Rapport intérimaire - Rapport No. 363, Mars 2012

Cas no 2761 (Colombie) - Date de la plainte: 08-FÉVR.-10 - Actif

Alegatos: las organizaciones querellantes alegan el asesinato y las amenazas de varios dirigentes y afiliados sindicales

1. 402. La queja figura en una comunicación de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de fecha 8 de febrero de 2010. La CSI envió informaciones complementarias por comunicaciones de fechas 22 de marzo de 2010, 16 de mayo y 17 de junio de 2011 y 25 de enero de 2012. La Federación Sindical Mundial (FSM), por comunicaciones de fechas 9 de abril de 2010 y 1.º de septiembre de 2011, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), por comunicaciones de fechas 12 de abril y 4 de mayo de 2010 y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL), por comunicación de fecha 10 de junio de 2010, presentaron alegatos relacionados con la queja.
2. 403. El Gobierno envió sus observaciones por comunicaciones de fechas 21 de abril, 5 de septiembre y 29 de noviembre de 2010, 21 de febrero, 10 de mayo, 27 de mayo, 3 de junio, agosto y 29 de septiembre de 2011, febrero y 1.º de marzo de 2012.
3. 404. Colombia ha ratificado el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

A. Alegatos de las organizaciones querellantes

Homicidios de dirigentes y afiliados sindicales

1. 405. Por comunicaciones de fechas 8 de febrero, 22 de marzo, 9 de abril, 12 de abril, 4 de mayo y 10 de junio de 2010, 16 de mayo, 17 de junio y 1.º de septiembre de 2011 y 25 de enero de 2012, la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Federación Sindical Mundial (FSM), la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL), alegan que en un contexto de permanente persecución antisindical, han sido asesinados los siguientes dirigentes y afiliados sindicales, entre enero de 2009 y julio de 2011:

   Dirigentes Sindicales

   • 1. Benito Díaz Álvarez, dirigente sindical de la Asociación de Maestros de Córdoba (ADEMACOR), fue encontrado degollado el 25 de abril de 2010 en su vivienda.
   • 2. Hernán Abdiel Ordóñez Dorado, tesorero de la Asociación Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (ASEINPEC) en Cali. Los homicidas viajaban en una moto y le dispararon cuatro veces. La víctima había denunciado posibles hechos de corrupción en relación con el personal directivo de la cárcel de mujeres en la capital del Valle y ya había sido objeto de amenazas y víctima de un atentado.
   • 3. Luis Germán Restrepo Maldonado, tesorero de la Confederación General del Trabajo (CGT), fue asesinado el 12 de agosto de 2010 por un sicario en la ciudad de Medellín.

   Afiliados

   Año 2009

   • 1. Walter Escobar.
   • 2. Luis Franklin Vélez Figueroa, afiliado al Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL), fue asesinado en el municipio Quibdó el 31 de enero por dos jóvenes en una moto, a las 6 horas mientras estaba sentado en la puerta de su casa.
   • 3. Jorge Alberto García, afiliado al Sindicato de Educadores de Risaralda (SER), fue asesinado el 21 de abril por dos hombres encapuchados en una moto. Testigos contaron que los homicidas sólo esperaban que el profesor se bajara de un taxi para dispararle. Una de las versiones manejadas por la familia es que posiblemente los sicarios le pusieron una cita en el lugar donde lo asesinaron, pues el hombre vivía a unas 20 cuadras del mencionado barrio.
   • 4. María Rosabel Zapata, afiliada al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV), fue asesinada el 7 de mayo en el municipio de Cali. Testigos de los hechos relataron que una vez que la educadora se bajó del bus y se dirigió al kiosco de la institución, un hombre ingresó a la carrera y le disparó en la cabeza. El general Gustavo Ricaurte dijo que aún se desconocen los móviles del crimen pero informó que un menor de edad fue capturado cuando salió corriendo al momento del atentado.
   • 5. Pablo Rodríguez Garavito, afiliado a la Asociación de Educadores de Arauca (ASEDAR), fue asesinado el 9 de junio en un aula de clase de la Comunidad Indígena Culoto de la Vereda Marrero en el municipio de Puerto Rondón, al parecer por desconocidos que le propinaron varios impactos de arma de fuego.
   • 6. Rafael Antonio Sepúlveda Lara fue asesinado el 20 de junio y estaba afiliado a la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia (ANTHOC) – seccional Norte de Santander, integrante del Comité Institucional de la Asociación Sindical en la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto y miembro de la junta directiva nacional de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASER-CTC). Según testigos, el homicida recorrió el barrio minutos antes de disparar a la víctima, acompañado por una mujer y habrían sido recogidos en un vehículo rojo para darse a la fuga.
   • 7. Hebert González Herrera, afiliado a la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), fue asesinado el 25 de julio. Siendo aproximadamente las 14 horas, el sindicalista fue sacado con engaños por una persona desconocida que lo trasladó a un lugar no identificado. Fue encontrado muerto con siete disparos. Se le atribuyen los hechos a grupos emergentes de «Los Rastrojos» que operan en el municipio.
   • 8. Jacinto Herrera, afiliado a la Asociación de Educadores de la Guajira (ASODEGUA), fue asesinado el 26 de julio, hacia las 19.15 horas, por hombres desconocidos en una motocicleta.
   • 9. Miguel Ángel Guzmán, afiliado al SER, fue asesinado en su vivienda el 6 de agosto.
   • 10. Diego Cobo, afiliado a la ADEMACOR, fue asesinado el 11 de agosto aproximadamente a las 18.30 horas cuando volvía a su casa. Le dispararon dos sicarios en una moto.
   • 11. Gustavo Gómez, fue asesinado el 21 de agosto. Era trabajador de Nestlé – Comestibles la Rosa S.A. y afiliado al SINALTRAINAL en el municipio de Dosquebradas. Siendo aproximadamente las 18.30 horas, desconocidos llegaron a su casa, tocaron a la puerta y cuando el Sr. Gómez abrió, le propinaron diez disparos con arma de fuego.
   • 12. Fredy Díaz Ortiz, fue asesinado el 22 de agosto en la ciudad de Valledupar. Estaba afiliado a la ASEINPEC, afiliada a la CGT. El sindicalista salía para ir al trabajo cuando dos sicarios le dispararon.
   • 13. Abel Carrasquilla, afiliado a la FENSUAGRO, fue asesinado por paramilitares con armas de fuego el 23 de agosto.
   • 14. Oscar Eduardo Suárez Suescún, afiliado a la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (ASINORT), fue asesinado el 11 de septiembre. Las autoridades investigan sobre los móviles y autores del crimen. La víctima fue abandonada con la cabeza en una bolsa de plástico amarrada con cinta al cuello. Habría sido asesinado con arma cortopunzante.
   • 15. Zuly Rojas, afiliada al Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social (SINDESS), fue asesinada el 9 de octubre cuando llegaba a su casa en el municipio de Saravena.
   • 16. Honorio Llorente Meléndez, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), fue asesinado el 17 de octubre por un hombre armado cuando se encontraba departiendo con un grupo de amigos en un establecimiento público. El homicida fue recogido por dos motocicletas tras haber cambiado de camiseta.
   • 17. Rafael Antonio Cantero Ceballos, afiliado a la ADEMACOR, fue asesinado el 27 de octubre. Recibió tres tiros con arma de fuego.
   • 18. Mauricio Antonio Monsalve Vásquez.
   • 19. Paulo Suárez, afiliado a la Asociación Campesina de Arauca (ACA), asesinado en su casa el 28 de octubre. Los autores pertenecían a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
   • 20. Ramiro Israel Montes Palencia, afiliado a la ADEMACOR, atacado y asesinado el 29 de octubre cuando se dirigía hacia la institución en la que trabajaba.
   • 21. Raúl Medina Díaz, afiliado a la ACA, asesinado el 5 de noviembre a las 6.30 horas cuando se dirigía hacia la empresa de salud EMSAR.
   • 22. Apolinar Herrera, afiliado a la ACA asesinado el 12 de noviembre en su casa por dos sicarios que se identifican como integrantes del ELN.
   • 23. Zoraida Cortés López, afiliada al SER, fue asesinada el 13 de noviembre por dos sicarios motorizados. Era profesional en Artes y trabajaba en el Instituto Técnico Superior de Pereira capital del departamento de Risaralda.
   • 24. Fabio Sánchez, afiliado a la ACA, asesinado el 13 de noviembre en el municipio de Saravena.
   • 25. Fredy Fabián Martínez Castellanos, afiliado a la ADE, fue asesinado el 15 de noviembre. Desapareció el 13 de julio cuando salía de su casa y fue encontrado en Barranquilla enterrado como falso positivo.
   • 26. Armando Cáceres Álvarez.
   • 27. Lenny Yanube Rengifo Gómez fue encontrada el 24 de noviembre de 2009 en un paraje rural al norte de Popayán en el departamento del Cauca. Había desaparecido después de salir de su residencia alrededor de las 15 horas el jueves 12 de noviembre. Era docente y activista sindical afiliada a la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca (ASOINCA).
   • 28. Iván Edgardo Tovar Murillo, afiliado al Sindicato de Maestros de Tolima (SIMATOL), fue desaparecido por dos días y encontrado sin vida con múltiples heridas de arma blanca.
   • 29. Manuel Alfonso Cuello Valenzuela, afiliado al Sindicato Unido de Educadores de Bolívar (SUDEB), fue asesinado el 26 de noviembre de un impacto de bala en el cuello por dos sujetos en motocicleta.
   • 30. Alberto Jaimes Pabón, afiliado a la FENSUAGRO, fue asesinado el 27 de noviembre a las 13.30 horas cuando recibió seis impactos de bala.
   • 31. Jorge Reinaldo Ramírez.

