrucción criminal de Apartadó adelanta la
investigación.
Muerte de Hernando de Jesús Sanguino Jácome:
El Juez 20 de instrucción criminal de Cúcuta informó en el
oficio núm. 258
que su despacho adelantó las diligencias investigativas
pertinentes,
incluyendo inspección judicial al lugar de los hechos para
establecer qué
personas viven en él, y a ellas se les recibieron testimonios, sin
que ninguno
de ellos aportara indicios para el esclarecimiento del infortunado
suceso, por
lo cual, en cumplimiento del artículo 347 del Código de
procedimiento penal,
aquéllas pasaron al cuerpo técnico de la policía judicial.
Muerte de Carlos López Bedoya:
El Juez 13 de instrucción criminal de Medellín comunicó en el
oficio núm.
207 que su despacho adelanta las respectivas diligencias
preliminares y que
hasta la fecha, lamentablemente, a pesar de las averiguaciones
efectuadas con
la colaboración del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS), no ha sido
posible establecer las causas, ni los autores del delito.
Muertes de Jesús Hernando Restrepo, Pedro Luis Valencia y
Leonardo Betancur:
La investigación relativa a los Sres. Restrepo y Valencia
correspondió al
Juez 49 de instrucción criminal de Medellín y la del Sr. Betancur
al Juez
primero de instrucción criminal de idíntica ciudad, quien en el
oficio núm.
290 indicó que pasó al cuerpo técnico de la policía judicial.
Muerte de Reinaldo Alzate Cifuentes:
La investigación cursa en el Juzgado 22 de instrucción
criminal de Neiva.
Muerte de Alejandro José Gómez Ricardo:
La investigación iniciada, por el Juzgado 65 de instrucción
criminal de
Turbo pasó a la inspección de policía de Currulao.
Muerte de Luis Felipe Vílez Herrera:
Es objeto de investigación por parte del Juzgado 22 de
instrucción
criminal ambulante de Medellín.
Muerte de Híctor Abad Gómez:
La Juez primero de instrucción criminal de Medellín señaló
que su despacho
adelantó la investigación correspondiente y que, en
cumplimiento de lo
ordenado por el artículo 347 del Código de procedimiento penal,
la misma pasó
al cuerpo técnico de la policía judicial de esa ciudad.
Muerte de Luis Ovidio Estrada Betancourt:
Fue muerto con arma de fuego el 30 de agosto de 1987 a las
19.45 en su
residencia del municipio de Toro. En rápida y exitosa
investigación, conocida
por todo el país, la policía estableció que los autores materiales
del delito
fueron Hoovert Londoño Rivera, de 16 años y César Augusto
Rivera Ramírez, de
19 años. Según confesión de este último, fue él quien planeó la
muerte del
profesor Estrada, por haber perdido su materia en el colegio y
convenció a su
primo Londoño, quien disparó el arma. Dicha confesión tuvo
lugar ante la
policía con todas las formalidades legales, fue ratificada ante el
Juez de
instrucción criminal y manifestada espontáneamente por el autor
del ilícito a
varios periodistas, los cuales la difundieron inmediatamente a
nivel nacional.
Inicialmente conoció de este caso el Juzgado cuarto de
instrucción criminal de
Zarzal y, el 15 de febrero del año en curso pasó al Juzgado
cuarto superior de
Cartago, donde se encuentra en la actualidad. Se trata pues de
delitos comunes
y no de violaciones a la libertad sindical. Actualmente la
investigación
corresponde al Juez primero superior de Cartago, el cual informó
que el
proceso se halla en turno para la celebración de la audiencia
publica con
jurado de conciencia y que contra los acusados Hoover
Londoño Rivera y César
Augusto Rivera Ramírez, se dictó reolución de acusación.
Muerte de Marciano Berrío:
Se encuentra radicada en el Juzgado promiscuo municipal de
Apartadó la
invstigación.
Muerte de Fulton Garcís Mareno:
Desde el 12 de febrero del presente año las diligencias
averiguatorias se
encuentran en la inspección de policía de Apartadó.
Muerte de José Fidel Manjarrés García:
Los hechos ocurrieron en el establecimiento "La Gran
Esquina", el 8 de
septiembre de 1987. El Juzgado 23 de instrucción criminal de
San José del
Guaviare abrió indagación preliminar, la cual fue remitida el 26
de enero de
1988 a la dirección seccional de instrucción criminal de
Villavicencio (Meta)
para que ésta la entregara al cuerpo técnico de la policía
judicial, por
competencia al no haberse logrado la vinculación del
responsable.
Muerte de William Alfonso Cadena Sarmiento:
La Juez 81 de instrucción criminal de Bogotá comunicó que
su despacho
adelanta la investigación núm. 337 en averiguación de
responsables por la
muerte del mencionado señor. Las diligencias previas fueron
11evadas a cabo
por el Juzgado 60 de instrucción criminal ambulante,
posteriormente fueron
enviadas al cuerpo técnico de la policía judicial, pero hasta la
fecha no ha
sido posible la identificación de los responsables al proceso que
prosigue en
el Juzgado 81.
Muerte de Dora Torres:
El responsable de la Unidad de indagación preliminar del
cuerpo técnico de
la policía judicial de Santander indicó que la muerte de la
mencionada
profesora ocurrió en el sitio "La Tachuela", vereda San José de
Arívalo,
municipio de Ríonegro, el 1 de septiembre de 1987. Una vez
agotado el término
de sesenta días correspondiente a las diligencias preliminares,
el Juzgado 19
de instrucción criminal de Bucaramanga dio traslado de ellas al
citado cuerpo
técnico, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 347
del Código de
procedimiento penal al no haber sido posible identificar a los
autores o
participes del hecho punible. Dicho organismo reanudó la
indagación y libró la
orden de trabajo núm. 008 del 2 de marzo de 1988 al jefe de la
policía
judicial SIJIN F2 de esa ciudad con el objeto de averiguar por la
identidad de
los responsables. El 4 de mayo fue devuelta la orden a la
Unidad de indagación
preliminar debido a que razones de seguridad configuradas por
la presencia de
grupos subversivos en la región hacían aconsejable suspender
transitoriamente
la investigación. No obstante, la citada Unidad solicitó
nuevamente al jefe de
la policía judicial el 25 de junio establecer a travís del
comandante de
policía de Ríonegro "... qué grupos de delincuentes comunes o
subversivos
operan en esa zona y, de ser posible, el modus operandi en los
casos de
homicidio ...", toda vez que en la muerte de la Sra. Dora Torres
presuntamente
actuaron miembros de la guerrilla. A pesar de la difícil situación
que se vive
en la zona por la acción guerrillera, el cuerpo técnico de la
policía judicial
continuará realizando indagaciones para individualizar a los
autores del
delito.
Muerte de Euclides Maria Montes Negrete:
El jefe del grupo de la policía judicial de la seccional del
Departamento
Administrativo de Seguridad (DAS) en Córdoba señaló que
efectivamente el 24 de
septiembre de 1987, a las 22.00 horas, en la heladería "La
fuente" del área
urbana del municipio de Tierralta fue muerto de varios impactos
de arma de
fuego el Sr. Montes Negrete, propinados por un desconocido.
La dirección de la
seccional comisionó varios operativos para investigar los
hechos y, después de
adelantar varias diligencias preliminares en búsqueda de
indicios, versiones,
testimonios que permitieran el esclarecimiento de aquéllos, no
fue posible
obtener resultados positivos, porque las personas que se
encontraban en la
heladería se abstienen de declarar sobre el individuo que
disparó por temor a
represalias de elementos de los grupos subversivos que
frecuentan la población
antes citada. El inspector permanente de policía de Tierralta
practicó las
diligencias de levantamiento del cadáver, las entregó al Juez
promiscuo
municipal de aquél, para que asumiera la investigación, notificó
al Notario
único del circuito de la localidad para que inscribiera la
correspondiente
acta de defunción y solicitó la autopsia a los médicos de turno
del hospital
San José. Los asistentes a la heladería donde la víctima ingería
licor, entre
ellos dos hermanas de ésta, de nombres Cándida Rosa Montes
de Mantero e
Iluminada Enriqueta Montes Negrete, declararon unánimemente
no tener indicios
de quiénes hayan matado a su hermano y sus respuestas no
contribuyen a la
identificación de los autores. La investigación está a cargo
actualmente del
Juzgado 11 de instrucción criminal de Montería.