   Año 2010

   • 32. Norberto García Quinceno, afiliado al SUTEV, asesinado el 2 de enero de 2010.
   • 33. Carlos Andrés Cheiva, afiliado al SUDEA, asesinado el 18 de enero.
   • 34. Jaime Fernando Bazante Guzmán, afiliado a la ASOINCA, asesinado el 19 de enero.
   • 35. Henry Saúl Moya Moya, afiliado a la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL), asesinado el 22 de enero.
   • 36. Oberto Beltrán Narváez, afiliado a la ADEMACOR, fue asesinado el 28 de enero, acribillado por sicarios cerca de la escuela donde laboraba.
   • 37. Rigoberto Polo Contreras, afiliado a la ADEMACOR, fue asesinado el 3 de febrero. Se desplazaba como pasajero de una moto taxi que fue alcanzada por otros dos motorizados quienes le dispararon después de ordenarle que bajara de la moto.
   • 38. Omar Alonso Restrepo, afiliado a la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL), asesinado el 10 de febrero.
   • 39. José de Jesús Restrepo, afiliado a la FEDEAGROMISBOL, asesinado el 10 de febrero.
   • 40. Beatriz Alarcón, afiliada a la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA), asesinada el 13 de febrero.
   • 41. Francisco Ernesto Goyes Salazar, afiliado al SIMANA, asesinado el 12 de marzo.
   • 42. Duvian Cadavid Rojo, afiliado a la ADIDA, asesinado el 13 de marzo.
   • 43. Israel Verona, afiliado a la ACA, asesinado el 17 de marzo.
   • 44. Rosendo Rojas Tovar, afiliado a la AICA, asesinado el 20 de marzo.
   • 45. Gustavo Gil Sierra, afiliado a la ADIDA, asesinado el 20 de marzo.
   • 46. Antonio Garcés Rosero Miyer, afiliado a la ASOINCA, asesinado el 26 de marzo.
   • 47. Javier Cárdenas Gil, afiliado a la Asociación Sindical de Areneros y Balasteros del Quindio, asesinado el 1.º de abril.
   • 48. Henry Ramírez Daza, afiliado al Sindicato de Trabajadores de la Industria Licorera (SINTRABECOLICAS), asesinado el 11 de abril.
   • 49. Francisco Valerio Orozco, afiliado a la ADIDA, asesinado el 16 de abril.
   • 50. José Isidro Rangel Avendaño, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores del Transporte (SNTT), asesinado el 19 de abril.
   • 51. Jorge Iván Montoya Torrado, afiliado al SNTT, asesinado el 20 de abril.
   • 52. Elkin Eduardo González fue encontrado asesinado el 21 de abril. Llevaba dos días desaparecido y su cuerpo fue hallado en un paraje solitario con varios impactos de bala.
   • 53. Aliciades González Castro, afiliada a la ACA, asesinada el 21 de abril.
   • 54. Diego Fernando Escobar Muñera, afiliado al Sindicato de Trabajadores del Sector Judicial (ASONAL JUDICIAL), asesinado el 22 de abril.
   • 55. Benito Díaz Álvarez, afiliado a la ADEMACOR, asesinado el 25 de abril.
   • 56. Javier Estrada Ovalle, afiliado al SUTEV, asesinado el 27 de abril.
   • 57. Nelson Camacho González, afiliado a la Unión Sindical Obrera del Petróleo (USO), fue asesinado el 17 de junio. Esperaba el bus que lo llevaría al trabajo cuando sicarios que se movilizaban en una moto le propinaron varios impactos de bala que acabaron con su vida.
   • 58. Ibio Efrén Caicedo, afiliado a la ADIDA, fue asesinado el 19 de junio.
   • 59. Pedro Elías Ballesteros Rojas, Juez de la República, afiliado al ASONAL JUDICIAL, fue asesinado el 4 de septiembre, en la ciudad de Cúcuta, departamento del Norte de Santander.
   • 60. Salvador Forero Moreno, fue asesinado el 9 de septiembre, cuando dos sujetos armados ingresaron a la institución donde trabajaba y lo sacaron para conducirlo hacia el lugar donde lo asesinaron de un tiro en la cabeza.
   • 61. Luis Fernando Hoyos Arteaga, afiliado a la ADEMACOR, fue asesinado el 10 de septiembre en el barrio Moganbo, de Montería, departamento de Córdoba.
   • 62. William Tafur, afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minera, Petroquímica, Agrocombustible y Energética (SINTRAMIENERGETICA), fue asesinado el 28 de octubre, en la ciudad de Santa Marta, departamento del Magdalena.
   • 63. Omaira Tamayo Montano, profesora afilada al Sindicato Regional de Educadores del Magdalena (EDUMAG), fue asesinada el 30 de octubre, en la población Sitio Nuevo, departamento del Magdalena.
   • 64. Carlos Hernando Castillo Calvache, trabajador afiliado a la ASEINPEC, fue asesinado el 4 noviembre, en la ciudad de Mocoa, departamento del Putumayo.
   • 65. María Ligia González, afiliada a la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), fue asesinada el 6 de noviembre, por un sicario en una concurrida calle del municipio de Tulúa, departamento del Valle del Cauca.
   • 66. Thomas Aquino Buelvas fue asesinado el 14 de noviembre. La ADEMACOR indicó que el asesinato fue perpetuado por un grupo de hombres fuertemente armados que llegaron hasta el kiosco del pueblo en la calle principal del corregimiento San Francisco del Rayo y abrió fuego contra seis personas que se encontraban en el sitio. Con él murieron otras cinco personas que participaban de las fiestas del corregimiento.
   • 67. Diego Leonardo Vanegas González, afiliado a la ADIDA, fue asesinado el 16 de noviembre en Medellín.
   • 68. Nevis Hernando Bula, afiliado a la ADEMACOR, fue asesinado el 20 de noviembre en Sahagún.
   • 69. José Luis Montemiranda Rodríguez, taxista afiliado al Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena (SINCONTAXCAR), fue asesinado el 5 de diciembre en la ciudad de Cartagena, departamento de Bolívar.
   • 70. Ariel de Jesús Benítez Hernández, profesor afiliado a la ADIDA, fue asesinado el 6 de diciembre, en la población de Yarumal, departamento de Antioquia.
   • 71. Wilson Albeiro Erazo Ascuntar, trabajador afiliado al SINALTRAINAL, fue asesinado el 11 de diciembre, en la ciudad de Palmira, departamento del Valle del Cauca.
   • 72. Alberto Hernández, afiliado al Sindicato de Empleados Municipales de Saravena (SIDEMS), fue asesinado el 13 de diciembre, en la ciudad de Saravena, departamento de Arauca.