Muerte de José Uriel Ramírez Millán:
Fue muerto con arma de fuego el 25 de septiembre de 1987 a
las 20.30 en la
vía que conduce de Zarzal a La Victoria. Como móvil del delito
se tiene el
intento de robo del automotor Renault 9 de placas NT 0520 en
que viajaba la
víctima. La muerte del Sr. Ramírez Millán fue causada por
Humberto Sepúlveda
Cuartas y Fernando Giraldo Marín, quienes se estrellaron contra
el vehículo de
aquél con el fin de robarlo, habiendo fallecido a consecuencia
de ello el
individuo Giraldo Marín. Hechas las averiguaciones se
estableció que el Sr.
Ramírez Millán no tenía problemas de índole personal, no
había sido amenazado
por razones políticas, ni sindicales y se desconocía que
perteneciera a alguna
agremiación, por lo cual las autoridades consideran que la
muerte ocurrió al
intentar hurtarle el automóvil y la víctima opuso resistencia. La
investigación es adelantada en el Juzgado cuarto de instrucción
criminal de
Zarzal.
Muerte de Domitila Guanay de Sigua:
La investigación por la muerte de la citada profesora y quince
(15)
campesinos más fue adelantada por los Juzgados 15 y 17 de
instrucción criminal
de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá). Fueron capturados Elías
Niño Blanco,
Cayetano Rodríguez Tumay y Belisario Jimínez Tumay, quienes
confesaron haber
cometido el múltiple delito. Los responsables también afirmaron
haber
participado en el asalto a la subestación de policía Nunchía
(Casanare) el 25
de agosto de 1987 con elementos pertenecientes al 28.8 frente
del grupo
subversivo Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC) , al cual
pertenecen. Igualmente expresaron que los crímenes contra la
profesora Guanay
de Sigua y los campesinos fueron cometidos para amedrentar a
la población y
buscar así más seguidores, pero a la vez porque eran
colaboradores del
ejército y la policía. Los autores del delito se encuentran
recluidos en la
cárcel de Sogamoso. El director de la misma informó que los
sindicados Elías
Blanco Niño, Cayetano Rodríguez Tumay y Belisario Jimínez
Tumay se encuentran
capturados y detenidos desde el 3 de marzo del presente año y
que ingresaron
al centro carcelario el 26 del mismo mes, por cuenta del
Juzgado 15 de
instrucción criminal ambulante de Santa Rosa de Viterbo
(Boyacá) , por los
delitos de homicidios agravados, asociación para delinquir y
violación de
domicilio.
Muerte de Juan Paulino López Mena:
La correspondiente investigación está a cargo de la
inspección de policía
de Apartadó, a la cual pasó del Juzgado 16 de instrucción
criminal de dicha
localidad.
Muerte de Alberto Angulo Gómez:
La inspección de policía de Apartadó realiza la investigación.
Muerte de José Aldemar González Galindo:
La inspección de policía de Apartadó recibió la investigación
del Juzgado
16 de instrucción criminal, para proseguir con ella.
Muerte de Pablo Emilio Córdoba Madrigal:
La indagación preliminar núm. 19 pasó el 30 de mayo de 1988
del Juzgado 64
de instrucción criminal de puerto Nare a la inspección
departamental de
policía de La Sierra.
Muerte de Alfonso Miguel Lozano Pérez:
El Juzgado 64 de instrucción criminal de puerto Nare recibió la
investigación del Juzgado quinto superior de Medellín y la inició
el 13 de
octubre de 1987. pasó el 6 de noviembre del mismo año a la
inspección
departamental de policía La Sierra.
Muerte de José Aristides Girón:
El Juzgado 27 de instrucción criminal de Turbo dio comienzo a
la
investigación, que pasó luego a la inspección de policía
"Llanogrande" del
mismo municipio, donde se halla en la actualidad. El Inspector
departamental
de policía de Ríogrande señaló que en su despacho se
adelanta la investigación
contra desconocidos por la muerte del citado señor, pero por
hechos ocurridos
el 13 de mayo de 1987 y no en octubre come afirman los
querellantes. precisa
también el Inspector que en el sumario constan tres
declaraciones, pero que
ninguna aporta los elementos necesarios para sindicar a alguien
como
responsable del delito.
Muerte de Rodrigo Guzmán Martínez:
Su muerte es investigada por el Juzgado 28 de instrucción
criminal
ambulante de Medellín. Se están realizando nuevas
investigaciones para
identificar a los autores del delito.
Muerte de Carlos Alfredo Vanegas Ossa:
La investigación por su muerte correspondió al Juzgado 56 de
instrucción
criminal de Bello. Hasta el momento no se han podido
establecer los móviles
del delito ni los responsables.
Muertes de Gustavo de Jesús Callejas Vásquez y Híctor Alonso
Loaiza Londoño:
El Juez 64 precisó que la indagación preliminar fue empezada
por su
despacho el 5 de diciembre de 1987 y que fue remitida a la
inspección
departamental de policía La Sierra, el 24 de febrero de 1988.
Muerte de Argemiro Colorado Marulanda:
La investigación es realizada por el Juzgado 69 de instrucción
criminal de
La Ceja.
Muerte de Angel Manuel Gutiérrez Rodríguez:
El Sr. Angel Manuel Gutiérrez Rodríguez, presidente del
Sindicato de la
Industria del Automóvil (ASINTRAUTO) trabajador de SOFASA
RENAULT falleció el
25 de diciembre de 1987 en un centro asistencial de la ciudad
de Bogotá a
consecuencia de las lesiones recibidas al rodar por las
escaleras del
establecimiento "Balcón de los Sibaritas y Billares Las
Libertadores" de la
ciudad de Duitama (Boyacá). La causa del deceso fue
informada a la policía por
algunos ciudadanos que presenciaron el acto y le solicitaron
auxilio para la
víctima. Se trató pues de una muerte accidental. La
investigación correspondió
al Juzgado 13 de instrucción criminal de Duitama.
La Juez 13 de instrucción criminal de Duitama (Boyacá)
informó que, con
base en la indagación preliminar adelantada por su despacho,
se dispuso
iniciar investigación contra Faustino Rodríguez Hurtado por
existir mérito
contra él y se fijó el viernes 3 de junio a las 10 horas para
escucharlo en
declaración indagatoria.
Muerte de Ovidio Assia:
El comandante del departamento de policía de Sucre informó
en el oficio
núm. 1121/SUCOM que la respectiva investigación está a
cargo del Juzgado
tercero de instrucción criminal de Corozal.
El Ministerio ha solicitado a dicho despacho datos detallados
para
transmitirlos, como se ha venido haciendo respecto a los demás
hechos que
integran el caso, a la OIT.
Muerte de Manuel Gustavo Chacón Sarmiento:
El Juez sexto de instrucción criminal ambulante de
Bucaramanga (Santander)
precisó por vía telegráfica que su despacho inició y adelanta
diligencias
sumarias contra Pablo Francisco Pérez Cabrera como autor del
delito contra el
Sr. Chacón.
Concluida la etapa instructiva, el juzgado profirió resolución
acusatoria
y, en consecuencia, llamamiento a juicio contra el inculpado. La
misma se
encuentra en término de ejecutoria.
Muerte de Argemiro Correa:
La inspectora de policía de Apartadó informó telegráficamente
que la
respectiva investigación se encuentra en el Juzgado 16 de
instrucción criminal
del mismo municipio.
Muerte de Augusto Guerrero Márquez:
La investigación la realiza el Juzgado primero de instrucción
criminal
ambulante de Bucaramanga.
Muerte de Híctor Julio Mejía:
El Juez 64 de instrucción criminal de puerto Nare (Antioquia)
señaló que la
investigación preliminar radicada bajo el núm. 043 contra
sindicado
desconocido fue iniciada por su despacho, pero el 23 de
febrero de 1988 fueron
entregadas las diligencias al Juzgado 13 de instrucción criminal
ambulante por
orden de la dirección seccional de instrucción criminal de
Medellín.
Muertes de Darío Gómez y Arturo Salazar:
La indagación preliminar núm. 037 fue iniciada por el Juez 64
de
instrucción criminal de puerto Nare el 20 de enero de 1988. El
17 de mayo fue
remitida a la inspección departamental de policía La Sierra, en
cumplimiento
del artículo 347 del Código de procedimiento Penal.
Aníbal Díaz:
Informó el comandante de la estación especial de policía de
San José del
Guaviare que en ninguno de los libros radicadores, ni en las
actas de
levantamiento de los juzgados de la ciudad consta la muerte del
mencionado
señor. Tampoco en los libros de población y demás documentos
que 11eva la
estación aparece la muerte. por ello, la organización querellante
debe dar
mayores datos.
Muerte de Hubert Aníbal Cabezas Cortís:
El comandante de la estación especial de policía señaló que
los hechos
sucedieron en la vía al Retorno, en el centro de la localidad de
San José del
Guaviare, el 1 de febrero de 1988. El 3 de los mismos mes y año
se abrió
investigación penal contra Argenis Valencia Rodríguez y el día
8 fue
igualmente vinculado Hernán Echeverri, quienes se encuentran
detenidos en la
cárcel municipal.
Muerte de Bernardo Arbeláez Arroyave:
El delito tuvo lugar en la avenida que conduce del municipio
de San José
del Guaviare al corregimiento del Retorno el 2 de febrero del
presente año. El
Juzgado 22 de instrucción criminal inició la investigación,
radicada bajo el
núm. 283, que se encuentra en la etapa de indagación
preliminar. El sindicado
del delito, Pedro Antonio Solano, está detenido en la cárcel
municipal y ha
sido 11amado a responder por otro homicidio.
Muerte de Julio Alberto Martínez Faura:
El Ministerio solicitó la información correspondiente al cuerpo
técnico de
la policía judicial de Arauca.
El jefe de la unidad de indagación preliminar de dicho
organismo comunicó
que mediante acta del 1 de febrero de 1988 se efectuó por
parte de la
inspección municipal de policía de Tame el levantamiento del
cadáver del Sr.
Martínez, muerto con arma de fuego. El 2 del mismo mes el
Juzgado séptimo de
instrucción criminal del mismo municipio decretó diligencias de
indagación
preliminar con el fin de determinar los autores o partícipes del
hecho, de
conformidad con el artículo 346 del Código de procedimiento
penal.
Híctor Julio Mejía:
Fue objeto de lesiones en 1988. La investigación la realiza el
Juez 13
inscriminal ambulante de puerto Nare.
Hechos ocurridos el 4 de marzo del presente año en las fincas
"Honduras" y
"La Negra", donde perdieron la vida los trabajadores afiliados a
SINTAGRO,
Sres. Omar Ochoa, Iván Darío Molina, Guillermo León Valencia,
José Blanco,
Julia Carrillo, Manuel Cogollo Espitia, Alirio Rojas, Natanael
Rojas, José
pineda, Guido González Martínez, Bienvenido González
Martínez, Pedro González
Martínez, Enrique Guisado Martínez, Rito Martínez Reyes,
Gilberto Meneses,
Joaquén Mendoza, José Mena Sánchez, Santiago Ortiz,
Rodrigo Guzmán, Manuel
Durango y Nístor Marino Galvis.
Los indicios obtenidos por el cuerpo técnico de policía judicial
conducen a
que esta masacre (y la que se realizó en la vereda Coquitos el
11 de abril de
1988) habrían sido cometidas por orden de las mismas
Personas, es decir, un
latifundista de la zona de Urabá y tres empleados de haciendas
bananeras. Se
ha podido detener a uno de los Presuntos autores.
Muerte de Valencia Vasco Camargo:
La investigación la realiza el Juzgado sexto inscriminal
ambulante
(Bucaramanga).
Muerte de José Antonio Bohórquez Jaimes:
El Juez 19 de instrucción criminal ambulante de Bucaramanga
indicó
telegráficamente que la investigación se encuentra en estado
de indagación
preliminar de conformidad con los artículos 341, inciso segundo
y 346 del
Código de procedimiento Penal y que el término de la misma,
aunque próximo a
vencerse, se econtraba suspendido porque el juzgado se
encontraba cumpliendo
comisión fuera de la sede.
Muertes de campesinos en la vereda "La Mejor Esquina":
Gracias al arduo esfuerzo realizado por las autoridades
investigativas, se
logró la captura de nueve de los presuntos autores de la
masacre de La Mejor
Esquina, en la que perdieron la vida Juan Sáenz Martínez,
Tomás Berrío
Wilches, Donaldo Benítez Benítez, Dionisio Benítez Benítez,
Luis Sierra,
Freddy Martínez, Tomás Rivero Aguirre, José Guevara, Pedro
Pablo Márquez
Benítez, Carlos Márquez Benítez, Oscar Sierra Mercado,
Domingo Salas, Carmen
Barragán, Jaime Paternina, Iván Acevedo, Ramón Nisperuza,
Rogelio Mejía
Medrano, Matencio Sáenz, Silverio Sáenz, Silvio Pérez Pérez,
Silvio Melíndez
Juan Ruiz, Cleto Martínez y Marcos Martínez. Según el director
del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el autor
intelectual del
repudiable delito fue un presunto narcotraficante. El Juez quinto
de orden
público adelanta la investigación. El Gobierno señala que las
muertes se
debieron a un grupo de hampones que en ningún momento
tuvieron vinculación con
las fuerzas armadas. Es incomprensible la posición de las
organizaciones
sindicales frente a la labor que realiza el ejército nacional en la
lucha
contra la subversión.
Muertes de José Francisco polo Villalobos, Humberto Martínez
Gualdrón y Josz
Arley Bedoya Ibarra. Lesiones a Isabel Vargas de Cordero,
Arcesio Rincón
Jimínez, Libardo Vargas López, María Esther pinzón, Híctor
Rincón, David Dario
Gómez Jácome y Antonio José Hoyos Hernández, en la fiesta
organizada por el
sindicato de trabajadores de INDUPALMA en el Municipio de
San Alberto (Cesar):
La investigación fue iniciada en diligencias de indagación
preliminar el 11
de abril de 1988 por el Juzgado promiscuo municipal de San
Alberto (Cesar),
lugar donde ocurrieron los hechos y el día 12 el Juagado
segundo de
instrucción criminal de Valledupar, con base en la designación
efectuada por
la dirección seccional de instrucción criminal en la resolución
núm. 165,
avocó el conocimiento practicando algunas pruebas, entre ellas
inspecciones a
la sede social de ASINTRAINDUPALMA y las residencias de
tres trabajadores de
la empresa INDUPALMA, y se solicitó la colaboración de las
personas
perjudicadas para que se presentaran al juzgado a rendir
declaraciones. En
esos días los trabajadores hicieron publicaciones en las que
manifestaban que
no se presentarían a ningún juzgado hasta tanto el Gobierno no
enviara
representantes a dialogar con ellos. El día 14 se presentó a San
Alberto el
Juzgado noveno de orden público de Bogótá, el cual asumió la
investigación por
disposición de la dirección nacional de instrucción criminal. Con
base en las
diligencias practicadas por los Juzgados promiscuo municipal y
segundo de
instrucción criminal ambulante el despacho de orden público
decidió dictar
auto cabeza de proceso y abrir la correspondiente investigación
penal, para lo
cual ordenó nuevas diligencias que condujeron a vincular come
posibles
responsables a los hermanos Segundo Cirilo y Jesús Antonio
Ayala Amado,
quienes fueron vinculados a aquélla y se ordenó su captura. La
policía logró
detener a Segundo Cirilo Ayala Amado, se le recibió indagatoria
y el juzgado
ordenó la detención preventiva como medida de aseguramiento.
La investigación
prosiguió desde el 3 de mayo de 1988. Hasta la culminación de
la etapa que
terminó con el auto de cierre de investigación se practicaron
más diligencias
para establecer claramente la responsabilidad de los sindicados,
teniendo en
cuenta que la detención preventiva de 8egundo Cirilo Ayala
Amado fue decretada
con base en declaraciones que constituían indicios contra él. El
Juzgado
segundo estudió el expediente después del cierre de
investigación para su
respectiva calificación y concluyó que era necesario reabrirla
con el fin de
llegar a la perfección del sumario, ya que Jesús Antonio Ayala
Amado había
sido declarado ausente y le fue resuelta favorablemente su
situación jurídica
por haberse considerado que las pruebas existentes no
ameritaban medida de
aseguramiento. La reapertura de la investigación que recibió
concepto
favorable del agente especial del Ministerio solicitará nueva
información al
Juez segundo de instrucción criminal ambulante para transmitirla
a la OIT.
Muertes en la vereda Coquitos:
En la vereda Coquitos, municipio de Turbo, fueron muertos
lamentablemente,
el 11 de abril pasado los campesinos José Durango Zapata,
Manuel González
Turizo, Leonardo palacio Romaza, Calixto Antonio González
Turizo, Pablo Emilio
Mazo Murillo, Orlando Ballesteros Martínez, Lucas Hernández
Madarriaga, Manuel
Martínez, Herminio Ballesteros, Never López, Edilberto Avila,
Calixto Herrera,
Bernardo Segura, Gilberto Quintero, Tirso Noe Garavito, Mario
Anaya, Domingo
Delgado, Francisco Yáñez, Heisen Torres y Milcíades Hurtado.
Los indicios
obtenidos por el cuerpo técnico de policía judicial conducen a
que esta
masacre (y la que se realizó en las fincas "Honduras" y "La
Negra" el 4 de
marzo de 1988) habrían sido cometidas por orden de las mismas
personas, es
decir, un latifundista de la zona de Urabá y tres empleados de
haciendas
bananeras. Se ha podido detener a uno de los autores de la
masacre.