   Año 2011

   • 73. Manuel Esteban Tejada, afiliado a la ADEMACOR, fue asesinado el 10 de enero de 2011 cuando sujetos armados llegaron a su residencia y le propinaron varios disparos.
   • 74. Humberto de Jesús Espinoza Díaz, afiliado al SER, fue asesinado el 30 de enero, cuando sujetos armados lo interceptaron en camino a la ciudad de Pereira. Había recibido amenazas en reiteradas ocasiones y solicitado protección sin obtenerla.
   • 75. Carlos Alberto Ayala, afiliado a la Asociación de Educadores del Putumayo (ASEP), fue asesinado el 5 de febrero por unos pistoleros que lo esperaban cerca de su casa.
   • 76. Gloria Constanza Goana fue asesinada el 22 de marzo cuando descendía de su vehículo para dirigirse al juzgado donde trabajaba y fue abordada por un sicario que le disparo en repetidas ocasiones. Era la Jueza Penal del Circuito de Saravena (Arauca) y llevaba el caso de la violación de dos niñas de 13 y 14 años y el homicidio de una de ellas junto a sus hermanitos de 9 y 6 años, en octubre en Tame. El acusado es el subteniente Raúl Muñoz Linares que comandaba la patrulla «Buitres 2» adscrita a la brigada móvil núm. 5 del Ejército Nacional.
   • 77 y 78. Héctor Orozco y Gildardo García fueron asesinados el 30 de marzo cuando los campesinos se dirigían a su casa en moto por la carretera. El asesinato ocurrió en una zona plenamente militarizada, a menos de 400 metros del lugar de los hechos están estacionadas permanentemente tropas del Ejército Nacional.
   • 79. Ramiro Sánchez, afiliado a la asociación de contratistas ASOGRECON, fue asesinado el 8 de abril por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.
   • 80. Dionis Alfredo Sierra Vergara, afiliado a la ADEMACOR, fue asesinado el 15 de mayo en Córdoba.
   • 81. Johnny Alfredo Sierra, profesor afiliado a la ADEMACOR, fue asesinado el 16 de mayo, en el municipio de La Apartada.
   • 82. Alejandro José Peñata López, desaparecido el 20 de junio y encontrado en la zona rural del municipio de San Pelayo, ahorcado al parecer con alambre de púas.
   • 83. Carlos Arturo Castro Casas, afiliado al Sindicato de Empresas Municipales de Cali (SINTRAEMCALI), fue asesinado el 23 de mayo, en el barrio Los Robles de la ciudad de Cali.
   • 84. Freddy Antonio Cuadrado Núñez, fue asesinado el viernes 27 de mayo en Ciénaga de un disparo en la cabeza.
   • 85. Carlos Julio Gómez, miembro del SUTEV, herido el 26 de mayo, fue conducido al hospital, donde murió el 29 de mayo.
   • 86. Rafael Tobón Zea, afiliado al SINTRAMIENERGETICA – seccional Segovia, fue asesinado el 26 de julio, por grupos paramilitares, en la vereda el Campo del municipio de Segovia, departamento de Antioquia.

Tentativas de homicidios y amenazas de muerte

1. 406. Asimismo, las organizaciones querellantes alegan los siguientes actos de violencia contra dirigentes y afiliados sindicales:

   Dirigentes sindicales

   • 1. Mario Montes de Oca Anaya sufrió, el 1.º de octubre de 2009, frente a la entrada principal del Hospital San Jerónimo de la ciudad de Montería, un atentado en el cual resultó gravemente herido. El Sr. Montes de Oca Anaya es dirigente de la subdirectiva de la ADEMACOR y abogado representante de los desplazados. La CSI subraya que ya se habían denunciado las amenazas de muerte contra el educador y los entes gubernativos no prestaron atención.
   • 2. El 24 de noviembre de 2009, Luis Javier Correa Suárez, presidente de SINALTRAINAL, recibió una llamada al teléfono que le había asignado el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia y una voz le dijo textualmente: «Javier Correa tiene plazo hasta el 22 para renunciar, no hay una segunda llamada».
   • 3. Por comunicación de fecha 9 de abril de 2009, la FSM informa que, entre 2009 y 2010, los dirigentes sindicales de la USO han sido víctimas de amenazas telefónicas, hostigamientos y seguimientos por parte de hombres armados, esto en varias regiones del país. Los hechos se han denunciado ante ECOPETROL y las autoridades nacionales no han tomado medida alguna. Además, los Sres. Fernando Navarro y Yesid Prieto, fueron víctimas directas de amenazas e intentos de asesinatos en anteriores oportunidades y los hechos también fueron denunciados ante ECOPETROL y las autoridades. Más concretamente, el sábado 27 de marzo, aproximadamente a las 11.15 horas, en la ciudad de Villavicencio, sicarios en una moto atentaron contra los dirigentes sindicales de la USO de la industria del petróleo subdirectiva Bogotá. Salieron ilesos pero en la reacción fue herido gravemente el escolta quien falleció mientras era trasladado al hospital de Villavicencio.
   • 4. Los directivos de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (UNEB) sufrieron persecuciones y amenazas y fueron declarados objetivo militar por el grupo denominado «Nueva Generación Águilas Negras», a través de un correo electrónico enviado el 24 de octubre de 2009 a la presidencia de la central.
   • 5. José Omar Olivo Britto y los profesores Ezequiel Martínez y Nancy Bustamante fueron amenazados de muerte en marzo de 2010 al parecer por el grupo armado ilegal «Los Urabeños». Los afectados pusieron en conocimiento de las autoridades esta situación, sin que se les prestara la seguridad necesaria. José Britto, líder sindical del EDUMAG desapareció el 8 de agosto, cuando salió de su casa en un taxi. Desde entonces se desconoce su paradero.
   • 6. Over Dorado Cardona, presidente de la ADIDA, fue asaltado el 12 de abril de 2010 cuando se encontraba en una concesionaria de autos. Cuatro individuos armados irrumpieron en el lugar provocando la reacción inmediata de dos escoltas del presidente de la ADIDA. Luego de un intercambio de disparos resulto herido uno de los atacantes y tanto el herido como sus tres acompañantes fueron retenidos y debidamente entregados posteriormente a las autoridades.
   • 7. Rodolfo Vecino fue amenazado, él y su familia a través de un mensaje enviado a su correo personal y al de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Paz de la USO el 3 de mayo de 2010. Rodolfo Vecino era Fiscal de la USO. Lo acusaban de rebelión y le daban 48 horas de plazo para que se fuera del país.
   • 8. Esteban Padilla sufrió un atentado con lesiones el 14 de julio. Era miembro de la junta directiva de SINTRAMIENERGETICA, empleado de la empresa Drummond Ltd. en Colombia y reconocido como líder social. Dos sicarios en moto le dispararon dejándolo gravemente herido. En el atentado también resulto herido el escolta que lo acompañaba.
   • 9. Ricardo Verón, miembro de la junta directiva de la ANTHOC – seccional Tolima, recibió amenazas de muerte firmadas por grupos paramilitares el 7 de enero de 2011.
   • 10. Martín Fernando Ravelo, Robinson Díaz Camargo y Rafael Rodríguez Moros, directivos de la USO, recibieron el 17 de enero de 2011, amenazas de muerte de grupos paramilitares que operan en la región.
   • 11. Javier Bermúdez Gómez, presidente de la CUT Atlántico, fue amenazado de muerte el 26 de enero de 2011 cuando acompañaba una protesta por el despido injusto de varios trabajadores.
   • 12. Wilson Pérez, directivo de la ANTHOC y Domingo Tovar, secretario general de la CUT, recibieron el 23 de febrero de 2011 amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares que operan en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá.
   • 13. Rodolfo Vecino, fiscal nacional de la USO y Rafael Cabarcas ex miembro del comité ejecutivo nacional de la USO, ahora retirado, y activista del Polo Democrático, siguen recibieron amenazas de grupos paramilitares.
   • 14. Gustavo Marín Villalba y Gustavo Sarmiento Triviño, presidente y vicepresidente respectivamente de la CGT – seccional Risaralda, recibieron el 1.º de marzo de 2011 amenazas de muerte, firmadas por los grupos paramilitares que operan en la región.
   • 15. Jaime Burbano y Oscar Gerardo Salazar, miembros del ejecutivo del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca (SUTEC) – seccional Cauca, recibieron el 3 de marzo de 2011 amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares.
   • 16. Juan Carlos Valencia y Gerardo Santibáñez (dirigentes del Sindicato de Trabajadores y Empleadores del Sector Público (SINTRAEMDES)), María Eugenia Londoño (presidenta del SER), Vicente Villada Carvajal (presidente de la CUT – seccional Risaralda), Diego Osorio Montes (fiscal del SER) y Carlos Hernando Valencia (fiscal de la CUT – seccional Risaralda), fueron amenazados de muerte el 8 de marzo de 2011 por grupos paramilitares que operan en la región.
   • 17. Alex Gómez, Octavio Collazos, Martha Baquero, Rosmery Londoño, Héctor Valencia, Libardo Pérez, Luz Mila Beltrán, Carlos Silva, Wilson Pérez, Yesid Doncel, Yolanda Fajardo, Maide Salcedo, Jorge Londoño, Franco Jojoa, Fernando Mecaya y Antonio Velen, todos miembros de la FENSUAGRO, filial de la CUT y representantes sindicales de los departamentos del Caquetá, Huila y Putumayo recibieron amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares el 15 de marzo de 2011.
   • 18. El 25 de marzo de 2011, personas desconocidas ingresaron violentamente a la casa de Miguel Alberto Fernández Orozco, presidente de la subdirectiva de la CUT departamento del Cauca. Ya había recibido amenazas de muerte.
   • 19. El 3 de noviembre de 2010, Fredis Marrugo Velázquez, un líder de la Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Alimenticia (USTRIAL), fue víctima de agresiones físicas, golpes y encierro, por parte de miembros de seguridad que prestan sus servicios a la empresa «Seatech International tuna processing facility».
   • 20. El 10 de diciembre de 2010, miembros de la junta directiva del SINTRAUNICOL – seccional Cali, recibieron amenazas de muerte vía mensajes de texto. También fueron amenazadas otras organizaciones sindicales, sociales y de derechos humanos del departamento del Valle del Cauca.
   • 21. El 16 de diciembre de 2010, los directivos del SINTRAUNICOL – seccional Montería, recibieron amenazas de muerte por medio de escritos firmados por grupos paramilitares que operan en la región.
   • 22. El 14 de enero de 2011, Henry Gordon, miembro del ejecutivo de la CUT – seccional Atlántico, fue objeto de un atentado contra su vida por parte de dos hombres armados, quienes atacaron al líder sindical cuando éste se movilizaba en su vehículo.
   • 23. El 17 de febrero de 2011, directivos del SINALTRAINAL y del Sindicato de Trabajadores Municipales (SINTRAMUNICIPIO), fueron amenazados por grupos paramilitares en la ciudad de Buga, departamento del Valle del Cauca.
   • 24. El 25 de mayo del 2011, Yesid Calvache Saavedra, presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros del Putumayo (SINTRAPETROPUTUMAYO), recibió amenazas de muerte firmadas por grupos paramilitares que operan en el departamento del Putumayo.
   • 25. El 2 de junio del 2011, las Sras. Ingrid Vergara, secretaria técnica del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y Adriana Porra, integrante de la red de líderes y lideresas en Sucre, recibieron otro mensaje de amenazas. El grupo «Los Rastrojos», envío unas amenazas a organizaciones de derechos humanos.
   • 26. El 13 de junio de 2011, Fernando Carvajal, secretario del SINTRAPETROPUTUMAYO, fue objeto de amenazas y seguimientos en su lugar de residencia por hombres que se movilizaban en motocicletas. Como consecuencia de estas amenazas, el líder sindical se vio obligado a desplazarse de la región junto con su familia.
   • 27. El 19 de junio de 2011, Wilson Sáenz Manchola, alto directivo de la CUT – seccional Valle del Cauca, fue objeto de un atentado contra su vida. El sindicalista fue herido con arma de fuego, pero se recupera satisfactoriamente.
   • 28. El 18 de agosto de 2011, Duvan Vélez Mejía, presidente de SINALTRAINAL – seccional Antioquia, y candidato al Consejo por el Polo Democrático, sufrió un atentado contra su vida en la ciudad de Medellín, saliendo ileso, pero uno de sus escoltas fue herido y se encuentra en una clínica de la ciudad.