Muerte de Augusto Muñoz Castrillón:
La investigación la adelanta el Juez 16 de instrucción criminal
de Cartago.
Su despacho instruye el proceso en averiguación de
responsables, el cual se
encuentra en etapa de indagación preliminar.
Muerte de Matías Barraza Utria:
Fue muerto el 24 de abril de 1988 a las 22:O0 horas en la
ciudad de
Barranquilla con arma de fuego. En los mismos hechos un hijo
de la víctima, de
nombre Rafael Enrique Barraza Rodríguez, se enfrentó a los
autores del delito
y dio muerte a Oscar Campo Junco (alias Roberto Valdez). El
levantamiento de
los cadáveres fue practicado por el Juez de instrucción criminal
permanente en
turno y correspondió avocar la investigación al Juzgado 16 de
instrucción
criminal radicado. Con base en las diligencias adelantadas por la
policía se
estableció que Elizabeth Barraza Rodríguez, hija del occiso,
tenía relaciones
con un individuo apodado "El Cabe", integrante de una banda
de delincuentes
comunes denominada "Los Alacranes", la cual es enemiga de
otra banda de
piratas terrestres 11amada "Los piratas", dedicada a asaltos en
las carreteras
del departamento. El 13 de abril de 1988, con ocasión de un
asalto a un bus
en la carretera oriental entre los corregimientos de Santa Rita y
Puerto
Giraldo, resultaron muertos en enfrentamiento con la policía
cuatro miembros
de la banda "Los piratas", lo cual agudizó la confrontación con
"Los
Alacranes" por la supuesta información de parte de éstos a las
autoridades del
ilícito que aquélla iba a efectuar. Días antes de las muertes de
Matías
Barraza Utria y Oscar Campo Junco (alias Roberto Valdez),
varios integrantes
de "Los piratas" amenazaron a la mencionada Elizabeth Barraza
Rodríguez, quien
tuvo que trasladarse a la ciudad de Bogotá y ello originó la
represalia de
"Los piratas" contra sus familiares. El departamento de policía
Atlántico
proporcionó la debida protección a la viuda del Sr. Barraza y a
sus hijos,
quienes se mudaron a una ciudad del interior. Es perfectamente
claro que la
muerte del citado señor se debió a la acción de la delincuencia
común por la
vinculación de su hija con uno de los integrantes de la banda
de asaltantes,
hecho por el cual no puede acusarse a un gobierno, ya que no
se trata de
persecución sindical, ni de desprotección de los derechos
humanos.
Muerte de Ovidio Bermúdez:
La Juez 20 de instrucción criminal de Santander de Quilichao
(Cauca) señaló
que su despacho adelantó las diligencias preliminares
respectivas y que el 14
de julio del año en curso, en cumplimiento del artículo 347 del
Código de
procedimiento penal, las mismas fueron remitidas al jefe de la
policía
judicial de Popayán, sin que hasta esa fecha hubiera sido
posible la
vinculación del autor o autores.
Lesiones a Ramón Restrepo:
Investiga el Juzgado 38 de instrucción criminal de Medellín.
El Ministerio ha solicitado la información respectiva a los
citados
despachos judiciales.
Muerte de Oscar Restrepo Cano:
El Juez 11 de instrucción criminal de Medellín adelanta las
averiguaciones.
Muerte de Guillermo de Jesús Osorio Gallo:
Está a cargo del Juez 33 de instrucción criminal de Medellín.
Muerte de Francisco Triviño:
La investigación ha comenzado y actualmente es 11evada a
cabo por el
departamento de policía del Cauca.
Muertes de Gerardo Serpa, Edison García y Fílix Bohórquez:
Actualmente lleva a cabo la investigación el departamento de
policía del
Cesar.
Muerte de Gerardo Jerez Quiroga:
El departamento de policía de Santander adelanta la
investigación.
Muerte de Melva Amariles Hernández:
La policía metropolitana de Medellín adelanta la
investigación.
b) Sindicalistas cuya desaparición de ha sido alega
Presunta desaparición de Jaime Casas Rojas:
Aunque inicialmente se había establecido que la investigación
estaba a
cargo del Juez cuarto de instrucción criminal de Pamplona, éste
informó que no
se adelanta en su despacho. El director seccional de
instrucción criminal de
Norte de Santander comunicó telegráficamante que su
despacho realizó diversas
gestiones averiguatorias ante los juzgados promiscuos municipal
de Chitagá y
cuerte de instrucción criminal de Pamplona, lo mismo que ante
el comandante de
la SIJIN en Cúcuta, con el fin de ubicar las diligencias o de
establecer si se
adelantó alguna investigación por la supuesta desaparición del
Sr. Casas y se
obtuvieron resultados negativos. Teniendo en cuenta que todo
hecho ilícito,
sea muerte, lesiones, secuestro, etc., es objeto siempre de la
intervención de
las autoridades de policía y/o judiciales y que no se halló
constancia de
investigación por el suceso materia de la queja, el Gobierno
considera
indispensable que la organización querellante acredite ante la
OIT la
veracidad de la desparición del mencionado señor y precise las
circunstancias
de tiempo, modo y lugar.
Desaparición de Marlene Medina Gómez:
La juez promiscuo municipal de Sabana de Torres (Santander)
comunicó en el
oficio núm. 302 que en su despacho cursó la investigación
penal núm. 1822
contra desconocidos por el delito de secuestro simple. El hecho,
ocurrido el 7
de mayo de 1987, fue denunciado por José Heliodoro Medina
Heredia. El sumario
se inició el 20 del mismo mes y fue remitido por competencia, el
3 de julio
del año pasado al Juzgado penal del Circuito (reparto) de
Barrancabermeja.
Desaparición de Luis Alberto Builes y Alvaro Usuga:
La investigación fue iniciada por el Juzgado promiscuo
Municipal de Mutatá
y el 27 de julio de 1986 éste la remitió al Juzgado Treinta y Uno
de
Instrucción Criminal de Apartadó.
Desaparición de Marina Elvia Díaz:
Ha sido objeto de investigación por parte de la inspección de
policía de
Itagüí y los juzgados de instrucción criminal de dicho municipio y
de
Medellín.
Desaparición de Marcial Alonso González:
Es investigada por el juzgado de instrucción criminal de Puerto
Boyacá.
Desaparición de Christian Roa:
El comandante del departamento de policía Santander señaló
que se han
realizado numerosas diligencias para hallar al mencionado
señor. La hermana y
la madre del desaparecido rindieron declaración en la oficina de
la policía
judicial e investigación de Bucaramanga, pero la misma no
aportó ningún
elemento útil para la investigación. También declaró el Sr.
Alfonso Conde
Prada, quien manifestó que vio a Christian Roa por última vez el
27 de junio
de 1988 a las 18 h. 30 en la calle 37 núm. 17 46 de la citada
ciudad, lugar al
que practicó visita personal el jefe de la policía judicial, sin que
hubiera
sido posible localizar algún testigo. Igualmente, un empleado del
restaurante
"Señora Bucaramanga", quien expresó que en la misma fecha a
las 22 horas el
desaparecido cenó y se marchó solo. Indicó el oficial que la
investigación
está a cargo del Juzgado primero especializado de
Bucaramanga, al cual se ha
dirigido el Ministerio.
3. Otros alegatos
El Gobierno ha comunicado las siguientes informaciones:
Lesiones de Jesús Anibal parra Castrillón:
La investigación es adelantada por el Juzgado Sesenta y
cuatro de
instrucción criminal de puerto Nare.
Lesiones de Asdrúbal Jimínez Vacca:
El Juzgado Veintiocho de instrucción criminal ambulante
conoce de esta
investigación, de conformidad con lo expresado por el
comandante.
Presunta detención de Francisco Cantillo:
Señaló el comandante del departamento de policía Antioquia
en el mencionado
oficio núm. 187/COMAN DEANT que el Sr. Cantillo fue detenido
en el municipio
de El Bagre por el ejército nacional, puesto a disposición del
comando de la
dícima primera brigada con sede en puerto Berrío y dejado en
libertad
posteriormente.
Se estima necesario 11amar la atención del Comité de
Libertad Sindical
sobre la circunstancia de que en estado de sitio, en el cual se
encuentra todo
el territorio nacional debido a la grave perturbación del orden
público por la
que atraviesa el país y que fue necesario decretar de acuerdo
con el artículo
121 de la Constitución Nacional, las autoridades militares
quedan facultadas
para detener preventivamente a las personas sobre quienes
recaigan fundadas
sospechas de que con sus actos están contribuyendo a tal
perturbación.
La detención debe terminar inmediatamente se compruebe
que no hay bases
para la sospecha.