   Afiliados

   • 1. Por comunicación de fecha 10 de junio de 2010, el SINALTRAINAL manifiesta que, el 16 de mayo de 2010, amenazas de muerte llegaron al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que incluye al SINALTRAINAL. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación. El sindicato añade que el 26 de mayo de 2010, un integrante de la junta directiva del SINALTRAINAL – seccional Bucaramanga, encontró una amenaza de muerte que mencionaba los nombres de trabajadores de la empresa Coca Cola en Bucaramanga y dirigentes del sindicato. Esta amenaza llegó en el momento en que el sindicato se encontraba en conflicto en relación con una negociación colectiva y un pliego de peticiones presentado el 5 de mayo de 2010. Esta amenaza fue denunciada igualmente ante la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior y de Justicia el 27 de mayo de 2010. Por último, el SINALTRAINAL indica que otra amenaza llegó por correo electrónico, la cual fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio del Interior y de Justicia el 27 de mayo de 2010. De manera general, el SINALTRAINAL declara que, en Colombia, además de haber sido asesinados durante los últimos veinte años más de 4.000 hombres y mujeres del movimiento sindical, otra cantidad no conocida ha sido amenazada de muerte y un número importante es dirigente o activista en empresas transnacionales.
   • 2. Edgar Ramírez Delgado sufrió un atentado el 2 de enero de 2011, cuando fue interpelado por unos individuos que comenzaron a insultarlo por ser sindicalista y trataron de meterlo en un vehículo estacionado con el motor en marcha. Gracias a la intervención de varios peatones no lo lograron, aunque sufrió varias fracturas a causa de los golpes recibidos.
   • 3. Henry Gordon Atencio fue atacado el 14 de enero de 2011 cuando se trasladaba al municipio de Soledad para asistir a una reunión con los trabajadores del Hospital Materno Infantil, donde se enfrentaban con una problemática de despido masivo que la CUT estaba denunciando. Dos sujetos armados interceptaron la camioneta de la patrulla de seguridad para atentar contra su vida, pero gracias a la reacción inmediata del compañero escolta no lograron llevar a cabo la agresión.
   • 4. Martín Ravelo, Rafael Rodríguez Moros, Robinson Díaz Camargo y Luis Alberto Galvis, todos miembros de la USO, en la ciudad de Barrancabermeja, recibieron el 2 de abril de 2011 amenazas de muerte vía correo electrónico firmadas por grupos paramilitares.
   • 5. El 1.º y 14 de marzo del 2011, las siguientes organizaciones sindicales recibieron amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares: la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (SUTEV), la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia (SINTRAUNICOL), la Asociación de Empleados del Ministerio de la Defensa (ASODEFENSA), y la Asociación Nacional de Servidores Públicos de la Defensoría del Pueblo (ASDEP).
   • 6. El 20 de junio de 2011, más de 1.100 trabajadores de la empresa de Montajes JM S.A. se declararon en asamblea permanente, ante las graves violaciones de sus derechos laborales. En respuesta el Gobierno respondió con atropellos policiales, que ha arrojado como consecuencias varios trabajadores heridos y cientos de trabajadores detenidos, sumado a los más de 1.000 trabajadores que han sido despedidos. La USO, quien acompaña la lucha de los trabajadores de Puerto Gaitán, ha denunciado constantes seguimientos ilegales contra los trabajadores, por parte de agentes de inteligencia del Estado colombiano.
   • 7. El 22 de julio de 2011, las organizaciones sindicales CUT – Valle del Cauca y el SINALTRACAMPO, así como los sindicalistas y defensores de derechos humanos: Wilson Sáenz, Diego Escobar, Álvaro José Vera, Omar Romero, Edgar Alberto Villegas, Henry Domínguez, Oscar Franco Pérez, Elizabeth Ramírez, Jairo González y Rubí Martínez Velasco, recibieron amenazas de muerte mediante carta firmada por los grupos paramilitares que operan en la región.
   • 8. El 23 de julio de 2011, 44 profesores que trabajaban en un colegio público rural del departamento de Córdoba, pertenecientes a la ADEMACOR, se vieron obligados a abandonar sus puestos de trabajo ante las constantes amenazas que venían recibiendo por parte de los grupos paramilitares que operan en ese departamento.
   • 9. El 1.º de agosto de 2011, fue abaleado y está convaleciente en una clínica de Medellín, el agente de la policía, José Martínez Cano, quien hace parte de la escolta asignada al ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores y ex presidente de la ADIDA.

Detenciones arbitrarias

1. 407. Las organizaciones querellantes alegan, asimismo, arrestos arbitrarios de dirigentes y afiliados sindicales:

   Dirigentes Sindicales

   • 1. Araceli Cañaveral Vélez fue detenida arbitrariamente el 17 de enero de 2011, en la ciudad de Medellín, por órdenes de la Fiscalía Quinta Especializada de Cartagena, sin que se le ofreciera información sobre las razones por las cuales era privada de la libertad. Únicamente le manifestaron que sería trasladada a Cartagena, lugar donde se encuentra un proceso penal en su contra. Es dirigente sindical y social de ASOTRACOMERCIANT, afiliada a la CUT.
   • 2. Jailer González, presidente de la ASTRACATOL, filial de la FENSUAGRO – CUT, fue detenido arbitrariamente el 16 de abril de 2011 por miembros del Ejército colombiano en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima.

     Afiliados

     • Luis Alberto Castillo Flores y Alfonso Yépez Patino, miembros de la Asociación Campesina de Santander (ASOGRAS), fueron arbitrariamente detenidos el 5 de diciembre de 2010 por parte de agentes de la policía de Sabana de Torres, departamento de Santander.
2. 408. La CSI subraya que, según la información que precede, es claro que en Colombia la situación de violencia contra el movimiento sindical persiste y no ha variado a pesar de las contundentes afirmaciones en contrario en distintos foros de las autoridades colombianas y el cambio de Gobierno.
3. 409. Por comunicación de fecha 1.º de septiembre de 2011, la FSM indica que los panfletos amenazantes contra la dirigencia sindical no cesan, las Águilas Negras, los Urabeños y otros grupos de la ultraderecha siguen amenazando y persiguiendo al movimiento sindical. Un alto porcentaje de quienes amenazan y persiguen a los sindicalistas son los ejércitos privados paramilitares financiados por empresarios latifundistas.
4. 410. Por último, por comunicación de fecha 25 de enero de 2012, la CSI alega el asesinato de cinco dirigentes sindicales y 17 afiliados, así como la tentativa de homicidio de un dirigente sindical y la detención arbitraria de otros dos líderes, entre abril y diciembre de 2011. Asimismo, la CSI adjunta la lista de los asesinatos ocurridos desde el 1.º de enero y el 31 de diciembre de 2011 facilitada por la CUT y entre enero y octubre de 2011 facilitada por la FECODE en relación con 19 docentes asesinados.

B. Respuesta del Gobierno

1. 411. Por comunicación de fecha 29 de noviembre de 2010, el Gobierno informa acerca de la estrategia generada a efectos de lograr decisiones judiciales prontas en los casos de violencia contra los sindicalistas. En seguimiento al acuerdo tripartito firmado en 2006 — renovado el 26 de mayo de 2011 — la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó dos juzgados penales especializados y un juzgado penal del Circuito, de descongestión, previo el suministro de los recursos necesarios para su funcionamiento por parte del Gobierno. Estos juzgados estuvieron encargados del trámite y fallo de los procesos penales relacionados con los homicidios y otros actos de violencia contra dirigentes sindicales y sindicalistas que se encuentren en curso en los diferentes despachos judiciales del territorio nacional. La razón por la cual la Sala Administrativa ha creado dos tipos de despacho judiciales obedece a las competencias asignadas por el Código de Procedimiento Penal, las cuales son las siguientes: los Juzgados Penales de Circuito Especializado conocen de los homicidios agravados, tortura, genocidio, lesiones personales con fines terroristas, secuestro extorsivo, desaparición forzada y demás antijurídicos contra la vida e integridad moral y personal de los dirigentes y activistas de conformidad con las leyes procesales vigentes en lo que respecta a la competencia de los jueces especializados.
2. 412. Por comunicaciones de fechas 21 de febrero y 10 de mayo de 2011, el Gobierno informa — a través de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como de las diferentes seccionales de Fiscalía — sobre los avances en las denuncias e investigaciones que se adelantan en materia sindical. Los hechos se sitúan entre 1998 y 2010.
3. 413. Por comunicación del mes de febrero de 2012, el Gobierno facilita informaciones actualizadas indicando que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario pasó de 101 a 170 fiscales. Para avanzar en materia de crímenes cometidos contra sindicalistas, la subunidad tuvo un incremento importante de su planta de personal, la cual pasó de 10 fiscales en enero de 2011 a 25 en enero de 2012. De estos 25 fiscales, cinco se dedican exclusivamente a la atención de víctimas en los Centros de Atención a Víctimas recientemente creados (tres de ellos se encuentran en funcionamiento). De igual manera, esta subunidad, que contaba con 100 investigadores con funciones de policía judicial en enero de 2011, cuenta desde enero de 2012 con 243 policías judiciales con dedicación exclusiva a la investigación de delitos cometidos contra dirigentes o miembros de organizaciones sindicales u obreras. El Gobierno subraya que las investigaciones son objeto de un seguimiento por parte de la jefatura de la unidad, la Dirección Nacional de Fiscalías y la Vicefiscalía. Hasta la fecha los jueces de descongestión dictaron 375 sentencias para un total de 479 procesos tramitados. Además, el Gobierno informa que la Fiscalía llevó a cabo un estudio consistente en el análisis del contenido de 354 sentencias condenatorias por delitos cometidos contra sindicalistas proferidas entre el año 2000 y 2011, con el objeto de identificar el verdadero móvil de estas conductas. Del estudio surge que de 483 decisiones tomadas, 351 conciernen a delitos de homicidio agravado y homicidio en persona protegida. El análisis de los móviles de la comisión de las conductas punibles demuestra que el ejercicio de la actividad sindical es el móvil en el 17,7 por ciento de los casos (63 casos).
4. 414. Por comunicación de fecha 1.º de marzo de 2012, el Gobierno informa que en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la Misión de Alto Nivel que visitó el país en febrero de 2011, el Plan de Acción en materia laboral suscrito entre Colombia y Estados Unidos en abril de 2011 y el Acuerdo Laboral suscrito por el Gobierno, los empresarios colombianos y la CGT en mayo de 2011, se han adoptado medidas adicionales en relación con los actos de violencia contra sindicalistas y la lucha contra la impunidad, entre las que se destacan: 1) la adopción de la resolución núm. 716 de 6 de abril de 2011, en la cual se incluye la categoría de Activista Sindical como población objeto del Programa de Protección; 2) un presupuesto de 110 millones de dólares para financiar dicho programa en 2012; 3) la adopción del decreto núm. 4912 de 26 de diciembre de 2011, que reforma la naturaleza y funcionamiento del Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas con el objeto de que exista una valoración más objetiva del riesgo, y 4) la adopción de la ley núm. 1448 de 2011, en la que se incluye la reparación de las familias de los sindicalistas víctimas de actos violentos.