El Sr. Cantillo fue detenido por el ejército en ejercicio de la
facultad
antes descrita y puesto rápidamente en libertad al comprobarse
su inocencia.
Teniendo en cuenta que dicho señor se encuentra libre, el
Gobierno
considera que debe ser excluido del caso.
Supuestas detención y/o muerte de Leonardo Chacón y
Blanca Vera:
El comandante del departamento de policía Santander
informó en el oficio
núm. 04545 DESAN-578 que no existe constancia sobre la
muerte y/o la detención
de dichos señores, ya que ni en las dependencias de la SIJIN
se han adelantado
diligencias al respecto, ni en los libros de la sala de criminalística
sobre
personas fallecidas y desaparecidas aparece registro de los
mismos.
Por consiguiente, se considera necesario que las
organizaciones
querellantes acrediten adecuadamente la veracidad de este
alegato y alleguen
datos exactos que lo respalden.
Acto terrorista contra sede SINTAGRO
El juez segundo especializado de Medellín comunicó que el
despacho a su
cargo investigó el acto realizado contra la sede sindical en
Turbo en la noche
del 18 al 19 de febrero de 1987. El funcionario se trasladó hasta
dicha
población, escuchó declaraciones, pero fue imposible atribuir a
persona o
entidad alguna el hecho. El comandante del departamente de
policía Meta y
Llanos Orientales señaló que la respectiva investigación está a
cargo del
Juzgado Veintitrés de instrucción criminal de San José del
Guaviare, al cual
se ha dirigido el Ministerio.
Amenazas a dirigentes sindicales y sindicalistas
El Gobierno comunicó a la misión las siguientes informaciones:
"El Gobierno deplora profundamente las amenazas de muerte
proferidas contra
trabajadores del sector docente y la pérdida de la vida de
algunos de ellos.
Las amenazas forman parte de la misma ola de violencia que
azota al país y
contra las mismas se lucha a travís de los mecanismos
adoptados para eliminar
las raíces de la inconformidad, así como incrementando la
presencia de las
autoridades en las áreas conflictivas. El Ministerio indagará
detalladamente
sobre la veracidad de las amenazas recibidas, si éstas han sido
denunciadas y,
en caso afirmativo, qué medidas de protección se han otorgado
a las víctimas
de ellas. Los maestros constituyen un grupo de la población
esencial para el
presente y el futuro del país y a ellos el Estado les garantizará a
cabalidad
sus derechos."
Las autoridades insistieron a la misión en la necesidad de que
las
organizaciones querellantes facilitaran mayores precisiones
sobre las amenazas
que alegaban y señalaron que se podían hacer denuncias
concretas ante las
autoridades competentes. Asimismo indicaron que en algunos
casos, a solicitud
de dirigentes amenazados, se había dispuesto la
correspondiente protección
oficial.
B. Alegatos relativos a la legislación y práctica en materia de
constitución
de organizaciones sindicales y a ciertas disposiciones
restrictivas de los
derechos sindicales
En lo que respecta a las disposiciones de la legislación
objetadas en las
quejas y a su aplicación en la práctica, varias centrales
sindicales
declararon a la misión que de hecho la concesión de
personerías jurídicas o la
modificación de estatutos se negaba con cierta frecuencia y
que su tramitación
era objeto de excesivas demoras. Aunque no exista una política
del Ministerio
de Trabajo en ese sentido, a juicio de tales centrales
funcionarios del
Ministerio se dejaban corromper por ciertos empresarios y el
mismo fenómeno se
encontraba a nivel regional. Una central sindical declaró que el
decreto-ley
núm. 672/56 (derecho de reunión sindical) estaba todavía en
vigor.
El Gobierno facilitó a la misión una comunicación en la que se
indica lo
siguiente:
El compromiso del Estado de Colombia con la OIT es adecuar
su legislación a
los convenios suscritos con ese organismo internacional (...). La
Comisión de
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
instituida por el
Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo para
examinar las informaciones y memorias de los Estados
Miembros, recomienda que
en la próxima memoria, se deben conocer las medidas que el
Gobierno colombiano
adopte para poner la legislación en conformidad con el
Convenio... A este
respecto el Ministerio de Trabajo creó una comisión formada por
empleadores,
gobierno y trabajadores que está estudiando, en forma
concertada, las
eventuales modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo.
En lo que se refiere a la legislación y la práctica en materia de
concesión
de personerías jurídicas a las organizaciones sindicales, el
Gobierno señala
que en 1986 se aprobaron 103 personerías jurídicas y se
negaron 9; en 1987 se
aprobaron 101 y se negaron 34 y en 1988 (hasta agosto) se
aprobaron 69 y se
negaron 25.
En cuanto a reformas de estatutos, en 1986 se aprobaron 154
y se negaron
cinco; en 1987 se aprobaron 128 y se negaron 8 y en 1988
(hasta agosto) se
aprobaron 86 y se negaron 8.
La determinación política del Ministerio de Trabajo es
patrocinar y estimular
el ejercicio del derecho constitucional de asociación. Si se tiene
que tomar
la decisión de negar una personerría jurídica, ello obedece a
razones de
carácter jurídico; por cuanto el articulo 356 del C.S. de Trabajo
determina y
clasifica los sindicatos de base, de gremio, de industria, y de
oficios
varios.
Los trabajadores han aumentado su actividad sindical y se han
creado nuevas
organizaciones sindicales inobservando la anterior clasificación,
que es
considerada coma requisito legal de fondo indispensable para
que los
sindicatos puedan surgir como agremiaciones.
A continuación, el Gobierno detalla a modo de ejemplo, las
razones jurídicas
que no han permitido aprobar una serie de personerías jurídicas
en los años
1986, 1987 y 1988. De tales informaciones se deduce que en
algunos casos la
negativa de personería jurídica a un sindicato de base se debió
a la
existencia de un sindicato de base preexistente; o al hecho de
que se
pretendía constituir una organización sindical de oficios varios
cuando había
ya una organización de gremio; o al hecho de que los
fundadores de una
organización gremial no desempeñaban el mismo oficio; o al
hecho de que
presentaban defectos de forma como por ejemplo la falta de
firma autógrafa de
todos los fundadores; o el hecho de que el nombre de la
organización no
tipificaba una actividad industrial determinada.
En cuanto al trámite de las personerías jurídicas, el Gobierno
indica que una
vez que 11ega el expediente a la secretaría de la Sección de
reglamentación y
registro sindical, el jefe de la Sección hace el reparto a un
abogado, quien
debe revisarlo para saber si llegó la documentación completa
(según el
artículo 364 del C.S. del T. ) y hacerle un estudio a fondo del
contenido.
Los estatutos deben tener como base la resolución 54 de 1952
(modelo oficial
de estatutos) y que no sean contrarios a la Constitución y las
leyes del país.
Para lo anterior hay un término de 15 días hábiles (artículo 365
del C.S. del
T.) que tal vez en 1950 serían más que suficientes.
En la actualidad dicho término es irrisorio por la cantidad de
solicitudes
que presentan los organismos sindicales y que corresponden s
esta Sección, que
no sólo debe tramitar personerías jurídicas sino otra gran
cantidad de
solicitudes, contando con un número reducido de funcionarios
para tramitarlos.
Siguiendo con el trámite de las personerías jurídicas: si la
documentación
contiene errores subsanables (de forma) se devuelve con un
auto de
observaciones para que en el término máximo de dos meses
(artículo 13 del
Código Contencioso Administrativo) devuelvan el expediente
corregido. Dicho
término es ignorado por los funcionarios ya que en muchas
ocasiones se da
cumplimiento al auto uno o dos años después.
En los casos en que la documentación reúna los requisitos el
funcionario
elabora un proyecto de concepto para la firma del jefe de la
División de
Relaciones Colectivas de Trabajo. Una vez firmado el
expediente se remite por
la secretaría de la División a la oficina jurídica de este Ministerio
para su
revisión y en el caso de encontrarlo acorde con las normas
laborales, ésta lo
remite a la Secretaría General donde uno de los abogados
asesores lo revisa
nuevamente y si le da visto bueno pasa para la firma del señor
Secretario
General y posteriormente y por último al señor Ministro.
En las revisiones anotadas anteriormente en ocasiones
encuentran objeciones
por lo cual devuelven el expediente a la Sección de
reglamentación y registro
sindical, para su corrección.
En lo que respecta a la posibilidad de que asesores de una
central sindical
asistan a los dirigentes de un sindicato de base en la
negocación colectiva,
las autoridades del Ministerio del Trabajo señalaron a la misión
que el
Gobierno veía con buenos ojos la asistencia de las centrales a
los sindicatos
de base y que de hecho el Ministerio del Trabajo intercedía en
casos concretos
para que dicho asesoramiento pudiera hacerse efectivo. Sin
embargo, según
dichas autoridades este problema se plantea solamente en la
etapa del
conflicto colectivo denominada "de arreglo directo" (y no por
ejemplo en la
etapa de mediación) ya que la legislación, adoptada en una
época en que sólo
había sindicatos de base, preví sólo la presencia de
representantes de la
empresa y el sindicato concernido. En cualquier caso, esta
cuestión está
siendo estudiada por la comisión tripartita que se ocupa de la
modificación de
la legislación laboral.
En cuanto al decreto ley núm. 672/56 que exige que se avise
al inspector de
trabajo y al jefe de la brigada militar antes de cualquier reunión
sindical,
las autoridades del Ministerio de Trabajo indicaron que se
trataba de un
decreto de estado de sitio cuya vigencia había expirado al
terminar el mismo.
Caso núm. 1429
En este caso, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Olivetti
Colombiana S.
A. había alegado una persecución sindical por parte de la
empresa Olivetti que
se había concretado en una reducción del número de afiliados
al sindicato a
travís de despidos, compra de renuncias y otros sistemas; en el
desmejoramiento de las condiciones de trabajo de los afiliados;
en el pago de
cierta suma para que los trabajadores sindicalizados renunciaran
al sindicato.
El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Olivetti
no se
presentó a la cita que tenía con la misión. Una representante de
la Unión de
Trabajadores Metalúrgicos y Mineros de Colombia
(UTRAMICOL), organización a la
que está afiliado el Sindicato Nacional de Trabajadores de
Olivetti, declaró a
la misión que la empresa Olivetti venía procediendo a una serie
de medidas
tendientes a reducir los costos de producción. Entre otras
medidas se había
recurrido a una importante reducción de personal, a veces a
travís de despidos
y a veces a travís de cambios en la estructura de la relación
entre la empresa
y sus trabajadores permanentes que pasaban en buena parte a
estar sujetos a
contratos de trabajo de duración determinada o incluso a una
relación
contractual regida por el Código Civil. La representante de
UTRAMICOL indicó
que premeditadamente estas medidas habían incidido en un
primer momento en
dirigentes sindicales y afiliados al sindicato, sobre todo en los
que
trabajaban en la sección de ventas de la empresa;
posteriormente las medidas
alcanzaron a los demás trabajadores.
La representante de UTRAMICOL señaló que actualmente el
Sindicato estaba a
punto de desaparecer en razón de que el número de afiliados
había disminuido
hasta casi el mínimo legal (25 trabajadores) y que los pocos
dirigentes que
quedaban a menudo se ocupaban de sus propios intereses
personales.
El Gobierno facilitó las informaciones siguientes:
La Sección de Visitaduría del Trabajo, adelantó una
investigación por
solicitud del Sr. Orlando Rodríguez, presidente del Sindicato
Nacional de
Trabajadores de tal empresa, porque a los empleados Adolfo
Avendaño, Inís
Reyes y Benito Cortís, les fueron asignadas funciones distintas
a las
previstas en el contrato de trabajo.
La Sección de Visitaduría comisionó a un funcionario que
adelantó varias
diligencias, entre ellas la revisión de los contratos de los tres
trabajadores
y la recepción de declaraciones a los mismos.
El representante legal de la empresa realizó conciliación ante el
Juzgado
Octavo Laboral del circuito de Bogotá, como consta en el acta
núm. 316
entregada en fotocopia al Ministerio, con los Sres. Adolfo
Avendaño e Inís
Reyes, en tanto que el Sr. Cortís asumió el nuevo cargo y
labora en él
normalmente.
El contrato de trabajo del Sr. Benito Salvador Cortís preví que
el empleador
puede cambiar de lugar de trabajo a los empleados, sin que ello
implique
modificación de aquél, ni de la remuneración pactada.
La Sección de Visitaduría consideró que el patrono, en
ejercicio de su
facultad de dirección de la empresa, puede trasladar a los
trabajadores
siempre que se conserven las condiciones contractuales y
legales en materia de
salario y categoría.
La calificación acerca de si hubo desmejoramiento no compete
al Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, ya que es atribución exclusiva de la
justicia
laboral, por lo cual la Sección de Visitaduría se abstuvo de
tomar medidas de
policía laboral.
También se estima necesario en este caso destacar la
actuación pronta y
especialmente atenta de la autoridad administrativa laboral
frente a las
querellas que instauran los trabajadores y sus organizaciones,
porque además
de ser función suya la de garantizar la efectividad de los
derechos laborales,
cualquier situación que los ponga en peligro debe ser resuelta á
la brevedad
para evitar que adquiera proporciones que sí puedan vulnerar
tales garantías.
En lo concerniente a la denuncia por presunta persecución
sindical cabe
reiterar que la respectiva investigación no pudo conducir al
resultado deseado
por el Ministerio, esto es, a la aclaración total de la situación, por
la
desafortunada falta de comparecencia de la organización
sindical a las
repetidas citaciones hechas por aquél (25 de septiembre y 25
de noviembre de
1987).
Caso núm. 1436
En el presente caso, el Sindicato de Trabajadores Ferroviarios
(SINTRAFERRAT)
había alegado que en la convención colectiva firmada el 26 de
marzo de 1987
por el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios
(SINTRAFERROVIARIOS) y
la empresa Ferrocarriles Nacionales de Colombia se había
previsto una cuota
mensual obligatoria para todos los trabajadores no afiliados a
SINTRAFERROVIARIOS y cuyo montante era igual a la cuota
sindical ordinaria de
los afiliados a SINTRAFERROVIARIOS. por consiguiente, los
afiliados a
SINTRAFERRAT debían soportar un doble descuento sindical.
Asimismo,
SINTRAFERRAT se refería a dos cuestiones relacionadas con
la que acaba de
plantearse: la negativa de permisos sindicales por parte de la
empresa a los
dirigentes de SINTRAFERRAT y la negativa de conceder
becas a los afiliados a
esta organización.
Varios representantes de SINTRAFERRAT (organización por
rama de actividad)
manifestaron a la misión que a esta organización no se le
permitió participar
en la convención colectiva firmada el 26 de marzo de 1987
entre
SINTRAFERROVIARIOS (organización de base) y la empresa,
a pesar de haber sido
la primera organización que presentó el pliego de
reivindicaciones. Señalaron
que entre los trabajadores de la empresa, SINTRAFERRAT es
minoritario con
respecto a SINTRAFERROVIARIOS. SINTRAFERRAT no
objeta la convención colectiva
en su conjunto sino tan sólo la cláusula que se aplica a sus
afiliados y que
instituye un descuento en concepto de beneficios
convencionales que equivale a
la cuota sindical ordinaria de los afiliados a
SINTRAFERROVIARIOS y que había
provocado el retiro de unos 2 000 socios de SINTRAFERRAT
en 18 meses
(actualmente quedarían sólo unos 600 afiliados). De este modo
los desembolsos
que deben soportar los trabajadores de la empresa son los
siguientes:
- afiliados a SINTRAFERRAT: cuota sindical ordinaria (l por
ciento del
salario cada mes) y cuota en concepto de beneficio
convencional (1,5 por
ciento del salario cada mes);
- afiliados a SINTRAFERROVIARIOS: cuota sindical ordinaria
(1,5 por ciento
del salario cada mes) y monto correspondiente a tres días de
salario en
concepto de beneficio convencional (deducible sólo una vez
durante la vigencia
de la convención colectiva);
- trabajadores no afiliados (1,5 por ciento del salario cada
mes).
Los representantes de SINTRAFERRAT declararon que
aunque la convención
colectiva del 26 de marzo de 1987 fue firmada dentro de la
etapa de mediación
del Ministerio de Trabajo (es decir, una vez fracasado el arreglo
directo
entre las partes), en el texto final de la convención colectiva
aparece un
blanco en la parte donde debía firmar el mediador del Ministerio.
Los
representantes de SINTRAFERRAT señalaron que su sindicato
presentaría
próximamente una "revocatoria directa" al Ministro de Trabajo,
contra la
resolución en la que se eximía de pronunciarse sobre el doble
descuento
practicado por la empresa declarando que la decisión al
respecto correspondía
a la vía judicial. También indicaron que esperaban así que les
fueran
devueltas las cuotas retenidas a sus afiliados en concepto de
beneficio
convencional y que suponían alrededor de 5 millones de pesos.
Los representantes de SINTRAFERRAT indicaron por otra
parte que la cuestión
de las becas a sus afiliados estaba resuelta pero que sus
dirigentes no habían
obtenido los 12 permisos sindicales a que tenían derecho ya
que el gerente de
la empresa se niega a concederlos mientras que
SINTRAFERROVIARIOS no señale
cuáles son los 12 permisos sindicales concretos de esta
organización que deben
cancelarse.