Homicidios de dirigentes y afiliados sindicales

1. 415. Por comunicación de fecha 21 de abril de 2010, el Gobierno informa que remitió copia de la denuncia (enviada por la Oficina) a las organizaciones sindicales con el fin de solicitar toda información adicional que le permita a la Fiscalía General de la Nación avanzar en las investigaciones.
2. 416. Por comunicación de fecha 5 de septiembre de 2010, el Gobierno indica que la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales solicitó información al despacho del señor Fiscal General de la Nación Unidad Nacional y a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación relacionando el listado de víctimas de los actos de violencia denunciados, requiriendo relación de las investigaciones adelantadas y el estado del proceso de los casos de las personas examinadas en el marco del presente caso. El informe fue recibido por el Gobierno el 25 de agosto de 2010. El Gobierno subraya que ha realizado varios esfuerzos encaminados a combatir la impunidad y la violencia cometida contra los trabajadores. Estos esfuerzos han logrado reducir la tasa de homicidios de sindicalistas en el 26,3 por ciento del 2009 frente al 2008, y en el 85,7 por ciento del 2009 frente al 2002, sin que se haya identificado que en cada uno de los casos la causa de la muerte de los homicidios reportados sea por su actividad sindical.
3. 417. Por otra parte, el Gobierno, no sin antes lamentar y rechazar cada uno de estos crímenes, solicita se excluyan de la lista los siguientes homicidios reportados por no pertenecer a ninguna organización sindical:
   • — Paulo Suárez, afiliado a la Asociación Campesina de Arauca;
   • — Raúl Medina Díaz, afiliado a la Asociación Campesina de Arauca;
   • — Apolinar Herrera, afiliado a la Asociación Campesina de Arauca;
   • — Fabio Sánchez, afiliado a la Asociación Campesina de Arauca;
   • — Alberto Jaimes Pabón, afiliado a la Asociación Campesina de Arauca;
   • — Omar Alonso Restrepo, afiliado a la Federación Agrominera del Sur de Bolívar;
   • — José de Jesús Restrepo, afiliado a la Federación Agrominera del Sur de Bolívar;
   • — Israel Verona, afiliado a la Asociación Campesina de Arauca, y
   • — Aliciades González Castro, afiliada a la Asociación Campesina de Arauca.
4. 418. El Gobierno informa que los anteriores trabajadores pertenecían a juntas de acciones comunales y a las asociaciones campesinas, las cuales no están registradas como organizaciones sindicales. En un caso se trataba de un profesor el cual ya era pensionado y no pertenecía a la organización sindical. El Gobierno añade que las juntas de acción comunal son organizaciones civiles que propenden por la participación ciudadana en el manejo de sus comunidades. A la vez, sirven como medio de interlocución con los gobiernos nacional, departamental y municipal y buscan la creación de espacios de participación que jalonen el desarrollo en barrios, corregimientos y veredas. Con ellas, los alcaldes también pueden fijar el plan de desarrollo, concertar proyectos y vigilar su ejecución. Por otra parte, una asociación campesina es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituida por campesinos y que tiene como objeto principal la interlocución con el Gobierno nacional en materia de reforma social agraria, crédito agropecuario, mercadeo, comercialización y asistencia técnica agropecuaria. Las asociaciones campesinas tienen su propia definición y estructura, tanto su creación así como la inspección y vigilancia no se realizan por las autoridades del trabajo. En este mismo sentido cuando este grupo de población se encuentra en situación de riesgo el Gobierno las protege a través del Programa de Protección pero las medidas que toma el Comité de Evaluación del Riesgo (CRER), no es en el marco del CRER de sindicatos sino en el de líderes sociales o defensores de derechos humanos dependiendo del caso de que se trate.
5. 419. El Gobierno señala que a través de la Fiscalía General de la Nación se encuentra adelantando las investigaciones de varios casos denunciados:
   • 1. Pablo Antonio Rodríguez Gavarito: El caso se encuentra en indagación. Seccional Cúcuta, en la Fiscalía 2 de la Estructura de Apoyo. Unidad de Fiscalía para Asuntos Humanitarios.
   • 2. Rafael Antonio Sepúlveda Lara: El caso se encuentra en indagación. Seccional Cúcuta, en la Fiscalía 6 Brinho, Cúcuta.
   • 3. Hebert González Herrera: El caso se encuentra en indagación. Seccional Bucaramanga, en la Fiscalía 1 de la Estructura de Apoyo de Barrancabermeja.
   • 4. Diego Cobo: El caso se encuentra en indagación. Seccional Montería, en la Fiscalía 22 seccional de Chinu.
   • 5. Gustavo Gómez: El caso se encuentra en indagación. Seccional Pereira, en la Fiscalía 19 seccional Dosquebradas.
   • 6. Fredy Díaz Ortiz: El caso se encuentra en indagación. Seccional Valledupar, en la Fiscalía 13 seccional.
   • 7. Abel Carrasquilla: El caso se encuentra en indagación. Seccional Bucaramanga, en la Fiscalía 1 de la Estructura de Apoyo de Barrancabermeja.
   • 8. Oscar Eduardo Suárez Suescún: El caso se encuentra en indagación. Seccional Cúcuta, en la Fiscalía 6 seccional.
   • 9. Zuly Rojas: El caso se encuentra en indagación. Seccional Cúcuta, en la Fiscalía 1 especializada.
   • 10. Honorio Llorente Meléndez: El caso se encuentra en indagación. Seccional Bucaramanga, en la Fiscalía 2 de la Estructura de Apoyo de Barrancabermeja.
   • 11. Rafael Antonio Cantero Caballos: El caso se encuentra en indagación. Seccional Montería, en la Fiscalía 23 seccional.
   • 12. Ramiro Israel Montes Palencia: El caso se encuentra en indagación. Seccional Montería, en la Fiscalía 24 seccional de Montelibano.
   • 13-16. Fabio Sánchez, Paulo Suárez, Raúl Medina Díaz y Apolinar Herrera: Los casos se encuentran en indagación. Seccional Cúcuta, en la Fiscalía 2 seccional de Savarena.
   • 17. Zoraida Cortés López: El caso se encuentra en juicio. Seccional Pereira, en la Fiscalía 2 especializada.
   • 18. Lenny Yanube Gómez: El caso se encuentra en indagación. Seccional Popayán, Fiscalía 3 seccional.
   • 19. Luis Franklin Vélez Figueroa: El caso se encuentra en indagación. Seccional Quibdó, en la Fiscalía 2 seccional.
   • 20. Jorge Alberto García: El caso se encuentra en indagación. Seccional Pereira, en la Fiscalía 19 local de Santa Rosa de Cabal.
   • 21. María Rosabel Zapata: El caso se encuentra en indagación. Seccional Cali, en la Fiscalía 20 seccional.
   • 22. Jacinto Herrera: El caso se encuentra en indagación. Seccional Riohacha, en la Fiscalía 1 seccional.
   • 23. Fredy Fabián Martínez Castellanos: El caso se encuentra en indagación. Seccional Barranquilla, en la Fiscalía 41 seccional.
   • 24. Alberto Jaimes Pabón: El caso se encuentra en indagación. Seccional Cúcuta, en la Fiscalía 2 seccional de Saravena.
   • 25. Armando Cáceres Álvarez: El caso se encuentra en indagación. Seccional Bogotá, en la Fiscalía 3 seccional.
   • 26. Iván Eduardo Tovar Murillo: El caso se encuentra en indagación. Seccional Ibagué, en la Fiscalía 46 seccional de Guamo.
   • 27. Jorge Reinaldo Ramírez: El caso se encuentra en indagación. Seccional Buga, en la Fiscalía 23 seccional de la Unión.
   • 28. Elkin Eduardo González: El caso se encuentra en indagación. Seccional Monteria, en la Fiscalía 1 seccional.
   • 29. Gloria Constanza Gaona: El caso se encuentra en indagación. Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en la Fiscalía 52 especializada.
   • 30 y 31. Héctor Orozco y Gildardo García: El caso se encuentra en indagación. Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en la Fiscalía 48 especializada.
   • 32. Oberto Beltrán Narváez: El caso se encuentra en indagación. Seccional Monteria, en la Fiscalía 23 seccional de Lorica.
   • 33. Rigoberto Polo Contreras: El caso se encuentra en indagación. Seccional Monteria, en la Fiscalía 22 seccional de Chinu.
   • 34. Benito Díaz Álvarez: El caso se encuentra en indagación. Seccional Monteria, en la Fiscalía 23 seccional de Lorica.
   • 35. Hernán Abdiel Ordóñez Dorado: El caso se encuentra en indagación. Seccional Cali, en la Fiscalía 46 seccional.
   • 36. Manuel Esteban Tejada: El caso se encuentra en indagación. Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en la Fiscalía 103 especializada.
   • 37. Humberto de Jesús Espinoza Díaz: El caso se encuentra en indagación. Seccional Manizales, en la Fiscalía 2 seccional de Anserma.
   • 38. Carlos Alberto Ayala: El caso se encuentra en indagación. Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en la Fiscalía 124 especializada.
   • 39. Ramiro Sánchez: El caso se encuentra en indagación. Seccional Manizales, en la Fiscalía 1 seccional de Puerto Boyaca.
6. 420. Además, el Gobierno indica, en su comunicación del mes de febrero de 2012, en relación con el asesinato del Sr. Luis German Restrepo Maldonado el 12 de agosto de 2010, que una sentencia fue dictada contra los Sres. Jhon Bayron Cardona Sepúlveda, Alejandro Pérez Pérez, Alexander Correa Martínez y Hernán Javier Molina Saldarriaga, los cuales se encuentran detenidos. También fue dictada sentencia en relación con los homicidios de los Sres. Nelson Camacho González e Ibio Efren Caicedo.
7. 421. Igualmente el Gobierno informa que a través del Ministerio del Interior y de Justicia continúa protegiendo los líderes sindicales. En el año 2009 se protegieron 1.550 líderes sindicales. Como parte de la política de defensa y garantías para los derechos de los trabajadores se ha fortalecido el Programa de Protección para ellos. En el año 2002 el presupuesto para el Programa de Protección de los líderes sindicales era de más de 7 millones de dólares, para el año 2009 el presupuesto del programa ejecutado para la protección de líderes sindicales fue de 15.481.763 dólares, desde el año 2002 hasta el año 2009 se han invertido más de 86 millones de dólares para la protección de líderes sindicales. Los líderes sindicales cuentan con 196 esquemas duros de protección, esto representa el 28,91 por ciento del total de los esquemas con los que cuenta la población que protege el programa.
8. 422. Por comunicación de fecha 3 de junio de 2011, el Gobierno indica que se continúa avanzando en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia común y organizada que ha permitido la captura de 2.400 delincuentes, 1.570 insurgentes y la desmovilización de 1.600 guerrilleros.
9. 423. Por último, por comunicación de fecha 29 de septiembre de 2011, el Gobierno informa, en relación con los 25 asesinatos denunciados por la CUT en su comunicación de fecha 4 de mayo de 2010, que resulta necesario que las organizaciones querellantes suministren mayor información que permita a las autoridades realizar las investigaciones sobre estas violaciones. Estas informaciones precisas sobre el contexto del homicidio son importantes para poder determinar si los homicidios ocurrieron dentro del contexto de violencia general o si son realmente ocasionados por la actividad sindical. Además, el Gobierno indica que la Fiscalía General de la Nación adelanta de oficio las investigaciones por los homicidios cometidos en el territorio de Colombia, sin embargo, cuando se trata de homicidios cometidos contra sindicalistas, existe una subunidad especial que se encarga de las investigaciones por estos hechos. Por esta razón, las organizaciones querellantes deben brindar información detallada sobre los hechos alegados para que la Fiscalía General pueda realizar las investigaciones correspondientes.