Las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
declararon a la
misión que su posición consistía en desalentar la práctica del
doble
descuento.
El Gobierno informó además por escrito que SINTRAFERRAT
presentó una denuncia
ante el Ministerio de Trabajo en la que al relatarse los hechos se
indicaba
que "durante el transcurso del año 1987 no se efectuó el
descuento por
beneficio convencional".
El Gobierno añade que no obstante dicha denuncia,
SINTRAFERRAT no compareció
a la cita convocada por el Visitador Dícimo de Trabajo el 25 de
febrero de
1988, ni a la cita convocada el 16 de marzo de 1988, por lo que
la Visitaduría
suspendió el procedimiento por falta de interés de la
organización
querellante, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de lo
Contencioso
Administrativo que preví que la falta de atención durante el
término de dos
meses de los particulares a los requerimientos que se les hagan
dentro de la
actuación, da lugar al archivo de la misma por quedar
demostrada la carencia
de interés. Asimismo, el Gobierno informa que en lo que
respecta a las becas
en favor de los afiliados a SINTRAFERRAT, la empresa ha
impartido
instrucciones a todas la divisiones para recibir y tramitar las
becas de los
afiliados a SINTRAFERRAT.
En cuanto a los permisos sindicales en favor de
SINTRAFERRAT, el Gobierno
indica que por nota de 9 de mayo de 1988, el gerente de la
empresa solicitó al
presidente del SINTRAFERROVIARIOS que indicase qué
permisos debían ser
cancelados a su organización para ser concedidos a
SINTRAFERRAT. El 28 de
junio de 1988, sin embargo, el presidente de SINTRAFERRAT
comunicó al
Ministerio que los permisos sindicales en su favor no se habían
autorizado. El
Gobierno declara a este respecto que la Sección de Visitaduría
del Trabajo
verificará el cumplimiento o incumplimiento de la obligación de
conceder los
mencionados permisos y procederá de conformidad.
Caso núm. 1457
La organización querellante se había referido a la reacción de
las
autoridades ante una huelga promovida por el Sindicato de
Trabajadores de
Bavaria S.A. a raíz del cierre de una maltería en Bogotá. Según
la
organización querellante, la policía había rodeado la maltería
de Bogotá y
había conducido en la ciudad de pasto a los huelguistas a sus
lugares de
trabajo. Además, la empresa había dado la orden de impedir el
acceso de
dirigentes sindicales en los centros de trabaje. La organización
querellante
informó posteriormente que el Sindicato había llegado a un
acuerdo con la
empresa que ponía fin al conflicto.
El Sindicato de Trabajadores de Bavaria S.A. no se presentó a
la cita que
tenía con la misión.
El Gobierno facilitó a la misión las siguientes informaciones
escritas:
La Dirección General del Trabajo comunicó en el oficio núm.
254 que el cierre
de una maltería en Bogotá, denunciado por la Unión
Internacional de
Trabajadores de la Alimentación y Afines como la causa del
despido de
numerosos trabajadores, realmente consistió en el retiro de las
instalaciones
industriales de la maltería de la empresa Bavaria en el sector del
centro
internacional de dicha ciudad.
Dicha empresa entregó al distrito especial de Bogotá los
terrenos donde
funcionaba la citada factoría para el desarrollo de un gran
proyecto
urbanístico en el que se construirá el mayor parque recreativo
de la ciudad.
Con ocasión de la transferencia, Bavaria debía obviamente
retirar la
maltería, pero en ningún memento se pretendió dejar cesantes a
los
trabajadores, sino que fueron trasladados a otro lugar,
ubicándolos
inicialmente en los frentes de trabajo que la empresa tiene en
Techo (otro
sector de ciudad).
En atención al conflicto suscitado entre el Sindicato de
Trabajadores y
Bavaria, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en ejercicio
de sus
funciones de proteger los derechos de los trabajadores y de
intervenir para
que los problemas que surjan entre éstos y los empleadores se
solucionen citó
a las partes y se levantó una acta de acuerdo en la que consta
el arreglo de
la controversia. precisó además la Dirección General del
Trabajo que la
organización sindical no ha presentado ninguna reclamación
adicional respecto
al punto en conflicto.
En cuanto a la presunta presión por parte de la policía para
forzar a los
trabajadores de Bavaria en pasto a ir a su lugar de trabajo y el
presunto
despido masivo que se produciría en razón del cierre de la
maltería, el
Gobierno considera satisfactorio que haya quedado claro que la
primera nunca
tuvo lugar, ya que la presencia de la fuerza policial en el exterior
de la
fábrica se 11evó a cabo únicamente en cumplimiento del deber
legal de prevenir
desórdenes durante la huelga y que la pronta intervención de la
autoridad
administrativa laboral haya evitado que el desacuerdo surgido
por el cierre de
la maltería trascendiera y se convirtiera en una situación grave y
perjudicial
para los trabajadores y el empleador.
El Gobierno reitera que no es cierto que la policía se haya
presentado en el
domicilie de los trabajadores de la ciudad de pasto
conduciéndoles por la
fuerza a su lugar de trabajo. La policía nacional se hizo
presente en las
instalaciones de la empresa por solicitud expresa del gerente
con el fin de
prevenir desórdenes por parte de los empleados que habían
bloqueado la entrada
principal impidiendo el normal desarrollo de las labores. La
policía se limitó
a facilitar el ingreso a las instalaciones de quienes requerían
hacerlo,
habiendo quedado solucionada la situación en completa calma.
A este respecto,
el Gobierno se refiere al artículo 448 del Código Sustantivo del
Trabajo
subrogado por el artículo 33 del decreto-ley núm. 2351 de 1965,
que establece
clara y expresamente que durante el desarrollo de la huelga las
autoridades
policivas tienen a su cargo la vigilancia del curso pacífico del
movimiento y
ejercerán de modo permanente la acción preventiva y represiva
que les
corresponda, a fin de evitar que los huelguistas o cualesquiera
personas en
conexión con ellos excedan las finalidades jurídicas de la
huelga o intenten
aprovecharla para promover desórdenes o cometer infracciones
o delitos.
Finalmente, el Gobierno precisa que carece por completo de
fundamento el
temor expresado por los querellantes acerca del supuesto riesgo
que corre su
integridad física, ya que las autoridades de policía no están
autorizadas para
emplear la fuerza contra quienes ejercen pacíficamente los
derechos civiles,
ni acostumbran hacerlo.
Caso núm. 1465
En su queja, el Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios
(SINTRAFERROVIARIOS) alega la reclasificación arbitraria e
ilegal de 478
trabajadores oficiales que, en virtud de los decretos ejecutivos
de la junta
directiva de los Ferrocarriles Naciones de Colombia núms. 1044
de 1987 y 510
de 1988, han pasado a ser empleados públicos. Estos decretos,
según el
querellante, violan los contratos de trabajo y los beneficios
consagrados en
las convenciones colectivas que amparan a los 478
trabajadores en cuestión,
reduciendo sus prestaciones sociales y atentando contra su
estabilidad en el
empleo. La organización querellante alegaba que con la
reclasificación el
número de afiliados al sindicato había disminuido en casi 50O
personas
atentándose contra la propia existencia del Sindicato, así como
que se había
violado el fuero sindical de los dirigentes sindicales concernidos
por los
mencionados decretos.
SINTRAFERROVIARIOS no se presentó a la cita concertada
con la misión. No
obstante, representantes de la CUT (a la que está afiliada
SINTRAFERROVIARIOS)
, señalaron a la misión que las reclasificaciones de trabajadores
oficiales
que tenían como resultado su conversión en empleados
públicos se estaban dando
con mucha frecuencia en las empresas industriales y
comerciales del Estado.
Según la CUT, se trata de hechos graves ya que en particular
los empleados
públicos son de libre nombramiento y remoción y no pueden
celebrar
convenciones colectivas sino sólo presentar peticiones
respetuosas.
El Gobierno comunicó por escrito a la misión las informaciones
siguientes:
El jefe de la División Departamental del Trabajo de
Cundinamarca, por medio
del oficio núm. 026402, remitió copia del acta de acuerdo
suscrita entre
empleador y la organización sindical, en la que consta que
aquél dio
cumplimiento a la dotación en un porcentaje que aparentemente
no cubre a la
totalidad de los trabajadores con derecho a ella, por lo cual la
Visitadora
Quinta citó a las partes para que se acredite: primero,
certificación del
Sindicato sobre las peticiones hechas por los trabajadores que
consideraban no
se les había cancelado la dotación; segundo, la fecha exacta
en la cual se va
a pagar a los trabajadores la dotación vencida del primer
cuatrimestre de 1988
y las dos siguientes.