Tentativas de asesinato, desapariciones y amenazas de muerte

1. 424. Por comunicación de fecha 5 de septiembre de 2010, el Gobierno informa sobre las investigaciones iniciadas en relación con las tentativas de homicidio y amenazas de muerte:
   • — en relación con los Sres. Ramiro Arroyave, Álvaro Pulido, José Genis Montoya, William Gaviria, Fidel Madero, Rafael Bohada, William Pareja, Luis Jiménez, Guillermo Rivera, Segundo Mora y Enrique Hernández (de la UNEB), el caso se encuentra en indagación en la seccional Bogotá, Fiscalía 209 seccional, y
   • — en relación con el Sr. Luis Javier Correa, el caso se encuentra también en indagación en la seccional Bogotá, Fiscalía 209 seccional.
2. 425. Por comunicación del mes de febrero de 2012, el Gobierno facilita informaciones adicionales en relación con las investigaciones iniciadas en los casos siguientes:
   • — José Omar Olivo Britto, Ezequiel Martínez y Nancy Bustamante: Las amenazas se encuentran en fase de indagación ante la Fiscalía 6, seccional de Ceinaga en Santa Marta. La desaparición de José Omar Olivo Britto se encuentra igualmente en indagación ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en la Fiscalía 18 especializada.
   • — Edgar Ramírez Delgado: El caso se encuentra en indagación. Seccional de Cali, en la Fiscalía 164 seccional.
   • — Over Dorado Cardona: El caso se encuentra en indagación. Seccional de Medellín, en la Fiscalía 39 especializada.
   • — Rodolfo Vecino: El caso se encuentra en indagación. Seccional de Cartagena, en la Fiscalía 1 especializada.
   • — Henry Gordon Atencio: El caso se encuentra en indagación. Seccional de Barranquilla, en la Fiscalía 19 seccional.
   • — Rafael Moros Rodríguez, Robinson Díaz Camargo y Martín Fernando Ravelo Ravelo: El caso se encuentra en indagación. Seccional de Bucaramanga, en la Fiscalía 1 seccional Barrancabermeja.
   • — Wilson Pérez: El caso se encuentra en indagación. Seccional de Florencia, en la Fiscalía 8 seccional.
   • — Rafael Cabarcas: El caso se encuentra en indagación. Seccional de Cartagena, en la Fiscalía 1 seccional.
   • — Gustavo Sarmiento: El caso se encuentra en indagación. Seccional de Pereira, en la Fiscalía 11 seccional.
   • — Jaime Burbano y Oscar Salazar: El caso se encuentra en indagación. Seccional de Popayán, en la Fiscalía 2 seccional.
   • — Juan Carlos Valencia: El caso se encuentra en indagación. Seccional de Florencia, en la Fiscalía 8 seccional.
   • — Miguel Alberto Fernández Orozco: El caso se encuentra en indagación. Seccional de Popayán, en la Fiscalía 11 seccional.
   • — José Fraydel Melo Bedoya: El caso se encuentra en indagación. Seccional de Cali, en la Fiscalía 83 seccional.

C. Conclusiones del Comité

1. 426. El Comité observa con preocupación que los alegatos se refieren a homicidios, tentativas de homicidios y arrestos arbitrarios de dirigentes y afiliados sindicales.
2. 427. A este respecto, al tiempo que lamenta profundamente los homicidios y actos de violencia alegados, el Comité toma nota de las informaciones proporcionadas por el Gobierno relativas a sus esfuerzos para combatir la impunidad y la violencia cometida contra los trabajadores y la protección otorgada a los dirigentes sindicales (renovación del acuerdo tripartito de 2006, creación de juzgados especiales para lograr decisiones judiciales prontas en los casos de violencia contra los sindicalistas, la adopción de la resolución núm. 716, de 6 de abril de 2011, en la cual se incluye la categoría de Activista Sindical como población objeto del Programa de Protección; un presupuesto de 110 millones de dólares para financiar dicho programa en 2012; la adopción del decreto núm. 4912 de 26 de diciembre de 2011, que reforma la naturaleza y funcionamiento del Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas con el objeto de que exista una valoración más objetiva del riesgo; la adopción de la ley núm. 1448 de 2011, en la que se incluye la reparación de las familias de los sindicalistas víctimas de actos violentos, etc.), y constata que sólo se han iniciado investigaciones sobre ciertos actos denunciados y se han dictado tres sentencias en casos de asesinato. El Comité subraya que la libertad sindical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten y garanticen plenamente los derechos humanos fundamentales, en particular, los relativos a la vida y a la seguridad de la persona y que los derechos de las organizaciones de trabajadores y de empleadores sólo pueden ejercerse en un clima desprovisto de violencia, de presiones o de amenazas de toda índole contra los dirigentes y afiliados de tales organizaciones, e incumbe a los gobiernos garantizar el respeto de este principio [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 43 y 44].

Homicidios de dirigentes y afiliados sindicales

1. 428. El Comité observa que las organizaciones querellantes denuncian el homicidio de tres dirigentes sindicales y de 86 afiliados (véase también párrafo 430) entre enero de 2009 y julio de 2011.
2. 429. El Comité toma nota de que el Gobierno informa sobre el estado de las investigaciones iniciadas en 39 casos de homicidios (Pablo Rodríguez Garavito, Rafael Antonio Sepúlveda Lara, Hebert González Herrera, Diego Cobo, Gustavo Gómez, Fredy Díaz Ortiz, Abel Carrasquilla, Oscar Eduardo Suárez Suescún, Zuly Rojas, Honorio Llorente Meléndez, Rafael Antonio Cantero Ceballos, Ramiro Israel Montes Palencia, Fabio Sánchez, Paulo Suárez, Raúl Medina Díaz, Apolinar Herrera, Zoraida Cortés López, Lenny Yanube Gómez, Armando Cáceres Álvarez, Luis Franklin Vélez Figueroa, Jorge Alberto García, María Rosabel Zapata, Jacinto Herrera, Iván Edgardo Tovar Murillo, Fredy Fabián Martínez Castellanos, Alberto Jaimes Pabón, Jorge Reinaldo Ramírez, Elkin Eduardo González, Gloria Constanza Gaona, Héctor Orozco, Gildardo García, Oberto Beltrán Narváez, Rigoberto Polo Contreras, Benito Díaz Álvarez, Hernán Abdiel Ordóñez Dorado, Manuel Esteban Tejada, Humberto de Jesús Espinoza Díaz, Carlos Alberto Ayala y Ramiro Sánchez) y 2 casos de amenazas de muerte (contra afiliados de la Unión de Empleados Bancarios (UNEB) y contra el Sr. Luis Javier Correa). El Comité espera que dichas investigaciones permitirán en un futuro muy próximo esclarecer los hechos y sancionar a los culpables. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de las investigaciones en curso y de las subsecuentes acciones judiciales.
3. 430. Por otra parte, el Comité toma nota de la solicitud del Gobierno de retirar de la lista de los asesinatos a nueve de ellos, ya que los trabajadores — Paulo Suárez, Raúl Medina Díaz, Apolinar Herrera, Fabio Sánchez, Alberto Jaimes Pabón (en la lista de los casos en indagación), Omar Alonso Restrepo, José de Jesús Restrepo, Israel Verona, y Aliciades González Castro — pertenecían a juntas de acciones comunales y a asociaciones campesinas, las cuales no están registradas como organizaciones sindicales. En este sentido, tal como lo afirmó la Misión que visitó Colombia en 2009, con el fin de apoyar las tareas de investigación de los hechos de violencia contra el movimiento sindical, el Comité estima que en seguimiento del Acuerdo Tripartito renovado en 2011 se podrían analizar de manera tripartita, en el marco de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, los criterios para ordenar la información que se transmitirá a las instancias de investigación.
4. 431. El Comité toma nota de que las organizaciones sindicales alegan el asesinato de algunas personas sin indicar el sindicato al que estaban afiliadas. Además, el Comité toma nota de que el Gobierno, en su última comunicación indica que necesita información detallada sobre los hechos alegados por la CUT en su comunicación de fecha 4 de mayo de 2010, para que la Fiscalía General pueda realizar las investigaciones correspondientes. El Comité pide a las organizaciones querellantes que proporcionen mayor información acerca de las circunstancias en las que ocurrieron los homicidios de los Sres. Walter Escobar, Mauricio Antonio Monsalve Vásquez, Salvador Forero Moreno, Alejandro José Peñata López, Freddy Antonio Cuadrado Núñez, Norberto García Quinceno, Carlos Andrés Cheiva, Jaime Fernando Bazante Guzmán, Henry Saúl Moya Moya, Francisco Ernesto Goyes Salazar, Duvian Cadavid Rojo, Rosendo Rojas Tovar, Gustavo Gil Sierra, Antonio Garcés Rosero Miyer, Javier Cárdenas Gil, Henry Ramírez Daza, Francisco Valerio Orozco, José Isidro Rangel Avendaño, Jorge Iván Montoya Torrado, Diego Fernando Escobar, Javier Estrada Ovalle, y la Sra. Beatriz Alarcón.
5. 432. En relación con los otros casos de homicidios denunciados (Miguel Ángel Guzmán, Manuel Alfonso Cuello Valenzuela, Pedro Elías Ballesteros Rojas, Luis Fernando Hoyos Arteaga, William Tafur, Omaira Tamayo Montano, Carlos Hernando Castillo Calvache, María Ligia González, Thomas Aquino Buelvas, Diego Leonardo Vanegas González, Nevis Hernando Bula, José Luis Montemiranda Rodríguez, Ariel de Jesús Benítez Hernández, Wilson Albeiro Erazo Ascuntar, Alberto Hernández, Ramiro Sánchez, Dionis Alfredo Sierra Vergara, Johnny Alfredo Sierra, Carlos Arturo Castro Casas, Carlos Julio Gómez y Rafael Tobón Zea), el Comité urge al Gobierno a que tome sin demora las medidas necesarias para que se inicien investigaciones judiciales con el fin de esclarecer estos homicidios, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto.
6. 433. El Comité toma nota de las nuevas alegaciones de la CSI enviadas por comunicación de fecha 25 de enero de 2012 relativas a homicidios, tentativas de homicidios y detenciones arbitrarias así como de las listas de asesinatos ocurridos en 2011 facilitadas por la CUT y la FECODE con respecto a 19 docentes asesinados. El Comité pide al Gobierno que envíe sin demora sus observaciones al respecto.