Igualmente, el jefe de la División Departamental envió copia del
oficio en el
que imparte instrucciones al jefe de la sección de Relaciones
Colectivas para
que informe a la Oficina de Relaciones Internacionales sobre los
resultados de
la investigación que adelante la inspección quinta por presunta
persecución
sindical contra SINTRAFERROVIARIOS.
De otra parte y en armonía con el concepto del Departamento
del Servicio
Civil que se hizo 11egar a la OIT con el oficio del 24 del mes
pasado, la
Secretaría de Administración pública de la presidencia de la
República señaló
en el oficio núm. 01256 que la reclasificación en las empresas
oficiales
(ejemplo Ferrocarriles Nacionales) de los servidores del Estado
para que
siendo trabajadores oficiales pasen a ser empleados públicos y
viceversa,
tiene como fundamento jurídico el artículo quinto del decreto
3135 de 1968,
que establece: "Las personas que prestan sus servicios en las
empresas
industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales;
sin embargo
los estatutos de dichas empresas precisarán que actividades. ..
deban ser
desempeñadas por personas que tengan la calidad de
empleados públicos."
A su vez el articulo 26 del decreto-ley núm. 1050 de 1968
determina las
funciones de las juntas o consejos directivos de los
establecimientos públicos
y de las empresas industriales y comerciales del Estado y en el
literal b) les
asigna la de adoptar los estatutos de la entidad y cualquier
reforma que a
ellos se introduzca y someterlos a la aprobación del Gobierno.
Por consiguiente, si a la junta directiva corresponde adoptar los
estatutos
así come las reformas a ellos y si en los estatutos se deben
determinar qué
actividades deben ser desempeñadas por empleados públicos,
es competencia de
aquélla fijar, según su criterio, las labores que sean propias de
los
empleados públicos, ello en razón de la autonomía de que
gozan las entidades
mencionadas.
Precisó, además la Secretaría de Administración pública que el
trámite de las
reformas estatutarias consiste en la elaboración de un proyecto
de acuerdo por
parte de la entidad interesada, en este caso la administración de
los
Ferrocarriles Nacionales, el cual se presenta a la citada
dependencia para el
estudio jurídico-tícnico a la luz de las normas legales que rigen
la
naturaleza de aquélla y, si se encuentra ajustado a la
normatividad, emite
concepto favorable. A continuación se somete el proyecto de
acuerdo a la junta
o conseje directivo para su aprobación y firma del presidente y
el secretario
de la misma. Luego se prepara el proyecto de decreto y el
ministerio al cual
está adscrita o vinculada la entidad, en el evento de los
Ferrocarriles
Nacionales el Ministerio de Obras públicas y Transporte, lo
remite a la
Secretaría Jurídica de la presidencia de la República, para su
revisión y
firma del señor presidente.
Puede observar la OIT que la complejidad de procedimiento
previsto para la
aprobación de la adopción y/o la reforma de los estatutos de las
empresas
industriales y comerciales del Estado es garantía suficiente de la
estricta
sujeción a los preceptos legales y de la protección de los
derechos de quienes
estén sometidos a ellos. La revisión de los diversos proyectos
por parte de
dos secretarías diferentes del máximo organismo del ejecutivo,
además de su
estudio por la administración de la entidad y su sumisión al
órgano plural
directivo, constituyen un proceso idóneo de control de la
legalidad.
Parece, adicionalmente, conveniente reiterar que la
reclasificación de los
trabajadores oficiales en empleados públicos y de éstos en los
primeros no
atenta contra los derechos adquiridos, porque como lo ha
expresado en
repetidas ocasiones la jurisprudencia nacional tal figura no
existe en el
derecho público y es incompatible con la esencia de éste.
No obstante, si las personas afiliadas a
SINTRAFERROVIARIOS estiman
vulnerados sus derechos en razón de la reclasificación deben
demandar el acto
administrativo aprobatorio de la reforma de los estatutos ante la
jurisdicción
de lo contencioso administrativo.
Si ésta encuentra que dicho acto fue dictado en oposición a
las normas
constitucionales y legales por vicios de fondo o de forma, que
no estarán
relacionados como antes se vio con los derechos adquiridos, lo
anulará y
ordenará el restablecimiento de los derechos que hubieren sido
vulnerados.
Cabe anotar que, aunque el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social tiene
como una de sus funciones primordiales la de garantizar la
protección de los
derechos de los trabajadores, en el caso de los servidores
públicos no le
compete, por expreso mandato constitucional y legal, decidir
sobre su
situación, porque las normas han previsto instancias precisas en
la vía
gubernativa y en la jurisdiccional para la solución de los
problemas que lo
afecten.
En consecuencia, SINTRAFERROVIARIOS puede
perfectamente, si considera que la
reforma estatutaria en la empresa Ferrocarriles Nacionales de
Colombia violó
normas superiores, ejercer la correspondiente acción de nulidad
ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Ginebra, 7 de octubre de 1988. (Firmado)Philippe Cahier.
LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS
Autoridades
Dr. Juán Martín Caicedo Ferrer, Ministro de Trabajo y
Seguridad Social
Dr. Guillermo plazas Alcid, Ministro de Justicia
Dr. Carmelo Martínez, presidente del Consejo de Estado
Dres. Guillermo Aldana y Jacobo Pérez, magistrados de la Corte
Suprema de
Justicia
Dr. Horacio Zerpa Uribe, procurador General
Dr. Alvaro Tirado Mejía, Consejero presidencial para la
Defensa, protección y
promoción de los Derechos Humanos
Dr. Fernando Navas de Brigard, Subsecretario de política
Exterior (Ministerio
de Relaciones Exteriores)
Mayor General Pedro Nel Molano, Inspector General de las
Fuerzas Militares
Dr. Víctor Rojas, vicepresidente del Tribunal Superior Militar
Dr. José Noí Ríos, Viceministro de Trabajo y Seguridad Social
Dr. Alfred Rojas, Secretario del Ministro de Trabajo y Seguridad
Social
Dr. Germán plazas, Director General del Trabajo
Dra. Vivian Cock, Jefa de Relaciones Internacionales
(Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social
Dr. Guido Taborda, asistente del Ministro de Justicia
Dras. Victoria Senior, Marcela Briceño y Clemencia Gómez,
funcionarias de la
subsecretaria de organismos y conferencias internacionales
(Ministerio de
Relaciones Exteriores)
Dres. Mario Flórez, Ligia Galvis y Plinio Orchila, asistentes del
Consejero
presidencial para la Defensa, protección y promoción de los
Derechos Humanos
Organizaciones sindicales
Sr. Angelino Garzón, secretario general de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT)
Sr. Orlando Obregón, primer vicepresidente de la CUT
Sr. Hugo Becerra, vicepresidente de la CUT
Sr. Aníbal palacio, fiscal de la CUT
Sr. Hernando Rodríguez Maldonado, secretario de asuntos
Internacionales de la
CUT
Sr. Jaime Aldana, tesorero de la CUT
Sr. Híctor José López Robledo, secretario de asuntos
económicos y jurídicos
de la CUT
Sra. Aída Avella, secretaria de asuntos de la mujer de la CUT
Sr. Kemel George, secretario de asuntos informales (CUT)
Sres. Jairo Villegas, Luis Alonso Velazco, Carlos Duque y
Armando Novoa,
asesores laborales de la CUT
Sr. Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación
General del Trabajo
lativos
Sr. Luis Angel Banguero, secretario de asuntos públicos y legis
de la
Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC)
Sr. Miguel Morantes, secretario de asuntos oficiales de la CTC
Sra. Amelia Molina, secretaria de asuntos femeninos de la CTC
Sr. Víctor pardo, secretario de actas de la CTC
Sr. Pedro Antonio Mariño, secretario de educación de la CTC
Sra. Marta Cecilia San Miguel, secretaria de asuntos femeninos
de la Unión de
Trabajadores Metalúrgicos y Mineros de Colombia
Sres. Fabio Barragán, Derman Vicente Cubillos, Victor Manuel
Salamanca y
Roberto Polanía, representantes del Sindicato Nacional de
Trabajadores
Ferroviarios (SINTRAFERRAT)
Organizaciones de empleadores
Dr. Favio Echeverry Correa. Asociación Nacional de
Industriales (ANDI)
Dr. Jairo Escobar (ANDI)
Dr. Sabas Pretel de la Vega. Federación Nacional de Cámaras
de Comercio
(FENALCO)
Dr. Juan Alfredo Pinto Saavedra. Asociación Colombiana de la
pequeña
Industria (ACOPI)
Dr. Eliseo Restrepo Londoño. Sociedad de Agricultores de
Colombia (SAC)
Organizaciones de derechos humanos
Dr. Alfredo Sánchez Carrizosa, presidente de la Comisión
Permanente de
Derechos Humanos.