Tentativas de homicidio y amenazas de muerte

1. 434. En cuanto a las numerosas alegadas amenazas de muerte denunciadas (más de 120 personas concernidas) el Comité toma nota de que el Gobierno informa que se están investigando las amenazas contra los afiliados de la UNEB y contra 19 otros sindicalistas. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de dichas investigaciones.
2. 435. Deplorando que el Gobierno no haya enviado informaciones sobre la mayoría de los alegatos de amenazas de muerte, el Comité urge al Gobierno a que tome sin demora las medidas necesarias para que se inicien investigaciones judiciales con el fin de esclarecer estos hechos, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para que sin demora se realicen los estudios de riesgo de los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados, a efectos de brindarles la protección que resulte necesaria.

Detenciones arbitrarias

1. 436. En cuanto a las alegadas detenciones arbitrarias de la Sra. Araceli Cañaveral Vélez, dirigente sindical y social de ASOTRACOMERCIANT, afiliada a la CUT y de los Sres. Jailer González, presidente de la ASTRACATOL, Luis Alberto Castillo Flores y Alfonso Yépez Patino, miembros de la Asociación Campesina de Santander (ASOGRAS), el Comité lamenta profundamente tomar nota de que el Gobierno no ha enviado sus observaciones al respecto. El Comité subraya que la detención de dirigentes sindicales o sindicalistas por motivos relacionados con actividades de defensa de los intereses de los trabajadores constituye una grave violación de las libertades públicas en general y de las libertades sindicales en particular; dicha detención, sin que se formule ulteriormente cargo alguno, comporta restricciones a la libertad sindical, y los gobiernos deberían adoptar disposiciones a fin de que se dicten instrucciones apropiadas para eliminar el riesgo que entrañan tales detenciones para las actividades sindicales [véase Recopilación, op. cit., párrafos 64 y 70]. El Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto.

Recomendaciones del Comité

1. 437. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las siguientes recomendaciones:
   • a) en relación con los 39 homicidios en curso de investigación, el Comité espera que dichas investigaciones permitirán en un futuro muy próximo esclarecer los hechos y sancionar a los culpables. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de las investigaciones en curso y de las subsecuentes acciones judiciales;
   • b) tomando nota de la solicitud del Gobierno de retirar de la lista de los asesinatos a nueve de ellos ya que los trabajadores — Paulo Suárez, Raúl Medina Díaz, Apolinar Herrera, Fabio Sánchez, Alberto Jaimes Pabón, Omar Alonso Restrepo, José de Jesús Restrepo, Israel Verona, y Aliciades González Castro — pertenecían a juntas de acciones comunales y a asociaciones campesinas, las cuales no están registradas como organizaciones sindicales, el Comité estima que, con el fin de apoyar las tareas de investigaciones de los hechos de violencia contra el movimiento sindical, se podrían analizar de manera tripartita, en el marco de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, los criterios para ordenar la información que se transmitirá a las instancias de investigación;
   • c) el Comité pide a las organizaciones querellantes que proporcionen mayor información acerca de las circunstancias en las que ocurrieron los homicidios de los Sres. Walter Escobar, Mauricio Antonio Monsalve Vásquez, Salvador Forero Moreno, Alejandro José Peñata López, Freddy Antonio Cuadrado Núñez, Norberto García Quinceno, Carlos Andrés Cheiva, Jaime Fernando Bazante Guzmán, Henry Saúl Moya Moya, Francisco Ernesto Goyes Salazar, Duvian Cadavid Rojo, Rosendo Rojas Tovar, Gustavo Gil Sierra, Antonio Garcés Rosero Miyer, Javier Cárdenas Gil, Henry Ramírez Daza, Francisco Valerio Orozco, José Isidro Rangel Avendaño, Jorge Iván Montoya Torrado, Diego Fernando Escobar, Javier Estrada Ovalle, y la Sra. Beatriz Alarcón;
   • d) en relación con los otros casos de homicidios, denunciados (Miguel Ángel Guzmán, Manuel Alfonso Cuello Valenzuela, Pedro Elías Ballesteros Rojas, Luis Fernando Hoyos Arteaga, William Tafur, Omaira Tamayo Montano, Carlos Hernando Castillo Calvache, María Ligia González, Thomas Aquino Buelvas, Diego Leonardo Vanegas González, Nevis Hernando Bula, José Luis Montemiranda Rodríguez, Ariel de Jesús Benítez Hernández, Wilson Albeiro Erazo Ascuntar, Alberto Hernández, Ramiro Sánchez, Dionis Alfredo Sierra Vergara, Johnny Alfredo Sierra, Carlos Arturo Castro Casas, Carlos Julio Gómez y Rafael Tobón Zea), el Comité urge al Gobierno a que tome sin demora las medidas necesarias para que se inicien investigaciones judiciales con el fin de esclarecer estos homicidios, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto;
   • e) en relación con las nuevas alegaciones de la CSI, enviadas por comunicación de fecha 25 de enero de 2012, relativas a homicidios, tentativas de homicidios y detenciones arbitrarias y con las listas de asesinatos ocurridos en 2011 facilitadas por al CUT y la FECODE con respecto a 19 docentes asesinados, el Comité pide al Gobierno que envíe sin demora sus observaciones al respecto;
   • f) en cuanto a las numerosas alegadas amenazas de muerte denunciadas (más de 120 personas concernidas) el Comité toma nota de que el Gobierno informa que se están investigando las amenazas contra afiliados de la Unión de Empleados Bancarios (UNEB) y contra 19 otros sindicalistas. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de los procesos en curso;
   • g) deplorando que el Gobierno no haya enviado informaciones sobre la mayoría de los alegatos de amenazas de muerte, el Comité urge al Gobierno a que tome sin demora las medidas necesarias para que se inicien investigaciones judiciales con el fin de esclarecer estos hechos, deslindar responsabilidades y sancionar a los culpables. El Comité pide al Gobierno que le informe al respecto. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para que sin demora se realicen los estudios de riesgo de los dirigentes sindicales y sindicalistas amenazados, a efectos de brindarles la protección que resulte necesaria;
   • h) en relación con las detenciones arbitrarias alegadas, el Comité pide al Gobierno que envíe sus observaciones al respecto, y
   • i) el Comité llama especialmente la atención del Consejo de Administración sobre el carácter extremadamente grave y urgente de este caso.